Está claro el discurso sobre la necesidad de decrecimiento en el uso de energía y materiales en los países del Norte Global. Pero para abordar este análisis en todo el planeta, y sobre todo en los países empobrecidos del Sur, no es razonable hacer un análisis por estados-nación, sino por grupos de interés. Lo relevante, en definitiva, es cómo se distribuyen los recursos y su consumo entre los diferentes colectivos humanos para ver cuáles deben decrecer y quiénes pueden incrementar la utilización de estos recursos.
El tema de la integración regional en América Latina y el Caribe vuelve a cobrar interés nuevamente, debido a que su potencial nunca ha sido aprovechado cabalmente; a que existe una recesión o estancamiento del mundo desarrollado, - con el que hay una relación crucial en términos de inversiones, exportaciones y participación en cadenas globales de valor –; a que se ha avanzado enormemente en la interconexión entre los países gracias a los avances en diversas tecnologías, infraestructura y transporte; y, a que se cuenta con un mercado regional mucho más fuerte (como resultado del aumento de su población y la gran expansión de su clase media). Por otro lado, en los años 2000 ha habido una revisión de las políticas económicas seguidas en las dos décadas anteriores, y se ha dado una creciente importancia a la política industrial o de desarrollo productivo. Ello ha sido resultado de una búsqueda de alternativas a las políticas del Consenso de Washington ante el limitado impacto que tuvieron en el desarrollo y el crecimiento en América Latina y el Caribe. En general, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de los países de la región no ha logrado iniciar una convergencia con los de los países avanzados a lo largo de las últimas décadas y los problemas de desigualdad y de pobreza no se han resuelto.
En este estudio se aprecia que las economías de América Latina y el Caribe han tenido una baja dinámica de crecimiento económico en los últimos 21 años si se compara con China, la India y los países del Sureste asiático como Corea, Malasia, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Su estructura del PIB muestra un gran dominio del sector servicios, que en promedio aporta el 67,8% al total para el período mencionado seguido por el sector secundario, con el 21,2% y el sector primario con el 11%. Se agruparon los países de América Latina y el Caribe en cuatro categorías, según el tamaño de su PIB. Las economías más pequeñas fueron las que tuvieron el peor desempeño económico en los últimos 21 años. Considerando que la mayor parte de ellas son especialmente vulnerables a desastres naturales, entre otros problemas, parecen requerir de especial atención cuando se piensa en el desarrollo de la región. El análisis también muestra que la estructura productiva de América Latina y el Caribe ha cambiado a favor del sector servicios, mismo que muestra un desempeño bastante negativo en productividad. A pesar de la modernización que pueda haber atravesado el sector servicios en la intermediación financiera, transportes y telecomunicaciones, y la creación de nuevos nichos en servicios, como los servicios empresariales, todo ello no ha logrado contrarrestar el desempeño del amplio sector de servicios de baja productividad. De hecho este sector ha sido el receptáculo del desplazamiento de mano de obra de todo el resto de la economía.
El rezago en materia de productividad en las economías, en su conjunto, se explica por las bajas tasas de inversión en prácticamente todos los sectores productivos, la falta de gasto en actividades científicas y tecnológicas (ACT) y de Investigación y Desarrollo (I+D), y la ruptura de cadenas productivas. En cuanto al desempeño en el sector externo de América Latina y el Caribe, éste ha sido mixto en el período 1990-2011, con un gran dinamismo en sus exportaciones en la primera década y una fuerte desaceleración en la segunda década, con lo contrario sucediendo en las importaciones. Esto junto a un coeficiente de importaciones mayor al coeficiente de exportaciones en tres de los cuatro grupos de países considerados, resulta en una brecha externa negativa para gran parte de la región. Existe una especialización de exportaciones de la mayor parte de los países en el sector de materias primas y productos intensivos en materias primas, concentrándose por tanto en productos de baja tecnología, siguiéndoles las de media y baja tecnología, pero muy pocas en el segmento de alta tecnología. Para que la región pueda emprender en forma cooperativa un nuevo rumbo, se requiere de una política de desarrollo productivo o política industrial compartida que ponga especial énfasis en un impulso tecnológico a las diversas esferas productivas, explorando nuevos nichos en que se puedan aprovechar los avances en I+D; se integren cadenas productivas en la región; se promuevan alianzas público-privadas, se haga un esfuerzo por tomar iniciativas regionales que sean más inclusivas de las zonas más atrasadas; y, se facilite el financiamiento de proyectos productivos a nivel regional. En muchos ámbitos ya existen experiencias importantes de políticas de desarrollo productivo subregionales que podrían replicarse más ampliamente en América Latina y el Caribe. Una visión estratégica conjunta de desarrollo productivo podría ayudar a (1) aprovechar cabalmente los beneficios de la inversión extranjera directa (IED), por ejemplo, estimulando la formación de proveedores para esta a nivel regional; (2) impulsar las asociaciones público-privadas, que a nivel subregional se han dado en forma limitada (desarrollo de la infraestructura, sector automotriz por ejemplo), pero que podrían ser más amplias, involucrando a las traslatinas y a los gobiernos; (3) ampliar y/o destrabar el financiamiento para los sectores productivos, especialmente los más vulnerables como las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), ayudando, a la vez, a su asociatividad y la creación de cadenas productivas que vaya más allá de las fronteras nacionales –; (4) desarrollar y aprovechar al máximo la interconectividad a través de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) para impulsar los negocios regionales, la creación de capacidades y la I+D; y, (5) aprovechar nuevas fuentes de financiamiento para desarrollar servicios ambientales que permitan proteger el medio ambiente y crear, al mismo tiempo, empleos en zonas pobres y remotas, que frecuentemente se encuentran en áreas fronterizas.
Dentro de las mesas de diálogos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable efectuadas en Rio de Janeiro, el Dr. Yilmaz Akyüz argumenta que tanto en las crisis financieras como las crisis económicas, originadas ya sea en las economías avanzadas o en los mercados en vías de desarrollo, minan los pilares sobre los que se fundamenta el desarrollo sostenible es decir, socavan tanto el desarrollo económico como desarrollo social y protección al medio ambiente, desgastando nociones indispensables como justicia y equidad en detrimento de las finanzas globales.
El informe ofrece una visión sobre las condicionantes del contexto económico y energético mundial, y sus impactos sobre América Latina y el Caribe. Asimismo, se analiza el marco legal, regulatorio e institucional en que se desenvuelven los sectores energéticos, presentando los avances y barreras al proceso de integración energética y la seguridad del suministro.
Otro tema de relevancia es el balance entre recursos y reservas con relación a la oferta y el consumo de energía. Las implicaciones ambientales y los problemas vinculados al cambio climático conforman temas ineludibles dentro de las tendencias mundiales del desarrollo energético en el siglo XXI; en particular se resalta el papel que pueden jugar los avances en innovación y desarrollo tecnológico, la eficiencia energética y las fuentes renovables.
La equidad social y el acceso universal a los servicios energéticos se analizan a profundidad en el presente estudio, ya que sin una adecuada atención a esta problemática endémica en la región, no se logrará un verdadero camino hacia el progreso. Este diagnóstico es un panorama amplio y documentado de la situación actual y los retos que América Latina y el Caribe enfrentará en el corto, mediano y largo plazo.
De acuerdo al informe semestral relativa a las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, este año la región crecerá 3,0 por ciento, en consonancia con la tendencia mundial. Sin embargo, incluso después que el Producto Interno Bruto (PIB) comenzara a desacelerarse, la tasa de desempleo en la región se ubicó en 6,5 por ciento el año pasado, cerca de los mínimos históricos y muy por debajo del máximo de 11 por ciento alcanzado hace una década, Las más recientes proyecciones de consenso prevén que el PIB latinoamericano crecerá entre 3,8% y 4% en 2013, luego de expandirse 6% en 2010 y 4% en 2011.
El informe también analiza el importante papel de los mercados laborales en la transformación de la región durante la década pasada. Entre sus hallazgos más importantes se encuentra la creación de más de 35 millones de puestos de trabajo adicionales en la década de 2000. Asimismo, la históricamente elevada informalidad disminuyó en siete de los nueve países donde puede ser medida de manera consistente a través del tiempo.
El informe subraya tres cambios importantes en la fuerza laboral latinoamericana que tuvieron lugar en las últimas décadas:
- Composición: El aumento constante de la participación de la mujer comenzó a finales de la década de 1970 y continuó hasta la de 2000, si bien a un ritmo menor. En 2010, el 65 por ciento de las mujeres latinoamericanas de entre 25 y 65 años de edad formaba parte de la fuerza laboral.
- Educación: Desde la década de 1990, los años de escolaridad promedio aumentaron en tres años adicionales, mientras que las mujeres superaron a los hombres en rendimiento educativo.
- Estabilidad salarial: El largo historial de la región en términos de volatilidad salarial aunada a problemas inflacionarios llegó a su fin. Aun durante la reciente crisis mundial los salarios reales permanecieron estables y no derivaron en mayor desempleo. Detrás de este fenómeno se encuentra la creciente credibilidad de la política monetaria llevada a cabo por los diferentes Bancos Centrales.
El Banco Mundial estima que en todo el mundo 200 millones de personas, entre las cuales hay un número desproporcionado de jóvenes, están desempleadas y buscan trabajo activamente. Un número estimado de 620 millones de jóvenes, en su mayoría mujeres, ni trabajan ni buscan trabajo.
Tan solo para mantener constantes las tasas de empleo habrá que crear alrededor de 600 millones de puestos de trabajo en un período de 15 años. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, las tasas de desempleo pueden ser bajas. Las redes de protección social son modestas en el mejor de los casos, y tan solo una minoría de los trabajadores son asalariados. En todo el mundo, hay más de 3000 millones de trabajadores, pero casi la mitad de ellos son agricultores o trabajadores por cuenta propia. La mayor parte de los pobres trabaja largas horas pero aun así no gana lo suficiente para vivir.
El empleo, aún el informal puede ser tranformador en tres dimensiones:
El sector privado origina casi el 90% de los empleos del mundo. Esto no significa que los empleos del sector público no tengan importancia, se trate de maestros que enseñan conocimientos especializados, agentes de extensión agrícola que mejoran los
rendimientos agrícolas, o planificadores urbanos que diseñan ciudades funcionales. Pero los países que dependieron sistemáticamente del empleo del sector público en general han encarado graves dificultades, desde colas de jóvenes instruidos para conseguir empleo hasta falta de dinamismo en las empresas de propiedad estatal.
La inversión china en América Latina se ha incrementado estrepitosamente en los últimos años, lo cual ha llevado a los analistas a pensar que las empresas chinas pueden transferir las condiciones laborales precarias y sus prácticas ambientales a la región. En este documento de debate, Amos Irwin y Kevin Gallagher evalúan los impactos económicos, ambientales y sociales de la minería china en América Latina y comparan ese rendimiento con otras grandes empresas extranjeras y nacionales en el mismo sector. Basándose en una inspección cuantitativa de las estadísticas de Perú, los investigadores encuentran que la empresa china Shougang Hierro Peru no ha realizado tanto daño significativo como sus homólogos extranjeros o nacionales. De hecho, una empresa con sede en EE.UU. ha sido una de las principales violadoras de las normas peruanas y mundiales en los últimos tiempos.
Las inversiones chinas en la región son tan recientes que sólo una empresa minera ha estado funcionando el tiempo suficiente para evaluar su impacto. Shougang Hierro Peru ha sido ampliamente denunciada por su trayectoria ambiental y social, la cual ha sido criticada en la literatura como una de las empresas más nocivas en cuanto a las empresas de propiedad extranjera. Gran parte de esta literatura culpa al "choque de culturas", concluyendo que las compañías chinas operan de manera irresponsable en América Latina, ya que están predispuestos a emplear mano de obra muy barata y estándares ambientales.
Utilizando información del nuevo gobierno y archivos históricos, Irwin y Gallagher encuentran que mientras Shougang tuvo un mal desempeño en muchos indicadores, en comparación con otras empresas mineras extranjeras y nacionales, su pobre desempeño no ha destacado en los últimos años. Por el contrario, el gobierno peruano ha fracasado continuamente en obligar a las empresas mineras a cumplir con sus compromisos de inversión, respetar el gobierno y normas globales, o negociar con sus sindicatos.
Los autores concluyen que el estudio del caso de Shougang no necesariamente determina que las futuras empresas mineras chinas se harán valer de malas prácticas ambientales o laborales en América Latina, con respecto a los otros competidores extranjeros y nacionales. Los altos costos sociales y ambientales son endémicos de la minería en América Latina. De acuerdo con la más amplia literatura sobre el tema, este estudio muestra que los estados-nación como el Perú no pueden contar con empresas extranjeras o nacionales que se autorregulen. Para maximizar verdaderamente los beneficios de la extracción de los recursos naturales y mitigar los riesgos, las naciones necesitan regular rígidamente, vigilar y disciplinar a las empresas que operan en el sector.
La expropiación del paquete accionario mayoritario de YPF, en manos de la empresa multinacional Repsol, es una de las medidas de mayor alcance adoptadas por el Estado argentino en los últimos años. Ello es así por su significación política y económica y porque atañe a un sector altamente estratégico, como es el de los hidrocarburos. Desde el Plan Fénix, consideramos necesario dar a conocer nuestra postura. Deben subrayarse los inmensos desafíos que se perfilan, los que exigirán un complejo conjunto de políticas: la promoción de la eficiencia en el uso de la energía, la diversificación hacia fuentes renovables y no convencionales, la prospección criteriosa y ambientalmente sustentable, la adecuada apropiación y reinversión de la renta hidrocarburífera, y su potencial aporte en términos de desarrollo tecnológico, entre otras. YPF, nuevamente en manos estatales, podrá ser un instrumento eficaz para el logro de estos fines, en la medida en que su efectivo control sea parte de un plan global y estratégico que abarque a la totalidad del sector energético y se integre con una estrategia nacional de desarrollo. Los argentinos debemos tener conciencia de que nada nos será dado "por añadidura"; de nuestro esfuerzo, de nuestra inteligencia práctica y de nuestros aciertos dependerá nuestro futuro.
Dándole seguimiento a noticias anteriores acerca de los Objetivos de Desarrollo del Mileno, a continuación se presenta en forma clara datos y estadísticas de cómo han funcionado desde su creación y puesta en acción, enfocados principalmente en la lucha contra la pobreza a nivel mundial y que como bien menciona el documento, se ha reducido a la mitan el número de habitantes que viven en condiciones de pobreza extrema y la cantidad de personas que viven sin acceso al agua potable.
Son un par de objetivos dentro de los ocho que son y recordando que se miden por medio de 21 metas y 60 indicadores oficiales. Reiterando, que las cifras arrojadas evidencian su eficacia en algunos de éstos y a los que deben darle celeridad para resultar exitosos para el año 2015.
Este informe refleja lo alcanzado hasta junio del presente año acerca de la evolución de los ODM tanto a escala mundial como regional, que a su vez se dividen en regiones desarrolladas y en desarrollo.
Este artículo explora la necesidad para el gobierno de hacer de la política industrial un instrumento clave para ayudar a México en su búsqueda, hasta ahora, fallida de un crecimiento económico alto y sostenido. México aplicó reformas drásticas a mediados de la década de 1980 para abrir sus mercados a la competencia extranjera y reducir la intervención del estado la economía, pero estas medidas no lograron asegurar un crecimiento robusto.
El artículo explora mitos y hechos de la teoría y práctica de la política industrial. Identifica qué tipo de política industrial en la nueva administración, que inició en diciembre de 2012, parece implementará durante 2013–2018 y cómo esta ayudaría, o no, a que México entre en una senda de expansión económica alta y sostenida; atendiendo la selectividad natural de este tipo de políticas.
Los países centroamericanos han hecho un gran progreso en la última década al mantener la estabilización de sus economías y mejorar su clima de negocios. Al hacerlo, han resistido de manera relativa a las crisis más recientes, pero todavía se encuentran sujetas a ciertas vulnerabilidades y debilidades: tasas de crecimiento per cápita a la zaga del resto de América Latina, altas tasas de pobreza y desigualdades siguen siendo preocupantementes y hay algunas señales emergentes de que la estabilidad macroeconómica y democrática se están debilitando. En este informe los autores centran sus recomendaciones en cinco áreas en las que los cambios de políticas pueden hacer que las economías centroamericanas sean más competitivas:
1) Innovación, transferencia de conocimientos y de Sistemas de Calidad;
2) Infraestructura y Logística;
3) Incorporación de las actividades de pequeñas y medianas empresas;
4) Educación y capital humano,
5) Delincuencia, violencia, y débil gobernabilidad.
En las cinco áreas, los autores encuentran las funciones esenciales para que los donantes internacionales puedan complementar los esfuerzos de las autoridades nacionales y los sectores privados locales.
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