A través de una exposición sintética, el Gobierno de España describe los objetivos macroeconómicos en años venideros que reviertan la recesión que no sólo afecta a países como Grecia, Irlanda, Portugal y España sino a todos los integrantes de la Unión Europea.

La consolidación fiscal junto con las reformas estructurales son ejes fundamentales para recuperar la confianza e impulsar la competitividad como base del crecimiento económico y el empleo. Para ello, el primer rubro garantiza la consecución del 3% del déficit público en 2013 conforme la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las reformas estructurales se fundamentan en el campo laboral, financiamiento a Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) y emprendedores autónomos, sector financiero, modelo energético, sector administrativo, organismos supervisores, acceso a la transparencia e información pública, sistema de justicia y protección a la propiedad intelectual.

La consolidación fiscal es uno de los principales ejes que expone el Gobierno de España para estimular el crecimiento económico y  empleo conforme a un panorama de confianza necesaria para que la financiación sea abundante.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado el  30 de Marzo de 2012 en el Consejo de Ministros tiene como objetivo garantizar la consecución de reducción del déficit al 5,3% Producto Interno Bruto en un momento de recesión. El esfuerzo de consolidación fiscal será el mayor de la democracia, equivalente al 2,5% del PIB ( €27.300 millones).

Las previsiones económicas de inicios de 2012, verificadas con los datos del primer trimestre del año, revelan que España entrará en recesión en 2012, -1,7% frente al 2,3% previsto inicialmente, la tasa de desempleo llegará al 24,3% y el déficit real ha sido del 8,3% Producto Interno Bruto (PIB) frente al 6% PIB comprometido. La situación internacional descrita por una ralentización del crecimiento a partir de la segunda mitad de 2011 complejiza el panorama para España, siendo la eurozona el área más afectada. A esto tenemos que añadir el compromiso ineludible de España con la Unión Europea (UE) de cumplir con el objetivo de reducción del déficit público al 5,8% del PIB en 2012 y al 3% en 2013.

Con el objetivo de recuperar la confianza y credibilidad de los mercados y volver a la senda del crecimiento y la creación de empleo el Gobierno español, el presente ensayo publicado por  el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación describe los procesos que desembocan en las reformas estructurales de la economía española, abarcando tres pilares básicamente:

Estabilidad Presupuestaria y Macroeconómica para recuperar la confianza en la economía española y sentar las bases para volver a la senda de crecimiento;  Reformas Estructurales encaminadas a mejorar la competitividad de la economía para volver al crecimiento en un periodo razonable y cumplir con los compromisos con la UE, entre ellas, la reforma del sistema financiero y la reforma al mercado laboral, así como la revisión en profundidad de la Administración Pública.

La consolidación fiscal pactada por el Gobierno de España plantea la reducción del déficit público hasta en un 5.3% en 2012.
Para cumplir con el objetivo y a la par mantener el Estado de bienestar, el Consejo de Ministros ha adoptado una serie de reformas de carácter urgente, pero de profundo alcance, para reestructurar entre otras áreas, el gasto público en educación y sanidad, que supondrán un ahorro de 10.000 millones de euros, la gestión del servicio de televisión autonómico y la sostenibilidad de la televisión pública española, superando la actual situación de bloqueo administrativo.

La imperiosa necesidad que el Gobierno de Mariano Rajoy ha manifestado, a través de los mandatos de la Troika (FMI-BCE-CE), por aplicar políticas fiscales para reducir los déficits presupuestales ha golpeado directamente el presupuesto destinado a la educación.

Contrario a la reducción del presupuesto educativo en 21,9%, equivalente a 623 millones de euros, los acreedores financieros, según los presupuestos oficiales generales para 2012, percibirán 28,8 mil millones de euros en intereses de la deuda, es decir, más de los 27,3 mil millones de recortes presupuestarios anunciados.

Ante este panorama, las demandas sociales para justificar los gastos gubernamentales derivaron en octubre de 2011 la discusión sobre la creación de una auditoria ciudadana de la deuda, fundada en el principio de horizontalidad, formada por la campaña Quién debe a quién integrada por alrededor de 20 organizaciones y movimientos sociales, incluidos los indignados.

En marzo de 2012, más de 70 personas provenientes de diferentes regiones españolas y europeas discutieron en el centro socio-cultural Eko, ocupado por la Asamblea de Carabanchel del 15M, objetivos importantes para el fortalecimiento del poder popular para contrarrestar el discurso dominante y denunciar las políticas de austeridad con argumentos propios, identificar a los responsables y beneficiados del endeudamiento, promover la educación popular, realizar informes públicos completos además de crear un tribunal popular para juzgar a los responsables. De esta forma se construyó la Plataforma auditoría ciudadana de la deuda siendo su lema "no debemos, no pagamos".

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Como parte de los ajustes presupuestarios que exigen las instituciones multilaterales integrantes de la Troika (FMI-CE-BCE) a cambio de líneas de crédito, el Gobierno de España ha aprobado el plan presupuestario para los años venideros 2013 y 2014, manteniendo los recortes en los gastos públicos.

La meta es registrar un ahorro de 39.000 y 50.100 millones de euros para los años correspondientes, consolidando fiscalmente la macroeconomía del país con la reducción del déficit público en 4.5% y 2.8% respectivamente, a cambio de un crecimiento económico de 1.2% anual a partir de 2014.

El pasado 31 de Agosto el Consejo de Ministro del gobierno español aprobó el Real Decreto de Ley de "Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito", que establece entre otras cosas, cómo liquidar entidades en condiciones de inviabilidad, además de conferir competencias al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROP) para tal objetivo.

Con lo anterior, el gobierno de España da cuenta de sus compromisos de naturaleza jurídica acordados con el Eurogrupo el pasado 20 de julio y recogidos en el Memorando de Entendimiento Mutuo (MoU) dentro del programa de asistencia financiera.

El pasado 24 de Agosto el Consejo de Ministros del gobierno español aprobó un Proyecto de Ley para proveer de dinamismo al Mercado de Alquiler de Viviendas mediante su flexibilización, reducción de los plazos de duración del contrato, mejora de la seguridad jurídica y medidas de carácter fiscal. Bajo la nueva norma, se encuentra la posibilidad de que se aplique al pago de la renta las mejoras o reformas acordadas (realizadas) por el inquilino.

De acuerdo con el Eurostat, únicamente el 17% de la población reside en una casa en alquiler, situando a España como el país con menor parque de alquiler de toda la Unión Europea, existen más de 3 millones de viviendas vacías que podrían destinarse al alquiler. La nueva normativa dotaría de un funcionamiento dinámico a dicho mercado.

Después del éxito alcanzado por Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España (Sequitur, 2011) Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinoza regresan, ahora con carácter de urgencia y bajo el título Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del PP (Deusto, 2012).

Su objetivo es generar conciencia entre la población e impedir, cuanto antes, la imposición de las políticas de austeridad económica por parte del gobierno español de Mariano Rajoy auspiciadas por la troika europea.

Aunque el Partido Popular fue muy "crítico" con el gobierno "socialista" de Rodríguez Zapatero en cuanto a política económica se refiere (en especial durante y después de la crisis de 2008),en la actualidad puede apreciarse un doble criterio aplicado: no sólo hay emulación, sino profundización de la política económica neoliberal, situación que no ha hecho sino agravar la crisis.

De ahí la importancia de que la sociedad se movilice pacífica y democráticamente, articulando un frente común de los de abajo en contra del privilegio de los de arriba, única salida a la crisis por la que atraviesa España en particular, y la Zona Euro en general.

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