Después de la crisis del 2001, que representó el fin del ciclo de la convertibilidad, Argentina se vio envuelta en un periodo de enorme retroceso con una verificada reducción del empleo industrial y la persistencia de una elevada tasa de desempleo abierto durante casi una década. A partir de este oscuro periodo de la economía argentina se crearon las condiciones para adoptar un régimen de política económica que priorizará el crecimiento y la inclusión social.
Este nuevo patrón de crecimiento se encuentra todavía en vías de consolidación, pues aun existen muchas demandas sociales pendientes, sin embargo las reformas aplicadas han redituado en políticas públicas nuevas y eficaces a la hora de responder a las necesidades de las mayorías (ej. la renegociación de la deuda externa, las transferencias sociales de impacto redistributivo, el impulso a la educación y al desarrollo científico, la jerarquización de las inversiones públicas, etc.), obteniendo con ello cambios positivos como una mejor distribución del ingreso o un crecimiento significativo en la actividad productiva. No obstante a este buen desempeño de las políticas públicas, la economía de Argentina presenta también un proceso inflacionario, el cual si bien muestra un ritmo administrable, hoy alcanza índices superiores a los deseables. Esta situación se vuelve preocupante si se considera que los impactos negativos de la inflación se presentan directamente sobre los ingresos de los trabajadores asalariados y las expectativas de las empresas -desestimulando la toma de riesgos a plazos largos-.
Un problema importante, es que no ha sido fácil determinar cuál ha sido el ritmo real de incremento de precios que ha tenido lugar en Argentina debido a que las cifras que ofrece el INDEC han perdido credibilidad, los cálculos provinciales no cubren un territorio significativo y las que publican las consultoras privadas son demasiado exageradas. Utilizando la evolución del índice de precios implícitos del PBI se puede calcular que la inflación actual está entorno al 20% anual.
¿Pero a qué se debe esta elevadísima inflación? El análisis económico tradicional suele distinguir tres clases de inflación: de demanda, originada por un exceso de la demanda global respecto de la oferta global de productos y servicios; de costos, derivada del aumento de la tasa de salarios e insumos a un ritmo mayor que la productividad del trabajo asalariado; y la estructural, causada por el cambio de los precios relativos en sectores con inflexibilidad a la baja de los precios monetarios. En el caso de Argentina la inflación tiene origen en problemas estructurales, mientras que los otros tipos de inflación -de costos y de demanda- actúan como mecanismos de propagación.
Estos problemas estructurales de Argentina son: a) el incremento de los precios relativos de alimentos, energía y otros insumos en el mercado mundial, que tiene impacto sobre el nivel de precios internos y se traslada fuertemente al consumo de los sectores más carenciados; b) las deficiencias en la tasa de formación de capital, así como en su asignación; y c) las serias inequidades persistentes en el sistema tributario. Si estas fallas estructurales no se corrigen resulta imposible atenuar el proceso inflacionario.
También es importante subrayar que el ritmo actual de crecimiento de los precios dista de un nivel de "espiralización", por lo que políticas públicas bien diseñadas aun pueden surtir efecto. Ante el fracaso de las políticas de shock y ajuste recesivo, ha sido necesario considerar alternativas, sin embargo se debe de advertir que cualquiera que sea la estrategia adoptada, ésta deberá tener en cuenta la multiplicidad de causas que la provocan: factores inerciales, expectativas, puja distributiva, oscilaciones del tipo de cambio, etc. Asimismo, estas y todas las políticas antiinflacionarias deberían actuar conjuntamente sobre las causas de la inflación y sus mecanismos de propagación, diferenciando entre unos y otros; e incidir sobre la inflación sin crear o agravar otros desequilibrios y, especialmente, sin producir desempleo. De esta forma, se debe de considerar que el empleo no debe ser, de ninguna manera, la variable de ajuste antiinflacionario.
Además, es importante que la política antiinflacionaria también tome en cuenta que los mercados de productos han dejado de ser en gran medida mercados nacionales, restringidos a cada país para tender a convertirse en mercados mundiales de productos y factores. Por ende, deben buscar administrar con prudencia y realismo la incidencia local de los precios internacionales, tratando de regular sus impactos de acuerdo a las necesidades del desarrollo interno y de la equidad distributiva, evitando el correr el riesgo de la "primarización" de las exportaciones y la consiguiente orientación privilegiada (o casi exclusiva) de las inversiones hacia los sectores productores de materias primas.