GINEBRA (8 de mayo de 2013) - Un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU urgió a los gobiernos del mundo a ratificar un importante instrumento internacional que permite a los individuos y grupos a quienes se les han negado sus derechos económicos, sociales y culturales presentar denuncias que serán revisadas directamente por un comité de expertos de la ONU. 

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que acaba de entrar en vigor, ha sido ratificado hasta el momento por diez Estados pioneros: Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia, España y Uruguay, quienes han formado así un "club por la justicia social".

"Este nuevo procedimiento faculta a individuos y grupos, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, para que invoquen, entre otros, su derecho a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y a la seguridad social, ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU," dijeron los expertos.
 
Los expertos independientes subrayaron que el Protocolo Facultativo representa "un gran paso en la protección y realización de los derechos económicos, sociales y culturales, y una poderosa confirmación de que son tan importantes como los derechos civiles y políticos, con los que se encuentran fundamentalmente interrelacionados y son interdependientes."
 
Este nuevo mecanismo, añadieron, da esperanza ante la latente regresión inherente a las llamadas ‘medidas de austeridad.' "Dicha regresión es incompatible con el artículo 5to del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales," declararon. 

"La jurisprudencia es un derecho vivo que le da nombre y rostro a las víctimas" apuntaron los expertos. "Es dinámica y está orientada al futuro, crea precedentes que sirven para tres propósitos: proveer una reparación adecuada a situaciones específicas; establecer un significado concreto de las normas para facilitar su comprensión por parte de los servidores públicos y su cumplimiento por parte de las cortes nacionales; y finalmente, contribuir a la prevención de violaciones de derechos humanos," añadieron los expertos. 

"El ‘club por la justicia social' seguramente crecerá, como fue el caso con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que desde su entrada en vigor en 1976 ha permitido al Comité de Derechos Humanos registrar y examinar miles de casos, lo cual ha derivado en la adopción de criterios judiciales vanguardistas y reparaciones concretas para las víctimas," dijeron los expertos. 

"Instamos a los gobiernos del mundo a unirse a este ‘club por la justicia social', y hacemos un llamado a los defensores de derechos humanos, a las instituciones nacionales de derechos humanos y a la sociedad civil en general, para que difundan este nuevo procedimiento de peticiones en un esfuerzo coordinado para lograr la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de esta manera avanzar hacia una membresía universal," concluyeron los expertos independientes de la ONU. 

El Grupo de Alto Nivel sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015 lanzó el día 30 de mayo de 2013 "Una nueva asociación global: Erradicar la pobreza y transformar las economías mediante el desarrollo sostenible", un informe en el que se establece un programa universal a la erradicación de la extrema pobreza de la faz de la tierra en 2030, y cumplir con la promesa de un desarrollo sostenible. El informe hace un llamamiento al mundo para reunir en torno a una nueva asociación mundial que ofrece esperanza y un papel a cada persona en el mundo.

Se busca darle un enfoque de derecho humanos a los procesos de desarrollo sostenible mediante un mayor reconocimiento de las obligaciones del Estado de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Así, establece a través de 12 objetivos principales y 52 metas orientadas a acabar con la pobreza en todas sus formas:

1. Erradicar la pobreza.
2. Empoderamiento de mujeres y niñas, e igualdad de género.
3. Proveer una educación de calidad y un aprendizaje permanente.
4. Garantizar una vida saludable.
5. Garantizar la seguridad alimentaria y la buena nutrición.
6. Lograr el acceso universal al agua y al saneamiento.
7. Energía sostenible segura.
8. Crear puestos de trabajo sostenibles y un crecimiento con equidad.
9. Gestionar activos de recursos naturales sostenibles.
10. Asegurar el buen gobierno y la eficacia de las institutciones.
11. Asegurar sociedades estables y pacíficas.
12. Crear un ambiente favorable global, y catalizar financiamiento a largo plazo.

A su vez, hace un llamado al cambio de las políticas actuales de instituciones internacionales que sirven para afianzar las desigualdades por medio de reformas neoliberales.

Los cinco cambios transformativos pueden crear las condiciones y servir como impulso para satirfacer las ambiciones establecidas:

• No Deje a Nadie Atrás. Debemos de asegurarnos que ninguna persona independientemente de su etnicidad, género, geografía, discapacidad, raza u otro estatus-le sean negadas oportunidades económicas básicas y derechos humanos.
• Colocar el Desarrollo Sostenible en el Centro. Se debe tomar un giro rápido hacia patrones de producción y consumo sostenible, con los países desarrollados al frente. Se tiene que actuar ahora para reducir el ritmo alarmante del cambio climático y de la degradación medioambiental, los cuales plantean amenazas nunca antes vistas para la humanidad.
• Transformar las Economías para Empleos y Crecimiento Inclusivo. Una transformación económica profunda puede poner fin a la pobreza extrema y promover el desarrollo sostenible, mejorando los medios de subsistencia, al aprovechar la innovación, la tecnología y el potencial de los negocios. Más economías diversificadas, con igualdad de oportunidades para todos, pueden impulsar la inclusión social, especialmente para personas jóvenes y fomentar el respeto hacia el medioambiente.
• Construir Paz e Instituciones Eficaces, Abiertas y Responsables para Todos. La protección ante el miedo, el conflicto y la violencia, es el derecho humano más fundamental y la base esencial para la construcción de sociedades pacíficas y prósperas. Hacemos un llamado por un cambio fundamental-a reconocer que la paz y el buen gobierno son elementos esenciales para el bienestar, y no una opción extra.
• Construir una Nueva Alianza Mundial. Un nuevo espíritu de solidaridad, cooperación y responsabilidad mutua debe apoyar la agenda post-2015. Esta nueva alianza deberá estar construida sobre nuestra mutua humanidad y basada en el respeto y los beneficios mutuos.

Caracas, 6 may (IPS) - Misoginia es la palabra que brota de las sindicalistas latinoamericanas a la hora de definir aquello contra lo que luchan para conquistar espacios de dirección en las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la región.

"Los problemas para las mujeres trabajadoras se recrudecen en mucho por actitudes misóginas que obstaculizan aún más el avance a sus derechos e imposibilitan la participación en puestos de decisión de quienes trabajan por modificar la cultura existente en el sindicalismo", dijo la mexicana Martha Heredia.

"La participación de las trabajadoras latinoamericanas en cargos sindicales no corresponde en porcentaje al número de mujeres insertadas en el mundo laboral", recalcó la presidenta del Comité de Mujeres Trabajadoras de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA).

Heredia y las demás lideresas sindicales entrevistadas por IPS recuerdan que solo una latinoamericana logró presidir una confederación de sindicatos. Es la chilena Bárbara Figueroa, que desde 2012 encabeza la Central Unitaria de Trabajadores, la mayor del país, con más de medio millón de afiliados.

Ellos defienden más papel para ellas

Algo está cambiando, pese a todo, en los sindicatos. Un ejemplo es la viva defensa del liderazgo sindical femenino de dirigentes venezolanos dirigidos por Marcela Máspero.

Luis Chaparro, coordinador nacional de la Alianza de Trabajadores Cementeros, dijo: "La mujer está mal representada..., nos sigue dominando el machismo, pero cuando ellas dirigen nos encontramos que son más organizadoras, luchadoras, frontales, honestas, y que su participación en la dirección nos ayuda incluso a organizarnos mejor".

"Falta muchísimo para que los espacios sindicales sean ocupados de manera compartida con las mujeres, pero hay un avance palpable, siento que indetenible, y eso, ahora que comparto con coordinadoras nacionales en varios sectores y sé cómo trabajan, me pone contento", añadió.

Edgard Jiménez, secretario de organización de una de las federaciones de salud, aseguró: "Antes pensábamos que las mujeres no darían la talla como dirigentes. Pero nos han demostrado que son muy capaces. No les cedimos los espacios, pero los pelearon y se los ganaron".

"Compartir tareas de dirección sindical con mujeres nos ha hecho cambiar en muchos planos nuestra visión sobre la mujer, con las parejas, con las hijas, con las trabajadoras. Ahora entendemos mejor sus demandas y su situación", reconoció.

Alexandra Arguedas, responsable del programa de género de la CSA, explicó que para forzar la participación femenina, la confederación demandó a sus centrales afiliadas, durante su II Congreso Ordinario de 2012, que establecieran una cuota de 40 por ciento para las mujeres en sus estructuras directivas.

La CSA nació en 2008 de la fusión de todas las confederaciones continentales, aglutina a más de 50 millones de afiliados de 53 organizaciones en 23 países e integra la Confederación Sindical Internacional (CSI), fundada dos años antes con la convergencia de la decena de centrales que hasta entonces fragmentaban el sindicalismo mundial.

Arguedas detalló desde la oficina centroamericana de la CSA en Costa Rica que la mayor participación y representación de las trabajadoras es, además, un pilar de la autorreforma sindical, el proceso de renovación y adaptación a las nuevas realidades económicas y sociales de las estructuras, tareas y planteamientos del movimiento sindical.

En esa autorreforma, argumentó, comienzan a aplicarse "auditorías participativas de género, un instrumento clave para tener una verdadera transversalidad de la perspectiva de género en toda la organización sindical". También se impulsa la capacitación femenina y se fuerzan delegaciones paritarias en todas las actividades.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 55 por ciento de las mujeres participan en el mercado laboral de la región, mientras los hombres lo hacen en 79 por ciento. Pero la brecha se acorta en forma notoria y entre 1990 y 2006, la tasa de participación femenina creció en 11 puntos porcentuales, mientras que la masculina cayó un punto.

La brasileña Didice Godinho, fundadora en 1987 de una de las primeras comisiones de la mujer dentro de una central sindical de la región, destacó que esa creciente inserción laboral es la que fuerza a incorporar los temas de género en la agenda sindical, junto con la presión incansable de militantes sindicales y feministas.

La investigadora social, quien coordinó hasta 1993 la entonces comisión y ahora secretaría de la mujer en la Central Única de Trabajadores de Brasil, la mayor del país y con más de 23 millones de afiliados, sintetizó los retos de la paridad en el estudio "Sindicalismo latinoamericano y políticas de género", de 2009.

Además de la cultura patriarcal, especialmente anidada en el sindicalismo con independencia de su orientación ideológica, Godinho recordó que hay trabas para la plena participación de las mujeres en la vida sindical, como su papel reproductivo, a las que el movimiento debe dar respuesta.

La especialista aplaudió que la CSA tenga entre sus propuestas fundacionales que "el movimiento sindical sea inclusivo" y que promueva la paridad en sus órganos directivos y en todas sus actividades. Pero subrayó que llevar los postulados de igualdad a la práctica "es un desafío pendiente".

Eso lo sabe Marcela Máspero, la mayor exponente femenina del sindicalismo venezolano, para quien "es muy complicado ser mujer y sindicalista en un ambiente donde se ha arrocado (atrincherado) la misoginia, donde se desconfía que tengamos no ya iguales cualidades, sino igual voluntad, compromiso, disposición y capacidad".

Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete) y vicepresidenta de la Federación Sindical Mundial, consideró que políticas de género como las impulsadas desde la Organización Internacional del Trabajo ayudan a la formación y la normalización de las mujeres en las labores sindicales.

Pero la lideresa de Únete, con 1,5 millones de afiliados del sector público y privado, duda de las cuotas como instrumento para la participación que corresponde a las mujeres en los cargos sindicales.

"El espacio lo ganamos en la batalla, codo a codo con el hombre, contra el adversario común: el patrono, el capital, la burocracia, y en esa batalla no necesitamos concesiones, porque la mujer tiene los mismos valores y capacidades que el hombre para participar y dirigir", afirmó.

Únete y Máspero apoyan decididamente el Socialismo del Siglo XXI que impulsó el hoy fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), pero ella es una figura incómoda para el poder "porque mi trinchera es la lucha por los trabajadores" y "la confrontación con la tecno-burocracia profundiza la autonomía".

Las sindicalistas, recordó, deben compatibilizar compromisos como "ser madres, esposas cuando lo son, sostenes de hogar, trabajadoras y activistas sindicales o políticas". Así que las cuotas "se quedan en un maquillaje si no se las ayuda en forma práctica a compaginar esas funciones".

Máspero destacó que el movimiento sindical latinoamericano está predominantemente en manos de la izquierda, "pero tiene un comportamiento retrógrado en materia de género, está aún dominado por la cultura patriarcal y machista".

"No veo mujeres dirigiendo el movimiento sindical en Cuba, en Argentina, en Brasil, solo en Chile los discursos se han traducido en práctica", afirmó.

Heredia, que también integra la dirección del Sindicato de Telefonistas de México y ostenta funciones sobre políticas de género en su país y la CSI, consideró que las lideresas sindicales tienen como reto "impulsar el papel que corresponde a las trabajadoras no solo en el ámbito sindical sino en las negociaciones colectivas".

"Debemos ser vanguardia en reivindicar los derechos de las mujeres, en especial el del trabajo digno, que incluya salario remunerador, seguridad social, negociación bilateral y tenga como eje transversal la perspectiva de género", concluyó.