La imperiosa necesidad que el Gobierno de Mariano Rajoy ha manifestado, a través de los mandatos de la Troika (FMI-BCE-CE), por aplicar políticas fiscales para reducir los déficits presupuestales ha golpeado directamente el presupuesto destinado a la educación.
Contrario a la reducción del presupuesto educativo en 21,9%, equivalente a 623 millones de euros, los acreedores financieros, según los presupuestos oficiales generales para 2012, percibirán 28,8 mil millones de euros en intereses de la deuda, es decir, más de los 27,3 mil millones de recortes presupuestarios anunciados.
Ante este panorama, las demandas sociales para justificar los gastos gubernamentales derivaron en octubre de 2011 la discusión sobre la creación de una auditoria ciudadana de la deuda, fundada en el principio de horizontalidad, formada por la campaña Quién debe a quién integrada por alrededor de 20 organizaciones y movimientos sociales, incluidos los indignados.
En marzo de 2012, más de 70 personas provenientes de diferentes regiones españolas y europeas discutieron en el centro socio-cultural Eko, ocupado por la Asamblea de Carabanchel del 15M, objetivos importantes para el fortalecimiento del poder popular para contrarrestar el discurso dominante y denunciar las políticas de austeridad con argumentos propios, identificar a los responsables y beneficiados del endeudamiento, promover la educación popular, realizar informes públicos completos además de crear un tribunal popular para juzgar a los responsables. De esta forma se construyó la Plataforma auditoría ciudadana de la deuda siendo su lema "no debemos, no pagamos".