Durante los próximos meses, los gobiernos miembros del Fondo Monetario Internacional volverán a negociar los derechos de votos y cuotas de participación. Este artículo se propone principios y directrices que, idealmente, deberían influir en las negociaciones. Al hacer hincapié en los principios básicos y la introducción de las ideas que no han sido bien aceptadas, el presente análisis está fuera de sintonía con las negociaciones en curso. No obstante, algunos de los participantes y los observadores podrán encontrar útil reflexionarlas. El ensayo comienza con los principios pertinentes y, a continuación explica la necesidad de una “fórmula de cuotas", una evaluación objetiva de la situación de los países relativa en el gobierno mundial, la economía y sistema financiero. Ninguna fórmula puede ser juzgada como inequívocamente preferible, Pero existe un caso de gran alcance para el desarrollo de una fórmula satisfactoria como punto de partida para las negociaciones objetivo.
La disminución de las fluctuaciones cíclicas de los años 80 es el resultado de la intervención de esta Institución en la economía mundial, y de lo cual se sentían orgullosos, pero no ha sido suficiente y correcto para todos, desempleo, crisis sociales, daño ecológico y mayor desigualdad son los residuos de sus "ayudas" y por lo cual no le faltan criticas. Análisis de autocrítica del Fondo Monetario Internacional, este documento señala cómo la actual crisis económica ha exhibido las debilidades de las políticas promovidas, "Lo que creíamos que sabíamos" es el titulo de uno de sus capítulos, donde se reflexiona sobre lo que no funcionó en esta ocasión.
Antes de ser director gerente del Fondo Monetario Internacional y su escandalo actual, Dominique Strauss-Kahn tuvo participaciones activas en ministerios de insdustria, comercio y finanzas; donde siempre destacó por una postura a favor de muchas políticas de derecha e incluso estuvo involucrado en la aprobación de unas cuantas tantas. A continuación se presenta un pequeño artículo para conocer más sobre este ex director general, de un organismo tan importante como el FMI.
En el siguiente artículo, se crítica la postura del FMI con respecto a sus investigaciones sobre la crisis en el campo de macroeconomía financiera. Solimano argumenta que si bien las investigaciones han sido buenas, pecan de una limitada gama de enfoques: las crisis financieras sólo han sido consideradas como acontecimientos fuera de lugar, endógenas de las economías de mercado que cuentan con sus sistemas financieros insuficientemente regulados. Así, a pesar de su riqueza en pruebas y evidencias, el FMI no consigue brindar una clara explicación de lo que acontece.
La siguiente presentación fue expuesta por el argentino Ruben Lamdany hace pocos días en el Seminario Fiscal Anual de Cepal (Santiago de Chile). En esta se muestra una evaluación a la producción intelectual del FMI, la cual si bien es grande, carece de calidad y contextualización tanto nacional como institucional. Sin embargo, según estos resultados elaborados en encuestas a distintos países el asunto más grave son los claros mensajes dirigidos por el FMI: la gran mayoria de los artículos se alinean a las recomendaciones y políticas impuestas por este organismo, como en una especie de presión, incluso hasta cuando el análisis va hacia otra dirección. Con ello, se le recomienda al FMI tener mayores controles de calidad, así como permitir la inclusión de visiones alternativas que complemente sus análisis teóricos.
La gran crisis internacional de Estados Unidos, y extendida a partir de 2008 a casi todo el mundo, dio pie a que la vieja y poco creíble institución del Fondo Monetario Internacional, tuviese cabida una vez más. Mientras que durante más de tres décadas fue el actor principal en los países de desarrollo, ahora su eje gira entorno de Europa. Sin embargo, a estas alturas, ya con bastante desacreditación por diversos desastres sociales causados por las políticas impuestas en el Sur, el FMI aprovechó la crisis para volver a recuperarse y generalizar en el Norte las mismas políticas nefastas. La misma lógica está siendo aplicada actualmente en el Norte: el FMI se convierte en acreedor de diversos países de Europa occidental y, más allá de las recomendaciones que prodigaba aquí y allá, ahora interviene directamente en las políticas económicas en el corazón del viejo continente. Lejos de servir al interés de las poblaciones afectadas por la crisis, el FMI actúa al servicio de las grandes potencias y de las empresas transnacionales, entre las cuales las grandes sociedades financieras privadas desempeñan un papel fundamental.
El Fondo Monetario Internacional ha tenido una severa pérdida de influencia debido a las imposiciones y subsecuentes crisis que ha provocado. Así muchos países han decido adelantar repagos con tal de liberarse de dicha institución y con ello el FMI ha perdido también gran parte de su financiamiento. Así, con una existencia puesta en entredicho, el FMI ha considerado replantear sus programas. Ejemplo de ello es el nuevo Programa de Nicaragua, país que debido a una severa crisis ha tenido que recurrir a esta institución. En el siguiente artículo se hace una extensa crítica del contraste entre el planteamiento y desempeño del nuevo programa del FMI, buscando indagar sobre cuales son los nuevos horizontes que le esperan a esta ya desgastada institución internacional.
BRIC Acrónimo de los países emergentes ha pasado de ser una simple referencia descoordinada a un foro de dialogo para la cooperación y un frente común en el ámbito económico y geopolítico. Brasil, China, India y Rusia celebraron la segunda reunión del grupo compartiendo un llamado para superar la “globalización asimétrica y disfuncional”. Representan el 42% de la población mundial y el 15% del PIB mundial y 30% del comercio mundial, su encuentro tiene relevancia particular a unas semanas de las negociaciones del FMI sobre los derechos de votación.
El presidente brasileño comparte sus consideraciones sobre el papel y las responsabilidades de los países emergentes más importantes en el sistema económico mundial reunidos en el Foro BRIC, planteando las estrategias y los retos que las relaciones internacionales plantean en la actualidad “[los países del BRIC] nos comprometemos a construir un enfoque común de forma diplomática y creativa con nuestros socios del BRIC para hacer frente a retos globales como la seguridad alimentaría y la producción de energía en el contexto del cambio climático.”
La Cuarta etapa de la Crisis que inició en 2007 actualmente en una fase de problemas fiscales, afecta en primer lugar a los países de la periferia europea, sin embargo, y a pesar de los recientes anuncios de rescate por parte del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, persisten los riesgos de contagio mundial.
Debido a las demoras en la concertación de la ayuda financiera y las políticas exigidas a Grecia, se vuelve a cuestionar la intervención del FMI y su papel de asegurar la estabilidad financiera internacional.
Las circunstancias actuales dan oportunidad de plantear nuevamente las propuestas necesarias de la Arquitectura Financiera Internacional, cuestiones como el papel de las Instituciones Financieras Internacionales, su conformación interna, la necesidad de nuevos organismos y el establecimiento de un código financiero internacional, sin los cuales no existen perspectivas para evitar que futuras crisis se presenten.
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Las circunstancias económicas y políticas que dieron pie al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) en 1944 han cambiado drásticamente a lo largo de casi setenta años.
El objeto para fundar el FMI fue mantener la estabilidad de la economía mundial para que no se repitiera una crisis como la de 1929. Sin embargo tras las crisis en Asia en 1997, Rusia en 1998, Argentina en el 2001-2002, y la estadounidense a partir del 2007, ¿para qué sirve el FMI ante una crisis?
La evidencia es que los ajustes en el Sur global promovidos por el FMI generaron mucho malestar y empobrecieron a la gente. La ruta convergente de crecimiento que llevaban América Latina y África hacia los niveles de Estados Unidos hasta 1982 terminó con la llamada crisis de la deuda y nunca se recuperó. Sin embargo dicha institución no tiene capacidad de actuación frente a la economía mayor del mundo. Estados Unidos maneja el peor déficit comercial registrado en su historia y absorbe los recursos financieros del resto del mundo generados por las políticas de superávit fiscal que el FMI considera prudentes.
Hay dos raseros: prudencia fiscal para el Sur global y ojo ausente para la economía mayor. La situación actual es que los países pobres financian el consumo de la economía más grande del mundo, lo que es un contrasentido teórico y ético y niega el principio del multilateralismo.
El efecto es que muchos gobiernos desde 2003 optaron por devolverle su dinero a fin de prescindir de las condiciones antes impuestas por la institución; así les va mucho mejor que con la aplicación de las condiciones. De la misma manera, todas las economías que no necesitaron asistencia del FMI han crecido mucho más rápido que las que requirieron de su ayuda. Hay una crisis de credibilidad, de legitimidad y de presupuesto a resultas de sus errores.
Si bien es cierto que la aplicación de políticas keynesianas evitó que Estados Unidos cayera en una recesión en 2003 y revirtió la tendencia de los mercados internacionales, también lo es que han transcurrido cuatro años de una política monetaria y fiscal expansiva, acompañadas primero de tasas de interés cercanas a 0% en términos reales, que luego subieron y que en 2007 volvieron a descender a cero producto de ambas políticas. Esto surtió efecto sobre el mercado inmobiliario e hipotecario de dicho país, y las consecuencias se reflejaron en los mercados financieros y en el precio de la divisa estadounidense.
Los daños parecen ser irreversibles y la debilidad de Estados Unidos en la economía global se ha vuelto evidente cuando se transformó en el mayor deudor del mundo durante la primera década del siglo XXI. Hay auge de precios en dólares, en un mundo donde el dólar estadounidense se ha devaluado en relación con el euro, el oro, la libra esterlina, el yen, y la unidad monetaria asiática, la sudamericana y la africana. Es evidente que diversas regiones del mundo están optando por diseñar piezas de la arquitectura financiera internacional a su medida.
El objetivo del siguiente breviario publicado en 2010 por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México es describir el papel del FMI desde su creación en 1944 en las conferencias de Bretton Woods, describiendo la ruptura del patrón dólar-oro a inicios de la década de 1970, la crisis de la deuda en América Latina en 1980 además de las crisis de los noventa en México, Argentina, Rusia y Asia además de Estados Unidos en 2001 y 2007, priorizando el papel privilegiado que el gobierno de Estados Unidos mantiene con la institución, definido por Celso Furtado como el brazo extendido del Tesoro estadounidense.
La investigación culmina la descripción del papel de la banca internacional con respecto a las crisis promovidas por el FMI, destacando la importancia de los tratados de Basilea I y II, además de contemplar la posibilidad de una nueva arquitectura financiera internacional destacando la experiencia asiática y africana en la creación de fondos monetarios regionales.
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Este documento ofrece un resumen de las principales políticas que fomentan la desdolarización. Se centra en casos en que la intención de las autoridades es lograr un mayor control de la política monetaria y presenta las experiencias de países que han logrado la desdolarización. A diferencia de trabajos anteriores en el tema, este artículo examina las políticas de estabilización macroeconómica y microeconómica, como la regulación prudencial del sistema financiero. Este estudio es también el primer intento de hacer un uso extensivo de los datos de la regulación de divisas del FMI en el Informe anual sobre los regímenes de cambio y restricciones cambiarias. La principal conclusión es que una desdolarización duradera depende de un plan de desinflación creíble y medidas microeconómicas específicas.
Los recientes reportes de FMI y UN dan entrada a la busqueda de estabilidad financiera mundial por medio de la sustitución del dolar como divisa dominante a un sistema basado en los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional.
Pensando alternativas, entre la crisis europea y el Yasuní.
Economista ecuatoriano, Alberto Acosta es también Profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO - Quito) y se desempeño como Ministro de Energía y Minas del gobierno Correa (enero-junio 2007) y Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta de Ecuador (noviembre 2007-julio 2008). Esta entrevista se realizó en dos momentos diferentes, aprovechando de dos viajes de Alberto Acosta a España. El primero en el marco de la Cumbre de los Pueblos realizada en Madrid, en mayo del presente año, y el segundo cuando pasó por Madrid camino de Alicante para participar como expositor en el curso "Desarrollo y diversidad cultural: conceptos y medidas del Sumak Kawsay", organizado por la Universidad de Alicante, en julio.
Las condiciones económicas entre Estados Unidos, Japón y China parecen estar llevando hacia la busqueda de crecimiento basado en exportaciones y una estrategia de "Beggar thy neighbour" que crea tenciones políticas en circunstancias donde se puede llegar a una posible deflación.
En nuestros días, las maniobras financieras y el apalancamiento de deuda desempeñan el papel otrora jugado por las conquistas militares. Su objetivo sigue siendo controlar la tierra, la banca comercial y la política del banco central. Esa conquista financiera se logra pacífica y aun voluntariamente, más que militarmente. Pero el propósito es el mismo: hacer pagar a las poblaciones sujetas en calidad de deudoras y de socias comerciales menores y dependientes.
Las endeudadas -economías anfitrionas se hallan en una posición similar a la de los países vencidos. Su excedente económico es transferido financieramente al exterior, mientras que, en el interior, los deudores pierden soberanía sobre sus propias políticas financieras, económicas y fiscales. La infraestructura pública es puesta en almoneda y adquirida por compradores extranjeros: a crédito y pagando unas tasas de interés y unas amortizaciones sujetas a desgravaciones fiscales nacionales pero pagadas a extranjeros
Este artículo examina las implicaciones de la crisis financiera mundial de 2007-10 para la reforma de la arquitectura financiera mundial, en particular el Fondo Monetario Internacional y el Consejo de Estabilidad Financiera y su interacción. Estas dos instituciones no son totalmente comparables, pero deben trabajar más estrechamente en el futuro para ayudar a prevenir financiera mundial las crisis. Con este fin, el trabajo identifica las reformas institucionales y de fondo por separado y en conjunto que serían deseables y apropiadas.
El Comité de Basilea publicará nuevas reglas que obliguen a los bancos a aumentar su capital; las políticas atemorizan más a los bancos europeos, que no se han preparado tanto como los de EU.
Tres años después del inicio de la crisis financiera mundial, se ha hecho mucho para reformar El sistema financiero Mundial, pero queda mucho por lograr. La agenda de reforma de la reglamentación acordada por el G-20 en 2009 ha elevado el debate al más alto nivel político y se mantiene la atención internacional centrada en el establecimiento de una serie consistente de reglas. Una reforma integral, una vez acordada y ejecutada en su totalidad, tendrá implicaciones de largo alcance para el sistema financiero mundial y el desempeño de la economía mundial. En el diseño de las reformas, es imperativo que las autoridades mantengan su atención en el objetivo primordial de la creación de una sistema financiero que proporcione una base sólida para el crecimiento económico fuerte y sostenible.
Este trabajo sostiene que las reformas en curso se están moviendo en la dirección correcta, pero muchas decisiones politicas quedan por delante que son urgentes y desafiantes. Las políticas deben abordar no sólo los riesgos de los bancos individuales, sino también, sobre todo, los planteados por las entidades no bancarias y el sistema en su conjunto. Las recientes propuestas del Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria (BCBS) representan una mejora sustancial en la calidad y la cantidad de capital de los bancos, pero éstos sólo se aplican a un subconjunto del sistema financiero.
*FSB for reducing reliance on Credit Rating Agencies*
*Published in SUNS #7029 dated 29 October 2010*
Geneva, 28 Oct (Kanaga Raja) -- The Financial Stability Board (FSB) on Wednesday published a set of principles for reducing reliance on Credit Rating Agency (CRA) ratings.
The goal of the FSB-proposed Principles is to reduce the financial stability-threatening "herding" and "cliff effects" that currently arise from CRA rating thresholds being hard-wired into laws, regulations and market practices.
According to the FSB, the report on the Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings issued on Wednesday was endorsed by the G20 finance ministers and central bank governors at their meeting in Gyeongju, Korea on 22-23 October.
The FSB, whose secretariat is hosted by the Bank for International Settlements in Basel, was established to coordinate at the international level the work of national financial authorities and international standard-setting bodies, as well as to develop and promote the implementation of effective regulatory, supervisory and other financial sector policies in the interest of financial stability.
The Board comprises national authorities responsible for financial stability in 24 countries and jurisdictions, international financial institutions, sector-specific international groups of regulators and supervisors, and committees of central bank experts.
According to the FSB, the goal of the principles is to reduce mechanistic reliance on ratings and to incentivise improvements in independent credit risk assessment and due diligence capacity.
Banks, market participants and institutional investors should be expected to make their own credit assessments, and not rely solely or mechanistically on CRA ratings. The design of regulations and other official sector actions should support this, the FSB said.
Accordingly, said FSB, authorities should assess references to CRA ratings in laws and regulations and, wherever possible, remove them or replace them by suitable alternative standards of creditworthiness.
The principles aim to catalyse a significant change in existing practices, and they cover the application of the broad objectives in five areas: prudential supervision of banks; policies of investment managers and institutional investors; central bank operations; private sector margin requirements; and disclosure requirements for issuers of securities.
On the first principle of reducing reliance on CRA ratings in standards, laws and regulations, the FSB said that standard setters and authorities should assess references to credit rating agency ratings in standards, laws and regulations and, wherever possible, remove them or replace them by suitable alternative standards of creditworthiness.
"It is particularly pressing to remove or replace such references where they lead to mechanistic responses by market participants," said the FSB, adding: "Standard setters and authorities should develop alternative definitions of creditworthiness and market participants should enhance their risk management capabilities as appropriate to enable these alternative provisions to be introduced."
"Standard setters and authorities should develop transition plans and timetables to enable the removal or replacement of references to CRA ratings wherever possible and the associated enhancement in risk management capabilities to be safely introduced."
According to the FSB, the "hard wiring" of CRA ratings in standards and regulations contributes significantly to market reliance on ratings.
This in turn is a cause of the "cliff effects" of the sort experienced during the recent crisis, through which CRA rating downgrades can amplify pro-cyclicality and cause systemic disruptions. It can be also one cause of herding in market behaviour, if regulations effectively require or incentivise large numbers of market participants to act in similar fashion.
"But, more widely, official sector uses of ratings that encourage reliance on CRA ratings have reduced banks', institutional investors' and other market participants' own capacity for credit risk assessment in an undesirable way," the FSB added, noting that some jurisdictions have already implemented or are considering actions to remove or replace references to CRA ratings in their laws and regulations.
The second FSB principle on reducing market reliance on CRA ratings states that banks, market participants and institutional investors should be expected to make their own credit assessments, and not rely solely or mechanistically on CRA ratings, and that the design of regulations and other official sector actions should support this principle.
Firms should ensure that they have appropriate expertise and sufficient resources to manage the credit risk that they are exposed to. They may use CRA ratings as an input to their risk managements, but should not mechanistically rely on CRA ratings. Furthermore, they should publicly disclose information about their credit assessment approach and processes, including the extent to which they place any reliance on, or otherwise use, CRA ratings.
"Supervisors and regulators should closely check the adequacy of firms' own credit assessment processes, including guarding against any upward biases in firms' internal ratings."
At the same time, said FSB, CRAs play an important role and their ratings can appropriately be used as an input to firms' own judgement as part of internal credit assessment processes. They can provide economies of scale in analysing credit on behalf of smaller and less sophisticated investors, and can be used as an external comparator by all investors in their own internal assessments.
In general, therefore, principles in this area should recognize these useful functions and should differentiate according to size and sophistication of firm, and according to the asset class of instruments concerned (e. g. sovereign, corporate, or structured) and the materiality of the relevant exposures.
"At the same time, the principles should make clear that any use of CRA ratings by a firm does not lessen its own responsibility to ensure that its credit exposures are based on sound assessments," the FSB stressed.
The FSB also highlighted more specific principles for particular areas of financial market activity. In this context, its third principle covers central bank operations, prudential supervision of banks, internal limits and investment policies of investment managers and institutional investors, private sector margin agreements and disclosures by issuers of securities.
As regards central bank operations, the FSB states that central banks should reach their own credit judgements on the financial instruments that they will accept in market operations, both as collateral and as outright purchases, and their policies should avoid mechanistic approaches that could lead to unnecessarily abrupt and large changes in the eligibility of financial instruments and the level of haircuts that may exacerbate cliff effects.
Central banks should avoid mechanistic use of CRA ratings:
-- except when infeasible, by making independent determinations of whether a financial instrument should be eligible in its operations (both by being prepared to reject assets offered as collateral or for outright purchase despite their external ratings and by assessing whether any external rating change should lead to a change in a financial instrument's eligibility or haircut);
-- by reserving the right to apply risk control measures such as additional haircuts to any individual financial instruments or classes of collateral based on an internal risk assessment; and
-- by reserving the right to apply additional risk control measures such as additional haircuts to any individual financial instrument that has not been subject to an internal risk assessment by the central bank.
According to FSB, this would have a knock-on benefit in reducing the effect of CRA ratings on private sector investment policies, to the extent the policies key off acceptability as central bank collateral (e. g. in regulatory liquidity policies).
At the same time, central banks should conduct their communications and market operations in a way that avoids unnecessary market uncertainty from the use of internal assessments in determining eligibility.
Concerning prudential supervision of banks, the FSB underscored that banks must not mechanistically rely on CRA ratings for assessing the creditworthiness of assets. This implies that banks should have the capability to conduct their own assessment of the creditworthiness of, as well as other risks relating to, the financial instruments they are exposed to and should satisfy supervisors of that capability.
"In order to provide market discipline, banks should publicly disclose information about their credit assessment approach, and the proportion of their portfolio (or of particular asset classes) for which they have not conducted an internal credit assessment. This could be required for instance through Pillar 3 of the Basel II framework."
Banks using the standardised Basel II approach currently have minimum capital requirements based on CRA credit ratings. As long as some banks continue to have capital requirements based on CRA ratings, supervisory processes should be put in place to check the understanding of the appropriate uses and limitations of CRA ratings by these banks' risk managers, said FSB.
Additionally, larger, more sophisticated banks within each jurisdiction should be expected to assess the credit risk of everything they hold (either outright or as collateral), whether it is for investment or for trading purposes.
"Supervisors should incentivise banks to develop internal credit risk assessment capacity, and to increase use of the internal-ratings-based approach under the Basel capital rules. In order to do this, supervisors should enhance their ability to oversee and enforce sound internal credit policies. This may require an increase in resources devoted to bank risk management and supervisory oversight of risk management."
According to the FSB, banks' enhancement of internal credit risk assessment processes could be incentivised through restricting the proportion of the portfolio that is CRA rating-reliant, for example, by: requiring all large exposures (as defined under supervisory rules) to be internally assessed; setting a limit on the share of the overall portfolio or of particular asset types that solely relies on CRA ratings; and raising the capital requirements for investments not internally assessed.
The FSB also pointed to particular restrictions that could be applied to certain types of asset, such as, that large banks could be required to internally assess the creditworthiness of all sovereign and corporate exposures; and use of CRA credit ratings that incorporate an assumption of government support could be particularly tightly restricted.
Noting that the amended Basel II framework, to be implemented from end-2011, already states that securitisations will be deducted from capital if banks do not collect data on the underlying assets to be able to make their own assessment of credit and other risks, the FSB said that further steps could be taken to reduce the reliance on CRA ratings, and the cliff effects resulting from reference to CRA ratings, in the capital requirements for securitisations.
Particular restrictions could also be placed on investments in structured products too complex for banks to be able adequately to internally assess the credit risk.
The FSB stressed that these approaches would require further study of the ways in which they could change banks' incentives. For example, supervisors would need to oversee internal credit modelling carefully to guard against incentives for banks to make internal ratings higher than external ratings.
The Board underlined that while smaller, less sophisticated banks may not have the resources to conduct internal credit assessments for all their investments, they still should not mechanistically rely on CRA ratings and should publicly disclose their credit assessment approach.
"Such banks should understand the credit risks underlying their balance sheet as a whole and, for all exposures that would materially affect the bank's performance, (they) should make a risk assessment commensurate with the complexity and other characteristics of the investment product and the materiality of their holding."
As regards the policies of investment managers and institutional investors, the FSB underscored that investment managers and institutional investors must not mechanistically rely on CRA ratings for assessing the creditworthiness of assets.
"This principle applies across the full range of investment managers and of institutional investors, including money market funds, pension funds, collective investment schemes (such as mutual funds and investment companies), insurance companies and securities firms. It applies to all sizes and levels of sophistication of investment managers and institutional investors."
The Board said that CRA ratings are no substitute for investment managers' and institutional investors' due diligence, including the assessment of credit and other risks.
"While references to CRA ratings in internal limits, credit policies and mandates can sometimes play a useful role as broad benchmarks for transparency of credit policies, they should not substitute for investment managers' own independent credit judgements and that should be clear to the market and customers."
"Investment managers should conduct risk analysis commensurate with the complexity and other characteristics of the investment and the materiality of their exposure, or refrain from such investments. They should publicly disclose information about their risk management approach, including their credit assessment processes," the Board states.
The FSB also stressed that senior management and boards of institutional investors have a responsibility to ensure that internal assessments of credit and other risks associated with their investments are being made, and that the investment managers they use have the skills to understand the instruments that they are investing in and exposures they face, and do not mechanistically rely on CRA ratings.
"Senior management, boards and trustees should ensure adequate public disclosure of how CRA ratings are used in risk assessment processes."
The FSB also said that regulatory regimes should incentivise investment managers and institutional investors to avoid mechanistic use of CRA ratings. "Regulators of investment managers should enhance their ability to oversee and enforce sound internal credit policies."
The FSB pointed to a number of incentives to avoid the mechanistic use of CRA ratings that could include: restricting the proportion of a portfolio that is solely CRA ratings-reliant; supervisory monitoring of credit and other risk assessment processes (in the case of supervised investment managers and institutional investors); and requiring public disclosures of internal due diligence and credit risk assessment processes, including how CRA ratings are or are not used, with the aim of encouraging investment managers to develop more rigorous and individual processes, including in investment mandates, rather than relying on common triggers.
Another incentive is requiring public disclosures of risk assessment policies not only relating to rating thresholds but also according to types of instruments (thus reflecting the different nature of the risks applying to, e. g., structured finance compared with corporate bonds). Such disclosures should be made in a manner consistent with the goal of streamlining disclosures for customers.
With respect to private sector margin agreements, the FSB states that market participants and central counter-parties should not use changes in CRA ratings of counter-parties or of collateral assets as automatic triggers for large, discrete collateral calls in margin agreements on derivatives and securities financing transactions.
While using an external measure such as CRA ratings can be helpful as a third-party reference for setting margin requirements, market participants should use through-the-cycle initial margins and frequent, ideally daily, variation margin payments based on mark-to-market price changes for collateralising bilateral derivatives exposures; and standardized derivatives transactions should be cleared through central counter-parties, with consideration given to using through-the-cycle margins and haircuts, eliminating the need for bilateral margining for these products.
Furthermore, supervisors should review the margining policies of market participants and central counter-parties to guard against undue reliance on CRA ratings. They should not allow CRA rating triggers to be used as a factor that reduces regulatory capital requirements.
On disclosures by issuers of securities, the FSB said: "Issuers of securities should disclose comprehensive, timely information that will enable investors to make their own independent investment judgements and credit risk assessments of those securities. In the case of publicly-traded securities, this should be a public disclosure."
Noting that in some cases, investors have weaker access to issuer information than CRAs thus adding to their reliance on CRA ratings, the FSB underscored that improved disclosure by issuers to investors will facilitate the build-up of capabilities at banks, investment managers and institutional investors to conduct their own assessment of the creditworthiness of the financial products they invest in and thus enhance their ability to avoid mechanistic reliance on CRA ratings.
"Standard setters and authorities should review whether any references to CRA ratings in standards, laws and regulations relating to disclosure requirements are providing unintended incentives for investors to rely excessively on CRA ratings and, if appropriate, remove or amend these requirements."
The FSB has asked standard-setters and regulators to consider the next steps that could be taken to translate the principles into more specific policy actions to reduce reliance on CRA ratings in laws and regulations, taking into account the particular circumstances of products, market participants and jurisdictions. +
En los últimos meses, los argumentos a favor de la Tasa sobre Transacciones Financieras se han visto reforzados por nuevas aportaciones provenientes en ocasiones de donde menos se esperaba. Diversos acontecimientos han contribuido a crear unas bases sólidas para ir más lejos en lugar de limitarse a discutir sobre opciones para su implementaciónras (TTF) coordinada internacionalmente durante la próxima cumbre en Seúl. Nuestras organizaciones han venido defendiendo desde hace tiempo que este tipo de tasas representarían una forma práctica de generar los ingresos necesarios para subsanar los déficits financieros a escala nacional e internacional, prevenir el tipo de especulación financiera a corto plazo que aporta poco valor social pero plantea importantes retos a la economía y servir como la fuente sostenible que tan desesperadamente se necesita para financiar la sanidad y el desarrollo.
Este trabajo aborda la reforma del FMI y el sistema monetario. A pesar de algunas propuestas concretas se discuten, el objetivo no es proporcionar modelos, sino para llamar la atención sobre las deficiencias principales del sistema monetario internacional y las disposiciones financieras en la entrega de "bien público mundial de la estabilidad financiera." El documento comienza con un breve examen del registro del FMI en materia de alerta temprana y la prevención de crisis buscando en el análisis de los mercados financieros y el asesoramiento sobre políticas una ruptura del mercado. Esto es seguido por una discusión de las principales dificultades en la obtención de vigilancia eficaz y equitativa y la disciplina multilateral sobre las medidas macroeconómicas, tipos de cambio y las políticas financieras de países miembros del FMI y las posibles modificaciones a modalidades existentes y obligaciones. Los posibles beneficios de la vigilancia independiente, evaluación y el alcance de las obligaciones vinculantes en materia de tipos de cambio y la balanza de ajuste de los pagos. Se argumenta que no sólo los miembros del FMI conservar el derecho a ejercer el control sobre los flujos de capital, pero el Fondo debe alentar a que lo hagan cuando y como sea necesario, a través de sus programas de préstamos y el Artículo IV consultas.
La reciente crisis económica marcó el fin del mito de que los mercados financieros se autorregulan con éxito y en toda circunstancia. Carlos Marichal, uno de los más destacados historiadores económicos en América Latina, profesor investigador en El Colegio de México, expone:
El colapso de 2008 y 2009 indica que ahora viene una nueva época con mayor regulación y un mayor papel del Estado en los mercados.