Informe Anual 2012 "Los bonos en la mira; aporte y carga para las mujeres"

América Latina se caracteriza, también, por los contrastes en la situación de las mujeres frente a la de los varones, y de las mujeres entre sí. Profundos cambios demográficos (el aumento de la esperanza de vida, el descenso del número de hijos por mujer, y los cambios en las dinámicas familiares) han acompañado los progresos evidentes de las mujeres de la región en términos de acceso a la educación, de participación en el mercado de trabajo, y de participación política.

Las desigualdades existentes en la región no son aceptables y no se condicen con las condiciones materiales alcanzadas. Tampoco tienen justificación la mortalidad materna, el embarazo en adolescentes, el empleo precario o la desmesurada concentración del trabajo doméstico no remunerado en manos de las mujeres, y mucho menos la violencia de género.La participación laboral de las mujeres durante los últimos 50 años ha sido destacada como un factor decisivo en el desarrollo. Ha influido en el descenso de la fecundidad, lo que a su vez ha facilitado su acceso al mercado laboral. La educación también ha sido un factor de empoderamiento y de superación de la pobreza. Sin embargo, aún son muchas las mujeres pobres, e incluso las educadas siguen obteniendo menores ingresos que sus pares hombres. El aumento de la participación política de las mujeres ha cambiado el paisaje democrático, pero quienes llegan a los niveles más altos de representación aún deben enfrentar techos de cristal o barreras culturales y financieras que les impiden ejercer su ciudadanía política con más independencia y recursos.

Los indicadores de autonomía física del OIG revelan los obstáculos que enfrentan las mujeres en la región para decidir libremente acerca de su sexualidad y la reproducción, y para ejercer el derecho a vivir una vida libre de violencia.

• Muerte de mujeres ocasionada por su pareja o expareja íntima.La violencia hacia la mujer puede darse dentro de la familia, en la comunidad, puede ser cometida o consentida por el Estado, puede surgir a partir de los conflictos armados y puede ser consecuencia de la discriminación. Cualquiera que sea incluye maltrato físico y psicológico, abuso sexual, humillación, feminicidio, acoso, asedio y explotación sexual, mutilación de genitales femeninos, torturas, esterilización forzada, matrimonio forzado, ser discriminada por su condición de migrante o por ser portadora o no de VIH.

Durante 2011, se registraron 466 muertes de mujeres ocasionadas por su pareja o expareja íntima en diez países de la región (Chile, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, Perú, República Dominicana y Uruguay).

Ese mismo año, se registraron 1.139 homicidios por razones de género en ocho países de la región (Chile, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay).

Esto muestra que un 29,4% de los asesinatos de mujeres por razones de género, en este grupo de países, fueron provocados por sus novios o exnovios, esposos o exesposos, convivientes o exconvivientes.

Se constata así una leve disminución respecto del año anterior (30,9%) en la proporción de muertes de mujeres por su pareja o expareja íntima respecto de los homicidios de género.

• Mortalidad materna.Generada principalmente por la falta de atención medica y la pobreza. Para la región (América Latina) de los 28 países, 15 de ellos cuenta con una tasa de mortalidad materna superior a la media regional (81 por 100.000 nacidos vivos en 2010). El cambio se da a partir de un aumento de la atención del parto por personal especializado, lo que ha redundado en una importante caída de la tasa de mortalidad materna.
• Maternidad en adolescentes: porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años que son madres. Abarca las desventajas que sufren las mujeres más jóvenes en el acceso y uso de recursos de la salud sexual y reproductiva, lo que se manifiesta en una alta tasa de fecundidad en adolescentes. Aunque el embarazo adolescente se puede presentar en todos los estratos sociales, es predominante en los sectores de menos nivel socioeconómico.
  Esta situación es un enorme desafío, en la medida en que la maternidad temprana aumenta la pobreza de las adolescentes, dificulta sus posibilidades educacionales al generar deserción escolar en lo inmediato y reduce sus posibilidades de inserción laboral. En este contexto, la desigualdad se agudiza por cuanto se fomenta la reproducción intergeneracional de la pobreza, afectando uno de los pivotes centrales, como es la autonomía de las mujeres.
• Demanda insatisfecha de planificación familiar: porcentaje de mujeres unidas que no desean tener más hijos o que postergarían el siguiente nacimiento de un hijo, pero que no están usando un método de planificación familiar. Considerando a las mujeres de 15 a 49 años, casadas o en unión consensual, que no desean tener más hijos o que postergarían el siguiente nacimiento de un hijo, pero que no están usando ningún método de planificación familiar, en relación con el número de mujeres en edad reproductiva, de 15 a 49 años, que están casadas o en uniones consensuadas. La mayor demanda y la insuficiente oferta de servicios de salud reproductiva, la falta de apoyo de la pareja y los costos y dificultades del acceso a los métodos anticonceptivos en algunos países.

El incremento de la presencia de las mujeres en la presidencia de los gobiernos de la región, el parlamento, el poder judicial y otros ámbitos de toma de decisiones es parte de la presencia y el reconocimiento de un nuevo sujeto de la política y de los cambios que experimentan las democracias de la región, lo que ha modificado la imagen y el hacer de los espacios de poder. En los últimos seis años, han sido electas presidentas seis mujeres en América Latina y el Caribe.

En cuanto a los indicadores de autonomía en la toma de decisiones, se tratan de la presencia de las mujeres en los espacios deliberativos de los distintos niveles de los poderes del Estado y a las medidas orientadas para promover su participación plena y en igualdad de condiciones

• Poder ejecutivo: porcentaje de mujeres en los gabinetes ministeriales.
• Poder legislativo: porcentaje de mujeres en el principal órgano legislativo nacional.
• Poder judicial: porcentaje de mujeres ministras en el máximo tribunal de justicia o corte suprema.
• Poder local: porcentaje de mujeres alcaldesas electas.
• Poder local: porcentaje de mujeres concejalas electas.
• Países que han firmado y ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
• Nivel jerárquico de los mecanismos para el adelanto de la mujer

Estos indicadores del OIG señalan la evolución del acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones en el más alto nivel de ese poder del Estado, la participación de las mujeres en los gabinetes a lo largo de los tres últimos períodos presidenciales de los que se dispone de información

Permite tener una aproximación a la decisión política de los gobiernos respecto de la participación de las mujeres en cargos de alto nivel en la toma de decisiones y observar el tipo de ministerios que se les asignan.

La representación parlamentaria de las mujeres en América Latina y el Caribe comienza a elevarse a partir de la década de 2000, como resultado de las leyes de cuotas. En la región, la cuota o la paridad para cargos de elección popular ha sido tipificada en 14 países, en la actualidad, 12 países la han implementado. La proporción de mujeres que integran los parlamentos nacionales, como promedio regional, de 23,2% en 2012, es superada por 10 de los 33 países. Entre ellos están la Argentina (37%), Costa Rica (39%), el Ecuador (32%), Bolivia (Estado Plurinacional de) (25%) y México (26%), todos los cuales cuentan con leyes de cuotas o de paridad implementadas. También se observan resultados significativos en Cuba (45%) y en Nicaragua, donde la proporción de mujeres en el parlamento aumentó casi al doble, del 21% al 40% en las últimas elecciones.

En la última década la participación de las mujeres en los máximos tribunales de justicia ha aumentado en forma considerable, desde un promedio del 10% en 2001 hasta el 22,6% en 2011.

En la mitad de los países de América Latina la presencia de mujeres en el máximo tribunal de justicia supera el promedio regional del 23%.