Los gobiernos de la Unión Europea (UE) tendrían la facultad de bloquear adquisiciones de compañías por parte de inversores chinos o de otros extranjeros, incluso cuando se concreten a través de empresas fantasma europeas, según señalan los planes diseñados por la Comisión Europea para controlar de manera más exhaustiva la inversión extranjera.
El borrador del "marco" para el control de inversiones extranjeras descripto ayer por el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker durante su debate anual sobre el Estado de la Unión Europea ante los eurodiputados reunidos en Estrasburgo, al noreste de Francia incluye una cláusula "anti-evasión" apuntada a abordar casos donde un inversor no miembro de la UE arma una empresa europea simplemente para evadir los procesos de aprobación nacionales.
Normalmente, las adquisiciones de compañías dentro de la UE están exentas de los procesos de control que evalúan si la operación constituye una amenaza en materia de seguridad nacional debido a las leyes de libre movimiento de capital dentro del bloque.
Pero la idea es que los gobiernos deberían poder evaluar y bloquear compras de activos si queda claro que la táctica de un inversor extranjero consiste en hacer "acuerdos artificiales dentro de la UE que no reflejan la realidad económica".
Las propuestas apuntan a abordar la creciente inquietud tanto en ámbito político como público sobre el crecimiento de la inversión china en Europa, y la falta de un acceso similar al mercado chino para las compañías de UE.
En Alemania, la adquisición el año pasado del fabricante de robots Kuka por parte del gigante de electrodomésticos chino Midea una operación por 4500 millones de euros despertó temores a que esas inversiones puedan debilitar la ventaja tecnológica del país. Los funcionarios franceses lamentaron la venta de una participación mayoritaria en el puerto griego Piraeus a la empresa estatal china Cosco Shipping, con el argumento de que eso genera para Europa problemas vinculados a la soberanía.
El borrador de la regulación fija un "marco habilitante" que exigiría a los gobiernos compartir información entre sí y con Bruselas sobre adquisiciones sensibles, e informar qué adquisiciones quieren investigar.
La comisión podría intervenir y brindar una opinión no vinculante cuando crea que una inversión extranjera "probablemente vaya afectar la seguridad o el orden público en uno o más estados miembro". Su función sería reforzada en casos donde las compañías participen de "proyectos o programas que sean de interés para la Unión" como el proyecto "Galileo" de la UE que tiene como misión desarrollar un sistema de navegación satelital.
La posición de Bruselas en cuanto a esas operaciones serían no vinculantes pero el país de la UE que está estudiando la adquisición tendría que "tomar en cuenta al máximo la opinión de la comisión y dar una explicación... en caso de haberla descartado".
La comisión quiere agregar a la legislación una lista no exhaustiva de ese tipo de proyectos. El borrador deja en claro que el potencial alcance será grande, que cubriría "en particular" aquellos "que implican un sustancial monto o una parte significativa de la financiación de la UE, o que están cubiertos por legislación de la Unión en cuanto a infraestructura crucial, tecnologías cruciales o insumos cruciales".
La idea de investigar la inversión extranjera directa genera divisiones dentro de Europa, donde sólo una docena de países tienen sistemas en funcionamiento. Francia, Alemania e Italia fueron los primeros en solicitar medidas a nivel de la UE.
París y otras capitales que respaldan la idea han argumentado que algunos de los socios comerciales más poderosos de Europa ya cuentan con rigurosos procesos de control, en particular el sistema Cfius en Estados Unidos, al cual otros países recurren como modelo.
La regulación en borrador deja en claro que los gobiernos no serían obligados a crear sistemas nacionales contra su voluntad, si bien se espera que mantengan "puntos de contacto" para que Bruselas y otras capitales puedan disipar sus dudas sobre adquisiciones sensibles.
Las medidas son necesarias "para proteger activos europeos cruciales contra inversiones que serían perjudiciales para los legítimos intereses de la Unión Europea o sus estados miembro", según el texto.