El 10% más rico de la población mundial se lleva actualmente el 52% de la renta mundial, mientras que la mitad más pobre obtiene el 6,5% de la misma informó este martes la subdirectora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas.
Manuela Tomei explicó que ocho años después de su adopción, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible está siendo puesta a prueba por la pandemia COVID-19, el cambio climático, la guerra en Ucrania y las transiciones demográfica y digital.
“La pandemia mató a más de 6,8 millones de personas, sumió a millones en la pobreza extrema y el hambre, y destruyó empresas y puestos de trabajo. Muchos países aún se están recuperando de ella, mientras el mundo se enfrenta a otras crisis”, declaró.
Por ello, señaló que crecieron las desigualdades en materia de ingresos, empleo y derechos y que también se intensificó la discriminación y hostilidad hacia las mujeres, los migrantes y los refugiados.
“La participación de las mujeres en los ingresos totales procedentes del trabajo es inferior al 35%, lo que supone sólo un aumento del 5% respecto a 1990”, destacó. Al mismo tiempo señaló que “214 millones de trabajadores viven en la pobreza extrema -con menos de 1,90 dólares al día- y que el número de trabajadores pobres está aumentando en los países en desarrollo”.
Amplia disparidad en el mercado laboral
Seguidamente, Tomei destacó la desigualdad entre los mercados laborales mundiales, tanto en oportunidades como en resultados, y dijo que persisten grandes brechas de género en el empleo, el desempleo, la remuneración y las pensiones.
“Unos 290 millones de jóvenes en todo el mundo no reciben educación, empleo o formación, mientras que 2000 millones de personas trabajan en la economía informal”, alertó.
Del mismo modo, señalo que a causa de la pandemia de COVID-19, la inestabilidad de los empleos y los ingresos, las condiciones de trabajo insalubres e inseguras y la falta de protección social provocaron un impacto desproporcionado en estos trabajadores, que vieron cómo sus ingresos se reducían en un 60% en 2020.
La inflación agudizó la inseguridad alimentaria
A continuación, subrayó que la subida de los precios del trigo y el petróleo en otoño de 2021, acentuada por la guerra en Ucrania, sirvió para agravar la inseguridad alimentaria y que continúa erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente de los que se encuentran en la parte inferior de la distribución de ingresos, alimentando disturbios sociales y huelgas.
“La pandemia confirmó que los altos niveles de desigualdad debilitan la capacidad de resistencia de las personas y las empresas frente a las crisis”, afirmó.
Finalmente describió la desigualdad “como un fenómeno multidimensional, específico de cada país y de cada época” y añadió que “ninguna actuación política individual ni ningún actor aislado conseguirán resolver el problema, sino que será necesaria una combinación de todos ellos”.