En Bolivia existen condiciones estructurales y políticas que le permiten mayor resiliencia frente a la crisis alimentaria que enfrenta el mundo en 2022. La política económica boliviana le ha permitido que, a junio de 2022, tenga una tasa de inflación de 1.79% y perspectivas de crecimiento de 3.9%; un escenario distinto al de sus vecinos.
La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) tiene efectos sobre las actividades del sistema alimentario (producción, transformación, distribución, comercio y consumo de alimentos) y sus resultados, sobre todo en términos de seguridad alimentaria y bienestar social.
Hay cinco canales externos a través de los cuales el COVID-19 afecta a la región: i) la disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos; ii) la caída de los precios de los productos primarios; iii) la interrupción de las cadenas globales de valor; iv) la menor demanda de servicios de turismo, y v) la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.
