La propuesta que se expone en el presente documento por parte de la CEPAL, es hacer visible la interdependencia existente entre la justicia y la igualdad de género en todo el ciclo de las políticas públicas. En este tenor, la CEPAL ha sostenido que hay un vínculo entre igualdad y justicia social, y que la igualdad torna la dignidad y el bienestar de las personas en un valor irreductible, articula la vida democrática con la justicia social y vincula el acceso a los derechos con una ciudadanía efectiva, siendo este un gran desafío pendiente aún en la región de América Latina y el Caribe, donde las brechas de equidad son, y han sido, las mayores del mundo.
A pesar de los avances que se han tenido en la igualdad de género las estructuras de poder no se han modificado de manera sustancial; subsistiendo distinciones de género profundamente arraigadas en las sociedades de la región, que se reflejan también en las diferencias de clase, de etnia y generacionales, entre otras. Bajo esta dimensión, en el documento se expresa que la justicia de género debe tanto abordar la dimensión económica de las desigualdades, como enfrentar las normas y patrones culturales que asignan a las mujeres un estatus inferior en la interacción social. Obligando a ir más allá de la mera distribución de bienes y recursos, considerando además el reconocimiento de la diversidad de los sujetos y situaciones de discriminación y su representación a través de la participación paritaria en las decisiones sociales y políticas.
Enfocando esta búsqueda de la justicia de género hacia fundamentos como los de: la defensa de una política social de igualdad y una política cultural de la diferencia, en el entendido de que la mayoría de las injusticias se combinan injusticias de redistribución y de reconocimiento. Siendo una política justa para la igualdad de género, la que pudiera entrelazar de manera mutuamente positiva objetivos redistributivos con objetivos de reconocimiento y objetivos de representación puestos en el espacio público por los distintos actores.
Por lo que se refiere al conjunto de políticas analizadas, estas son expuestas ya que, en el contexto de procesos históricos específicos y por medio de los recursos disponibles, han producido resultados que tienden a la justicia distributiva, de reconocimiento y representación, fortaleciendo los logros de las mujeres en tres aéreas: autonomía física, económica y política.
De acuerdo con la CEPAL, las políticas del Brasil y del Uruguay, son políticas orientadas a enfrentar la violencia dirigida a las mujeres por ser mujeres; políticas que tienden a la justicia de género, en la medida en que promueven el logro de la autonomía física de las mujeres pero sobre todo porque ponen en cuestión el orden sobre el que se basa la violencia contra las mujeres al combatir una práctica basada en la desigualdad y la discriminación de género. En este tenor, una política más vinculada con la autonomía física de las mujeres, es la política de interrupción voluntaria del embarazo de Colombia, política que de acuerdo con el documento, considera el respeto a derechos fundamentales como lo es el derecho a la vida, la salud, la igualdad y la autonomía reproductiva de las mujeres.
En lo referente a las políticas que responden a la situación de desigualdad en la esfera política, expresada en la dificultad de las mujeres para participar en igualdad de condiciones con los hombres y acceder a puestos de elección popular y de tomas de decisiones, son las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia y de paridad política de Costa Rica; mismas que se enmarcan en la necesidad de revertir desigualdades consuetudinarias y diferencias de puntos de partida entre hombres y mujeres, estableciendo condiciones para avanzar en una mayor autonomía de las mujeres en la toma de decisiones.
En tanto, sobre la reforma previsional de Chile, ésta representa un avance tanto en lo redistributivo como en el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas con iguales derechos que los hombres, así como el trabajo remunerado y no remunerado realizado por ellas. En el caso de México, la política analizada en el presente documento, aborda el rol distributivo del Estado como garante de la igualdad, asegurando que un porcentaje del presupuesto federal será destinado a políticas, programas y actividades para las mujeres.
Finalmente, se expresa que estas políticas orientadas a la resolución de distintos tipos de problemas, tienen en común que abordan la desigualdad de género y avanzan en entregar mayor autonomía a las mujeres, fundándose en la convicción de que la igualdad implica formas de convivencia en que es prioritario la reasignación de recursos y servicios para reducir las brechas existentes en cuanto a la plena titularidad de derechos.
