Empresarios y políticos de derecha señalan, con insistencia, que la economía no crece porque las reformas de la Presidenta Bachelet han afectado el ambiente de los negocios. Las “expectativas” son malas, aseguran los economistas del establishment, siempre coincidentes con el empresariado. De pasada, aprovechan de publicitar a Piñera diciendo que su presidencia recuperará el crecimiento perdido.
La ideologización impide pensar, porque existen indicaciones manifiestas de que el crecimiento económico se ha desacelerado por la disminución de la productividad. En realidad, fueron los muy buenos precios del cobre los que favorecieron la expansión económica en el gobierno de Pinera e hicieron olvidar la preocupación por la productividad.
Pero la insuficiente productividad es un fenómeno estructural que se arrastra hace ya largos años. Es consecuencia de una matriz productiva estrecha, escasamente diversificada, basada en recursos naturales. Sucede que las actividades económicas extractivas limitan las oportunidades para innovar y, como bien señala el economista Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard, la economía chilena, fundada en el precio del cobre, sin refinar, cierra las puertas al desarrollo.
Por su parte, el economista Ha-Joon Chang de la Universidad Cambridge destaca que el desarrollo se potencia solo cuando aumentan las habilidades productivas de las personas, cuando mejora su capacidad de organizarse en emprendimientos innovadores y logran transformar el sistema productivo. Es decir, el progreso técnico y los trabajadores educados son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de los países.
Los argumentos de Hausmann y Chang caen en el vacío en nuestro país. Porque, más allá de la retórica, siempre se ha eludido implementar cambios sustantivos para modificar la matriz productiva de recursos naturales. En la lógica neoliberal, que caracteriza al establishment, debe ser exclusivamente el mercado el orientador de los operadores económicos. Sin embargo, para mejorar la productividad se precisa ir más allá de los recursos naturales. Y, para ello, es requisito terminar con la pasividad del Estado y convertirlo en un agente activo de la transformación productiva.
En primer lugar, no se puede continuar con la concesión generosa de los recursos naturales. Se precisa de royalties efectivos. Quizás se imponga la razón ahora que la OCDE sugiere que nuestro país debiera aumentar los impuestos a las actividades extractivas. Al mismo tiempo, el Estado debiera desplegar una política económica activa, entregando incentivos claros a aquellos agentes económicos dispuestos a invertir en actividades industriales, para que así el empresariado oriente sus esfuerzos hacia procesos de transformación.
En segundo lugar, se requiere un decidido impulso a la inversión en ciencia y tecnología, que la duplique en un periodo de cuatro años. Actualmente esa inversión es apenas 0,38% del PIB, bastante menos del 2,4%, que es la media de los países de la OCDE. Hay que anotar que no se han utilizado en su plenitud los recursos provenientes del impuesto específico a la minería, establecido en el 2005.
En tercer lugar, hay que perseverar, y no retroceder, en la educación gratuita para todos los jóvenes, con elevación sustantiva de su calidad. Esto les permitirá manejar nuevas tecnologías y mejorar procesos productivos. El rechazo empresarial a la reforma educacional, y la defensa estrecha del lucro en colegios y universidades privadas, le hace un flaco favor al desarrollo de nuestra economía.
En suma, no son las reformas de la Presidenta Bachelet ni tampoco los vaivenes de la economía internacional las que dificultan el crecimiento económico y afectan el desarrollo a largo plazo de nuestro país. El problema radica en la baja productividad de la economía y ésta no mejorará si se persevera en una matriz productiva centrada en la explotación forestal, las riquezas minerales y los recursos marinos.
Las actividades extractivas no favorecen la innovación, no ayudan a generar encadenamientos hacia el conjunto de la economía y generan un empleo precario. Además, este modelo productivo, como en otros países, ha concentrado el poder económico en una reducida elite, cuyas rentas extraordinarias les han permitido capturar a la clase política. Aquí radica la base material de las desigualdades y la dificultad para convertirnos en país desarrollado.