La industria automotriz radicada en México insiste en su negativa a las propuestas de Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, ha calificado este lunes de “desfavorables, inalcanzables y no realistas” los últimos planteamientos puestos encima de la mesa de negociación por parte de los negociadores estadounidenses y ha anunciado que ya trabajan con el Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) en una contrapropuesta que fije una regla de origen “alcanzable y asequible”, de la que no ha ofrecido más detalles.
“Las condiciones no son aceptables para permitir que el comercio siga siendo como hasta hoy”, ha subrayado Solís en un encuentro con medios de comunicación. El nuevo posicionamiento de la AMIA llega en un momento clave en las conversaciones para la renovación del mayor acuerdo comercial del planeta: a punto de que expire la autorización del Legislativo a Trump para que pueda negociar de forma autónoma y con la fecha tentativa de cierre de la negociación (15 de mayo), a la vuelta de la esquina. Los ministros al cargo de las conversaciones se verán las caras de nuevo el próximo lunes en Washington.
Consciente de que el reloj corre y sus posiciones de partida eran inasumibles para sus dos socios regionales, la Administración Trump ha flexibilizado en las últimas semanas sus planteamientos para el sector que más pesa en los intercambios trilaterales: el automotor. Sin embargo, esta rebaja de sus expectativas sigue sin ser suficiente tanto para la industria mexicana como para las armadoras europeas y asiáticas con intereses en la región, que temen que lo propuesto por EE UU aumente sus costes y, por tanto, merme su capacidad para competir en un mercado plenamente globalizado. Tampoco los propios fabricantes estadounidenses están en total sintonía con su propio Ejecutivo, con el que recientemente han intensificado sus encuentros para acercar posturas.
La última propuesta estadounidense plantea un aumento del 62,5% al 75% en el mínimo de componentes fabricados en América del Norte que deben montar todos los automóviles ensamblados en EE UU, México o Canadá. También que al menos el 40% del valor total de los vehículos ligeros y el 45% de los pick-ups sean fabricadas en un país en el que el promedio de los salarios manufactureros sea de al menos 16 dólares por hora: un requisito que, en la práctica, solo podrían cumplir EE UU y Canadá. Y que el 70% del acero y del aluminio necesitado para la producción sea de fabricación norteamericana. Las dos primeras exigencias son las que más ampollas han levantado entre los fabricantes mexicanos.
“Buscamos que el nuevo acuerdo no genere una disrupción del comercio, que puedan fluir las inversiones en los tres países. Una buena parte de la industria en EE UU, fundamentalmente las asiáticas y las europeas, se han pronunciado desfavorablemente y [creemos que] es muy importante unirnos a estas voces”, ha incidido Solís. “AMIA está por una regla de origen que pueda funcionar; que asegure una mayor integración de América del Norte, pero también que el TLC siga siendo exitoso”. En el mismo sentido, un estudio del Center for Automotive Research, un centro de estudios del gremio con sede en la capital mundial del automóvil -Detroit- alertó la semana pasada de los efectos negativos que la actual propuesta estadounidense tendría sobre las ventas y las exportaciones de coches fabricados en la región. Según sus cálculos, las propuestas de Washington llevarían a varias ensambladoras y fabricantes de autopartes a otras regiones con menores requisitos y costes más bajos.
Aunque las condiciones que el nuevo tratado comercial norteamericano fije sobre el sector automotor -de largo, el más importante en las transacciones entre México y EE UU- siguen siendo el corazón de las discrepancias, ni mucho menos son los únicos puntos de controversia pendientes de resolver en los próximos días. Washington sigue sin renunciar a su exigencia de que el tratado quede automáticamente en papel mojado cada cinco años si los tres países no acuerdan antes lo contrario (la llamada sunset clause). Tampoco a establecer duras cláusulas de estacionalidad en la entrada de productos agrícolas mexicanos ni a cambiar los mecanismos de resolución de disputa entre empresas y Estados. Muchos temas a resolver en poco más de dos semanas.
