La renta básica sigue ganando adeptos a marchas forzadas. El brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico en América Latina y el Caribe (la Cepal) ha llamado este martes a los Gobiernos de la región a crear un ingreso de emergencia que permita a los sectores más golpeados de la población a sobrevivir durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus. Esta renta, que equivaldría a la línea de la pobreza (143 dólares para la media regional) y tendría una duración inicial de seis meses, la cobrarían inicialmente los 215 millones de personas (la tercera parte de la población) que están por debajo del umbral de la carestía e iría ampliándose en el medio plazo. A futuro, sin embargo, debería ser el germen de un ingreso básico verdaderamente universal, que cobrarían todos los habitantes de la región.
“Es lo que recomendamos a los países que hagan en este momento: los Gobiernos deben garantizar transferencias monetarias temporales para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Es la salida, al menos mientras no haya actividad económica”, ha subrayado la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, en una teleconferencia desde Santiago de Chile. En la región ya hay 23 países que han puesto en marcha programas de transferencias directas a los sectores más vulnerables, pero los montos y las coberturas distan mucho de ser suficientes. “Son medidas importantes, pero debemos hacer un esfuerzo adicional”.
El coste de la medida propuesta por la Cepal varía enormemente en función del grupo de población que vaya a recibir la transferencia mensual y del periodo de tiempo durante el cual esté en vigor. Si se restringiese a las personas en situación de pobreza durante medio año, como recomienda el organismo en un primer momento, sería del 3,4% del PIB; si fuese universal (para todos los ciudadanos), ascendería hasta el 9,8% pero permitiría también revivir una demanda agregada que pasa por sus horas más bajas. La importancia de este ingreso de emergencia estriba, sobre todo, en la alta preeminencia de la pobreza —que crecerá con la pandemia— y en la elevada informalidad, que afecta a más de la mitad de los latinoamericanos. “El objetivo estratégico, de largo plazo, debe ser el ingreso básico universal. Sería liberador: daría libertad a las personas para no estar en una sobrevivencia precaria. Y hay que avanzar gradualmente hacia él”, ha remarcado la jefa de la Cepal. En México, según sus cálculos, una transferencia mensual a todos los ciudadanos de 73 dólares al mes (el coste de la canasta básica alimentaria en áreas urbanas) supondría un desembolso de alrededor del 10% del PIB.
¿Es viable esta medida desde el punto de vista del gasto público? “Creemos que hay espacio para hacerlo en la región: por lo pronto podríamos echarle la mano a la evasión y la elusión fiscal, que a la región le está costando el 6,3% del PIB, la mitad del gasto social medio de los Gobiernos", responde Bárcena. La Cepal apela, además, a un nuevo pacto social y fiscal, con más progresividad en la recaudación y que incluya al 1% más rico, que abra más espacio para que los Gobiernos puedan actuar. En otras palabras: “Que los ricos paguen”. Según los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la brecha de recaudación entre la media regional y los países ricos se ha quedado anclada en niveles de hace una década larga.
La crisis sanitaria dispara la pobreza
En la crisis de deuda latinoamericana de la década de los ochenta, cuando la tasa de pobreza se disparó por encima del 50%, a la región le costó un cuarto de siglo volver a los niveles previos. Esta vez, con el severísimo azote del coronavirus sobre la economía, la carestía pasará al 30,3% al 34,7%, el nivel más alto en 13 años atrás: 214 millones de personas quedarían bajo este umbral si no se implementan las medidas anunciadas por los Gobiernos. En el caso de la pobreza extrema, el aumento será del 11% al 13,5%, pasando de 67 a 83 millones de personas según los datos de la Cepal. “Es algo muy grave: lo que hagamos hoy nos va a hacer o no caer en una nueva década perdida”, subraya Bárcena, que apunta a la caída en las remesas que envían a sus familias los emigrantes en Estados Unidos y en Europa como un factor claramente coadyuvante en esta dinámica.
Hasta ahora, los Gobiernos latinoamericanos han puesto en marcha cinco tipos de medidas, según los datos recopilados por la Cepal: transferencias monetarias y de alimentos (la modalidad elegida por la mayoría de países de la región, a la que están destinando, de media, el 0,7% del PIB, el doble que antes de la pandemia), transferencias en especie, suministro de servicios básicos, mecanismos de protección social para trabajadores formales y otros apoyos directos.
“Nos preocupan, sobre todo, en los trabajadores informales: son más de la mitad de la población y no pueden generar ingresos ahora ni tienen ahorros. Para los pobres las cuarentenas son más difíciles de cumplir y tienen peores consecuencias”, ha remarcado Bárcena. Más de la mitad de la población económicamente activa es informal, sin protección de ningún marco normativo. “Lo que ha caracterizado a nuestra región en los últimos años es que quienes lograron salir de la pobreza extrema lo hicieron para La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha llamado a los Gobiernos de la región a crear un ingreso de emergencia que permita a los sectores más golpeados de la población a sobrevivir durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus. Esta renta, que equivaldría a la línea de la pobreza (143 dólares para la media regional) y tendría una duración inicial de seis meses, la cobrarían inicialmente los 215 millones de personas (la tercera parte de la población) que están por debajo del umbral de la carestía e iría ampliándose en el medio plazo.ingresar en estratos pobres no extremos y bajos no pobres", ha destacado la secretaria ejecutiva del ente. “Hubo movilidad social alrededor de los años 2000, pero a raíz de esta pandemia vamos a ver un retroceso muy importante, con un incremento de los estratos extremadamente pobres”.
