Absteniéndose de comprar productos chinos en la medida de lo posible, se puede ayudar a los uigures obligados a trabajar". Gheyret Kenji se nacionalizó japonés en 2008. Sus palabras, en las que pedía el fin de los trabajos forzados chinos, fueron citadas en un libro del que son coautores el crítico Kotaro Miura y la Asociación Uigur de Japón titulado Nihonjin Ni Natta Uyghur Jin Tachi ni Chugoku ga Yatteirukoto (Sankei Shimbun Publishing, 2022). Significa "Lo que China está haciendo a los uigures que se hicieron ciudadanos japoneses".
Según el informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) del pasado mes de julio, la cuota de China en todas las fases clave de la fabricación mundial de paneles solares supera el 80%.
Entre los elementos clave, el 40% del silicio policristalino mundial se produce en Xinjiang. Las violaciones de los derechos humanos y el trabajo forzado en la región son problemas de larga data.
El pasado mes de junio, Estados Unidos puso en vigor la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur, que prohíbe las importaciones procedentes de Xinjiang. Al parecer, la Unión Europea está estudiando una normativa similar. El 22 de diciembre, la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos inició una investigación sobre ocho grandes fabricantes de automóviles japoneses, europeos y estadounidenses en relación con posibles vínculos con el trabajo forzado en Uigur.
Desgraciadamente, la Dieta Nacional de Japón (asamblea nacional nipona) es lenta a la hora de adaptarse a las tendencias mundiales. El 5 de diciembre, la Cámara de Consejeros aprobó una resolución sobre derechos humanos. En ella se instaba "al gobierno del país en cuestión" a responsabilizarse de las cuestiones de derechos humanos.
Sin embargo, al igual que en una resolución similar aprobada el pasado febrero por la Cámara de Representantes, la Dieta no mencionó las palabras "China" ni "violaciones de los derechos humanos".
El Gobierno Metropolitano de Tokio va aún más en contra de los tiempos. Ha promulgado una ordenanza que exige la instalación de paneles solares en los tejados de las casas de nueva construcción. ¿Cómo se asegurará el gobierno de no recurrir a paneles solares contaminados por el trabajo forzoso chino?
La ordenanza entrará en vigor en abril de 2025. ¿Significa eso que el gobierno espera que la situación de los derechos humanos en Xinjiang mejore drásticamente para entonces? Si no es así, ¿podrá garantizar una cadena de suministro sin vínculos con las violaciones de los derechos humanos en China? Las preguntas son interminables.
El Sr. Gheyret ha suplicado: "Por favor, ayuden a mi pueblo expresando claramente su intención de no comprar productos chinos".
