No hay duda que el actual sobresalto de las economías exportadoras hubiera sido tímido y diferido de haber establecido cuantiosos fondos de estabilización cuando se tuvieron altos precios del petróleo. Lo anterior se infiere de la relación positiva entre Precio-Inversión-Producción (PIP) aludido por los escritores, siempre y cuando esté vigente una legislación energética con vocación de mercado.
Se inicia con un simplificado bosquejo teórico de las modalidades que puede presentar un mercado petrolero: en lo concerniente al nivel de injerencia del sector público se tiene a Compañías Estatales de Petróleo (CEP´s) “bajo control del gobierno” o “regidas por leyes privadas” (diferenciadas por la distribución de la renta, administración, comportamiento comercial y responsabilidad) y, referente a la desregulación de la formación bruta de capital, existen CEP´s con “disponibilidad directa a la inversión privada” o “mediadas por un Órgano de Regulación Descentralizado (ORD)” (distintas en los tópicos de acceso a las reservas del hidrocarburo y nivel de competencia). Con base al cumplimiento del nexo PIP se califica de ejemplar al grupo de países conducidos por leyes privadas y con facilidad de inversión privada (Brasil, Colombia y Perú) y de ineficaz al conjunto de economías caracterizadas por control del gobierno y poseedoras de un ORD (Argentina, Ecuador, México y Venezuela).
En lo que refiere a la evidencia empírica se toman en cuenta las reformas a los estatutos del sector petrolero en cada uno de los 7 países (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela): las naciones que forman el grupo ejemplar tuvieron enmiendas acordes a los requerimientos de un mercado con protagonismo del sector privado, mientras que la otra congregación privilegio un viraje con mayor injerencia del ente gubernamental. Es claro que el trabajo va en la dirección del Estado como agente distorsionador en el mercado petrolero.
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