Costa Rica se ha convertido formalmente en el trigésimo octavo país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el cuarto país de América Latina y el Caribe en unirse a la institución después de México, Chile y Colombia, según ha informado el organismo en un comunicado este martes.
"Estamos encantados de dar la bienvenida a Costa la familia de la OCDE en un tiempo en el que el multilateralismo es más importante que nunca", ha destacado el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.
El país tico ha completado los procedimientos domésticos para la ratificación de la Convención de la OCDE y ha depositado su instrumento de acceso, lo que supone una conclusión exitosa del proceso de acceso que comenzó en abril de 2015.
Gurría ha manifestado su impresión por el compromiso de todos los bloques políticos del país para adherirse al organismo, a pesar de la pandemia. "Esto refleja la importancia de trabajar juntos para diseñar e implementar mejores políticas, y Costa Rica sin duda representará un nuevo faro para la OCDE en la región", ha apostillado.
Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha señalado en su cuenta de Twitter que el país trabajará una "política pública de alto estándar" para su beneficio. Asimismo, ha agradecido la labor de los ex presidentes Luis Guillermo Solís y Laura Chinchilla para alcanzar este objetivo.
Los países miembros de la OCDE invitaron formalmente al país centroamericano a unirse a la Organización en mayo de 2020, después de un proceso de adhesión de cinco años mediante el que 22 comités del organismo sometieron al país a varios análisis técnicos para introducir grandes reformas para alinear su legislación, políticas y prácticas a los estándares del organismo.
Estas reformas abarcan un amplio abanico de áreas políticas e incluyen una reforma de las políticas de competitividad, un rediseño de los sistemas nacionales de estadística y la introducción de la responsabilidad penal para empresas en términos de cohecho en el extranjero y el establecimiento de un registro de accionistas para garantizar la transparencia fiscal.
