La crisis climática es uno de los problemas más acuciantes de nuestra época. Amenaza con revertir el avance en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible, y agudiza la desigualdad de género, lo que plantea riesgos específicos para los modos de vida, los medios de subsistencia, la salud, la seguridad y la protección de todas las mujeres y niñas en todo el mundo.
Cada aumento de 1°C de la temperatura global se asocia a un incremento del 4,7% de la violencia de pareja. En un escenario de calentamiento de 2°C, es probable que 40 millones de mujeres y niñas más sufran violencia de pareja cada año de aquí a 2090. Las mujeres indígenas, discapacitadas, ancianas o pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ también corren riesgos añadidos, con un acceso limitado a servicios, refugios o protección. Actualmente una de cada tres mujeres ha sufrido abusos físicos, sexuales o psicológicos a lo largo de su vida. A pesar de la urgencia de esta cuestión, sólo el 0,04% de la ayuda al desarrollo relacionada con el clima se centra principalmente en la igualdad de género.
Aparte de la paulatina recuperación laboral, dos organismos de la ONU indican que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 afectó de manera más significativa el empleo femenino, registrándose un retroceso equivalente a más de 18 años en los niveles de la tasa de participación de las mujeres.
“La lenta recuperación de las actividades que concentran el empleo femenino y el mayor peso que recae sobre las mujeres en las tareas de cuidado de enfermos, niños y personas mayores, contribuyen a explicar esta marcada diferencia en la dinámica de la tasa global de participación”, razona el análisis.
Ambos organismos concluyeron que, en un contexto en el que todavía hay margen para que el empleo recupere los niveles anteriores a la pandemia, es clave la posibilidad de realizar correcciones de los salarios mínimos que compensen las pérdidas provocadas por el aumento de la inflación.
Tradicionalmente, cuando se diseñan e implementan decisiones de política fiscal, solo se analizan sus resultados en relación con los grandes agregados macroeconómicos y, en el mejor de los casos, se evalúa su efecto redistributivo en la población en general. Sin embargo, la política fiscal no es neutra y tiene impactos diferenciados en hombres y mujeres, dados los roles y responsabilidades socialmente asignados a ellos. Además, que pueden contribuir a incrementar o a reducir las brechas de género.
El presente documento de la CEPAL establece la necesidad de analizar políticas públicas para la igualdad de género con el desarrollo de una matriz de análisis para su identificación y sistematización que considere las distintas fases de su ciclo, a fin de descubrir y analizar políticas para la igualdad de género con criterios de justicia distributiva, de reconocimiento y de representación.
Las políticas seleccionadas para su análisis a partir de la matriz son: la Ley 11340 María de Penha del Brasil, la política de lucha contra la violencia doméstica del Uruguay, la política de garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de Colombia, la política de paridad y alternancia de género en los órganos de elección del Estado Plurinacional de Bolivia, la política de paridad y alternancia en la ley electoral de Costa Rica, la reforma previsional de Chile y la Política de Gasto Etiquetado para las mujeres y la igualdad de Género (GEMIG) de México. De acuerdo con la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, políticas analizadas en la medida en que responden a nuevos derechos como el reconocimiento del trabajo no remunerado y el reconocimiento de la existencia de dimensiones críticas y extremas de desigualdad, así como la violencia contra las mujeres.
Por medio de la matriz de análisis de políticas se busca la identificación de experiencias que enmarcadas en el ámbito estatal, apunten a la igualdad de género, y cuyo propósito es destacar la naturaleza del proceso de las políticas públicas, situando las políticas analizadas en un contunuum hacia la igualdad y no concibiéndolas como expresión de un objetivo ya alcanzado. Promoviendo así, una reflexión crítica de las iniciativas del Estado que considere tanto el logro de objetivos de igualdad de género como las implicancias políticas de los procesos y actores involucrados.
El Grupo de Alto Nivel sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015 lanzó el día 30 de mayo de 2013 "Una nueva asociación global: Erradicar la pobreza y transformar las economías mediante el desarrollo sostenible", un informe en el que se establece un programa universal a la erradicación de la extrema pobreza de la faz de la tierra en 2030, y cumplir con la promesa de un desarrollo sostenible. El informe hace un llamamiento al mundo para reunir en torno a una nueva asociación mundial que ofrece esperanza y un papel a cada persona en el mundo.
Tras el primer aniversario de ONU MUJERES, este informe tiene como fin manifestar cómo con una mayor participación y mayores oportunidades para las mujeres se puede lograr un mayor desarrollo de toda índole.
De acuerdo al Banco Mundial (BM), para 2012 se encontró que la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en el empleo, prodría aumentar la productividad por trabajador/a hasta en un 40 por ciento.
4 abril 2013
Los ODM son el esfuerzo internacional más grande y fructífero contra la pobreza de la historia. Los ocho ODM abordan, con plazos específicos, la pobreza y el hambre, la educación, la igualdad de género, la mortalidad infantil, la salud materna, el combate contra el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, la sostenibilidad medioambiental y una asociación mundial para el desarrollo.
