El impacto de los fondos buitre en los derechos humanos
En este informe se realiza una investigación sobre las actividades de los fondos buitres y su impacto en los derechos humanos. En esta resolución, 27/30, se reafirma que las actividades de los fondos buitres revelan algunos de los problemas en el sistema financiero global y son indicativos de la naturaleza injusta del sistema actual, esto afecta directamente al disfrute de los derechos humanos en los Estados deudores. Se destacan las crecientes preocupaciones planteadas por las estrategias empleadas por los fondos buitre. Se analizan algunos casos y considera las iniciativas nacionales e internacionales emprendidas para mitigar el impacto negativo de estas actividades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.
Los fondos buitres tienen una larga historia de las prácticas depredadoras contra los países en desarrollo, particularmente los países pobres muy endeudados, los más afectados son los países en África y América Latina, con la carga de la deuda ya no sostenibles y que carecen de la capacidad y los recursos necesarios para hacer frente a los procesos judiciales complejas y prolongadas. En el período 1976-2010 hubo alrededor de 120 demandas contra 26 países en los Estados Unidos y el Reino Unido por sí solo. En la actualidad, sólo dos países, Bélgica y Reino Unido, han promulgado algún tipo de marco legal para desalentar litigios perturbadores iniciada por los fondos buitre.
La Asamblea General de Derechos Humanos en la resolución 69/319 declaró que los procesos de reestructuración de la deuda deben guiarse por los Principios básicos relativos a los procesos de reestructuración de la deuda soberana, como se incluye en el informe del Comité Especial (A/AC. 284/2015/2).
De acuerdo con el principio de sostenibilidad, la reestructuración de la deuda se debe convertir en situaciones de deuda estables, mientras junto con la promoción del crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible. Este principio también relevante requiere minimizar los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y el respeto de los derechos humanos.
