El impago de la deuda de Argentina de esta semana, demuestra un principio general: la mayoría de los incumplimientos de deuda soberana no son el resultado de la mala gestión o el gasto descontrolado de los gobiernos . El estudio de los reembolsos de dos siglos de la deuda, muestra que hay que tener al menos tres principales factores para el impago de la deuda soberana, que dicho sea de paso, no están relacionados con el excesivo gasto público.
En primer lugar, nos encontramos con muchos ejemplos de repudio de las deudas debido a las circunstancias dudosas de su acumulación durante los gobiernos anteriores, y Argentina es un ejemplo obvio. En segundo lugar, las crisis económicas y políticas mundiales pueden hacer que sea imposible para un gobierno pagar el servicio de la deuda. Tercero, y lo que se está reproduciendo actualmente en la zona euro, tiene que ver con la nacionalización del sector público de las deudas privadas.
Todo esto lleva a una conclusión obvia: el impago de la deuda sirve como la solución a un problema que es intratable. El problema no es un problema por defecto, el problema es la ausencia de un mecanismo internacional para llevarlo a cabo de una manera ordenada.
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Los quince fondos de inversión nucleados en la Asociación Internacional de Derivados y Swaps (ISDA), una entidad privada que determina si se activan o no los seguros de default, dieron marcha atrás con una decisión tomada el viernes, y determinaron por unanimidad que Argentina no está en default.
La vocera de la entidad, Lauren Dobbs, dijo a Télam que ayer y hoy se llevaron a cabo reuniones en torno al tema, en la que los miembros -entre los que se encuentra el fondo buitre Elliott- determinaron que no hubo ni "moratoria" ni "repudio" de la deuda de parte de la Argentina.
En un curioso entramado, la vocera dijo que el "evento de pago" de los seguros de default se activó el viernes y que "la falla que activa el pago de un evento de crédito aún existe", aunque aún no se precisó cuándo se pagaran estos derivados (podría haber una nueva reunión el 7 de agosto, pero la decisión se postergaría por motivos legales tras la denuncia de la CNV).
El especialista José María Barrionuevo -quien asesoró a Argentina en el canje de deuda de 2005- afirmó que "la votación es un revés para los buitres y el principio de una nueva dinámica a favor de Argentina".
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Este default sobre Argentina, es quizá uno de los más extraños del mundo. El gobierno tiene un montón de dinero en efectivo en la mano y ya ha depositado su más reciente pago de 539 millones de dólares al Bank of New York Mellon. Pero el banco no puede reenviar el dinero de Argentina a sus acreedores, porque Thomas Griesa, un juez federal de Nueva York, ha emitido una orden que prohíbe la transferencia.
El sistema de los Estados Unidos para hacer frente a las quiebras de empresas es impresionantemente eficiente. Cuando una empresa pasa por problemas, un juez evalúa su capacidad de pago, y puede obligar a la empresa y sus acreedores para llegar a un acuerdo. Desafortunadamente, no existe un proceso análogo para los gobiernos nacionales, tanto porque los países nunca van a la quiebra y porque generalmente son de inmunidad jurisdiccional frente a otras naciones.
Los grupos de presión los tenedores de bonos, liderados por un trío de ex funcionarios de la administración Clinton, se han apresurado a adelantar las conclusiones de los economistas que han advertido el colapso de la inversión extranjera, la caída de la moneda argentina, y una recesión prolongada. En la prensa se repiten estas predicciones del fin del mundo, el precio de mercado de los bonos argentinos en default se disparó, presumiblemente basado en la esperanza de que el gobierno pagaría hasta lo que sonaba como un suicidio económico.
La agencia de calificación crediticia Standard & Poors declaró oficialmente a Argentina en default el 30 de julio, cuando el período de gracia de su pago de intereses expiró. En las calles de Buenos Aires, al día siguiente, había poco que reportar. "Es 31 de julio, y el mundo sigue girando. . . la vida sigue ", Fernández dijo. Por el contrario, en Nueva York, las consecuencias del incumplimiento son sólo cada vez más evidentes. En definitiva, en el curso de esta lucha, la reputación de Estados Unidos como un centro financiero fiable ha sido dañado.
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En los meses recientes, ha habido una gran cantidad de movimientos dentro del BRICS. Rusia y China firmaron una alianza para el suministro de gas natural por 400 mil millones dólares a 30 años, asimismo, forjaron un swap bilateral para hacer frente a la volatilidad del dólar, y anunciaron planes para crear un nuevo sistema de calificación de crédito para hacer frente a las agencias occidentales. Del otro lado, China está diversificando gradualmente su exposición al dólar de Estados Unidos, China y Brasil finalizaron un canje de la moneda local, y los líderes del grupo de las naciones se reunieron por sexta cumbre anual de BRICS en Brasil.
La VI Cumbre del BRICS produjo algunos resultados importantes, el establecimiento formal del Nuevo Banco de Desarrollo después de más de un año de negociaciones especulativas. Esto es verdaderamente un esfuerzo de grupo, el banco tendrá su sede en Shanghai, su primer presidente será de la India, junto con su primer presidente de Brasil. El banco está programado para alcanzar el equivalente a 100 mil millones de dólares de capital, que se utilizarán para proyectos de desarrollo e infraestructura del BRICS.
Debido a su autonomía creciente, las perspectivas a largo plazo son positivas para el BRICS y otras economías emergentes que, inevitablemente, están realizando enormes esfuerzos para alcanzar un ritmo crecimiento sostenible y reducir su dependencia. Si sus miembros comienzan a actuar más como un conglomerado y menos como naciones individuales, esto podría convertirse en una fuerza global que ya aglutina aproximadamente 20% del PIB mundial, más de 40% de la población mundial, más de 10% de la inversión global de capital, y cerca de 17% del comercio mundial.
Buitres sobre Argentina, la crisis del dólar y Nueva York
Oscar Ugarteche[1], Ariel Noyola Rodríguez[2]
Paul Singer, el propietario de NML Capital, le hizo sin querer, un enorme favor a la humanidad. En un par de meses, deslegitimó por completo las reglas de la Arquitectura Financiera Internacional (AFI) existente y de paso, fortaleció el respaldo de la mayoría del mundo a favor de Argentina. En ese sentido, la carta dirigida el pasado 25 de agosto al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, firmada por los economistas Joseph Stiglitz, Robert Solow, Dani Rodrik y José Antonio Ocampo, entre otros, y el ex primer ministro canadiense Paul Martin, constituye una parte del comienzo de una campaña global para transformar los mecanismos de reestructuración de deuda soberana. La otra parte es la iniciativa impulsada por el grupo G77 más China (integrado por más de 130 países) para elevar a la Asamblea General de Naciones Unidas una iniciativa de reforma al respecto.
Por un lado se ha puesto nuevamente en cuestión la institucionalidad edificada al término de la segunda posguerra bajo mandato estadounidense. En segundo lugar y más importante todavía, el agravio en contra de Argentina detonó un amplio consenso en torno a la necesidad de realizar una reforma profunda de la AFI, al día de hoy basada en las leyes de Nueva York y sujeta a los tribunales de dicha ciudad, con contratos denominados en dólares y con fallos aplicados universalmente. Es decir, el embate de los buitres contra Argentina precipitó la crisis de confianza en el dólar como instrumento de crédito y de Nueva York como espacio jurisdiccional privilegiado para resolver reestructuraciones de deuda futuras.
Hoy es evidente que los fondos buitres constituyen el sector más agresivo del capital financiero. A través de complejas maniobras jurídicas y especulativas apoyadas casi siempre por funcionarios públicos de alto nivel, los fondos buitres han puesto contra la pared en las últimas dos décadas a varios gobiernos soberanos (República del Congo, Panamá, Perú, Argentina, etc.). El modus operandi consiste en exigir pagos completos más intereses devengados en momento críticos por títulos de deuda comprados en gran descuento. En el caso argentino, en 2005 y 2010 aproximadamente 92% de los acreedores aceptaron los canjes de deuda propuestos por el gobierno después de la crisis de 2001. Sin embargo, 0.45% del 7% restante de los acreedores que no llegó a un acuerdo (holdouts), compró bonos por un valor de 40 millones de dólares que ahora pretenden cobrar de manera abusiva en más de 1,300 millones de dólares.
Por esa razón y ante el temor de que los buitres cobren nuevas víctimas, el canciller argentino Héctor Timerman, acompañado del ministro de Economía Axel Kicillof, anunció el viernes 29 de agosto en Buenos Aires que el grupo G-77 más China había aprobado de manera unánime presentar una propuesta ante la ONU a fin de establecer un nuevo marco regulatorio. Kicillof detalló: “el resto de los países nos ha pedido que transmitamos esta experiencia para que nunca más pase lo de Griesa, nunca más pase un reclamo como el que formula Singer […] los fondos buitres son un parásito del sistema financiero internacional que tiene que desaparecer". El próximo martes 9 de septiembre, se presentará la iniciativa: “Si la mayoría vota afirmativamente, en menos de un año Argentina habrá dado al mundo una Convención para resolver en forma justa, equitativa y no bajo amenazas de un sistema que pueda establecer un juez o un país, sino con base a lo que resuelvan todos los Estados miembros de la ONU”, detalló el ministro argentino (Xinhua, 30/08/2014).
De otro lado, un día anterior al anuncio del gobierno argentino, la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), que integra a más de 450 miembros entre bancos, emisores de deuda e inversionistas de más de 52 países, hizo pública la idea de generalizar las cláusulas de acción colectiva incorporadas en los contratos. De este modo, el nuevo marco regulatorio transformaría de jure las relaciones entre deudores y acreedores. Por un lado, haría valer la voluntad expresa de las tres cuartas partes de los acreedores en situaciones de controversia y por otro lado, neutralizaría de facto los ataques por parte de los fondos buitres. El siguiente paso consiste en que los gobiernos nacionales adopten de manera inmediata la nueva reglamentación. Lamentablemente, los cambios no incluirían a Argentina ya que no son de carácter retroactivo. Hay por tanto dos pistas de reforma abiertas, o más Estado a través de Naciones Unidas o más Mercado con el ICMA. Parece imposible para el sistema internacional volver al status quo previo al fallo de Griesa.
Ambas iniciativas ocurren un mes después de que Argentina había sido declarada en default parcial por parte de la Corte de Nueva York. En conclusión, el conflicto entre los buitres y Argentina aceleró el declive de Nueva York como el centro articulador del sistema financiero internacional y puso sobre la mesa la necesidad de implementar reglas más universales, justas y transparentes. Mientras tanto, los fondos de George Soros y Citibank mantienen juicios abiertos con el Bank of New York apreciándose así que la AFI ya no beneficia a los inversionistas mayoritarios ni asegura la estabilidad del sistema global.
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[1] Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
[2] Miembro del proyecto OBELA, IIEc-UNAM. Columnista de la revista Contralínea (México) y colaborador de la Red Voltaire (Francia). Contacto: anoyola@iiec.unam.mx