Estados Unidos

Los frenos que han reprimido la actividad económica en la región son en parte de origen externo (los vientos a favor se han tornado en contra) y en parte de origen interno (los motores del crecimiento han empezado a flaquear).

Es probable que las perspectivas continúen siendo difíciles. Por ejemplo, si China se desacelerara más de lo que se proyecta actualmente, la demanda de exportaciones de materias primas de América Latina se debilitaría aún más. Los mercados financieros también podrían volver a crear un terreno resbaloso. Por ejemplo, la volatilidad podría dispararse y podrían surgir presiones para la salida de capitales si las tasas de interés en Estados Unidos aumentaran más bruscamente de lo previsto.

Un principio clave en la ley de bancarrota es la universalidad: los procedimientos de quiebra afectan a todos los activos y pasivos del deudor que la invoca. Es por ello que todos los acreedores están obligados a mostrar y hacer conocer sus reclamaciones al juez designado en un procedimiento de quiebra.

Con todo, la falta de un foro con autoridad para arbitrar las reclamaciones de deuda soberana de manera integral constituye una brecha abierta de la arquitectura financiera internacional y debemos esperar que la actual crisis dé lugar a más países a tomar en serio el establecimiento de uno. La resolución adoptada recientemente Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para iniciar negociaciones sobre un marco jurídico multilateral para la reestructuración de la deuda soberana es un paso en esa dirección. Podría convertirse en la primera línea de defensa para los deudores que tratan de protegerse de las minorías descontentas de los acreedores no aceptantes.

El G-77+China (conformado por más de 130 países) aprobó en el marco de la Asamblea General del 9 de septiembre de 2014, la propuesta de crear un mecanismo de reestructuración de deuda soberana sustentado en la Organización de Naciones Unidas (ONU). La votación a favor representa un triunfo latinoamericano liderado por Argentina y propuesto por Bolivia. Recibió el apoyo de todos los países de América Latina a excepción de México. Costa Rica y el Perú cambiaron su voto en el último momento. Sin embargo, es una mala noticia para la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil europea que trabajan el tema de la deuda si se toma en cuenta que sus gobiernos emitieron los votos en contra. La excepción es Noruega, que ha tomado una postura positiva sobre el asunto.

La reacción de la representante de Washington, Terri Robl, puso sobre la mesa el hecho de que no esperaban la presentación de la propuesta, y mucho menos que obtendría mayoría absoluta de votos. La estadounidense sostuvo que un mecanismo (de reestructuración de deuda) se está discutiendo actualmente en el FMI si bien, en el 2002, el Departamento del Tesoro bloqueó al SDRM a cambio de un mecanismo de mercado. El segundo argumento en contra de Robl es que iba a crearse incertidumbre económica, punto que no fue levantado ni en el año 2002 ni en el más reciente debate del ICMA. El lanzamiento del UNCITRAL no creó ninguna incertidumbre. También dijo que en el pasado, el Tesoro había preferido los mecanismos de mercado, recordándole a los memoriosos sobre lo ocurrido en el 2002.

En suma, la resolución ante la ONU es un golpe al dominio de todos los mecanismos legales relacionados con las finanzas de parte del capital financiero internacional, y es un primer paso en la dirección correcta hacia la construcción de un mecanismo global para las finanzas globales. El gobierno de Estados Unidos odiará esto, pero no importa, los problemas globales requieren soluciones globales, independientemente de las creencias del Departamento de Estado y el ICMA y del equipo del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Otro mundo es posible y vamos para allá.

Paul Singer, el propietario de NML Capital, le hizo sin querer, un enorme favor a la humanidad. En un par de meses, deslegitimó por completo las reglas de la Arquitectura Financiera Internacional (AFI) existente y de paso, fortaleció el respaldo de la mayoría del mundo a favor de Argentina. En ese sentido, la carta dirigida el pasado 25 de agosto al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, firmada por los economistas Joseph Stiglitz, Robert Solow, Dani Rodrik y José Antonio Ocampo, entre otros, y el ex primer ministro canadiense Paul Martin, constituye una parte del comienzo de una campaña global para transformar los mecanismos de reestructuración de deuda soberana. La otra parte es la iniciativa impulsada por el grupo G77 más China (integrado por más de 130 países) para elevar a la Asamblea General de Naciones Unidas una iniciativa de reforma al respecto.

Por un lado se ha puesto nuevamente en cuestión la institucionalidad edificada al término de la segunda posguerra bajo mandato estadounidense. En segundo lugar y más importante todavía, el agravio en contra de Argentina detonó un amplio consenso en torno a la necesidad de realizar una reforma profunda de la AFI, al día de hoy basada en las leyes de Nueva York y sujeta a los tribunales de dicha ciudad, con contratos denominados en dólares y con fallos aplicados universalmente. Es decir, el embate de los buitres contra Argentina precipitó la crisis de confianza en el dólar como instrumento de crédito y de Nueva York como espacio jurisdiccional privilegiado para resolver reestructuraciones de deuda futuras.

En conclusión, el conflicto entre los buitres y Argentina aceleró el declive de Nueva York como el centro articulador del sistema financiero internacional y puso sobre la mesa la necesidad de implementar reglas más universales, justas y transparentes. Mientras tanto, los fondos de George Soros y Citibank mantienen juicios abiertos con el Bank of New York apreciándose así que la AFI ya no beneficia a los inversionistas mayoritarios ni asegura la estabilidad del sistema global.

Hoy en día cabe preguntar si nos encontramos ante un nuevo escenario global que requiere cambiar las formas de pensar conceptos y prácticas que fueron dominantes durante más de medio siglo. Por una parte, resulta evidente que actualmente la economía mundial depende cada vez más del dinamismo de los países de Asia, América Latina y África, y menos de la hegemonía tradicional de Estados Unidos y de Europa. También es claro que tras el colapso financiero de 2008 y sus secuelas, el propio desarrollo económico tropieza con agudos desafíos, que se acentúan por el enorme impacto del cambio climático, cuyas graves consecuencias apenas comenzamos a vislumbrar, patentes, entre otras cosas, por el acelerado aumento del calentamiento global.

A su vez, es urgente dirigir más atención a la calidad de vida de los pueblos rurales, muy olvidados por administraciones centralizadas que no aprecian a las comunidades de campesinos e indígenas, que siempre han sufrido la mayor explotación y descuido en Latinoamérica. En suma, es necesario cambiar los términos en que se plantean los modelos de desarrollo, que requieren adecuarse a las nuevas condiciones sociales y económicas para ofrecer una mayor sintonía tanto con la naturaleza como con las necesidades cotidianas de las mayorías, que sufren por el desempleo, el subempleo y la pavorosa concentración del ingreso en la época contemporánea. Solo así se podrá recuperar algo del espíritu de las viejas utopías, tan golpeadas en nuestros días.