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Fecha: Miércoles, Junio 22, 2016 - 13:00
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La ONG Transparency International (TI) difunde todos los años un ranking que aspira a medir la corrupción en cada país, este ranking se elabora sobre la base de encuestas a ejecutivos de multinacionales que miden las trabas que encuentran sus empresas en términos de corrupción político-estatal en los países en los que operan. El interés principal de las multinacionales que sostienen esta iniciativa es reducir los costos de sus operaciones globales, el foco está puesto entonces en la corrupción estatal y no en la de las empresas. TI fue creada en 1993 y ha multiplicado desde entonces sus “Capítulos Nacionales”, nombre que da a las organizaciones locales que la representan en cada país. Resulta interesante destacar algunos hechos recientes en los que están involucrados representantes de las principales oficinas del Cono Sur. En Argentina, Laura Alonso titular de la Oficina Anticorrupción del presente gobierno ha mostrado en días recientes más preocupación por preservar al Presidente de la Nación de los impactos de la divulgación de la existencia de empresas offshore propias y de su familia, que por iniciar con prontitud y rigor las serias investigaciones a las que está obligada por su cargo. En cuanto a la transparencia de la máxima autoridad política argentina, su familia, Ministros, altos funcionarios y amigos, puede decirse que el Presidente Macri ha abusado de este bello adjetivo sin aportar evidencia alguna, hasta el momento, que lo desincrimine en el caso de los Panamá Papers. Para peor, el actual gobierno impulsa un generoso blanqueo de capitales, una moratoria fiscal y reducciones y una posible eliminación del impuesto a los bienes personales que no sólo terminarían premiando a sectores del poder económico que se han puesto fuera de la ley, mofándose de los cumplidores, sino que podrían transformar al propio país en una guarida fiscal (“tax haven”). Otro ranking internacional de gran interés desde la perspectiva de la transparencia global, con mucho menor apoyo mediático que el de TI, es el Indice de Secreto Financiero (ISF, Financial Secrecy Index) elaborado por la ONG Tax Justice Network (TJN). TJN es una red internacional independiente lanzada en 2003 para incidir en un amplio abanico de cuestiones vinculadas con los impuestos, las guaridas fiscales y la globalización financiera. Se trata de un think tank que reúne a expertos sin alineación político-partidaria, ligados a redes nacionales y regionales de activistas que actúan en esos campos. El ISF ordena a los países de acuerdo con la opacidad (“secretismo”) que cada uno de ellos ofrece y la escala de las actividades financieras offshoreque logran atraer. El Índice está concebido para ayudar a entender el grado de secretismo de las guaridas fiscales (mal llamadas “paraísos fiscales”) y los flujos financieros ilícitos (la denominada “fuga de capitales”). Los resultados de la comparación de los índices de TI y TJN son llamativos: los países más transparentes para TI son los más opacos para TJN. En el ranking de Transparency International, dejando a un lado a los países nórdicos, entre los más transparentes se puede encontrar a las guaridas fiscales más importantes del mundo: Holanda (5º), Suiza (7º), Singapur (8º), Luxemburgo (10º), Gran Bretaña (11º), Estados Unidos (16º) y Hong Kong (18º). Según el índice de TJN. Si uno considera el conglomerado de guaridas que giran en torno a Londres – los protectorados de la Corona Británica tales como Caymán, Virgin Islands y Jersey, entre otros- Gran Bretaña se ubica primera en términos de secreto financiero, seguida por Suiza (2ª), Hong Kong (3ª), Estados Unidos (4ª), Singapur (5ª) y Luxemburgo (6ª). El ranking de TJN pone en evidencia que dos de las principales potencias del globo, Estados Unidos y Gran Bretaña, son los principales beneficiados por el sistema de opacidad que brindan las guaridas fiscales. De este modo, los dos centros financieros hegemónicos del mundo, Nueva York y la City de Londres, con las constelaciones de guaridas que giran en torno a ellos, succionan capital de los países del ‘Sur’ – y también del resto del Norte – limitando su ritmo de crecimiento, restando recursos del giro local de los negocios, afectando severamente la creación de empleos, empujándolos al endeudamiento externo y exponiéndolos, por fin, a las graves crisis fiscales y externas que resultan de la deuda. Las revelaciones de los Panamá Papers, que aportan una cantidad enorme de casos aunque no novedades conceptuales acerca del mundo offshore, y la Cumbre contra la Corrupción realizada hace unas semanas en Londres bajo la conducción de un Primer Ministro incriminado en los Panamá Papers, han brindado señales adicionales de que nada va a cambiar en lo inmediato. Tanto los EEUU como Gran Bretaña han confirmado su común estolidez. Y el resto del mundo, en particular el ‘Sur’, ha dado a su vez repetida muestra de su proverbial paciencia, “digna de mejor causa”. Su anomia parece desmentir el poema del entrañable escritor oriental Mario Benedetti, “El Sur también existe”. Fuente: |
Fecha: Martes, Junio 21, 2016 - 20:08
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La posibilidad de desarrollar un nuevo Bretton Woods destinado a favorecer una economía estable y justa depende de la decisión política. La crisis de 2008 generó pedidos de un sistema financiero global que limite los desequilibrios comerciales, modere los flujos de capitales especulativos y evite el contagio sistémico, precisamente el objetivo del sistema de Bretton Woods original. Pero hoy un sistema así sería insostenible e indeseable. ¿Cómo podría ser una alternativa? Recordando que en 1944 triunfó el esquema de White, por el que se usó el superávit comercial de los Estados Unidos en la posguerra para dolarizar a Europa y Japón, a cambio de que aceptaran un poder discrecional total de Estados Unidos en la política monetaria y el nuevo sistema de la posguerra puso los cimientos de la mejor época del capitalismo, hasta que Estados Unidos perdió el superávit comercial y el esquema de White se vino abajo. Durante la última década, se ha visto resurgir periódicamente una pregunta muy sencilla: ¿sería el descartado plan de Keynes más adecuado para nuestro mundo multipolar después de 2008? Se le pregunto en 2008 al entonces director de Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn su opinión y respondió: «Ya hace 60 años, Keynes vio lo que había que hacer; pero era demasiado temprano. Ahora es el momento de hacerlo. ¡Y creo que estamos preparados!». Sobre todo, el nuevo sistema debería reflejar la idea de Keynes de que la tendencia innata del capitalismo a crear una divergencia entre las economías superavitarias y las deficitarias atenta contra la estabilidad global, los tiempos buenos traen consigo un aumento de superávits y déficits; llegados los tiempos malos, la carga del ajuste cae en forma desproporcionada sobre los deudores, lo que lleva a un proceso de deflación de deuda que primero se ensaña con las regiones deficitarias y luego debilita la demanda en todas partes. Para contrarrestar esta tendencia, Keynes propuso reemplazar los sistemas donde «el proceso de ajuste es obligatorio para el deudor y voluntario para el acreedor» por uno en que el peso del ajuste caiga simétricamente sobre deudores y acreedores. La solución de Keynes implicaba la suscripción de todas las grandes economías a una cámara compensadora internacional (la International Clearing Union). Los países participantes conservarían sus monedas y bancos centrales, pero denominarían los pagos internacionales en una unidad contable común (que Keynes bautizó «bancor») y los liquidarían a través de la ICU. La propuesta de Keynes implicaba tipos de cambio fijos, lo que obligaba a instituir mecanismos limitados de sobregiro para los países crónicamente deficitarios y suponía un regateo continuo entre los ministros de finanzas para modificar los tipos de cambio e interés y la presencia de controles financieros rígidos, que dan a los burócratas un enorme poder discrecional sobre las transferencias de capital. La diferencia con la idea de Keynes, es que ahora se utilizaría una moneda digital común emitida y regulada por el FMI. El Fondo administraría esta moneda sobre la base de un registro de transacciones digital, distribuido y transparente, y un algoritmo para ajustar la oferta total usando una fórmula preestablecida dependiente del volumen de comercio internacional, con un componente anticíclico automático que refuerce el suministro global de la moneda en tiempos de desaceleración general. Para explotar al máximo el potencial estabilizador del esquema, se introducirían dos mecanismos: en primer lugar, cada año se debitaría de la cuenta en esta moneda de cada banco central un impuesto al desequilibrio comercial, proporcional a su déficit o superávit de cuenta corriente; lo recaudado se aportaría a un fondo común en la ICU y en segundo lugar, las instituciones financieras privadas pagarían un arancel destinado a ese mismo fondo, proporcional a cualquier aumento súbito del egreso de capitales de un país. El impuesto al desequilibrio comercial motivaría a los gobiernos de los países superavitarios a estimular el gasto y la inversión internos, a la vez que reduciría sistemáticamente el poder adquisitivo internacional de los países deficitarios. Los mercados cambiarios se adecuarían ajustando los tipos de cambio más velozmente en respuesta a desequilibrios de cuenta corriente, lo que cancelaría buena parte de los flujos de capitales que hoy sostienen desequilibrios comerciales crónicos. Asimismo, el impuesto a los «picos» de flujo castigaría automáticamente los ingresos o egresos de capital especulativo a gran escala, sin aumentar el poder discrecional de los burócratas ni introducir controles de capital inflexibles. Esto permitiría un fondo soberano global para inversión, principalmente en energías renovables. Fuente: |
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