Oscar Ugarteche

Con la virtual cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la actual Administración de EEUU ha contradicho más de tres décadas de política exterior.

Desde la década de 1990, se estableció una política de comercio internacional americana bífida: una plurilateral y otra multilateral. En ambos casos, el soporte fueron las políticas neoliberales que promovieron la flexibilización laboral, la extensión de cadenas de valor a través de todo el mundo y la deslocalización de la producción.

Con ignorancia y mala fe, EEUU está destruyendo las instituciones que tardó siete décadas en consolidar. Se está repitiendo el ejercicio de los años 30 que le diera flacos resultados.

El ímpetu del discurso optimista del primer trimestre del 2018, emanado del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se ha enfrentado con la realidad económica mundial.

El FMI mantuvo las previsiones de crecimiento económico mundial en un nivel de 3.9%, y el Banco Mundial, por suparte,  permaneció positivo para 2017 y 2018, aunque han moderado su optimismo a mediano plazo a un 3% y 2.9%, para 2019 y 2020.

Sin embargo, las tensiones creados por EEUU complican el escenario próspero de la economía mundial. EEUU está jugando, solo y a la fuerza, a recolocarse como el país líder a costa de todo y de todos, y no está enfrentando el problema central: el cambio tecnológico y la baja productividad.

Apoyados de la convergencia política y económica de los gobiernos progresistas latinoamericanos, UNASUR entró en funciones en agosto de 2008 a través del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, firmado entre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

En abirl de 2018, una semana después de la VIII Cumbre de las Américas en Lima, y dos días después del nombramiento de la presidencia pro tempore boliviana de UNASUR, se presentaron las bajas indefinidas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.

UNASUR se quedó con menos de la mitad de los miembros, sin fondos suficientes, ni poder de decisión y, por lo tanto, relegada a ser un organismo testimonial. Sin el organismo, América Latina está otra vez a merced de las disputas hegemónicas en la región.

Entre el 13 y 14 de abril, se celebrará la Octava Cumbre de las Américas, en Lima. El tema a tratar será, paradójicamente, la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” y los invitados: 22 presidentes y 12 primeros ministros del continente.

El prólogo que acompaña a esta reunión de mandatarios es el capítulo Odebrecht, que pago, entre 2001 y 2016, 788 millones de dólares a presidentes, representantes políticos y altos funcionarios en Brasil, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, con el objetivo de asegurar negocios y ganar licitaciones.

La cuestión es por qué la Cumbre de las Américas ha decidido realizar una reunión sobre corrupción y democracia, dadas la poca calidad de los invitados y las condiciones políticas actuales.

Con el anuncio del presidente de EEUU sobre la imposición de tarifas arancelarias a la importación estadounidense de acero en 25% y en aluminio en 10%, se han vuelto ha vuelto a sacudir las bases del orden comercial internacional.

La decisión, acompañada de la consigna “queremos un mercado libre, justo e inteligente”, confirma la postura del mandatario sobre la protección arbitraria y sin cálculo económico de sectores, ramas y empresas estadounidenses frente al orden comercial multilateral. Así, la agenda proteccionista americana continúa acumulando descontento comercial alrededor del mundo

La cuestión es: ¿a quién beneficia el aumento de costos de producción siderúrgica y en las derivadas producciones automotriz y metal-mecánica?, si la medida no ofrece condiciones de desarrollo, producción, comercio y empleo nacionales frente al mercado mundial.