Desde 1990, la idea de la independencia de los bancos centrales respecto a los gobiernos nacionales se ha universalizado. Se materializó con cambios constitucionales en algunos países y legales en otros, que impiden que el banco central financie las finanzas públicas, salvo en los países del G7 y China. Este principio va acompañado de la apertura sin restricciones de las cuentas de capital y de la completa desregulación de los mercados financieros.

En Bolivia existen condiciones estructurales y políticas que le permiten mayor resiliencia frente a la crisis alimentaria que enfrenta el mundo en 2022. La política económica boliviana le ha permitido que, a junio de 2022, tenga una tasa de inflación de 1.79% y perspectivas de crecimiento de 3.9%; un escenario distinto al de sus vecinos.