El caso del juez Nicolas Guillou, sancionado por Estados Unidos tras investigar a Israel desde la Corte Penal Internacional, evidencia la vulnerabilidad europea en pagos digitales. Por orden de Donald Trump, empresas vinculadas a redes como Visa y Mastercard bloquearon sus transacciones, impidiéndole pagar servicios básicos. Este caso refleja cómo la dependencia de intermediarios bajo jurisdicción estadounidense permite sanciones extraterritoriales que pueden excluir a personas del sistema financiero. Ante ello, el Banco Central Europeo impulsa el euro digital para garantizar soberanía y evitar bloqueos externos.

El Banco de España advierte que depender de proveedores extranjeros compromete la autonomía económica. Sin embargo, alternativas privadas como Bizum cuestionan la necesidad de duplicar infraestructuras existentes.