El pasado mes de septiembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. volvió a cimbrar los mercados financieros, con una multa impuesta a Deutsche Bank (DB) por USD 14 mil millones por el uso de las hipotecas basura en la construcción de nuevos instrumentos financieros vendidos entre el 2006 y 2008 sin advertir a los compradores sobre su contenido.[1]
En un primer momento, el banco se mostró fuerte y despreocupado, con la intención de no atemorizar a los accionistas. Pero luego se complicó el tema porque las reservas disponibles del banco para pago de multas son de USD 5.400 millones. Es decir, la institución tendrá que negociar con las autoridades para reducir la multa antes de que entre el nuevo presidente electo, dado que es tan alta y difícilmente pagable. Tres semanas después, le puso otra multa por 9,000 millones de dólares.
Entre 2013 y 2016 hay solo una multa mayor, la de JP Morgan Chase en noviembre de 2013 por USD 28,000 millones por prácticas delictivas en la gestión de bonos hipotecarios. Bank of América recibió una por USD 16,650 millones por la venta de activos tóxicos (análogo a DB) en agosto de 2014. El total de multas entre 2010 y 2016 suma 350,000 millones de dólares de las que un tercio son para Bank of America, JP Morgan y Deutsche Bank. Lo que estas multas reflejan es la capacidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos de aplicar la ley de Estados Unidos globalmente. Esto habla no de aislacionismo, como propone GEAB 107, sino de unilateralismo.
Es la misma tendencia que se observa en las reglas de comercio con el TPP y el TTIP pero en finanzas. La interrogante es si es el mismo criterio utilizado para el banco alemán que para los dos grandes americanos. La suma de 23,000 millones de dólares de multas entre setiembre y octubre del 2016 a DB abre la sospecha que es un intento por quebrarlo y con eso debilitar a la economía alemana.
La gran pregunta es si la gran banca tuvo que cometer infracciones de estas dimensiones para obtener utilidades entre el 2007 y el 2013 de la mano de otros bancos, esta es una actividad criminal que se conoce como crimen organizado. Una decisión de actuar de esta manera de parte de al menos los altos funcionarios de los 10 bancos señalados es una confabulación criminal y merece más que multas, pena de cárcel para los tomadores de decisión.
CU. 17 de octubre de 2016
