La incongruencia brasileña, la Amazonía y la COP30
La Amazonía es la selva tropical más grande del mundo, es hogar de aproximadamente 20% de la flora y fauna de todo el planeta, y del 20% del agua dulce global (ubicada en la cuenca amazónica). Brasil, al albergar el 60% de los 6.92 millones de kilómetros cuadrados de este pulmón planetario, es el mayor responsable de su protección. En el presente texto se hará un recuento de los últimos movimientos del gobierno brasileño con respecto al ambiente y su potencial impacto en la selva del Amazonas.
En julio del 2025, la Cámara de Diputados brasileña aprobó con amplia mayoría (267 votos a favor y 116 en contra) la llamada “Ley de la Devastación”, que busca debilitar la legislación ambiental del país carioca. La nueva ley pretende reducir las obligaciones ambientales de las empresas y silenciar a los pueblos originarios. Este proyecto, con respaldo del sector agroindustrial, significaba que, para ciertos permisos, bastaría con una declaración del compromiso ambiental de las empresas para ser concedidos. Además, creó la Licencia Ambiental Especial (LAE), que permite autorizar rápidamente los proyectos que el gobierno considere estratégicos.
Previo a la promulgación de esta ley, los procesos de licenciamiento ambiental eran públicos. Aquellos operadores que generasen un alto impacto ambiental debían realizar audiencias públicas durante el proceso para poder presentar su Informe de Impacto Ambiental. Así mismo, las solicitudes de estas licencias ambientales debían ser públicas y la decisión de otorgamiento o denegación por parte de los organismos reguladores también debía ser divulgada.
Lula da Silva promulgó la ley y anuló o modificó 63 de los cerca de 400 artículos. Restableció las normas de concesión de licencias vigentes para proyectos estratégicos que, hasta ahora, han frenado la devastación de la Amazonía. De las medidas anuladas por el presidente brasileño, 26 fueron vetadas directamente y 37 fueron reescritas en un nuevo proyecto de ley que se envió al Congreso. Se limitó la Licencia por Adhesión y Compromiso (LAC), una autolicencia que no cuenta con evaluación previa por parte del organismo regulador, a solo proyectos con bajo potencial contaminante; se eliminó la autonomía de los estados y municipios para definir sus normas y sus proyectos para LAC; y mantuvo la protección de la Mata Atlántica, un bioma[3]que se extiende a lo largo de la costa brasileña y que es altamente amenazado. Además, vetó la posibilidad de que los procesos de licenciamiento ambiental en tierras indígenas y quilombos, tierras entregadas a las comunidades de los descendientes de esclavos liberados, sin demarcación se ejecutaran sin contar la aprobación de la Fundación Nacional de Pueblos Indígenas (FUNAI) y la Fundación Palmares. La “Ley Devastación” entró en vigor, pero las modificaciones presidenciales aún deben ser revisadas por el poder legislativo con mayoría opositora a Lula, que, en reiteradas ocasiones, ha rechazado iniciativas del gobierno en turno.
Bajo este marco, a finales de octubre del 2025, a semanas de recibir la COP30, la empresa estatal Petrobras obtuvo la aprobación para perforar y explotar un pozo petrolero en la cuenca de Foz do Amazonas, cerca de la desembocadura del río Amazonas. La perforación, en palabras de la empresa, comenzará “de inmediato” y durará alrededor de cinco meses. La producción potencial del proyecto se estima en 10 mil millones de barriles.
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Figura 1. Zona aprobada de exploración y perforación para Petrobras en el Océano Atlántico. |
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Fuente: Petrobras. |
Brasil es el mayor productor de petróleo de América Latina, con 3.4 millones de barriles por día en 2024, aunque la mitad de su energía proviene de fuentes renovables y está en un proceso de electrificación de la estructura de transporte masivo de pasajeros y masificación del transporte privado. Dichos procesos vienen acompañados de importantes inversiones chinas. BYD, empresa líder en vehículos eléctricos, inauguró en julio del 2025 una planta de producción en la ciudad brasileña de Camaçari. La planta, que fue construida en el terreno de una antigua planta de Ford, se convirtió en la más grande de la empresa china fuera del continente asiático.
El presidente Lula ha defendido el surgimiento de proyectos petroleros bajo el argumento de que los ingresos generados por el combustible fósil irán hacia el combate a la pobreza y a financiar la transición energética. La posición brasileña con los combustibles fósiles es similar a la de Noruega, que se dedica a exportar gas natural y petróleo mientras utiliza energías renovables dentro de su territorio.
Si bien la zona de exploración se encuentra a poco más de 500 km de distancia de la desembocadura del Río Amazonas, las fuertes corrientes marinas podrían provocar que, dado algún accidente de derrame petrolero, el combustible llegue hacia las costas. De ser así, se destruiría el delicado ecosistema que ya está mermado por las condiciones de cambio climático y se pondría en peligro a las comunidades indígenas que habitan en la zona y dependen de la pesca.
La COP30, celebrada en Belém, Brasil, no tuvo el éxito esperado al no concretar una hoja de ruta para la transición de combustibles fósiles. El acuerdo final excluyó las demandas de eliminación gradual de los energéticos convencionales y la reducción de emisiones con el fin de limitar el avance del cambio climático.
Las decisiones del gobierno brasileño parecen ser contradictorias con la imagen que presentaron ante la COP30. Celebraron la caída de la deforestación de la Amazonía en el 2024, bajo el argumento de que la agenda ambiental era prioritaria para el gobierno de Lula da Silva, sin embargo apostaron por leyes y proyectos que comprometen la conservación de la selva tropical más importante del mundo.
