Análisis

Apoyados de la convergencia política y económica de los gobiernos progresistas latinoamericanos, UNASUR entró en funciones en agosto de 2008 a través del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, firmado entre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

En abirl de 2018, una semana después de la VIII Cumbre de las Américas en Lima, y dos días después del nombramiento de la presidencia pro tempore boliviana de UNASUR, se presentaron las bajas indefinidas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.

UNASUR se quedó con menos de la mitad de los miembros, sin fondos suficientes, ni poder de decisión y, por lo tanto, relegada a ser un organismo testimonial. Sin el organismo, América Latina está otra vez a merced de las disputas hegemónicas en la región.

Los capitalistas transnacionales y las élites globales confían en que la economía mundial se ha recuperado del colapso financiero de 2008, pero existen razones para creer que otra crisis de grandes proporciones se vislumbra en el horizonte.

La digitalización y las tecnologías de la cuarta revolución industrial están impulsando una nueva ronda de reestructuración capitalista global, que también están agravando las condiciones estructurales subyacentes que generan crisis; en particular, sobreacumulación. Los inversores transnacionales han estado inyectando miles de millones de dólares en la rápida digitalización del capitalismo global como la última salida para su excedente capital acumulado y cubriendo sus apuestas sobre nuevas oportunidades de inversión en el Estado policial mundial.

El concepto de Estado policial global nos permite identificar cómo las dimensiones económicas de la transformación capitalista global se cruzan en nuevas maneras con las dimensiones políticas, ideológicas y militares de esta transformación.

Existe una convergencia en torno a la necesidad política del capitalismo global de control y represión social y su necesidad económica de perpetuar la acumulación frente al estancamiento. Cuando llegue la próxima crisis, las fuerzas de la resistencia de abajo y la Izquierda deben estar en condiciones de tomar la iniciativa y hacer retroceder al Estado policial global.

Para la industria automotriz mexicana, y para las armadoras europeas y asiáticas con intereses en la región de América del Norte, no han sido suficientes los cambios que la Administración de EEUU ha hecho en sus planteamientos sobre el sector automotriz.

Las exigencias que más incomodan a los fabricantes mexicanos son: el aumento del 62.5% al 75% en el mínimo de componentes fabricados en América del Norte de los automóviles ensamblados bajo el TLCAN; y que el 40% de los vehículos ligeros y el 45% de los pick-ups sean fabricadas con salarios manufactureros de 16 dólares por hora.

Los empresarios automotrices mexicanos han calificado los últimos planteamientos como “desfavorables, inalcanzables y no realistas”.

Los mecanismos de la retirada de EEUU del Tratado de Libre de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han sido ampliamente explorados, con un consenso de que el presidente Donald Trump sí tiene la autoridad legal para retirarse del acuerdo.

En comparación con los EEUU, Canadá y México tienen procedimientos legales más claros. Aunque los poderes legales para retirarse de los compromisos del TLCAN son muy amplios en los tres países socios, son las limitaciones políticas y económicas las que reducen el alcance de la posible cancelación del TLCAN.

Este Policy Brief examina los procedimientos legales en Canadá y México en el caso de que cualquiera de los países decida retirar o terminar el TLCAN.