A lo largo de todo el mundo, los efectos de las políticas neoliberales han agotado a la sociedad. Como lo han demostrado las recientes manifestaciones, las sociedades están cansadas de sostener los costos de la privatización de los servicios públicos, la flexibilización de la legislación laboral, la financiarización del ahorro y las pensiones, la concentración de riqueza y la preeminencia del capital privado en la asignación de recursos. Los intereses privados se apropiaron de la gestión económica y política pública y, con esto, le arrebató el ejercicio político a la sociedad.
Las reformas estructurales neoliberales corresponden al “Consenso de Washington”, dictado del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos. Sus políticas entraron en América Latina vía golpes de Estado en Chile en 1973, Argentina en 1976, Uruguay en 1973 y el Perú en 1992 y a través también del condicionamiento de las instituciones financieras internacionales. Hay que agregar Bolivia, en 1985, bajo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro; México, en 1888, con Salinas de Gortari; Brasil, en 1990, con Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso luego. Finalmente, entre 2001 y 2006, entró en Ecuador con los gobiernos defenestrados de Gustavo Noboa (2000-2003) y Lucio Gutiérrez (2003-2005) que terminaron en la Revolución Ciudadana y Rafael Correa y el proceso trunco. Excepto en Cuba, Venezuela y Bolivia, desde fines de la década del 80, la política económica en América Latina está basada en el libre mercado; es decir el principio del no intervencionismo en la economía y la lógica de superávit fiscales.
Los saldos económicos son ambiguos, con sucesivas crisis financieras, alta concentración del ingreso y exclusión social a la par de crecimiento primario exportador descendente, década a década desde 1990. Sin embargo los saldos sociales son aún peores en términos de privatización de bienes públicos como la educación, la salud, y el deterioro salarial, de la calidad del empleo y de pensiones. Las protestas de octubre en Ecuador, Chile, Haití y Argentina expresan un sentimiento de hartazgo general del modelo de política económica.
En Ecuador, las movilizaciones aparecieron a partir del anuncio del presidente, Lenin Moreno, de un nuevo Plan de Austeridad que incluía una reducción del gasto gubernamental, un retiro al subsidio de combustibles y un incremento del 25% en el precio de la gasolina. La escalada en las protestas indígenas y urbanas obligó al gobierno a abandonar la capital, Quito, y trasladarse a Guayaquil. Tras doce días de protestas, 8 muertos y más de 1,300 heridos, el gobierno de Moreno retiró su Plan y derogó el Decreto 883, dando marcha atrás al incremento en los precios de los combustibles. Está claro que el retorno a la normalidad es breve y que las presiones del FMI para disminuir su déficit fiscal difícilmente no pararán ahí y, por lo tanto, tampoco el descontento ecuatoriano.
En Chile, las manifestaciones comenzaron con el anuncio de un incremento del 3% al pasaje del metro la Ciudad de Santiago (de 800 a 830 pesos, de US$1.091 a US$1.132) a inicios de octubre de 2019. Tras los primeros seis días protesta y cuatro noches de toque de queda, el Presidente Piñera se disculpó por la falta de “visión en reconocer la situación en toda su magnitud” y anunció la cancelación del aumento en la tarifa del metro y un paquete de medidas para otros servicios básicos (privados) como educación y salud. Pero, el descontento va más allá, pues arrastra los daños de los 46 años desde el golpe y los 29 de democracia que no repararon ni la verdad de los crímenes del régimen militar, y su castigo, ni revirtieron la constitución escrita en 1980 por el gobierno militar y mantenida por el acuerdo con los partidos al regreso a la democracia. A dos semanas de movilizaciones, al momento de redacción, con por lo menos 20 muertos, más de 3 mil detenidos y un sinnúmero de heridos, y destrucción de infraestructura por alrededor de 1,000 millones de dólares, el Presidente Piñera anunció la destitución de su Gabinete y suspendió las conferencias de la APEC y de la COP 25 que debían tener lugar en Santiago y aceptó su derrota política. No obstante, parece que la sociedad chilena reconoce que se debe cambiar de régimen económico e, incluso, de régimen político, nueva constitución y fuera Piñera.
Mientras tanto se celebraron elecciones en Argentina y Uruguay el pasado fin 27 de octubre, con resultados opuestos. Por una parte, la sociedad argentina manifestó su hartazgo con las reformas estructurales, el intervencionismo del FMI y, en general, las políticas de mercado. Se eligió, sin necesidad de segunda ronda, al peronista Alberto Fernández secundado por Cristina Fernández como vicepresidenta. Con esto, Argentina busca retomar la ruta progresista inaugurada en 2003 con Néstor Kirchner y abandonar las políticas del FMI.
Por otra, en Uruguay en la primera ronda de voto presidencial, tras 15 años de políticas económicas progresistas, los candidatos del Frente Amplio obtuvieron el 39,17% del voto, sin la mayoría absoluta para gobernar en la primera vuelta, y el Partido Nacional, 28.59%. Van a una segunda vuelta donde es posible que gane Lacalle, del Partido Nacional (Blanco) hijo del expresidente de la República Luis Alberto Lacalle. El último, con la ayuda de Bolsonaro, parece ser parte del soporte a la derecha uruguaya. En contratendencia, parece factible que le gane al Frente Amplio, y refuerce las políticas de libre mercado en la región.
