El estudio propone estrategias que pueden contribuir al avance de Brasil, Chile y México en materia económica, tomando en cuenta la conservación ecológica y el mejoramiento de los indicadores sociales (ingreso, educación y salud). Para ello se identifican sus recientes pautas de acción en materia económica, medioambiental y de bienestar social; se proponen indicadores verdes y se caracterizan los sectores productivos en materia de contaminación; y se estudian los determinantes de la emisión de gas de efecto invernadero y la deforestación.

La reflexión final apunta a que Brasil, Chile y México han avanzado tanto en el delineamiento de prácticas verdes (reducción de los gases de efecto invernadero, abatimiento de la contaminación en el aire y la promoción de energías renovables) como en la política social (incremento del PIB per cápita, población, expectativa de vida, acceso al agua y a electricidad, así como disminución del índice de Gini y la pobreza). No obstante, hay tarea pendiente: para Brasil se recomienda aumentar la cuota de las energías ecológicamente amigables en la industria agrícola, acerera y transportista, así como mantener la política de ingresos equitativos vía educación a los sectores menos privilegiados; para Chile se aconseja tener un mayor control ecológico sobre sus sectores más boyantes, a saber minería y acuicultura, al tiempo de ensanchar la matrícula  en el nivel secundaria; y para México se sugiere sustituir los subsidios a los combustibles fósiles por transferencias de efectivo a los estratos con menor renta, diversificar su aparato productivo de las manufacturas y los productos eléctricos hacia actividades menos contaminantes y abatir los problemas de inseguridad.

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Con comerciales ingenioso durante el Super Bowl, una fruta irresistible y un apetito al parecer insaciable de los consumidores en Estados Unidos, los productores de aguacate de México han conseguido hasta ahora separar los aguacates del terreno en conflicto que los produce, al menos hasta que una amenaza a un inspector de agricultura estadounidense esencialmente cerró las exportaciones la semana pasada.

Pero mientras los productores siguen sufriendo extorsiones del crimen organizado y los taladores siguen talando bosques para despejar tierras para el cultivo de aguacate, otra amenaza acecha: campañas por una competencia más verde y quizás incluso un boicot.

La mayoría de los partidarios de una producción más sostenible no están pidiendo un boicot total.

Los aguacates “son una porción muy grande de la economía del país o la economía regional, y prohibirlos enteramente no sería beneficioso” para granjeros ya en apuros, dijo Gareth Elliot, un gerente de restaurante en Nueva Jersey que administra la página de Facebook “Blood Avocados” (Aguacates Sangrientos). “Pero si hubiese más estudios ambientales y los aguacates fuesen producidos en una manera responsable, resolveríamos el problema juntos”.

Hasta ahora, la asociación de productores y empacadores mexicanos ha tomado pocas medidas para resolver los problemas, al igual que su rama promocional en Estados Unidos, Avocados from Mexico, pese a que los granjeros en México reportan tener que pagarles miles de dólares por protección a bandas de narcotraficantes por cada huerto de aguacates.

Quienes no pagan son amenazados con el secuestro, el asesinato y el descuartizamiento de familiares.

Las asociaciones de productores han comprado comerciales millonarios en el Super Bowl, pero no se han molestado en crear un programa de certificación que les asegure a los consumidores que el aguacate que compran no está relacionado con pagos a los cárteles de las drogas, los mismos que inundan Estados Unidos con letales píldoras de fentanilo falsificadas para que parezcan Xanax, Adderall u Oxicodona.

Ningún grupo respondió a pedidos de comentario sobre el asunto. El presidente de México ha insinuado que la suspensión de las importaciones de aguacate es parte de una conspiración contra el país.

Ese tipo de programa de certificación es lo que quieren muchos activistas.

“Creo que eso podría ayudar a elevar la sensibilización”, dijo Elliot, que afirma que mucha gente pudiera no estar al tanto del problema. “Llamar la atención del consumidor que compra le habla más claro a la política estadounidense o incluso la política global que lo que hacen las protestas”.

Pero la renuencia de Elliot a un boicot pudiera esfumarse si la tala ilegal y la plantación de aguacate llega al corazón de las reservas de las mariposas monarca en el estado occidental de Michoacán.

Hasta ahora, los agricultores solamente se han acercado a los bordes de las zonas de protección de los pinares montañosos en donde las mariposas pasan el invierno antes de regresar a Estados Unidos y Canadá. En el presente, las cimas son demasiado frías y elevadas para el aguacate, pero con el cambio climático, eso, como todo lo demás, pudiera cambiar. “Las mariposas monarca no tienen la opción de hibernar en otras partes”, dijo Elliot. “No creo que los estadounidenses quieran decirles adiós a las mariposas monarca”.

El chef J.P. McMahon, que tiene los restaurantes Aniar, Cava y Tartare en Irlanda, ya comenzó a proponer que no se compren aguacates.

Los aguacates son “percibidos como algo saludable, y el contraste con lo que en realidad le hacen” al ambiente y la sociedad, “no pudiera estar más lejos, polos opuestos, absolutamente no”, dijo.

McMahon ha tratado de promover recetas de guacamole más sostenibles y producidas localmente que usan col rizada o alcachofas de Jerusalén. Ha sido una batalla difícil: ha recibido mensajes furiosos de productores mexicanos que dicen que necesitan los ingresos, y comensales y chefs que quieren aguacates. “Pero yo me mantengo firme”, manifestó.

“El desastre ambiental, la deforestación causada para satisfacer la fiebre de aguacate sobre tortillas tostadas me repugnó tanto que decidí dejar de comerlos completamente”, escribió McMahon en noviembre. “Casi cinco años después, extraño el aguacate, pero no voy a participar de la explotación de la tierra y la gente para satisfacer un antojo”.

Y existen otros países sin las disputas de tierras, escasez de agua, extorsión de carteles, especies en peligro y tala ilegal que tiene México que podrían tratar de suplantar la dominante porción mexicana de 80% de las importaciones estadounidenses con aguacates más sostenibles. Perú, Colombia y Chile tienen sus propios problemas, pero la extorsión de productores por las pandillas no es uno de ellos.

“Los exportadores colombianos ven en Estados Unidos un mercado del mayor potencial y hay unas oportunidades y unas ventajas enormes para producir aguacate en Colombia”, dijo Juliana Villegas, vicepresidenta de exportaciones de la agencia ProColombia.

“Nosotros tenemos un lujo, diría yo, en Colombia y hasta podemos sentirnos en nuestra frontera agrícola. Nosotros tenemos hoy millones de hectáreas disponibles sin deforestar. Eso creo que es una ventaja enorme que tenemos que aprovechar. Las áreas cultivables en Colombia son muy, muy amplias”.

Cualquier prohibición sostenida de las exportaciones de aguacate pudiera de hecho beneficiar a las familias mexicanas que no pueden ya comprar la fruta debido a la alta demanda internacional.

Pero la pérdida de ingresos sería devastadora para los campesinos mexicanos que —como muchos otros en Latinoamérica— se han pasado casi cinco siglos buscando un cultivo milagroso que los saque de la pobreza.

Azúcar, caucho, bananas, tintes naturales, café, cacao llegaron y se fueron, pero nunca cumplieron realmente esa promesa. O eran solamente prácticos en plantaciones grandes con trabajo esclavo o podían ser cultivados en forma más barata en otras partes, o enfermedades y substitutos sintéticos fueron desastrosos para las cosechas.

Para México, el aguacate ha sido ese cultivo milagroso por casi 25 años. Un granjero con apenas unas pocas hectáreas de árboles de aguacate puede pagar por la universidad de sus hijos o comprarse una camioneta nueva para llevar su producto al mercado y evitarse intermediarios, algo que ningún otro cultivo ha podido ofrecer.

Pero no son los consumidores en Estados Unidos quienes están en las líneas del frente: muchos activistas solitarios, amenazados, en pueblecitos mexicanos están peleando contra la tala ilegal y la expansión de los huertos de aguacate hacia los bosques.

El activista Guillermo Saucedo trató de instituir patrullas de granjeros para detectar tala ilegal y aguacatales no autorizados en Villa Madero, Michoacán, el año pasado.

Consiguió que entre 60 y 70 personas participaran en las patrullas, a partir de mayo. Pero el 6 de diciembre, Saucedo fue secuestrado, golpeado y amenazado por un cártel del narco que protege o invierte en huertos de aguacate.

Esta semana, Saucedo dijo que detectó un enorme estanque de retención de agua como los que cavan los agricultores de aguacate en un pueblecito cerca de Villa Madero, pero duda que el gobierno vaya a frenarlos.

“La Guardia Nacional no hace nada. Lo único que puede parar esto es la gente misma, acudiendo a las protestas”.

Crean un mapa mundial de conflictos ecológicos.

Son miles, afectan a muchos países y están fundamentalmente generados por la creciente demanda de energía y recursos naturales.

De los casos que detalla el recién creado Atlas global de Justicia Ambiental, más de 300 son de América Latina.

Y además, los más perjudicados por estos conflictos que tienen que ver con el medio ambiente son los más desfavorecidos.

Esas son algunas de las conclusiones de esta plataforma interactiva, producto del trabajo de un equipo internacional de expertos coordinados por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de B

arcelona.

Vea el Atlas global de Justicia Ambiental

"El Atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo, por demandas de materiales y energía de la población mundial de clase media y alta”, comentó Joan Martínez Alier, director del proyecto europeo de organizaciones de justicia ambiental EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade) que hizo posible este mapa.

"Las comunidades que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político para acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud", señaló Alier.

Injusticias medioambientales

Creado con la colaboración de activistas y académicos, el inventario de casos medioambientales permite a los usuarios buscar y visualizar los conflictos por tipo de material (ya sea minerales, hidrocarburos, agua o desechos nucleares), compañías involucradas y países.

En América Latina, el mayor número de casos documentados por el atlas se distribuyen entre Colombia (72), Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30).

El interesado puede, entonces, seleccionar uno de los puntos ubicados en el mapa y obtener información sobre, por ejemplo, el juicio que enfrentó la compañía productora de soja Monsanto en Argentina por el uso indebido de agroquímicos.

O sobre el caso de la marca Chiquita, distribuidora de plátanos, en Colombia.

El mapa detalla que grupos defensores de derechos humanos, medioambientales y laborales han denunciado a esta empresa por los problemas ambientales, sociales y de salud causados por la violación de derechos básicos de sus trabajadores y la financiación ilegal de grupos paramilitares.

Estos son sólo dos casos de los cientos de puntos que cubren la región: clasificados según su color, hay conflictos que tienen que ver con el agua, la minería, la deforest

ación o los residuos tóxicos.

Esperanza

La iniciativa, que contó con la participación de 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental de 18 países, tiene varios objetivos, entre los que se encuentra el de hacer accesible la información y dar más visibilidad a estas disputas.

Sus creadores esperan que nuevas organizaciones civiles y expertos en áreas específicas contribuyan para ir cubriendo de puntos los espacios y regiones que aún están vacíos.

De momento, y aunque los miles de conflictos relevados no invitan al optimismo, sus responsables destacan las señales positivas.

"El mapa muestra tendencias preocupantes como la impunidad de las compañías que cometen delitos medioambientales o la persecución de los defensores ambientales, pero también inspira esperanza", dice Leah Temper, coordinadora del Atlas.

"Entre las muchas historias de destrucción ambiental y de represión política también se hallan casos de victorias en la justicia ambiental".

De hecho, precisa Temper, este es el caso del 17% de los conflictos analizados: se han ganado juicios legales, se ha logrado la cancelación de proyectos y se han conseguido la devolución de bienes a algunas comunidades.

El Atlas fue presentado este miércoles (de marzo de 2014) en Bruselas, en la Delegación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

En análisis recientes, en el OBELA hemos observado un aumento en la demanda y uso de transporte terrestre de pasajeros. Por eso, consideramos como un punto a favor del ambiente y la economía su electrificación mediante baterías de combustible. Sin embargo, existe el debate sobre si aprovechar el litio presente en tierra o invertir en la producción de hidrógeno (H2) a partir del gas natural o del agua. ¿Cuál es la mejor alternativa con el objetivo de proteger el medio ambiente y desacelerar el cambio climático?

El hidrógeno es el elemento más abundante y ligero en la Tierra, pero su molécula no aparece de forma aislada naturalmente. Su obtención requiere mayor complejidad técnica y económica, a partir de una materia prima que lo contenga mediante un aporte de energía. Actualmente, la principal fuente de obtención de H2 es el gas natural y el agua. La electrólisis es el único proceso de extracción de H2 que no genera dióxido de carbono (CO2), pero disociar el H2 del oxígeno en el agua consume más energía que la que produce el H2 al quemarse. Es un gas muy inflamable y precisa de sistemas de seguridad que incrementan su costo de producción.

Para el almacenamiento del H2 producido, existen tres procesos muy comunes: la presurización, la licuefacción y la absorción en hidruros metálicos. Lo más complejo en su almacenamiento es que a pesar de que el H2 tiene uno de los mayores niveles de energía específica, tiene uno de los menores niveles de densidad de energía. Esto requiere presiones muy elevadas y temperaturas extremadamente bajas (-253 ℃), que incrementan el costo y complejidad de su presurización.

El almacenamiento mediante hidruros metálicos (compuestos donde el hidrógeno se combina con un metal) permite contenerlo a presiones relativamente bajas, con una densidad alta y sin exigencias térmicas tan extremas. Aunque se degraden con el tiempo y sean muy sensibles a las impurezas, ofrecen mayor seguridad y mejores características para sistemas estacionarios, una solución conveniente.

Sin embargo, la infraestructura de recarga para las baterías de H2 aún es ineficiente, pues la instalación es más cara y compleja que la de una red de recarga eléctrica. Los grandes vehículos de transporte como camiones o trenes están todavía lejos de poder recurrir a este tipo de baterías por cuestiones de eficiencia y consumo de energía. Actualmente, se invierte en investigación para eliminar estos límites.

El litio, diferente al H2, lo podemos encontrar en yacimientos específicos. El más importante es el “Triángulo de litio”, una zona ubicada en el límite de Argentina, Bolivia y Chile que concentra más del 85% de las reservas conocidas en el planeta.

La industria de baterías explora distintas combinaciones químicas para mejorar la eficiencia de sus baterías. Como ejemplo, el fabricante chino Brighsun New Energy, ha desarrollado una batería de litio-azufre, que promete suprimir el crecimiento dendrítico, el principal obstáculo que enfrentan las baterías de ion-litio. Las dendritas son cavidades internas producto del deterioro de la batería que aumentan su inflamabilidad y reduce su seguridad.

En la actualidad, el proceso de tratamiento de estas baterías como residuo emite mucho CO2 y se recupera sólo el 50% de sus componentes. Por eso, se propone reutilizar las baterías que hayan perdido parte de su rendimiento. Cuando ya no son útiles como reserva de energía para fines de transporte eléctrico, se pueden utilizar como sistemas de alimentación de emergencia en estaciones de carga, pues en ellas no es tan importante que la carga y descarga sea rápida y la densidad energética no es problema.

La extracción del litio y gas natural (para obtener H2) genera impactos severos en el ambiente y muchos riesgos asociados a la geología de los yacimientos: inundaciones, derrumbes, incendios, explosiones y liberación de diversos contaminantes. Los países con las mayores reservas de litio e hidrocarburos tienen las leyes más laxas respecto al tema.

Se necesita plantear hasta dónde la ley ambiental ­de cada país hará responsable al productor de las baterías, desde la obtención de materiales hasta el manejo de residuos. El grupo de trabajo de expertos en la ESM (Gestión Ambientalmente Racional) dentro del Convenio de Basilea está trabajando actualmente en hojas de datos para la gestión adecuada de los distintos tipos de residuos y, aunque todavía no han finalizado, puede consultarse su borrador inicial.

No existe la fuente de energía perfecta. Ambientalmente, la mejor alternativa es el H2 a partir del agua, que no genera ningún contaminante posterior a su combustión. Su problema radica en que aún no es económica ni energéticamente viable, pues para producir el H2 necesario para que teóricamente un automóvil recorra 100 Km, se consume el doble de electricidad (sin contar la necesaria para la compresión), que la necesaria para recorrer la misma distancia usando baterías de litio.

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China no debe de ser culpado por la mayor parte de los problemas sociales y ambientales de America Latina, si bien es cierto que el gigante asiático –con posición global- debería de tomar en cuenta la importancia de mitigar los impactos sociales y ambientales de su actividad fuera de sus fronteras para mantener buenas relaciones con los países que interactúa, y al mismo tiempo reducir los riegos potenciales asociados con la inversión en el extranjero.

Solo algunas compañías chinas tienen capacidad de adherirse a  mejores prácticas en el ámbito social y ambiental de modo que es evidente la falta de experiencia en la formulación políticas en los países receptores con el fin de aminorar los efectos de las inversiones en su zona. Las economías latinoamericanas poco a poco han aumentado la presión sobre los gobiernos para “agilizar” las aprobaciones de las oportunidades del comercio e inversión con China de forma que se puedan atenuar las voces de organizaciones civiles que trabajan para responsabilizar por sus acciones  a los gobiernos y a las empresas extranjeras.

El interés para cambiar dicha realidad se centra en los gobiernos de los países latinoamericanos  así como en las empresas chinas, para poner en marcha políticas sociales y ambientales adecuadas con el fin de maximizar los beneficios y mitigar los riegos de la actividad económica de China en America Latina.

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La mitad de las ventas de vehículos eléctricos registradas en 2021 a nivel mundial se efectuaron en China, según datos publicados este medio día por la consultora Canalys.

En total, según las estimaciones de Canalys, se vendieron 6.5 millones de este tipo de vehículos -incluyendo los totalmente eléctricos y los híbridos enchufables- en todo el mundo durante el año pasado, un 109% más que en 2020, alcanzando ya un 9% de las ventas totales de vehículos a nivel global.

De la citada cantidad, más de 3.2 millones fueron en China, donde los eléctricos ya representan un 15% de las ventas de vehículos, doblando así el porcentaje del año anterior.

“Se lanzan muchos nuevos modelos cada mes en cada uno de los segmentos importantes del mercado, desde pequeños urbanos económicos (…) hasta sedanes ‘premium’ y SUV”, indicó el analista de Canalys Jason Low, que asegura que “todavía hay grandes oportunidades de crecimiento en 2022 y más adelante”.

En el caso de Europa, la cifra nominal es menor (2.3 millones) pero la porcentual supera a China, con un 19% de eléctricos sobre el total de coches vendidos en 2021.

En Estados Unidos, la tasa de adopción es mucho menor, con 535,000 unidades, que representaron el 4% de las ventas de automóviles del año.

A nivel mundial, Tesla repite como marca líder con un 14% de la cuota de mercado, seguida del Grupo Volkswagen (12%) y las chinas SAIC (11%) y BYD (9%).

En el caso de SAIC, buena parte del éxito se debe atribuir a su modelo ‘low-cost’ Wuling Hongguang Mini EV, que parte de en torno a unos 3,900 euros (unos 4,500 dólares), lo que lo coronó como modelo más vendido en la China continental en 2021.

La contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación aborda la comprensión física más actualizada del sistema climático y del cambio climático, reuniendo los últimos avances de la ciencia del clima y combinando múltiples líneas de evidencia procedentes del paleoclima, las observaciones, la comprensión de los procesos y las simulaciones climáticas globales y regionales.

El Resumen para Responsables de Políticas (SPM) proporciona un resumen de alto nivel sobre la comprensión del estado actual del clima, incluyendo cómo está cambiando y el papel de la influencia humana, y el estado de los conocimientos sobre los posibles futuros climáticos, la información climática relevante para las regiones y sectores, y la limitación del cambio climático inducido por el hombre.

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La presencia de microplásticos (piezas de plástico mucho más pequeñas que un grano de arroz) ha sido confirmada en la nieve antártica recién caída, por primera vez.

El hallazgo, publicado en revista The Cryosphere, saca a la luz una grave amenaza para la Antártida. La investigación ha encontrado que los microplásticos tienen impactos negativos en la salud ambiental (limitan el crecimiento, la reproducción y las funciones biológicas generales en los organismos, así como las implicaciones negativas para los humanos). En una escala más amplia, en el aire tienen el potencial de influir en el clima al acelerar el derretimiento de la nieve y el hielo.

Alex Aves, estudiante de doctorado de la Universidad de Canterbury, recolectó muestras de nieve de la plataforma de hielo de Ross en la Antártida a fines de 2019, como parte del Certificado de Posgrado en Estudios Antárticos en dicha universidad. En ese momento, había pocos estudios sobre la presencia de microplásticos en el aire, y se desconocía cuán extendido estaba el problema.

“Cuando Alex viajó a la Antártida, éramos optimistas de que no encontraría ningún microplástico en un lugar tan prístino y remoto”, señala en un comunicado Laura Revell, profesora asociada de física ambiental. Además de los sitios más remotos, “le pedimos que recogiera nieve de las carreteras de la base Scott y la estación McMurdo, para que tuviera al menos algunos microplásticos a fin de estudiarlos”.

Una vez de regreso en el laboratorio, rápidamente se hizo evidente que también había partículas de plástico en cada muestra de los sitios remotos en la plataforma de hielo de Ross, y que los hallazgos serían de importancia mundial.

Aves afirmó: “Es increíblemente triste, pero encontrar microplásticos en la nieve fresca de la Antártida resalta el alcance de la contaminación por ese material, incluso en las regiones más remotas del mundo. Recolectamos muestras de 19 sitios en la región y encontramos esos desechos en todos ellos”. 

Laura Revell agregó: “Mirando hacia atrás ahora, no estoy nada sorprendido. A partir de los estudios publicados en los años recientes, hemos aprendido que en todos los lugares donde buscamos microplásticos en el aire, los encontramos”. 

Reporte de Greenpeace e instituto de Veracruz

Los plásticos de un solo uso forman la mayor parte de la basura marina y en dos meses se encontraron en 11 playas de Veracruz 4 mil 344 piezas, la mayoría fragmentos no identificados y de unicel, tapas y botellas de PET utilizado por la industria refresquera, bolsas desechables para alimentos y botellas de diversos tipos de plástico, indica un reporte de Greenpeace México y el Instituto Tecnológico de Veracruz.

Agrega que de una cuarta parte de lo que se pudo identificar destaca que son desechos de Coca Cola, Pepsico, Colgate Palmolive, Keuring Dr. Pepper, Unilever, Procter & Gamble, Nestlé, Quala y Grupo Danone. También Industrias Clarasol, Grupo Bimbo, Grupo Lala, Alpura, Industrias Patrona y Pisa Farmacéutica.

La degradación de los plásticos termina fragmentándolos en microplásticos e incluso en nanoplásticos, piezas menos visibles y que generan más daño a la biodiversidad y al ser humano, ya que existe evidencia científica de que se incorporan a los tejidos y órganos de los seres vivos, sostuvo Jacobo Santander Monsalvo, uno de los autores de la publicación.

La alta inflación de los últimos años se puede comparar con la década de 1970, aunque era una economía muy diferente. Los bancos centrales subieron las tasas de interés en ambos períodos para contener la tasa general. A diferencia del pasado, la inflación de los alimentos no ha cedido esta vez. Este artículo abordará los motivos subyacentes.

Existen varias razones por las cuales los precios de los alimentos muestran una mayor resistencia a la política monetaria en comparación con otros bienes y servicios. Los alimentos representan una necesidad básica; los consumidores los adquieren incluso cuando sus costos se elevan. Además, están sujetos a influencias provenientes de las políticas comerciales, las cadenas de suministro y, cada vez más, a los efectos del cambio climático y sus fenómenos extremos.

El conflicto entre Rusia y Ucrania generó una interrupción en las exportaciones de alimentos, lo cual a su vez provocó un aumento en los precios de fertilizantes, trigo, maíz y aceite de girasol a nivel global. Esto expuso la concentración existente en la producción de productos básicos, dado que ambos países son dos de los mayores exportadores mundiales de estos elementos. En la escala global, Brasil lidera la producción de café, soya, maíz, azúcar y aves de corral, todos con una tendencia al incremento en los próximos años, a costa de la Amazonia.

Por otro lado, en términos de demanda, China ha experimentado un crecimiento acelerado en la importación de productos agrícolas, posicionándose como uno de los principales importadores a nivel mundial. No obstante, los insumos químicos utilizados en el procesamiento de alimentos han experimentado una reducción en sus costos debido al aumento de su producción en China continental a lo largo del tiempo.

La utilización de los productos agrícolas en sector energético e industrial, como en la fabricación de aceites no comestibles, alcoholes y biodiesel aumenta rápidamente, lo cual presiona el precio de los granos y los aceites vegetales. 

El efecto del clima en la economía ha sido escasamente considerado, más allá de las pérdidas que resultan de los desastres naturales. Hasta ahora, el comercio internacional ha servido para contrarrestar las malas cosechas y mitigar el impacto del clima en los precios.

Frente a fenómenos naturales como inundaciones o incendios forestales, el impacto económico tiende a ser local, generando pérdidas en el lugar donde se encuentran el ganado y los cultivos. Si la frecuencia e intensidad de estos eventos siguen aumentando, las importaciones no serán suficientes para enfrentar estas dificultades.

Las sequías prolongadas, como la que comenzó en 2017 y se acentuó con fenómenos de gran envergadura como El Niño, provocan sequías generalizadas que afectan múltiples regiones y países. Estas reducen la disponibilidad de agua para riego y consumo humano, teniendo un impacto directo en cultivos y ganado. La falta de agua impide el desarrollo de los cultivos, reduciendo rendimientos y, en muchos casos, causando la pérdida total de cosechas. Si persisten, pueden resultar en desplazamientos de población, abandono de tierras agrícolas, su posterior desertificación y la merma de tierras cultivables.

La producción agrícola ha decrecido en varias regiones simultáneamente debido a estas sequías generalizadas, lo que afectó la oferta global de alimentos y condujo a un aumento en los precios.

A medida que las temperaturas aumenten, los patrones climáticos se tornarán más impredecibles, aumentando la probabilidad y gravedad de eventos climáticos extremos como sequías. Esto conlleva una creciente inestabilidad en los mercados agrícolas nacionales y globales, dificultando la labor de los productores. También incrementa el riesgo de pérdidas económicas, problemas para entregar las cosechas a tiempo y una disminución de inversiones en el sector, lo que podría llevar a una mayor concentración de la propiedad de la tierra.

El impacto de la sequía en la calidad y los precios de estos productos perdurará en los próximos meses. La producción de vino y aceite de oliva, según un artículo citado, requerirá varios años para recuperarse de la sequía. Mientras tanto, el café sufre los efectos del cambio climático en los patrones de crecimiento de los granos, agravados por la transición a la tercera ola del café.

Los gobiernos están empezando a implementar medidas para atenuar el impacto del alza en los precios de los alimentos. Estas acciones incluyen subsidios alimentarios, programas de asistencia alimentaria y transferencias de ingresos. Además, será crucial invertir en investigación y desarrollo agrícola para cultivar especies más resistentes al cambio climático, mejorar la infraestructura agrícola para hacerla menos vulnerable a eventos climáticos extremos y proporcionar respaldo financiero a los agricultores para ayudarlos a adaptarse al cambio climático.

El gobierno de Estados Unidos anunció este mediodía una inversión de 9,500 millones de dólares para fomentar el uso de hidrógeno verde en la industria, además de una iniciativa para que la Administración priorice la compra de materiales no contaminantes.

Como parte del plan de infraestructura del presidente, Joe Biden, la Secretaría de Energía invertirá 8,000 millones para crear plantas regionales de hidrógeno verde, 1,000 mdd para tecnología de electrólisis y 500 millones para proyectos de reciclaje de este gas.

“La postura de la Administración es que el hidrógeno verde tiene potencial de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero”, explicaron altos funcionarios en condición de anonimato durante una llamada con periodistas.

El hidrógeno verde se produce a partir del agua con el proceso de electrólisis, que se puede llevar a cabo mediante electricidad obtenida de fuentes renovables sin emitir dióxido de carbono a la atmósfera, a diferencia del hidrógeno gris, obtenido a través del gas natural.

El gobierno estadounidense también anunció la creación del Grupo de Trabajo para Compras Limpias, que se encargará de verificar que la Administración compre aquellos materiales de construcción, como acero o cemento, en cuyo proceso de fabricación se emitieron menos emisiones y contaminantes.

“Es la primera vez que el gobierno federal aprovecha su poder de compra para impulsar mercados de bajas emisiones de carbono”, subrayaron los funcionarios, al destacar que la Administración estadounidense es el mayor comprador del mundo.

También explicaron que Estados Unidos está trabajando con la Unión Europea (UE) para “alinear” el comercio mundial con los objetivos climáticos.

La semana pasada, el Gobierno anunció la puesta en marcha de su programa para instalar 500,000 cargadores para coches eléctricos en las carreteras del país, que también forma parte del gran plan de infraestructuras de Biden, con el que busca crear empleos y combatir la crisis climática.

Al asumir como presidente hace un año, Biden devolvió Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el Clima, del que la Administración Trump se había retirado, y prometió que el país neutralizará sus emisiones de gases para efectos invernadero para 2050.

Argentina, Uruguay y Chile atraviesan una sequía extrema y altas temperaturas provocando pérdidas de cosechas y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la salud de las personas y también los ecosistemas.

Científicos de Argentina, Colombia, Francia, los Estados Unidos, los Países Bajos y el Reino Unido han colaborado para evaluar en qué medida el cambio climático inducido por el ser humano ha alterado la probabilidad y la intensidad de las escasas precipitaciones que han provocado la sequía, centrándose en los tres meses especialmente graves, de octubre a diciembre de 2022.

El análisis de la Atribución Meteorológica Mundial ha concluido que el cambio climático no es el principal impulsor de la reducción de las precipitaciones. Sin embargo, ha demostrado que el cambio climático ha producido un aumento de las temperaturas en la región, lo que probablemente ha reducido la disponibilidad de agua y empeorado los impactos de la sequía.

El alto impacto de la sequía en la agricultura y la actividad económica pone de manifiesto la necesidad de reducir la vulnerabilidad ante la falta de precipitaciones, tomar medidas que mejoren la gestión del agua y la anticipación de la sequía mediante previsiones estacionales y establecer mecanismos de seguro para ayudar a los agricultores a hacer frente a estos fenómenos y mejorar la resiliencia.

Impacto económico

Argentina, a pesar de ser uno de los principales exportadores de trigo del mundo, prevé que las exportaciones agrícolas para 2023 caigan un 28% en comparación con los niveles de 2022. Según informes de la Atribución Meteorológica Mundial, la sanidad de los cultivos en Argentina es la peor de los últimos 40 años, con graves repercusiones previstas en las cosechas de trigo y soja. Entre enero de 2022 y enero de 2023, los ingresos por exportación de cereales y oleaginosas de Argentina ya han disminuido en un 61%.

Uruguay, con un 60% de su territorio afectado por la sequía extrema, declaró la emergencia agrícola en octubre de 2022. Más de 75.000 personas sufren la falta de acceso al agua potable y el acceso al agua para los cultivos y el ganado también es limitado.

Por su parte, Chile atraviesa la sequía más larga de la región en al menos mil años, según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre el estado del clima en América Latina. Tras 13 años de escasas precipitaciones, la situación agrava la tendencia a la desecación y sitúa al país a la cabeza de la crisis hídrica de la zona.

Temperaturas extremas

La región también sufre olas de calor intensas, cuya frecuencia y duración han aumentado por el cambio climático. En el estudio reciente realizado en la zona, los científicos de la Atribución Meteorológica Mundial han descubierto que el cambio climático inducido por el ser humano ha provocado que las temperaturas extremas en diciembre de 2022 fueran unas 60 veces más probables.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, los meses de noviembre a enero han sido los más calurosos de la historia y ya se está registrando la octava ola de calor de la temporada. Esto ha provocado incendios devastadores en el centro de Argentina, y también en Chile, derritiendo los glaciares andinos, perjudicando la calidad del aire y enviando columnas de humo a través del Pacífico.

Tres años consecutivos de La Niña

Un factor probablemente importante en la escasez de precipitaciones es que América del Sur está experimentando actualmente los efectos de un tercer año consecutivo de La Niña, un fenómeno natural con gran influencia en los patrones climáticos de diversas partes del mundo y que causa una mayor probabilidad de menores precipitaciones en muchas partes de esta región.

La Organización Meteorológica Mundial publicará su próxima actualización sobre los fenómenos de El Niño y La Niña y el clima estacional mundial a finales de febrero.

El relator especial de la ONU sobre la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático concluyó una visita de diez días a las regiones más afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en Bangladesh, aseverando que ese país no debería afrontar solo con la carga del cambio climático y pidiendo la creación de un fondo internacional para ayudar a que el país se recupere.

Ian Fry recordó que los principales países emisores han negado durante demasiado tiempo su responsabilidad por el sufrimiento que están causando. “Y eso debe terminar”, dijo, y agregó que luego de observar de primera mano la devastación le es muy claro que la carga del cambio climático no debe recaer sólo en Bangladesh.

“Los países emisores de la mayor parte de los gases de efecto invernadero tienen una obligación clara, según el derecho internacional, de proporcionar fondos para ayudar a los países altamente vulnerables como Bangladesh a recuperarse de los impactos del cambio climático”, recalcó.

En este sentido, urgió a la comunidad internacional a establecer un fondo para compensar las pérdidas y daños que sufren los países a causa de los fenómenos meteorológicos extremos y para financiar su recuperación.

Las mujeres, entre los grupos más afectados

Entre los grupos de población más afectados por el desastre en Bangladesh, el experto destacó a las mujeres, que deben caminar distancias muy largas para buscar agua limpia, lo que las coloca en riesgo de acoso sexual y les impide cuidar a sus hijos y trabajar en la agricultura.

Fry también explicó, por ejemplo, que las mujeres del noreste del país perdieron sus medios de vida: ganado, cultivos y semillas, y señaló que sus comunidades tardarán al menos dos años en recuperarse y volver a su actividad normal.

Otro colectivo particularmente golpeado es el de los pueblos indígenas, cuyos medios de vida tradicionales son destruidos por la tala que tiene lugar en sus tierras, además de que cada vez tienen más dificultades para conseguir agua limpia, alimentos y medicinas.

El relator señaló que esta tala viola el programa del gobierno bengalí para reducir las emisiones y la degradación de los bosques y denunció al negarles a esas comunidades el reconocimiento oficial de su origen indígena, se ignora su situación.

Desplazamientos perturbadores

Con respecto a los desplazamientos masivos de población generados por el cambio climático, el experto aseguró que son “perturbadores”.

Detalló que millones de personas que padecen las penurias provocadas por el cambio climático migran a las ciudades en busca de oportunidades sustento y terminan inevitablemente en barrios marginales donde no se les niegan sus derechos básicos.

Fry subrayó que la gravedad de la situación de los niños en los barrios marginales urbanos. “Sufren altas tasas de desnutrición, abandono escolar, matrimonio infantil, trabajo infantil y abuso”, enumeró.

Persecución a los activistas

Por otra parte, el relator especial se refirió a los activistas del cambio climático, quienes son perseguidos por las autoridades por protestar contra las nuevas centrales eléctricas de carbón.

Indicó que el gobierno utiliza la Ley de Protección Digital para acallar a estos activistas y defendió el derecho de todas las personas a expresar sus opiniones sin que se les catalogue como terroristas.

El relator especial presentará un informe sobre su visita a Bangladesh al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2023 y antes de ello, este año rendirá a la Asamblea General de la ONU otro informe la protección de las garantías fundamentales en el contexto de la mitigación del cambio climático.

El primer informe mundial sobre suelos negros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca que este tipo de superficies están más amenazadas que nunca por la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y los cambio en los usos de las tierras.

Los suelos negros, presentes mayoritariamente en Rusia con 327 millones de hectáreas, pero también en países de la región como Argentina (40 millones), Colombia (25 millones) y México (12 millones), poseen una gran fertilidad, representan la base alimentaria de muchos países y son esenciales para el suministro mundial de víveres.

Además, juegan un papel fundamental en la reducción y adaptación al cambio climático, ya que almacenan el 8,2% de las reservas mundiales de carbono orgánico del suelo y pueden llegar a capturar hasta el 10% de esta sustancia.

Debido al cambio en los usos de la tierra (cerca el 31% de los suelos negros del mundo están cultivados), a prácticas de gestión insostenibles y al uso excesivo de productos agroquímicos, la mayoría de los suelos negros ya han perdido al menos la mitad de sus reservas de carbono orgánico del suelo y sufren procesos de erosión de moderados a graves, así como desequilibrios de nutrientes, acidificación y pérdida de biodiversidad.

El informe destaca dos objetivos principales: la conservación de la vegetación natural de los suelos negros, como praderas, bosques y humedales, y la adopción de enfoques de gestión sostenible de las superficies cultivadas.

La mayoría de los nutrientes esenciales para las plantas lo aportan los suelos

La Organización recuerda que el 95% de los alimentos que consumimos proceden directa o indirectamente de nuestros suelos, que poseen la extraordinaria capacidad de almacenar, transformar y reciclar los nutrientes que todos necesitamos para sobrevivir, permitiendo que la vida continúe. De los 18 nutrientes esenciales para las plantas, 15 los aportan los suelos, si están sanos.

Sin embargo, aproximadamente un tercio de todos los suelos del mundo ya están degradados, y su pérdida de fertilidad comporta una tierra menos productiva y que muchos cereales, verduras y frutas no sean tan ricos en vitaminas y nutrientes como lo eran hace 70 años.

En la actual crisis alimentaria y de fertilizantes, los pequeños agricultores, en particular de países vulnerables de África, América Latina y Asia, carecen de acceso a fertilizantes orgánicos e inorgánicos y se enfrentan actualmente a un aumento del 300% en los precios de los fertilizantes.

Estas crisis ponen de relieve el papel crucial de la gestión sostenible y la restauración de los recursos más preciados para salvaguardar la salud de los suelos y su fertilidad.

"Hoy en día, la menor disponibilidad y el aumento vertiginoso de los precios de los fertilizantes están impulsando el incremento de los precios de los alimentos y la inseguridad alimentaria", aseguró el director general del organismo.

Qu Dongyu afirmó que se necesita trabajar unidos “para producir alimentos inocuos, nutritivos y ricos en micronutrientes de una forma sostenible que evite la degradación del suelo, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuya la contaminación de los sistemas agroalimentarios".

La UNAM galardonada por el Día Mundial del Suelo

El informe se publicó en conmemoración del Día Mundial del Suelo que busca concienciar sobre la importancia de mantener unos ecosistemas sanos, abordando los crecientes desafíos en la gestión del suelo, aumentando la concienciación sobre este tipo de superficies y animando a las sociedades a mejorar su salud.

El tema central del Día Mundial de este año, celebrado de forma híbrida en la sede central de la FAO en Roma, es el papel de los suelos en la seguridad alimentaria y cómo la pérdida de fertilidad del suelo se traduce en un bajo rendimiento de las cosechas y en malas cosechas, llevando a las poblaciones locales al hambre, la malnutrición y la pobreza.

Asistieron a la presentación del informe el comisario de agricultura de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski, el representante permanente de la República de Corea ante la FAO, Lee Seong-ho, y su homónimo de la Federación de Rusia, Victor Vasiliev.

Durante el evento también se entregó del Premio Mundial Glinka del Suelo 2022 a Ashok Patra Kumar, reconocido edafólogo -la edafología es la ciencia encargada de tratar la naturaleza y las condiciones del suelo en relación con las plantas- del ICAR-Instituto Indio de la Ciencia del Suelo en la ciudad de Bhopal, y del Premio Rey Bhumibol del Día Mundial del Suelo 2022 a la Universidad Nacional Autónoma de México.

In recent analyses, OBELA observes an increase in the demand and use of land passenger transport. For this reason, we consider its electrification employing fuel batteries to be a point in favour of the environment and economy. However, there is a debate on whether to take advantage of the lithium present on land or invest in hydrogen (H2) production from natural gas or water. What is the best alternative to protect the environment and slow down climate change?

Hydrogen is the most abundant and lightest element on Earth, but its molecules do not naturally appear in isolation. Obtaining it requires greater technical and economic complexity, from a raw material utilizing an energy contribution. Currently, the primary source of H2 is natural gas and water. Electrolysis is the only process for extracting H2 that does not generate carbon dioxide (CO2), but separating H2 from the oxygen in the water consumes more energy than that produced by burning the H2. It is a highly flammable gas and requires safety systems that increase its production cost.

Three prevalent processes exist for the storage of the produced H2: the pressurization, the liquefaction, and the absorption in metallic hydrides. The most complex in its storage is that although H2 has one of the highest specific energy levels, it has one of the lowest levels of energy density. It requires very high pressures and extremely low temperatures (-253 ℃), which increase the cost and complexity of its pressurization.

Storage using metal hydrides (compounds where hydrogen combines with a metal) allows it to keep at relatively low pressures, with a high density without such extreme thermal demands. Although they degrade over time and are very sensitive to impurities, they offer more excellent safety and better characteristics for stationary systems, a convenient solution.

However, the recharging infrastructure for H2 batteries is still inefficient. The installation is more expensive and complicated than that of an electrical recharging network. Large transport vehicles such as trucks or trains are still far from using this type of battery for efficiency and energy consumption reasons. Currently, investment is being made in research to remove these limits.

Lithium, different from H2, can be found in specific deposits. The most important is the "Lithium Triangle," an area located on the border of Argentina, Bolivia, and Chile that concentrates more than 85% of the known reserves on the planet.

The battery industry explores different chemical combinations to improve the efficiency of its batteries. For example, the Chinese manufacturer Brighsun New Energy developed a lithium-sulfur battery, which promises to suppress dendritic growth, the main obstacle facing lithium-ion batteries. Dendrite is an internal cavity resulting from the battery's deterioration, which increases its flammability and reduces its safety.

Currently, treating these batteries as waste emits a lot of CO2, and only recover 50% of their components. For this reason, a proposal exists to reuse batteries that have lost part of their performance. When they are not useful as an energy reserve for electricity transport purposes any longer, they can go to emergency power systems in charging stations. There rapid charging and discharging are not so essential, and energy density is not a problem.

The extraction of lithium and natural gas (to obtain H2) generates severe impacts on the environment and many risks associated with the geology of the deposits: floods, landslides, fires, explosions, and the release of various pollutants. The countries with the largest reserves of lithium and hydrocarbons have the laxest laws on the subject.

The extent to which environmental law in each country will hold the battery producer accountable, from obtaining materials to managing waste, needs to be addressed. The expert working group on ESM (Environmentally Sound Management) within the Basel Convention is currently working on fact sheets to properly manage different types of waste. Although not yet finalised, an initial draft is available.

There is no such thing as a perfect source of energy. Environmentally, the best alternative is H2 from water, which does not generate any pollutants after burning. The problem lies in that it is not yet economically or energetically feasible. It takes twice as much electricity to produce the H2 for a car to travel theoretically 100km than that needed with lithium batteries, discounting that required for compression.

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Por primera vez los líderes países africanos, así como de sus instituciones económicas, se han reunido para tratar la crisis climática a escala regional. El encuentro, que tiene la capital keniata como epicentro, tendrá lugar entre el 4 y el 8 de septiembre y ha sido auspiciado por la Unión Africana.

El objetivo de fondo es que las 54 naciones del continente tengan una posición común ante la crisis de cara a la próxima Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, COP28. África es la región del mundo que menos ha contribuido a crear el cambio climático, sin embargo, es una de las que más se está viendo afectada por sus efectos. En palabras del presidente anfitrión durante el discurso inaugural del encuentro, el presidente keniano, William Ruto, “la huella de carbono africana sigue siendo pequeña, pero el peaje humano que produce el cambio climático es desproporcionadamente alto”.

La pobreza que afecta a gran parte de su población, así como la incapacidad de los Estados para hacer frente a la crisis ante la falta de recursos, hace que los impactos vayan a ser más duros que en otras partes del mundo, por lo que la financiación es la clave del debate. “La urgencia de abordar las pérdidas y los daños, y de configurar mecanismos financieros adecuados para la resiliencia, crece con cada evento climático extremo”, apuntaba Ruto en el discurso inaugural.

Daños, pérdidas y adaptación La COP27 de tuvo un avance en lo respectivo a la financiación para las pérdidas y daños en los países con menos recursos. Su texto final consiguió salvar un acuerdo in extremis por el que la comunidad internacional reconoce la necesidad de crear un fondo a tal respecto para las naciones más vulnerables. Sin embargo, las dificultades para alcanzar un acuerdo supusieron que su concreción aún no esté sobre la mesa y deba ser desarrollado y ampliado en la próxima COP28. Tal como denunciaban desde Ecologistas en Acción tras finalizar la última cumbre del clima de Sharm el-Sheij, “la polarización y lentitud de las discusiones ha impedido el avance en la metodología y en el diseño de próximos pasos para su puesta en marcha rápida”.

Donde no hubo acuerdo fue en otra de las reivindicaciones que han lanzado las naciones africanas: la financiación para la adaptación. La falta de cifras concretas para tener un Fondo Verde para el Clima realista fue uno de los fracasos de una cumbre en la que las organizaciones sociales denunciaron una amplia y creciente participación e influencia de las multinacionales más responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero actuales.

No obstante, es en este punto donde la presidencia keniana está poniendo el foco en la cumbre africana, apostando por la inversión en la transición energética y en mecanismos polémicos, como los mercados voluntarios de carbono, inversiones que permiten a países y empresas contaminantes “compensar” sus emisiones por créditos o bonos. “Debemos ver el crecimiento verde no solo como un imperativo climático sino también como una fuente de oportunidades económicas multimillonarias que África y el mundo están preparados para capitalizar”, declaraba Ruto.

Exigencia de cambio de rumbo El respaldo de este enfoque por parte de la presidencia de la cumbre africana, junto a anuncios como los de Emiratos Árabes Unidos, que pretende apoyar la Iniciativa de Mercados de Carbono de África (ACMI) aportando 450 millones de dólares para los mercados de carbono africanos, ha llevado a organizaciones de la sociedad civil a poner el grito en el cielo ante el rumbo que está tomando la cumbre.

En una carta dirigida a Ruto, quien es presidente del Comité de Jefes de Estado y de Gobierno de África sobre el Cambio Climático (CAHOSCC), más de 500 organizaciones de la sociedad civil, señalan que “en lugar de promover los intereses y la posición de África sobre cuestiones climáticas críticas, la cumbre ha sido aprovechada por gobiernos occidentales, empresas consultoras y organizaciones filantrópicas empeñadas en impulsar una agenda e intereses prooccidentales a expensas de África”.

En concreto, los colectivos denuncian la especial influencia en el encuentro de la consultora estadounidense McKinsey and Company, la más grande de las llamadas Big Three, las multinacionales consultoras de gestión más importantes del mundo. A juicio de de las organizaciones, el documento de concepto emitido para la cumbre por esta empresa —integrada en la organización de la misma— está guiando el enfoque de toda el encuento mientras “refleja los intereses de Estados Unidos, McKinsey y las corporaciones occidentales que representan”.

Asimismo, denuncian que organizaciones con sede en EE UU como el Instituto de Recursos Mundiales, así como a algunas organizaciones africanas que promueven la agenda occidental, se les ha asignado un papel “desproporcionadamente enorme en la organización del evento”. Como resultado, “la agenda de la Cumbre pone en primer plano la posición y los intereses de Occidente, es decir, los mercados de carbono, el secuestro de carbono y los enfoques ‘climáticamente positivos’”.

Soluciones 'falsas' Para las organizaciones de la sociedad civil, aglutinadas en la contracumbre Real Afrcian Climate Summit, este tipo de conceptos y soluciones falsas están liderados por intereses occidentales mientras se publicitan como soluciones africanas. “Estos enfoques alentarán a las naciones ricas y a las grandes corporaciones a seguir contaminando el mundo, en gran detrimento de África”, lamentan.

La confederación de colectivos ha pedido a Ruto un reinicio del enfoque de la cumbre y ha propuesto una batería de propuestas para enderezar el encuentro, empezando por retirar el control y la influencia de McKinsey y poner en su lugar a un grupo de expertos liderado por africanos.

Consideran crucial adoptar un enfoque integral a las cuestiones climáticas, energéticas y de desarrollo de África como continente, huyendo de conceptos como un “crecimiento verde”que, según denuncian, “simplemente promoverán el neocolonialismo”. Reniegan de mecanismos como los mercados de carbono o la ingeniería, “diseñados para alentar a los países y personas ricas para seguir convirtiendo África en un vertedero y en un campo de pruebas tecnológicas”; y exigen un fuerte impulso de la energía renovable para contrarrestar el poder de la industria de los combustibles fósiles y las naciones productos de petróleo, agentes que pueden, según afirman, “secuestrar la transición energética justa de África”.

Mientras los gobiernos se reunían durante dos semanas en la COP26 de Glasgow para ultimar las normas de aplicación del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a 1,5ºC, los activistas que se encontraban fuera de la sede expresaron su profunda frustración por los avances que, en su opinión, eran demasiado lentos para quienes se encontraban en el extremo de los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

Celebrada un año más tarde de lo previsto, mientras los países se recuperaban de la pandemia del virus Covid-19, los manifestantes afirmaron que la COP26 debería haber sido más ambiciosa en cuanto a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y la negociación de la financiación del clima, las pérdidas y los daños y las normas para el comercio de emisiones de carbono, que son los obstáculos que se oponen desde hace tiempo a las conversaciones.

En el vasto recinto escocés de eventos, hubo algunos éxitos antes de que las conversaciones concluyeran el sábado, un día después de lo previsto. Estados Unidos y China reafirmaron su compromiso de cooperar en la lucha contra la crisis climática, un mercado mundial de carbono se acercó a la realidad y los países ricos acordaron aumentar el gasto en la lucha contra el cambio climático de los países en desarrollo.

Pero con las promesas de financiación incumplidas desde hace diez años, muchos seguían siendo escépticos. En las calles, Extinction Rebellion y el grupo juvenil Fridays for Future fueron algunos de los que celebraron apasionadas manifestaciones callejeras en busca de soluciones políticas urgentes a la crisis. Un defensor de la geoingeniería disfrazado de Darth Vader, por su parte, encontró fama temporal intercambiando letras de canciones pop de los 80 con propuestas de soluciones tecnológicas.

Finalmente, los países firmaron el Pacto de Glasgow, aunque tras una intervención tardía de la India que amenazó con desbaratarlo al diluir un compromiso de eliminación del carbón que dejó al presidente de la COP26, Alok Sharma, al borde de las lágrimas.

Para América Latina, la cumbre de dos semanas dejó una serie de compromisos climáticos que ahora tendrán que aplicar. Pero también puso de manifiesto las numerosas y difíciles cuestiones que la región aún tiene que responder, desde sus proyectos de combustibles fósiles en tuberías hasta la reducción de emisiones del sector agrícola.

Las coaliciones climáticas de América Latina

En la COP26, los gobiernos latinoamericanos coincidieron en reclamar más financiación a los países desarrollados para reducir sus emisiones y adaptarse a los impactos de un clima vacilante.

Para Colombia, Uruguay y Argentina, esto supuso una petición de nuevos instrumentos de financiación vinculados a objetivos medioambientales, como los canjes de deuda por naturaleza. Uruguay también anunció un nuevo bono soberano que pagará un tipo de interés más bajo si se cumplen sus objetivos climáticos, mientras Azucena Arbeleche, ministra de Economía del país, intentaba convencer a las instituciones financieras internacionales de que aplicaran criterios similares. Argentina también apeló al Fondo Monetario Internacional para que tenga en cuenta los resultados climáticos en el marco de la reestructuración de su deuda.

"La petición de más financiación es el único tema en el que la región tiene una posición común, teniendo en cuenta que América Latina es muy vulnerable a los efectos de la crisis climática", dijo María Laura Rojas, directora de la ONG Transforma. "En otros temas, sin embargo, hay importantes diferencias entre los gobiernos".

Los países latinoamericanos se unen en torno a ciertos intereses comunes en las conversaciones sobre el clima y negocian en varios bloques, a menudo superpuestos.

Hay ocho que forman la Alianza Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), por ejemplo, que publicó una carta al final de la COP26 en la que pedía más financiación y mayor ambición. Bolivia y el grupo ALBA, que incluye a Cuba, Nicaragua y Venezuela, destacaron su rechazo a los mercados de carbono que, según ellos, fueron propuestos y desarrollados por los países ricos. Por su parte, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que han tenido dificultades para llegar a un consenso sobre el comercio dentro del bloque del Mercosur, se comprometieron a trabajar juntos, centrándose en el apoyo al sector agrícola en medio de los llamamientos a una mayor reducción de las emisiones.

"La cuestión más importante en la crisis climática son las emisiones de energía, pero si los países quieren alcanzar la neutralidad de carbono tendrán que plantearse preguntas difíciles, incluyendo el papel de la agricultura", dijo Enrique Maurtua Konstandinidis, asesor principal sobre el clima de la ONG argentina FARN. "El mundo está entrando en una transición y eligiendo otros productos".

Compromisos en la COP26

Brasil presentó compromisos ambientales que parecen ambiciosos, entre ellos un programa de "Crecimiento Verde" que, según el gobierno, atraerá inversiones y generará empleos sostenibles. Junto a más de 100 países, Brasil también firmó en la COP26 un compromiso para detener y frenar la pérdida de bosques y restaurar los degradados para 2030, una promesa ya realizada por los Estados miembros de la ONU en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.2, para 2020.

Sin embargo, la mayor economía de América Latina se enfrentó a acusaciones de "lavado verde" por parte de los críticos al desvelar los compromisos en su brillante pabellón de Brasil, adornado con follaje artificial y el logotipo de la CNA, la federación nacional de agricultura y ganadería. El empeoramiento del historial de Bolsonaro en cuanto a la protección de los bosques se puso de manifiesto durante la COP26, ya que los datos oficiales mostraron que la deforestación aumentó un 5% en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior, un máximo histórico desde que se puso en marcha el programa de seguimiento Deter en 2016.

"Todos sabemos que lo que Brasil presentó en la COP no es lo que realmente está ocurriendo en el país", dijo a Diálogo Chino Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima de Brasil. "La única manera de que los compromisos se promulguen es que Bolsonaro no esté en el cargo. La próxima elección presidencial será una elección entre la Amazonía y Bolsonaro".

Aunque Bolsonaro no viajó a Glasgow, sí lo hicieron los gobernadores estatales de Brasil, que se comprometieron a implementar los planes climáticos del país independientemente del jefe federal en Brasilia. Otros presidentes latinoamericanos asistieron a los primeros días de la cumbre, como Iván Duque (Colombia), Guillermo Lasso (Ecuador), Luis Arce (Bolivia), Alberto Fernández (Argentina) y Carlos Alvarado (Costa Rica). En su intervención en la sesión plenaria, destacaron los compromisos anteriores y asumieron otros nuevos.

Lasso anunció una nueva área marina protegida (AMP) en torno a las Islas Galápagos, de 60.000 kilómetros cuadrados, que se financiará mediante un canje de deuda por naturaleza, el mayor de la historia, argumentó. Duque también presentó nuevas AMP para Colombia, añadiendo 160.000 kilómetros cuadrados a una zona ya protegida.

Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá presentaron un plan para conectar sus AMP en un único corredor que servirá como una de las bolsas de biodiversidad oceánica más ricas del mundo. Será un corredor libre de pesca que abarcará más de 500.000 kilómetros cuadrados, en una de las rutas migratorias más importantes del mundo para muchas especies.

Un grupo de 109 países, entre los que se encuentran Argentina, Uruguay, México, Brasil y Uruguay, también firmaron un compromiso para reducir sus emisiones de metano en un 30% entre 2020 y 2030. El metano es un potente gas de efecto invernadero que se libera a la atmósfera a través de las actividades humanas, especialmente la producción ganadera.

"La producción ganadera climáticamente inteligente no sólo tiene ventajas medioambientales, sino que también proporciona a los ganaderos un mayor beneficio. Nuestro país puede tener un papel de liderazgo en esto", dijo a Diálogo Chino Adrián Peña, ministro de Medio Ambiente de Uruguay. "Firmar el compromiso sobre las emisiones de metano tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué no íbamos a firmarlo si ya estamos trabajando en esto?"

Vías de descarbonización

Como parte del Acuerdo de París sobre el cambio climático, los países tienen que construir una hoja de ruta para llegar a mediados de siglo con economías descarbonizadas. Para los gobiernos latinoamericanos, esto significa hacer planes difíciles y a largo plazo para toda la economía, que abarquen la energía, la agricultura y más allá.

Junto con un compromiso reforzado de reducción de emisiones del 51% para 2030, sin condiciones de ayuda financiera y en comparación con su anterior objetivo del 20%, Colombia lanzó oficialmente su plan a largo plazo para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Incluye acciones de protección de los bosques, consumo y producción sostenibles, desarrollo rural, ciudades resilientes, fuentes de energía diversificadas y movilidad eléctrica.

"Si queremos ser neutros en carbono tenemos que detener la deforestación, mejorar la gestión de las tierras agrícolas y depender menos de los combustibles fósiles", dijo el ministro de Medio Ambiente de Colombia, Carlos Correa, en la cumbre. "Ésas son las áreas clave para reducir nuestras emisiones, de modo que a través de nuestra biodiversidad y la reforestación podamos ser neutros en carbono".

Sin embargo, el país se encuentra ahora con el reto de cuantificar los costes de sus planes de reducción de emisiones y de trabajar con socios internacionales para conseguirlos, dijo a Diálogo Chino Alex Saer Saker, director de cambio climático y gestión del riesgo del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia.

"Es realmente clave porque no se trata sólo de la cooperación en materia de recursos, sino también de la cooperación técnica", dijo, señalando que los investigadores de organizaciones como el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo eran cruciales para calcular las emisiones y los recortes alcanzables. "Es una necesidad para todos nuestros países que tal vez no tengan la experiencia necesaria para hacer los números", añadió. Saer también destacó los cambios en los procesos de licitación de proyectos de energías renovables y la reducción de los aranceles a la importación de vehículos eléctricos como elementos vitales que permitieron a Colombia seguir a Costa Rica y comprometerse con la descarbonización.

Aunque el texto final de Glasgow no logró anular el uso de la energía del carbón, Saer reconoció que la COP26 se hizo eco de fuertes señales sobre el futuro de un producto del que Colombia depende para sus ingresos de exportación. "Todas las medidas que han tomado los países en cuanto al uso del carbón cambiarán el mercado. Estas empresas que exportan carbón tendrán que identificar otras fuentes de negocio y diversificarse", dijo.

Chile también anunció su estrategia a largo plazo en la COP. El país espera tener una matriz energética de cero emisiones para 2050, así como reducir las emisiones del sector minero e industrial en un 70% e introducir planes de recuperación y conservación de entre el 30 y el 50% de las especies amenazadas.

Junto con Uruguay, Chile también firmó una declaración en la cumbre para trabajar para que todas las ventas de coches y furgonetas nuevas sean de cero emisiones para 2040. Costa Rica también inició una nueva coalición con un grupo de otros 11 países para trabajar para poner fin a nuevas concesiones, rondas de licencias o arrendamientos para la producción de petróleo y gas.

Se esperaba que Argentina presentara también su hoja de ruta para 2050, pero decidió retrasarla en medio de las presiones de los grupos agrícolas antes de la cumbre. En su lugar, el gobierno hizo oficial su mejora del 2% en el objetivo de 2030. El gobierno está impulsando las inversiones en el sector de los combustibles fósiles mientras se congelan las nuevas licitaciones de renovables.

La cumbre del clima del próximo año tendrá lugar en Sharm El-Sheikh (Egipto) y los activistas esperan que las cuestiones clave de la adaptación y las pérdidas y daños reciban la atención urgente y el progreso necesario. Los gobiernos de América Latina y de otros países tendrán que volver con mejores compromisos climáticos, demostrando a un mundo golpeado por el aumento de las sequías, las inundaciones y el aumento del nivel del mar, que tienen las estrategias y la voluntad de mejorar su juego.

En agosto de 2019 la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) apuntó que los países latinoamericanos deben preocuparse por el medio ambiente, además del crecimiento económico, el combate a la desigualdad y el aumento en la productividad1. La propuesta de un modelo de crecimiento ecológico debe tener en cuenta la estructura del sector energético de los países latinoamericanos. El sector energético es de suma importancia para el crecimiento económico por ser una de las fuentes motrices de la actividad económica. De este modo, cuando se habla de “crecimiento sostenible”, como lo llama CEPAL, se debe tomar en cuenta que la energía utilizada para la actividad económica sea de origen ecológico.

En América Latina, del total de producción energética la proporción dirigida a la exportación representa más de la mitad para estos países: Ecuador con 70% (petróleo crudo), Venezuela con 66% (petróleo crudo), Bolivia con 65% (gas natural), Trinidad y Tobago con 58% (derivados del petróleo) y Paraguay con 51% (electricidad producida con hidroenergía). En general, dichas energías no renovables exportadas son consideradas como sucias por el alto grado de afectación al medio ambiente y su carácter no renovable. La extracción del petróleo y del gas natural provoca contaminación de los ecosistemas y emisión de gases de efecto invernadero, que contribuye al calentamiento global.

La dinámica exportadora de energías sucias se presenta en toda América Latina. El petróleo crudo exportado por Colombia, México, Guatemala, Honduras y Jamaica; y el gas natural especialmente peruano, son las principales fuentes de energía exportadas en esta región. A excepción de Colombia y Venezuela, los países exportadores de petróleo no tienen la capacidad productiva para la refinación del crudo. Esto condiciona a los exportadores de petróleo a importar derivados petroleros para su consumo final.

En cuanto las importaciones, 13 de los 21 países latinoamericanos revisados importan más de la mitad del consumo final energético. La mayor parte de las importaciones de estos países son productos derivados del petróleo para la generación de electricidad o para el consumo en transporte. La segunda fuente de energía más importada es el gas natural para la generación de electricidad o para licuarlo y revenderlo con mayor valor agregado, como el caso peruano.

Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela y Argentina son los únicos países que gozan de soberanía energética. Producen internamente lo suficiente para satisfacer su demanda, incluso cuentan con producción excedente dirigida a exportaciones, y a su vez, el porcentaje del consumo de origen extranjero está por debajo del 30%. En su mayoría, las importaciones brasileñas y argentinas corresponden a gas natural de Bolivia, para la generación de energía eléctrica, y electricidad de Uruguay. Resaltan, igualmente, los casos de República Dominicana, Jamaica y Panamá por su porcentaje de importaciones del consumo final mayor a cien. Esto se explica porque en estas economías una gran parte de la importación de combustibles se queda en los buques para el comercio internacional, por lo que nunca entran a ser parte del consumo interno.

Los principales socios por país y su participación de petróleo refinado importado respecto al total de dicho producto presentan un denominador común en casi todas las economías latinoamericanas. El socio predominante, en 19 de los 21 países, es EEUU; de los cuales 11 cuentan con un tratado de libre comercio2. Esta lógica condiciona la dinámica económica de la región, por la concentración del mercado petrolero y de refinación estadounidense, por la volatilidad del precio del petróleo y la caída de la productividad en este sector desde el 2014 con un crecimiento anual negativo3.

Frente al nuevo impulso de la economía verde de la CEPAL, cabe enfatizar que 15 países de América Latina consumen menos del 30% de energías verdes respecto el total. Estos utilizan biomasa como fuente de energía, principalmente leña; que a través de un proceso de quema se obtiene energía eléctrica o calorífica. Este proceso no está exento de emitir gases de efecto invernadero. Aun son muy pocos los proyectos de energías verdes existentes: el parque solar en Jujuy, Argentina o los parques eólicos en Oaxaca, México. En la estructura de producción y consumo energético de Latinoamérica todavía son predominantes las energías sucias.

La propuesta de la CEPAL de crecer de manera sostenible no puede ignorar la situación del sector energético en Latinoamérica basado en exportar petróleo y gas natural, importar derivados del petróleo y consumir, en su mayoría, energía sucia importada de EEUU. Es un sector dependiente al exterior y nada ecológico. Incluso la electricidad generada con energía hidráulica no es necesariamente energía verde, aunque no emite contaminantes, sí afecta a los ecosistemas acuáticos a largo plazo. Las iniciativas de transitar hacia una economía sostenible como la emisión de bonos verdes o las propuestas de la COP21 promueven la generación de energías verdes para los países latinoamericanos, pero los avances son muy lentos cuando el problema no está en el futuro, sino en el presente. Todo indica que China está acumulando tecnología solar propia que es la que más crece en términos de capacidad instalada de energía solar. En esto se distingue de Estados Unidos que está aferrado a la exportación de gasolina refinada y de vehículos a gasolina. América latina aun no toma en serio las energías limpias, que quizás lleguen de la mano de China, más pronto que tarde.

1 https://elpais.com/economia/2019/08/14/actualidad/1565798935_829715.html

2 Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana.

3 https://beta.bls.gov/dataViewer/view/timeseries/IPUEN324___M001

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Voces del Territorio revisó más de 500 notas, comunicados de prensa e informes sobre minería que revelan que las compañías mineras alrededor del mundo ignoran la amenaza de la pandemia y continúan operando. "Incluso utilizan la emergencia sanitaria como una oportunidad para encubrir sus historiales manchados de destrucción y presentarse como actores sociales y benefactores que ofrecen pruebas para detectar el virus a sus trabajadores".

Presionados por el lobby de esta industria, los gobiernos buscan silenciar las protestas y utilizan la actual crisis para promover cambios en las regulaciones nacionales que favorezcan su actividad, a costa de la vida de las personas y el planeta, afirman un total de 300 organizaciones que respaldan el estudio realizado por distintas organizaciones medioambientales.

México entró en la fase de apertura económica el 18 de mayo, cuando las distintas industrias debían presentar un protocolo sobre cómo abrirían sus operaciones. La industria minera fue declarada como no esencial, por lo que debían cerrar operaciones desde principios de abril, un período de suspensión que debía extenderse hasta el 31 de mayo. "No pararon. Algunas suspendieron algunas de sus actividades, otras siguieron trabajando con una reducción de personal, otras dejaron de extraer oro, pero siguieron trabajando en los patios de lixiviados", afirma en conversación con DW Pedro Canoero, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Pedro Canoero es un pseudónimo. El activista pide que se mantenga su identidad en el anonimato por temor a la coacción de grupos armados en la zona.
La oposición a proyectos mineros genera una gran violencia y represión a las comunidades.

Cinturón dorado, calamidad para las comunidades

Carrizalillo es una comunidad del municipio de Eduardo Neri, en el centro del estado de Guerrero, México. Sus tierras se ubican sobre una zona que goza de una peculiar y abundante riqueza en metales preciosos. "El territorio es atravesado por una franja de aproximadamente 100 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. En el llamado cinturón dorado se han establecido grandes empresas mineras de capitales extranjeros y nacionales", afirma la organización Enviromental Justice Atlas.

Ahí se encuentra el complejo minero de ciclo completo Los Filos, que incluye dos tajos a cielo abierto, un túnel de extracción subterránea y un patio de lixiviados de 400 hectáreas. Equinox Gold se fusionó en marzo de 2020 con Leagold Mining, convirtiéndose Los Filos en una de las seis minas que explota en el continente americano. En la mina se extrae plata y oro, y hay un plan de expansión por lo que los habitantes de las comunidades aledañas, Carrizalillo, Xochipala y Mezcala temen que la violencia que viven se intensifique, así como los daños a la salud de sus habitantes.

Equinox Gold informó a fines de mayo que 51 trabajadores del complejo Los Filos dieron positivos por Covid-19, y que habían sido aislados en cuarentena. La industria minera mexicana declaró estar en condiciones de entrar en operaciones desde el 17 de mayo pasado.
Vista aérea de una mina en el norte de México.

Carrizalillo, ejemplo de lo que sucede en las minas

Desde la apertura el número de casos ha aumentado. "Entre los trabajadores sindicalizados y los de los subcontratistas en menos de 15 días se tienen 150 positivos a Covid. Son pueblos pequeñitos, algunos viven con sus familias, los que provienen de fuera viven en una casa aparte pero conviven en las comunidades. Buena parte de ellos son asintomáticos y el problema es que el virus brinque a las comunidades. En todo el estado de Guerrero ya no hay capacidad para recibir a enfermos graves en hospitales, una situación que se extiende a prácticamente todos los estados", afirma Pedro Canoero de REMA. El activista considera una irresponsabilidad del gobierno y las empresas en el caso del plan de apertura. "No los supervisan, el gobierno no tiene la capacidad para revisar. No lo hacen cuando hay derrames, cuando se rompen las presas, menos podrán enviar inspectores a cada empresa considerada no esencial".

La organización alemana "Rettet den Regenwald", Salva la Selva, afirma que las principales mineras mexicanas Grupo Frisco, Fresnillo e Industrias Peñoles, no suspendieron sus operaciones. "Ocampo Mining Tayahua, en el estado de Zacatecas, una filial del Grupo Frisco, propiedad del  multimillonario Carlos Slim, prefirió pagar una multa para seguir operando. Al menos dos trabajadores dieron positivo en la prueba de Covid-19".  Salva la Selva alerta que el líder comunitario Roberto de la Rosa Dávila, que insistía en detener la exploración en la mina, recibió amenazas por parte de Grupo Frisco, y se teme que pueda recibir una detención arbitraria.

"Las mineras han visto la pandemia como una oportunidad para, en lugar de respetar la necesidad de que la gente permanezca aislada y segura en sus hogares, posicionar la actividad industrial de la minería como una actividad esencial. El argumento es que la extracción de minerales es necesaria para fabricar respiradores e instrumentos médicos. Pero hay materias primas disponibles, sin necesidad de que continúe la explotación. Unas 500 comunidades se encuentran afectadas a nivel mundial", afirma Guadalupe Rodríguez, portavoz de Salva la Selva.
Mexikanische Kupfermine Buena Vista (picture-alliance/dpa/AFP/H. Guerrero)

Mina de cobre Buena Vista, en la comunidad de Cananea, en Sonora, que provocó un desastre medioambiental de grandes magnitudes en 2014, cuando se produjo un derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico, contaminando el río Sonora, lo que dejó sin agua potable a más de 20.000 personas.

Nueva fiebre del oro

La clave del valor del oro se debe a su escasez. US Geological Society estima que quedan unas 51.000 toneladas de reservas probadas de oro sin extraer. Hasta la fecha, se han extraído unas 171 toneladas métricas, que llenarían dos piscinas olímpicas. En tiempos de coronavirus el valor del oro se ha disparado al más alto nivel de los últimos 70 años, debido a la incertidumbre e inestabilidad de los mercados, aunado al menor abastecimiento por el cierre de las minas en buena parte del mundo.

Pedro Canoero de REMA explica que la gran parte de los minerales están vinculados al gran crecimiento de industrias como la automotriz, la construcción de vivienda, el hierro, el litio, para fabricar pilas más resistentes, pero el oro es el que moviliza la mayor cantidad de capitales. "Los gobiernos compran oro para tenerlo como reserva, que ocupa entre un 20 y un 35% del oro que se extrae, otra fuerte proporción, de entre un 30 y 37% es el oro destinado a la joyería. Pero también se usa en la fabricación de instrumentos médicos, y crecientemente de electrodomésticos", destaca.

Las computadoras, televisiones digitales, tablets y teléfonos inteligentestienen una gran cantidad de conductores electromagnéticos, y de los mejores conductores eléctricos es el oro porque no se oxida como otros metales. "Apple sacó hace unos años el Apple Watch, un reloj inteligente que tenía 18 kilates. En su primera edición se fabricó un millón de ejemplares que vendieron en menos de una semana. Fué un éxito y en la segunda edición fabricaron 2 millones de relojes. Esos 18 kilates, en términos de extracción significa 3,8 gramos de oro. En la mina de Carrizalillo, el 70% de la producción anual que se explota en un territorio de 5.000 hectáreas, y que afecta a 22 comunidades, sirvió para fabricar esos 2 millones de relojes".
Mina de oro en Venezuela.Trabajos de exploración cerca de El Dorado, en el este del país.

Conflictividad social y daños medioambientales

El experto destaca que en México hay 25.500 concesiones mineras que ocupan un 28% del territorio del país. En 31 de las 32 entidades en donde se encuentran hay conflictos de distinto grado de tensión. Canoero señala que el conflicto comienza desde el anuncio de un proyecto minero. Pero se intensifica una vez que llega la empresa. "No sólo es la ruptura social y formas de gobernanza, sino empiezan a secar manantiales, fuentes de agua dulce y aparecen otras fuentes de agua, pero contaminada. El polvo permanente que generan esas minas gigantescas que operan las 24 horas al día contaminan el aire con metales pesados, plomo, mercurio, cadmio, manganeso y arsénico. La gente empieza a enfermar muy rápido, sobre todo las mujeres embarazadas. En Carrizalillo el 70% de las compañeras que estaban embarazadas entre 2011 y 2012, el 65% tuvo abortos con fallecimiento del bebé, otros nacieron vivos, pero con deformaciones, algunos murieron, y otros tienen lesiones de por vida, nacieron sin una parte del cerebro, no tienen capacidad motriz, o habla".

El estudio Voces desde el Territorio denuncia la situación existente en numerosos países en el mundo. Las violaciones de la industria minera durante la crisis sanitaria se extienden en toda América Latina. En Brasil, Argentina, Ecuador y Honduras. En éste país centroamericano ocho personas que se oponen a una mina de mineral de hierro a cielo abierto en el municipio de Tocoa han estado en prisión desde septiembre de 2019 bajo falsas acusaciones.

Honduras: represión contra activistas

"La mina es propiedad de la empresa hondureña Pinares Investment, vinculada a la familia Facussé, una de las más poderosas del país, cuyas inversiones en plantaciones de palma, plagadas de conflictos, condujeron al asesinato de decenas de campesinos", dice la organización Salva la Selva. En Honduras el gobierno de Juan Orlando Hernández, que impuso un toque de queda de 24 horas y la suspensión de derechos como libertad de expresión y de reunión, se espera que el 25 de junio entre en vigor un nuevo código penal que criminaliza la protesta social y pone en peligro las libertades civiles.

"En los últimos 20 años Honduras ha sido considerado como uno de los países más corruptos y serviles al capital trasnacional. La situación se recrudeció tras el golpe de Estado, por sus vínculos con el crimen organizado y el incremento de la corrupción", dijo a DW Pedro Landa, activista del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), con sede en El Progreso, Honduras. ERIC es una obra social de la Compañía de Jesús, que tiene una trayectoria de 40 años en el país, y ahora es vista como un enemigo del actual gobierno. Pedro Landa ha sufrido hostigamiento y amenazas por su activismo en torno a la minería y la protección del medioambiente.

"Ahora las empresas están más desesperadas por acelerar sus inversiones, por dos razones. En el caso de la minería los precios de los minerales se han incrementado en el mercado mundial y los préstamos que tenían para sus inversiones les están generando cargas adicionales. Eso, sumado a que la población es más consciente y está más organizada debido a los impactos negativos que generan estas empresas, hay una mayor resistencia", afirma Landa en conversación con DW.

El activista denuncia que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha creado batallones especiales del Ejército y la policía. "Les llama Grupos Especiales para la Resolución de Conflictos Ambientales. Nosotros sabemos que la policía y el Ejército es la única forma que tiene para resolver este tipo de conflictos".Desde el asesinato de Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016, el número de asesinatos de defensores del territorio, de pueblos indígenas y el medio ambiente ha aumentado dramáticamente. Según la ONG Front Line Defenders 304 activistas fueron asesinados en 2019. El número de casos se ha cuatruplicado desde el asesinato de Cáceres, cuyos autores intelectuales continúan en libertad. 

La inversión en la producción de nuevos combustibles fósiles y en la producción de energía a base de carbón debe terminar este año si se quiere que el sector energético mundial pase a tener emisiones netas cero en 2050, según un reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés). Un sector energético con emisiones netas cero es viable, pero requiere una "transformación sin precedentes" en la forma de producir energía, según la IEA.

El impulso a esta transición energética mundial recibió un gran impulso el 21 de septiembre, cuando China, el último gran financiador público de la energía de carbón en el extranjero, se comprometió a reducir su apoyo. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente chino Xi Jinping también prometió apoyar a los países en desarrollo en su búsqueda de un desarrollo bajo en carbono.

Aunque más lenta que la de otras regiones en desarrollo, la transición energética de América Latina está en marcha, con un aumento de la participación de las energías renovables no convencionales, como la solar, la eólica y la geotérmica. Chile, Uruguay y Costa Rica son algunos de los países que lideran el camino y han invertido mucho en los últimos años. Sin embargo, el abandono de los combustibles fósiles está resultando difícil para una región que obtiene el 75% de su suministro de energía primaria de fuentes no renovables.

Ante la necesidad de la región de acelerar la transición hacia las energías limpias y atraer apoyo financiero para sus esfuerzos, Diálogo Chino presenta un mapa interactivo único que traza todos los proyectos de energía eólica, solar y geotérmica en red de América Latina, detallando su capacidad energética instalada, su estado operativo y su propiedad.

La energía hidroeléctrica, una importante fuente de energía para muchos países, no está incluida en el conjunto de datos. Aunque muchos la consideran una fuente renovable, los proyectos hidroeléctricos suelen estar asociados a impactos adversos sobre la población y la biodiversidad, lo que implica la deforestación a gran escala y la reubicación de las comunidades que conservan los bosques. Además, sus costes y su construcción suelen ser excesivos y los cambios en el régimen de lluvias hacen que tanto su fiabilidad a largo plazo como fuente de energía como su financiabilidad como inversión estén lejos de estar aseguradas.

Los datos, que se han recopilado cruzando información de fuentes estatales, empresas operadoras, gremios industriales y comunicados de prensa, pretenden servir de punto de referencia para quienes deseen conocer los avances de los países latinoamericanos en la transición hacia las energías limpias. La información sobre las localizaciones, los financiadores y las fuentes de energía ayuda a construir una imagen más clara de los principales motores que la impulsan.

La transición energética en América Latina

Nuestro mapa recoge 850 plantas de energía renovable no hidráulica en 24 países de América Latina y el Caribe de los que hemos podido recopilar datos. En el caso de Brasil y México, fijamos la capacidad instalada mínima para la inclusión de un proyecto en el conjunto de datos en 50MW, debido al gran número de proyectos más pequeños. Del total, la energía solar representa el 49%, mientras que el 46% es eólica. El resto es geotérmica. Más de tres cuartas partes de los proyectos son propiedad de empresas privadas. Chile representa casi una cuarta parte de todos los proyectos de nuestro mapa (24%), seguido de Brasil (21%), México (14%) y Argentina (9%).

Más del 80% de las plantas chilenas son solares. En Uruguay, la eólica representa la misma proporción. Argentina tiene una distribución más equilibrada, con un 60% de eólica y un 40% de solar. Estos tres países han dado un gran impulso a las energías renovables en los últimos años, incluida la inauguración de Cauchari, la mayor planta solar de América Latina, por ahora.

El noreste de Brasil parece estar en la cúspide de una revolución solar, con siete proyectos con una capacidad instalada de 1GW o más en trámite, incluyendo un importante grupo en Juazeiro, Bahía, que tiene condiciones climáticas ideales, y el más grande, la planta de Aurora Energia de 5700MW en Matias Cardoso, Pernambuco. También están situadas en el bioma de la Caatinga.

El capital privado también lidera la transición de las energías renovables en Brasil, financiando 154, o el 86%, de todos los proyectos. Sólo el 8% de la financiación procede de empresas estatales, ya sean brasileñas o chinas. China es el único país extranjero que proporciona financiación estatal a las empresas que invierten en proyectos solares y eólicos de más de 50MW en Brasil. En la región amazónica, Brasil no tiene proyectos de este tamaño.

México tiene una gran concentración de parques eólicos en el sur del estado de Oaxaca y la mayoría de los parques se encuentran en la península de Yucatán, en el este del país. Los proyectos solares se extienden por el centro de México y también por el norte, donde existe un alto potencial a largo plazo para la energía fotovoltaica, según el Atlas Solar Global. A pesar de los altos niveles de irradiación solar en estados como Sinaloa, no hay plantas solares. Tampoco hay proyectos eólicos. En estos estados, la gobernanza es débil y la seguridad es una de las principales preocupaciones.

La transición energética de la región andina parece avanzar más lentamente que la de otras subregiones latinoamericanas. La Amazonia peruana sólo cuenta con una planta de energía renovable, la central solar fotovoltaica de Atalaya, mientras que todas las demás se encuentran en la costa sur del país, en el desierto que se extiende hasta Chile.

La central geotérmica de Laguna Colorada, de 100 MW, será el mayor proyecto de energía renovable del país y generará el 50% de la energía renovable no hidráulica. Todos los proyectos - operativos o en construcción - están en manos de ENDE, la empresa nacional de electricidad de Bolivia.

Colombia cuenta con 38 proyectos en construcción, pero sólo una planta eólica actualmente operativa, en el extremo norte del departamento de La Guajira. Ya se ha informado de conflictos con las comunidades indígenas por el desarrollo eólico en Colombia, que está previsto que se amplíe considerablemente. Al otro lado de la frontera, en Venezuela, una sola planta representa el único proyecto de energía no convencional operativo del país. El país obtiene alrededor del 70% de su energía de la central hidroeléctrica de Guri.

Las Islas Galápagos de Ecuador destacan por obtener todas sus necesidades energéticas de proyectos de energía eólica y solar.

Objetivos de las energías renovables

Es técnica y económicamente factible aumentar la energía renovable en América Latina. En un escenario planteado por la Agencia Internacional de Energías Renovables en el que el sistema energético mundial es coherente con el Acuerdo de París, el 93% de la electricidad de la región provendría de energías renovables en 2050.

Esta transición energética no sólo limpiaría la red, sino que también impulsaría la economía. Según un informe del año pasado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la descarbonización generará 15 millones de nuevos puestos de trabajo en general y 100.000 empleos adicionales a tiempo completo en el sector de la electricidad renovable para 2030, en comparación con las proyecciones basadas en las tendencias actuales.

Hay muchas preguntas por responder en torno a la señal de China de un mayor apoyo a las energías renovables en los países en desarrollo. Por ejemplo, aún se desconoce si el compromiso incluye la energía hidroeléctrica. Para América Latina, podría representar una oportunidad para aprovechar la disponibilidad de nueva financiación que le permita alcanzar sus objetivos de descarbonización.

Contaminación Ambiental: Los Bosques Vírgenes son más eficaces que los replantados
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El hielo del Ártico llega a su Segundo Nivel Más bajo en la historia
Perú21.com 28 de agosto de 2008

La región amazónica de Ecuador es escenario de un conflicto minero entre nativos y el Gobierno de Correa

Santiago de Panantza, en la región amazónica de Ecuador, recuerda la fotografía de un poblado del Oeste. Las calles están casi desiertas. Los hombres, a punto de volver de las fincas, rodeadas de selva. El pasado lunes, los niños no fueron a la escuela de San Juan Bosco, a más de media hora de camino sin asfaltar. El domingo fue el Día de la Amazonía. Los nietos de Luz Salinas escuchaban con atención a su abuela, detrás del mostrador de la tienda que regenta, y a Mercedes Cabrera, de 54 años, suplente de vocal de la junta parroquial. En sus palabras, el recuerdo de lo que ocurrió el 17 de diciembre. A las seis de la mañana fue detenida junto a otras cinco personas. Tras un mes en la cárcel, volvieron a la población. “Nunca habíamos vivido militarizados”, relata esta mestiza de la comunidad, que estuvo sitiada por el Ejército.

La Provincia de Morona Santiago es escenario de un duro conflicto entre los nativos, de la etnia indígena shuar, la población mestiza que les apoya y el Gobierno de Rafael Correa, al que en el pasado llegaron a respaldar. La mecha fue la concesión de los derechos de explotación de una mina a la compañía china ExplorCobres, un proyecto que afecta a un área de más de 40.000 hectáreas y con una vigencia de 25 años.

El pasado mes de noviembre, los shuar ocuparon el campamento minero y comenzaron los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En diciembre, un policía falleció durante un choque. El Ejecutivo respondió enviando el Ejército. El estado de excepción terminó oficialmente esta semana, aunque el pasado lunes, para llegar a la plaza de Santiago de Panantza, presidida por una cancha deportiva multiusos, había que pasar tres puestos de control policiales.

“Apoyamos a Correa hace años, pero el desencanto ahora es total”, asegura Mercedes Cabrera, que nació en esa aldea y que, como la gran mayoría de sus vecinos, teme la expropiación de sus viviendas y que la explotación de la mina dañe de forma irreversible el ecosistema de la región.

Muchos de los indígenas levantados, cuya población total supera los 100.00 miembros repartidos entre la selva de Ecuador y Perú, acabaron abandonando sus campamentos y se internaron en la Amazonía. A finales de enero, retuvieron durante una semana a dos militares en la localidad de Yunkuapais. El Gobierno les calificó de grupos armados, extremistas e incluso paramilitares. Tras la muerte del policía, el propio Correa les advirtió de que cualquier posibilidad de diálogo se abrirá tras sancionar a los responsables de la muerte del policía.

En diciembre fue detenido también el presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, Agustín Wachapá, lo que aumentó la tensión con la comunidad. En una conversación con EL PAÍS en un descampado de la localidad de Sucúa, los dirigentes indígenas estallan. “A los shuar se les ha acabado la paciencia. Él está violando la ley”, asegura en referencia al Ejecutivo el vicepresidente de la federación, Milton Waam, de 38 años, que viste un polo blanco y pantalón oscuro. “No queremos minería, contamina el agua. Ahora más que nunca nos persiguen como si fuéramos animales. Y somos ecuatorianos nosotros también”, enfatiza.

Política extractiva

Los nativos se muestran confiados de que este 2017 supondrá “el fin de la revolución ciudadana” de Correa. Aseguran que en las elecciones presidenciales apoyarán, mayoritariamente, a los candidatos de la oposición. El mejor situado, según las encuestas, es el empresario Guillermo Lasso, líder del Movimiento CREO.

Los argumentos de los indígenas son meramente prácticos. En Santiago de Panantza y en Sucúa muchos acusan a Correa de “vender el país a los chinos”. Pero aquí también se encuentran seguidores del candidato del Movimiento Alianza PAÍS. A la ventana de una casa de San Juan Bosco se asoman dos mujeres. A la entrada cuelgan banderitas de Lenin Moreno y de los aspirantes a la Asamblea legislativa de Ecuador por esa provincia. Loida Guayara, de 19 años, elogia las medidas que Correa ha impulsado en los últimos diez años. ¿Por qué? “Por la educación, las infraestructuras, por lo que ha hecho por los jóvenes”. Cree que Moreno seguirá ese camino. Mientras tanto, junto a su casa, en la selva, continúa el conflicto minero entre los shuar y el Gobierno.

Edwin J. Higinio S.[1] , OBELA[2]

Mexico's water crisis has intensified recently, exacerbated by climate change, urbanisation and inefficient water use. The country faces a dilemma because much of the available H2O is destined for the agrifood export sector. In addition, there is a growing demand for food for the national economy, which makes agriculture a major consumer of the liquid element. As crop and livestock exports have grown steadily, so has the pressure on local water resources, leading many regions to experience alarming pressure on water availability. This article examines the interrelationship between water consumption, the water footprint of agrifood products and exports to highlight the urgent need to implement sustainable production policies in the context of climate change and crisis.

The Water Crisis

The water crisis, a pressing issue of our time, is defined as the insufficiency of drinking water to meet the needs of a given population. Its main characteristics are the excessive use of underground reserves and excessive contamination of the elements. The water crisis in Mexico has intensified due to several interrelated factors. After the worst drought in seventy years, in 2011, the phenomenon has become more accentuated since 2019 and 2023 is the worst on record so far. It is all a product of climate change and is aggravated by growing agrifood export production and increasing urbanisation.

According to the World Water Development Report 2023, water use has increased by 1% annually over the last four decades and is projected to continue on this trend until 2050. This increased consumption not only impacts the flora and fauna of aquatic biomes, putting the survival of several species at risk, but also reduces the capacity of ecosystems to absorb carbon dioxide, which favours climate change and, consequently, global warming. Recurrent droughts increase evaporation and reduce precipitation, thus creating a vicious circle.

Water stress is fundamental in the context of climate change, droughts and global scarcity crises. It is the condition in which the demand for the element exceeds the quantity available or is greater than the capacity of the resources to replenish themselves naturally in a region. This condition is considered to exist when more than 40% of the usable liquid is used. The indicator compares the total volume of water withdrawn and consumed in a year with the total available in rivers, lakes and aquifers in a geographical space.

On the American continent, some regions of the United States and Chile, as well as a large part of Mexico, are under extremely high levels of water stress (more than 80%). In Mexico, critical regions for agrifood production, such as the Bajío and the north (arid zones), suffer from recurrent droughts that have significantly reduced water availability for human consumption, agriculture and some industries. 

Farming in an arid climate (which reduces the incidence of pests) with the implementation of efficient irrigation has allowed food production for export despite less favourable natural conditions. In Peru, the desert regions of Arequipa, Ica, La Libertad and Lambayeque have become important centres for intensive agriculture, for example, blueberries, asparagus, lemons and grapes, thanks to mega irrigation projects that take advantage of the rivers that rise in the Andes. 

In Mexico, the situation is particularly worrying in north-central states such as Zacatecas and Nuevo León. During the first half of 2024, 52 of 58 municipalities in the former experienced moderate to extreme droughts. On the other hand, the state is critical for beer production and export. Grupo Modelo's largest plant is located in Calera, with 24 million (17% of total annual production) hectolitres of beer per year. The subdirector of Water Admission in the local Conagua Directorate states that the plant currently uses 6.4 million cubic metres of the natural resource in the middle of the desert, where it is located. The Calera aquifer, from which the factory is supplied, is the second most exploited at the national level, according to Conagua. The first is the Lerma River, located in Guanajuato, in the Poniente region.

 At the same time, in Nuevo León (located in the north), bottling and brewing companies also extract large quantities from underground aquifers. Conagua reported that seven of the eight municipalities in the Monterrey metropolitan area are classified as abnormally dry, aggravated by global warming, export agriculture, Nearshoring and the lack of a management policy. There is a clear preference for meeting the needs of the agriculture and export industries. This results in water supply cuts to the population.

In 2022, Conagua declared overexploitation of the Ziracuaretiro aquifer in Michoacán, critical for avocado (avocado in South America) cultivation due to the massive water extraction for plantations. In addition, in municipalities such as Uruapan and Tacámbaro, the lack of water has led to prolonged water shortages, while avocado producers make intensive use of the resource.

Export Overview.

Mexico ranks twelfth in world food production, underlining the importance of this sector for the national and global economy. The country also ranks twentieth globally regarding the number of people employed in the agricultural and fisheries sectors, with an economically active population (EAP) of 6.5 million. In 2023, agrifood exports accounted for 54% of the country's total exports.  

Table 1 shows the country's main agro-exports in 2022. The large volume of their shipment implies an intensive use of the water element added to the manufacturing and cultivation process. Mexico's Ministry of Agriculture and Rural Development reported that between January 2010 and the end of 2023, agrifood exports grew from a total of 9,732 tonnes to 26,428 tonnes and are on an upward trend. Products such as grapes, coffee, tomatoes and other vegetables are registering notable increases in export value.

Water Consumption in Agrifood Production

Approximately 76% of the available resources are used for agriculture in Mexico. To better understand the situation, the concept of water footprint (WF) will be used, which is defined as the total volume of water (litres) used from production to final consumption of a product, including that needed to dissipate its pollutants (fertilisers and insecticides). The parameter is composed of three types of water: blue (surface and groundwater), green (rainfall stored in the soil), i.e. clean, and grey (polluted during processing). The indicator is classified into three levels: high - more than 2500 litres per kilo; medium - 700 to 2500 litres per kilo; and small - less than 700 litres per kilo.

By analysing the HF of exported goods, it is possible to quantify the amount of the resources required to grow and process them; it is possible to see how the demand for these goods intensifies the pressure on nature, which affects domestic consumption.

Table 2 presents the WF of various agrifood products in Mexico. Beef, which exceeds 15,000 litres per kilo, stands out with a high WF, reflecting its high water demand, and avocado, with an average WF of 1,164 litres per kilo. Products with low WH are peppers, red fruits, beer and tomatoes.

In addition, the litres of vital liquid associated with producing commodities such as beer, avocados and tomatoes contain a large amount of water in their final form. This means that a direct export of the resource takes place. Thus, the export of these involves their extraction during production and the transfer contained in the end commodity to international markets. 

Conclusion

While contributing to economic growth and employment, the agro-export model in Mexico and other Latin American desert countries also intensifies the crisis by prioritising water-intensive crops for the international market. 

During her swearing-in ceremony, the current president of Mexico assured that reforms would be implemented during her administration to guarantee the adequate use of water. Among the proposed changes are the technification of irrigation in specific areas, a programme to ensure access to water in the Valley of Mexico and Hidalgo, and the clean-up of the three most polluted rivers (Lerma, Tula and Atoyac). He also stated that a start would be made on ordering concessions and the transfer of water rights.

While these policies are necessary, they lack a critique of the agro-export model, which is incompatible with the challenges posed by climate change. Although the proposals are well-intentioned, they are insufficient without fundamental questioning. A comprehensive water policy is needed that considers the regeneration of essential ecosystems to maintain river flow and water infiltration and an overhaul of the production model, which is mainly responsible for resource depletion. Without structural reform, the agro-export model will continue to contribute to resource depletion, global warming and increased risk to water and food security.

The speed and effects of climate change generate a crisis even more serious than the pandemic. The current development path has put at risk the balance of the ecological system that supports it. What is the relationship between the pandemic and the environment?

Due to the growing influence of humans on nature, biogeochemical cycles have been drastically altered and biodiversity reduced at a threatening rate. The causes include rising global temperatures. The objective of the Paris Agreement (2016) by the year 2100 is to keep global average temperature increase below 2°C with respect to pre-industrial levels (1880) and preferably below 1.5°C, otherwise environmental risks will increase dramatically.

The increase in temperature favours the development of infections (Zhou et.al, 2008) and extends the scope of transmission of several zoonoses, which as we see today, are not limited to a single region, but reach the global level. In addition, there is concern about bacteria and viruses that have so far remained frozen in permafrost, as humans would have little immune resistance to them.

The natural barriers between humans and pathogens become more fragile as the natural balance is disturbed and ecosystem resilience, genetic diversity, and microbial resistance and pathogen spread increase (F. Keesing, et al., 2010).

The Latin American and Caribbean region emits less concentration of Greenhouse Gases (GHGs) worldwide, however, it is mostly affected by climate change. The Caribbean is particularly vulnerable because the population lives on islands and its cities are even more exposed due to their proximity to the sea, as they depend on it environmentally and economically. Since not all countries and social groups contribute to emissions and suffer their impact in the same proportion, environmental policy needs to be based on the principle of common but differentiated responsibilities. On a continental level, the United States is the largest emitter of CO2 (399 billion tons).

In Latin America, the main measures being developed to reduce GHG emissions are the implementation of renewable energies, increased energy efficiency, forest protection, improved agricultural practices, adequate waste management and improved industrial processes.

Planetary boundaries define a safe space for science-based sustainable development, in which the risk of dramatic environmental changes remains low. There are currently nine of them that have been possible to identify: climate change, biosphere integrity, biogeochemical flows, land use change, novel entities, stratospheric ozone depletion, atmospheric aerosol loading, ocean acidification and freshwater use. Of these limits, the first four have been exceeded. Environmental policy, the private sector, civil society and the scientific community need to act together on this concept so that they can inform sustainability transformations and pathways to achieve the Agenda 2030 and Paris Agreement goals to reduce pressure on these limits.

In Latin America, the post-pandemic project: Economic Recovery Plan with Social and Environmental Justice 2020-2030 has been presented, promoted by the international movement "Our Green America", led by social and political leaders of the region. It consists of implementing measures for the transition to sustainable energy in housing and transport; as well as the defense of water, social protection for workers and fair financing measures, such as the collection of wealth tax.

Nitrogen dioxide is a harmful gas emitted by engines, power plants and industry. Since February, NASA satellites have detected falls of between 20% and 30% in emissions of this gas in some countries hit hard by economic closure, such as Italy and the United States.

As a consequence of the pandemic, industrial activities were reduced, the number of flights was reduced and massive events were suspended, resulting in positive but temporary impacts such as a reduction in the level of GHG emissions, lower consumption of fossil fuels and improvement in air quality. In some countries, society is beginning to develop an environmental awareness and long-term plan and initiatives in favour of the environment have already begun to be seen, which could lead to demands being made on the State and industries to rethink the structure of the economy and production and thus to adapt and limit themselves to the natural cycles of the environment to allow for its regeneration.

The report published in November by the European Environment Agency (EEA) states that in addition to the positive effects, there have also been negative consequences such as the increased use of single-use plastics and the increased generation of household and hospital waste.

The pandemic brings to the table the complex interaction between the systems of planet Earth and the current structure of social, economic and environmental policies.

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Donald Trump firmó este martes dos órdenes ejecutivas para resucitar los proyectos de construcción de dos polémicos oleoductos –el Keystone XL y Dakota Access-, que la Administración de Obama frenó con el daño medioambiental como argumento. La medida refleja el giro que el nuevo Gobierno estadounidense da también en este ámbito, si bien el presidente advierte de que “renegociará” las condiciones de la obra. Un rato antes, en una reunión con ejecutivos de la automoción, dijo que "el ecologismo está fuera de control”.

El giro proteccionista de su política económica también impregna el asunto de los oleoductos de la discordia, ya que en otro decreto el presidente también plantea que estos nuevos sistemas de tubos deben producirse en Estados Unidos, con material estadounidense. “Compra productos americano, contrata a trabajadores americanos”, dijo en su discurso inaugural, y en esa misma línea se expresó este martes mientras rubricaba los decretos.

“Vamos a renegociar algunas condiciones”, dijo el republicano, “y si les gusta, veremos si podemos construir ese oleoducto, [habrá] muchos empleos, 28.000 estupendos empleos de construcción”. “Vamos a devolver al trabajo a un montón de trabajadores del acero”. “Vamos a construir nuestros propios tubos, como en los viejos tiempos”, enfatizó el empresario neoyorquino, que ha convertido la vuelta a la América más fabril en uno de los ejes de su política.

El bloqueo del macroproyecto Keystone –la ampliación de un tubo que transportaría petróleo desde Canadá hasta el golfo de México- fue una victoria del movimiento ecologista tras años de batalla. La compañía TransCanada lo presentó en 2008 y salió adelante en el Congreso en 2014, gracias a la nueva mayoría republicana, pero Obama lo acabó vetando.

El Dakota Access, que movilizó a la tribu sioux de Dakota del Norte porque afecta a su reserva, se frenó por decisión del presidente demócrata el pasado septiembre, a la espera de cómo el caso avanzaba en los tribunales. El tubo uniría Dakota, un estado clave en el boom del fracking (la polémica técnica de fractura hidráulica del subsuelo), con Illinois pero, según los sioux, atravesaría tierras ancestrales y contaminaría sus aguas.

Los detractores del Keystone XL –un proyecto que supone ampliar en 1.900 kilómetros la tubería, hasta sumar más de 2.700-, argumentan que el petróleo que se transporta resulta muy contaminante y que, además, la obra supone atravesar espacios protegidos y no hace sino aumentar la dependencia de las energías fósiles. Sus defensores esgrimen las decenas de miles de empleos que se crearán y el abaratamiento de la energía para las empresas. El tramo paralizado uniría Alberta (Canadá) con Nebraska hasta conectar con otro tramo ya existente que llegaría al golfo de México y permitíra transportar 830.000 barriles diarios.

Giro en política ambiental

Trump cumple así, en los primeros días de su presidencia, otra de sus promesas electorales, que era impulsar este tipo de obras. El republicano se alinea en este caso con la filosofía de su partido, que era favorable al oleoducto, aunque se desmarca al poner como condición la producción doméstica del proyecto, en línea con ese giro proteccionista que sí rompe el credo conservador y que el día anterior se hizo palpable con la retirada del tratado comercial pacífico (TPP).

En asuntos medioambientales, el nuevo presidente estadounidense ha dejado muy claro desde la campaña que iba a aplicar una política muy diferente de la de su predecesor, que en septiembre ratificó el pacto de París contra el cambio climático. Trump, por el contrario, no solo se comprometió a dar mayores facilidades a la industria del petróleo y el carbón, sino que llegó a tachar el calentamiento global de “bulo” fabricado por China para poner cortapisas regulatorias a la competitividad de las empresas americanas, aunque tras las elecciones matizó sus palabras. Fue también significativa su elección para el puesto de director de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, donde colocó a Scott Pruitt, un fiscal de Oklahoma (estado volcado en petróleo y carbón) que bloqueó varias regulaciones de Obama.

A los ejecutivos de grupos automovilísticos con los que se reunió por la mañana (General Motors, Ford Motor y Fiat Chrysler), Trump les prometió precisamente incentivos fiscales y una rebaja de la carga regulatoria a cambio de que potencien la producción en Estados Unidos, sobre todo, de estos vehículos destinados a este mercado.

Los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para respaldar medidas climáticas más estrictas que eliminarán las emisiones de dióxido de carbono de los autos nuevos para 2035, tras espinosas conversaciones que se prolongaron hasta la madrugada del miércoles.

Los 27 estados miembro llegaron a un acuerdo sobre el borrador de una norma que pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero comunitarias en al menos un 55% en 2030, en comparación con 1990, en lugar del 40% pactado anteriormente.

“Un día largo pero bueno para la acción climática: las decisiones del Consejo sobre Fitfor55 son un gran paso para lograr el Pacto Verde Europeo", dijo Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea a cargo del pacto ecológico, tras la reunión de los ministros de Medio Ambiente del bloque en Luxemburgo.

El acuerdo sobre las cinco leyes propuestas por el brazo ejecutivo de la UE el año pasado abre el camino a las negociaciones finales con el Parlamento Europeo. Los legisladores comunitarios respaldan los ambiciosos objetivos de todo el bloque, y la aprobación definitiva del paquete legislativo requerirá que la Eurocámara trabaje en sus diferencias con los gobiernos nacionales sobre varios detalles.

“El Consejo está listo ahora para negociar con el Parlamento Europeo la conclusión del paquete, que sitúa a la Unión Europea, más que nunca, en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático", indicó Agnès Pannier-Runacher, ministra francesa de Transición Energética.

La decisión de introducir el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 100% para 2035 para los autos y camionetas nuevos prohibirá de facto la venta de vehículos nuevos a diésel o gasolina en las 27 naciones.

La UE quiere reducir drásticamente las emisiones de gases derivadas del transporte para 2050 y promover los autos eléctricos, pero un reporte del auditor externo del bloque mostró el año pasado que por el momento no cuenta con las estaciones de carga adecuadas. El transporte representa alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE.

Además del histórico acuerdo sobre los coches, el paquete incluye una reforma del mercado de carbono de la UE y la creación de un fondo social para el clima que ayude a que los hogares más vulnerables a afrontar la remodelación energética prevista. Este asunto ha ganado importancia política a medida que la guerra rusa en Ucrania ha incrementado los precios del combustible.

El objetivo último es colocar a la UE en el camino de la neutralidad de emisiones en 2050 y animar a otros grandes emisores, incluyendo Estados Unidos y China, a seguir el ejemplo.

Es tradición que en los países que celebran el año nuevo lunar unos de los regalos sean pequeños sobres rojos con dinero y semillas varias, deseando y sembrando de esa manera bienestar y buenaventura. Este año nuevo lunar del gallo, en la provincia Heilongjiang de China, el regalo ha sido tan importante que ha puesto a temblar a toda China y a todo el mundo transnacional: se han prohibido los cultivos transgénicos.

La inmensa mayoría de los medios desinformativos globales y regionales han guardado silencio sobre la medida que adoptó quizá la más importante provincia dentro de la estrategia de las transnacionales, pues es la joya de la corona china en producción de granos que abastecen el enorme mercado chino.

“El Reglamento –aprobado- prohíbe el cultivo de maíz, arroz y soja GM en la provincia que es el principal productor de granos de China, y prohíbe la producción y venta de los cultivos transgénicos y el suministro de sus semillas. La regulación entrará en vigor el 1 de mayo de 2017.” i

La decisión legislativa de la provincia Heilongjiang se produce, según el diario Financial Times, después de que Beijing publicó en agosto de 2016 planes para desarrollar los cultivos transgénicos específicos que por primera vez incluyen la soja y el maíz. Los planes seguían el llamado del presidente Xi Jinping (2014), para que el país "domine los puntos críticos de las técnicas de OGM"ii

¿Por qué, además, la nueva legislación de Heilongjiang es importante?

A partir del 2010 la mayor superficie sembrada y la mayor producción de granos han sido de maíz (22% y 40%) seguida del arroz (18% y 37%). La Provincia de Heliongiang conforma junto con las provincias vecinas de Jiling, Liaoning y Mongolia Interior el cinturón noroeste granero de China. En esta región se produce el 44.5% del maíz y un tercio de todo el arroz del país. Y no olvidemos que China es el primer productor mundial de arroz y segundo productor mundial de maíz, detrás de EE.UU. y quinto productor mundial de sojaiii.

Por tanto, los cambios en esta legislación provincial tienen impacto inercial y político sobre el resto del país y del mundo. El potencial impacto en el terreno internacional también se puede dar porque China es el primer importador mundial de soya desde Brasil, Argentina y EEUU. Y la inmensa mayoría de esa soya importada es soya transgénica.iv

Pero para alcanzar este magnífico regalo legislativo de año nuevo lunar, se ha dado una singular batalla política y mediática con una estrategia que se antoja surgida de los consejos de las mil veces nombrado teórico chino de la guerra: Sun Tzuv .

Ante la fuerza de un poderoso bloque pro transgénicos integrado por legisladores y destacados científicos de la academia, que como en muchos otros países han sido “estimulados”, “reconocidos” y “condecorados” por la industria de los OGM, y además son consejeros “científicos” del poder político, la oposición a los OGM optó por construir una amplia alianza social para dar la batalla pública y escapar del engañoso discurso cientificista.

Un abanico de científicos, pequeños agricultores, ambientalistas y consumidores optaron primero por apoyarse en demandas que habían llegado a las redes sociales, relativas a la preocupación sobre los impactos de los transgénicos importados e introducidos en la alimentación y la salud. Los medios locales destacaron la opinión de muy respetables altos mandos militares que, desde el 2014 habían escrito críticas e incluso los funcionarios militares de la provincia de Guangzhou pidieron la prohibición de los alimentos GMO para sus tropas (la solicitud fue posteriormente censurada)vi 

Además de las evidencias de afectación a la salud, los altos militares agregaron argumentos sobre el impacto de las importaciones con dumping que han destruido la vieja industria de la soya china y presentaron serios razonamientos de seguridad nacional contra la estrategia transnacional. La controversia llegó hasta las páginas del diario conservador Wall Street Journal.vii

En ese contexto, la alianza opositora apoyó la realización de una consulta. Los resultados mostraron que “un 91,5 por ciento de los encuestados en un estudio realizado en la provincia en octubre presentó objeciones a los cultivos transgénicos, difundió la agencia oficial de noticias Xinhua”. Esto alentó a que otros ciudadanos, técnicos y científicos ofrecieran información desconocida u oculta.viii

Es el caso del investigador Wei Jingliang quien trabajó para el "Centro de animales modificados genéticamente y de Supervisión de Seguridad e Inspección Alimentaria", que ante los oídos sordos de los funcionarios a las denuncias sobre violaciones a la reglamentación, terminó subiendo sus acusaciones a una plataforma de medios sociales de China. Se trató de una adulteración de documentos sobre su responsabilidad de incumplida de vigilancia que permitió que agricultores usaran amplia e ilegalmente cultivos transgénicos; acción coherente con la posición de apoyar el uso de la biotecnología transgénica que era alentada informalmente desde la Academia China de Ciencias Agrícolas. La protesta social obligo a que el Ministerio de Agricultura terminara cerrando ese importante centro de vigilancia sobre OGM.ix

La cascada de críticas y pruebas contra los OMG sobre su deficiente gestión oficial, las pruebas de corrupción y otros elementos de interés y seguridad nacional terminó superando la opinión convencional de “expertos” y altos funcionarios casados con la supuesta modernidad de la industria transgénica, lo mismo que poniendo en riesgo la potencial megafusión (por US$44 mil millones) entre el gigante chino ChemChina con la suiza Syngenta.x

El regalo chino no es un cuento

Esta legislación estratégica china, hasta ahora provincial, se suma a otra realizada seis meses antes en Rusia, y juntas pueden tener un efecto político ampliado no sólo en los BRICs, sino en el mercado mundial y apoyar aún más la crisis en que se encuentra la estrategia transnacional de los transgénicos.

Aunque el discurso transnacional transgénico es experto en construir ilusiones y mentiras e insiste en el supuesto éxito permanente de la industria de OGMs, la realidad política global y en espacios específicos muestra que se encuentra en crisis de crecimiento, credibilidad y de legitimidad.

Después del 2014 las tasas de crecimiento de la superficie sembrada han sido tan decrecientes que a partir de 2015 se volvieron negativas.xi La cantidad de países que han adoptado leyes prohibiendo o limitando la siembra, la comercialización y la alimentación con transgénicos crece más que el número de países que los siembran y comercializan. La cantidad de países donde se realiza el debate legislativo y público para prohibir o al menos limitar a los productos transgénicos es creciente y mucho mayor al estancado número de aquellos que los permitenxii. La Unión Europea es un caso donde una ligera mayoría de sus países miembros ya los prohíben, pero sigue dividida la decisión a nivel del espacio UExiii. La cantidad de investigaciones científicas críticas de la tecnología transgénica crece. Y la cantidad de movimientos sociales y activistas contra los transgénicos casi alcanza los 5 millones de personasxiv.

En ese contexto ubicamos la batalla en China y en Rusia. Dos espacios que son actores políticos decisivos para el cambio hacia un mundo sin transgénicos y verdaderamente multipolar.

La batalla en Rusia (2015-2016) para que la Duma (el Parlamento) aprobara una legislación que ayude a que algún día transforme al país en “el mayor proveedor mundial de alimentos orgánicos”, según declaración sorprendente de Vladimir Putin contiene elementos comunes a lo que venía sucediendo en China. En Rusia el propósito explícito nacional era prohibir los cultivos y crianza de plantas y animales transgénicos y adoptar una política productiva alimentaria con orientación orgánica. Un propósito singular y único en el mundo.

Quizá la guerra de represalia política y económica de los EE.UU. y sus aliados contra Rusia por la supuesta anexión de Crimea, ocultó u opacó la batalla en el frente contra los transgénicos en ese inmenso territorio. Desde julio del 2014 a noviembre de 2016, en una buena parte del ambiente mediático “occidental” Rusia sólo fue el enemigo o invasor a Ucrania, el apoyo al dictador de Siria o la espía de las elecciones presidenciales de los EE.UU.

Todo eso ocultó que entre la primera lectura de la iniciativa en otoño de 2015 en la Duma, y la segunda lectura mayo de 2016 hubo increíble “fuego amigo” de periodistas e insospechados científicos y legisladores contra la prohibición. Desde el instituto de nanotecnología e informática, parte de la Academia de Ciencias de Rusia, su director Alexander Y. Panchin, en coordinación con otro académico con buenos contactos con la industria biotecnológica y radicado en la Universidad de Miami publicaron artículos y libros pro transgénicos y contra la legislación en discusión en la Duma.xv

En un tono más de búsqueda de financiamiento interno a la investigación sobre transgénicos, el propio presidente de la Academia Rusa de Ciencia ha buscado el apoyo directo de V. Putin.xvi

Mientras la guerra comercial y financiera transcurría, el servicio federal fitosanitario y veterinario de Rusia prohibió a partir del 15 de febrero de 2016 la importación de maíz de EE.UU., por reiterada contaminación de plagas y transgénicos. El volumen y valor es relativamente pequeño, pero el impacto político retumbó hasta en el Departamento de Estado en Washington.xvii

La iniciativa de ley finalmente fue aprobada en junio de 2016. El ministro de Agricultura de Rusia, Alexander Tkachev, declaró inmediatamente: “El Ministerio de Agricultura está fuertemente contra los transgénicos, los productos rusos se mantendrán limpios." Antes, en una reunión de diputados que representan a las zonas rurales organizadas por Rusia Unida, dijo que el gobierno no va a "envenenar a sus ciudadanos."

Meses antes el presidente ruso, Vladimir Putin, había dicho al Parlamento ruso que Rusia debe convertirse en el mayor proveedor mundial de alimentos orgánicos, "No sólo nosotros mismos los comeremos, sino también teniendo en cuenta nuestra tierra y el agua - que es particularmente importante - los recursos Rusia podría convertirse en el mayor proveedor del mundo de la salud, el medio ambiente, de alimentos de alta calidad que siempre ha faltado en algunos productores occidentales ", afirmó Putin.xviii

Finalmente

El regalo chino de año nuevo lunar bien puede tener un buen moño mexicano. El moño lo trenzó un ingeniero mexicano (tapatío) que ha demostrado en China que se pueden alcanzar altos rendimientos, cultivos sanos y control comunitario sin necesidad de tecnología transgénica.

Es el Ing. Ernesto Cruz González (UdeG) Director de ATINDER (Asistencia Técnica Integral para el Desarrollo Rural), quien desde 2004, en diversos periodos, ha estado trabajando desde la región de Mongolia Interior, y otras provincias, entre ellas Heilongjiang en la República Popular de China, sobre mejoramiento, alto rendimiento y rentabilidad de cultivos de maíz. Con la combinación de diferentes técnicas de fito-mejoramiento ha alcanzado el record de 22.4 toneladas por hectárea.

Al cabo de una invitación oficial y de mostrar resultados, con orgullo y reproche político declaro: “Maravillado el Gobierno Central de China me dijo que me quedara qué era lo que necesitaban. Desgraciadamente el Gobierno mexicano no le hace caso a uno, y acá enseguida me dieron maquinaria, un rancho, tierra para transferir mi tecnología. Hoy tengo contratos con varias provincias de China y la gente visita mis terrenos para conocer qué es lo que hago”. xix

Ciudad de México. 28/01/2017, inicio del año del Gallo del Calendario Lunar Chino

Alejandro Villamar /RMALC/México Mejor Sin TPP

alermalc@gmail.com

i Heilongjiang passes regulation to ban GM crops. By Deng Xiaoci Source: Global Times Published: 2016/12/21 0:23:39 http://www.globaltimes.cn/content/1024839.shtml

ii China province bans GMO crops for five years. Blow to government efforts to turn the country into a world-beating GMO power. December 21, 2016. FT Journalist in Shanghai

https://www.ft.com/content/a221fb5e-c750-11e6-8f29-9445cac8966f

iii Fuentes: China Statistical Yearbook 2015. http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm y https://www.produccionmundialmaiz.com; https://www.produccionmundialarroz.com

ivhttps://www.produccionmundialsoja.com ; https://comtrade.un.org

vhttps://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu

vihttp://chinadigitaltimes.net/2014/05/minitrue-wei-pengyuan-army-gmo-ban-qvod-porn/

vii Claims That U.S. Soybeans Cause Infertility Stoke China’s GMO Battle. May 14, 2014 6:57 pm HKT http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/05/14/claims-that-u-s-soybeans-cause-infertility-stoke-chinas-gmo-battle/

viii China Wants GMOs. The Chinese People Don't. SEP 27, 2016 8:00 PM EDT By Adam Minter https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-09-28/china-wants-gmos-the-chinese-people-don-t

ix Ministry halts operation of GMO agency following accusations from ex-employee. 2016-09-22 21:00:06 CRIENGLISH.com Web Editor: Zhang Peng http://english.cri.cn/12394/2016/09/22/3441s940979.htm

x ChemChina-Syngenta deal to face further EU antitrust scrutiny. October 28, 2016

http://www.ft.com/fastft/2016/10/28/chemchina-syngenta-deal-to-face-further-eu-antitrust-scrutiny/

xi Land area planted with GM crops drops for first time in two decades. First downturn in total coverage follows 19 consecutive years of growth, survey reveals. April 13, 2016 by: Clive Cookson in London https://www.ft.com/content/6e11eeea-00d7-11e6-99cb-83242733f755 Pocket K No. 16: Biotech Crop Highlights in 2015. http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/16/default.asp

xii GM Crops Now Banned in 38 Countries Worldwide – Sustainable Pulse Research. Oct 22 2015. http://sustainablepulse.com/2015/10/22/gm-crops-now-banned-in-36-countri...

First in the world. Supreme Court bans development of genetically engineered products. By: InterAksyon.com. December 13, 2015

http://www.interaksyon.com/article/121368/first-in-the-world--supreme-court-bans-development-of-genetically-engineered-products

xiii European Nations Reject GM Crop Cultivation in Groundbreaking Votes. Jan 27 2017 - by Sustainable Pulse. http://sustainablepulse.com/2017/01/27/european-nations-reject-gm-crop-cultivation-in-groundbreaking-votes

xiv Global GMO Free Coalition http://www.gmofreeglobal.org/es/partners

xv Has the US Biotech Industry Infiltrated the Russian Scientific Community? Feb 17 2016 - 7:27am by Sustainable Pulse http://sustainablepulse.com/2016/02/17/who-is-supporting-pro-gmo-forces-in-russia/#.V22wwvl97IU

xvi Vstrecha s prezidentom RAN Vladimirom Fortovym. 22 yanvarya 2016 goda 17:10 Moskva, Kreml'

http://www.kremlin.ru/events/president/news/51196

xvii Rossiya s 15 fevralya zapretit vvoz soi i kukuruzy iz SSHA. 10 fevralya 2016 Rossiya s 15 fevralya zapretit vvoz soi i kukuruzy iz SSHA. 10 fevralya 2016 http://www.fsvps.ru/fsvps/press/295478.html

xviii Putin: Russia Will be World’s Largest Supplier of Healthy Organic Food. Dec 3 2015 - 10:53pm by Sustainable Pulse

http://sustainablepulse.com/2015/12/03/putin-russia-will-be-worlds-largest-supplier-of-healthy-organic-food/#.VsQD7_l97IU

xix Fuente: El tapatío que llevó su maíz hasta China. 6 de junio de 2016 http://www.informador.com.mx/economia/2016/665314/6/el-tapatio-que-llevo-su-maiz-hasta-china.htm

Fuente:

SYDNEY and KUALA LUMPUR, Nov 2 2021 (IPS) - Current climate mitigation plans will result in a catastrophic 2.7°C world temperature rise. US$1.6–3.8 trillion is needed annually to avoid global warming exceeding 1.5°C.

Creative accounting
Rich countries have long broken their 2009 Copenhagen COP16 pledge to mobilize “US$100 billion per year by 2020 to address the needs of developing countries”. The pandemic has worsened the situation, reducing available finance. Poor countries – many already caught in debt traps – struggle to cope.

While minuscule compared to the finance needed to adequately address climate change, it was considered a good start. The number includes both public and private finance, with sources – public/private, grants/loans, etc. – unspecified.

Such ambiguity has enabled double-counting, poor transparency and creative accounting, noted the UN Independent Expert Group on Climate Finance. Thus, the rich countries’ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) reported US$80bn in climate finance for developing countries in 2019.

Fudging numbers
But OECD climate finance numbers include non-concessional commercial loans, ‘rolled-over’ loans and private finance. Some donor governments count most development aid, even when not primarily for ‘climate action’.

Also, the dispute over which funds are to be considered ‘new and additional’ has not been resolved since the 1992 adoption of the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) at the Rio Earth Summit.

Official development assistance redesignated as climate finance should be categorized as ‘reallocated’, rather than ‘additional’ funding. Consequently, poor countries are losing aid for education, health and other public goods.

India has disputed the OECD claim of US$57bn climate finance in 2013-14, suggesting a paltry US$2.2bn instead! Other developing countries have also challenged such creative accounting and ‘greenwashing’.

Climate finance anarchy
Developing countries expected the promised US$100bn yearly to be largely public grants disbursed via the then new UNFCCC Green Climate Fund. Oxfam estimates public climate financing at only US$19–22.5bn in 2017-18, with little effective coordination of public finance.

Developing countries believed their representatives would help decide disbursement, ensuring equity, efficacy and efficiency. But little is actually managed by developing countries themselves. Instead, climate finance is disbursed via many channels, including rich countries’ aid and export promotion agencies, private banks, equity funds and multilateral institutions’ loans and grants.

Several UN programmes also support climate action, including the UN Environment Programme, UN Development Programme and Global Environment Facility. But all are underfunded, requiring frequent replenishment. Uncertain financing and developing countries’ lack of meaningful involvement in disbursements make planning all the more difficult.

Financialization has meant that climate funding increasingly involves private financial interests. Claims of private climate finance from rich to poor countries are much contested. Even the OECD estimate has not been rising steadily, instead fluctuating directionless from US$16.7bn in 2014 to US$10.1bn in 2016 and US$14.6bn in 2018.

The actual role and impact of private finance are also much disputed. Unsurprisingly, private funding is unlikely to help countries most in need, address policy priorities, or compensate for damages beyond repair. Instead, ‘blended finance’ often uses public finance to ‘de-risk’ private investments.

Putting profits first
The poorest countries desperately need to rebuild resilience and adapt human environments and livelihoods. Adaptation funds are required to better cope with the new circumstances created by global warming.

Needed ‘adaptation’ – such as improving drainage, water catchment and infrastructure – is costly, but nonetheless desperately necessary.

But ‘donors’ prefer publicizable ‘easy wins’ from climate mitigation, especially as they increasingly gave loans, rather than grants. Thus, although the Paris COP21 Agreement sought to balance mitigation with adaptation, most climate finance still seeks to cut greenhouse gas (GHG) emissions.

As climate adaptation is rarely lucrative, it is of less interest to private investors. Rather, private finance favours mitigation investments generating higher returns. Thus, only US$20bn was for adaptation in 2019 – less than half the sum for mitigation. Unsurprisingly, the OECD report acknowledges only 3% of private climate finance has been for adaptation.

Chasing profits, most climate finance goes to middle-income countries, not the poorest or most vulnerable. Only US$5.9bn – less than a fifth of total adaptation finance – has gone to the UN’s 46 ‘least developed countries’ (LDCs) during 2014-18! This is “less than 3% of [poorly] estimated LDCs annual adaptation finance needs between 2020-2030”.

Cruel ironies
The International Monetary Fund recognizes the “unequal burden of rising temperatures”. It is indeed a “cruel irony” that those far less responsible for global warming bear the brunt of its costs. Meanwhile, providing climate finance via loans is pushing poor countries deeper into debt.

Increasingly frequent extreme weather disasters are often followed by much more borrowing due to poor countries’ limited fiscal space. But loans for low-income countries (LICs) cost much more than for high-income ones. Hence, LICs spend five times more on debt than on coping with climate change and cutting GHG emissions.

Four-fifths of the most damaging disasters since 2000 have been due to tropical storms. The worst disasters have raised government debt in 90% of cases within two years – with no prospect of debt relief.

As many LICs are already heavily indebted, climate disasters have been truly catastrophic – as in Belize, Grenada and Mozambique. Little has trickled down to the worst affected, and other vulnerable, needy and poor communities.

Funding gap
Based on countries’ own long-term goals for mitigation and adaptation, the UNFCCC’s Standing Committee on Finance estimated that developing countries need US$5.8-5.9 trillion in all until 2030. The UN estimates developing countries currently need US$70bn yearly for adaptation, rising to US$140–300bn by 2030.

In July, the ‘V20’ of finance ministers from 48 climate-vulnerable countries urged delivery of the 2009 US$100bn vow to affirm a commitment to improve climate finance. This should include increased funds, more in grants, and with at least half for adaptation – but the UNFCCC chief has noted lack of progress since.

Only strong enforcement of rigorous climate finance criteria can stop rich countries abusing currently ambiguous reporting requirements. Currently fragmented climate financing urgently needs more coherence and strategic prioritization of support to those most distressed and vulnerable.

This month’s UNFCCC COP26 in Glasgow, Scotland, can and must set things right before it is too late. Will the new Cold War drive the North to do the unexpected to win the rest of the world to its side instead of further militarizing tensions?

JINAN/NANCHANG, Feb. 8 (Xinhua) -- When Yao Huifeng quit his well-paid job in a medical company to become a rice grower six years ago, he was nicknamed "Yao the idiot."

Now people call him "manager Yao" due to his successful career transition.

From city life to farm work in Yifeng County, east China's Jiangxi Province, Yao has tried various methods for high-quality rice, the only constant being that his produce is organic.

He avoids using chemical pesticides and fertilizers, and leaves the field fallow for a season to guarantee quality, which is what Chinese middle-class consumers now care about most.

His rice sells at 10 yuan (1.45 U.S. dollars) a kilo, three times higher than average, yet still popular.

Last year, his success drew more than 70 local farmers to join his rice cooperative.

"Ninety percent of the local fields have switched to organic rice, and the economic output in our cooperative has exceeded 4 million yuan," Yao told Xinhua.

Organic farming, and eco-farming in a broader sense, is becoming increasingly popular in the world's most populous nation amid growing concerns for food safety.

China has become the world's fourth largest organic food consumer, but organic food penetration is still small, taking up only about 1.5 percent of the country's food market share, according to a report by Zero Power Intelligence Group, a research institution headquartered in Shenzhen.

Lured by the tremendous market potential of green food, companies have rushed into the sector in search of profits.

Zhengzhuang farm, based in Jinan, capital of east China's Shandong Province, has been devoted to high-quality, chemical-free fruit since it was founded in 2012.

Like Yao's farm, it abandoned chemical fertilizers and turned back to "old-fashioned" animal manure to use on the land of about 67 hectares.

"Using chemical fertilizers can cause the soil to harden and degrade, while organic manure can help the land regain nutrients," said Wang Yan, co-founder of the farm.

Wang has been purchasing manure from a nearby dairy farm for the last three years. Two cows, each producing a tonne of dung a year, can meet the demand of one mu of land.

"Apart from cow dung, we also use feces of geese, horses, donkeys and earthworms. The greater the variety of manure, the better," she added.

Wang calls herself a modern farmer, who represents a new generation of growers embracing innovative and green agriculture production.

China has been promoting sustainable farming to reform the agriculture industry in recent years. A document issued earlier this week called for an output increase in high-quality products based on green and innovative production. It also said the country would maintain a zero increase in the usage of pesticides and fertilizers.

Long-time reliance on chemical fertilizers and pesticides to boost production has resulted in severe problems, such as pollution and soil degradation.

Statistics from the Ministry of Agriculture show about one-third of the world's chemical pesticides, or 1.4 million tonnes, are used in China every year. The use of pesticides in China is 2.5 times the amount in developed countries.

"Arable lands in China faces three major problems -- low productivity, soil degradation and low fertility," said Gao Yiwu, CEO of Kingenta Ecological Engineering Group, a fertilizer manufacturer.

Many have already felt the pinch of unsustainable farming.

Wang Cuifen has been growing crops since 1997.

"The output increased year by year in the past decades, but the soil is getting harder and harder these years, and I had to use more chemical fertilizers to maintain a high yield, but I know it will not work long," she told Xinhua.

In 2014, sponsored by the local government, Wang started to use organic fertilizers. "It worked really well and the soil is getting rich again," she said.

The revival of manure has also created new business opportunities for Liu Shuchun, a pig breeder.

The disposal of the excrement of his 5,000 pigs used to be a big headache, but not now.

The price of a tonne of pig manure sold for 40 yuan in 2012, this year the price was double.

"It is very promising," Liu said.

He has set up 19 biogas digesters to produce organic fertilizers out of pig manure. A tonne of the processed manure cost up to 750 yuan but still sells fast.

A dead-end in old farming and a shift in consumption habits has encouraged more farmers to engage in green agriculture.

To promote supply-side reform in agriculture, authorities are training more professional talent and offering favorable fiscal policies for business start-ups in rural area to encourage investment, increase farmers' income and create safe food, which is good for both farmers and consumers.

"The success of agricultural supply-side reform depends on increase in farmers' income as well as more quality farm products," said Tang Renjian, deputy director of the central rural work leading group. "Efforts should be made to maintain a sustainable, green agriculture growth, rather than relying on resource consumption."