La vigésimo sexta Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP26) se llevó a cabo del 31 de octubre al 12 de noviembre del 2021 en Glasgow, Escocia. Con representantes de 200 países, la Conferencia buscaba establecer acuerdos que definieran los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, y así hacerle frente al deterioro climático. Con propuestas poco tajantes y casi nulos planes de acción, la COP26 parece haber fracasado en su objetivo de alcanzar acuerdos que realmente contribuyan a la disminución del calentamiento global.
Según el Informe sobre Cambio Climático, publicado en agosto del 2021 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), es necesario mantener el límite de aumento de temperatura a 1.5° C para evitar la pérdida irreversible de biodiversidad. Para que esto sea posible, las emisiones de carbono deben reducirse a la mitad para el año 2030 y llegar a cero a mediados de este siglo de lo contrario, se rebasaría el umbral en solo una década.
Si bien durante la COP26 por fin se definieron a los combustibles fósiles como la principal causa del deterioro ambiental, no se logró concretar la eliminación del carbón a largo plazo, dado que India e Irán expresaron su desacuerdo al respecto. Por esta razón, el Pacto Climático tuvo que cambiar su lenguaje para hablar entonces de una “disminución gradual” del uso del carbón y otros combustibles fósiles en lugar de una supresión.
Debe destacarse que esas objeciones no son nuevas. Días antes de la COP26, la BBC filtró documentos en los que Arabia Saudita, Australia, Brasil y otros países más pedían a la ONU que se abandone la idea de dejar los combustibles fósiles abruptamente, bajo el argumento que ello no era estrictamente necesario para mantener el techo de los 1.5° C. Esto no es sorpresa puesto que Arabia Saudita es uno de los mayores exportadores de petróleo, Australia lo es de carbón, e India es un gran consumidor de carbón.
Por otra parte, en el 2009, en la Conferencia en Copenhague, el G7 acordó transferir 100 millones de US dólares (55 mil US dólares por país promedio) anuales a los países en desarrollo para mitigar los efectos de la crisis climática y convertirse así en sociedades con emisiones bajas de carbono. Sin embargo, no solo no se entregó esa cantidad de dinero antes de la fecha límite pactada (que fue en el 2020) sino que ahora los países en desarrollo argumentan que no es suficiente para hacer frente a los retos que conlleva la lucha contra el cambio climático.
Ani Dasgupta, presidenta del Instituto de Recursos Mundiales, comentó que era inexcusable que los países ricos no pudieran entregar el financiamiento acordado y que sí hayan destinado miles de millones de dólares a subvenciones a los combustibles fósiles. El Pacto Climático de Glasgow acordó la duplicación de los fondos para los países en desarrollo para el 2025 pero, vistos los resultados del acuerdo en Copenhague, se deja en tela de juicio el que estos países verdaderamente cumplan sus compromisos de financiamiento.
Glasgow tampoco pudo concretar la creación de un fondo para la reparación de daños por el cambio climático sobre los países más vulnerables. Estados Unidos, Australia y la Unión Europea bloquearon las discusiones al respecto porque son parte del grupo de países que más han contribuido a la crisis climática. El acuerdo reconoce la posición desfavorable de algunos países y propicia ayuda técnica en caso de desastres, pero no menciona ningún fondo en concreto, en lugar de ello, solo llama al diálogo.
Una aparente buena noticia dentro de este marco decepcionante es que, después de cinco años, finalmente se acordó un reglamento para el mercado de bonos de derechos de emisiones de carbono. Conocido como el artículo 6 del Acuerdo de París, este instrumento pretende ayudar a los países a contabilizar sus emisiones de carbono y a compensar por ellas. De modo que quienes contaminen más deberán pagar a los países con cubiertas forestales para que planten más árboles.
La Conferencia permitió el establecimiento de un marco para le venta internacional de estos instrumentos. Países como Brasil presionaron la creación del reglamento pues podrían aprovechar los derechos a través de la selva amazónica y de proyectos de energías renovables. No obstante, podría convertirse en un mecanismo para que los países ricos continúen con sus emisiones usuales ya que pueden permitirse el pago de las compensaciones.
La COP26 dejó mucho que desear. Como podemos ver en el gráfico, solo cuatro países constituyen poco más de la mitad de las emisiones de CO2 y el resto del mundo asume las consecuencias. La poca cooperación de los países que más contaminan y las promesas sin planes de acción mantienen a la deriva la cuestión climática global. Los países que más contribuyen a la crisis climática, a través de la deslocalización de la producción y la exportación de petróleo, son precisamente los que se niegan a comprometerse a bajar sus emisiones y a pagar por daños; lo que deja a los países afectados por el cambio climático en una posición aún más vulnerable y sin la posibilidad de mitigar sus efectos.
