La banca europea ha sufrido grandes transformaciones desde el estallido de la crisis financiera en 2008. De acuerdo con el reporte, la centralización en los sistemas bancarios nacionales de la zona euro ha aumentado destacándose el caso de los países de la periferia europea.

Por otro lado, la hoja de balance del sistema financiero europeo se redujo a 26.8 billones euros a finales de 2013. De esta manera, los bancos han tenido que deshacerse de los activos de mala calidad que poseían en sus hojas de balance desde el estallido de la crisis. Sin embargo, el endeudamiento de las economías europeas continúa siendo demasiado elevado para que vuelvan a otorgar créditos.

Por último, los activos transfronterizos se han reducido debido a la posición frágil en la que se encuentran las entidades financieras nacionales de la periferia europea. Por lo tanto, la banca europea se encuentra en una difícil situación para recuperarse.

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La crisis financiera estadounidense en 2008 tuvo fuertes repercusiones en el sistema financiero europeo. El resultado a lo largo de seis años fue la mayor concentración y centralización de capital.

El ejemplo más claro fue el sector bancario español que recibió ayudas del Estado y estuvo presente un proceso de centralización y concentración de capital en el sector financiero español por medio de fusiones y adquisiciones.

De esta manera, se abre un nuevo proceso de mayor fortalecimiento de los bancos más importantes como Bankia que ha recibido ayudas del Estado de forma sustancial. Por otro lado, el Estado español ha sido obligado a financiarse por medio de los mercados financieros emitiendo obligaciones, situación que acrecienta su deuda de forma exponencial.

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 "Es parte de una guerra cognitiva": ¿qué buscan las grandes tecnológicas en América Latina?

Las sanciones contra la empresa X dispuestas por Brasil deberían ser "un ejemplo" para otros países de América Latina en un contexto en que las grandes plataformas digitales han acumulado "un poder enorme", dijo a Sputnik el analista internacional Jorge Elbaum. Para el analista, América Latina debería seguir el ejemplo de Rusia y China.

El experto argentino, también sociólogo y doctor en Ciencias Económicas, consideró que el bloqueo a la red social X dispuesto por el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño es una "práctica soberana" que, como otras de su mismo estilo, "implica un enfrentamiento con la lógica neocolonial e imperialista" que mantienen este tipo de empresas.

En ese sentido, Elbaum apuntó que existe una cuestión "estructural" detrás tanto de X como de otras grandes tecnológicas como Google, Amazon, Apple, Microsoft o Meta (proscrita en Rusia por extremista), que en los últimos años "han acumulado un poder enorme", tanto en lo económico como en su poder e influencia sobre los usuarios de internet.

"Estas plataformas tienen, en conjunto, un presupuesto superior al de varios países y equivalentes a países como Francia. Tienen mucho poder económico y un gran poder de influencia, además de fuertes contactos con organismos de seguridad, inteligencia y espionaje, por lo que están siempre articulados con el lado oscuro de la gobernanza global", sostuvo el analista.

En ese sentido, Elbaum apuntó que, si bien puede haber diferencias, este tipo de compañías expresan "intereses que no son contradictorios con la política exterior de EEUU" y que, más allá de las simpatías hacia Donald Trump o Joe Biden, se mueven dentro de "un tridente que incluye al complejo militar industrial, a Wall Street y a las empresas trasnacionales".

En ese escenario, Elon Musk aparece como el CEO que "más abiertamente está jugando una partida global en favor de una derecha brutal, nacionalista y reaccionaria" y que para el Elbaum se relaciona directamente con el rechazo a la influencia de China en la economía global.

"Pensemos que Musk era el primer producto de autos del mundo, pero fue desbancado por los chinos. Está desesperado", ilustró Elbaum, recordando que el CEO de X y Starlink había defendido el golpe de Estado contra Evo Morales de 2019 ironizando a través de X con que impulsaría "todos los golpes que quisiera" con tal de acceder a los recursos de litio del país, clave en la industria de los vehículos eléctricos.

-La política de austeridad mal llamada "republicana" ha sido y sigue siendo un freno muy fuerte al crecimiento económico y al combate a la desigualdad en el país

-Se requiere crear cerca de un millón de empleos anuales, sin embargo, los que se están generando son solamente cerca de 300 mil

-Inflación baja, superávit fiscal, tipo de cambio apreciado (superpeso) y bolsa de valores al alza, son los indicadores más neoliberales que se pueden imaginar; y distan de reflejar o causar, el desarrollo económico y la igualdad social

Juan Carlos Moreno-Brid (Ciudad de México, 1953), doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, especialista en políticas industriales y de financiamiento, ha señalado que “el crecimiento de la economía sí importa”, cuando los objetivos en el horizonte son impulsar la igualdad, el bienestar y un país más incluyente. Asimismo, “el crecimiento no es condición suficiente para el desarrollo”, ha precisado, “pero sí es condición necesaria”.

En entrevista, Moreno-Brid explica la importancia de implementar una reforma fiscal que permita fortalecer las finanzas públicas (ingresos, gastos y finanzas) para reducir la desigualdad, impulsar la inversión pública en proyectos eficientes y corregir los rezagos sociales; ya no se diga hacer frente a los programas prioritarios de transferencias que lleva a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

También advierte que paradójicamente se están aplicando políticas macroeconómicas de corte neoliberal que, en temporada electoral, se prometió, serían erradicadas.

—Calificadoras, entidades internacionales e incluso organismos como el Banco de México, pronostican un crecimiento económico cercano a cero para el cierre de 2019, pero el Gobierno federal dice tener otros datos. ¿Qué opina?

—Andrés Manuel López Obrador es un político muy exitoso, pero no es economista. Él ha ido cambiado de opinión: primero dijo que íbamos pronto a crecer al 4 por ciento anual, en el Plan Nacional de Desarrollo; después afirmó que al 2% este año, en los Criterios Generales de Política Económica; luego, cuando las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan una economía estancada en el 2019, entra en disputa con la prensa y dice que "él tiene otros datos"; y acaba zanjando la controversia aseverando que "el crecimiento no importa". Festejó incluso un crecimiento anualizado del Producto Interno Bruto (PIB) del orden del 0.1 por ciento. La realidad es que mientras no tengamos un INEGI alternativo, no podremos tener otras estimaciones para contrarrestar las cifras oficiales del PIB que reflejan una economía estancada. Y este es el gran drama, porque sin crecimiento económico, por más que se diga que habrá desarrollo, es muy difícil. Es imposible de hecho. Si estuviéramos en los niveles de ingreso per cápita de Luxemburgo, Alemania o Austria, no nos preocuparíamos por el crecimiento del PIB. Pero en México, para absorber a la población que entra al mercado de trabajo cada año, ya no digamos la rezagada, se requiere crear cerca de un millón de empleos anuales; sin embargo, los que se están generando son solamente cerca de 300 mil, por lo tanto, la estrategia tiene que cambiar. El crecimiento de la actividad económica no es condición suficiente para el desarrollo, pero sí es condición necesaria. Que se diga que no importa el crecimiento es un eslogan, pero la gente se puede confundir.

AMLO criticó a Peña Nieto porque el país estaba creciendo solo al 2 o 3 por ciento. Y él prometió crecer al 4. En realidad, lo que está tratando de hacer es restarle importancia a este estancamiento actual y pedir "ténganme confianza. Vamos a sentar una plataforma de crecimiento".

—¿Cómo observa la política de austeridad?

—La política de austeridad, desde mi punto de vista mal llamada "republicana", ha sido y sigue siendo un freno muy fuerte para el país. Se ha criticado al gobierno anterior porque la inversión pública estaba cayendo en términos reales. De hecho, cayó al 5 por ciento anual. Y el Plan Nacional de Desarrollo los pone en niveles más bajos que los de Peña Nieto. Nuestro destino, como diría Shakespeare "no está marcado por las estrellas", nuestro reto es interno; hay que cambiar esa política económica.

—¿La Cuarta Transformación (4T) está logrando desmarcarse del neoliberalismo?

—El problema del neoliberalismo como fue aplicado desde Miguel de la Madrid hasta hoy, es que no puso en el centro de sus preocupaciones ni al crecimiento ni a la igualdad. Partió de la idea —errada, por cierto— de que la estabilidad macroeconómica entendida como inflación baja y déficit fiscal acotado, eran las condiciones necesarias y suficientes para lograr el crecimiento elevado y sostenido. Consideró que el mercado, sin la influencia distorsionante de subsidios y demás intervenciones del gobierno, más la apertura comercial, daría las señales adecuadas a los empresarios para usar los factores económicos de la manera más adecuada. Esto impulsaría las exportaciones manufactureras y con ellas, la expansión elevada y robusta de la actividad productiva y el empleo en la economía mexicana. La premisa era que solo así se alcanzaría un México más próspero, menos pobre, aunque no necesariamente más justo. Y lo que se vio fue algo muy distinto. Décadas con inflación muy baja y limitadísimo déficit presupuestal han producido, como dice el querido colega, Francisco Suárez Dávila, un “estancamiento estabilizador”. El PIB per cápita del país y la productividad crecen muy lentamente, y se rezagan respecto de los índices de Estados Unidos. La incidencia de la pobreza sigue siendo alarmante; así como también la desigualdad, la precarización del empleo y la falta de movilidad social.

Con la llegada de la 4T, yo pensaba que se procedería de manera muy distinta: que se avanzaría hacia la creación de un sistema de protección social universal, se fortalecería la inversión pública orientada a remover las restricciones más acuciantes al crecimiento económico, a lo largo y ancho del país. Además, dado que avanzar hacia un México más igualitario sería prioridad, se pondría en marcha una reforma fiscal progresiva a fondo. Pero hasta ahora no ha sido así. Por ejemplo, en materia de política social, los instrumentos y su orientación van hacia un nuevo sistema de transferencias que sustituye al anterior. Hoy por hoy, no se cuenta con datos confiables, oficiales, que permitan concluir si esta nueva política de transferencias da como resultado o no, un México más igualitario. ¿Cómo estamos exactamente? No lo sabemos. En materia de la lucha contra la desigualdad, nuestro presidente López Obrador por decirlo así, “se amarró atrás una mano” por los primeros tres años de su mandato, con su rechazo a toda idea de aplicar una reforma fiscal. Ha dicho incluso que ni siquiera le gustan las palabras "reforma fiscal".

Además, curiosamente, al presumir la salud de la economía, tras sostener que “vamos bien”, hace usualmente referencia a la inflación baja, al superávit fiscal, al no aumento de la deuda pública, a la apreciación del tipo de cambio (el superpeso), la inversión extranjera, la firma del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y al buen desempeño de la bolsa mexicana de valores. Estos —junto con el dinamismo de las exportaciones manufactureras— son los indicadores económicos típicos que en la época neoliberal se tamborileaban. Son los mismos que se repetían en el modelo anterior. Lo deseable sería, en contraste con el pasado neoliberal, conocer —con datos duros— en sus conferencias matutinas de qué manera o el grado en que su estrategia de desarrollo (en este primer año de gobierno) avanzó en el combate a la precarización laboral, sobre la falta de dinamismo en la generación de empleos de calidad, en el abatimiento de la pobreza, de la desigualdad y la falta de movilidad social. Simplemente no hay datos duros que no pueden ser sustituidos, salvo por motivos de fe o referencias anecdóticas. Ello en el contexto de una economía estancada, con una inversión en capital fijo a la baja, que crea pocos, muy pocos empleos; eso sí con inflación baja y superávit fiscal.

De empleo sí hay datos: se están generando menos que hace un año. De 700 mil pasamos a 300 mil. La generación de empleo, su calidad y las remuneraciones medias, han perdido impulso. Empero hay que reconocer, y de hecho aplaudir, la nueva visión —esa sí lejos de la neoliberal— de la institucionalidad del mundo del trabajo; es decir, la reforma laboral.

El único instrumento claramente igualitario que está usando AMLO es el salario mínimo. Lo cual está bien. Se encontraba muy muy bajo cuando comenzó su mandato. Se subió 16% entonces y ahora 20% más. Excelente noticia, dado el nivel tan bajo que le ha marcado por mucho tiempo; tan inferior al salario medio. Pero sin avances significativos hacia un sistema de protección social universal y una inversión pública a la baja comprometida con un proyecto de, por decirlo así amablemente, incierto impacto en el potencial de crecimiento económico de largo plazo o el desarrollo social del país. El salario mínimo es por sí solo un instrumento insuficiente para construir pronto un México más igualitario.

Tenemos en la 4T un muy buen discurso, pero el curso no es comparable, no le hace justicia. "Primero los pobres", "abajo la corrupción", está muy bien; lo que dudo es que se haya dicho adiós al neoliberalismo. El curso de la 4T en materia de políticas macro no tiene nada que ver con su discurso.

—¿Se puede detectar algún cambio significativo?

—La definición de neoliberal que parece tener nuestro Ejecutivo es una bolsa que cubre todo aquello que le disgusta de lo realizado anteriormente y también de lo que se le propone en políticas económicas o fiscales, empero que rechaza. Todo es culpa del neoliberalismo. Sin embargo, al analizar cada política económica actual —con la excepción notable y bienvenida de la laboral/salarial— no hay mucha diferencia con de la época del neoliberalismo; desde De la Madrid a Peña Nieto. Las políticas monetaria y financiera son las mismas que antes: metas de inflación por parte de Banco de México, escasa presencia de la banca de desarrollo en la intermediación de recursos y muy restringido crédito a la actividad empresarial por la banca privada. La política fiscal actual con su compromiso firme de registrar superávit primario a todo lo largo del sexenio —excluyendo por lo pronto toda reforma hacendaria— es de lo más neoliberal; comparable a la que el Fondo Monetario Internacional aplicaba décadas atrás en la región. Es absurdo que la 4T en su discurso tan alejada del neoliberalismo, esté en su curso, en su abrazo a la austeridad y a esgrimir el superávit fiscal como síntomas de salud de la economía, tan cercana al neoliberalismo en su práctica de política económica.

La política fiscal y la monetaria son las mismas de antaño, si se quiere o no calificarlas de neoliberales es otro asunto; pero son iguales. En materia de política cambiaria hoy como en el pasado se presume el peso fuerte, el superpeso. Esto suena bonito, pero no ayuda a que las exportaciones sean competitivas. La política industrial virtualmente no difiere de la de regímenes anteriores. Tampoco la política comercial de las tres décadas previas, por la apertura y el TLCAN, ahora en su versión moderna T-MEC; por cierto, con muchas más concesiones a los Estados Unidos, incluyendo los famosos attachés laborales.

¿Dónde está la sepultura del neoliberalismo? Salvo en el discurso y en la política laboral, no se ve. Si se dijera: “Yo respeto al neoliberalismo y lo voy a repetir”, es una cosa. Mas si se dice que “el neoliberalismo era de horror; pero me inspiro en él y lo repito”, pues yo no entiendo.

Suelo usar la analogía del sexenio como si fuera un partido de futbol: este gobierno lleva un año. Un año es la sexta parte. La sexta parte en el fútbol equivalen a 15 minutos. Falta media hora del primer tiempo y todo el segundo. Efectivamente, en 15 minutos no puedes asegurar que ya perdiste o que has ganado. Pero lo que si puedes ver es si la alineación y la manera de jugar que está en concurso o si está haciendo agua en algunos aspectos. Dicho eso, en estos primeros 15 minutos, bienvenido el nuevo entrenador, pero hay muchos aspectos del parado táctico que no funcionan, que de hecho son muy similares —por no decir idénticos— a lo que plantearon los de sexenios anteriores. Más vale en los 75 minutos restantes cambie la estrategia. Pero de ahí, a decir que no deberíamos de haber cambiado de entrenador nuevo, no estoy de acuerdo. Ya aprenderá, quiero creer, y su llamado en contra de la corrupción es de celebrar.

—¿México sigue apostando al sector exportador?

—México apostó por el crecimiento hacia afuera, o sea, las exportaciones como motor de crecimiento. Las exportaciones manufactureras se elevaron como los ángeles; sin embargo, no jalaron al resto de la economía. La expresión: “viene hecho la mocha” es heredada de la Revolución de 1910, cuando las locomotoras sin el resto de los cabuses transitaban más rápido. Eso pasa con nuestra economía: las exportaciones “vienen hechas la mocha” porque no arrastran al resto del sector productivo nacional.

Con la crisis financiera internacional de 2008-09, el comercio mundial perdió impulso, no obstante, México siguió apostando a las exportaciones. Con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, la economía de ese país creció muy rápidamente, pero no la nuestra. Y seguimos con lo mismo. La estrategia apuesta a una inserción en el mercado de los Estados Unidos como palanca de nuestro futuro desarrollo. Todo ello además sin una política industrial activa. La administración actual lo repitió a la fatiga: “No hay Plan B a la no ratificación del T-MEC”. Mutatis mutandi es la misma estrategia de antes: Sin TLCAN no hay futuro. El TLCAN, en el contexto de una política macro calificada como neoliberal, no colocó a la economía en una senda de elevado y sostenido crecimiento con igualdad. No hay razón por la que el T-MEC lo haga. Menos aún en ausencia de una política industrial.

—¿Nuestro país es atractivo para la inversión extranjera?

—Sin inversión de los empresarios del país, sin inversión interna, no hay forma de que ninguna economía se expanda de manera elevada y sostenida. Pero independientemente del dinamismo que pueda tener o no la inversión foránea, en realidad, con la salvedad de algunos sectores como el automotriz, ésta pesa muy poco relativamente al total.

Lo preocupante es que hoy en México, las encuestas de expectativas del sector privado que levanta el Banco Central señalan que sigue sin ser buen momento para invertir. Indican, igualmente, que el clima de negocios no es mejor que el de hace seis meses. Si no invertimos en maquinaria y equipo, si no mejoramos la infraestructura, no hay manera que la economía mexicana crezca a los ritmos requeridos. No hay manera que pueda competir exitosamente en los mercados mundiales. No hay modo que aumente el bienestar de nuestra población, sobre todo la menos favorecida.

Hay que fomentar un clima favorable a la inversión. Hay que apostar por la inversión comprometida con un crecimiento económico incluyente en lo social y sustentable en lo ambiental y financiero. Si seguimos apostando a lo mismo que hicieron Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y los demás expresidentes; donde el Tratado de Libre Comercio fue el centro de la política de desarrollo, tendremos los mismos y por demás decepcionantes resultados. Recalco que en la estrategia actual no hay política claramente redistributiva más allá del aumento al salario mínimo. En ello reconozco el esfuerzo de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján y su equipo.

—¿Considera que una reforma fiscal marcaría la diferencia?

—Hace tiempo, el profesor Carlos Hank González dijo que “un político pobre es un pobre político”; frase poco afortunada, pero de gran profundidad si se le cambia una palabra: “un Estado pobre es un pobre Estado”. México es un Estado pobre. Tiene una carga tributaria bajísima, entendida como el total de ingresos públicos respecto al PIB. De mantenerse así, no habrá forma de responder a las necesidades básicas de los mexicanos en salud y protección social, en infraestructura, etcétera. La carga tributaria es tan baja y está tan mal diseñada que tiene escaso impacto en el crecimiento económico o en la redistribución del ingreso.

En economías desarrolladas, se considera que “los impuestos son el precio que paga una sociedad para vivir de manera civilizada”. Aquí ese precio, no lo quieren pagar quienes podrían y deberían hacerlo. Aquí para eso no han servido los impuestos: generar una sociedad más igualitaria. La distribución del ingreso antes y después de impuestos es la misma. El coeficiente Gini —el indicador más usual para medir la desigualdad de ingresos—, casi no se mueve. Necesitamos una reforma fiscal. Los ingresos en proporción al PIB son bajos. Se recogen de manera desigual. No generan lo suficiente para tener un espacio fiscal que permita acciones de política contracíclica. No se generan los suficientes recursos para la inversión pública que requiere y merece el país, con una economía que aspira a ser competitiva.

Tema aparte de los ingresos tributarios es examinar en qué se gastan. Se requiere mejorar infinitamente el marco regulatorio de la inversión pública en este país. ¿En que se invierte, quiénes toman esas decisiones, con qué criterios y por qué?

El presidente y algunos promotores de la 4T dicen que quizá el problema más grande que limita el desarrollo económico de México es la deuda pública. Por cierto, mismo discurso general de los neoliberales. Pero este riesgo está sobrestimado. Durante el gobierno de Peña Nieto, las calificadoras de riesgo bajaron la nota a México. Argumentaron su decisión en ese entonces con base en que su preocupación no era el alza elevada de la deuda en alrededor de 12 puntos. Radicaba en el mal uso dado a los fondos al punto que la inversión pública se había desplomado y la economía no crecía. Incrementaron la deuda y no crecieron. Ahora estamos igual.

Margaret Thatcher decía que “un gobierno es como una casa, no se puede vivir por encima de sus medios”. Nuestro presidente dice o piensa más o menos lo mismo. Pero con recursos tan bajos y tan mal recolectados urge una reforma fiscal.

—¿Y acotar la discrecionalidad en la asignación de proyectos?

—Tema central de la profunda reforma fiscal que México requiere y tarde que temprano revisar el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Este debería obligar a que todo proyecto de inversión pública pase por un comité de expertos, quienes en conjunto definan la rentabilidad social, el diseño y puesta en marcha del proyecto. Hoy, el porcentaje de la obra pública asignada sin licitación es muy similar a la del sexenio pasado.

—¿Qué importancia tienen las remesas?

—Pensar que las remesas pudieran ser el motor de la economía es un error. Nunca ha ocurrido ni ocurrirá. No conozco un país que haya crecido a base de remesas. Tampoco podría ser la apuesta futura porque la pirámide demográfica ya no está orientándose al tipo de perfil del migrante que se va a Estados Unidos. Qué bueno que existan las remesas, pero no pueden ser la base de una estrategia de desarrollo.

—Con cifras del INEGI, la economía informal sigue mostrando gran dinamismo.

—El dinamismo de la economía informal es consecuencia del letargo del sector formal. Sin un agenda pública ni privada que coloque a la innovación, la creación y el valor agregado como ventajas competitivas y comparativas de México, no hay manera que el sector informal pierda peso. A veces se recomienda “meter a la formalidad a los informales”; es decir, inscribirlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Si esto ocurriera y todos solicitan servicios del IMSS, reventarían las clínicas y el sistema de salud. Una vez más, un gran reto actual es construir un sistema de protección social universal incluyendo el derecho efectivo a una pensión. Con el sistema de pensiones vigente, aún la gente en el sector formal, no va a cotizar el número de semanas suficientes para tener derecho a una digna jubilación. Problema social brutal en el horizonte.

—¿Qué le pareció el aumento a los salarios mínimos para el 2020?

—La verdad, muy bien. Tenemos una inflación a la baja. El salario mínimo sigue estando muy lejos del salario medio. Los empresarios ya lo habían internalizado.

—¿Persiste la preocupación sobre si el alza a los mínimos tendrá algún impacto en la inflación?

—Podría tener, pero ni de casualidad llevará al IPC a registrar un aumento superior al 3% anual; dado lo estable y a la baja que ha estado en su variación.

—¿El salario mínimo en México ha estado muy deprimido?

—La distribución funcional, es decir, la participación de los salarios en el PIB ha ido cayendo de manera sistemática por mucho tiempo. Es de los más bajos en la región; provocado en parte, por años de adopción de una política de contención del salario mínimo. Allí tenemos un problema.

—¿Qué opina de los agregados que se le hicieron de última hora al T-MEC?

—Ya estaban. Lo que es impresentable o incomprensible es que los negociadores mexicanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores digan que i) no iba a haber, ii) que no se enteraron que los incluyeron, iii) que les hicieron chapuza, y luego cierren diciendo que iv) no importa que estén. Que firmen sin leer con atención es decepcionante, pero explicable dada la gran prisa y enorme apuesta por el T-MEC como palanca de desarrollo. Pero esta falla también refleja que el equipo negociador de México no se apoyó en la Secretaría de Economía, adecuada o suficientemente. ¿Por qué jugó ese rol tan protagónico y, me parece, excluyente, la Secretaría de Relaciones Exteriores? Habrá que preguntárselo. Y si es que la última parte de la negociación se llevó a cabo sin el “cuarto de junto”, con razón las equivocaciones.

—¿La cancillería se ha convertida en una supersecretaría?

—Es una supersecretaría. Todo lo atiende. Lo malo es que ¿dónde está la de Economía en estos temas? ¡Que ganas de complicase así la vida! ¿Pero qué necesidad?

—¿Qué le pareció el libro Hacia una economía moral de AMLO?

—Es un best seller que tiene poco de economía. Es muy parecido a la versión poética del Plan Nacional de Desarrollo. Recuerda a lo que dijo Margaret Thatcher, que “el asunto del gobierno no es la economía, es la conquista de las almas de los ciudadanos”. La parte económica del libro es muy neoliberal, en general. La parte de la moral tendría sentido con una agenda de desarrollo económico efectivamente orientada a bajar la desigualdad e impulsar el crecimiento sustentable. En la práctica, por cierto, la 4T dista mucho de ser respetuosa del medio ambiente.

Nota biográfica

Juan Carlos Moreno-Brid es licenciado en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y doctor en Economía por la Universidad de Cambridge.

Sus líneas de interés académico incluyen temas tales como salarios y distribución, desarrollo, crecimiento, historia económica, políticas macro, industriales y de financiamiento.

Ha sido director adjunto y coordinador de investigación en la sede México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) e investigador asociado en el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard. Es profesor-investigador en la Facultad de Economía de la UNAM.

Autor de numerosos artículos en revistas académicas, entre sus libros recientes destacan Políticas de desarrollo productivo en México (OIT, 2019); Cambio estructural y crecimiento en Centroamérica y República Dominicana (CEPAL, 2014); así como Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana: una perspectiva histórica (FCE, 2014; Oxford University Press, 2009).

"EEUU con problemas": el mayor productor de gas sufriría su escasez y encarecimiento en invierno

El aumento de las exportaciones estadounidenses de GNL a Europa podría limitar el abastecimiento interno de EEUU, escribe el medio 'Oilprice'. Para el país, esto significaría una mayor volatilidad de los precios y una posible escasez de ese recurso, lo que es especialmente importante en el contexto de la proximidad del invierno y del frío, deduce.

Uno de los factores que afectan a la oferta y la demanda de gas natural en Estados Unidos este invierno boreal son los envíos de gas natural licuado (GNL) al extranjero, señala el medio, subrayando que el volumen de las exportaciones estadounidenses influye en los precios domésticos.

En el contexto de los intentos de la Unión Europea de abandonar las fuentes de energía provenientes de Rusia mediante la prohibición de sus importaciones, los países europeos ahora tendrán que cubrir sus necesidades energéticas con el costoso gas estadounidense en lugar del de Rusia, que es más económico.

A este respecto, el portal constata la probabilidad de un aumento de las exportaciones de GNL estadounidense a Europa, citando un nuevo informe de Wood Mackenzie sobre los riesgos del mercado del gas del país norteamericano en el contexto de la proximidad del invierno en el hemisferio norte.

"Esta situación podría aumentar la presión sobre el abastecimiento doméstico de gas natural", dice el informe.

El documento menciona el ejemplo de Henry Hub —el centro de distribución de gas que desempeña un papel destacado en la configuración de los precios de ese hidrocarburo en EEUU— y su repunte de precios durante el intenso frío de mediados de enero de 2024, después de que la demanda interna superara la capacidad de suministro del gas almacenado, y el GNL, destinado a la exportación, se desviara para cubrir la demanda resultante.

Al mismo tiempo, prosigue el portal, los precios internos del recurso siguen siendo relativamente bajos, lo que hace que los productores estadounidenses de gas natural se abstengan de extraerlo. Debido a ello, el portal alarma que "Estados Unidos tiene un problema", ya que las reservas de gas natural almacenadas pueden resultar insuficientes para el invierno, cuando la energía eólica y solar dejan de estar disponibles.

"La capacidad de almacenamiento debería actuar como amortiguador en momentos de mayor demanda o menor oferta. Sin embargo, en los últimos años apenas se han puesto en marcha nuevas instalaciones de almacenamiento", señala el informe citado.

Como precisa Wood Mackenzie, aunque está prevista una capacidad de almacenamiento de 50.000 millones de pies cúbicos (141,6 millones de metros cúbicos), es muy inferior a las crecientes necesidades de gas del país, lo que podría crear un riesgo de escasez en caso de un repentino aumento de la demanda.

De acuerdo con la agencia mencionada, estos picos son más probables que en el pasado debido al cambio climático, que está haciendo que los patrones meteorológicos sean más extremos que antes, afectando a la demanda de energía. El informe pone como ejemplo el brusco descenso de las temperaturas en EEUU en enero de 2024, que provocó un aumento de la demanda de gas natural hasta alcanzar los 163.000 millones de pies cúbicos (4.600 millones de metros cúbicos) diarios en un momento dado.

Todos estos factores, resume el medio, podrían desembocar en nuevos recortes del abastecimiento doméstico y en la volatilidad de los precios gasísticos en el "mayor productor mundial de gas natural".

Recientemente en The Hill apareció un artículo cuyo titular dice: México debe evitar convertirse en el caballo de Troya de China.

Para el medio asiático, sin embargo, dicha retórica es "sensacionalista y absurda", aunque puede ser llamativa, y no favorece a México, país "que aspira a convertirse en un centro de fabricación de automóviles".

De acuerdo con el editorial, algunas élites estadounidenses esperan que el país latinoamericano se alinee con las acciones de Washington contra Pekín, tal como demuestra una carta dirigida a la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la que un grupo de representantes estadounidenses insta a la mandataria a abordar la presunta "amenaza a la seguridad nacional" que representan los vehículos relacionados con China.

La misiva, recuerda Global Times, llegó luego de que la Oficina de Industria y Seguridad de EEUU (BIS, por sus siglas en inglés) anunciara una propuesta de reglamentación para "prohibir la venta o importación de vehículos conectados que integren piezas específicas de hardware y software (...) con un nexo suficiente" con China o Rusia.

"La norma propuesta refleja el abuso de la seguridad nacional por parte de Washington en sus relaciones con la economía china", asevera el editorial.

A mediados de septiembre, la Administración Biden anunció que impondrá aranceles del 100% a los vehículos eléctricos chinos, del 50% a las células solares y semiconductores, y del 25% al acero, aluminio, baterías de vehículos eléctricos y minerales clave.

Global Times añade que, en los últimos años, EEUU ha generalizado el concepto de "seguridad nacional" para desacreditar los productos fabricados en China. "Esto parece haberse convertido en una farsa política interminable, cuyos últimos objetivos parecen ser las industrias de nuevas energías de China, como los vehículos conectados", asegura el medio asiático.

Sin embargo, continúa el artículo, a medida que algunas élites políticas estadounidenses intensifican sus esfuerzos para difundir la supuesta amenaza a la seguridad nacional que plantean los vehículos avanzados, la economía mexicana podría sufrir pérdidas, debido a la importancia del sector automotriz para la economía.

Datos de la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITA, por su sigla en lengua inglesa) indican que México es el séptimo fabricante de vehículos de pasajeros en el mundo y produce 3,5 millones de vehículos al año.

Asimismo, recuerda que el sector automotriz es una de las industrias más importantes del país latinoamericano, toda vez que comprende el 3,6% del PIB del país.

El artículo también señala que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, popularmente conocido como T-MEC​, exige que el 75% del contenido de un vehículo (70% en caso de camiones pesados) se produzca en Norteamérica, para que los automóviles sean considerados para recibir beneficios preferenciales, como trato libre de impuestos.

Además, en la medida en que los salarios promedio en el país latinoamericano son significativamente más bajos que en Canadá y Estados Unidos, México es un destino ideal para las inversiones, recuerda el texto.

"El potencial de cooperación económica entre México y China en los campos de la fabricación de vehículos y la inversión en la cadena de suministro es enorme", afirma Global Times.

"Si las falacias de 'seguridad nacional' difundidas por las elites políticas estadounidenses socavan la complementariedad de la cooperación, será la economía de México la que finalmente se verá afectada", asegura el editorial.

La Crisis Financiera estadounidense del 2008, aquel ´´infarto al sistema global´´ ciertamente comparado con la Gran Depresión de los 30´s, es vista como resultado de un proceso desregulador del sistema financiero a partir de la implementación del paradigma neoliberal en la idiosincrasia del sistema mundo.

En tanto la interpretación de los ´´fundamentalistas del mercado´´ se enfoca en destacar el carácter incidental e intermitente del fenómeno, cobran relevancia posturas alternativas que resaltan elementos endógenamente inestables del sistema capitalista: la Hipótesis de la Inestabilidad Financiera (HIF) de Hyman Minsky, que refiere al endeudamiento del sistema financiero como eje apocalíptico que engendra depresiones económicas cada vez más profundas y recurrentes.

El Levy Economics Institute, bajo el precepto de conmemorar, releer y debatir la obra del economista postkeynesiano, organizó una conferencia con destacados invitados del mundo de la academía, la política y los medios de comunicación. El resultado es un homenaje activo, un necesario repensar de la teoría economía.

A continuación el listado de los ponentes:

Lakshman Achuthan
Cofounder and Chief Operations Officer, Economic Cycle Research Institute

Daniel Alpert
Managing Partner, Westwood Capital, LLC

Robert J. Barbera
Codirector, Center for Financial Economics, The Johns Hopkins University

James Bullard
President and CEO, Federal Reserve Bank of St. Louis

Vítor Constâncio
Vice President, European Central Bank

Pedro Nicolaci da Costa
Federal Reserve and Economics Reporter, The Wall Street Journal

Sam Fleming
US Economics Editor, Financial Times

Scott Fullwiler
Professor of Economics and James A. Leach Chair in Banking and Monetary Economics, Wartburg College

Michael Greenberger
Professor, School of Law, and Director, Center for Health and Homeland Security, The University of Maryland

Bruce C. N. Greenwald
Robert Heilbrunn Professor of Finance and Asset Management, Columbia University

Thomas M. Hoenig
Vice Chairman, Federal Deposit Insurance Corporation

Jan Kregel
Senior Scholar, Levy Institute, and Professor, Tallinn University of Technology

Paul McCulley
Formerly, Chief Economist, PIMCO

Perry G. Mehrling
Professor of Economics, Barnard College

Dimitri B. Papadimitriou
President, Levy Institute

Deborah Solomon
News Editor, The Wall Street Journal

Jim Tankersley
Economic Policy Correspondent, The Washington Post

Paul Tucker
Senior Fellow, Harvard Business School

Éric Tymoigne
Research Associate, Levy Institute, and Professor of Economics, Lewis & Clark College

Elizabeth Warren
US Senator (D-MA)

L. Randall Wray
Senior Scholar, Levy Institute, and Professor, University of Missouri–Kansas City

Aquí el link donde se pueden descargar las presentaciones de algunos de los expositores:

http://www.levyinstitute.org/conferences/minsky2015/ 

Russian economic participation in global trade markets opened several collateral fronts in the economic effects of the special military operation in Ukraine and the sanctions imposed by the West. The world's largest plant food supplier went to war, and the West imposed more than 10,000 sanctions. As a result, the world's economies are facing cutbacks and rising prices for these agricultural inputs. The Latin American exchange, where two major G7 countries - the United States and Canada - were displaced by Russia and China as the two largest fertilizer suppliers, is in dispute.

Three nations with which the West has the most significant geopolitical tensions, Russia, China, and Belarus, occupied three positions among the five largest net exporters of plant foods until 2020. The three countries hold 58.1% of the total net exports; in 2021, Russia and China exported 28.2% of the world's total.

Despite the importance of fertilizers in the Russian economy, they are not on the sanctions list. The above did not stop global supply cuts and the rise in its price. Since the start of the special military operation, Russia announced a reduction in the export of plant foods to protect its farmers and peasants. Similarly, the exclusion of Russia from the Swift payment system has made purchasing them on the international exchange more challenging. On the price side, the cost of transport insurance and logistical problems have also deteriorated trading conditions on the global wholesale. Transport logistics operators, banks and insurance companies have decided to stay out of trade with Russia for fear of breaching sanctions. As a result, Russian plant food exports fell by 24% by May 2022. 

Farmers and authorities have declared problems in the fertilizer market in several Latin American countries. Dependence on Russian supply is not negligible. In 2021, 25.7% of the world's total plant food imports were made by Latin America and the Caribbean, representing USD 25.2 billion (Figure 1); Russia comprised 22% of them. All of Latin America and the Caribbean, except for Venezuela and Trinidad and Tobago, are net importers of fertilizers. Brazil is the largest importer in the region and also in the world.

With the United States and Canada as major Latin American suppliers, the clash of geopolitical forces is also occurring in plant foods. Since 2010, Russia has dominated this trade. The United States, for its part, has lost its status as the region's second-largest supplier to China. China accelerated its participation as a supplier between 2010 and 2014 when it caught second place with the U.S. As a bloc, China and Russia gained a significant market share in 2021, claiming 47% of the additional USD 11 billion the region purchased in fertilizers that year.

Thus, the Latin American plant food wholesale is in dispute. The difficulty of acquiring fertilizers in Russia and the increase in prices will turn the search for buyers to the nearest markets. The United States and Canada, the most significant suppliers outside Russia, would be the clearest purchase destinations.

Table 1.

Share of U.S. and Canadian fertilizer exports to Latin America and the Caribbean.

País	Destino	2017	2018	2019	2020	2021
Estados Unidos	Brasil	48.5%	53.1%	47.5%	43.6%	54.0%
	México	16.5%	15.8%	16.3%	14.8%	14.4%
	Colombia	7.1%	6.3%	6.5%	8.0%	8.2%
	Argentina	5.5%	5.3%	10.5%	10.1%	5.4%
	Perú	5.2%	4.9%	4.4%	5.3%	4.3%
	Resto de ALyC	17.2%	14.5%	14.7%	18.2%	13.7%
Canadá	Brasil	79.7%	79.5%	86.1%	85.8%	86.5%
	Colombia	6.1%	4.9%	4.1%	3.4%	4.1%
	Uruguay	3.6%	4.4%	2.7%	1.4%	2.8%

The stability of U.S. exports to Latin America refers to Brazil, Mexico, Colombia, Argentina, and Peru, which account for 86.3% of its sales in 2021. Canada, for its part, concentrates the same value in a single country, Brazil. Gaining a larger share involves addressing needs in these markets, which is problematic. Brazil continues to maintain its trade with Russia, and plant foods are no exception. Argentina, in turn, announced a $1.25 billion Chinese capital investment for a plant food plant; the Mexican government is promoting its production with PEMEX to supply the long-term availability of nitrates, potash and phosphates, the main inputs for chemical fertilizer production.

With the problems in the plant food wholesale, it is increasingly clear that the war and the sanctions imposed by the West will not only affect the former Soviet country. Europe is already experiencing this with gas. It is uncertain whether the region's plant food demands can be met by its closest suppliers in the short term, whether the governments' plans are sufficient to compete on price and volume in the long term, or whether the West will expressly include plant foods in the sanctions. What is clear is that the Latin American market has entered into dispute, and meanwhile, the collateral damage of the war continues to sprout all over the world, this time in Latin America.

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El mercado de trabajo mundial tardará más en recuperarse de lo que se pensaba y el desempleo se mantendrá por encima de los niveles anteriores al brote de COVID-19 hasta al menos 2023, debido a la incertidumbre sobre el curso y la duración de la pandemia, dijo el lunes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe.

El organismo de la ONU calcula que en 2022 habrá unos 52 millones de puestos de trabajo menos en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, lo que supone aproximadamente el doble de su estimación anterior de junio del año pasado.

Las perturbaciones continuarán en 2023, cuando todavía habrá unos 27 millones de empleos menos, apuntó, advirtiendo de una recuperación “lenta e incierta” en su informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo para este año.

“Las perspectivas del mercado laboral mundial se han deteriorado desde las últimas proyecciones de la OIT; es probable que el retorno a la situación anterior a la pandemia siga siendo difícil para gran parte del mundo en los próximos años”, señala el informe.

El director general, Guy Ryder, dijo a periodistas que había numerosos factores detrás de su revisión, afirmando que el “principal es la continuación de la pandemia y sus variantes, en particular ómicron”.

La velocidad de la recuperación varía según las regiones, siendo la europea y la norteamericana las que muestran los signos más alentadores, mientras que el sudeste asiático y Sudamérica se quedan atrás, según el informe.

Aun así, el déficit de horas de trabajo previsto para este año representa una mejora con respecto a los dos últimos años. La OIT estima que en 2021 hubo unos 125 millones de puestos de trabajo menos que antes de la pandemia y en 2020, 258 millones menos.

En total, se estima que en 2022 habrá unos 207 millones de personas desempleadas. Sin embargo, el informe señala que el impacto será significativamente mayor, ya que muchas han abandonado la población activa y aún no han regresado.

Entre ellas hay un elevado número de mujeres, a menudo porque se han visto abocadas a realizar trabajos no remunerados en el hogar, como educar a los niños durante el cierre de las escuelas o cuidar a familiares enfermos.

El informe prevé que el impacto desproporcionado de la pandemia sobre el empleo femenino se reducirá en los próximos años, pero que seguirá existiendo una “brecha considerable”.

New Haven. For the last two years, the conflict between the United States and China has dominated the economic and financial-market debate – with good reason. After threats and accusations that long predate US President Donald Trump’s election, rhetoric has given way to action. Over the past 17 months, the world’s two largest economies have become embroiled in the most serious tariff war since the early 1930s. And the weaponization of US trade policy to target perceived company-specific threats such as Huawei has broadened the front in this battle.

I am as guilty as anyone of fixating on every twist and turn of this epic struggle between the world’s two economic heavyweights. From the start, it has been a political conflict fought with economic weapons and is likely to remain so for the foreseeable future. What that means, of course, is that the economic and financial-market outlook basically hinges on the political dynamic between the United States and China.In that vein, the so-called phase one “skinny” trade deal announced with great fanfare on October 11 may be an important political signal. While the deal, if ever consummated, will have next to no material economic impact, it provides a strong hint that Trump has finally had enough of this trade war. Consumed by domestic political concerns – especially impeachment and the looming 2020 election – it is in Trump’s interest to declare victory and attempt to capitalize on it to counter his problems at home.

China, for its part, would also like nothing more than to end the trade war. Politics is obviously very different in a one-party state, but the Chinese leadership is not about to capitulate on its core principles of sovereignty and its aspirational mid-century goals of rejuvenation, growth, and development. At the same time, there can be no mistaking downward pressures on the economy. But with Chinese policymakers determined to stay the course of their three-year deleveraging campaign – an important self-inflicted source of the current slowdown – they should be all the more eager to address the trade-related pressures brought about by the conflict with the US.Consequently, the political calculus of both countries is coming into closer alignment, with each looking for some face-saving truce. There is always a risk that other complications will arise — recent events in Hong Kong and revelations of developments in China’s Xinjiang Province come to mind. But, at least for the time being, the politics of the trade war are now pointing more toward de-escalation rather than a renewed ratcheting up of tensions.

If that is the case, and if a phase one accord is reached, it behooves us to ponder what the world will look like after the trade war. Several possibilities are at the top of my list: deglobalization, decoupling, and trade diversion.

Deglobalization is unlikely. Like the first wave of globalization that ended ignominiously between World War I and the Great Depression, the current wave has generated a mounting backlash. Populism is rearing its ugly head around the world, and tensions over income and wealth inequality – aggravated by fears that technological innovations such as artificial intelligence will undermine job security – are dominating the political discourse. Yet the climactic event that underscored the demise of the first wave of globalization was a 60% collapse in world trade in the early 1930s. Notwithstanding the current political dysfunction, the odds of a similar outcome today are extremely low. Global decoupling is also unlikely. Reflecting the explosive growth in global value chains (GVCs) over the past 25 years, the world is woven together more tightly than ever before. That has transformed global competition away from the country-specific paradigm of the past to a far more fragmented competition between widely distributed platforms of inputs, components, design, and assembly functions.

A recent IMF study found that GVCs accounted for fully 73% of the rapid growth in global trade that occurred over the 20-year period from 1993 to 2013. Enabled by irreversible trends of plunging transportation costs and technological breakthroughs in logistics and sourcing, the GVC linkages that have come to underpin global economic integration are at little risk of decoupling. Trade diversion is another matter altogether. As I have long argued, bilateral trade conflicts – even a bilateral decoupling – can do nothing to resolve multilateral imbalances. Putting pressure on one of many trading partners – precisely what the US is doing when it squeezes China in an effort to reduce its merchandise trade deficits with 102 countries – is likely to backfire. That’s because America’s multilateral trade deficit reflects a profound shortfall of domestic saving that will only get worse as the federal budget deficit now veers out of control. Without addressing this chronic saving problem, targeting China will mean pushing the Chinese piece of the multilateral deficit on to America’s other trading partners. Such diversion will shift trade to higher-cost foreign sourcing – the functional equivalent of a tax hike on US consumers.Trade truce or not, a protracted economic struggle between the US and China has already begun. A cease-fire in the current battle is nothing more than a politically expedient pause in what is likely to be an enduring Cold War-like conflict. That should worry the US, which is devoid of a long-term strategic framework. China is not. That is certainly the message from Sun Tzu in The Art of War: “When your strategy is deep and far-reaching … you can win before you even fight.”

SYDNEY and KUALA LUMPUR, Aug 31 2021 (IPS) - The pandemic is pushing back the world’s poorest countries with the least means to finance economic recovery and contagion containment efforts. Without international solidarity, economic gaps will grow again as COVID-19 threatens humanity for years to come.

Least developed
While bringing some concessions, the ‘least developed countries’ (LDCs) designation – introduced five decades ago – has not generated changes needed to accelerate sustainable development for all. 

The United Nations (UN) General Assembly created the LDCs category for its Second Development Decade (1971-80). Its resolution sought support for its 25 poorest Member States, with Sikkim out after India’s 1975 annexation.

With many others joining, the LDCs list rose to 49 in 2001. Half a century later, with only seven having ‘graduated’ – after meeting income, ‘human assets’ and economic & environmental vulnerability criteria – the 44 remaining LDCs have 14% of the world’s people. 

With more than two-thirds in Sub-Saharan Africa, LDCs have over half the world’s extreme poor, surviving on under US$1.9 daily. LDCs are 27% more vulnerable than other developing countries, where 12% are extreme poor. 

LDC criteria differ from World Bank low-income country benchmarks for concessional loan eligibility. Some LDCs – especially the resource-rich – are middle-income countries (MICs) disqualified from graduation by other criteria.

Most LDCs have become greatly aid reliant. Despite grandiloquent pronouncements, only 6 of 29 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ‘development partners’ have kept promises to give at least 0.15% of their national incomes as aid to LDCs. 

Chasing mirages?
The UN has organised conferences every decade since to review progress and action programmes for LDC governments and development partners. The first – in Paris – was in 1981, while the fifth will be in Doha in January 2022.

The 2011 Istanbul conference ambitiously sought to graduate at least half the LDCs by 2020. But only three – Samoa (2014), Equatorial Guinea (2017) and Vanuatu (2020) – have done so. Worse, most ex-LDCs have had difficulties sustaining development after graduating. 

During the 1980s and 1990s, many developing countries implemented macroeconomic stabilisation and structural adjustment policies from the Washington-based International Monetary Fund (IMF) and World Bank. 

These imposed liberalisation, privatisation and austerity across the board, including many LDCs. Unsurprisingly, ‘lost decades’ followed for most of Africa and Latin America.

Midas curse
Botswana, the first graduate in 1994, is now an upper MIC. Its diamond boom enabled 13.5% average annual growth during 1968-90. Unsurprisingly, Botswana’s ‘good governance’, institutions and ‘prudent’ macroeconomic policies were hailed as parts of this “African success story”.

However, the accolades do not sit well. Mineral-rich Botswana remains vulnerable. Right after graduation, average growth fell sharply to 4.7% during 1995-2005, and has never exceeded 4.5% since 2008.

Manufacturing’s share of GDP fell to 5.2% in 2019, after rising from 5.6% in 2000 to 6.4% in 2010. Nearly 60% of its people have less than the Bank’s MIC poverty line of US$5.50 daily.

Botswana remains highly unequal. During 1986-2002, life expectancy fell 11 years, mainly due to HIV/AIDS. When the government embraced austerity, its already weak health system suffered a disastrous brain drain. 

Policy independence crucial
Although they have not yet graduated, several LDCs have successfully begun diversifying their economies. Their policy initiatives offer important lessons for others.

Neither Bangladesh and Ethiopia would qualify as a ‘good governance’ model by criteria once so beloved by the Bank and OECD. Instead, they have successfully intervened to address critical development bottlenecks. 

Once considered a ‘basket case’, Bangladesh is now a lower MIC. Diversifying deliberately, rather than pursuing Washington’s policies, it has become quite resilient, averaging 6% growth for over a decade, despite the 2008-09 global financial crisis and current pandemic. 

Bangladesh saw the potential for exporting manpower to earn valuable foreign exchange and work experience. In 1976, it agreed to provide labour for Saudi Arabia’s oil-financed boom. 

Similarly, as newly industrialised economies no longer qualified for privileged Multi-Fibre Arrangement market access, Dhaka worked with Seoul from 1978 to take over South Korean garment exports. 

Bangladesh is also the only LDC to have taken advantage of the 1982 World Health Organization’s essential drugs policy. Its National Drug Policy blocks imports and sales of non-essential drugs. Thus, its now vibrant generic pharmaceutical industry has emerged.

Allow pragmatism
During 2004-19, Ethiopia’s growth averaged over 9%. Poverty declined from 46% in 1995 to 24% in 2016 as industry’s share of output rose from 9.4% in 2010 to 24.8% in 2019. 

Avoiding ‘Washington Consensus’ policies, Ethiopian industrial policy drove structural change. Manufacturing grew by 10% yearly during 2005-10, and by 18% during 2015-17. 

With improved governance, state-owned enterprises still dominate banks, utilities, airlines, chemical, sugar and other strategic industries. Ethiopia opened banks to domestic investors, keeping foreign ones out. Meanwhile, privatisation has been limited and gradual.

Instead of full exchange rate liberalisation, it adopted a ‘managed float’ system. While market prices were liberalised, critical prices – e.g., for petroleum products and fertilisers – have remained regulated.

Neither Bangladesh nor Ethiopia have embraced central bank independence or formal ‘inflation targeting frameworks’, once demanded by the IMF and others, ostensibly for macroeconomic stability and growth. 

Both countries retain reformed specialised development banks to direct credit to policy priorities, while Bangladesh’s central bank has “remained proactive in its mandated developmental role”. 

Policy is destiny
In development and structural transformation, ‘path dependency’ implies policy is destiny. LDCs’ current predicaments are largely due to policies from decades ago, pushed by international organisations and development partners. 

Reform agendas now should avoid ambitious comprehensive efforts which will overwhelm LDCs with modest resources and capabilities. Also, there is no ‘magic bullet’ or ‘one-size-fits-all’ policy package for all LDCs.

Policies should be appropriate to country circumstances, considering their limited options and difficult trade-offs. They must be politically, economically and institutionally feasible, pragmatic, and target overcoming critical constraints.

OECD development partners must instead meet their commitments and support national development strategies. They must resist presuming to know what is best for LDCs, e.g., requiring them to ape Washington and OECD fads. 

La recuperación en América Latina se refuerza. El Fondo Monetario Internacional proyecta una expansión del 2% para la región este año, siete décimas más que en 2017 y una por encima de lo proyectado hace tres meses. Desde ahí se acelerará hasta el 2,8% el año próximo -dos décimas por encima a la predicción que hizo en enero y cuatro por encima a la de octubre-. Sin embargo, según advierte el Fondo, las numerosas elecciones que se celebrarán a lo largo de este ejercicio en la región, el envejecimiento de la población y el estancamiento de la productividad son factores de riesgo.

El repunte gradual de la economía latinoamericana se explica por varios factores. Por un lado, ayuda que se estén registrando progresos mejores de lo esperado tanto en los países de la zona euro, como Estados Unidos, China y Japón. El impulso llega también por el alza en las materias primas, así como al incremento de la inversión y especialmente a que se aceleran los intercambios comerciales globales.

Y también por méritos propios. Brasil, la mayor economía, empieza a ver la recesión por el espejo retrovisor. El FMI proyecta un crecimiento del 2,3% este año y de un 2,5% el próximo. No solo representa una mejora importante respecto al 1% de 2017, tras las contracciones que registró en 2015 y 2016. La nueva estimación representa una revisión al alza de cuatro décimas frente a enero.

México, la segunda con mayor peso, pasará de crecer un 2% en 2017 a hacerlo un 2,3% en 2018 y repuntará al 3% en 2019. En su caso no hay cambios respecto a lo anticipado hace tres meses y eso pese a que se revisa al alza dos décimas el crecimiento de su gran socio comercial, Estados Unidos. La aplicación de la agenda de reformas estructurales es el principal sustento al crecimiento.

Gian María Milesi-Ferretti indicó que el FMI espera que el acuerdo de libre cambio con Estados Unidos y Canadá (TLC) se renueve y permita reforzar la integración regional. Advirtió de que los “efectos serán muy negativos” si fracasa la negociación, porque representa una parte muy importante para la economía de México. "Esperamos que se pueda mejorar y no cancelarlo", reiteró.

Argentina, sin embargo, experimentará una moderación al bajar su crecimiento al 2%, casi un punto por debajo al de 2017. Se explica, de acuerdo con los técnicos, a los efectos de la sequía en la producción agrícola. También cita el ajuste fiscal y monetario para combatir la inflación y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tras este ajuste, retomará el 3,3% a medio plazo.

Colombia pone la directa

En cuanto a Colombia, uno de los grandes países exportadores de materias primas, el crecimiento será del 2,7% este año y del 3,3% en 2019. La economía de Chile se expandirá a un ritmo que rondará el 3,3% durante los próximos dos años. La de Perú lo hará un 3,7% en 2018 y de ahí subirá al 4% en 2019. La mayor tasa de crecimiento es la de Paraguay, del 4,5% y el 4,1% respectivamente.

Pese a la mejora en las perspectivas, el rendimiento del conjunto de las economías latinoamericanas sigue estando a medio camino de la media global, que se proyecta ronde el 3,9% este año y el próximo. Para el grupo de países emergentes y en desarrollo, el FMI mantiene la tasa de crecimiento en el 4,9% para 2018 y que repunte al 5,1% en 2019, para a largo plazo estabilizarse en el 5%.

Venezuela es el claro punto negro y hace de lastre sobre el conjunto. Como indica el FMI, arrastra una crisis económica y humanitaria desde 2014. La contracción será del 15% este año. Volverá a hacerlo un 6% en 2019. Pero esta moderación no porque se disipen los problemas. Al contrario, las condiciones adversas se intensifican y el organismo anticipa que la inflación se disparará un 13.865% este ejercicio y el siguiente excederá el 12.800%. El paro será del 33%, frente al 27% en 2017. "La situación es muy crítica", lamenta Milesi-Ferrett.

Riesgos

Maurice Obstfeld, principal consejero económico del FMI, hizo referencia durante la presentación al impacto que tendrá en la región una guerra comercial entre EE UU y China. “Los efectos serán complejos”, dijo refiriéndose a países exportadores de materias primas como Brasil. “En un entorno de un conflicto comercial generalizado es posible que todos pierdan”, reiteró, “no hay ganadores”.

Y aunque en términos generales las noticias son positivas, a largo es más sobrio. El crecimiento a medio plazo para la región se moderará al 2,2% por el peso del envejecimiento y el estancamiento de la productividad. Por eso el FMI insiste en que los países exportadores de materias primas diversifiquen sus economías y se adopten reformas estructurales que permitan ser más resistentes.

El FMI reitera también la necesidad de que se adopten políticas que promuevan un crecimiento más inclusivo. Es este punto señala que la desigualdad en América Latina se redujo desde 2000, pero “sigue siendo alta”. El organismo cita además la incertidumbre política entre los factores que pueden tener un efecto en la economía, junto riesgos como la corrupción, el cambio climático y la migración.

La Cepal rebaja su proyección hasta el 0,5%, ocho décimas menos de lo pronosticado en abril y muy por debajo del 0,9% con el que cerró el ejercicio pasado

La desaceleración de la economía global hace mella en América Latina y el Caribe. Los países de la región crecerán este año un 0,5%, la mitad de lo que lo hicieron el año pasado y ocho décimas menos de lo proyectado en abril, según las nuevas cifras hechas públicas este miércoles por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el brazo de la ONU para el desarrollo económico en la región. La rebaja es prácticamente generalizada: 15 de los 20 países analizados ven degradado su horizonte económico para este año en un ecosistema dominado por "el deterioro generalizado de las economías regionales", según subrayan los técnicos del organismo. Las previsiones de la Cepal van en línea con el cuadro macroeconómico que pintó el Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada, cuando pronosticó una expansión del 0,6% para América Latina y el Caribe.

La baja tasa de crecimiento regional responde, en primer lugar, al mal desempeño de la inversión y las exportaciones que ha venido acompañada por una caída en el gasto público. "A su vez", agregan los economistas de la Cepal, "la dinámica del consumo privado también ha mostrado una ralentización, lo que refleja la disminución del crecimiento del PIB". Pero la desaceleración también hay que enmarcarla "en un contexto de baja productividad en que la tasa de crecimiento de esta se encuentra estancada o es negativa, lo que tampoco contribuye a potenciar el crecimiento de mediano plazo". Y en uno, más global, de pérdida generalizada de vigor a escala mundial, "que ha derivado en un escenario internacional desfavorable para la región".

El débil desempeño de las economías latinoamericanas se ha traducido, asimismo, en un empeoramiento del mercado laboral, donde se pronostica un incremento de la informalidad -uno de los grandes talones de Aquiles de la región- y una tasa de desocupación urbana de alrededor del 9,3%, mucho más alta que en la media del bloque emergente.

A pesar de la desaceleración generalizada, este año, como todos los anteriores, persiste una amplia disparidad en el crecimiento de las diferentes subregiones. Mientras Centroamérica crecerá un notable 2,9% -tres décimas menos que el año pasado, sin embargo, después de que todos sus países perdiesen fuelle, con la única y ya sempiterna excepción de Panamá, que crecerá casi un 5%-, la expansión de la economía mexicana disminuirá un punto porcentual: del 2% registrado en 2018 a un 1% en 2019, lejos de las promesas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador -que en campaña proyectó una expansión del 4% anual durante su mandato- y del propio pronóstico de la Cepal en abril, que auguraba un crecimiento del 1,7% para el conjunto del año. “En Centroamérica y México existirá una recomposición en los componentes de la demanda agregada que explican el crecimiento, pues mientras el consumo privado y las exportaciones continuarán siendo su principal componente, la contribución de la inversión sería negativa”, indica la Cepal en su informe dado a conocer hoy en Santiago de Chile. México ha salvado este miércoles la recesión al crecer un magro 0,1% intertrimestral entre abril y junio, una expansión notablemente inferior a lo que indica su potencial y que obliga a repensar su política monetaria.

“La desaceleración mexicana se inició a mediados del año pasado y se asocia a factores estructurales e históricos, como la situación de Pemex. Pero también a elementos coyunturales, como la incertidumbre respecto a la política comercial con EE UU”, ha explicado la secretaria ejecutiva del organismo de Naciones Unidas, Alicia Bárcena. “México ha iniciado un proceso de profundas transformaciones en su modelo económico y uno de los cambios estratégicos más fuertes es en el sector energético. Además, se están proponiendo nuevos proyectos y cambiando la dirección de otros –como el aeropuerto de Texcoco o Santa Lucía, proyectos de infraestructura de cierta dimensión– que son de mediano plazo y cuyos efectos no han podido verse en los ocho meses del Gobierno actual”, indicó Bárcena, que estima que la economía mexicana “va a ir retomando fuerza”.

La peor parte se la lleva, una vez más, América del Sur, la subregión latinoamericana más estancada: allí, el crecimiento pasará del 0,4% de 2018 al 0,2% del año en curso, en buena medida por la profunda recesión venezolana (-23%) y los malos datos económicos argentinos, donde pese a los recientes y ligerísimos brotes verdes se proyecta una caída del PIB del 1,8%. Ambos son, junto con Nicaragua -inmerso en una crisis política que se ha cobrado en la economía una de sus principales víctimas-, son los tres únicos países de Latinoamérica y el Caribe que se contraerán en 2019. El crecimiento de Ecuador y Uruguay será igualmente discreto –0,2% y 0,3%–, mientras para el gigante sudamericano, Brasil, la Cepal proyecta una expansión de apenas un 0,8% para este ejercicio, lejos del discurso de Jair Bolsonaro, que en campaña prometió una fulgurante recuperación económica prácticamente desde el primer día de su mandato. Brasil, que bordea la recesión técnica, evalúa posibles alternativas para escapar del estancamiento, entre ellas una rebaja de tipos. El banco central tomará una decisión al respecto este mismo miércoles.

“Se espera un cuadro menos favorable para Brasil por la [evolución de la] economía internacional, el cuadro recesivo en Argentina –un mercado clave para sus exportaciones– y el consumo de las familias, que se ha reducido por las incertidumbres del mercado laboral”, ha detallado Bárcena. La contracción minera es, además, fundamental para Brasil y “el desastre de Brumadinho tuvo un efecto muy importante en la producción de hierro y sus exportaciones”.

La debilidad del crecimiento en América del Sur responde a un abanico de factores entre los que destacan dos: una demanda interna declinante, que solo alcanzará a crecer un 0,7% este año lastrada por el deterioro del consumo privado y de la formación bruta de capital fijo -el principal componente de la inversión- y por el comercio exterior que -y esto es una novedad en una región tan dependiente de las materias primas- pasará no solo a no contribuir al crecimiento, sino a restarle alguna décima.

En Sudamérica, sin embargo, se observan excepciones. Bolivia volverá a ser una vez más es el país que más crecerá en la subregión: el 4%. También continuarán su trayectoria positiva Perú (+3,3%), Colombia (+3,1%) y, en menor medida, Chile (+2,8%). En este último caso, sin embargo, para el Gobierno conservador de Sebastián Piñera una cifra por debajo del 3% no es una buena noticia. Tanto el presidente como su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, insisten en darle un tinte positivo a la marcha de la economía chilena y proyectan un crecimiento entre un 3% y un 3,5% para 2019, un objetivo cada vez más lejano.

"La diferencia en la intensidad de la dinámica de la actividad económica entre países y subregiones responde no solo a los impactos diferenciados del contexto internacional en cada economía, sino también a la dinámica de los componentes del gasto —principalmente el consumo y la inversión— que ha venido siguiendo patrones distintos en las economías del norte y en las del sur", subrayan los economistas de Cepal.

Entretanto, el Caribe, por mucho la subregión más dinámica, cerrará este año una expansión del 2,1%. Los únicos países que superarían el 5% de crecimiento, de hecho, serán caribeños: Dominica, Antigua y Barbuda y República Dominicana, con 9,9%, 5,9% y 5,5%, respectivamente. Son la otra cara de la moneda del estancamiento generalizado en el que está inmerso el subcontinente.

América Latina y el Caribe crecerá en 2021, aunque la pandemia continúa presente y la crisis agudizó los problemas estructurales de larga data en la región: baja inversión y productividad, informalidad, desocupación, desigualdad y pobreza. Por ello recuperar la inversión y el empleo especialmente en sectores ambientalmente sostenibles es clave para una recuperación transformadora e inclusiva, señaló hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al entregar una nueva versión de uno de sus más importantes informes anuales.

La Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, dio a conocer el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021: Dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19, en el cual la CEPAL actualizó su proyección de crecimiento regional para este año a 5,9% y advirtió que la región tendrá una desaceleración en 2022, con una expansión estimada de 2,9%. 

El crecimiento de 2021 se explica principalmente por una baja base de comparación -luego de la contracción de 6,8% anotada en 2020- además de los efectos positivos derivados de la demanda externa y el alza en los precios de los productos básicos (commodities) que exporta la región, así como por aumentos en la demanda agregada.

“Existen importantes asimetrías entre los países desarrollados y las naciones de ingreso medio -entre las que se encuentran la mayoría de los países de América Latina y el Caribe- tanto en la dinámica de la vacunación, como en la capacidad de implementar políticas para la recuperación económica”, indicó Alicia Bárcena.

“Para mantener políticas fiscales y monetarias expansivas los países de región requieren complementar los recursos internos con un mayor acceso a la liquidez internacional y con mecanismos multilaterales que faciliten el manejo de la deuda, si es necesario. Se necesitan iniciativas multilaterales para enfrentar las incertidumbres sobre la vacunación y el acceso de los países en desarrollo a financiamiento en condiciones adecuadas”, agregó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.

El documento muestra que los problemas estructurales que por décadas han limitado el crecimiento económico de la región se agudizaron producto de la pandemia y limitarán la recuperación de la actividad económica. Antes del COVID-19 la región venía con una trayectoria hacia el estancamiento: en el sexenio entre 2014 y 2019 creció a una tasa promedio de 0,3%, menor al promedio del sexenio que incluye la Primera Guerra Mundial (0,9%) y el de la Gran Depresión (1,3%). Además muestra una caída progresiva en la inversión, alcanzando en 2020 uno de sus niveles más bajos en las últimas tres décadas (17,9% del PIB). De igual forma, la productividad laboral cae significativamente.

Por otro lado, en 2020 la pandemia desencadenó la mayor crisis que han experimentado los mercados laborales de América Latina y el Caribe desde 1950. A nivel mundial, los mercados del trabajo de la región fueron los más afectados por la crisis generada por el COVID-19 -el número de ocupados cayó 9,0% en 2020- y la recuperación esperada para 2021 no permitirá alcanzar los niveles pre-crisis.

Asimismo, la pandemia provocó una fuerte caída en la participación laboral, en particular de las mujeres. Con la crisis la participación femenina llegó en 2020 a 46,9%, lo que representa un retroceso a los niveles de 2002. En 2021 se espera una recuperación de este indicador, que llegaría a 49,1%, pese a lo cual los niveles serían similares a los de 2008.

El Estudio Económico resalta que la CEPAL ha planteado canalizar inversión hacia sectores que promuevan un nuevo estilo de desarrollo y que pueden potenciar competitividad, empleo, y bajar la huella ambiental. Estos son: la transición hacia energías renovables; movilidad sostenible en ciudades; la revolución digital, para universalizar el acceso a las tecnologías; la industria manufacturera de la salud; bioeconomía y servicios ecosistémicos; la economía del cuidado; economía circular; y turismo sostenible.

“Impulsar el empleo demandará políticas productivas y laborales para promover la inserción laboral, en especial de mujeres y jóvenes”, resaltó Alicia Bárcena. Agregó que se deben ampliar los programas que fomentan el empleo, en especial el femenino y el juvenil; impulsar políticas sectoriales para la reactivación de actividades productivas gravemente afectadas por la crisis, como el comercio y el turismo; extender y profundizar los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes); y potenciar la economía del cuidado.

En materia fiscal, el reporte resalta que la política fiscal debe acelerar la inversión pública e incentivar y atraer la inversión privada. Es prioritario para la sostenibilidad de la política fiscal fortalecer los ingresos tributarios y reducir la evasión, que representa alrededor de US$ 325.000 millones (o 6,1% del PIB regional).

En este ámbito, un mayor acceso a la liquidez internacional y mecanismos multilaterales que faciliten el manejo de la deuda contribuiría a ampliar el espacio de política fiscal y monetaria de la región. La emisión de Derechos Especiales de Giro (DEGs) equivalente a US$ 650 mil millones implementada recientemente, permitirá fortalecer la posición externa de los países de la región, disminuir el riesgo y liberar recursos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pero la emisión de DEGs y su reasignación no es una panacea y debe ser acompañada de otras iniciativas, incluyendo la creación de fondos multilaterales como el Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (Fund to Alleviate COVID-19 Economics - FACE) impulsado por Costa Rica, para facilitar el acceso a financiamiento.

El informe destaca la necesidad de fortalecer la banca de desarrollo regional, subregional y nacional con el fin de aumentar la capacidad de préstamos y de respuesta a la pandemia, así como el establecimiento de un mecanismo multilateral de reestructuración de la deuda soberana para hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores privados. Añade la importancia de mitigar la pro-ciclicidad de las agencias calificadoras de riesgos y contribuir a que la estabilidad financiera sea un bien público global mediante la creación de una agencia multilateral de calificación crediticia.

“Se debe ampliar el conjunto de instrumentos innovadores para mejorar el acceso al financiamiento e incluir a los países de ingreso medio en todas las iniciativas de alivio de la deuda y acceso a liquidez concesional. El PIB no debe ser el único criterio para evaluar el desarrollo y necesidades de los países. Debemos pasar de la graduación a la gradación”, resaltó Bárcena.

América Latina es una región acostumbrada a las debacles financieras: es tal la huella que han dejado en los latinoamericanos, ya sean del sur o del norte, que es prácticamente imposible hablar de economía con uno de ellos sin que, en algún punto de la conversación, aparezca la palabra "crisis". La de 2008, de pésimas consecuencias para los países desarrollados, en cambio, no engrosará esa larga y tenebrosa lista. Será recordada, más bien, como una tormenta de verano: llegó sin previo aviso, golpeó —aunque menos que cualquiera anterior— y pasó rápido.

Los latinoamericanos asistieron atónitos, como el resto del mundo, a esos fatídicos días de septiembre en los que los empleados del todopoderoso Lehman Brothers desfilaban por las calles del sur de Manhattan con sus pertenencias empacadas cajas de cartón y sabiendo que nunca más pisarían su oficina. De la noche a la mañana, los peores presagios se amontonaban: si caía uno de los grandes emblemas del capitalismo, ¿qué sería de la frágil banca argentina? La crisis de 2001 y su corralito estaban cerca en el recuerdo colectivo. ¿Y qué pasaría con México? A pesar de que ya habían pasado casi 15 años desde el tequilazo, la formidable crisis financiera iniciada por falta de divisas, la dependencia con Estados Unidos era mayor que nunca antes.

Pero los cimientos, esta vez, eran más sólidos de lo que cabría esperar. La embestida se quedó en un muy mal año —2009— y una recuperación —a partir de 2010— tan fulgurante como la caída. América Latina demostró haber aprendido un puñado de lecciones de su traumático pasado. "Hasta entonces, todos los contagios habían acabado en crisis en el mercado financiero. La gran diferencia fue la mejor regulación bancaria, que permitió que el impacto sobre el sector fuese prácticamente nulo, y un precio de las materias primas más alto", apunta José Luis Machinea, exministro de Economía de Argentina durante el Gobierno de Fernando de la Rúa. "A diferencia de episodios anteriores", agrega Osvaldo Kacef, director de desarrollo económico de la Cepal cuando estalló la crisis, "en 2008 la relación entre deuda externa y reservas era mucho más favorable, lo que dio una situación inédita de liquidez y solvencia".

Latinoamérica, con todo, dista mucho de ser un bloque uniforme. La simplificación ayuda, a ojos europeos, a comprender la realidad de una región tan lejana, pero las realidades son múltiples. Economías de características dispares entre sí y solo agrupables (para hacer las cosas más fáciles) en torno a dos grandes ejes: América del Sur —muy dependiente del valor de sus exportaciones de materias primas—y México y sus países vecinos —muy abiertos al exterior y con un creciente peso de las manufacturas sobre su PIB—.

Para este segundo grupo, el contagio de la debacle financiera fue prácticamente inmediato. Un resfriado en EE UU es una gripe en México y 2009 fue un año aciago: el PIB cayó más de un 5% arrastrado por el desplome en los pedidos de la industria y la trayectoria descendente de las remesas. Sería su primer ejercicio en negativo desde 2002, pero también el último hasta la fecha. La recuperación de la segunda mayor economía latinoamericana —como la de la guatemalteca, la costarricense o la panameña, por citar solo algunas— fue tan abrupta como la caída: en 2010, México prácticamente calcó la cifra del año anterior, pero con el signo contrario. Y en 2011 y 2012, el ritmo de expansión siguió por encima del 3%.

Al sur, el fin del financiamiento externo y el derrumbe de la demanda de materias primas repercutieron en los países productores de la región, como Brasil, Argentina, Chile y Perú —Venezuela ya empezaba a regirse por sus propias dinámicas, no precisamente positivas, incluso cuando el petróleo aún cabalgaba por encima de los 100 dólares por barril—. Pero el cataclismo de Wall Street los encontró fuertes, en medio del boom en el precio de los productos básicos: del crudo —importante sostén de casi todos los países de la región— al cobre, el hierro o la soja. Todas estas economías contaban con superávit fiscales y las arcas de sus bancos centrales estaban llenas. Y la experiencia de crisis globales anteriores les había llevado a tomar precauciones ante eventuales turbulencias. Cuando llegó la tormenta, los Gobiernos tuvieron recursos para aplicar políticas contracíclicas, desviando dinero público para apuntalar la producción y el consumo. "Fue la primera vez que los países latinoamericanos pudieron tomar este tipo de medidas, tanto en el plano fiscal como en el del mercado de trabajo", recuerda Machinea.

2009 fue el año de la Gran Crisis. Los PIB de toda América del Sur habían terminado 2008 en positivo; en algunos casos, como Perú, con alzas de doble dígito, pero se derrumbaron meses después. El más golpeado fue Argentina, con una caída del 5,9%. "Son países que dependen mucho de la entrada de divisas y ésta se frenó casi por completo", apunta Kacef. Pero Argentina también fue el país sudamericano que se recuperó con más fuerza en 2010, cuando su PIB subió más del 10%.

En Brasil, la mayor economía latinoamericana, la crisis se cobró en el arranque 654.000 puestos de trabajo y 20 puntos de caída de la actividad industrial entre septiembre y diciembre de 2008. Pero la reacción del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva logró revertir rápidamente las consecuencias del tsunami. El banco central sacó todo su arsenal e inyectó al mercado 60.000 millones de dólares para reactivar el mercado interno, mientras usaba reservas internacionales para ayudar a las empresas con deudas en el exterior. En 2009, el PIB brasileño se dejó solo una décima y en 2010 la economía recuperaba un 7,5%.

Chile sufrió su ya histórica dependencia de las exportaciones de cobre, altamente dependiente del ciclo. La presidenta Michelle Bachelet se encontraba en la mitad de su mandato y su imagen no era la mejor. "Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer", dijo en septiembre de 2008, acorralada por la oposición, que reclamaba acciones concretas. En 2009 la economía cayó un 1,7%, pero las políticas contracíclicas del Gobierno permitieron alcanzar la recuperación sólo un año después, con una subida de 4,3%.

América Latina, en fin, sobrevivió a la debacle colectiva gracias a la fortaleza estructural que tenía en 2008. Se recuperó rápido, pero la crisis dejó secuelas graves, sobre todo en dos de sus economías más grandes: Brasil y Argentina no volvieron a tener superávit fiscal y años después, cuando el valor de sus exportaciones cayó, ingresaron en una espiral descendente que los llevó a la recesión. La segunda mayor economía de la región, México, lleva nueve años de crecimiento ininterrumpido, pero demasiado bajo para un país de su potencial.

¿Salió Latinoamérica fortalecida? Una de cal y otra de arena. La regulación bancaria, otrora su talón de Aquiles, mejoró (y mucho). Pero pudo haber aprovechado mejor los años de bonanza de los productos básicos. Tampoco ha acabado, ni siquiera mitigado, sus ya crónicas dependencias: las exportaciones de América del Sur siguen muy concentradas en el sector primario y la minería, y sus economías son dependientes del dinero externo. Argentina y Brasil lo saben bien, ahora que los capitales huyen de los mercados emergentes hacia refugios más seguros. El primero enfrenta la peor crisis financiera desde 2001 y pidió un rescate del FMI para sostener su moneda. El segundo no logra recuperase del todo de dos años de recesión y cerró el segundo trimestre con una expansión mínima, del 0,2%. México y Centroamérica, entretanto, siguen expuestas al ciclo estadounidense. Hoy, con la primera potencia mundial rozando el pleno empleo y creciendo a un ritmo envidiable incluso para muchos emergentes, la locomotora americana goza de buena salud y arrastra consigo a sus plataformas manufactureras. Pero la bonanza del vecino rico esconde una amenaza que harían mal en subestimar: cada día que pasa, la próxima recesión está 24 horas más cerca.

The bankruptcy of Evergrande seems to be the most covered topic in the specialised press today. The media foresees an economic crisis in China. The default does not mean a world crisis, but perhaps a problem for the Asian country. So far, how is the Chinese economy doing in 2021, and are the signs of trouble already there?

China was the only large country to grow in 2020 and the first to control the COVID-19 pandemic. The Asian economy even eradicated extreme poverty in the same year. However, after months of recovery and growth, complications have already arisen.

China's GDP growth in 2020 was 2.3%, below the 6.5% average of the last five years, but close to the pre-pandemic rate of the West. In the second quarter of 2021, compared to 2020, it was 7.9%. The branches with the highest growth are IT (20.3%), transport (21%), retail sales (17%) and catering (29.1%). Comparing the quarterly growth, the fall caused by COVID-19 was 8.9% and had a recovery in the next quarter of 10%. However, the Chinese economy has not yet regained the growth pace of 2019.

Fixed asset investment in China is one of the main drivers of growth. From January to August 2021, compared to 2020, there was a growth in investment of 8.9%. Private investment increased by 11.5% and public investment by 6.2%. The sectors with the highest growth were: food processing (23.8%), information technology (24.9%), electrical machinery (21.3%), chemical industry (22.6%), health (26.5%) and manufacture of trains, ships and aircraft (30.2%). It is striking that these are the global value chains that China controls.

The gross value of the construction sector grew by 19% in the second quarter of 2021, compared to 2020. Government construction increased by 4% and private construction by 11%. With the bankruptcy of significant real estate companies, they could fall. The linkages to this sector are essential in any economy, and the Chinese economy is no exception. The economic spillover from building a building ranges from job creation to activation of the banking sector.

As the Chinese government does not plan to bail out large real estate companies, the economy will lose all the benefits of constructing buildings in the short term. It seems that it will be necessary for the Xi administration to intervene with a liquidity provision for those affected.

Meanwhile, the PMI index, which measures the macroeconomic outlook through business surveys, fell to 47 points in August 2021. When this index is below 50, there is a poor expectation of the economy in the short term for businessmen. What caused its fall was a poor outlook for new foreign orders and a problem with inventories in the manufacturing sector. International trade bottlenecks are a concern for the Chinese economy. The construction PMI is at 57.

International trade has not yet recovered from the pandemic nor the congestion in the ports. In China, the traffic of the largest ports had already been resolved by mid-September 2021, while the ports of California and Savannah in the USA remains congested with ships full of Asian goods. Increased trade should revive the world market everywhere. If only one party solves its problem, the value chains will not link up again, and the supply chain problem will continue.

Global trade problems could pose a risk for Latin America if the Chinese economy slows down. The primary market for Latin American raw materials is the Asian giant. If an economic crisis slows down the pace of consumption of Latin American inputs, prices will fall, affecting the region's balance of payments and growth.

The Chinese outlook is not entirely encouraging, but it is not as catastrophic as portrayed in the specialised press. The Chinese government and press seem more concerned with international trade and energy supply than the construction and banking sectors. The pace of growth is not yet back to the levels of two years ago, but China is still the fastest growing economy globally, with a forecast of 8% by 2021. The real estate bust may present a problem for the domestic market in the short term in terms of job losses, but experience shows that Xi's government will not let it drift.

Chinese businesspeople have a good outlook for the construction sector even with the Evergrande bankruptcy. The banking sector is not at risk because of the Chinese state's stake in the big domestic banks and the ease with which it can inject liquidity into them. Short-term problems are almost inevitable but manageable. The press has focused on a crisis trigger and does not foresee any other more immediate issues.

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The year 2021 was one of recovery after the economic and health crisis. Most governments have followed spending policies since the mid-2020s to cushion the downturn and shore up the recovery. Although almost all countries followed Keynesian macroeconomic prescriptions, the intensity and effects in each country varied. How is the recovery going in Latin America, and what to expect for the region?

In 2021, according to IMF data, the Latin American recovery was characterised by inequality: the countries of the Pacific Alliance had the best recovery with an average growth of 8. 7% of GDP, led by Chile and Peru with increases of 11% and 10% per year, respectively; the Mercosur countries grew by an average of 5% with Argentina and Brazil leading the way; Caricom was the most irregular market, with a 6% drop in Saint Vincent and the Grenadines and 20% growth in Guyana, although the Caribbean average was 2% per year; Central America grew by 6.7%, with Panama and El Salvador being the most dynamic countries.

The uneven recovery is due, in part, to country-specific efforts in response to the pandemic. According to IMF data, there is no clear relationship between the amounts injected into the economy and recovery in 2021. As shown in the graph below, the effect of macroeconomic policies is only significant in some countries. Chile and Peru were the countries with the highest fiscal support since January 2020 as a percentage of GDP and, as a result, are two of the fastest-growing economies. Other countries offered minimal amounts but had a strong recovery, including Panama, El Salvador, Mexico and Nicaragua. And two island economies fell in 2021 despite the efforts.

The level of economic support was very different per nation as it depended on the discretion and strategy of each government. The average level of government efforts was 7.1% in Latin America alone, a much lower level than the G7 countries with 34% of their GDP on average. The fiscal injection concentrated in trade-related sectors rather than the health sector. In terms of liquidity support, most of it went to non-contingent liabilities, obligations whose fulfilment is not assured and are not considered a public expenditure.

The economic measures taken to counter the COVID crisis were: modifications to the tax code that provided relief to taxpayers and more lavish fiscal spending and liquidity efforts supported by governments. (ECLAC) These last are the provision of credit guarantees, loans to the private sector, the capitalisation of financial funds and institutions, and specific actions to maintain the health and social protection of the population.

Government efforts during the pandemic were necessary to achieve a rapid and sustained economic recovery. The case of Mexico exemplifies this. In 2021 Mexico grew 6.2% after a fall of 8.3% in 2020. Its growth is slightly below that of the Pacific Alliance countries. Still, the amount of money it injected into its economy was only 1.9% of GDP, one of the lowest levels in Latin America. A trade surplus explains the limited Mexican growth, reflected in a smaller current account deficit. OECD data show it went from an annual deficit of $200 billion in 2019 to a shortage of only $158 billion in 2021. This dynamic will not be permanent, however.

According to OECD data, domestic demand in the leading Latin American countries is above the pre-pandemic level, except in Mexico and Brazil. The latter is the country with the second-highest number of Covid-19 deaths worldwide, according to Expansión. There is a rapid recovery of consumption in Chile and Peru and a substantial investment recovery in Peru and Argentina. Meanwhile, public spending shifts to a positive trend in Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Peru. On the other hand, Mexico shows signs of stagnation in all three domestic demand variables, especially investment.

In most of Latin America and the Caribbean, the pandemic has left a level of GDP below 2019 levels, with significant divergences in the trend of each country to overcome it. Five large Latin American countries have recovered, but the effect of fiscal and monetary policies is beginning to fade as the pandemic becomes a thing of the past. Still, they are better positioned than the G7 countries to benefit from rising commodity prices. Latin America is a primary exporter, so the external sector should not be much affected. Still, rising interest rates will impact domestic demand to fight inflation, so slow growth is expected with persistent imported inflation.

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Mexico is a mixed economy: its GDP ranks among the 20 largest countries in the world, some industrial branches have a global presence, and its workforce is internationally competitive; however, its performance in recent decades has been negligible to the point that, after the fall of 2020, it was one of the Latin American countries with the slowest economic recovery. What is the reality facing the Mexican economy?

GDP growth in Mexico was 1.8% per year from 2009 to 2021, lower performance than Chile, Colombia and Peru, with annual growth rates of 3.1%, 3.3% and 3.8%, respectively. INEGI data show that investment has been the worst performing expenditure component of the economy, with an average increase of 0.5 per cent per year, falling from 21 per cent of GDP in 2010 to 18 per cent in 2020. Private investment is growing slowly, but public investment has declined by 5% per year over the last decade. Chronic underinvestment is one of the main problems.

As a result, Total Factor Productivity (INEGI) has dropped by an average of -0.63% since 2009. It reflects the lack of efficiency of the labour force, the use of capital, materials and energy, and witnesses the lack of technical change. The problem is even more significant given that 20% of the economy is in the informal sector, which has even lower productivity. According to the OECD, Mexico's labour productivity was half that of the United States in the 1990s; its stagnation has widened the gap to a third by 2020, surpassing Chile's dynamism, as shown in the graph below.

The most dynamic sphere of the economy is the external sector. According to INEGI data, exports and imports grew at a rate of 5.4% and 4.4% respectively since 2009, reaching a positive balance in 2019 regarding final goods and services. More detail, the balance of payments shows that manufactured goods went from a deficit to a surplus in 2020. One of the causes of this surplus was the increase in the export of automotive products.

The Mexican Automotive Industry Association (AMIA) points out that Mexico is the world's 5th largest exporter of light vehicles, the 4th largest exporter of auto parts and the 7th largest vehicle manufacturer. According to Banxico data, the automotive industry accounted for 32% of total manufactured exports in 2019 and is Mexico's most dynamic industry, growing by an average of 10% per year from 2009 to 2019 and rising from 10% to 20% of national manufacturing.

The automotive industry's performance would seem to give Mexico a strong position in the global industry. However, wages in real terms have declined over the last decade. They represent a smaller share of gross value added, despite absolute increases in the automotive industry's value-added and the number of employees. The situation is similar for manufacturing as a whole. While output is rising, real wages are falling in some industries and stagnating at best in others. It reflects that much of Mexican manufacturing specialises in cheap labour-intensive activities with low value added.

The US market is the leading destination for Mexican exports, accounting for 80 per cent of the total. The northern neighbour drags the country due to the terms from the T-MEC. On the other hand, China pulls South American countries with increased relations with her.

Zero growth in real wages also means lower household income. According to ENIGH, the average household income decreased from 15,000 to 14,000 from 2016 to 2020 and has been downward since 2008. Meanwhile, the Gini coefficient, a measure of income inequality where 1 is perfect inequality, has oscillated between 0.43 and 0.47 since 2008, values higher than in Chile and Peru, according to the World Bank.

It affects the well-being of the population. According to the Comisión Nacional de Evaluación (CONEVAL), the population living in extreme poverty increased by more than 3 million during the last decade. The population living in income poverty has risen by 7 million people (table 1), concentrated in the south-southeastern states.

The private sector does not seem to be able to correct the economy's problems, and the government has opted to maintain a balanced budget since the 1980s. The economic reality is that GDP, investment and productivity have stagnated for over a decade. At the same time, the dynamism of the external sector, the result of the export promotion policy, is insufficient to trigger growth. Bela Balassa’s 1978 paper is wrong because the backward linkages are external and not domestic.

Finally, the minimum wage in Mexico is 150 dollars per month, equivalent to 1.8 days in the US. The wage disparity for unqualified labour pulls it out of Mexico and into the US informal market, generating an unwanted migratory problem and at the same leaving the Mexican countryside abandoned. This is the reality facing Mexico.

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La pandemia ha modificado diversos aspectos en las sociedades, el brote saca a relucir la falta de atención a cuestiones importantes que no tuvieron mucha atención. La insuficiente de infraestructura sanitaria, y el cambio climático son algunos de ellos.

Se han tomado algunas medidas a partir del uso de la tecnología para el combate del contagio, como la presencia de algoritmos, aplicaciones. Así como muchas otras medidas para la seguridad de la población en general.

La desinformación y los liderazgos actuales han jugado un papel fundamental en el desarrollo de la crisis, que se ha expandido rápidamente hacia las economías del mundo, la recuperación se ve complicada, aunque seguramente habrán varios aspectos que no serán iguales aunque la recuperación sea favorable.

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In the early 1970s, Argentina joined a group of Latin American countries, including Brazil, Chile, Mexico and Venezuela, that initiated diplomatic relations with the People's Republic of China. The change of course in Argentine foreign policy, which until then had exclusively recognised Taiwan, marked the beginning of a new era in bilateral relations and regionalised a process of opening up to Asia. The trade relationship developed between the 1970s and 2009, culminating in the signing of a swap in July 2009 between the Central Bank of the Republic of Argentina (BCRA) and the People's Bank of China (PBOC). The purpose was to ensure the stability of the South American country's exchange rate and strengthen its trade ties. The relationship between the governments was affected in December 2023 by President Milei's repeated anti-communist statements and his rapprochement with the US. This essay will review how Argentina is in the middle of the disputes between the great powers and their outcome.

History of the Chinese swap and Argentina

The first swap between the BCRA and the PBOC was signed in 2009, during the presidency of Cristina Fernández, was for an amount of approximately CNY 70 MM/ ARS 38 MM (USD 10.2 MM), with a term of three years. Argentina never activated the original agreement. It was modified in 2014 for USD 11 billion with identical terms during the administration of Axel Kicillof at the Ministry of Economy and Juan Carlos Fábrega at the BCRA. The agreement consisted of the BCRA being able to request disbursements of up to CNY 70 billion from the PBOC and deposit the equivalent in pesos, with a term of up to 12 months. The difference between the two was the improvement in the conditions of use: more flexible terms, reduced costs and the authorisation of additional uses.

The following year, a supplementary agreement was signed allowing the five BCRA swap operations to convert up to CNY 20 billion of the swap line to USD and not only to Argentine pesos. It was renewed and extended in 2015 with an increase to a total of USD 16 billion, with a term of 3 years. In 2017 the amount renewed was ARS 175 MM, equivalent to CNY 70 MM, for a term of 3 years, maturing in 2020.

Both central banks in 2018 signed a supplementary agreement to the 2017 CNY 60 billion currency swap agreement, which included the requirement that Argentina maintain an IMF arrangement in place. This consisted of removing capital controls, modernising monetary policy, resolving disputes with bondholders, returning to capital markets and realigning tariffs. The aggregate of the agreements amounts to CNY 130 billion (USD 18.5 billion) and renewed in 2020 without the requirement to maintain an IMF arrangement.

In 2023, when the third year of the 2020 agreement expired, the president of the BCRA, Miguel Angel Pesce, signed the early renewal of the SWAP for CNY 130 billion (USD 18.5 billion) for three more years, and the request was extended by an additional CNY 35 billion (USD 5 billion). During the election campaign, the newly elected President Javier Milei declared during the election campaign that he would not enter into "pacts with communists", referring to China, and announced that, once elected, he would align himself on foreign trade with the USA, Israel, the European Union and the "free world". Thus, in December 2023, he did not renew the ambassador whose term had expired and did not name a new one, leaving the embassy with a junior official.

Luis Caputo, Minister of Economy since December 2023, given the balance of payments problems, expressed to Milei the need to renew the Chinese swap. Milei agreed and sent a formal letter to Xi Jinping requesting the renewal for USD 5 billion. Beijing made the agreement conditional on direct contact between the two leaders. While Foreign Minister Diana Mondino managed the contact, relations cooled because Argentina opted for a US offer to buy fighter jets instead of the Chinese ones already agreed. Beijing interpreted Milei and Mondino as damaging bilateral ties, especially after the Argentine ambassador, Sabino Vaca Narvaja, was replaced without warning.

China is an important trading partner. The terms of swaps and other financial agreements tighten the bond between the two countries. The growing trade relationship between Argentina and China raises concerns both in Washington and among Milei's supporters in Buenos Aires. The cancellation of the swap implies a reduction in the BCRA's net international reserves. This means that the central bank will have less room for manoeuvre to face external shocks and maintain the exchange rate from 2026 onwards unless it replaces it with a similar agreement with another central bank. This cancellation also signals a significant shift in Argentina's foreign policy, aligning more closely with the US and the 'free world ', and potentially impacting its economic relations with China. However, it's important to note that such a shift could also open up new trade opportunities with the US and other Western countries.

Swap and infrastructure works

The swap has been a crucial part of the agreements between Argentina and China, guaranteeing economic cooperation projects, such as the construction of infrastructure for the Latin American country, mainly the Néstor Kirchner dam, located 185 km from the mouth of the Santa Cruz River, and the Jorge Cepernic dam, 250 km from the same site. These are China's most significant renewable energy projects outside its territory, with an initial budget of USD 4.7 billion. The Chinese swap has not only bolstered Argentina's economy but also facilitated the implementation of these key infrastructure projects.

After Milei became president, the Argentines halted the construction of the dams. The resolution of the conflict came with the mission in charge of refinancing the USD 5 billion tranche of the Chinese swap, of Minister of Foreign Affairs Mondino to Beijing together with Minister Caputo, Pablo Quirno, Secretary of Finance, and Santiago Bausili, head of the BCRA in April 2024. In June, the swap was renewed on condition of a gradual reduction of the amount owed, as more than USD 2.9 billion was due in June and a further USD 1.9 billion was due in July. The BCRA should pay the commitments next year, 2025, and settle them in mid-2026.

The renewal of the swap is on condition that the additional USD 5 billion is paid in 2026 without renewal, thus tightening the swap in response to Milei's diatribe. The BCRA will have to generate the dollars needed to meet this commitment and replace the PBOC credit. In the same mission, nearly USD 1 billion was obtained to reactivate the construction of works in Santa Cruz, based on consortiums of banks composed of China Development, Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) and Bank Of China. Accompanying the April mission was an executive from UTE (Unión Transitoria de Empresas), made up of China Gezhouba Group International (54%) and Eling Energía Argentina (ex-Electroingeniería) (36%), in charge of the two hydroelectric power plants on the Santa Cruz River. Hidrocuyo holds the remaining 10%. Gezhouba abandoned the dam project because it did not receive a response from the president to sign the contracts.

Business relations

The relationship between these two countries stands out for its high level of trade. In 2022, China was the second destination for Argentina's exports and the first for its imports. In addition, the Asian country is among the country's main investors.

President Javier Milei has sought to improve relations with the United States, fourth trade partner, which is why he has ignored essential responsibilities with the Asian giant (dams), as he portrays the former as his strategic ally. Argentina is in the middle of a trade dispute between the US and China, as the country has important lithium deposits, access to Antarctica for oil extraction, and the Strait of Magellan, an alternative route to the Panama Canal.

The dispute over lithium

In 2023, China was the main destination for lithium carbonate exports, with 44.59% of a total of USD 807.1 million. In addition, there are both US and Chinese companies in the provinces of Jujuy, Salta, and Catamarca, as well as Canadian, French, German, Korean and others.

Chinese mining companies reached agreements for the industrialisation of lithium with the regional Governments in the country. While the Asian giant has its sights set on Argentina, the US also has its sights set on Argentina but has not reached any agreement in any region, so a struggle for white gold is emerging. Due to its use in the manufacture of batteries for energy storage and electric cars, it has become an essential material for the development of clean technologies.

As the world leader in lithium battery production and refining, China has a dominant strategic position in the global industry. Meanwhile, the US, aware of the need to diversify its sources and avoid relying exclusively on China for critical technologies such as lithium batteries, is stepping up its investments in South America. This move seeks to counterbalance China's growing influence in the region.

Despite Milei's rhetoric, China is quietly expanding its presence in numerous lithium projects in Argentina, strengthening its role as a key regional commercial and financial partner. Despite Milei's opposition to China's 'socialist policies', his government has maintained stable diplomatic relations with the Asian Dragon.

To conclude, although US-Argentina relations are increasingly visible today, Argentina has a long and significant trade history with China. Since the beginning of their diplomatic relationship in the 1970s, they have developed a close economic partnership consolidated over time. Trade agreements, such as the currency swaps and infrastructure investments, have strengthened this partnership in recent decades. The Asian country emerged as Argentina's main trading partner, especially in the area of agricultural and mineral exports. At the same time, the gauchos serve as an important market and strategic partner in Latin America. In sum, despite recent moves towards greater cooperation with the United States, the trade link with China is a fundamental pillar for the Argentine economy. It reflects a difficult to break deep interdependence and long-term commitment between the two countries.

Debates are taking place on whether there will be another financial crisis, whether in some part of the world or that is global in scope.  Governments draw lessons from financial crises to adopt measures to prevent their recurrence.  However, such measures are often designed to address the root causes of the last crisis but not the next one.  More importantly, they can actually become the new sources of instability and crisis.

Much of what has recently been written about the Asian crisis on the occasion of its 20th anniversary praises the lessons drawn and the measures implemented thereupon.  But they often fail to appreciate that while these might have been effective in preventing the crisis in 1997, they may be inadequate and even counterproductive today because they entail deeper integration into global finance.

An immediate step taken in Asia was to abandon currency pegs and move to flexible exchange rates in order to facilitate external adjustment and prevent one-way bets for speculators.  This has a lot to commend it, but its effects depend on how capital flows are managed.

Under free capital mobility no regime can guarantee stable rates.  Currency crises can occur under flexible exchange rates as under fixed exchange rates.   Unlike fixed pegs, floating at times of strong inflows can cause nominal appreciations and encourage even more short-term inflows.  Indeed nominal appreciations have been quite widespread during the surges in capital inflows in the new millennium, including in some East Asian economies.

Second, most emerging economies, including those in Asia, have liberalized foreign direct investment regimes and opened up equity markets to foreigners on the grounds that equity liabilities are less risky and more stable than external debt.  As a result, non-resident holdings as a percent of market capitalization have reached unprecedented levels, ranging between 20 and 50 per cent compared to 15 per cent in the US.

This has made the emerging economies highly susceptible to conditions in mature markets.  Since emerging economies lack a strong local investor base, the entry and exit of even relatively small amounts of foreign investment now result in large price swings.

Third, they have also sought to reduce currency mismatches in balance sheets and exposure to exchange rate risk by opening domestic bond markets to foreigners and borrowing in their own currencies.  As a result sovereign debt in many emerging economies is now internationalized to a greater extent than that in reserve-currency countries.

Whereas about one-third of US treasuries are held by non-residents, this proportion is much higher in many emerging economies, including in Asia.  Unlike US treasuries this debt is not in the hands of foreign central banks but in the portfolios of fickle investors.

Although opening bond markets has allowed the sovereign to pass the currency risk to lenders, it has led to loss of autonomy over domestic long-term rates and entailed a significant exposure to interest rate shocks from the US.  This could prove equally and even more damaging than currency exposure in the transition of the US Fed from low-interest to high-interest regime and normalization of its balance sheet.

Fourth, there has been extensive liberalization of the capital account for residents.  Corporations have been encouraged to become global players by borrowing and investing abroad, resulting in a massive accumulation of debt in low-interest reserve currencies since 2008.

They have also borrowed through foreign subsidiaries.  These are not always repatriated and registered as capital inflows and external debt, but they have a similar impact on corporate fragility.  Hence the reduction in currency mismatches is largely limited to the sovereign while private corporations carry significant exchange rate risks.

Fifth, limits on the acquisition of foreign securities, real estate assets and deposits by resident individuals and institutional investors have been raised or abolished.  A main motive was to relieve upward pressures on currencies from the surge in capital inflows.  Thus, liberalization of resident outflows was used as a substitute to restrictions over non-resident inflows.  Although this has led to accumulation of private assets abroad, these would not be readily available at times of capital flight.

Sixth, banking regulations and supervision have no doubt improved, restricting currency and maturity mismatches in bank balance sheets.  However, banks now play a much less prominent role in the intermediation of international capital flows than in the 1990s.  International bond issues by corporations have grown much faster than cross-border bank lending directly or through local banks and a very large part of capital inflows now goes directly into the securities market.

These measures have failed to prevent credit and asset market bubbles in most countries in the region.  Increases in non-financial corporate debt since 2007 in Korea and Malaysia are among the fastest, between 15 and 20 percentage points of GDP.  At around 90 per cent of GDP Malaysia has the highest household debt in the developing world.  In Korea the ratio of household debt to GDP is higher than the ratio in the US and the average of the OECD.

International Reserves

Asian economies, like many others, are commended for building self-insurance by accumulating large amounts of international reserves.  Moreover, an important part of these came from current account surpluses, not just capital inflows.  Indeed, all countries directly hit by the 1997 crisis made a significant progress in the management of their external balances in the new millennium, running surpluses or keeping deficits under control.

However, whether or not these reserves would be sufficient to provide adequate protection against massive and sustained exit of capital is highly contentious.  After the Asian crisis, external vulnerability came to be assessed in terms of adequacy of reserves to meet short-term external debt in foreign currencies.

However, there is not always a strong correlation between pressure on reserves and short-term external debt.  Often, in countries suffering large reserve losses, sources other than short-term foreign currency debt play a greater role.  Currencies can come under stress if there is a significant foreign presence in domestic deposit and securities markets and the capital account is open for residents.

A rapid and generalized exit could create significant turbulence with broader macroeconomic consequences, even though losses due to declines in asset prices and currencies fall on foreign investors and mitigate the drain of reserves.

In all four Asian countries directly hit by the 1997 crisis, international reserves now meet short-term external dollar debt.  But they do not always leave much room to accommodate a sizeable and sustained exit of foreign investors from domestic securities and deposit markets and capital flight by residents.

This is particularly the case in Malaysia where the margin of reserves over short-term dollar debt is quite small while foreign holdings in local securities markets are sizeable.  Indeed its currency has been under constant pressure since mid-2014.  As foreign holders of domestic securities started to unload ringgit denominated assets, markets fell sharply and foreign reserves declined from over $130 billion to $97 billion by June 2015.  In October 2015 the ringgit hit the lowest level since September 1998 when it was pegged to the dollar.  Currently it is below the lows seen during the turmoil in January 1998.

In Indonesia reserves exceed short-term dollar debt by a large margin, but foreign holdings in its local bond and equity markets are also substantial and the current account is in deficit.  The country was included among Fragile 5 in 2013 by Morgan Stanley economists for being too dependent on unreliable foreign investment to finance growth.

Capital account regimes of emerging economies are much more liberal today both for residents and non-residents than in the 1990s.  Asset and currency markets of all emerging economies with strong international reserves and investment positions, including China, have been hit on several occasions in the past ten years, starting with the collapse of Lehman Brothers in 2008.

The Lehman impact was strong but short-lived because of the ultra-easy monetary policy introduced by the US.  Subsequently these markets came under pressure again during the ‘taper tantrum’ in May 2013 when the US Fed revealed its intention to start reducing its bond purchases; in October 2014 due to growing fears over global growth and the impact of an eventual rise in US interest rates; in late 2015 on the eve of the increase in policy rates in the US for the first time in seven years.

These bouts of instability did not inflict severe damage because they were temporary, short-lived dislocations caused by shifts in market sentiments without any fundamental departure from the policy of easy money.  But they give strong warnings for the kind of turmoil emerging economies could face in the event of a fundamental reversal of US monetary policy.

Should self-insurance built-up prove inadequate, economies facing large and sustained capital flight would have two options.  First, seek assistance from the IMF and central banks of reserve-currency countries.  Or second, engineer an unorthodox response, even going beyond what Malaysia did during the 1997 crisis, bailing in international creditors and investors by introducing, inter alia, exchange restrictions and temporary debt standstills, and using selective controls in trade and finance to safeguard economic activity and employment.

The Asian countries, like most emerging economies, seem to be determined not to go to the IMF again.  But, serious obstacles may be encountered in implementing unilateral heterodox measures, including creditor litigation and sanctions by creditor countries.  Deepening integration into the inherently unstable international financial system before attaining economic and financial maturity and without securing multilateral mechanisms for orderly and equitable resolution of external liquidity and debt crises could thus prove to be highly costly.

This paper draws on a recent book by the author; Playing with Fire: Deepened Financial Integration and Changing Vulnerabilities of the Global South, Oxford University Press, 2017.

Los precios al productor en Estados Unidos aumentaron en 10,8% en mayo con respecto a ese mismo mes del año anterior, reflejando la persistencia de la inflación en la economía.

El Departamento del Trabajo reportó el martes que el índice de precios al productor —que mide el costo de los bienes y servicios al por mayor, es decir, el registrado por las empresas antes de trasladarlos en sus precios al consumidor final— aumentó a un ritmo levemente menor el mes pasado comparado con abril, cuando saltó 10,9% comparado con un año antes y registra un descenso comparado con el 11,5% registrado en marzo.

De mes a mes, los precios al productor subieron en un 0,8% de abril a mayo. De marzo a abril el aumento fue de 0,4%.

De abril a mayo los precios de los energéticos, encabezados por el gas, aumentaron en un 5%. Otro factor fue un aumento de 2,9% en el transporte de carga por camión, indicio de que no se han resuelto los problemas en las cadenas de suministro. Los costos alimentarios no variaron.

Las cifras presagian que los aumentos de precios seguirán mermando el poder adquisitivo de los estadounidenses en los próximos meses.

La inflación se ha vuelto un problema político para el presidente Joe Biden y para el Partido Demócrata y ha obligado a la Reserva Federal a recurrir a los aumentos en las tasas de interés a fin de enfriar la actividad económica y reducir los aumentos de precios.

El viernes pasado, el gobierno reportó que el índice de precios al consumidor aumentó en 8,6% en mayo, una cifra no vista en 40 años que frustró esperanzas de que la inflación se estaba atenuando. Fueron particularmente abruptos los aumentos en los precios de la gasolina y alimentos, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, pero también subieron los alquileres de vivienda, los automóviles nuevos y usados, la atención médica y la ropa.

Se espera que la Reserva Federal aumente su tasa de interés a corto plazo en tres cuartos de punto porcentual el miércoles, algo que no ha hecho desde 1994, como parte de su política de mantener a raya la inflación.

La cifra sobre los precios al productor refleja la inflación antes de que los productos lleguen a los consumidores, pero podría presagiar la tendencia de los precios al final de la cadena. Es además parte de la medida preferida por la Reserva Federal para medir la inflación: el índice de precios al consumidor y gastos personales.

La región de América Latina y el Caribe marcará una contracción de -7,7% en 2020, pero tendrá una tasa de crecimiento positiva de 3,7% en 2021, debido principalmente a un rebote estadístico que, sin embargo, no alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia del coronavirus (en 2019). El documento de la CEPAL enfatiza que para evitar que la región persista en su dinámica de bajo crecimiento se requiere de políticas fiscales y monetarias expansivas junto con políticas ambientales e industriales, que permitan las transformaciones estructurales que la región necesita y promuevan un desarrollo sostenible. Plantea la necesidad de priorizar el gasto para la reactivación y transformación económica y social mediante el fomento de la inversión intensiva en empleo y ambientalmente sostenible en sectores estratégicos; extender el ingreso básico a personas en situación de pobreza; otorgar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); entregar incentivos al desarrollo productivo, revolución digital para la sostenibilidad y tecnologías limpias; y universalizar los sistemas de protección social.

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What does a virus have to do with war and repression? The coronavirus has disrupted global supply networks and spread panic throughout the world’s stock markets. The pandemic will pass, not without a heavy toll. But in the larger picture, the fallout from the virus exposes the fragility of a global economy that never fully recovered from the 2008 financial collapse and has been teetering on the brink of renewed crisis for years.

The crisis of global capitalism is as much structural as it is political. Politically, the system faces a crisis of capitalist hegemony and state legitimacy. As is now well-known, the level of global social polarization and inequality is unprecedented. In 2018, the richest 1 percent of humanity controlled more than half of the world’s wealth while the bottom 80 percent had to make do with just 4.5 percent of this wealth. Such stark global inequalities are politically explosive, and to the extent that the system is simply unable to reverse them, it turns to ever more violent forms of containment to manage immiserated populations.

Structurally, the system faces a crisis of what is known as overaccumulation. As inequalities escalate, the system churns out more and more wealth that the mass of working people cannot actually consume. As a result, the global market cannot absorb the output of the global economy. Overaccumulation refers to a situation in which enormous amounts of capital (profits) are accumulated, yet this capital cannot be reinvested profitably and becomes stagnant.

Indeed, corporations enjoyed record profits during the 2010s at the same time that corporate investment declined. Worldwide corporate cash reserves topped $12 trillion in 2017, more than the foreign exchange reserves of the world’s central governments, yet transnational corporations cannot find enough opportunities to profitably reinvest their profits. As this uninvested capital accumulates, enormous pressures build up to find outlets for unloading the surplus. By the 21st century, the transnational capitalist class turned to several mechanisms in order to sustain global accumulation in the face of overaccumulation, above all, financial speculation in the global casino, along with the plunder of public finances, debt-driven growth and state-organized militarized accumulation.

Militarized Accumulation

It is the last of these mechanisms, what I have termed militarized accumulation, that I want to focus on here. The crisis is pushing us toward a veritable global police state. The global economy is becoming ever more dependent on the development and deployment of systems of warfare, social control and repression, apart from political considerations, simply as a means of making profit and continuing to accumulate capital in the face of stagnation. The so-called wars on drugs and terrorism; the undeclared wars on immigrants, refugees, gangs, and poor, dark-skinned and working-class youth more generally; the construction of border walls, immigrant jails, prison-industrial complexes, systems of mass surveillance, and the spread of private security guard and mercenary companies, have all become major sources of profit-making.

The events of September 11, 2001, marked the start of an era of a permanent global war in which logistics, warfare, intelligence, repression, surveillance, and even military personnel are more and more the privatized domain of transnational capital. Criminalization of surplus humanity activates state-sanctioned repression that opens up new profit-making opportunities for the transnational capitalist class. Permanent war involves endless cycles of destruction and reconstruction, each phase in the cycle fueling new rounds and accumulation, and also results in the ongoing enclosure of resources that become available to the capitalist class.

The Pentagon budget increased 91 percent in real terms between 1998 and 2011, while worldwide, total defense outlays grew by 50 percent from 2006 to 2015, from $1.4 trillion to $2.03 trillion, although this figure does not take into account secret budgets, contingency operations and “homeland security” spending. The global market in homeland security reached $431 billion in 2018 and was expected to climb to $606 billion by 2024. In the decade from 2001 to 2011, military industry profits nearly quadrupled. In total, the United States spent a mind-boggling nearly $6 trillion from 2001 to 2018 on its Middle East wars alone.

Led by the United States as the predominant world power, military expansion in different countries has taken place through parallel (and often conflictive) processes, yet all show the same relationship between state militarization and global capital accumulation. In 2015, for instance, the Chinese government announced that it was setting out to develop its own military-industrial complex modeled after the United States, in which private capital would assume the leading role. Worldwide, official state military outlays in 2015 represented about 3 percent of the gross world product of $75 trillion (this does not include state military spending not made public).

But militarized accumulation involves vastly more than activities generated by state military budgets. There are immense sums involved in state spending and private corporate accumulation through militarization and other forms of generating profit through repressive social control that do not involve militarization per se, such as structural controls over the poor through debt collection enforcement mechanisms or accumulation opportunities opened up by criminalization.

The Privatization of War and Repression

The various wars, conflicts, and campaigns of social control and repression around the world involve the fusion of private accumulation with state militarization. In this relationship, the state facilitates the expansion of opportunities for private capital to accumulate through militarization. The most obvious way that the state opens up these opportunities is to facilitate global weapons sales by military-industrial-security firms, the amounts of which have reached unprecedented levels. Between 2003 and 2010 alone, the Global South bought nearly half a trillion dollars in weapons from global arms dealers. Global weapons sales by the top 100 weapons manufacturers and military service companies increased by 38 percent between 2002 and 2016.

The U.S.-led wars in Iraq and Afghanistan precipitated the explosion in private military and security contractors around the world deployed to protect the transnational capitalist class. Private military contractors in Iraq and Afghanistan during the height of those wars exceeded the number of U.S. combat troops in both countries, and outnumbered U.S. troops in Afghanistan by a three-to-one margin. Beyond the United States, private military and security firms have proliferated worldwide and their deployment is not limited to the major conflict zones in the Middle East, South Asia and Africa. In his study, Corporate Warriors, P.W. Singer documents how privatized military forces (PMFs) have come to play an ever more central role in military conflicts and wars. “A new global industry has emerged,” he noted. “It is outsourcing and privatization of a twenty-first century variety, and it changes many of the old rules of international politics and warfare. It has become global in both its scope and activity.” Beyond the many based in the United States, PMFs come from numerous countries around the world, including Russia, South Africa, Colombia, Mexico, India, the EU countries and Israel, among others.

Beyond wars, PMFs open up access to economic resources and corporate investment opportunities — deployed, for instance, to mining areas and oil fields — leading Singer to term PMFs “investment enablers.” PMF clients include states, corporations, landowners, nongovernmental organizations, even the Colombian and Mexican drug cartels. From 2005 to 2010, the Pentagon contracted some 150 firms from around the world for support and security operations in Iraq alone. By 2018, private military companies employed some 15 million people around the world, deploying forces to guard corporate property; provide personal security for corporate executives and their families; collect data; conduct police, paramilitary, counterinsurgency and surveillance operations; carry out mass crowd control and repression of protesters; manage prisons; run private detention and interrogation facilities; and participate in outright warfare.

Meanwhile, the private security (policing) business is one of the fastest growing economic sectors in many countries and has come to overshadow public security around the world. According to Singer, the amount spent on private security in 2003, the year of the invasion of Iraq, was 73 percent higher than that spent in the public sphere, and three times as many persons were employed in private forces as in official law enforcement agencies. In parts of Asia, the private security industry grew at 20 percent to 30 percent per year. Perhaps the biggest explosion of private security was the near complete breakdown of public agencies in post-Soviet Russia, with over 10,000 new security firms opening since 1989. There were an outstanding 20 million private security workers worldwide in 2017, and the industry was expected to be worth over $240 billion by 2020. In half of the world’s countries, private security agents outnumber police officers.

As all of global society becomes a highly surveilled and controlled and wildly profitable battlespace, we must not forget that the technologies of the global police state are driven as much, or more, by the campaign to open up new outlets for accumulation as they are by strategic or political considerations. The rise of the digital economy and the blurring of the boundaries between military and civilian sectors fuse several fractions of capital — especially finance, military-industrial and tech companies — around a combined process of financial speculation and militarized accumulation. The market for new social control systems made possible by digital technology runs into the hundreds of billions. The global biometrics market, for instance, was expected to jump from its $15 billion value in 2015 to $35 billion by 2020.

As the tech industry emerged in the 1990s, it was from its inception tied to the military-industrial-security complex and the global police state. Over the years, for instance, Google has supplied mapping technology used by the U.S. Army in Iraq, hosted data for the Central Intelligence Agency, indexed the National Security Agency’s vast intelligence databases, built military robots, co-launched a spy satellite with the Pentagon, and leased its cloud computing platform to help police departments predict crime. Amazon, Facebook, Microsoft and the other tech giants are thoroughly intertwined with the military-industrial and security complex.

Criminalization and the War on Immigrants and Refugees

Criminalization of the poor, racially oppressed, immigrants, refugees and other vulnerable communities is the most clear-cut method of accumulation by repression. This type of criminalization activates “legitimate” state repression to enforce the accumulation of capital, whereby the state turns to private capital to carry out repression against those criminalized.

There has been a rapid increase in imprisonment in countries around the world, led by the United States, which has been exporting its own system of mass incarceration. In 2019, it was involved in the prison systems of at least 33 different countries, while the global prison population grew by 24 percent from 2000 to 2018. This carceral state opens up enormous opportunities at multiple levels for militarized accumulation. Worldwide, there were in the early 21st century some 200 privately operated prisons on all continents and many more “public-private partnerships” that involved privatized prison services and other forms of for-profit custodial services such as privatized electronic monitoring programs. The countries that were developing private prisons ranged from most member states of the European Union, to Israel, Russia, Thailand, Hong Kong, South Africa, New Zealand, Ecuador, Australia, Costa Rica, Chile, Peru, Brazil and Canada.

Those criminalized include millions of migrants and refugees around the world. Repressive state controls over the migrant and refugee population and criminalization of non-citizen workers makes this sector of the global working class vulnerable to super-exploitation and hyper-surveillance. In turn, this self-same repression in and of itself becomes an ever more important source of accumulation for transnational capital. Every phase in the war on migrants and refugees has become a wellspring of profit making, from private, for-profit migrant jails and the provision of services inside them such as health care, food, phone systems, to other ancillary activities of the deportation regime, such as government contracting of private charter flights to ferry deportees back home, and the equipping of armies of border agents.

Undocumented immigrants constitute the fastest-growing sector of the U.S. prison population and are detained in private migrant jails and deported by private companies contracted out by the U.S. state. As of 2010, there were 270 immigration jails in the U.S. that caged on any given day over 30,000 immigrants and annually locked up some 400,000 individuals, compared to just a few dozen people in immigrant detention each day prior to the 1980s. From 2010 to 2018, federal spending on these detentions jumped from $1.8 billion to $3.1 billion. Given that such for-profit prison companies as CoreCivic and GEO Group are traded on the Wall Street stock exchange, investors from anywhere around the world may buy and sell their stock, and in this way, develop a stake in immigrant repression quite removed from, if not entirely independent, of the more pointed political and ideological objectives of this repression.

In the United States, the border security industry was set to double in value from $305 billion in 2011 to some $740 billion in 2023. Mexican researcher Juan Manuel Sandoval traces how the U.S.-Mexico border region has been reconfigured into a “global space for the expansion of transnational capital.” This “global space” is centered on the U.S. side around high-tech military and aerospace related industries, military bases, and the deploying of other civilian and military forces for combating “immigration, drug trafficking, and terrorism through a strategy of low-intensity warfare.” On the Mexican side, it involves the expansion of maquiladoras (sweatshops), mining and industry in the framework of capitalist globalization and North American integration.

The tech sector in the United States has become heavily involved in the war on immigrants as Silicon Valley plays an increasingly central role in the expansion and acceleration of arrests, detentions and deportations. As their profits rise from participation in this war, leading tech companies have in turn pushed for an expansion of incarceration and deportation of immigrants, and lobbied the state to use their innovative social control and surveillance technologies in anti-immigrant campaigns.

In Europe, the refugee crisis and EU’s program to “secure borders” has provided a bonanza to military and security companies providing equipment to border military forces, surveillance systems and information technology infrastructure. The budget for the EU public-private border security agency, Frontex, increased a whopping 3,688 percent between 2005 and 2016, while the European border security market was expected to nearly double, from some $18 billion in 2015 to approximately $34 billion in 2022.

The Coronavirus Is Not to Blame

As stock markets around the world began to plummet starting in late February, mainstream commentators blamed the coronavirus for the mounting crisis. But the virus was only the spark that ignited the financial implosion. The plunge in stock markets suggests that for some time to come, financial speculation will be less able to serve as an outlet for over-accumulated capital. When the pandemic comes to an end, we will be left with a global economy even more dependent on militarized accumulation than before the virus hit.

We must remember that accumulation by war, social control and repression is driven by a dual logic of providing outlets for over-accumulated capital in the face of stagnation, and of social control and repression as capitalist hegemony breaks down. The more the global economy comes to depend on militarization and conflict, the greater the drive to war and the higher the stakes for humanity. There is a built-in war drive to the current course of capitalist globalization. Historically, wars have pulled the capitalist system out of crisis while they have also served to deflect attention from political tensions and problems of legitimacy. Whether or not a global police state driven by the twin imperatives of social control and militarized accumulation becomes entrenched is contingent on the outcome of the struggles raging around the world among social and class forces and their competing political projects.

This article draws on the author’s forthcoming book, The Global Police State, which will be released by Pluto Press in July 2020.

Biden propone prohibir vehículos con tecnología de China y Rusia
 

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso este lunes una nueva normativa que prohibirá la circulación de dos tipos de vehículos fabricados con tecnología vinculada a China y Rusia: los vehículos conectados, que se comunican con otros coches o infraestructuras, y los vehículos autónomos, que circulan sin conductor, algo que en la práctica supone el cierre del mercado a todo turismo chino nuevo.

La medida responde a preocupaciones de seguridad nacional, ya que existe el temor de que empresas chinas y rusas accedan a los datos de conductores e infraestructuras en Estados Unidos y que puedan, incluso, controlar remotamente a esos vehículos para provocar accidentes o bloquear carreteras, explicó en una conferencia de prensa telefónica la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.

“Los coches ya no son solo acero y metal sobre ruedas”, señaló Raimondo, quien advirtió de que los módulos Bluetooth, celulares, satelitales y wifi que incorporan los vehículos modernos podrían ser vulnerables a ciberataques o manipulaciones por parte de terceros.

Casi todos los vehículos nuevos, “conectados”

Actualmente, casi todos los vehículos nuevos en las carreteras de Estados Unidos, tanto de gasolina como eléctricos, se consideran “conectados”. Estos coches cuentan con hardware que les permite conectarse a internet o a servicios en la nube, compartiendo datos tanto con dispositivos dentro del vehículo como con otros externos.
 

La normativa propuesta hoy es el resultado de una investigación que Biden encargó en febrero al Departamento de Comercio para determinar si las importaciones de vehículos chinos suponían un riesgo para la seguridad nacional y si era necesario prohibir el uso de ese software y hardware en los vehículos que circulan en Estados Unidos.

Aunque inicialmente esta investigación solo abarcaba a China, posteriormente se amplió a Rusia por temor a que el Kremlin pudiera acceder a datos estadounidenses a través de empresas tecnológicas rusas, según explicó un alto funcionario que habló con la prensa bajo condición de anonimato.

Riesgo para infraestructuras críticas de EEUU

Como resultado de esa investigación, se concluyó que ciertas tecnologías de China y Rusia suponen un riesgo tanto para infraestructuras críticas de EE. UU., incluida la red eléctrica, como para los usuarios de estos vehículos, cuyos datos personales podrían verse comprometidos, desde su lugar de residencia hasta los destinos a los que se dirigen, como hospitales o clínicas.
 

Raimondo aseguró que se trata de “medidas proactivas”, ya que actualmente son pocos los vehículos chinos o rusos que circulan por las vías de Estados Unidos. “Lo que hemos visto en Europa es un ejemplo de lo que no hay que hacer. En Europa y en otros lugares del mundo, se pasó de pocos vehículos chinos a demasiados”, dijo.

“Conocemos la estrategia china, así que no vamos a esperar que el riesgo sea alto. Vamos a actuar ahora”, remarcó.

Vehículos con software o hardware de comunicaciones

La normativa busca específicamente prohibir la importación y venta de vehículos de China y Rusia que incluyan software o hardware de comunicaciones, como módulos Bluetooth, celulares, satelitales y wifi. También se prohibirán los vehículos altamente autónomos, es decir, aquellos que operan sin conductor.

Tras la publicación hoy de la propuesta, se abre un periodo de 30 días para que el público y las partes interesadas, como la industria automovilística, presenten comentarios. El objetivo es que la normativa entre en vigor antes del 20 de enero de 2025, cuando Biden deje la Casa Blanca, según explicó un alto funcionario que habló bajo condición de anonimato.

Aunque la norma entre en vigor en 2025, los fabricantes de automóviles dispondrán de un plazo para adaptarse. Las restricciones sobre software serán efectivas en los modelos de 2027, mientras que la prohibición sobre hardware comenzará en enero de 2029.
La propuesta se aplicará a todos los vehículos de carretera, como coches, camiones y autobuses, pero excluirá aquellos que no circulan por vías públicas, como los vehículos agrícolas o mineros.

SYDNEY and KUALA LUMPUR, Jun 22 2021 (IPS) - COVID-19 has become a “developing country pandemic”, retreating from the North’s mass vaccination. With developing countries heavily handicapped, the International Monetary Fund (IMF) warns of a “dangerous [new] divergence”.

Renewed North-South divide
The Economist believes death rates in developing countries are much higher than officially reported – 12 times more in low- and middle-income countries (LMICs), and 35 times greater in low-income countries (LICs)!

Rich countries’ ‘vaccine nationalism’ and protection of patent monopolies have only made things worse. After “passing round the begging bowl”, recent G7 promises by the world’s largest rich countries – including a billion vaccine doses – are “too little, too late”, as emerging details confirm.

Rich countries’ aid cuts during the pandemic have only rubbed salt into an open wound. Without meaningful debt relief by lenders, developing countries are falling further behind once again.

Borrow domestically
Now, developing countries must mobilise funds domestically for relief and recovery as foreign exchange is only needed to finance imports. Central bank governors have long agreed that “the scope for relying more on domestic markets, and less on international markets, is considerable”.

Government bonds issued for domestic borrowing are widely considered safe savings instruments. They thus also support and develop domestic capital markets, although limited incomes and savings ensured thin markets in most developing countries.

Hence, governments have to borrow from central banks to meet their financing needs. As government debt is denominated in the domestic currency, repayment is manageable. With borrowing from central banks contributing to a country’s money supply, governments can borrow as needed.

Central banks lend
Central bank financing of government borrowing for development expenditure is nothing new. It was widespread until restrained in recent decades by pressure from donors, financial markets and institutions, including the IMF and World Bank.

Instead, the new policy advice has promoted ‘central bank independence’, ‘inflation targeting’, ‘debt limits’, ‘balanced budgets’ and prohibiting direct borrowing from central banks.

After the 2008-2009 global financial crisis, rich countries pursued ‘unconventional’ monetary policies, with central banks buying government and corporate bonds. But few developing country governments have resorted to borrowing from central banks.

Even talk of such policies evokes fears of ‘runaway inflation’, unsustainable ‘debt build-up’, balance of payments crises and ‘crowding out’ the private sector. These concerns have limited such borrowing, unnecessarily constraining government spending.

Inflation bogeyman
Undoubtedly, ‘hyper-inflation’ – exceeding 35% to 40%, usually due to rare events such as war or state collapse – has adversely affected growth historically. But Indonesia and South Korea both grew at 7-8% annually for over two decades with double-digit inflation rates exceeding 10%.

Government spending is not the only alleged cause of inflation. Inflation may also be attributed to shortages, e.g., the pandemic has disrupted much production and supply.

Inflation is typically unavoidable in fast-growing economies experiencing rapid structural change as some sectors expand faster than others, with some even contracting.

Such inflation is likely to decline as economic imbalances, frictions and disruptions ease. Inflation, it should be remembered, is double-edged, also reducing debt burdens while encouraging spending, rather than saving.

Crowding-out or in?
Government spending is needed to keep economies ticking, especially as contemporary recessions are partly due to government policies to contain the pandemic. State inaction would only worsen mass unemployment, bankruptcies, etc.

When a government spends, the central bank credits the commercial bank accounts of recipients. Thus, expansionary fiscal policy augments private banks’ cash reserves.

This, in turn, increases market liquidity unless the authorities offset or ‘sterilise’ such effects, e.g., by selling government or central bank or short-term securities, or associated derivatives such as ‘re-purchase’ agreements.

Then, instead of pushing up interest rates, the central bank discount rate declines, exerting downward pressure on retail interest rates. Hence, claims that government spending ‘crowds out’ private investments tend to exaggerate.

And if a government borrows for infrastructure investment or skill development, overall productivity increases, and business costs decline. Hence, debt-financed infrastructure and public social investment would crowd-in, rather than crowd-out private investment.

Public expenditure can thus break the vicious circle of reduced spending and greater uncertainty. Also, government spending on healthcare, education, housing, infrastructure and the environment enhances sustainable development.

Balance of payments fears
Expansionary fiscal measures, thus financed by domestic borrowing, are said to worsen balance of payments problems in several ways. First, higher interest rates attract more capital inflows, causing the exchange rate to appreciate, making the country less export competitive.

Second, higher domestic demand implies more imports for both consumption and production. Third, rising inflationary pressures make domestic products more expensive and imports more attractive.

But such arguments against domestic debt-financed fiscal expansion contradict crowding-out claims. If such government expenditure reduces private spending, then excess demand will shrink, reducing inflation and balance of payments problems.

Governments can also use countervailing measures, such as restricting luxury imports and managing capital flows, to maintain a competitive exchange rate and promote exports.

Fighting windmills of the mind
Debt-GDP thresholds recommended by ‘international finance’ are not based on optimality or financial stability criteria. An IMF study emphasised that the so-called ‘debt limit’ “is not an absolute and immutable barrier … Nor should the limit be interpreted as being the optimal level of public debt”.

The 60% limit for developed countries was arbitrarily set. Presented as the upper bound for European Community countries, it was actually only the average debt-ratio for some powerful members, but not Italy and others!

The IMF’s 40% debt-GDP ratio limit for developing and emerging market economies is only for external, not domestic debt, and certainly not for total government debt, as often implied.

The Fund has acknowledged, “it bears emphasizing that a debt ratio above 40 percent of GDP by no means necessarily implies a crisis – indeed … there is an 80 percent probability of not having a crisis (even when the debt ratio exceeds 40 percent of GDP)”.

In fact, debt is deemed sustainable as long as national economic growth is greater than the interest rate. For international finance, debt sustainability concerns focus on external debt, typically denominated in foreign currencies.

Governments can more easily ‘roll over’ domestic currency debt, although interest costs may be higher. But borrowing in domestic currency should not enable fiscal irresponsibility.

Hence, the key challenge is to ensure the most effective and productive use of such borrowed funds. Pragmatism requires considering capacities, capabilities and checks against abuse and wastage.

Build forward better
Instead of ‘building back’ the unsustainable and unfair status quo ante before the pandemic, developing country governments should now selectively target government expenditure to ‘build forward better’, emphasising measures to achieve sustainable development.

Borrowing to finance recovery and reform should incorporate desirable changes, e.g., working in new ways, creating new activities, accelerating digitalisation, revitalising neglected sectors and enhancing sustainability.

Developing country governments must use appropriate measures to finance recovery programmes to fully realise the transformative potential of pandemic-induced recessions to build more resilient and inclusive economies.

All this requires policy and fiscal space. To progress, governments must reject the received policy wisdom that has kept them enthralled for decades.

Bolivia has structural and political conditions that allow it to be more resilient in the face of the world's food crisis in 2022. Bolivia's economic policy has allowed it to have an inflation rate of 1.79% and growth prospects of 3.9% as of June 2022, a scenario much different from that of its neighbours suffering from high inflation and stagnation. The basis of Bolivian growth is heterodox policies. Food sovereignty is its political positioning for facing the food crisis; it has been successful in Bolivia but is challenging to replicate in other countries.

The current Western food crisis is not only conjunctural but structural. Although the Covid-19 pandemic exacerbated this problem and the Russian-Ukrainian conflict brought it to the forefront of the press, the causes lie in the structure of food systems. The FAO pointed out in 2020 that the problem of hunger in underdeveloped countries has to do with economic access to food, i.e. personal income.

Food insecurity in Latin America and the Caribbean is related to economic inequality, dependency, political economy and climate change problems. Neoliberal economic policies brought about the liberalization and financialization of agriculture. With the market economy, Latin American governments abandoned transfers to the countryside, and the technification of the country passed into the hands of the agroindustry. It made the region more vulnerable to externalities such as imported inflation, depreciation of national currencies and changes in international prices of agrifood products.

            Bolivia drastically changed its economic policy with the Movimiento Al Socialismo (MAS) coming to power in 2005 and a new constitution in 2009. The Central Bank controls the exchange rate; since 2011, one USD has been equivalent to 6.86 bolivianos. As a result, the Bolivian economy has been de-dollarized, the national currency has gained confidence, and it keeps a low level of external indebtedness. The problems are the level of reserves due to high imported consumption and the accumulation of inflation.

The nationalization of hydrocarbons in 2006 and the fixed exchange rate increased Bolivia's income, mainly from the sale of natural gas to Argentina and Brazil; its GDP between 2005 and 2019 doubled from 19,355 million dollars to 37,365 million dollars. The redistributive and transfer policies promoted by MAS reduced extreme poverty from 37% of the population in 2005 to 13.5% in 2020. It was decisive in improving food security conditions in the country.

In Bolivia, food security policies go hand in hand with food sovereignty. The substantial difference between one category and the other is the right claimed by indigenous-peasant peoples to define their food production, distribution and consumption strategies. Food security with sovereignty (FSS) implies privileging small farm ownership and production for the domestic market. The Bolivian government established a trade policy that, together with the country's geography, limits the import of agrifood products and, at the same time, produces a small volume of exports to neighbouring countries. 

Under the guidance of the FSS policies, the prevalence of undernourishment went from 28% in 2005 to 12% in 2020. Undernourishment is an indicator used by FAO to measure hunger. Although Bolivia is still far from eradicating it, progress is significant in this period.

FSS is a political stance against agroindustry production under neoliberalism, and they actively promote it at the regional level. In the OAS, the United States and Canada label food sovereignty as protectionism. In contrast, in the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA), FSS is seen as a tool for achieving greater autonomy from Washington and the international food markets.

            In the growing context of bipolar multilateralism and the crisis of U.S. hegemony, FSS is politically relevant for the region's countries. It implies an explicit antagonism to the Western international organisation’s vision of how to deal with the food crisis; however, the Bolivian case is hardly replicable in other LAC states.

The geography, economic policy and socio-cultural characteristics of the Andean country made it possible to establish FSS in its public policies. In addition, its capital account management and fixed exchange rate reduce vulnerability to externalities that could impact inflation and, therefore, access to food. The Bolivian economy faces two substantial challenges from 2022 onwards: increasing its levels of international reserves and reducing its excessive dependence on the primary sector.

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En Bolivia existen condiciones estructurales y políticas que le permiten mayor resiliencia frente a la crisis alimentaria que enfrenta el mundo en 2022. La política económica boliviana le ha permitido que, a junio de 2022, tenga una tasa de inflación de 1.79% y perspectivas de crecimiento de 3.9%; un escenario distinto al de sus vecinos. El crecimiento boliviano se ha basado en políticas heterodoxas. La soberanía alimentaria es un posicionamiento político sobre cómo afrontar la crisis alimentaria; ha tenido éxito en Bolivia, pero es difícilmente replicable en otros países. 

La actual crisis alimentaria occidental no solo es coyuntural, sino estructural. Si bien la pandemia de Covid-19 agudizó esta problemática y el conflicto ruso-ucraniano la puso en boga en la prensa, las causas están en la estructura de los sistemas alimentarios. La FAO señaló en 2020 que el problema del hambre en países subdesarrollados tiene que ver con el acceso económico a los alimentos.

La inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe está relacionada con problemas de desigualdad económica, dependencia, economía política y cambio climático. Las políticas económicas neoliberales instauraron la liberalización y financiarización de la agricultura. Con el neoliberalismo, los gobiernos latinoamericanos abandonaron las transferencias al campo, y la tecnificación de éste pasó a manos del capital agroindustrial. Esto causó que la región quedase más vulnerable ante externalidades como la inflación importada, la depreciación de las monedas nacionales y los cambios en los precios internacionales de productos agroalimentarios.

            Bolivia cambió drásticamente su política económica con la llegada al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2005 y una nueva constitución en 2009. El tipo de cambio es controlado por el Banco Central; desde 2011 un USD equivale a 6.86 bolivianos. Como resultado, la economía boliviana se ha desdolarizado, la moneda nacional ganado confianza y se mantiene un bajo nivel de endeudamiento externo. Los problemas son el nivel de reservas por el alto consumo importado y la acumulación de la inflación.

La nacionalización de los hidrocarburos en 2006, aunado al tipo de cambio fijo, aumentó los ingresos de Bolivia, principalmente por la venta de gas natural a Argentina y Brasil; su PIB entre 2005 y 2019 creció a un promedio de 5% anual, pasó de 19,355 mdd a 37, 365 mdd. Las políticas redistributivas y de transferencias impulsadas por el MAS redujeron la pobreza extrema de 37% de la población en 2005, a 13.5% en 2020. Lo anterior fue determinante para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria en el país.

En Bolivia las políticas de seguridad alimentaria van de la mano de la soberanía alimentaria. La diferencia sustancial entre una categoría y otra es el derecho que reclaman los pueblos indígena-campesinos para definir sus propias estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos. La seguridad con soberanía alimentaria (SSA) implica privilegiar la pequeña propiedad agrícola y la producción para el mercado interno. El gobierno boliviano estableció una política comercial que, aunado a la geografía del país, limita la importación de productos agroalimenticios y al mismo tiempo se está produciendo una pequeña exportación de éstos a los países vecinos.  

El crecimiento de la economía boliviana y las políticas de transferencias bajo la directriz de la SSA causaron que la prevalencia de la subalimentación, indicador utilizado por la FAO para medir el hambre, disminuyera de 28% en 2005 a 12% en 2020. Si bien Bolivia aún está lejos de erradicar este problema, el avance es significativo por el tiempo en el que lo lograron.

La SSA es un posicionamiento político frente a la producción agroindustrial en el neoliberalismo. Bolivia promueve activamente esta categoría a nivel regional. En la OEA, Estados Unidos y Canadá tildan a la soberanía alimentaria de proteccionismo. En cambio, en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la SSA es vista como una herramienta para conseguir mayor autonomía con respecto a Washington.

            En el contexto del multilateralismo bipolar y la crisis de la hegemonía estadounidense en ALC, la SSA es políticamente relevante para los países de la región. Esta supone un antagonismo explícito a la visión de la organización internacional occidental sobre cómo afrontar la crisis alimentaria; sin embargo, el caso boliviano es difícilmente replicable en otros Estados de ALC.

La geografía, la política económica y las características socioculturales del país andino hicieron posible la instauración de la SSA en sus políticas públicas. Además, su cuenta de capitales cerrada y el tipo de cambio fijo reducen la vulnerabilidad frente a externalidades que pudieran impactar en la inflación y, por tanto, en el acceso a alimentos. Para sostener esto, la economía boliviana se enfrenta a dos retos sustanciales: aumentar sus niveles de reservas internacionales y disminuir su excesiva dependencia del sector primario.

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Cualquiera que sea el desenlace inmediato de la más profunda y prolongada crisis que el país ha vivido, Brasil no saldrá igual, nunca más será el mismo que fue. Será mejor o peor, pero nunca más el mismo. La crisis devastó la credibilidad de todo el sistema político, liquidó la legitimidad del Congreso, propagó la falta de creencia en el Sistema Judicial e hizo que el pueblo sepa que no basta votar y ganar cuatro elecciones para que el mandato presidencial sea respetado. En resumen, lo que se creía que el país tenía como República, se terminó. Lo que se difundía que era un sistema político democrático, ya no sobrevivirá. O bien Brasil construye una democracia sólida – para lo cual el Congreso actual, esta Justicia, este monopolio de los medios de comunicación no podrán seguir existiendo como ahora – o el país deja realmente de vivir en democracia.

La derecha brasileña muestra su cara sin eufemismos. Al inicio alegaba que se trataría de un proyecto para “reunificar el país”, supuestamente dividido por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Se valía de la pérdida de popularidad del gobierno Dilma, así como del Congreso más conservador y descalificado que el país ha tenido, como también del rol escandaloso y ya sin ningún pundonor de los viejos medios de comunicación, para destruir la democracia política que hemos tenido y promover un gobierno antidemocrático, antipopular y antinacional.

Muy rápidamente fue posible constatar que se trata simplemente de lo que se denunciaba por toda la región: el proyecto de restauración del modelo fracasado en los años 1990 con Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, por un gobierno golpista y minoritario, contra el pueblo, contra la democracia y contra el país.

 ¿Cómo se va a pronunciar el Supremo Tribunal Federal sobre cualquier tema, si ha callado frente al golpe, puesto en práctica bajo sus narices, presidido en el Senado por su Presidente, que apoya todas las brutales ilegalidades que se practican? ¿De qué sirve una Justicia, un STF, que no está para impedir que un crimen en contra de la democracia sea perpetrado por el Congreso? Lo que hay es un silencio cómplice, mezclado con un vergonzoso aumento del 41% de sus salarios, concedido públicamente – con fotos en los periódicos -, por Eduardo Cunha, el político más corrupto del país, cuya impunidad solo se da por la complicidad de los que deberían punir, así como a tantos otros miembros del gobierno, incluso el presidente interino. Ya no habrá democracia en Brasil sin un Sistema Judicial elegido y controlado por la ciudadanía, con mandatos limitados y poderes circunscritos.

 No habrá democracia en Brasil sin un Congreso efectivamente elegido y sin financiamiento privado, sin que represente a los lobbies elegidos por el poder del dinero. Un Congreso democrático tiene que estar fundado en el voto condicionado, por el cual los electores controlen aquellos en quienes han votado y que se comprometan con un programa y con un partido determinado.

 En una democracia, todos tienen el derecho a la voz, la opinión pública no puede ser fabricada por algunas familias, que imponen su punto de vista al país, como si pudieran hablar en nombre del país, aun cuando han perdido cuatro elecciones presidenciales consecutivas. Nadie debe perder el derecho a hablar, pero todos deben tener el derecho a expresarse, sino, no se trata de una democracia, sino de la dictadura de una minoría oligárquica.

 En una democracia un impostor no podría haber asumido la presidencia, aunque interina, por un golpe e imponer el programa económico derrotado cuatro veces sucesivamente, incluso en dos veces en que ese golpista estuvo en la lista vencedora, con un programa radicalmente opuesto al vencedor. Si ello ocurre, es porque la democracia fue herida de muerte, la voluntad de la mayoría fue desconocida.

 Si el golpismo triunfa en el Senado brasileño, será necesario hacer que pague duramente el precio del atentado que está perpetrando. Que sus proyectos fracasen, que la vida de sus componentes se vuelva insoportable, que su banda de ladrones sea víctima de la ingobernabilidad. Que se ocupe y se resista en todos los espacios del gobierno ilegítimo, antidemocrático, antipopular y antinacional.

 Es parte indisoluble de la resistencia democrática impedir cualquiera acción en contra de Lula, que representa los anhelos mayoritarios del pueblo brasileño, conforme las mismas encuestas que los golpistas han utilizado para buscar legitimidad popular, apuntan. Esta será la señal de que sobreviven espacios democráticos o no. Si logran blindar de tal forma su gobierno y constitucionalizar el neoliberalismo, habrán enterrado definitivamente cualquier señal de democracia en Brasil. En ese caso ellos tendrán el mismo destino de sus antecesores: serán tumbados, derrotados, execrados y un nuevo tribunal de la verdad los juzgará y los condenará por crimen en contra de la democracia. Serán derrotados por el pueblo, por la democracia, por el país, que construirán una democracia de verdad en Brasil.

Since 23 June 2016, through a referendum with less than 2% difference, the British population decided to leave the European Union (EU). After more than four years of negotiations, two Prime Ministers, three exit plans, and repeated extensions, the Brexit transition period ended on 1 January 2021. Britain's exit from the European Union implies changes in the structure of the world economy. In light of its first months, we will present the UK's economic conditions vis-à-vis the international market, where it stands vis-à-vis the European Union, and what implications it has begun to have on the world economy.

Formally, the UK ceased to be a member of the EU on 1 February 2020. Since then, Brexit entered a transition period, over which it continued under EU rules but lost its say. A deadline of 31 December 2020 was agreed to resolve the final exit measures. From 1 January 2021, amid the COVID-19 health crisis, the UK also ceased to be governed by EU law. At the end of 2020, its gross domestic product (GDP) was, according to International Monetary Fund (IMF) estimates, the fifth largest economy (ninth in purchasing power parity terms). It was, however, hard hit by the COVID19 crisis, with a -10% of GDP contraction, the largest of the G7 countries.

The Brexit negotiations achieved a free trade agreement on goods at the last minute, one week before its implementation. It was essential given its external market concentrates 54% of its exports in Europe, 24% in Asia, and 15% in the United States. A similar proportion is present in its imports: 62% come from Europe, 20% from Asia, and 12% from the United States. Latin America accounts for 1.73% of its exports and 1.41% of its imports. The agreement determined, however, that Brexit would maintain free trade under certain conditions. The agreement defined a minimum origin content of 50% to be tariff-free, which conditions the options for diversifying its market. On the other hand, its exit from the EU implied the reinstallation of customs offices that, although they do not yet operate with tariff schedules, function as review points for foreign trade content between the two parties, which has slowed down the traffic of goods.

During the Brexit negotiations, it signed 59 trade agreements with non-European countries, including the UK-Japan agreement. In Latin America, it also reaffirmed the partners it had via the EU. (see chart). A key element in the Brexit free trade agreement is that it did not incorporate financial services.  Financial activity in the UK, concentrated mainly in the City of London, represents more than 6.9% of GDP; and if one considers UK banking in the Caribbean Islands, the proportion is even higher. London has been the world's largest financial market since the 16th century.

More than 300 firms have started to locate outside the UK, especially in Europe. Dublin is the leading destination for financial asset markets, Frankfurt and Paris for the banking system, and Amsterdam for foreign exchange operations. With all this, the UK may be badly affected. However, this transformation in the financial system redefines intra-European positions; even more importantly, it contributes to the business shift to Asian markets.

According to the Global Financial Centres Index (GFCI), which measures the competitiveness of financial markets based on the business environment, financial sector development, market infrastructure, human capital, and other general factors, the centrality of Asian markets is increasing. By 2016, the global leading financial market was still London, followed by New York and by far Singapore and Hong Kong. By the end of 2020, already under Brexit, the City of London moved into second place, New York leads, and the gap with Asian financial markets has narrowed in terms of capitalisation value.

In its first few months, the consequences of Brexit were felt both internally and externally. It is clear that, although the exit succeeded, negotiations between the UK and the EU will have to continue for a long time. There are growing internal political problems, tensions over Ireland's borders, Scotland's pro-European stance, and mobility difficulties between the EU and the island.

The project of British reindustrialisation and economic independence from Europe, via Brexit, has encountered some significant limits; the very high financialisation, deep trade dependence, and lack of productive competitiveness. Britain and the EU face, in common, a long period of low growth and loss of leadership, and the outcome of the subsequent negotiations between the two will be fundamental in defining Europe's new role in the world economy. 

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In May 2021, President Joseph Biden released his proposed U.S. budget for 2022, where he outlines spending levels for the next ten years. The proposal focuses on the Build Back Better (BBB) plan encompassing rescue, recovery, and rebuilding. Since its release, the program has been modified during congressional negotiations throughout the year, as the actual cost of some policies could prove to be excessive. This article discusses the most recent version of the BBB, what remains of the original proposal, and its impact on the U.S. economy.

The BBB published in May 2021 on the White House website dictates a series of spending and investments worth more than $6 trillion aiming at sustained economic growth and increasing productivity to compete with China and other countries in the world. The original BBB (more) had three components. First, with a $1.9 trillion expenditure, the Rescue Plan to supplement household income, the safe resumption of economic activities, and strengthen the vaccination program. Secondly, a Labour Plan with a $2.3 trillion investment in construction, civil infrastructure and clean energy research. Finally, a Family Plan with a $1.8 trillion expenditure in education, medical and health care, child care and tax reform.

In August 2021, however, the U.S. Congress took up a concurrent resolution for the BBB plan after months of negotiations, published on the Congressional website. It agreed to reduce the plan's resources from $6 trillion to $3.5 trillion, a decrease of more than 40% of the proposed amount. The new total of $3.5 trillion had, in turn, three components. Congress allocated the major expenditures firstly to the Finance Committee with 51% to invest in families, ageing and the environment. Secondly, 21% for the Health, Education, Labour and Pensions Committee, with priority on investment in preschool and college education, expansion of health coverage and investment in gender equity; and thirdly, the 28% remaining balance, allocated to housing and urban affairs, with little spending on science, technology, energy and natural resources.

In November 2021, the latter structure was again modified for a second time in the Build Back Better reconciliation legislation, the outcome of which is awaiting a vote in the House of Representatives. As outlined in the Committee for a Responsible Budget (CRFB) paper, based on preliminary White House figures, the plan stands at $2.4 trillion in spending through 2031, a further 44% reduction on the first adjustment. It leaves BBB 60% below the original proposal. However, the amount remains subject to change as negotiations continue, and there may be unanticipated changes in some appropriated funds and changes in the total cost of immigration reform.

In this new set of spending, 26% goes to "family benefits," including universal pre-kindergarten, a child care program, and a family and medical leave program; 24% on "climate and climate infrastructure" to advance the energy transition, climate research, and combat climate change. The remainder is distributed across health care to extend health care coverage (15%), the state and local tax deduction (13%), individual tax credits and tax cuts, primarily the child tax credit (9%), and home construction.

The U.S. government's constant deficit has not favoured the country's economic growth. The increase in public debt at an average annual rate of 7% between 2010 and 2021 resulted in a 1.9% GDP annual growth rate over the same period. According to congressional resolution estimates, its growing debt issuance will continue. However, with the BBB plan and the already approved Infrastructure Bill, the government will try to reverse this situation, creating favourable conditions for sustained economic growth and social development by stimulating effective demand and its effect on consumption multipliers and public investment.

Suppose the third Build Back Better plan is approved. In that case, the question is not only whether these expenditures and investments impact national income and are capable of stimulating private investment amid the post-pandemic recovery. The U.S. must also solve the financing problem plaguing public finances. If it maintains high levels of public debt growth, dollar depreciation and inflation will be far from a transitory problem. Even if its policies allow the U.S. economy to grow in the coming years, it still cannot compete with China because of high costs. At some point, it will have to address its structural flaws to recover macroeconomic equilibrium.

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Geneva, 6 Apr (Chakravarthi Raghavan*) -- It is nearly four months since the SARS-CoV-2 virus and the highly infectious upper respiratory COVID-19 disease it spawned, made its appearance and rapidly spread across the world, resulting in world-wide lock-downs, quarantines and isolation of individuals and families.

The initial cases of respiratory disease and of pneumonia in some appear to have been detected in Wuhan province of China by medical personnel there, perhaps in September last year. And initially the novelty or extent of the virus outbreak was perhaps not known, but the presence of a new virus began to be suspected. Experts from the central health ministry in Beijing were alerted and rushed to the scene, looking unsuccessfully for traces of the virus among bats in caves. In any case it was not initially publicised and made known to the World Health Organisation (WHO) in Geneva. It was perhaps only in December that the anti-bodies among recovered patients and the RNA of the virus was found. Only around end 2019, when deaths began to occur, did China make it public, notified the WHO, and quickly shared the RNA with the WHO and some research labs abroad.

The Chinese news agency Xinhua has now established and made public late on 6 April a time-line of the occurrence and various steps taken. Perhaps it is only an independent investigation that would be able to clear the air, and prove or disprove allegations swirling around about the WHO and its leadership and alleged links with China.

While the US and the West have accused China over its failure to immediately recognise and notify the WHO of this new coronavirus, it took the United States, under the Ronald Reagan administration, three years, from the time the California medicos discovered the new human immunodeficiency virus and the AIDS disease afflicting the gay community there, before the US acknowledged and notified the WHO and began adopting precautionary measures and promoting use of condoms.

In the interregnum, AIDS had spread across the country, affecting both homo- and hetero-sexual couples, and across the globe too.

The origins of COVID-19, as a natural mutation, as many expert epidemiologists think, or some bio-experiment gone awry as some strategists in the West claim, and the role, if any, of the WHO, remain to be independently investigated and made known.

This though has not prevented everyone to jump in and publish their views on this, muddying up the waters.

Before absolving this or that nation, critics might do well to look at past incidents of foreign funded research projects, under the sponsorship allegedly of the WHO and other UN system organizations. **

COVID-19 has brought to the fore the extreme fragility of the world order and the thin veneer of our civilization and its much vaunted human solidarity, behind which the law of the jungle prevails.

Countries and their rulers present a sordid picture of attempting politics as usual, finger pointing at each other for blame, and engaging in competitive efforts to find cures and vaccines for exclusive use and thus to dominate global rivals, and enable domestic enterprises to secure monopolistic profits, at the expense of human life.

In sharp contrast, research institutions and the scientists manning them across the world, have set aside rivalries to be the first to discover a vaccine and publish the findings under their own names, and instead are joining hands to understand the nature and characteristics of this new virus and finding vaccines to counter it as well as curative medicines to treat it.

And in both cases, weeks and months of strenuous efforts, and testing without external un-scientific pressures, and under strictly controlled conditions, for efficacy and hidden hazards in each case, are ahead.

And those political masters and/or business interests attempting short-cuts, might do well to remember the thalidomide disaster that ensued in the past.

Meanwhile, after the Thatcher-Reagan counter-revolution and four decades of deliberate dismantling of the State from the public health sector, as from other sectors of governance in countries ensuring public goods for welfare and health, doctors and medical aides in hospitals and public or private clinics are trying to cope with an impossible situation, with lack of basic equipment and precautionary facilities, for attending to the daily increasing influx of patients, young and old, struck by COVID-19 and needing medical attention.

As some doctors in Europe have helplessly confessed and bemoaned in private, they have been forced to disregard their Hippocratic oaths and PLAY God as to whom to try and treat and save and whom to allow to die, giving them only some palliative care.

As veteran Indian columnist and commentator, T.J.S. George, puts it, "an invisible invader (SARS-CoV-2), just ten-thousandth of a millimeter in diameter, has turned us all into helpless nobodies."

(https://www.newindianexpress.com/opinions/columns/t-j-s-george/2020/apr/...)

Once China had made public information about the new virus and quickly made available to WHO and others the RNA from patients who had suffered and recovered (thus accelerating efforts to find vaccines), neighbouring countries (South Korea, Taiwan, Singapore et al) took note, and put into effect quarantines, testing and tracing of patients and those whom they had been in contact with, to control and prevent community spread and infection.

They have been reasonably successful. Perhaps it has been the West's belief in Exceptionalism, and/or racial and cultural prejudices that stood in the way of learning from the experience of these Asian countries. [see Mukul Kesavan, (https://www.telegraphindia.com/opinion/fatal-exceptionalism-and-lack-of-...)].

But the US and Europe initially neglected the impending crisis, resulting in both emerging as epicentres of the pandemic, still spreading amidst predictions of intensification and casualties.

Despite many obstacles and distractions, and the attempts of non-medicals to influence State policies (by the likes of Giulianis and the Jared Kushners with the US President Donald Trump), the scientists and their collaborative efforts will sooner or later find vaccines and medicines to counter COVID-19.

Its general availability at affordable prices across the world though will require intense global civil society mobilisation and pressures to prevail over the greed of Big Pharma and corporations and political attempts of some rulers to prevail over their rivals in other countries.

What would the world be like after COVID-19 is brought under control, and there is some return to reasonable normalcy? What effect will it have on the world political, security, economic and social order and life? Will it be business as usual or something else?

How would it affect the current economic order, namely globalization (that Henry Kissinger suggested at Trinity College in Dublin, as US domination by another name, cited in Raghavan, Third World in Third Millennium CE, Vol 1, pp 224-225)?

Would it end as some in the Third World like Walden Bello, in the Philippines, think, or just go on as before?

Gautama, before he became and was acknowledged as The Buddha, responded to the query about the greatest wonder of the world, thus: "Man is the Greatest wonder, for he sees before him every day men becoming old and dying, but thinks he himself will be immortal (cited in Raghavan, Vol 1, Third World in Third Millennium CE, pp 224-225).

[** For the record, there are two reports of the Public Accounts Committee of the Indian Parliament dating back to the 1970s, the PAC Report 167 of 1975 (PAC_5_167) and PAC Report 200 of 1976 (PAC_5_200) (https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/4081/1/pac_5_167_1975.pdf

#search=null%2005%20Public%20Accounts%20Committee) and (https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/4132/1/pac_5_200_1976.pdf

#search=null%2005%20Public%20Accounts%20Committee)

[Disclosure: the writer was Chief Editor of the Press Trust of India when its Science Correspondent, K. S. Jayaraman, wrote the investigative reports, leading to the two PAC Reports. SUNS]

(* Chakravarthi Raghavan is the Editor Emeritus of the SUNS.)

La pandemia de coronavirus está teniendo un alto costo en vidas humanas, causando gran sufrimiento e incertidumbre en nuestras sociedades. Se trata de una crisis de salud pública sin precedentes en la historia reciente que está poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta colectiva.

La crisis del COVID-19 ha dejado al descubierto las debilidades de nuestros sistemas de salud, desde el número de camas de cuidados intensivos hasta el número de personal médico y de enfermería, la incapacidad para suministrar suficientes mascarillas y realizar pruebas en algunos países, y las lagunas en la investigación y el suministro de fármacos y vacunas.

Frente a este desafío, hay algo que no debemos perder de vista: la única forma de reactivar nuestras economías de manera rápida y contundente es a través de acciones inmediatas, coordinadas y a gran escala. Necesitamos liderazgo, conocimiento y un nivel de ambición similar al del Plan Marshall, por el que se creó la OCDE, y una visión como la que inspiró el New Deal, pero a escala planetaria.

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La economía mundial está atravesando desde hace varios años por cambios estructurales en actividades económicas como la producción, el sector financiero y el comercial. Estos cambios se han visto agravados por el Coronavirus, por lo que la situación en la que se en- cuentra el mundo es delicada. El caso de México no es la excepción, la crisis provocó fuertes cambios, así como nuevos panoramas. La severidad con la que golpeó la crisis al país está reflejada en una caída histórica del PIB, agudización de pobreza, aumento de la informalidad, rezago educativo entre otros, por otro lado, la relación México-Estados Unidos también cuenta con una serie de cambios y nuevos retos. El futuro es incierto para México debido a la incógnita que representa el papel de China en la economía de América del Norte, tam- bién es urgente una mejor las cadenas globales de va- lor y generar mejoras internas que resulten en una recu- peración económica.

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China muestra su "descontento y oposición" a los aranceles impuestos por Canadá

Pekín deploró enérgicamente y lamentó las medidas anunciadas recientemente por Canadá de imponer aranceles adicionales y otras medidas restrictivas a los vehículos eléctricos y a los productos de acero y aluminio importados desde el país asiático. Además, instó a Ottawa a corregir "inmediatamente" esta "decisión errónea".

"La medida adoptada por la parte canadiense ignora los hechos, no respeta las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y va en contra de la tendencia histórica", señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, en conferencia de prensa.

"Esta típica medida proteccionista perturba las relaciones comerciales entre China y Canadá, perjudica los intereses de las empresas y los consumidores canadienses y no beneficia en nada al proceso de transición ecológica de Canadá ni al esfuerzo mundial de respuesta al cambio climático. China lo lamenta y se opone a ello", afirmó el vocero de la Cancillería del país asiático.

Lin afirmó que las subvenciones no generan competitividad industrial y el proteccionismo no protege más que el atraso con el futuro como coste.

"El rápido desarrollo de la industria china de vehículos eléctricos es el resultado de una innovación tecnológica persistente, de unas cadenas industriales y de suministro bien establecidas y de la plena competencia del mercado. Esto es lo que ocurre cuando nuestras ventajas comparativas proporcionan exactamente lo que el mercado necesita", dijo Lin.

El portavoz gubernamental llamó a Canadá a respetar las normas de la OMC, corregir de inmediato sus "decisión errónea" y dejar de politizar las cuestiones comerciales.

"China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas", dijo Lin.

El 27 de agosto, Ottawa anunció las medidas con respecto a la importación de los productos chinos, horas después de una reunión entre Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

La medida entrará en vigor el próximo 1 de octubre y afectará a los vehículos eléctricos y algunos modelos híbridos de transporte de pasajeros, de uso particular, transporte y de reparto.

La Cumbre del G20 de este año se llevará a cabo en Argentina del 30 de noviembre al 1 de diciembre. Como de costumbre se eligen temas prioritarios en los cuales se centrará la discusión, hay tres ejes en la agenda para este año: el futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible.

Una pregunta que surge naturalmente es, si realmente los acuerdos a los que se llegan en este tipo de reuniones tienen un impacto significativo. Entre los acuerdos a los que se han llegado en las últimas dos cumbres están: una mayor cooperación para combatir la evasión fiscal, favorecer políticas que repartan los beneficios de la globalización y limitar el proteccionismo, el primero de ellos en Hangzhou 2016 y los últimos dos en Hamburgo 20171.

En general, se podría decir que en cuanto a los acuerdos mencionados no se ha avanzado mucho. De hecho, se observa que la polarización entre ricos y pobres se agudiza cada vez más y aunque este problema se puede ver desde una perspectiva avanzados-emergentes se da incluso al interior de las mismas naciones. Las políticas adoptadas parecen estériles ante aspectos fundamentales que alimentan esta tendencia negativa.

América Latina es precisamente una de las regiones con mayores niveles de desigualdad, al respecto CEPAL, presentó este año La ineficiencia de la desigualdad2, trabajo en el cual se mencionan factores que han determinado la desigualdad en la región. En este contexto, los países latinoamericanos deberían mostrar una postura firme y clara respecto a este y otros problemas que los aquejan.

Resulta difícil encontrar una postura clara por parte de Argentina, Brasil y México. El primero por la situación que atraviesa actualmente, pues después de Venezuela es el país que mayores problemas ha enfrentado en su economía por lo cual parece no tener mucha autoridad ni presencia para asumir una postura de liderazgo.

De ahí la importancia de poner en la mesa de análisis temas como la normalización de la política monetaria y sus implicaciones. Si bien los fundamentos macroeconómicos son los que terminan denotando casos como el argentino, no es el único país que ha presentado problemas a partir del incremento de la tasa de interés en EEUU.

En cuanto a México y Brasil, ambos países están en un proceso de cambio de gobierno. El 1 de diciembre toma protesta el presidente electo en México y su homólogo brasileño lo hace el 1 de enero de 2019. Esto deja un vacío en cuanto a la postura de ambos países en el G20. Si bien el primero de ellos celebrará la firma del T-MEC con EEUU y Canadá, parece ser más simbólico que real3.

Por otro lado, cuando nos enfocamos en el proteccionismo se puede decir con toda certeza que el 2018 ha sido el año en el que se ha llevado la mayor guerra comercial de la historia4. En particular este tema debería ocupar a China y lo más probable es que así sea. Hasta esta semana se anunció que el encuentro entre Trump y Xi Jinping sí se llevará a cabo.

Si bien parece que algunas declaraciones del asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow, no resultan nada moderadas5, se debe recordar que desde septiembre se estableció que los aranceles de 10% a 5,745 productos chinos aumentarían al 25% el 1 de enero de 2019. Las declaraciones más recientes por parte de Trump serían los aranceles que se estarían imponiendo a productos Apple importados de China, donde se evaluaría en función de los avances en las negociaciones del país asiático y en la sensibilidad de los consumidores estadounidenses de dichos productos6.

Se espera que la postura China sea contundente en cuanto a este tema. Se ha dejado ver que el país asiático está dispuesto a abrir más su comercio7, si bien por el lado estadounidense no se espera mucha flexibilidad. Lo más probable es que continúen creciendo las sanciones si no se cumplen algunas garantías que se exigen en cuanto a comercio tecnológico que están en el fondo de esta guerra.

Cabe mencionar que en la agenda de la cumbre del G20 existen apartados secundarios, entre los que están: fortaleciendo nuestra gobernanza financiera y continuando el trabajo hacia un sistema financiero fuerte y sostenible se verán temas como los flujos de capitales, riesgos asociados a la volatilidad y el problema de las instituciones demasiado grandes para quebrar. Estos temas deberían ocupar un lugar más importante en una reunión como el G20 dada la coyuntura mundial.

Los niveles de deuda, incertidumbre en cuanto a políticas, una mayor inestabilidad en el sistema financiero, incrementos en la tasa de interés, entre otros8 muestran la urgencia de mirar dichos temas. Todo este escenario podría estar generando la antesala de la próxima crisis mundial, la cual podría ocurrir en 2020, pues no resulta tan difícil diagnosticar un quiebre mirando todos esos síntomas.

1 https://www.g20.org

2 Insertar link del documento en Obela.org

3 http://www.obela.org/analisis/el-g20-de-buenos-aires

4 http://obela.org/investigacion/otros/guerra-comercial-eeuu-china/

5 https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-kudlow/white-house-di...

6 https://www.wsj.com/articles/trump-expects-to-move-ahead-with-boost-on-c...

7 https://expansion.mx/mundo/2018/11/06/eu-y-china-comienzan-su-acercamien...

8 http://obela.org/analisis/problemas-de-deuda-rondan-nuevamente

The outbreak of COVID-19 began in China at the end of December 2019, the quarantine and lockdown were in January, and the social distancing initiated in March 2020. These health provisions reverted the national economy for the first time in almost three decades. They pushed some Global Value Chains out of business, mainly pharmaceuticals, automobiles, aeronautics, electronics, and telecommunications. Faced with the problem, the Chinese Government immediately implemented policies to hold the economy from collapsing. What happened to the economy during the pandemic? Has it recovered?

Xi Jinping's administration has been on the job to combat COVID-19 since January 2020. Since late January, his Government's policy initiatives have mainly focused on health, such as constructing new hospitals, health care goods production, and quarantine measures. The people's health care holds a sizeable economical cost, chiefly since production ground to a halt. The Ministry of Finance immediately used fiscal policy instruments and the Central Bank monetary ones to cushion the fall.

From February through to August this year, the Central Bank placed 5.8 billion yuan with open market operations. The measure intended to maintain the liquidity of the banking system during the pandemic. The first and largest monetary policy stimulus package occurred in February, with 1.7 trillion yuan allocated to strategic companies. Medical supply manufacturers received credit lines, as did SMEs and agricultural companies as well. Finally, there was a one-year bank loan payment deferment until March 2021.

As for fiscal policy, the Ministry of Finance injected 4.5% of GDP on May 28. This package went for unemployment insurance, infrastructure, and price subsidies. Other budgetary provisions included tax deferrals for small and family businesses and exemptions for households from value-added taxes. These shots helped the country's macro-economy and kept poverty at bay when the rest of the world has growing poverty.

Over the past three years, the economy had an average of 6,4 per cent growth per quarter annualised, but it fell by -7 percent in the first quarter of 2020. It was a -13,4 percent turnaround and the country's foremost economic contraction in nearly three decades. However, the second quarter of 2020 already observed an impressive 3% growth with a V-shaped recovery in the making. Economic policy actions certainly cushioned the fall. Timely fiscal and monetary stimuli did not allow for a more considerable drop in consumption and investment within the country.

The purchasing manager's index (PMI) shows the macroeconomic situation based on companies' surveys on production, employment, foreign trade, and new orders. When the index is over 50, the economy is expanding, and when under, it is contracting. There exist two PMI's, a manufacturing and a non-manufacturing one, and both collapsed in February, reaching the first one reaching 35.7 and the second 29.6. The collapse of the last one was more dramatic, given unemployment in services. It is remarkable that they are both now above their pre-summer level. The non-manufacturing sector is on a faster upward trend.

International trade also shows a fall and a recovery. Chinese exports to the whole world fell dramatically in February when the world economy entered a recessionary state. However, exports to Latin America, bounced back in March and are still on an upward trend, not reaching yet the levels previous to the pandemic. Meanwhile, Latin American imports never fell radically given they are raw materials such as soya, copper, meat, and other types of minerals.

What is thought-provoking is the Asian giant's trade with the USA. After an agitated two years due to the trade war, a formal agreement was reached in January 2020 to cease hostilities. The result is that China's trade with the US is reduced on the import side; that is, the Asian partner is no longer buying as much from the US, with the pandemic having further deepened the trend. Surprisingly exports observed a very marked "V" shaped recovery, unexpectedly bringing in an even more massive US trade deficit with China than before the war. The US sells less and buys more from this economic giant at the end of two years of a trade war. The trade war has not changed the US purchasing pattern, and so, according to the US Census, it now has a more massive deficit than in 2018.

Finally, there is a Chinese economy recovery in terms of GDP and PMI. The immediate and correct economic policy actions have mitigated the fall and boosted the recovery. Its trade dynamics are also recovering, and in particular, exports to the US are burgeoning. Currently, the Asian country's economic dynamics is not induced by international trade but rather by the domestic market, making it the only country globally with a reliable V-shaped recovery with annualised quarterly real growth in 2020. Governments wishing to grow or not decline so much will have to look at it closely.

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The Latin American Economic Observatory has analysed China's renewable energy, banking, and maritime transport presence. This article reviews some of China's road and rail projects in the region and their implications.

Land transport is vital for a project as ambitious as the New Silk Road, which seeks to place China at the centre of world trade. Connecting Latin American cities and ports with Chinese ports is fundamental to this. In the context of trade and territorial disputes with the US, it is seeking to build more and better land routes in South America to speed up the flow of capital.

There are two significant sources of financing: the Chinese and those of the IDB and CAF, for road and rail construction projects. The loans come from the Export-Import Bank of China and the China Development Bank (CDB). They have already lent the region just over $122 billion from 2005 to 2019 for energy, infrastructure, and mining investments, among others. Total infrastructure lending, which includes roads and railways, amounts to $25 billion. The IDB lent

In 2010, CDB lent $10 billion to Argentina. Of this amount, $2.5 billion went for the repair of 1300 km of two railway lines; $1.85 billion for the modernisation of the General Belgrano line, which runs through 14 provinces and is an important line for the transport of agricultural products; and $1.8 billion for four lines of the Cordoba metro. In 2020, another $388 million went for the Belgrano Cargas company. The China Machinery Engineering Corporation will renovate 100 km of tracks. In addition, the reactivation of the General San Martín line stands out, with an investment of $2.6 MMD by the China Railway Construction Corporation.

In the rest of the region, there is also extensive participation of Chinese investment. In Peru, the company China Railway started, in 2018, the remodeling and maintenance of the Huánuco-La Unión-Huallanca road as a project of the Ministry of Transport with an investment of $450 MDD. In Colombia, in 2019, China Civil Engineering Construction Corporation won the contract to build the passenger train from Bogotá to Facatativá with $3.6 billion. In the same year, an agreement was announced by the Colombian Government with a Colombian subsidiary of China Construction America to build the 456 km Santana-Mocoa-Neiva highway in the south of the country. In Mexico, a 19-year contract was signed in 2020 for CRRC Zhuzhou Locomotive to modernise and control line 1 of the Mexico City metro.

Bolivia is the territory with the most highways under construction by Chinese companies. In 2019, China Water Resources & Electric Power Corp began the road from San Ignacio de Moxos to Trinidad; Railway Construction Corporation started a 508 km highway, with an investment of just over $500 MDD in the Bolivian Amazon; and, lastly the Chimoré-Villa Tunai highway in Cochamba.

Two projects that did not materialise for reasons unrelated to Asian economic financing include, in Mexico, the CDMX - Querétaro train plan by the China Railway Construction Corporation, which was canceled due to corruption by the Mexican state. The Chinese company claimed reparations of $600 MDD yet only received $16MDD. The other one is the Brazil-Peru transcontinental railway, proposed in 2008, which attracted the interest of Chinese companies to build it since 2014, but never materialised. The Brazilian Government demanded the manufacture of the cars, which the Chinese Government rejected.

US pressure is a brake on many projects. The terror of the foreign debt with China and the US government's distrust of the New Silk Road in America coerce Latin American governments. Claver-Carone, president of the IDB and former White House national security adviser to the Trump administration, told the Financial Times that China gets many construction contracts financed by the Inter-American Development Bank for infrastructure projects. The US is a significant shareholder. He did not say that China provides a third of the funds in trust. IDB lending is, in any case, complementary to the direct funding coming from Asia. According to the US Government, the region is a disputed territory that the US needs to protect "its national security and the future of its economy." Ultimately, it is an attempt by the US government to reassert its regional leadership in the face of evident weakness.

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Durante décadas, Chile fue puesto como modelo económico latinoamericano por los organismos multilaterales, el establishment internacional y por la Argentina empresarial y conservadora. En 1975, el PBI per capita argentino duplicaba al chileno. Diez años después, también. Ya en 1995, cinco años después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la renta personal de Chile representaba dos tercios de la de la Argentina. Tras la crisis criolla de 2001, ya la había superado. Ahora es de 15.617 dólares, un poco menos que la de Uruguay y 41% más que la de Argentina, de US$9.122, pero está estancada en ese nivel desde hace nueve años, lejos de los US$25.000 de Portugal o los US$30.000 de España. 

Chile no ha podido continuar el camino hacia el mundo desarrollado. Quedó atrapado en la llamada trampa de los países de ingresos medios, que consiste en que alcanzan un cierto nivel de renta gracias a las ventajas competitivas adquiridas en su situación previa pero después se quedan estancados a mitad de camino hacia el estadio anhelado. La frustración cunde y se expresa en crisis sociales como la de Chile en 2019. Con un modelo económico neoliberal impuesto por Pinochet y con retoques sociales durante los gobiernos de la democracia cristiana y el socialismo (1990-2010 y 2014-2018), habrá que ver si hoy en las elecciones presidenciales gira a la izquierda o a la ultraderecha.

Otros países latinoamericanos siguieron a su manera el modelo chileno con diversa suerte, desde la Argentina de Carlos Menem hasta México, Colombia o Perú. Los giros políticos en los comicios mexicanos de 2018, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, y en los peruanos de este año, con la victoria de Pedro Castillo, pusieron en tela de juicio sus modelos. Igual que la actual crisis social colombiana. Tampoco le está yendo bien a la receta neoliberal de Jair Bolsonaro en Brasil: la inflación supera el 10% por primera vez en 20 años, mientras que se prevé que en 2022 sea el país de menor crecimiento en Latinoamérica, según el relevamiento de bancos y consultoras que elabora la firma FocusEconomics. 

Los modelos económicos alternativos están lejos de exhibir éxitos. El peor ejemplo es Venezuela, con su hiperinflación. En la Argentina, a la experiencia kirchnerista le siguió la de restauración liberal de Mauricio Macri, que derivó a su vez en la victoria de Alberto Fernández en 2019.

"Momento gramsciano"

El economista chileno José Gabriel Palma, profesor emérito de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), cuenta a elDiarioAR que analizó esta crisis de modelo en la región en un artículo publicado el año pasado: “América Latina está atrapada en un ‘Momento Gramsciano’, cuando lo viejo se desvanece, pero lo nuevo no logra nacer”. Palma cita al filósofo marxista italiano Antonio Gramsci (1891-1937) y continúa: “Hoy en día lo característico de la región es que está atrapada en un modelo neoliberal cuya fecha de término ya está más que vencida. Si alguna vez tuvo algo que dar, ya lo dio, y hace mucho; ahora hace aguas por todos lados”. Palma señala que la socialdemocracia chilena, al igual que la europea, adoptó el modelo neoliberal que irrumpió en el mundo en los 70. 

El economista chileno considera que parte del problema radica en la estructura productiva. “En el caso de América Latina, la perenne rigidez ideológica e institucional tiende mecánicamente a extender artificialmente la ‘vida útil’ de las estrategias de desarrollo existentes, aun cuando ya han dado todo lo que pueden dar. Así lo hizo Chile con la industrialización de sustitución de importaciones en la década de los sesenta, y así lo hace nuevamente con su modelo extractivo [N. de la R: el cobre representa el 57% de las exportaciones chilenas]. Éste, ya a finales de los años noventa, había dado todo el dinamismo que podía dar, y necesitaba de un esfuerzo coordinado para pasar a su etapa siguiente, la de industrialización de los recursos naturales. Sin embargo, el empresariado, con todo el apoyo necesario de los gobiernos de la ‘nueva’ izquierda, prefirió seguir haciendo más de lo mismo. El resultado fue una caída de la tasa de crecimiento de la productividad a un tercio de la del ciclo anterior. Como es bien conocido, Corea (del Sur), por ejemplo, fue desaconsejada repetidamente por el Consenso de Washington contra su proyecto de industrialización; como nos recuerda un gobernador del Banco de Corea, cuando optaron por una industrialización rápida, les decían: ‘¡Cómo se les ocurre hacer eso! Ustedes no tienen las ventajas comparativas para eso’. De hecho, varios documentos del Banco Mundial se preguntaban cuál era el sentido de que Corea transformara hierro de primera en acero de segunda y luego ese acero en autos de tercera. Sin embargo, esta tendencia a reactualizar constantemente el ciclo productivo no tardó mucho en dar frutos, ya que los autos coreanos, como los japoneses anteriormente, no tardaron en ser tan comunes en los mercados mundiales como el whisky escocés, el salmón noruego o el vino francés. De hecho, como dijo certeramente el gobernador del Banco de Corea, la ventaja comparativa de su país era ‘hacer lo que se nos diera la gana, pero lo que decidíamos hacer, lo hacíamos bien’. Y hacerlo bien dependía en gran parte de enfrentar las ‘fechas de caducidad’ de cada ciclo de sus políticas económicas”. Palma llama a reformar la “estructura de acumulación rentista y la tributaria” y no sólo conformarse con extender algo más la protección social. Lejos de la discusión de la supuesta grieta argentina entre Corea del Sur y del Norte, el ejemplo que cita Palma es el de un país que producía arroz tras la Segunda Guerra Mundial y con decisión política apostó por una política industrial y tecnológica que la ha llevado a tener ahora un PBI per cápita de 34.500 dólares.

Varios límites al modelo

Oscar Ugarteche, economista peruano y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte que el modelo neoliberal latinoamericano se topó con varios límites: la concentración del ingreso; el bajo crecimiento liderado por exportaciones sin valor agregado, incluidas las de las maquilas (ensambladoras) mexicanas; y la privatización de la educación y la salud, cuyo impacto se vio a las claras por los efectos devastadores de la pandemia en la región. “La serpiente reventó en Chile. Ahí donde comenzó ahí terminó. Ahora no hay un modelo alternativo. El retorno a los años 50 no se puede. Sí se pueden tener políticas productivas. Es lo que necesitamos desde la Argentina hasta México. Hay que hacer crecer la producción porque cuando crece la producción, crece el empleo y cuando crece el empleo, crece el consumo, la tasa de inversión pública y privada sube. El comercio con Asia viene a precios muy bajos e impacta sobre nuestra capacidad productiva. Ese comercio va a tener que ser gravado de alguna manera. (Donald) Trump fue el que introdujo fórmulas de protección arancelaria. Producción tiene que ser la meta. La otra meta tiene que ver con la educación. Nos ha pasado algo que es muy triste, que es que en los últimos 30 años perdimos lo que llamábamos el pensamiento latinoamericano. Y lo perdimos de la mano de los ajustes económicos y las reducciones presupuestales de las universidades y centros de investigación”, advierte Ugarteche.

Carlos Ominami, que fue ministro de Economía de Chile en el regreso de la democracia (1990-1992) y es director de la Fundación Chile 21, lamenta que su país haya sido modelo: “Desde mediados de los 90 se buscó presentar a Chile como un modelo a seguir. Y en eso cayó mucha gente, por de pronto los organismos internacionales que necesitaban tener un buen alumno del curso. Y Chile jugó a serlo. Yo, habiendo sido ministro y senador, siempre fui muy crítico de ese punto de vista. Siempre dije que lo de Chile era una experiencia, que había que mirarla en su mérito, que no era necesariamente replicable a otros países, entre otras cosas, porque venía de un modelo impuesto por una dictadura, luego de 17 años de costos sociales y políticos enormes, y además era una una forma de inserción que era propia de un país como Chile. Tuvo el premio a ser el primero en hacer una apertura prematura y siendo un país relativamente chico. Hoy día en Chile hay un cuestionamiento muy profundo a lo que se hizo durante el período anterior. Es poco ecuánime. Hay una tendencia a tirar todo por la borda. Estos 30 años de la transición, con todos sus claros y oscuros, fueron los que le permitieron a Chile ser un país completamente distinto al que era final de la dictadura. Es muy importante distinguir una economía de mercado abierta al mundo de una de modelo neoliberal. Yo creo que lo que está profundamente en cuestión es la idea básica del neoliberalismo, del estado mínimo, amplios procesos de privatización, represión al movimiento sindical. Pero deducir de la crisis del neoliberalismo que hay que volver a los esquemas antiguos e hiperproteccionistas sería un grave error. Hoy día estamos a la búsqueda de un nuevo modelo. Un nuevo modelo partiría de la base de que la sociedad no está constituida simplemente por consumidores sino por ciudadanos donde hay derechos sociales establecidos. Reformas tributarias profundas para poder sustentarlo. Mayores capacidades al movimiento sindical para poder negociar. Y poner en práctica estrategias de desarrollo. No basta el mercado, no te va a definir la especialización internacional. El mercado es miope y lo que hace es avanzar en aquellas cuestiones en las que tienen ventajas comparativas de corto plazo, pero no permite estrategias de desarrollo a través de política industrial. Se necesita un modelo distinto, también mucho más respetuoso al medio ambiente”, concluye Ominami, que aboga por una alianza por la industrialización del litio entre Chile, la Argentina y Bolivia, productores de este mineral.

Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic & Policy Research (CEPR), en Washington, analiza también el estancamiento chileno: “Llegaron tan lejos como pudieron con la agricultura y la minería en términos de aumentar la productividad. Y eso contribuyó en gran parte a su crecimiento en los 90. Y luego en cierto punto necesitaron algún tipo de política industrial. Pero por razones políticas, en términos de la élite de allí, no pudieron hacer lo que tenían que hacer para aumentar su productividad en las partes no extractivas de la economía”. También advierte sobre la región: "De manera más general, el fracaso histórico del giro hacia las políticas neoliberales en América Latina se puede ver en el colapso del crecimiento económico durante la era neoliberal: un mero aumento del 5,7% en el ingreso por persona para 1980-2000, en comparación con el 91,5% para 1960-1980". Weisbrot destaca logros de los modelos alternativos en la primera década del siglo XXI en la Argentina de los Kirchner, el Brasil de Lula o el Ecuador de Rafael Correa en cuanto a reducción de la pobreza y los atribuye no sólo al boom de precios de las commodities sino a políticas como los controles de capitales, pero opina que Estados Unidos "intervino con fuerza, para socavar y, en algunos casos, derrocar a estos gobiernos".

Ricardo Ffrench Davis, que a sus 85 años sigue enseñando economía en la Universidad de Chile, considera que sí ha habido modelos alternativos, pero pone como ejemplo a su país en los 90, cuando él fue economista jefe del banco central: “El nuevo gobierno democrático, en lugar de bajar los impuestos, los subió. En lugar de hacerlos regresivos, los hizo progresivos. La legislación laboral se fortaleció, resucitó a la central única de trabajadores, le dio más derechos a los trabajadores. Los medios de comunicación internacionales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial habían planteado que la dictadura había sido exitosa en economía, pero fue mediocre. Creció muy poquito. Chile creció al 7% anual en los 90 y después empezó a retroceder, y empezó a retornar parcialmente a algunos de los ingredientes del neoliberalismo. En los últimos diez o 12 años estamos creciendo al 2%, parecido a lo que había sido la dictadura. En los 90, el Banco Central controló la cuenta de capitales, manejó el tipo de cambio, no lo dejó al mercado, y hubo un enfoque alternativo que se preocupaba de los empresarios pequeños. El neoliberalismo dice 'la misma regla para todos' y entonces se agravan las desigualdades. En los 90, el Banco Central coordinó con Hacienda, no fue independiente. En 1999 dijo ‘yo soy independiente, abro la cuenta de capitales, el tipo de cambio lo maneja el mercado’. Y hemos tenido un tipo de cambio que estaba arriba y abajo. Si los flujos capitales llegan a Chile, el dólar es más barato y nos llenamos de importaciones y joden a las pymes. Y después viene el ajuste. Hemos tenido cuatro ajustes recesivos en estos tiempos”. Ffrench Davis conoce bien al neoliberalismo porque se doctoró en su cuna, la Universidad de Chicago, donde estudió también el ministro de Hacienda de Bolsonaro, Paulo Guedes: “Este hombre de Chicago es muy cuadrado, dejando las cosas al mercado va a ser dañino para la economía. Pero Lula también tuvo ministros de Hacienda neoliberales, sorprendentemente. Y Fernando Henrique (Cardoso) también”.

Ffrench Davis reclama “transformaciones productivas, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, regulación de la cuenta de capitales en el manejo cambiario, reforma tributaria que sea profundamente progresista, pero que esté consciente de que se necesita inversión privada y pública”. “Los ricos tienen que pagar mucho más impuestos”, propone. En cuanto a los cambios productivos, menciona el hidrógeno verde, el litio y la provisión de bienes intermedios y servicios a la minería.

Su compatriota Andrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (CIGLOB), opina que el modelo neoliberal “está en crisis, pero no necesariamente ha muerto”. “Sí está en crisis el discurso del libre mercado, de privatización, de financiarización. El problema es que no hay un modelo obvio de reemplazo. El neoliberalismo pasó de ser un nuevo orden en los 70 y los 80, porque sustituyó al modelo del dirigismo estatal y la sustitución de importaciones, a ser un viejo orden. No ha podido resolver el problema de desigualdad, hay aumento de la pobreza y hay una insatisfacción política y social. En 2019 estuvo la protesta de Chile y Ecuador, el cambio político en la Argentina, pero también hubo cambios en la dirección conservadora en Brasil con Bolsonaro. La crisis del neoliberalismo puede ir tanto hacia un movimiento progresista posneoliberal o antineoliberal, quizás en alguna parte incluso anticapitalista, pero también puede haber una resolución autoritaria neofascista estilo Bolsonaro aliado a los Chicago Boys, o la ultraderecha de Chile, con el candidato José Antonio Kast, que representa ese discurso de Trump, Bolsonaro, Pinochet”, advierte Solimano.

El presidente de CIGLOB propone un “modelo económico alternativo para superar los problemas del neoliberalismo: la desigualdad económica, la inestabilidad, la precariedad del trabajo, la brecha entre los grupos de alta renta y patrimonio y los de clases media y popular”. Para Solimano, se requiere “un énfasis social”: “Destinar recursos públicos para mejorar la situación social. Hay que tener política económica que cree empleo de una calidad aceptable y que los salarios en un momento suban un poco. Hay déficit de vivienda en casi todos los países de América Latina. Hay que mejorar la educación, que en muchas partes fue privatizada. Hay que meter recursos en la salud, hay que mejorar las pensiones (jubilaciones). Todo ese paquete social requiere subir un poco los impuestos, endeudarse afuera o conseguir una renegociación de deuda como la que tiene Argentina con el Fondo Monetario y otros acreedores, para dejar espacio fiscal para un programa social de recuperación económica y de la sociedad en un sentido amplio. ¿En qué medida los recursos naturales hoy día están en distintos países de América Latina con una fuerte presencia de empresas extranjeras? Está bien, pero se llevan una proporción importante dividendos y utilidades que no quedan en los países. Se pueden buscar arreglos más favorables. Y también hay que enfrentar la otra gran crisis, la ecológica ambiental, replantear esto de crecer basados en la extracción de recursos naturales”.

La economía de Jamaica registró una caída del 10.7 por ciento en los primeros nueve meses de este año, contracción que puede subir dos puntos para todo el 2020, reveló hoy el servicio de información del gobierno.

Esa dependencia reproduce declaraciones del director general del Instituto de Planificación, Wayne Henry, quien situó en un 11.3 por ciento el desplome experimentado entre julio y agosto, en comparación con igual periodo de 2019.

Al detallar ese resultado, el funcionario explicó que la industria de bienes retrocedió un seis por ciento, mientras que la de servicios lo hizo en un 11.4.

Esta última sufrió bajas en las áreas de hoteles y restaurantes (63.8 por ciento), transporte, almacenamiento y comunicaciones (17.4), comercio mayorista y minorista y reparación e instalación de maquinaria (7.5), agua y electricidad (6.9) y servicios financieros y de seguros (4.5).

El turismo, uno de los renglones más importantes de la economía jamaicana, fue de los más afectados debido al cierre de las fronteras del país y de casi todo el mundo desde marzo pasado.

En esa rama, la caída fue del 63.8 por ciento en materia de hoteles al sufrir un descenso del 81.8 por ciento en las llegadas de visitantes, en particular los procedentes de los principales mercados emisores: Estados Unidos, Europa y Canadá.

Entre las principales causas de la regresión, Henry mencionó el impacto de la crisis sanitaria de la Covid-19 y de las fuertes lluvias en toda la isla.

No obstante, el funcionario informó sobre resultados positivos en los sectores de la construcción y agricultura, silvicultura y pesca durante el trimestre de julio a septiembre de este año.

Las economías latinoamericanas mantienen su recuperación hacia sus niveles prepandémicos gracias al impulso de la demanda externa e interna. En algunos países, ambos motores se calientan coordinadamente, mientras que, en otros, el externo recobró más rápido. Mostraremos como se recupera la demanda interna con las políticas fiscales en las economías más grandes de Latinoamérica.

La demanda interna se compone por el consumo privado y público, y la inversión privada y pública. En particular, dentro de la demanda interna el consumo privado es el componente más grande. De acuerdo con la OCDE, el consumo de las empresas y hogares se ve afectado fuertemente por la vacunación y las transferencias monetarias, como el ingreso mínimo, las remesas o el acceso al ahorro para pensiones.

Es por ello que las medidas fiscales de los países en América Latina se centraron en dar liquidez a las familias y empresas, a través de aplazamiento en los impuestos y creación de programas para el pago de las obligaciones tributarias. En promedio, en América Latina se gastó 4.3% del PIB en paquetes fiscales para el fortalecimiento del sistema de salud y el apoyo al consumo privado. A continuación, se muestra la recuperación de la demanda interna en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

La demanda interna de Brasil se recuperó a finales de 2020, liderado por la tasa de inversión, fue el más rápido en igualar los niveles prepandemia. El consumo privado está en vías de recuperar su dinamismo por el enorme gasto de 10.1 mmdd (7.4% del PIB) en la ampliación de programas de transferencia de dinero como “Bolsa Familia”, “Ayuda de emergencia Covid-19”, un plan de retención de empleo y subsidios temporales para el consumo de electricidad. Sin embargo, todavía sigue por debajo de sus niveles de prepandemia. Lo mismo sucede con el consumo público.

Para Colombia y Chile, el consumo privado fue el que impulso fuertemente a la demanda interna. El motor interno recuperó su dinamismo durante el primer trimestre de 2021. En Colombia, el consumo público aumentó durante 2020 y en Chile se recuperó a principios de 2021. La inversión recuperó sus niveles prepandemia sólo en este último.

En Colombia se gastaron 4.7 mmdd (1.8% del PIB) para la reactivación del consumo de los hogares. Se creó el “Ingreso Solidario” que dio transferencia de efectivo a grupos vulnerables y se hizo un subsidio del 40 al 50% de salario mínimo por trabajador para empresas con caída en sus ingresos, entre otros. En Chile se gastaron 19 mmdd (7.7% del PIB) en programas para el apoyo del consumo interno, como la suspensión de pago de impuestos para las empresas y traspaso de efectivo a familias, con el programa “Ingreso Familiar de Emergencia”.

Argentina y México tuvieron las mayores contracciones de demanda interna respecto a los países analizados. A finales de 2020 seguían por debajo de los niveles de 2019. No se han recuperado de los efectos del Gran Encierro. En Argentina, el consumo privado recupera levemente su dinamismo gracias a transferencias monetarias del programa “Ingreso Familiar de Emergencia”, asistencia de cocinas comunitarias y centros de distribución de comida, y subsidios a los salarios, que suma un gasto de 14 mmdd (3.7% del PIB). Sin embargo, al igual que el consumo público, se mantienen muy por debajo de los niveles prepandemia. Es la inversión la que hace aumentar su demanda interna.

Por otra parte, en México el consumo privado y la inversión se mantienen muy por debajo de los niveles antes del Gran Encierro. El paquete fiscal para apoyar el consumo privado fue de 4.9 mmdd, el cual se repartió en préstamos para pequeñas y medianas empresas, ampliación de programas de transferencias monetarias y subsidio por desempleo. Sin embargo, fue el paquete fiscal más pequeño como porcentaje del PIB entre las 6 economías más grandes de Latinoamérica, apenas 0.5%. En México el consumo público es el que ha hecho aumentar la demanda interna.

El PIB regresa a sus niveles prepandemia gracias al impulso de la demanda externa, que depende de quienes son los principales socios comerciales y el precio de las materias primas, y la demanda interna, que en la pandemia se vio fuertemente afectada por los apoyos en transferencias monetarias a las familias y las empresas. Como resultado, los países que procuraron mantener grandes gastos fiscales el ingreso de los hogares coordinaron con la recuperación de las exportaciones y el aumento en los precios de materias primas. Estos se encuentran principalmente en América del Sur. Los países que no dieron grandes impulsos fiscales ven una descoordinación con la demanda externa en esta recuperación, estos se encuentran principalmente en la Cuenca del Caribe.

Segun las estimaciones del FMI, el PIB de América Latina decreció 8.3% en 2020, mientras que en Sudamérica 8% y la Cuenca del Caribe 9.9% por lo que fue la más afectada. El crecimiento en 2021 será mayor en los países del sur que en los de la Cuenca, 3.8% y 3% respectivamente. Con la vuelta del comercio internacional, la rapidez en la recuperación depende de la demanda interna.

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Todo indica que la recesión mundial que anuncia el coronavirus será muy superior a la del 2008 y pudiera acercarse a la crisis de los años treinta. Chile se verá gravemente afectado.  Nuestra economía, exportadora de recursos naturales y abierta radicalmente al mundo ya se encontraba afectada por la disminución de la actividad china, consecuencia de la guerra comercial que impuso Trump. Ahora, con el cierre de fronteras por el coronavirus, se acentuará aún más la caída de los precios de las materias primas y consecuentemente el valor de nuestras exportaciones.

Esto no es todo. Antes de la guerra comercial y del coronavirus, la economía chilena mostraba una preocupante disminución estructural del PIB y de la productividad. A ello se agregó el impacto de la rebelión social del 20 de octubre, lo que amplificó el deterioro económico del país. Ahora, con la pandemia del coronavirus el modelo económico-social ingresará en una crisis de proporciones, poniendo de manifiesto todas sus fragilidades.

Las medidas económicas recientemente propuestas por el Gobierno frente a la pandemia del coronavirus podrán aliviar parcialmente el descalabro de las empresas y de los ingresos de los trabajadores; pero, no resolverán la debilidad de un modelo económico-social, con manifiesta vulnerabilidad internacional, social y de su propia estructura productiva.

 En consecuencia, resulta imprescindible impulsar un nuevo modelo económico, que coloque en su centro la producción de bienes y servicios para responder a las necesidades de las personas, en vez de atender prioritariamente los requerimientos de la industrialización China. Ha sido un error colocar todos los esfuerzos en la exportación de recursos naturales.

La contracción económica China, la caída de los precios de nuestras materias primas y el alza del valor del dólar revelan en toda su dimensión nuestra fragilidad económica. Se precisa diversificar la actividad productiva y las exportaciones. Al mismo tiempo, el Estado tiene la responsabilidad de regular al sector financiero para que se ponga al servicio de la producción, evitando su concentración en actividades especulativas.

Por otra parte, la mercantilización de la salud y la minimización del Estado han puesto de manifiesto nuestra debilidad para enfrentar el coronavirus. La capacidad del sistema de salud público se encuentra mermada para abordar la crisis sanitaria actual: insuficiencia de camas, falta de respiradores mecánicos e incluso escasez de mascarillas y alcohol-gel. Y, paralelamente, la existencia de Isapres y clínicas privadas, que obligan a pagar a sus afiliados altas sumas de dinero para el test del virus y su tratamiento.

Una nueva economía, centrada en la agregación de valor a los bienes y servicios y que cierre las puertas a la especulación financiera necesita una política social distinta a la actual. La educación, la salud y el sistema de pensiones deben atender por igual a toda la familia chilena, independientemente de sus condiciones de ingresos. Ello mostraría una verdadera justicia distributiva, pero además serviría a un sistema productivo que busca incorporar inteligencia a la producción de bienes y servicios.

Una nueva economía tampoco puede eludir la protección del medio ambiente. Según la Xarxa d’Economia Social i Solidaria (18-03-2020), el coronavirus es consecuencia de un sistema capitalista, productivista y devastador, que ha alterado el equilibrio de los ecosistemas. El urbanismo y la deforestación, asociados a un tipo de crecimiento capitalista irracional obliga a muchos animales a migrar e instalarse cerca de los humanos, lo que multiplica las probabilidades de que microbios, pasen a las personas y muten en patógenos.

Así las cosas, se precisa de un Estado del Bienestar capaz de impulsar una economía que reduzca su dependencia de los recursos naturales, que ponga término a la especulación financiera, que potencie la regionalización y el cuidado del medio ambiente. Ello, junto a sistemas integrales de protección social y un tejido comunitario y socioeconómico resiliente nos permitirán actuar, con mayor eficiencia, no sólo frente al coronavirus y a otros desastres naturales, sino también ante impactos económicos externos. Por cierto, la modificación productiva y una nueva política social son tareas que exigen cambios políticos de envergadura: reducir el poder del 1% y permitir a la mayoría nacional gobernar los asuntos del país.

On December 31, 2019, the coronavirus (COVID-19) appeared in Wuhan, China. While this explains the speed of the stock market fall, it is not enough to explain why it resembles the experience of the 2008 - 2009 crisis. Even before the crisis, the global economic outlook for 2020 was even lower than that for 2019. The impact can be comprehended, understanding the importance of China in global value chains. China is the source of five branches of the world economy: pharmaceuticals, automotive, aeronautics, electronics, and telecommunications. The closure of China's factories and trade slows down the production of these five branches in the world.

The impact is an immediate slowdown in world production until it grinds to a halt. The origin of this is the world order established in 1990 by the United States when the wall fell, and simultaneously China was integrated into world trade, creating the possibility of the law of one price. The other side is the bet on fossil energy, in a world that is moving towards clean energy. China with clean energies is the axis of the new economic dynamic and the global technological vanguard versus the US that remains centered on dirty energy.

While China is beginning to have an impact on its manufacturing sector, the havoc the world is suffering is of increasing magnitude. In February 2020, the China Purchasing Managers Index (PMI) fell from 50 to 35.7%, as shown in Figure 1. The same is forecasted for the industrialized economies linked to China in the coming months, as there is a lagging impact, mainly due to existing inventories and to the ongoing burden. This lag will be one quarter at most. If China reopens, it will have lost a quarter of production; if China does not reopen soon, the loss could be as much as half of the production.

On the side of the countries exporting raw materials, there is a price decrease that has become more acute, and a fall in the volume exported, impacting on their economic growth even more. The drop in export revenues and the depreciation of all Latin American currencies express the effects of the virus-induced crisis. The fall in stock market indices precludes recessions in the region.

Indices such as the Baltic Exchange Dry Index (BEDI) and the Dow Jones Transportation Average (DJTA), which measure cargo volumes, freight contracts and prices in maritime, rail, aerospace and land-based environments, show that there is already a drop in global trade that will soon be reflected in value chains. According to Bloomberg data, BEDI fell from a peak in mid-September 2019 to a low on February 10, which meant a drop of 84% in the index. The DJT fell from the year's high by about 36% to March 12, indicating a drop in trade within the United States. All these factors have affected the demand for oil. In addition, on 8th March Saudi Arabia announced that it would reduce its prices and increase production, which added to Russian production, caused crude oil prices to fall by 20% in March 2020. This impacts on the economies of the United States, Mexico, Colombia, Venezuela and Ecuador, with Venezuela being the hardest hit, followed by Ecuador and Colombia.

In 29 days, from February 12 to March 12, the New York Stock Exchange fell 24.9%, the Tokyo NIKKEI 22.2%, the German DAX 33.4%, the FTSE 30.5%, much higher than the Singapore Straits Exchange 16.9% and Shanghai 0.1%. One of the most punished exchanges is Italy's 38.3%. In Latin America, Mexico's stock market fell 18.6%, in Sao Paulo, 37.8%, Santiago, 19.9%, and Lima 23.7%. These falls are more violent than the falls between September 15 and October 15, 2008. The difference is that in 2008 the stock markets had been falling since August 2007. This time the stock markets were on the rise even though global production has been on a downward trend since March 2018.

These declines have impacted 10-year bond yields in the US, Germany, and the UK, which are at record lows. There is a portfolio recomposition towards the dollar that has produced depreciations in all currencies, which will make imports more expensive and restrict the consumption of imported goods in the world. For the first time in history, the yield on 10-year US bonds fell below 1% due to the 0.5% cut in the federal funds rate by the Federal Reserve. The decision was taken at an extraordinary meeting, a situation not seen since the 2008 crisis.

The emergence of COVID-19 has accidentally exposed the underlying economic problems. The idea of global value chains designed to reduce costs has generated an uncalculated productive fragility whose effects are only now under study. The idea of global value chains, conceived from the reduction in costs angle, generated an uncalculated fragility of global production, the effects of which can only be studied in the future. What is certain is that uncertainty about the dynamics of the real economy has an impact on expectations in the world's stock markets and on economic growth. The result is a general depreciation of all currencies with an appreciation of the dollar, which will result in a contraction of world consumption in the years 2020 and 2021, at least. The revival of production, whenever it occurs, will be slower than the previous dynamics. The new decade will be one of energy transformation and new technologies.

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La pandemia de COVID-19 causada por el nuevo virus SARS-CoV-2 ha trastocado de forma radical la realidad económica, social y política mundial en un proceso que todavía no ha llegado a su fin. Al momento de escribir esta introducción, todavía existe una gran incertidumbre sobre la devastación humana que causará la pandemia a nivel planetario; sobre la duración, profundidad y consecuencias de largo plazo de la crisis económica que generó la pandemia; y sobre las implicaciones políticas que tenga al interior de cada nación y en el conjunto con la geopolítica mundial.

En lo que sí que parece que se está formando un consenso es acerca de algunas de las causas de la pandemia, que tienen relación con la expansión sin límite de la acumulación capitalista en detrimento de los seres humanos y su entorno. Como afirma también un documento reciente de las Naciones Unidas: “cuando destruimos y degradamos la biodiversidad, socavamos la red de la vida y aumentamos el riesgo de propagación de enfermedades de la vida silvestre a las personas”. Al mismo tiempo, dicha expansión sin límites que catalizó el surgimiento y la gravedad de la pandemia no parece ofrecer un marco que dé soluciones viables para enfrentarla y para salir de ella.

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El 31 de diciembre de 2019 apareció el coronavirus (COVID-19) en Wuhan, China. Si bien esto explica la velocidad de la caída de las bolsas, no es suficiente para explicar por qué se asemeja a lo vivido en la crisis de 2008 – 2009. Desde antes de su aparición, las perspectivas económicas mundiales para el 2020 eran aun menores que para 2019. El impacto que se ha presentado no se puede comprender sin entender la importancia de China en las cadenas globales de valor. China es la fuente de 5 ramas de la economía mundial: farmoquímica, automotriz, aeronáutica, electrónica y telecomunicaciones. El cierre de las fábricas y del comercio de China frena la producción de estas 5 ramas en el mundo.

El impacto es una desaceleración inmediata de la producción mundial, hasta llegar a su detenimiento. El origen de esto es el orden mundial establecido en 1990 por EEUU, cuando cayó el muro y simultáneamente se integró China al comercio mundial, con lo que se creó la posibilidad de la ley de un solo precio. El otro lado es la apuesta por la energía fósil, en un mundo que camina hacia las energías limpias. Esto lo hace de forma antagónica a China, quien se ha convertido en el eje de la nueva dinámica económica, con el cambio de matriz energética hacia energías limpias, y quien está en la vanguardia tecnológica global.

Si bien China comienza a tener consecuencias en su sector manufacturero, los estragos que el mundo sufre son cada vez de una mayor magnitud. En febrero de 2020 el Índice de Gestores de Compras de China (PMI por sus siglas en inglés) tuvo una caída de 50 a 35.7% tal como se observa en la gráfica 1. Esto mismo se podría anticipar para las economías industrializadas eslabonadas con China en los próximos meses, ya que hay un rezago del impacto, principalmente por los inventarios existentes y por la carga en camino. Este rezago será de un trimestre como mucho. Si China reabre se habrá perdido un trimestre de producción, si China no reabre pronto la pérdida podría ser hasta de un semestre de producción.

Por el lado de los países exportadores de materias primas hay una disminución de precios que se ha agudizado y una caída en el volumen exportado, impactando sobre su crecimiento económico aún más. Los primeros impactos ya se sienten en los ingresos de las exportaciones y se pueden apreciar en la depreciación de las monedas en todos los países de América Latina. Igualmente se puede ver la caída en los índices de bolsa ante la anticipación de recesiones en la región.

Índices como el Baltic Exchange Dry Index (BEDI) y el Dow Jones Transportation Average (DJTA), que miden los volúmenes de carga, contratos de envíos de mercancías y precios en medios marítimos, ferroviarios, aeroespaciales y terrestres, muestran que ya existe una caída de comercio mundial que pronto se verá reflejada en las cadenas de valor. De acuerdo con datos de Bloomberg , el BEDI cayó del máximo a mediados de septiembre de 2019 a un mínimo el 10 de febrero, lo que significó una caída del 84% en el índice. Por su parte el DJT cayó del máximo del año un 36% al 12 de marzo, indicando la caída del comercio dentro de Estados Unidos. Todo esto ha afectado a la demanda de petróleo. Aunado a ello el 8 de marzo Arabia Saudita anunció que reduciría sus precios y aumentaría la producción, lo que sumado a la producción rusa, hizo que los precios del crudo cayeran 20% en marzo del 2020. Esto impacta en América sobre las economías de EEUU, México, Colombia, Venezuela y Ecuador siendo Venezuela el más golpeado seguido de Ecuador y Colombia.

En 29 días, desde el 12 de febrero al 12 de marzo, la bolsa de Nueva York se cayó 24.9%, el NIKKEI de Tokio 22.2%, el DAX alemán 33.4%, el FTSE 30.5%; mucho mayor que las bolsas de Straits de Singapur 16.9% y Shanghai 0.1%. Una bolsa más castigada es la italiana 38.3%. En América Latina, la bolsa en México cayó 18.6%, en Sao Paulo, 37.8%; Santiago, 19.9% y Lima 23.7%. Estas caídas son más violentas que las caídas entre 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2008. La diferencia es que en el 2008 las bolsas venían descendían desde agosto de 2007. Esta vez las bolsas iban al alza a pesar que la producción global viene en crecimientos descendentes desde marzo del 2018.

Estas caídas han impactado en los rendimientos de los bonos a 10 años de EEUU, Alemania, Reino Unido que están mínimos históricos. Hay una recomposición de cartera hacia el dólar que ha producido depreciaciones en todas las monedas, lo que encarecerá las importaciones y restringirá el consumo de bienes importados en el mundo. Por primera vez en la historia, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años cayó por debajo del 1% de rendimiento, debido al recorte de 0.5% de la tasa de los fondos federales por parte de la Reserva Federal. La decisión se tomó en una reunión extraordinaria, situación no vista desde la crisis de 2008.

Los problemas económicos de fondo han sido puestos en evidencia de manera accidental por el surgimiento del COVID-19. La idea de las cadenas globales de valor pensadas desde el abaratamiento de costos ha generado una fragilidad productiva no calculada y cuyos efectos recién se van a estudiar. Lo indudable es que la incertidumbre sobre la dinámica de la economía real ha impactado sobre las expectativas en las bolsas de valores y en crecimiento económico del mundo. El resultado es una depreciación general de las monedas con una apreciación del dólar, lo que tendrá como resultado una contracción del consumo en el mundo en los años 2020 y 2021 por lo menos. La reactivación de la producción, cuando sea que se produzca, será más lenta que la dinámica previa. La nueva década será una de transformación energética y de nuevas tecnologías.

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Perú seguirá en la mira del escenario económico mundial. Esta vez no por los actos de corrupción de su expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sino por lo que aparenta ser lo contrario. Entre el 13 y 14 de abril, se celebrará la Octava Cumbre de las Américas, en Lima. El tema a tratar será, paradójicamente, la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” y los invitados: 22 presidentes y 12 primeros ministros del continente. Cabe recordar que el país sede tiene a dos de sus expresidentes presos Alberto Fujimori (recién indultado por otro presidente acusado de corrupción) y Ollanta Humala; otro en trámite de extradición de EEUU, Alejandro Toledo, e investigaciones abiertas a otros dos expresidentes: Alan García y Pedro Pablo Kuczynski; a la candidata Keiko Fujimori y la exalcaldesa Susana Villarán.

El prólogo que acompaña a esta reunión de mandatarios es el capítulo Odebrecht, el caso más grande de corrupción en la historia del continente. Destapado por el departamento de Justicia de EEUU, en diciembre de 2016,[1] el conglomerado constructor fue acusado de implementar un complejo esquema de sobornos y compra de favores. Se estimó que la empresa pagó, entre 2001 y 2016, 788 millones de dólares a presidentes, representantes políticos y altos funcionarios, de izquierda y derecha, en Brasil, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, con el objetivo de asegurar negocios y ganar licitaciones.[2] La investigación, motivada por autoridades estadounidenses, obligó a que algunos países, ¡no todos!, condujeran investigaciones y aplicaran la ley a los involucrados.

Entre los invitados a la cumbre de Lima se puede destacar, por su participación en actos de corrupción: Mauricio Macri, envuelto en el escándalo de corrupción por la asociación con el fondo de inversión Blackwood Group, a partir de un holding familiar, que recibiera pagos a cambio de preferencias[3]; Michel Temer, actualmente investigado por aceptación de sobornos a cambio de favores políticos[4]; Juan Manuel Santos Calderón, investigado por recibir pagos durante su campaña de reelección presidencial en 2014[5]; y Enrique Peña Nieto, señalado por el exdirector de Odebrecht-México, aunque sin investigación abierta, por recepción de dinero durante la campaña presidencial y conocido por protección a altos funcionarios acusados de corrupción, desviación de recursos y recepción de dinero a cambio de favores.[6]

Salvo las honrosas excepciones de Brasil, Ecuador y el Perú, la experiencia latinoamericana en el combate a la corrupción ha seguido, más o menos, el siguiente ciclo: actos de corrupción à destape y escándalo à masificación y mediatización à persecución, castigo y expiación à censura, desinformación y olvido à actos de corrupción. El caso Odebrecht es emblemático y corresponde a la estampa más actualizada, pero la anteceden: Lava Jato en Brasil; la Casa Blanca y la Estafa Maestra en México; los Panamá Papers en Panamá; el Caso Caval en Chile; el Cementazo en Costa Rica, los Paradise Papers; un largo y conocido etcétera, y otro más largo y desconocido aún.

La cuestión es por qué la Cumbre de las Américas ha decidido realizar una reunión sobre corrupción y democracia, dadas la poca calidad de los invitados y las condiciones políticas actuales. Por qué ahora y no antes, cuando parecía igual de urgente, o incluso por qué no después, dado que la situación es básicamente la misma. Sobra recordar que la Cumbre fue impulsada por EEUU en 1994, el mismo año que firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para promover el libre mercado en el continente; en particular, la conformación del Área de Libre Comercio de América (ALCA). Desde entonces, salvo las últimas reuniones en Trinidad y Tobago (2009) y Colombia (2012), la Cumbre se ha alineado a la agenda del Consenso de Washington y ha gestionado la apertura comercial de los países latinoamericanos.

La respuesta es simple: el libre mercado necesita grados de legalidad y un Estado de derecho suficiente que asegure el movimiento de los capitales. La necesidad no es sólo de los gobiernos, sino principalmente de los capitales menos favorecidos, o más alejados a las élites políticas. Aunque los grandes capitales son cómplices y promotores de la corrupción alrededor del mundo, en América Latina la corrupción ha sido, también, una fuente de encarecimiento de la producción, de baja de productividad, de fuga de recursos públicos y privados, de incremento de la incertidumbre, de freno de la inversión y, por lo tanto, de estancamiento económico.[7] La corrupción expresa: a) que no hay Estado de derecho y que el poder Judicial está interferido por el poder Ejecutivo; y b) que el poder Legislativo o está intervenido por el Ejecutivo o está sin poderes de investigación efectivas.

En Brasil ha sido el poder Judicial el que investiga, en el Perú regularmente es el Legislativo que le pasa al Judicial lo evaluado en sus comisiones investigadoras. En México no se investiga en ninguna parte, hay protección a los investigados, y a los periodistas que buscan y encuentran, son acosados e incluso asesinados, como recientemente a Miroslava Breach y Javier Valdez. En la Argentina, el tema parece ser irrelevante y configura otra expresión de la cara dura del poder Ejecutivo[8]. Ya nos habíamos preguntado por la naturaleza democrática de la Cumbre de la OMC en Buenos Aires, en diciembre del 2017, cuando deportaron a 60 personas acreditadas ante la OMC. En este país las formas democráticas del partido en el poder no parecen importarle a nadie salvo a los opositores.

Hay tres países latinoamericanos hasta ahora a prueba de escándalos de esta naturaleza: Bolivia, Chile y Uruguay. Sin embargo, en Chile fue donde se inventó la llamada república de los empresarios, entendida como los gobiernos liderados por empresarios que, en general, tienen actividades económicas propias y son beneficiadas por las políticas del Estado. José Piñera y su hermano Sebastián son considerados los artífices, junto con el grupo del El Ladrillo de los Chicago Boys, de esta estructura corrupta. Quizás el caso Odebrecht no los involucró, pero sí posiblemente otras actividades extracurriculares de los altos funcionarios chilenos.[9] Bolivia y Uruguay, por su parte, son también a prueba de escándalos, a pesar de algunos intentos fallidos de la oposición en Bolivia. La diferencia fundamental es que en ninguno de estos países está presente la republica de los empresarios.

Actualmente, existe un fuerte interés del capital internacional por recuperar a América Latina como el espacio de acumulación y reserva de capital que ha sido para las economías centrales en general, y para la economía estadounidense en particular, independientemente de la constitución del ALCA. En el imaginario liberal, la participación en el mercado debía definirse por la concurrencia de los capitales, la carrera del desarrollo tecnológico y búsqueda de mayores niveles de productividad, no por el diezmo político, el clientelismo corporativo y el lavado de dinero. De ahí que el objetivo real de la Cumbre sea reconstruir, aunque con bandidos en los gobiernos, condiciones políticas y económicas para los negocios o, en otras palabras, combatir la corrupción y promover la democracia. La buena noticia es que EEUU permitió la invitación por primera vez a Cuba (¿Trump?), que por cierto no tienen acusaciones de corrupción de Odebrecht, ¡enhorabuena!

[1] https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911/download

[2] https://www.justice.gov/opa/pr/odebrecht-and-braskem-plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-penalties-resolve

[3] https://www.pagina12.com.ar/54788-emerge-el-iceberg

[4] http://www.france24.com/es/20180302-brasil-temer-sospechoso-odebrecht

[5] http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/investigacion-de-caso-odebrecht-en-campana-de-santos-habla-fiscal-30622

[6] https://www.vanguardia.com.mx/articulo/para-entender-odebrecht-mexico

[7] https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8324

[8] http://www.publico.es/internacional/macrismo-entranas-corrupcion-blindada.html

[9] https://journals.openedition.org/polis/6120

BERLIN and KUALA LUMPUR, Jun 4 2020 (IPS) - The world economic contraction so far this year is largely due to measures, especially at the national or local level, to contain or prevent Covid-19 contagion, particularly those restricting business operations, thus reducing economic activity, output, incomes and spending.

Lower business and worker incomes have reduced spending, for both consumption and investment, and thus overall or aggregate demand. While there has indeed been much novel ‘financial folly’ in the last decade, responsible for its dreary ‘recovery’, and financial circumstances will retard recovery, the cruel public health dilemma posed by the viral pandemic is surely its immediate cause.

To be sure, recent economic performance in much of the world had been quite lacklustre, with no strong recovery since the 2008-09 global financial crisis and Great Recession despite the unexpected impact of ‘unconventional monetary measures’, especially in the north Atlantic economies.

Recessions and recessions

The recessions have been quite uneven, due to different circumstances and responses. Various aspects may bear some resemblance to other supply-side recessions, e.g., those caused or worsened by post-war conversion of armaments industries, oil price shocks (e.g., in 1973, 1979, 2007) and ‘shock therapy’-induced ‘transformational recessions’ in ‘post-communist’ and other economies in the 1990s.

A general recession typically involves declines in many, if not most industries, sectors and regions. Such output contraction typically implies underutilized production capacities, raising unemployment unevenly during a general recession.

In contrast, a structural recession refers to falling output in one or a few related industries, sectors or regions, not sufficiently offset by other rises. However, not all supply side recessions necessarily involve structural transformation, especially if not deliberately induced by government.

Really different this time?

A structural transformation – with unviable activities declining as more ‘competitive’ alternatives grow – may not involve overall economic contraction if resource transfers – from declining activities to rising ones – are easy, rapid and low cost.

Such resource transfers typically require ‘repurposing’ labour as well as plant, equipment and other ‘fixed capital’ stock. Typically, unplanned structural transformations result in supply-side recessions as resources are withdrawn without being redeployed for alternative productive ends.

Some examples include post-war recessions when converting military industries to peacetime non-military purposes after wars end. After the Second World War, US output declined for three years, and was 13% lower in 1947 compared to 1944.

The 1990s’ recessions in many post-communist economies were similarly due to poor management of structural transformations with declining agriculture and manufacturing, often despite more resource extraction, with some contractions deeper than the 1930s’ Great Depression.

In market economies, such adjustments typically increase unemployment as industries become unprofitable – e.g., due to cost spikes – and lay off workers. Growing unemployment lowers wages, while the conventional wisdom claims that cheaper labour costs will induce new investments.

Market resolution of such unexpected, massive disruptions is likely to be poorly coordinated, slow and painful, with high unemployment for years. Alternatively, governments can guide, facilitate and accelerate desired changes with appropriate relief and industrial policy measures.

Keynes needed, but not sufficient

Slumps in travel, tourism, mass entertainment, public events, sit-down eateries, hotels, hospitality, catering, classrooms, personal services and other such activities have been due to physical distancing and other containment requirements.

Such collapses will not be overcome with support, relief and stimulus measures as most such activities cannot fully resume soon, even in the medium term. Expansionary Keynesian fiscal and monetary policies to address collapses in aggregate demand have limited relevance in addressing government-mandated restrictions intended to contain contagion.

Furthermore, as Nobel economics laureate Paul Romer and Alan Garber note, “loan guarantees and direct cash transfers will stave off bankruptcy and default on debt, but these measures cannot restore the output that is lost when social distancing keeps people from producing goods and services”.

Of course, relief measures for those losing incomes can help mitigate the effects of the adverse supply and demand shocks involved, but much depends not only on direct, but also indirect, second or even third order effects, partly reflected in Keynes’ ‘multiplier’ muted by other government measures.

A necessary precondition for the multiplier to accelerate broader economic recovery is the prior existence of underutilized productive capacities. Otherwise, increasing demand will simply raise prices when output and efficiency cannot be quickly increased profitably.

One size does not fit all

Newly restructured economies will inevitably emerge from the pandemic, but some will do better than others. There is and will be greater need and demand for new as well as modified goods and services such as medical supplies, health facilities, care services, distance learning and web entertainment.

Economies trying to adjust to the new post-contagion context should use industrial policy or selective investment and technology promotion to expedite restructuring by directing scare resources from unviable, declining, sunset industries to more feasible, emerging, sunrise activities.

Enabling, incentivizing or even requiring needed resource reallocations can help overcome supply bottlenecks. China and other East Asian countries have already had some early successes in thus addressing their Covid-19 downturns.

All workplaces adversely affected by precautionary requirements will need to be safely reconfigured or repurposed accordingly. Structural unemployment problems, due to skill shortages not coinciding with available labour skill supplies, can be better addressed by appropriate government-employer coordination to appropriately identify and meet skill requirements.

Government policies, e.g., using official incentives, can thus encourage or induce adoption of desirable new practices, such as ‘clean investments’ for ‘green’ restructuring, e.g., by using renewable energy and energy saving technologies. Without such inducements, stimuli and support for desirable new investments, desired structural shifts may be much more difficult, painful and costly.

Thus, the ongoing Covid-19 crisis should be seen as an opportunity to make much needed, if not long overdue investments in desirable sunrise industries, services and enterprises, including personnel retraining and capability enhancement as well as workplace repurposing.

En este documento se presentan los rasgos estilizados de las principales perturbaciones en las cadenas mundiales de suministro desencadenadas por la Covid-19, enfatizando en los principales mecanismos de transmisión y en los probables efectos económicos para América Latina y el Caribe. Además de presentar una breve caracterización de la enfermedad del coronavirus, se analiza el efecto económico como un shock masivo de oferta y demanda y se plantea el falso dilema de aplanar la curva de la pandemia y la curva de la recesión. Se presentan, por último, algunos de los desafíos de política pública para responder a los efectos socio económicos de la pandemia.

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Las epidemias regresan de vez en cuando para recordarnos nuestra vulnerabilidad: vulnerabilidad a la enfermedad y a los poderes fácticos. En pocos meses, algo que parecía ser una catástrofe en una tierra lejana se convirtió en una tragedia cotidiana en casa. Esta enfermedad, producida por un agente infeccioso altamente insidioso, conocido popularmente como el coronavirus, se ha extendido como pocas epidemias pasadas a casi todos los rincones del mundo. Está revelando la vileza de los gobiernos autoritarios populistas de derecha que han atacado la ciencia y la salud pública, alentando a sus partidarios a pensar irracionalmente, creando las condiciones para la desesperación, la desinformación, el estigma y el caos que ahora estamos sufriendo.

Esta epidemia es solo la última edición de un triste efecto secundario de los cambios que comenzaron en la década de 1980, cuando la mayoría de los gobiernos adoptaron el neoliberalismo y la globalización y su cruel doctrina que exigía una reducción drástica del gasto público y el desmantelamiento de la intervención estatal en los programas sociales. Esto creó una cultura en la cual el beneficio era más importante que todo y todos; donde se redujo el personal médico del sistema de salud nacional e internacional y donde una secuencia interminable de desastres de atención médica se ha convertido en algo común, como el SIDA, el dengue, el SARS, el H1N1, el ébola, el zika y la epidemia que nos oprime ahora.

Estas epidemias han magnificado la relación entre los sistemas económicos injustos y las condiciones de vida adversas, y han confirmado la persistencia del racismo: uno solo necesita recordar los desafortunados comentarios del Presidente de los Estados Unidos sobre un virus "extranjero" y su asociación deliberada con el Chino. Esta doctrina idealiza el estilo de vida neoliberal y permanece en silencio sobre la vulnerabilidad estructural en la que vive la mayoría de las personas. Esto no significa que la higiene personal y el autoaislamiento no sean importantes, pero estas medidas no reflejan las condiciones de vida de la gran mayoría de las familias pobres en las afueras de las ciudades. Están abarrotados en espacios pequeños con acceso limitado al agua, lejos de los centros de salud, y con miembros de la familia de edad avanzada ya víctimas de los principales determinantes sociales de las enfermedades respiratorias.

Las pandemias mencionadas anteriormente surgieron o se vieron agravadas por la discriminación, el deterioro del clima, la explotación de los recursos naturales a través de prácticas extractivas no reguladas y la negación de los derechos humanos, como el derecho de cada persona a la atención médica, factores que glorificaron abierta o inherentemente el neoliberalismo. Estas crisis fueron acompañadas por la banalización de muertes y enfermedades prevenibles y la reproducción de estereotipos criminales con respecto a las víctimas de epidemias, como las minorías, los pobres, los indígenas y las mujeres.

La terrible epidemia que estamos experimentando es evidencia no solo de las fuerzas económicas, sociales y ambientales que desencadenó el neoliberalismo, sino también de su incapacidad para construir un futuro inclusivo. También marca la erosión casi irreparable de una de las leyes supranacionales más valiosas que ahora se ha olvidado: el Reglamento Sanitario Internacional (2005).

De acuerdo con estas regulaciones, que todos los países firmaron, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es responsable de articular y coordinar las respuestas a las pandemias (Cueto, 2015). Fue desarrollado después de muchas discusiones sobre acuerdos fundamentales que se remontan a principios del siglo XX. Como ha sido evidente casi desde el comienzo de Covid-19, cada país, estado o ciudad ha hecho lo que prefirió, prestando atención y citando a la OMS cuando fue conveniente. Es importante recordar que ha habido una falta recurrente de financiamiento internacional para estas regulaciones y una erosión persistente de la legitimidad de esta agencia multilateral de las Naciones Unidas por parte de los países industrializados.

Las diferencias entre la crisis económica de 2008 y la crisis de salud de 2020 son importantes. En 2008, el gobierno de los Estados Unidos recaudó más de $ 700 mil millones en pocos días para salvar a los bancos privados. Por el contrario, durante la epidemia de Covid-19, el gobierno de los Estados Unidos inicialmente asignó poco más de dos mil millones de dólares (afortunadamente, el Congreso ha aumentado esta cifra en unos pocos miles de millones, pero esto todavía es claramente insuficiente). Para empeorar las cosas, en los últimos años, la Casa Blanca recortó cerca de $ 700 millones en fondos para uno de los mejores centros epidemiológicos del mundo, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), y eliminó al equipo de la Casa Blanca responsable del monitoreo internacional de brotes epidémicos.

Sin embargo, a veces las catástrofes brindan oportunidades únicas para reflexionar y mejorar. En un mundo donde una serie de escándalos compiten por el tiempo en los medios de comunicación, las enfermedades epidémicas permiten a los profesionales de la salud pública, científicos e historiadores de la salud alzar la voz y asegurarse de que se reconozca la importancia de su trabajo, nuestro trabajo. Debemos recordar a todos las consecuencias de las enfermedades endémicas prevenibles que afectan a la sociedad. Debemos revelar la letalidad de descontar los métodos científicos. Debemos exigir prevención y solidaridad. Debemos restaurar y aumentar los fondos para los sistemas de salud pública y redirigir los servicios públicos y los empleados, que no deben estar subordinados a los intereses económicos privados.

Como historiadores, algunos de nosotros nos hemos dedicado, a veces, a pensar en catástrofes epidémicas, y hemos concluido que el liderazgo incompetente de las autoridades ciegas e histéricas, además de la xenofobia, la desesperación y el caos, agrava el desastre (Cueto, 1997) .

En el caso de Covid-19, hay problemas urgentes por resolver. La falta de exámenes, el pequeño número de laboratorios que pueden procesar los exámenes, la capacitación inadecuada de los profesionales de la salud sobre cómo administrar estos exámenes y analizar los resultados, la medida en que las personas siguen el consejo médico, la gran posibilidad de que los centros médicos brinden el tratamiento se sobrecargará y el impacto económico grave estimado presagia un desastre. Al igual que con las valiosas respuestas a otras epidemias por parte de profesionales de la salud y científicos, debemos responder a la situación actual y, al mismo tiempo, mirar hacia el futuro.

Parece que, en los países pobres y de ingresos medios, las medidas económicas más efectivas son el "distanciamiento social" (al menos un metro y medio entre individuos), la cancelación de eventos y reuniones, y la reducción del transporte público a un mínimo, desde que el transporte público se ha convertido en el gran vector urbano de Covid-19.

Según el historiador médico Charles Rosenberg, las epidemias generalmente tienen un ciclo que comienza con la negación, pasa por la resignificación y la resignación, y termina en el olvido (Rosenberg, 1992). Como en otras epidemias, uno de los principales peligros que enfrentamos no solo es que la epidemia de Covid-19 empeora, sino que luego toleramos una vez más la falta de inversión en salud pública y perdemos la oportunidad de poner fin a la retroalimentación entre respuestas insuficientes fragmentadas y la recurrencia de epidemias.

La esperanza de este autor es que esta vez las cosas serán diferentes: que no solo podemos controlar, mitigar e implementar medidas de salud pública con pleno apoyo político y financiero, sino también convencernos de que la salud pública  es  intrínsecamente global y una obligación del Estado hacia todos los ciudadanos, y que debemos asignar fondos significativos para la investigación, incluida la investigación histórica, que puede contarnos mucho más sobre los desafíos de la atención médica para comprender y actuar en el presente y planificar el futuro con esperanza.

Dentro de la coyuntura de la pandemia del COVID-19 la interrupción de las actividades económicas puso de manifiesto los desafíos estructurales del mercado de trabajo en América Latina. Los países de la región deberán enfrentar grandes caídas de su producto interno bruto con importantes consecuencias en sus mercados laborales, en un contexto de debilidad y vulnerabilidad macroeconómica.

Con esto, en el informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe se examinan algunas de las políticas implementadas por los países para proteger el empleo formal e informal, cautelar los ingresos y proteger al sector productivo. Asimismo, se analizan los desafíos laborales para una reactivación productiva en el escenario posterior a la pandemia, para lo cual es necesario un pilar de políticas que prioricen la seguridad y la salud en el trabajo.

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La crisis causada por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) tuvo un gran impacto en la economía y los mercados laborales regionales durante 2020. El año finalizó con una caída del PIB del 7,1%, que se tradujo en una marcada pérdida de empleos y un aumento de la tasa de desocupación, que alcanzó el 10,5%. A diferencia de crisis anteriores, el número de personas que se retiraron del mercado laboral fue elevado, principalmente en el segundo trimestre del año, y la contracción del empleo informal fue mayor que la del empleo formal. A medida que las restricciones a la movilidad se levantan, se observa un retorno de la población activa y una lenta recuperación del empleo, aunque durante 2021 la tasa de desocupación y los niveles de precariedad laboral se mantendrán elevados.
La pandemia puso en evidencia la necesidad de un uso inclusivo de las nuevas tecnologías para generar empleos. En la segunda parte de este informe se analizan las principales características del trabajo en plataformas digitales, la repercusión de la pandemia en esta modalidad de trabajo y algunos aspectos a considerar para el diseño de marcos regulatorios adecuados.

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elevó su estimación de crecimiento promedio para la región en 2021 a 5,2%, cifra que denota un rebote desde la profunda contracción de 6,8% anotada en 2020 como consecuencia de los efectos adversos producidos por la pandemia de COVID-19. Esta expansión no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado y se prolongarán durante la etapa de recuperación, advirtió el organismo de las Naciones Unidas en un nuevo informe especial dado a conocer hoy.

El documento titulado La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad, fue entregado por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en una conferencia de prensa virtual en la cual urgió a los gobiernos a mantener las políticas de transferencias de emergencia para fortalecer una reactivación que sea sostenible en el tiempo, más justa, igualitaria y amigable con el medio ambiente.

“Necesitamos políticas para una recuperación transformadora con énfasis en la inversión. Políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleos de calidad. Reestructurar los sistemas de salud y educación. Sostener las transferencias, universalizar un ingreso básico de emergencia, implementar bonos contra el hambre, asegurar el acceso a una canasta básica digital, fortalecer el apoyo a las mipymes. Impulsar políticas transversales y sectoriales para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo”, declaró.

Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, en 2022 América Latina y el Caribe crecerá 2,9% en promedio, lo que implica una desaceleración respecto del rebote de 2021. Nada permite anticipar que la dinámica de bajo crecimiento previo a 2020 vaya a cambiar. Los problemas estructurales que limitaban el crecimiento de la región antes de la pandemia se agudizaron y repercutirán negativamente en la recuperación de la actividad económica y los mercados laborales más allá del repunte del crecimiento de 2021 y 2022. En términos de ingresos per cápita, la región continúa en una trayectoria que conduce a una década perdida, advierte el informe.

El documento explica que la tasa de crecimiento actual no es sostenible y existe un riesgo de retorno a trayectorias mediocres, con insuficiente inversión y empleo, y mayor deterioro ambiental. La crisis derivada de la pandemia ha aumentado la desigualdad y la pobreza, afectando principalmente a las mujeres, escolares y personas mayores. Además llegó en un momento donde la región estaba estancada, sin enfrentar la crisis de largo plazo de la inversión, el empleo y la diversificación productiva sostenible. Reconoce asimismo que las medidas fiscales adoptadas por los países han sido importantes, pero insuficientes en monto y duración.

Al 30 de junio, la región acumulaba más de 1.260.000 muertos por causa del COVID-19 (32% del total mundial, a pesar de que su población representa el 8,4% a nivel global) y presenta grandes brechas en la vacunación respecto a los países desarrollados. Para cerrarlas se requiere cooperación e integración. En América Latina y el Caribe (30 países) el porcentaje de la población total con esquema de vacunación completo llega a solo 13,6%, mientras que en la Unión Europea es de 34,9% y en América del Norte 46,3%.

En el último año, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 12,5% y la de pobreza el 33,7%. Las transferencias de emergencia a los sectores más vulnerables permitieron atenuar el alza de la pobreza en la región en 2020 (pasó de 189 millones en 2019 a 209 millones pudiendo haber sido de 230 millones, y de 70 millones en 2019 a 78 millones pudiendo haber sido 98 millones en el caso de la pobreza extrema). Estas transferencias beneficiaron a 326 millones de personas, el 49,4% de la población. Sin embargo, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó (2,9% del índice de Gini). En tanto, la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó a 40,4% de la población en 2020, 6,5 puntos porcentuales más que en 2019. Esto significa que hubo 44 millones de personas más en inseguridad alimentaria moderada o grave en la región, y 21 millones pasaron a sufrir inseguridad alimentaria grave.

El informe indica que en el período enero-abril de 2021, 20 países anunciaron o extendieron transferencias de emergencia por 10 mil millones de dólares (0,26% del PIB de 2020). De mantenerse este nivel de gasto en los restantes ocho meses de 2021, el gasto en transferencias anual sería de solo 0,78% del PIB de 2020, es decir, la mitad del gasto de 2020: 1,55% del PIB. De esta forma la cobertura sería mucho menor y alcanzaría a 60 millones de hogares (231 millones de personas y 29% de la población, comparado con los 326 millones y 49,4% de la población alcanzada en 2020).

Por otro lado, la CEPAL indica que la pandemia deja a 2021 en un peor estado ambiental que es difícil de revertir. Si bien hubo mejoras temporales en la calidad del aire y redución de la emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones repuntarían 5% este año, mientras que en 11 países de la región se observó una caída de 35% en el presupuesto o gasto de protección ambiental en 2019-2020.

En materia de comercio exterior el panorama es más favorable, ya que se prevé que las exportaciones regionales se incrementen 22% en 2021 (luego de experimentar un descenso de 10% en 2020), lo que se explica por el aumento de los precios de las materias primas, la recuperación de la demanda en China, Estados Unidos y la Unión Europea, y la recuperación de la actividad económica en la región. En tanto, en el período enero-abril de 2021, el valor del comercio intrarregional se expandió un 19% respecto de igual período de 2020, con lo que recuperaría valores cercanos a los de 2019 (que ya eran muy bajos).

Con relación al financiamiento, el informe de la CEPAL advierte que América Latina es la región con el mayor peso de la deuda externa en el PIB (56,3%) y con el mayor servicio de la deuda externa en términos de exportaciones de bienes y servicios (59%). Esos niveles de endeudamiento reducen el espacio fiscal y ponen en peligro la recuperación y el crecimiento futuro. En el caso de los pequeños Estados insulares del Caribe (PEID), la situación es aún más insostenible, ya que en algunos países el nivel de deuda pública supera el 100% del PIB.

“A la luz de todos estos desafíos, es necesaria una nueva arquitectura financiera internacional para responder a la emergencia y al desarrollo de la región”, enfatizó Alicia Bárcena. Indicó que se necesita un foro multilateral para debatir condiciones de emisión de nueva deuda y restructuración de deuda, una agencia multilateral de calificación crediticia, la inclusión de países de ingreso medio en todas las iniciativas de alivio y acceso a liquidez tanto concesional como no concesional, la implementación de          instrumentos de financiamiento innovadores, como bonos verdes y bonos SDG, la capitalización y fortalecimiento de la banca de desarrollo en todos sus niveles, acceso a mecanismos multilaterales para la aplicación de impuestos globales, eliminación de la elusión, evasión y flujos ilícitos, y repensar el sistema de cooperación para lograr una medición multidimensional más allá del PIB per cápita.

En materia fiscal, el estudio de la CEPAL reafirma que es imprescindible mantener las políticas fiscales para apoyar las transferencias sociales de emergencia, apoyar a los sectores productivos y revertir la persistente caída de la inversión para continuar mitigando los efectos de la pandemia y avanzar en una recuperación transformadora con igualdad. Además, las políticas fiscales deben tener un enfoque de género en todo el ciclo fiscal. “El espacio fiscal se debe aumentar vía crecimiento de los ingresos tributarios y reducción de gastos innecesarios. También hay que consolidar los impuestos sobre la renta, extender el alcance de los impuestos a la propiedad y al patrimonio (riqueza), revisar y actualizar de forma progresiva las regalías a la explotación de recursos no renovables, y considerar impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados a la salud pública”, precisa el informe.

“Los esfuerzos para una recuperación transformadora deben aprender de la crisis ambiental: las otras ventanas de oportunidad también se irán cerrando si no se actúa ahora”, remarcó Bárcena.

A semanas de las fiestas de fin de año, la cadena de suministros en Estados Unidos y América Latina está enfrentando problemas que afectan a todos sus eslabones. La pandemia ha trastocado la producción y la demanda a nivel global, el precio del transporte ha subido y en los puertos se acumulan los barcos esperando descargar y los camiones listos para distribuir esa carga. Todo esto afecta a nuestros bolsillos. Los productos han subido de precio y algunos escasean. ¿Es esto una crisis o un paso inevitable en la recuperación de la pandemia? Carlos Bautista, un camionero, nos cuenta cómo se vive esta situación desde uno de los mayores puertos de Estados Unidos. Luego, el economista Óscar Ugarteche, desde México, nos explica el trasfondo del problema y qué puede significar para las fiestas de fin de año.

The BRIC countries are in trouble. For a season the dynamos of international growth while the West was mired in the worst financial crisis and recession since the Depression, they are now the leading source of anxiety in the headquarters of the IMF and the World Bank. China, above all, because of its weight in the global economy: slowing output and a himalaya of debt. Russia: under siege, oil prices falling and sanctions biting. India: holding up best, but unsettling statistical revisions. South Africa: in free fall. Political tensions are rising in each: Xi and Putin battening down unrest with force, Modi thrashed at the polls, Zuma disgraced within his own party. Nowhere, however, have economic and political crises fused so explosively as in Brazil, whose streets have in the past year seen more protesters than the rest of the world combined.

Picked by Lula to succeed him, Dilma Rousseff, the former guerrilla who had become his chief of staff, won the presidency in 2010 with a majority nearly as sweeping as his own. Four years later, she was re-elected, this time with a much smaller margin of victory, a 3 per cent lead over her opponent, Aécio Neves, the governor of Minas Gerais, in a result marked by greater regional polarisation than ever before, the industrialised south and south-east swinging heavily against her, and the north-east delivering an even larger landslide for her – 72 per cent – than in 2010. But overall it was a clear-cut win, comparable in size to that of Mitterrand over Giscard, and a good deal larger, not to mention cleaner, than that of Kennedy over Nixon. In January 2015 Dilma – from this point we’ll drop the surname, as Brazilians do – began her second presidency.

Within three months, huge demonstrations packed the streets of the country’s major cities, at least two million strong, demanding her ouster. In Congress, Neves’s Brazilian Social Democracy Party (PSDB) and its allies, emboldened by polls showing Dilma’s popularity had fallen to single figures, moved to impeach her. On May Day, she was unable even to give the traditional televised address to the nation: when her speech on International Women’s Day in March had been broadcast people banged saucepans and blew car horns, a form of protest that became known as panelaço. Overnight, the Workers’ Party (PT), which had long enjoyed by far the highest level of approval in Brazil, became the most unpopular party in the country. In private, Lula lamented: ‘We won the election. The following day we lost it.’ Many militants wondered if the party would survive at all.

How had it come to this? In the last year of Lula’s rule, when the global economy was still gripped by the aftermath of the financial crash of 2008, the Brazilian economy grew 7.5 per cent. On taking office, Dilma tightened policy against risks of overheating, to the satisfaction of the financial press, in what looked like the kind of reinsurance policy Lula had himself taken out at the start of his first term. But as growth fell sharply, and world financial skies darkened once more, the government changed course, with a package of measures intended to prime investment for sustained development. Interest rates were lowered, payroll taxes cut, electricity costs reduced, loans to the private sector from private banks increased, the currency devalued and limited control of capital movements imposed.＊ On the heels of this stimulus, halfway through her presidency, Dilma enjoyed an approval rating of 75 per cent.

But, far from picking up, the economy slowed from an already mediocre 2.75 per cent in 2011 to a mere 1 per cent in 2012, and with inflation above 6 per cent, in April 2013 the Central Bank abruptly raised interest rates, undercutting the ‘new economic matrix’ of Guido Mantega, the finance minister. Two months later, the country was swept by a wave of mass protests, triggered by higher bus fares in São Paulo and Rio but quickly escalating into generalised expressions of discontent with the quality of public services and, fanned by the media, of hostility to an incompetent state. Overnight, the government’s approval ratings halved. In response, it beat a retreat, starting cautionary reductions in public spending and allowing interest rates to rise again. Growth fell further – it would be nil in 2014 – but employment and wages remained stable. At the end of her first term Dilma waged a defiant campaign for re-election, assuring voters that she would continue to give priority to improving the living standards of working people, and attacking her PSDB opponent for planning to reverse the social gains of PT rule by slashing social benefits and hitting the poor. In the face of a continuous ideological barrage against her in the press, it was enough to give her victory.

Before her second term had even formally begun, Dilma reversed course. A spell of austerity, she abruptly explained, was required. The architect of the new economic matrix was dismissed, and the Chicago-trained head of the asset management division of Brazil’s second largest private bank installed at the finance ministry, with a mandate to curb inflation and restore confidence. The imperatives now were to cut social spending, curtail credit from public banks, auction state property and raise taxes to bring the budget back into primary surplus. Soon the Central Bank had hiked interest rates to 14.25 per cent. Since the economy had already stalled, the effect of this pro-cyclical package was to plunge the country into a full-blown recession – investment declining, wages falling and unemployment more than doubling. As GDP contracted, fiscal receipts fell, worsening the deficit and public debt. No government’s ratings could have withstood the speed of this deterioration. But the meltdown of Dilma’s popularity was not just the predictable result of the impact of recession on ordinary living standards. It was also, more painfully, the price of her abdication from the promises on which she was elected. Overwhelmingly, the reaction among her voters was that her victory was an estelionato, an embezzlement: she’d cheated her supporters by stealing the clothes of her opponents. Not just disillusion, but anger followed.

Half-hidden, the roots of this debacle lay in the soil of the PT’s model of growth itself. From the outset, its success relied on two kinds of nutrient: a super-cycle of commodity prices, and a domestic consumption boom. Between 2005 and 2011, the terms of trade for Brazil improved by a third, as demand for its raw materials from China and elsewhere increased the value of its principal exports and the volume of tax receipts for social expenditures. By the end of Lula’s second term, the share of primary commodities in the Brazilian export package had jumped from 28 to 41 per cent, and manufactures had fallen from 55 to 44 per cent; by the end of Dilma’s first term, raw materials accounted for more than half the value of all exports. But from 2011 onwards the prices of the country’s leading tradable goods collapsed: iron ore dropped from $180 to $55 a ton, soya from $18 to $8 a bushel, crude oil from $140 to $50 a barrel. Compounding the end of the overseas bonanza, domestic consumption hit the buffers. Throughout its rule, the core strategy of the PT had been to expand home demand by increasing popular purchasing power. That was achieved not only by raising the minimum wage and making cash transfers to the poor – the Bolsa Família – but by a massive injection of consumer credit. Over the decade from 2005 to 2015, total debt owed by the private sector increased from 43 to 93 per cent of GDP, with consumer loans running at double the level of neighbouring countries. By the time Dilma was re-elected in late 2014, interest payments on household credit were absorbing more than a fifth of average disposable income. Along with the exhaustion of the commodity boom, the consumer spree was no longer sustainable. The two motors of growth had stalled.

In 2011 the aim of Mantega’s new economic matrix had been to kick-start the economy by lifting investment. But his means of doing so had diminished. State banks had been steadily increasing their share of loan capital, from a third to a half of all credit since he took over in 2006 – the portfolio of the government’s development bank, BNDES, rose sevenfold after 2007. Offering preferential rates to leading companies that added up to a much larger subsidy than outlays to poor families, the ‘Bolsa Empresarial’ cost the treasury about double the Bolsa Família. Favourable to large commodity and construction firms, this direct expansion of public banking was anathema to an urban middle class in an increasingly violent anti-PT mood, with the local media – amplified by the business press in London and New York – vituperating the dangers of statism. So, switching direction, Mantega sought to boost private sector investment by tax concessions and lower interest rates, at the cost of a reduction in public infrastructural investment, and to help manufacturers by a devaluation of the real. But Brazilian industry was wooed in vain. Structurally, finance is a much stronger force in the country. The combined capitalisation of its two largest private banks, Itaú and Bradesco, is now twice that of Petrobras and Vale, its two biggest extractive firms, and far sounder. The fortunes of these and other banks have been made from the highest long-term interest regime in the world – crippling for investors, manna for rentiers – and staggering spreads between deposits and loans, with borrowers paying anything from five to twenty times the cost of the same money to lenders. Flanking this complex is the sixth largest bloc of mutual and pension funds in the world, not to speak of the biggest investment bank in Latin America, and a swarm of private equity and hedge funds.

In the belief that this must rally manufacturers to its side, the government confronted the banks by forcing interest rates down to an unprecedented real level of 2 per cent by the end of 2012. In São Paulo the Employers Federation briefly expressed its appreciation of the change, before hanging out flags in support of the anti-statist marchers of June 2013. Industrialists had been happy to reap high profits from the positive-sum period of growth under Lula, in which virtually every social group saw its position improve. But when this ended under Dilma, and strikes flared up, they were unmoved by the favours granted them. Not only were big companies in the real economy, like their counterparts in the North, themselves often long on financial holdings negatively affected by sharp pressure on rentier revenues, and for that reason not readily detachable from banks or funds, but as a social group most manufacturers formed part of an upper middle class much more numerous, vocal and politicised than the ranks of businessmen proper, with greater ideological and communication capacity in society at large. The rabid hostility of this stratum to the PT was inevitably shared by manufacturers too. Between bankers above and professionals below, each committed to bringing down a regime now threatening their common interests, producers lacked significant autonomy.

Against this front, on what support could the PT count? The trade unions, if somewhat more active under Dilma, were a shadow of their combative past. The poor remained passive beneficiaries of PT rule, which had never educated or organised them, let alone mobilised them as a collective force. Social movements – of the landless, or the homeless – had been kept at a distance. Intellectuals were marginalised. But not only had there been no political potentiation of energies from below. The style of the material benefactions of the regime created little solidarity. There was no redistribution of wealth or income: the infamously regressive tax structure bequeathed by Cardoso to Lula, penalising the poor to pamper the rich, was left untouched. Distribution there was, appreciably raising the living standards of the least well-off, but it was individualised in form. With the Bolsa Família taking the form of disbursements to mothers of school-age children, this could not have been otherwise. Increases in the minimum wage meant there was an expansion of the number of workers with a carteira assinada, entitling them to the rights of formal employment; but no rise, if anything a decline, in unionisation. Above all, with the arrival of crédito consignado – bank loans at high interest rates deducted in advance from wages – private consumption was unleashed without restraint at the expense of public services, whose improvement would have been a more expensive way of stimulating the economy. Purchase of electronics, white goods and vehicles was fanned (cars through tax incitements), while the water supply, paved roads, efficient buses, acceptable sewage disposal, decent schools and hospitals were neglected. Collective goods had neither ideological nor practical priority. So along with much needed, genuine improvements in domestic living conditions, consumerism in its deteriorated sense spread downwards through the social hierarchy from a middle class besotted, even by international standards, with magazines and malls.

How damaging this has been for the PT can be seen in the fate of housing, where collective and individual needs most visibly intersect. With the consumer bubble came a much more dramatic real-estate bubble, in which vast fortunes were made by developers and construction firms, while the price of housing for the majority of those living in big cities soared, and about a tenth of the population lacked adequate dwellings. From 2005 to 2014, credit for real-estate speculation and construction increased twenty times over; in São Paulo and Rio prices per square metre quadrupled. In São Paulo, average rents increased 146 per cent in 2010 alone. In the same years there were six million vacant apartments, while seven million families were in need of decent housing. Rather than itself increasing the supply of popular housing, the government funded private contractors to build settlements at a handsome profit in exurban areas, charging rents typically beyond the reach of the poorest layer of the population, and stood by as local authorities launched evictions of those who occupied vacant lots. In face of all this, social movements have sprung up among the homeless, and are now the most important in Brazil: these movements are not around, but against the PT.

Lacking any popular counter-force to withstand concerted pressure from the country’s elites, Dilma no doubt hoped, after her narrow re-election, that by beating an economic retreat, with an initial belt-tightening like that of Lula’s first years in power, she could reproduce the same kind of upturn. But external conditions precluded any comparable outcome. The dance of the commodities has gone, and recovery, whenever it comes, is likely to be subdued. It can be argued that, viewed in context, the extent of current difficulties should not be exaggerated. The country is in a severe recession, with GDP falling 3.7 per cent last year, and probably much the same this year. On the other hand, unemployment has yet to reach the levels of France, let alone Spain. Inflation is lower than in Cardoso’s last years, and reserves higher. Public debt is half that of Italy, though given Brazilian interest rates, the cost of servicing it is far greater. The fiscal deficit is below the EU average. All these figures are likely to worsen. Still, so far the depth of the economic hole does not match the volume of ideological clamour about it: partisan opposition and neoliberal fixation have every interest in overstating the country’s plight. But that scarcely reduces the scale of the crisis in which the PT is now floundering, which is not just economic, but political.

There, the origins of its plight lie in the structure of the Brazilian constitution. Virtually everywhere in Latin America, presidencies inspired by the US coexist with parliaments modelled on Europe: that is, over-mighty executives on the one hand, legislatures elected by proportional representation of votes – not Anglo-Saxon first-past-the-post distortion of them – on the other. The typical, though not invariable, result is a presidency with sweeping administrative powers, whose weak undercarriage is a party lacking any majority in a parliament with significant legislative powers. Nowhere else, however, is the divarication between executive and legislative anything like as pronounced as in Brazil. This is, above all, because the country has far the weakest party system in the continent. In Brazil, proportional representation takes the form of an open list system, in which electors can choose any candidate from among a host of individuals nominally standing on the same ticket, in constituencies often with a million or more voters. The consequences of this configuration are two-fold. Overwhelmingly, voters pick a politician of whom they know – or think they know – something, rather than a party of which they know little or nothing, while politicians, for their part, need to raise huge sums of money to fund campaigns to secure voter identification with them. The great majority of parties, whose number has increased with every election (there are 28 in the current Congress), lack any political coherence, let alone discipline. Their purpose is simply to secure favours from the executive to line their own pockets, and to pass down a residuum to their constituents to secure re-election, in exchange for supplying their votes to the government in the chamber.

When Brazil emerged from two decades of military dictatorship in the mid-1980s, this system was designed by a political class shaped under it. Objectively, its function was and is to neutralise the possibility that democracy might lead to the formation of any popular will that could threaten the enormities of Brazilian inequality, by chloroforming voter preferences in a miasma of sub-political contests for venal advantage. Further accentuating the bias of the system is massive geographical malapportionment. All federal systems require some equalisation of regional weighting, typically involving over-representation in an upper chamber of areas that are smaller and more rural, at the expense of those that are larger and more urbanised, as in the US Senate. Few, however, approach the degree of distortion that its engineers built into the Brazilian system, where the ratio of over-representation between the smallest and largest state in the Senate is 88:1 (in the US it is around 65:1). Not only do the three poorest and most backward macro-regions, which account for two-fifths of the population (haunts of the most traditional caciques, who dominate the most submissive clienteles), control three-quarters of the seats in the upper house of Congress. Uniquely, they command a majority in the lower house, too. Far from correcting the conservative tilt of this system, democratisation increased it, adding new under-populated states that aggravate the imbalance.

In this landscape, unlike in any other country in Latin America to emerge from military rule in the 1980s, no political parties of significance survived from the period before the dictatorship. Rather, the stage was initially occupied by two forces derived from constructs of the generals: their party of nominal opposition, the Brazilian Democratic Movement (MDB), and their party of government, the National Renewal Alliance (ARENA) – mocked at the time as the difference between muttering ‘sim’ and ‘sim, senhor’. The former eventually renamed itself the Brazilian Democratic Movement Party (PMDB), and most of the latter morphed into the Liberal Front Party (PFL). After the generals had withdrawn, the first stable government came with Cardoso’s presidency in 1994, born of a pact between a spin-off from the PMDB that he had helped create, the nominally social democratic, in fact social-liberal PSDB, whose electorate was in the industrialised south and south-east, and the nominally liberal, in fact conservative PFL, whose base lay in the retrograde north-east and north. This was a deal between moderate opponents and traditional ornaments of the dictatorship that assured the executive a consistently large majority in the legislature, in the service of what would become a neoliberal programme in line with the Washington consensus of the period. As a presidential candidate, Cardoso – regarded by capital as a guarantee against radicalisation – was drenched with money: the well-off knew their friend. The relative cost of his campaigns, in a much poorer country, exceeded Clinton’s in the United States. Running against him, Lula was drowned in a torrent of cash. But once in office Cardoso did not in general – though there would be a crucial exception – need money to buy support in Congress, where his coalition with the oligarchic clans of the north-east, while subject to standard jostling over prebends, was not simply one of convenience, but the coming together of natural partners around common objectives. The arrangement was stable, and has in recent years been much praised by Brazilian and Anglophone admirers of Cardoso as a model of ‘coalitional presidentialism’, touted as a hopeful example to much of the rest of the world, where European or American forms of government are unlikely to take root.

Still, although the coffers of Cardoso’s campaigns were ‘clean’ in the sense of American money politics, where Super PACs buy votes, and his coalition was ideologically unforced, once he was elected neither his objectives nor those of his allies could be achieved without reliance on other methods. Both his vice-president, Marco Maciel, and his most powerful ally in Congress, Antonio Carlos Magalhães, were linchpins of the repressive political order in the north-east – one installed as governor by the dictatorship in Pernambuco, the other in Bahía, after both had supported the destruction of democracy in 1964 – with no intention of altering traditional ways of running it. ACM, as he liked to be known, boasted: ‘I win elections with a bag of money in one hand and a whip in the other.’ His son Luis Eduardo was Cardoso’s favourite politician in Congress, the dauphin scheduled to succeed him, had he not died young. Cardoso himself, who had long maintained that reform of the party system was a priority for Brazil and promised to deliver it, decided as soon as he was in the presidential palace, the Planalto, that the real priority was to revise the constitution so he himself could be elected for a second term. Abandoning any attempt to rationalise or democratise the political order, he presided – here it did prove necessary – over straightforward bribing of deputies to purchase the super-majority in Congress required to ram the change through.

When Lula was finally elected in 2002, the PT was in a different position. Once he had given reassurances that he would not attack them, and looked as though he would probably win, Lula’s campaign too had been funded by banks and companies, if on nothing like the scale of his predecessor. But in Congress he had no natural allies of any significance. The PT, for all the moderation of Lula’s pitch for the presidency, was regarded by others – and still regarded itself – as a radical party, well to the left of the marshlands composing the overwhelming mass of the legislature. There it had no more than a fifth of the deputies, on a vote less than a third of Lula’s own. How was it to secure any kind of working majority to support him from this marais? The traditional method, practised on a heroic scale by the first president after the dictatorship, José Sarney, another former servitor of the generals, was to buy support by handing out ministries and sinecures to whoever was keenest and could deliver the largest number of votes in exchange – in the first instance, competing factions in what was formally his own party, the catch-all PMDB, the largest and most characterless political entity in the country, which a decade later had become the sump into which every rivulet of political corruption drained. The classic course for the PT would have been to cut a deal with this creature, by allocating it a major share of cabinet posts and state agencies. That solution the party – there is dispute as to who in its high command was for and who against it – rejected, fearing its consequence would be such an ideological dead-weight within the government that progressive momentum of any kind would be neutered. Instead, the decision was made to stitch together a patchwork of backers out of the dense array of smaller parties, without conceding them much foothold in the government, but paying them cash for their support in the chamber by way of a solatium. In effect, the PT attempted to compensate for its lack of the kinds of partner with whom Cardoso had enjoyed a natural connubium, and its refusal of the kind of spoils system Sarney had operated, by dispensing a set of material inducements to co-operation at a lower level, and in lesser coinage: monthly wads of money in lieu of major offices of state.

When it broke in 2005, the scandal of the mensalão (or ‘monthly pay-offs’) lost Lula the support of his middle-class electorate, and nearly finished his first presidency. Once he survived it to be triumphantly re-elected the following year, the PT had little choice but to fall back on the solution it had sought to avoid: the PMDB entered en bloc into the government, with a roster of ministries and key posts in Congress, and there it stayed through Dilma’s first term, and the first year of the second. Far from declining, however, systemic corruption escalated. Not only was the PMDB a byword for plunder of public resources in its strongholds at municipal and state level (for decades it has ceased even to put up a presidential candidate), but a gigantic honey-pot, beyond any previous imagining, was taking shape with the expansion of Petrobras, the state oil firm, whose activities would at their height amount to 10 per cent of GDP; market capitalisation at that point would make it the fourth most valuable company in the world. The construction of new refineries, tankers, rigs, offshore platforms, petrochemical complexes offered vast opportunities for kickbacks, and soon an established scheme was in place. Tenders would be held down by a cartel of the country’s leading construction firms, but contracts over-invoiced to put vast sums of money into the pockets of Petrobras directors and the political parties to whom they owed their appointments – bribes in the region of perhaps $3 billion. Malversation was certainly no novelty in the history of Petrobras, Cardoso preferring to look the other way, and until the spring of 2013 the company enjoyed the customary impunity of wealth and power in Brazil.

What changed this were three after-effects of the mensalão. Plea bargaining – the Portuguese term delação premiada is less euphemistic: ‘rewarding for delation’ – was introduced in Brazil; indefinite preventive imprisonment, prisão cautelar, long a judicial power used to cram the country’s jails with its underclass, became for the first time an acceptable instrument for breaking those above that level; and sentences in a first court of appeal could no longer be deferred pending confirmation by a higher court, making the route to incarceration much faster. The first two were the weapons that allowed Italian magistrates to lay siege to the political and industrial class in the Tangentopoli scandals of the 1990s. The third they never acquired. In Brazil, a further means of extracting confessions from those under pre-emptive lock and key was devised: threats to extend the same treatment to their wives and children. In 2013 wiretaps on a currency exchange counter at a car-wash (lava jato) in Brasília led to the arrest of a black-marketeer with a long police record. Held in Curitiba, far to the south, to protect his family this doleiro began to reveal the scale of the system of corruption in Petrobras, in which he had been one of the key intermediaries for the transfer of funds between contractors, directors and politicians, inside and outside the country. In short order, charges were brought against nine top construction companies in Brazil, their famous bosses put under arrest, three senior directors of Petrobras jailed, and investigations opened against more than fifty politicians, members of Congress or state governors.

The three principal parties involved – they numbered seven in all – were the PMDB, the Progressive Party (a sprig of the dictatorship) and the PT. Which banked the most is still unclear. But since few had any illusions about the first two, it was the exposure of the third that mattered politically. The mensalão was petty cash by comparison with the enormity of the petrolão, and whereas the former had been of no private benefit to members of the PT, it was soon clear that the latter had erased the line between organisational funding and personal enrichment. Among other details, it emerged that Lula’s chief of staff José Dirceu, the real architect of the PT as a party, driven from office for his part in the mensalão, had thereafter insisted on a cut from the petrolãobeing paid into his own bank accounts. If the bulk of the kickbacks was used to finance the party’s campaigns and its apparatus, the continual sloshing about of huge sums of clandestine money could not but corrode those handling it. The sociologist Chico de Oliveira’s warning, made well before the petrolão came to light, that the PT was descending towards transmogrification into a taxonomically aberrant species of political life, could no longer be dismissed as a mere metaphor.

Leading the attack on the petrolão, the investigative team in Curitiba became, like the pool in Milan that inspired them, media stars overnight. Youthful, clean-cut and square-jawed, benefiting from wholesome training at Harvard, judge Sérgio Moro and prosecutor Deltan Dallagnol looked straight out of a courtroom drama on American television. Of their zeal to root out corruption, and the value of their shock to the business and political elites of the country, there could be no doubt. But as in Italy, aims and methods did not always coincide. Delation for gain, and indefinite incarceration without charge, combine inducement and intimidation: blunt instruments in the search for truth and pursuit of justice, but in Brazil within the law. Leakage of information, or mere suspicion, from investigations still supposedly secret to the press is not: it is clearly illegal. In Italy, it was regularly used by the Milan pool, and would be used even more widely by the pool in Curitiba. From the outset, the leaks looked selective: persistently targeting the PT, and persistently – though not exclusively: tidbits are distributed elsewhere – appearing in the most violent battering-ram of media assault on it, the weekly magazine Veja, which after weeks of exposés, in the last hours before polls opened in the presidential election of 2014, ran a cover story with the faces of Dilma and Lula looming out of a sinister half-light, lurid red and eerie black, over the exclamation ‘They Knew!’, alerting voters to the criminal masterminds of the petrolão.

Did the drip-feed from magistrates to media mean their objectives were the same, the fruit – as the PT already saw it – of an operation in common? The Brazilian judiciary, like its colleagues in the apparatus of prosecutors and federal police, can be assumed to share much the same outlook as the country’s middle class, to whose better-off layers they belong, with that class’s typical preferences and prejudices. No worker’s party, however emollient, is likely to attract particular sympathy in this milieu. But might the leaks against the PT be the result less of a partisan aversion to it than of a calculation that there would be no better way to dramatise the evils of corruption than to pick it out for obloquy, as for more than a decade the leading political force in the land, and the one about which the media for their own reasons were most eager for revelations? Damaging stories about the PMDB would be too banal, and the PSDB could be spared as, at national level, an opposition party with less access to federal coffers, whatever its record at state level.

The Lava Jato scandal broke in the spring of 2014, and successive arrests and charges kept it in the headlines through the presidential contest in the autumn. Dilma’s economic U-turn, once elected, may in part have been conducted in the hope of placating neoliberal opinion sufficiently for the media to moderate its depiction of the PT as a den of thieves. If so, it was in vain. Outflanking even the PSDB in the virulence of its attacks, a new right rocketed to prominence in the mass demonstrations against Dilma of March 2015. In Brazil the traditional slogans of the right were Family, God and Freedom, the banners of a conservatism that hailed the arrival of the military dictatorship in 1964. Half a century later, the rallying cries had changed. Recruited from a younger generation of middle-class activists, a new right – often proud to call itself such – spoke less of the deity, hardly at all of the family, and reinterpreted liberty. For this layer, the free market was the foundation of every other freedom, the state its hydra-headed enemy. Politics started, not in the institutions of a decaying order, but in the street and squares, where citizens could topple a regime of parasites and robbers. Surfing the mass demonstrations against Dilma, the two leading groups of this radical right – Vem Pra Rua and Movimento Brasil Livre – have modelled their tactics on the role on the radical left of Movimento Passe-Livre in sparking the protests of 2013, the second even deliberately echoing its acronym: for MPL read MBL. The organisations are small on both sides of the divide, each relying on mobilising larger numbers by intensive use of the internet. Brazilian has more addicts of Facebook than any other country after the United States, and Vem Pra Rua, the MBL and other networks on the right – Revoltados On-Line (ROL) is another prominent player – have, no doubt predictably given the class profile of Zuckerberg’s following, galvanised them into action with far more success than the left. To date, the multiplier effects of the new right have been much greater.

Beyond it lies the ambiguous nebula of new religion. More than a fifth of the population of Brazil are now converts to one variety or another of evangelical Protestantism. In the pattern of the Unification Church of the Reverend Moon, many – certainly the largest – of these are business rackets milking the faithful for money to erect financial empires for their founders. The fortune of Edir Macedo, head of the Universal Church of the Kingdom of God, whose huge kitsch Temple of Solomon in the Bras neighbourhood of São Paulo – just across from the scarcely less gross edifice of its rival the Assembleia de Deus, forming a kind of religious Wall Street – stages melodramatic exorcisms on a big screen before hushed or chanting believers in the dark, is reckoned at more than $1 billion. Along with it comes control of the country’s second largest television chain. Currently hegemonic in the field, Macedo’s organisation preaches a ‘theology of prosperity’, promising material success on earth rather than mere relief in heaven. Unlike American evangelicals, the Brazilian churches do not possess marked ideological profiles, other than on such issues as abortion or gay marriage. Macedo supported Cardoso as a bulwark against communism, later fell in behind Lula, and since then has created his own political organisation. But most of the churches operate much like the undergrowth of Brazilian parties: they are vehicles for hire, swapping votes for favours, with the difference that they will back candidates on any number of tickets – the evangelical caucus in Congress, some 18 per cent of the lower chamber, includes deputies from 22 parties. Its principal interests lie in securing licences for their radio and television stations, tax exemption for their businesses, and access to land for building pharaonic monuments to themselves.

At the same time, if more passively and promiscuously than their counterparts in the US, they form a conservative reservoir for aggressively right-wing leaders in Congress. There, symptomatically, the president of the Evangelical Front is a muscular pastor and former policeman who sits on the benches of the PSDB. There too, elected speaker of the house in February 2015 – the most powerful post in Congress, and the third office of state after president and vice-president – was Eduardo Cunha, an evangelical operator from Rio and leader of the PMDB bench. Widely identified as Dilma’s most dangerous enemy – she tried to block his election – Cunha’s sleek features and imperturbable manner conceal an exceptionally skilled and ruthless politician, a master of the black arts of parliamentary manipulation and management, on whom large numbers of the ‘lower clergy’ in Congress had become dependent for the economics of their arrival there, while others lived in fear of his retribution if they crossed him. No sooner had demonstrations in the streets called for Dilma’s impeachment than he became the spearhead of the drive in the legislature to oust her, on the pretext that prior to the election she had improperly transferred funds from the state banks to federal accounts.

Reaching a crescendo in September, the movement to depose her extended across a broad milieu, in which different forces and figures overlapped in indeterminate ways, the young turks of MBL and ROL posing for photographs with Cunha, pillars of the law Moro and Dallagnol (another evangelical) consorting with PSDB politicians and pro-impeachment lobbies, the press pummelling the PT and the Planalto with new denunciations daily. Either Dilma had illegally concealed a deficit in the accounts of the state in order to be re-elected, or she had relied on large injections of corruption to finance her election campaign, or both – in either event, grounds for her speedy ejection from office as an affront to public probity. Eighty per cent of the population, polls showed, already wished her gone.

Into this scene, a bombshell exploded. In mid-October the Swiss authorities notified the attorney-general in Brasília that Cunha held no fewer than four secret bank accounts in Switzerland – another soon came to light in the US – one held in the name of his wife, another in that of a shell company set up in Singapore, via yet another registered in New Zealand. Total value: $16 million, or 37 times his declared wealth in Brazil. At the disposal of the couple, held in the name of two local companies – defeating satire, one of them called Jesus.com – was a fleet of nine limousines and SUVs in Rio. Evidence that he had been extracting huge bribes from Petrobras piled up. Even for the most obedient press, this was too much. In Congress, a comedy of reversals ensued. Under the Brazilian constitution, the speaker of the house is vested with the sole power to bring a motion for impeachment of the president to the floor. For months the PSDB had been courting Cunha, conferring with him in intimate conclaves on the tactics and timing of the trial in view. The revelation of his treasure-chest in Switzerland, with evidence immensely more damning than any purported against Dilma, thus came as an acute embarrassment for the party. What was it to do? Cunha still held the keys to impeachment, which if successful would cancel the election of 2014, and ensure Neves victory in the rerun. The party therefore said as little as possible about the tidings from Bern, beyond observing that Cunha himself had not yet spoken and must be regarded as innocent until proved otherwise. But at that its backers in the media could not contain themselves: how could the party of morality act as a cover for such blatant criminality? In face of this revolt, the PSDB was forced to backtrack and sheepishly announce that it could not after all support the speaker – a small independent socialist party had by now lodged a case for his removal from Congress – any longer. On seeing the PSDB desert him, Cunha made a swift about-face. Negotiating behind closed doors, he offered to freeze Dilma’s impeachment if the PT would protect him from annulment of his mandate and expulsion from Congress. No sooner said than done. PT ministers, no less shameless than the PSDB, agreed to help him remain in place, provided he made no move against Dilma. This surreal merry-go-round was too much for the party outside Congress, and the deal had to be dropped. For a time, it looked as if Cunha’s position was unsustainable, and the cause of impeachment so damaged by his exposure that it had small chance of passing.

*

In the background, however, the prime repository of hopes of finishing off the PT had not desisted. Since the onset of the crisis, Cardoso had been omnipresent in the media – his image everywhere, in a torrent of interviews, articles, speeches, diaries. Long esteemed by press barons and their aides, his renewed prominence was the fruit of a more immediate political calculation on their part, and his. Presented as the elder statesman of the republic, to whose wisdom it owes what stability it has achieved, editors and journalists have competed to build him up as a thinker of international stature, the voice of sanity and responsibility in the country’s dire condition, with courtiers in the Anglophone press and academy swelling the chorus of sycophancy. The rationale for this apotheosis is straightforward enough: Cardoso’s presidency administered Brazil its one firm dose of market-friendly management, the medicine it requires more urgently than ever, after the debauches of PT populism. Cardoso himself, who in office lamented that it was ‘an immense difficulty’ that ‘Brazil doesn’t like the capitalist system’, has no quarrel with that. But he has a more personal stake in the floodlights surrounding him. When he left office, his ratings were not much higher than Dilma’s today, and for eight years he suffered comparison with Lula, a far more popular president who repudiated his legacy and changed the country decisively, assuring the PT a mandate twice the length he had enjoyed.

This was a bitter cup to swallow. Could the aura of a thinker make up for loss of of prestige as a ruler? Objectively, the second role had – this is normal enough – come at the expense of the first. In pursuit of office Cardoso had sacrificed not only his early convictions, which were Marxist and socialist, but over time his intellectual standards. The banality of his later output – bromides in praise of globalisation and anxiety at its side-effects – is dispiriting. On rare occasions, he perhaps glimpses this himself: ‘I must admit that, though my intellectual bent is strong, I am basically a homo politicus,’ he once let slip. But subjectively, vanity – stung by the greater political appeal of a worker with no education – does not allow more cerebral pretensions to be set aside. Clad in the green and gold of the Brazilian Academy, a tropical copy of the pompous French original, sword in its scabbard at his side, he declared a while ago that the sociologist and the president had never diverged in the course of a coherent career and a creative administration, entirely in keeping with each other.

For years, he had reason to complain that in opposition the PSDB itself had been insufficiently loyal to the memory of its outstanding leader, avoiding any vigorous defence of his modernisation of Brazil, and its courageous privatisations. Now, however, the crisis of lulopetismo – his regular disdainful usage, implying something still baser, more demagogic, than mere support of the PT, or petismo – showed how right he had been all along. If there was anything good under PT rule, it was an inheritance from him. If there was so much more that was disastrously bad, it was just what he had always warned against. The time had come to uphold the banners of 1994 and 1998 again without inhibition, and put an end to the misrule of the PT. Though he himself was not yet calling for it, impeachment was a perfectly proper process, if grounds for it were established. Even if they were not, Dilma could scarcely recover politically. But – here Cardoso’s calculations differed from the younger generation of PSDB politicians in Congress, eager to seize power from her overnight – it was best to wait for the findings of the judiciary, which could be counted on to see political justice done.

That confidence, born of close connections with senior judges, was unlikely to be misplaced. Due to preside over the case against Dilma on the Supreme Electoral Tribunal was Gilmar Mendes, a crony Cardoso had appointed to the Supreme Court, where he still sits, and who has never made a secret of his dislike of the PT. But Dilma was lesser prey. For Cardoso, the crucial target for destruction was Lula, not simply for reasons of revenge, however much this might be savoured in private, but because there was no telling, given his past popularity, whether he might be capable of a political comeback in 2018 – when, if Dilma survived till then, the PSDB should otherwise be able to count on steering the country back to a responsible modernity. No sooner were Cardoso’s hints dropped than a steady drip of leaks from the Lava Jato pool started to appear in the press implicating Lula in dubious financial transactions of a personal kind: trips abroad in corporate jets, speeches remunerated by construction companies, deposits on costly beachfront quarters, refurbishments of a rural retreat, not to speak of obscure earnings by one of his sons. Next came the arrest of a millionaire rancher friend, charged with passing the kickback on a Petrobras contract to the treasury of the PT. To all appearances, the net was closing in on him.

*

Promptly, in the first week of March, a squad of federal police arrived at Lula’s door at six o’clock in the morning and took him into custody for interrogation at São Paulo airport. The press, informed beforehand, was waiting outside to swarm forward with its cameras, for maximum publicity. The pretext for the show was that if simply asked for testimony, he might have absconded. The following week the largest demonstrations in Brazil since the dictatorship – according to the police, 3.7 million strong – clamoured for justice against him, and impeachment for Dilma. Three days later, Dilma appointed Lula chefe da casa civil – equivalent to prime minister – in her government. As a minister, Lula would enjoy immunity from charges at Moro’s level in Curitiba, becoming subject, like all other members of the government and of Congress, only to the Supreme Court. Moro wasted no time. That afternoon, he published wiretaps of a phone conversation between Dilma and Lula, in which she told him that she could send him the paperwork requiring his signature for the appointment, ‘if necessary’. Her phrasing was ambiguous. But the media uproar was deafening: here, caught red-handed, was a manoeuvre to thwart justice by whisking Lula out of reach of the law. Within 24 hours, a judge in Brasília blocked the nomination, one who, it soon emerged, had posted images of himself prancing on demonstrations demanding impeachment, clad in a PSDB T-shirt. But he was swiftly backed by Mendes, and within a fortnight the PMDB announced it was leaving the government, in which it held the vice-presidency and six ministries, paving the way for a rapid eviction of Dilma by Congress.

In this dramatic escalation of the political crisis, the central player was the judiciary. The notion that Moro’s operation was acting impartially in Curitiba, initially defensible, stood ruined with the gratuitous, media-orchestrated theatre of his dawn raid at Lula’s home, followed by a public message saluting the demonstrations demanding Dilma’s impeachment: ‘Brazil is in the streets,’ he announced. ‘I am touched.’ In then publishing wiretaps of a phone call between Lula and Dilma, hours after the bugging was supposed to have been halted, he broke the law twice over: violating the seal covering such interceptions, even when permitted, not to speak of the confidentiality supposedly protecting the communications of the head of state. So patent were these illegalities that they brought down a lukewarm rebuke from the judge on the Supreme Court to whom Moro is formally responsible, but no sanction. Though ‘inappropriate’, his superior mildly noted, his action had achieved the desired effect.

In most contemporary democracies, the separation of powers is a polite fiction, supreme courts in general – the American is an intermittent exception – bending to the will of the governments of the day. The contortions of the German Constitutional Court – often held to be a luminous example of judicial independence – in upholding violations of both the country’s Grundgesetz and the Treaty of Maastricht at the behest of successive regimes in Berlin, can be taken as a norm. In Brazil, the politicisation of the higher judiciary is a long tradition. The Ubuesque figure of Gilmar Mendes is perhaps an extreme case, if a revealing one. As president, Cardoso shielded his friend from legal charges by giving him ministerial status – Mendes now excoriates Dilma for doing this with Lula – before elevating him to the Supreme Court. There, to avoid unwelcome attention, Cardoso would slip into the building by the underground garage to confer with him. Too blatant a partisan of the PSDB – tucano demais, ‘too much of a toucan’; the bird is the party symbol – for even Eliane Cantanhêde, an admiring interviewer of the right, he could be seen lunching convivially with prominent party leaders after acquitting them of misdeeds, and did not hesitate to employ public funds to enrol subordinates in a private law school he ran, for profit, while sitting as a judge in the highest tribunal of the nation. His fulminations against the PT are legion.

Sérgio Moro, a generation younger, is of another stamp. The United States, where he often visits, is his land of reference. A hard-working provincial, he owes nothing to patronage or commerce. But early on – he was just past thirty – he displayed his indifference to basic principles of law or rules of evidence in an article extolling the example of the Italian magistrates of the 1990s, ‘Considerações sobre a Operação Mani Pulite’, in terms that anticipated his procedures a decade later. Making no attempt to research the extensive literature on Tangentopoli, he contented himself with two encomia of the Milan pool available to American readers, cited without a hint of critical reflection, and took the claims of a pentito mafia boss living on a salary from the state as gospel, despite their rejection in court. Presumption of innocence could not be regarded as an ‘absolute’, he declared: it was merely a ‘pragmatic instrument’ that could be over-ridden at the will of the magistrate. Leaks to the media he celebrated as a form of ‘pressure’ on defendants, where ‘legitimate aims cannot be achieved by other methods.’

The danger of a judiciary actuated in this spirit is the same in Brazil as it was in Italy: an absolutely necessary campaign against corruption becomes so infected with disregard for due process, and unscrupulous collusion with the media, that rather than instilling any new ethic of legality, it ends by confirming long-standing social disrespect for the law. Berlusconi and his heir are the living proof of that. The scene in Brazil differs from the situation in Italy, however, in two respects. No Berlusconi or Renzi is in sight. Moro, whose celebrity now exceeds that of any of his Italian role-models, will no doubt be solicited to fill the political vacuum, should Lava Jato make a clean sweep of the old order. But the mediocre destiny of Antonio Di Pietro, the most popular of the Milan magistrates, stands as a warning to Moro, anyway more genuinely puritan in outlook, against the temptation to enter politics. The space for a meteoric ascent is also likely to be smaller, because of a further critical difference between the two crusades against corruption. The assault on Tangentopoli struck the traditional rulers of the country, Christian Democracy and the Socialist Party, who had been in power together for thirty years, whereas Lava Jato has taken political aim, not at the country’s traditional rulers, whom it has – hitherto – largely spared, but at the upstarts who displaced them. It looks much more one-sided, and so divisive.

The division has been enormously accentuated by a second difference between the Italy of the early 1990s and Brazil today. When Tangentopoli hit the political system, the Italian media formed a heterogeneous landscape. Independent newspapers tended to back the judiciary in Milan across the board. The press conglomerate of the Olivetti boss De Benedetti, where most of the leaks appeared, trumpeted the charges against Christian Democrats and Socialists, while keeping as quiet as it could about others implicating its owner. Berlusconi’s television and press empire let fly at the magistrates. The result was that, as time went on, there was far more questioning of the actions of the different rungs of judiciary – many very courageous, others very dubious – than in Brazil. There, the media have been monolithically partisan in their hostility to the PT, and uncritical of the strategy of leaks and pressures from Curitiba, of which they have acted as the boombox. Brazil boasts some of the finest columnists in the world, whose writing has analysed the current crisis at a literary and intellectual level far above the scrublands of the Guardian or New York Times. But such voices are vastly outnumbered by a forest of conformists echoing the outlook of owners and editors.

To compare the coverage in the media of any leak or revelation damaging the PT with treatment of information or rumour affecting the opposition is to measure the extent of its double standards. As Lava Jato was unfolding, there flickered for a moment alongside it a poignant example. In 1989, in one of the most famous turning-points of modern Brazilian history, Lula – then still a dangerous radical in the eyes of the establishment – was within reach of victory in his initial run for the presidency, when a few days before the decisive vote, a former girlfriend appeared on a television broadcast for his opponent Collor, paid by Collor’s brother to do so, accusing Lula of wanting to have a child she had by him aborted. The sensation, magnified to the limit in the media, clinched his defeat on polling day. Two years later Cardoso – then a prominent PSDB senator, already tipped as a future presidential candidate – was known in political circles to have a mistress working for the same television chain, TV Globo, that ruined Lula. When she gave birth to a child, she was spirited out of the country to Portugal. By mid-1994, after serving as finance minister, Cardoso was running for the presidency, and her work became increasingly nominal, though Globo continued to cover her salary. Once he was elected, his right-hand man, the younger Magalhães, instructed her not to return to Brazil for fear of compromising his re-election. When Globo cut her salary, a fictional job was found for her, doing market research in Europe for a duty-free chain granted monopoly rights in Brazilian airports by Cardoso. Through this firm, her account would imply, he had laundered $100,000 – child support or hush money? – to her via one of its accounts in the Cayman Islands. The story broke in February, in the midst of the media tornado around Lula’s housing arrangements. The media made sure it received the least possible coverage. The firm is now under investigation for a criminal transaction. Cardoso protests his innocence. No one expects him to suffer any inconvenience.

Can the same be said of the opposition at large? Moro released his incendiary wiretaps on 16 March. A week later, police in São Paulo raided the home of one of the executives of Odebrecht, the largest construction firm in Latin America, whose head had just been sentenced to 19 years for bribery. There they found a set of tables listing 316 leading politicians with amounts of cash against their names. Included were senior figures in the PSDB, PMDB and many other parties – a panorama of Brazil’s political class. Objectively speaking, this list was a louder thunderclap than the exchange between Dilma and Lula. But a less convenient one: from Curitiba, Moro took immediate action in the opposite direction, ordering the tables be put under seal to prevent further speculation. Still, an alarm had gone off: Lava Jato could get out of hand. If Dilma was to be toppled, it was critical it be done before the Odebrecht tables could threaten her accusers. Within a few days, the PMDB had announced that it was abandoning the government, and the countdown to a vote on impeachment began. The three-fifths majority of the lower chamber which had looked too high a bar at the beginning of the year was now within reach. Respectable opinion has taken in its stride the farce of a Congress packed with thieves, Cunha at their head, solemnly deposing a president for budgetary irregularity.

What are Dilma’s chances of resisting this outcome, and the prospects if it were frustrated? The hopes of the Planalto rest on two contingencies: that enough support can be found in Congress to block impeachment by offering enough ministries, and the jobs that go with them, to nano-parties normally in no position to seek them, to offset votes lost to the defection of the PMDB; and that enough counter-demonstrations can be mobilised outside Congress to offset the predictably huge demonstrations in favour of impeachment. Both purposes require the return of Lula to Brasilia, where – still denied the right to occupy formal office under Dilma – he can informally tackle the tasks, at which he was once gifted, of coaxing reluctant deputies into the government camp and rousing popular backing for it in the streets. But times have changed, and at present each looks a long shot. Relations between Lula and Dilma herself have frayed since she chose austerity after her re-election. Blaming her for a lack of political skills and refusal to take advice, Lula would remark in private: ‘She was my chief of staff, and she still acts like one, not like a president,’ or, ‘She is like my daughter, who always tells me how much she loves her father, and never pays the slightest attention to what I say.’ But it is doubtful how much difference any tactical flexibility, however adroit, would have made to the difficulties she has faced. From the beginning, her second presidency was caught in a vicious circle of unfolding scandals and deteriorating economic indicators, whose interaction hobbled any easy recovery of authority. The Petrobras complex, posting huge write-downs, has laid off workers in their thousands; likewise the construction companies whose bosses languish in jail. Uncertainty where the next blow of Lava Jato will fall has kept investors at home, and financial markets on edge: in November, the billionaire head of BTG-Pactual, the continent’s biggest investment bank, the toast of the Financial Times and Economist, was taken away in handcuffs. In Congress, the neoliberal spending cuts and tax increases proposed by the government were thwarted by the neoliberal PSDB to embarrass it: a budget for 2016 has yet to be passed. Even if virtuoso footwork in the corridors of power achieved a temporary check to impeachment, it would do little to alter the underlying impasse of the government.

Popular mobilisation to stop the ouster of Dilma in its tracks would be another matter. But that is fettered by the legacy of PT rule. The party is in a weak position to call on its beneficiaries to defend it, for at least three reasons. The first is simply that, if corruption lost it the middle-class sympathy it once enjoyed, austerity has alienated the much larger lower-class base it acquired. The demonstrations it has so far been able to mount against impeachment have been much less imposing than those calling for it. Marchers have been mustered mainly from public sector workers and unions: the poor are conspicuous by their absence. The PT’s rural bailiwicks in the north-east are anyway socially dispersed, as the big cities of the centre-south that are the strongholds of the new right are not. Then there has been the inevitable demoralisation as successive scandals have engulfed the party, a diffuse sense of guilt, however suppressed, weakening any fighting spirit. Lastly, and fundamentally, by the time Lula won power the party had become essentially an electoral machine, financed overwhelmingly by corporate donations rather than – as at the beginning – by members’ dues, contenting itself with passive adhesion to the name of its leader, lacking any will to foster collective action among its voters. The active mobilisation that brought it into being in the manufacturing centres of Brazil became a distant memory as the party gained support in zones of the country and layers of the population untouched by industry, with deep-rooted traditions of submission to authority and fear of disorder. This was a political culture Lula understood, and did not seriously attempt to unsettle. In his vision of things, the potential cost was too high. To help the masses, he sought harmony with the elites, for whom any vigorous polarisation was taboo. In 2002 he finally won the presidency, at his fourth attempt, on a slogan of ‘peace and love’. In 2016, faced with political lynching, he was still uttering the same two words to crowds expecting something more combative.

Such discordance between attack and response is the mark of a pattern that, since the turn of the century, has distinguished Brazilian politics within Latin America. It is not the only country that has seen class conflict escalating in a crisis. But nowhere else has this been so one-sided. Even when Lula was at the peak of his prestige as a ruler, there was always an asymmetry between the moderate and accommodating policies of the PT, and the hostility of an enragé middle class and media against it. Over the past eighteen months, the expressions of that unilateral abhorrence have become ever more violent. A municipal counsellor of the PMDB in the interior of São Paulo could publicly call for Lula to be killed like a viper crushed underfoot. In Rio Grande do Sul, to the south, a paediatrician refused to attend a one-year-old because the mother was a petista, and was cleared of any wrongdoing by the Regional Council of Medicine and Association of Doctors. The judge on the Supreme Court responsible for issuing the mild reproof to Moro was rewarded with banners outside his apartment denouncing him as a ‘Traitor’ and ‘Stooge of the PT’, while demonstrators struck up their signature song, ‘Capitalism is Here to Stay’. As D-Day for impeachment approaches, zealots have been supplied with the addresses of deputies thought recalcitrant, fanning out across the country to intimidate them by camping outside their homes. Meticulously, the stock market has kept pace: soaring when Lula was taken into custody, dropping when he was made chief of staff, rising again when his appointment was blocked.

A coup de théâtre is still possible, some twist of events saving Dilma at the last minute, even if the odds are against it. The probability is a regime headed by the vice-president who has deserted her, the sepulchral PMDB veteran – once compared to ‘a major-domo in a horror film’ – Michel Temer. Soft-spoken and ceremonious, he prepared the way some months ago by commissioning a programme to make clear that the country would be in safe hands if he took over. The package is a conventional stabilisation plan, comprising privatisations, pension reform and the abolition of constitutionally mandated expenditures on health and education, assorted with promises of care for the least fortunate. Should Dilma be impeached, with a three-fifths majority behind him, Temer would have little trouble forming a coalition government bringing together the PMDB, PSDB and a motley array of lesser parties, with a sprinkling of technocrats in key ministries. Since such a combine could pass legislation, which Dilma currently cannot, and business confidence would return, it would improve the economic indicators that matter to financial markets, whatever the costs to the poor. But given an adverse global conjuncture, and the stubbornly low rate of investment that has persisted in Brazil since the end of dictatorship, it is difficult to see much relief for the country ahead.

Politically, too, stability would scarcely be guaranteed. One obvious question is whether the shock of impeachment would so cow the forces that now support Dilma that little fight is left in them, or on the contrary provoke fiercer resistance to the country’s establishment than in the past. All isn’t likely to be easy in the ranks of the victors – if they prove such. A judge on the Supreme Court has ordered Cunha to hear a case for the impeachment of Temer too, on the same grounds as Dilma, since when she was out of the country he signed off on the kinds of transfer held against her – a shot across the bows of her pursuers, who hope to install him as president within a fortnight. Should this blow be parried, another potentially awkward problem lies down the road. Still pending before the Supreme Electoral Tribunal is a joint charge against Dilma and Temer, brought by the PSDB when it hoped to scoop the pool by forcing new elections quickly, that their ticket in 2014 violated campaign regulations. If upheld, it would cashier both of them. The suit cannot be withdrawn, and will be an embarrassment if the impeachment of Dilma passes and Temer sits in the Planalto. But since Mendes becomes president of the tribunal in May, Brazilian justice can probably be trusted to finesse the difficulty. A larger question mark, of course, is what subsequent impact Lava Jato could have on the impeachers themselves. Accelerating the drama of impeachment has served to deflect public attention from the tables of Odebrecht. But can the tables be erased from public consciousness thereafter? In their columns a whole political class is at stake. Could Brazilian justice finesse its difficulties too: in the interests, it goes without saying, of national reconciliation?

That the Workers’ Party has rejoined, by a mutation of its own, the deformed ranks of the rest of Brazilian political fauna – the PMDB, PSDB, PP and their ilk – is past denial. By now two presidents of the party, two treasurers, a president and vice-president of the lower house, and the leader of the party in the upper house, have all found themselves in jail, sunk in a quicksand of corruption that knows no political borders. Emblematically, the latest of its notables to fall, and the most voluble in delation, Senator Delcídio do Amaral, is a transfuge from the PSDB, where he was a stalwart of Cardoso’s party in the machinery of Petrobras. Half or more of the members of Congress are on the pay-roll of construction companies, whose donations finance their election. The degradation of the political system has become so patent that last autumn the Supreme Court – itself far from any areopagus of impartial integrity – finally ruled that corporate funding of electoral campaigns is unconstitutional, and banned company donations outright. Congress immediately reacted with constitutional amendments to reinstate them, whose issue is in baulk. If confirmed, and not circumvented, the decision will amount to a revolution in the workings of Brazilian democracy: the one unequivocally positive outcome of the crisis to date.

The Workers’ Party believed, after a time, that it could use the established order in Brazil to benefit the poor, without harm – indeed with help – to the rich. It did benefit the poor, as it set out to do. But once it accepted the price of entry into a diseased political system, the door closed behind it. The party itself withered, becoming an enclave in the state, without self-awareness or strategic direction, so blind that it ostracised André Singer, its best thinker, for a mess of spin-doctors and pollsters, so insensible it took lucre, wherever it came from, as the condition of power. Its achievements will remain. Whether the party will itself do so is an open question. In South America, a cycle is coming to an end. For a decade and a half, relieved of attention by the US, buoyed by the commodities boom, and drawing on deep reserves of popular tradition, the continent was the only part of the world where rebellious social movements coexisted with heterodox governments. In the wake of 2008, there are now plenty of the former elsewhere. But none so far of the latter. A global exception is closing, with no relay yet in sight.

No debe cesar el análisis sobre la Gran Recesión del 2008. El origen, los canales de transmisión, el desenvolvimiento, las características de la política económica implementada y las secuelas nacionales y globales son parte del contenido expuesto en la publicación "Crisis global, respuestas nacionales. La Gran Recesión en América Latina y Asía Pacífico". Los países estudiados son Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, China, Japón, Corea del Sur, Rusia, India, Malasia y Australia. A continuación una breve reseña por capítulo:

Capítulo 1: justificación de los países analizados, distinción entre recesión y depresión, contraste entre la Gran Recesión iniciada en 2008 y la Gran Depresión de 1929, recuento de la oleada de desprestigio a la economía ortodoxa, punteo de las ideas principales del capitulado y referencia a las líneas de investigación más importantes del documento.

Capítulo 2: alusón a la naturaleza, los mecanismos de contagio y las repercusiones de la Gran Recesión, así como un sondeo de las bondades y perjuicios tanto de la corriente de libre mercado como de aquella que promueve la regulación estatal.

Capítulo 3: descripción del epicentro de la Gran Recesión, a saber Estados Unidos y su titularización de créditos con grandes riesgos, su exuberancia financiera posibilitada por la desregulación del sector y, contra todo pronóstico, su política económica contracíclica de corte keynesiana.

Capítulo 4: reseña del efecto diferenciado que tuvo la crisis del 2008 sobre el sector energético y automotriz canadiense e identificación del actuar gubernamental como paliativo intermitente de la baja del ciclo económico.

Capítulo 5: paralelo al comercio exterior y los mercados financieros, la vía de contagio del brete económico alcanzó las remesas y la inversión extranjera directa. ¿Cuál fue la respuesta de política económica del gobierno mexicano? Restricción en el frente fiscal y monetario. En respuesta, los autores proveen una receta diferente para escenarios futuros.

Capítulo 6: recorrido histórico de la economía brasileña a partir de la década de 1980. El acento se pone en el viraje lento pero seguro de la agenda ortodoxa (que desencadenó el "efecto samba") a la política económica contracíclica.

Capítulo 7: se cataloga al año 2001 como punto de inflexión en la naturaleza de la política económica argentina. El paso a un marco de ideas distinto, aunque con sus vaivenes en materia del aparato exportador, logró aminorar la transmisión financiera de la crisis y potenciar la inversión, el ahorro y el vínculo comercial con Oriente.

Capítulo 8: a pesar de la fragilidad de las ramificaciones financieras y comerciales de Chile durante la Gran Recesión, las bajas tasas de interés y la mayor erogación pública, complementadas con ayuda directa a los agentes económicos, lograron atenuar la conmoción del brete económico mundial.

Capítulo 9: un vistazo rápido del desenvolvimiento de la construcción, la industria manufacturera, el comercio exterior y la inversión extranjera directa en el Perú del periodo pre y pos crisis deja entrever una recuperación después del descalabro del 2008. Aunque resta por mejorar los indicadores sociales, los resultados son notables considerando el antecedente inmediato de semidolarización de las finanzas y enfermedad holandesa.

Capítulo 10: la Gran Recesión impactó de forma temprana el mercado bursátil y las exportaciones chinas. Aunque el mayor gasto público respondió de gran forma en el escenario coyuntural, y tanto su aparato comercial externo como su política de inversión extranjera (dentro y fuera de las fronteras) muestran buenos resultados, la necesidad de promover el mercado interno parece improrrogable.

Capítulo 11: el estancamiento con deflación (estanflación) que sufre de años recientes a le fecha la economía nipona ha engrosado la desigualdad de la renta, el desempleo, la dualidad del mercado de trabajo y el estrangulamiento de la finanzas públicas. Los pobres resultados de la política económica y social vigente apuntan a un relevo en el marco de ideas.   

Capítulo 12: no es fortuito el hecho de que Corea del Sur haya sido la primer nación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en emerger de la situación económica de crisis: destacan el buen accionar gubernamental, el salvamento de instituciones de la banca comercial y el mayor vínculo comercial con oriente.

Capítulo 13: las exportaciones petroleras, la producción industrial y la inversión en capital fijo, promovidas por Rusia bajo un esquema de ideas heterodoxo, ayudaron a rehacer la economía luego del "efecto vodka" de 1998. El sondeo de daños para la Gran Recesión no es menor y requiere de un cambio profundo y dilatado.

Capítulo 14: el abanico de opciones contracíclicas, para el caso de la India, fue de las reformas económicas de 1991 hasta la reciente alza de las remesas y el trinomio conformado por las instituciones, leyes y política económica expansiva.

Capítulo 15: la diversificación de los socios comerciales debe ser primordial para un país con marcada dependencia de sus productos básicos y manufacturados. Malasia lo comprendió después de su crisis de inicios del Siglo XXI pues, complementándolo con medidas de corte heterodoxo, logró reponerse de la Gran Recesión sin perder la tónica social.

Capítulo 16: si para el caso de Estados Unidos vimos que su recuperación ante el brete económico del 2008 estuvo en función de su agenda coyuntural, el ejemplo de Australia destaca por ser consecuencia de reformas implementadas con anterioridad. Súmese las mayores exportaciones y la política monetaria y fiscal activas para tener el cuadro de respuesta de la economía australiana.

Las ideas más importantes del documento son: mercado financiero y comercio exterior como principales canales de transmisión, influencia del ente estatal sobre la naturaleza de la agenda de política económica y su efectividad, impacto del desenvolvimiento de la economía china y norteamericana sobre el resto de la economía, rendimiento de las reformas estructurales implementadas antes de la Gran Recesión durante y después del brete económico y, finalmente, la relevancia de Brasil, Rusia, India y China (BRIC´s) como posible eje bipolar de la economía.  

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No novo livro critica o processo de construção do euro, bem como a arquitetura da moeda única. Que problemas são esses?

Um dos meus principais argumentos é que o euro foi criado de início com problemas. A estrutura do euro é o problema. Sim, tivemos problemas de escolhas políticas, mas nem mesmo os melhores políticos poderiam fazer o euro funcionar sem mudar algumas das regras básicas do euro, regulamentos e instituições. Por exemplo, uma das regras básicas é que os países não podem ter défices superiores a 3% do PIB. Mas quando tens recessões económicas precisas de estimular a economia e isso exige, por vezes, ter défices superiores a 3% do PIB. Por isso, para o Euro funcionar, no sentido de uma moeda única permitir a um leque de diferentes países atingirem todos o pleno emprego e crescimento económico, então teríamos de romper essas regras básicas, mudá-las.

As instituições políticas da zona euro também não estão a ajudar?

Correto. Quando criaram uma moeda única eliminaram dois dos mais importantes mecanismos de ajustamento: taxa de juro e de câmbio. Não os compensaram com nada, com nenhuma instituição que permitisse fazer esse ajustamento quando, por exemplo, a taxa de câmbio estivesse desajustada. De facto fizeram ainda pior porque confiaram apenas na poliítica orçamental, limitada, e disseram que o BCE, uma instituição central, teria de se fixar na inflação e não no emprego e no crescimento económico. Não criaram, por exemplo, mecanismos para encorajar os países excedentários a estimularem a economia de forma a crescerem mais rápido, não criaram uma garantia de depósitos comum para que os países mais fracos enfrentassem as dificuldades bancárias, mas eles próprios tiveram de salvar os bancos em vez de termos uma responsabilidade comum da zona euro. O resultado é que sobrecarregaram os países mais fracos. O resultado é que apesar de reconhecerem a necessidade absoluta de convergência entre países, criaram uma estrutura económica que leva à divergência, os países ricos cresceram mais do que os mais pobres. Leva também a maior desigualdade entre e dentro dos países. 

Já enumerou algumas sugestões para a zona euro. Quanto tempo temos para a salvar?

A forma como olho para isso é que a Europa está a correr demasiados riscos. É a política perto do precipício, saltando de uma crise para outra. No último minuto faz o mínimo necessário para sair dessa crise. A dificuldade desta política do precipício é que há a probabilidade de caírem do precipício. Quanto mais tempo mantiverem esta politica maior é a probabilidade de uma crise severamente séria. Não conseguimos dizer quando vai acontecer a próxima crise, nos próximos seis meses, três anos, seis anos, mas quanto mais tempo demorar a Europa a acordar para os problemas, maior é a probabilidade de uma crise muito séria. 

Os líderes europeus têm esperança na atuação do BCE e no programa de compra de ativos (quantative easing). É a solução para os problemas europeus? 

É muito claro que o BCE não vai conseguir resolver estes problemas sozinho. Há um grande consenso entre economistas de que a política monetária tem poderes limitados. Tem alguns poderes, mas são limitados. São melhores para a contrair uma economia quando há procura em excesso do que a estimulá-la quando há falta de procura. Mesmo a forma como o BCE opera pode contribuir para a divergência e desigualdade. 

Porquê?

Há dois aspetos que podem estar a contribuir para a divergência e para o crescimento da desigualdade: as baixas taxas de juro em si têm o efeito de aumentar os preços dos ativos de risco e de prejudicar os que dependem de juros de ativos seguros como as obrigações do tesouro. Então, quem detém ativos seguros? Os mais velhos. E quem detém os ativos mais arriscados? Os mais ricos que podem suportar o risco. Por isso os mais beneficiados têm sido os 1% mais ricos, os 0,1% mais ricos. As pessoas que sofrem são os reformados. Em termos de divergência entre países, o programa de compras define que só pode comprar bons ativos. Ou seja, países fracos como a Grécia estão sempre perto de serem excluídos destes programas. No caso da Alemanha tem havido dúvidas sobre a falta de títulos de dívida para comprar, então decidiram comprar dívida de empresas. Então, o que acontece é que as empresas alemãs vão beneficiar com as compras do BCE, mas as de Portugal não vão ter esse benefício. Resumindo: as empresas alemãs vão beneficiar, as portuguesas não. 

No livro faz inúmeras sugestões de reformas para a zona euro, cerca de 20 mudanças estruturais. Mas se os líderes europeus ainda não se libertaram da ortodoxia neoliberal, como classifica no livro, até agora, porque acredita que o irão fazer daqui para a frente? 

(Pausa) Para ser honesto, não estou muito otimista. Queria sublinhar no livro que as reformas necessárias para fazer o Euro funcionar não são grandes reformas do ponto de visto económico. Os EUA têm uma moeda única para 50 estados diferentes que funciona. As reformas que proponho são muito menores do que as instituições económicas e grau de federalismo que existem nos EUA. São propostas modestas. Podem ser facilmente implementadas. Mas acho, de facto, que não existe vontade política, como referiu. O euro foi um projeto político mas a vontade politica para criar instituições políticas para fazer o euro funcionar não estavam la. E depois fizeram um erro de julgamento sobre o processo de reformas. Disseram: vamos começar o euro sem essas instituições e o momentum do euro levará à criação dessas instituições e isso levará a maior solidariedade e a uma dinâmica positiva. Mas não tiveram em conta que sem essas instituições o euro traria estagnação à Europa, traria desilusão com o projeto europeu e a política tornar-se-ia cada vez mais feia e difícil. E é exatamente nesse ponto que nos encontrámos. Por isso, não acho que será fácil estas reformas serem implementadas a nível politico. Se acreditar, como eu, que continuar neste pântano, a meio caminho, não é viável e se acha que as reformas necessárias estão politicamente fora de questão, então temos de começar a pensar noutras formas de avançar. 

Então Portugal deve ter um plano para sair do euro? 

Sim, acho que a Europa como um todo devia começar a pensar num divórcio amigável com alguns países, pensar em formas para lidarem com a saída. Não será um processo imune a dificuldades, mas temos de reconhecer que o atual sistema é extraordinariamente prejudicial. Portugal sabe isso, claro, foi uma década perdida e no caso da Grécia estamos a falar de um quarto de século perdido, no mínimo. Os custos foram enormes. Emigração. Tenho amigos em Portugal que viram os filhos irem para a Austrália, Canadá, EUA e estão infelizes porque não veem os filhos. O que isto faz às famílias, à economia... Significa que o crescimento futuro de Portugal está em risco, não estamos apenas a falar de hoje, mas também de amanhã e no longo prazo. Por isso, as escolhas não são agradáveis, mas se reconhecermos o custo de continuar neste pântano, o risco de uma saída de Portugal do euro pode ser mais baixo do que ficar. 

Esta é uma das questões centrais, fazer esse balanço. Quando vemos o panorama político e vemos que a ortodoxia alemã impera, que quase todos os dias os jornais populares alemães nos chamam, aos Povos do Sul, preguiçosos e irresponsáveis, vemos que é quase impossível mudar a estrutura europeia. Sendo assim, o que é mais prejudicial: ficar na zona euro ou sair? 

Acho que é cada vez mais claro que ficar é mais custoso ficar do que sair. A ideia de ficar tem sido defendida com base na esperança de que haverá uma posição mais suave na Alemanha, que as políticas de austeridade prescritas pelos alemães vão funcionar, mesmo que a teoria económica e até o FMI mostrem claramente que a austeridade nunca irá funcionar! Mas o que acontece é o oposto do que os visionários criadores do euro esperaram: esperaram que o euro levaria a prosperidade, logo a solidariedade política. Mas o que está realmente a acontecer é que o euro levou a estagnação, a uma falta de solidariedade e discriminações. Nunca vi o tipo de divisão que vemos hoje. A caricatura é que os europeus do sul são preguiçosos, mesmo que vá contra os factos. A OCDE mostra claramente que os gregos trabalham mais horas do que os alemães. Mas a Alemanha recusa-se a reconhecer isso. A Alemanha continua a acreditar que o principal problema foi o descontrolo orçamental, quando a Espanha e a Irlanda tiveram excedentes orçamentais antes da crise. Não podem acusá-los de descontrolo orçamental como causa dos problemas. Porque continuam a falhar no diagnóstico, então continuam a falhar na prescrição. 

Os países que agora estão ou estiveram em crise, entre os quais Portugal, Grécia, Irlanda, Espanha, Itália, podiam ter evitado a crise se tivessem os orçamentos equilibrados? 

Não! Temos de perceber que o euro foi criado num momento particular do tempo, em que uma ideologia económica era predominante, uma ideologia que agora sabemos que está errada e que muitos de nós já sabíamos que estava errada antes. A ideologia era que se os governos fizessem as coisas bem - manter os défices em baixo e manter a inflação baixa - o setor privado trataria disto. Teríamos estabilidade económica, crescimento económico, eficiência económica. Se o euro tivesse começado sete anos depois, depois da crise asiática, veriam que esses países tinham orçamentos excedentários e baixa inflação. Não tinham qualquer problema do lado público, foi totalmente um problema do setor privado. E se o euro tivesse criado um bocado depois, após a crise de 2008, vemos agora que os mercados privados não são eficientes, nem estáveis. O que precisamos é de estrita e forte regulação por parte dos Governos. A única falha dos Governos foi não regular o suficiente. Por isso, a ironia disto tudo é que enquanto as economias no resto do Mundo, e cidadãos do resto do Mundo, começaram a perceber esta visão, começaram a perceber os limites do mercado, que estas são as fontes dos problemas - até o FMI, que foi o bastião da austeridade reconhece agora que a austeridade leva à contração, que as políticas contraccionistas são contraccionistas. O FMI recomenda fortemente políticas de crescimento em vez de austeridade. Por isso, a Alemanha é praticamente única no Mundo inteiro e, apesar disso, porque tem um papel determinante no Euro impõe as políticas que estão a falhar. Não é porque a Grécia, Portugal e Espanha não fizeram o que lhes disseram que estão em dificuldades, mas estão assim porque fizeram o que lhes disseram para fazer. As políticas de austeridade têm exatamente os efeitos previsíveis de estagnação e queda económica. 

E continuam a ter. Devo assumir pelas suas respostas que será muito difícil aos países em crise, incluindo Portugal, saírem desta situação só por atingirem as metas europeias: défice de 3%, por exemplo. É economicamente saudável perseguir estes objetivos? É que em Portugal está praticamente toda a gente atrás destas metas.

Não. A meta de 3% de défice não vai restaurar a saúde económica de Portugal, Grécia, Espanha nos próximos tempos. O problema fundamental quando tens uma taxa de câmbio fixa é que a taxa real fica desalinhada. Há duas formas de corrigir a taxa real de câmbio: uma é a Alemanha aumentar os seus preços relativamente a Portugal, Grécia, Espanha. A outra é estes países baixarem os seus preços, mas sabemos que a deflação é muito custosa. É um processo lento e com enormes efeitos colaterais. O Japão teve enormes problemas de deflação nas últimas duas décadas e continua com problemas de crescimento. A perspetiva de desvalorização interna, como se chama, de deflação restaurar a saúde do país é frouxa. Se acontecer acontecerá muito devagar. A razão é muito simples: a crise foi criada, em parte, por elevada alavancagem na dívida comparada com o PIB. Mas estes países devem em euros: se baixarmos os salários e preços o que fazes é que aumentas a alavancagem. 

Mas se Portugal sair do euro pode transformar-se essa dívida na nova moeda, como já foi feito noutros países?

Quando sair da zona euro terá a difícil tarefa de redenominar a dívida e de terá a oportunidade de ter um novo começo. Teremos empresas que irão à falência, mas já estão a falir hoje em dia, em toda a Europa. Mas uma vez que se sai tem-se a possibilidade de criar um procedimento de falências que reflete a nova realidade, que permite reestruturações expeditas para as empresas que vão à falência, só por causa da mudança das alterações financeiras. Eu não quero fazer de conta que será fácil, mas o caminho atual não é fácil, o futuro é demasiadamente frouxo. A alternativa dá pelo menos a perspetiva de se voltar ao crescimento. A Argentina é um exemplo, todos os países são diferentes. Não quero dizer que é igual, mas a Argentina é um caso claro: tinha a taxa de câmbio presa ao dólar. Quando acabou com essa ligação criou, no fundo, uma nova moeda, teve de redenominar a sua dívida. O resultado é que começou a crescer. O desemprego caiu depressa, o crescimento foi o segundo maior do mundo, 8% entre 2001, a altura da crise, até à crise financeira mundial, em 2008. Claro que o início foi turbulento, mas depois ultrapassaram mesmo a riqueza que tinham antes e tiveram um período de prosperidade sem procedentes. 

A saída do euro é uma decisão difícil, mas antes também devem ser feitas escolhas complicadas. Portugal deve desafiar a União Europeia para mudar e conseguir avançar? 

Acho que só há duas formas para avançar: ou Portugal convence a União Europeia e a zona Euro de que tem de ser reformar, que o estado atual não resulta. As reformas têm de ser feitas rapidamente. Algumas pessoas na Alemanha dizem: 'Nós vamos ter uma união bancária e um mecanismo de depósitos comum, mas não para já, não tão cedo'. Temos de compreender que o dano que está a ser feito a estes países enquanto o capital sai e fragiliza o sistema financeiro e que força os negócios pequenos a irem à falência, esse dano não será desfeito rapidamente. Não se desfazem falências depois delas acontecerem. Por isso, este caminho é um que provoca danos irreversíveis nos próximos tempos. 

Queria que fosse mais claro nesta resposta: Portugal deve confrontar a União Europeia? 

Sim, acho que Portugal e os outros países em crise têm de dizer à União Europeia que tal como está não dá. Não podemos continuar a sofrer sob um conjunto de políticas que não vão funcionar. A evidência económica de que não vai funcionar é esmagadora. Têm de deixar claro que a Europa tem de decidir se faz as reformas ou haverá uma dinâmica crítica num país, ou em vários em conjuntos, de separação. Esse processo vai criar, por si, um custo elevado para a Alemanha. Por isso, a Alemanha tem interesse nestas reformas. Os benefícios da Alemanha têm sido em parte à custa dos países do Sul europeu. 

Portugal está agora a discutir o próximo Orçamento do Estado. O novo governo de centro-esquerda está a apostar na dinamização da procura interna. Uma das medidas na calha é um novo aumento do salário mínimo, que esteve congelado e foi aumentado por este Executivo para 530 euros, que está a preparar um novo aumento. É uma boa medida? 

Em geral, acho que para a maioria dos países subir o salário mínimo é uma boa medida. De certeza que é uma boa medida nos EUA, onde eu a estudei, é uma boa medida na Alemanha. Não posso falar em particular de Portugal sem olhar para os números, se seria ou não apropriado, mas nos países em que eu estudei a medida é claro que há um espaço claro para o aumento do salario mínimo sem ter um efeito adverso. Os dados dos EUA mostram que subir o salario mínimo estimula a economia. Isto porque aumenta salários de pessoas que o gastam todo e aumentam a procura agregada. 

Outro problema é o crescimento da dívida, que não pára de crescer desde a crise financeira. Uma reestruturação pode ser inevitável, se ficar no euro? 

A experiência grega é bem demonstrativa. A dívida era de 110% mas por causa das políticas da troika, falhadas, o PIB caiu e a receita fiscal ficou sempre abaixo das previsões da troika, porque o PIB caiu. O resultado é que hoje, mesmo depois da reestruturação que foi pouco profunda, a dívida está a caminho dos 200% do PIB. Por outro lado, os EUA depois da II Guerra Mundial tinham uma dívida de 130%, o Reino Unido de 200%. A dívida cresceu não por causa do investimento no país, mas porque precisaram de combater a guerra. Mas fizemos o oposto da politica alemã. O oposto: tivemos uma política de crescimento, investimentos nas pessoas, nas infraestruturas, na tecnologia, crescemos a economia e o resultado é que o PIB cresceu e por isso, a relação dívida / PIB desceu, desceu, desceu. 

Por isso se estas políticas de austeridade se mantiverem na Europa, a reestruturação da dívida em Portugal é inevitável? 

Se mantiverem estas políticas a reestruturação da divida é inevitável. Vemos muito claramente que o FMI disse que a dívida grega tinha de ser reestruturada e os alemães esconderam a cabeça debaixo da areia e disseram 'não aceitamos uma reestruturação da dívida'. O resultado é que a Grécia não conseguirá pagar a dívida. 

E se sair do euro pode?

Quando sair do euro podem, como parte do processo, reestruturar a divida, e ficam livre dos condicionamentos que os impediram de crescer. É uma transição dura, mas depois a economia terá condições para crescer. O problema é que para países como a Grécia e Portugal as restrições provocam recessão sem fim e no caso da Grécia depressão sem fim. O último programa adotado em 2015 na Grécia era suposto ser a cura para os problemas da Grécia, mas o PIB continuou a cair porque a austeridade continuou a ser aplicada. 

Estamos a chegar ao fim, entramos na fase de respostas rápidas, 10 segundos por tema. Dilma Rousseff foi afastada da presidência brasileira, está preocupado?

Sim, estou preocupado. As acusações foram sobre incompetência, mas incompetência não é uma razão para impeachment, são uma razão para não reeleger uma pessoa como líder. 

Eleições nos Estados Unidos: Bernie, Hillary ou Trump?
 
Bem, agora as eleições são em torno de dois candidatos (sorrisos). Essa resposta é uma das mais fáceis, claramente Hillary é uma das candidatas mais qualificadas que o país alguma vez teve em termos de preparação. Trump é um dos piores candidatos que o país teve, felizmente a maioria dos americanos está a perceber isso. 

Corbyn será capaz de mudar a esquerda europeia?

Infelizmente o Corbyn está a enfrentar um desafio interno, tem muito apoio das bases. O curioso é que o partido no parlamento parece estar contra as bases. É uma situação muito peculiar, em parte devido ao legado de influência de Blair, quando as políticas conservadoras entraram no partido trabalhista. Há uma insatisfação particular por causa da forma desonesta como entrou na guerra. Por isso, temos principalmente os jovens a criticar os blairistas, mas o legado ainda está numa parte do partido parlamentar. 

Se tivesse de dar uma nota à troika, de 0 a 10 qual seria? 

Zero é o mais baixo? Talvez menos 1. É difícil imaginar que poderia ser pior. 

Sobre as agências de rating, Portugal ainda está preso por uma agência de rating, a DBRS. Tantos anos depois da crise financeira, porque é que ainda lhes damos ouvidos? 

Acho que a influência das agências de rating reflete as profundas ineficiências dos mercados financeiros e da sua irracionalidade. Lembremo-nos que as agências de rating deram a nota máxima aos produtos que levaram ao colapso do sistema financeiro norte-americano. Estiveram envolvidas em fraudes, deceção. Então, porque devemos prestar atenção a estas agências de rating com o histórico tão pobre e com uma honestidade tao questionável é um mistério para mim. O facto de os mercados financeiros ainda lhes prestarem atenção diz mais deles próprios do que qualquer outra coisa. 

Última questão, sobre a banca. Os bancos portugueses estão a enfrentar muitas dificuldades, incluindo o banco público. O que deve ser feito para melhorar a banca? E aproveito para lhe perguntar se concorda com o movimento de consolidação do setor impulsionado pelo BCE?

A melhor coisa a ser feita no médio prazo para ajudar a banca é colocar a economia a crescer. Quando temos as economias em recessão os bancos não vão ficar bem porque as pessoas não vão conseguir pagar as dívidas. Por isso, a melhor política para a banca é ajudar a economia. A estratégia de consolidação da banca vai levar a um setor menos competitivo e dinâmico, taxas de juro mais altas e a um sistema financeiro menos capaz de responder às necessidades da sociedade. Acho essa estratégia muito questionável.

Luego del 2018 y 2019, complicados por la guerra comercial de Estados Unidos contra China, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea y la caída de la tasa de crecimiento de Estados Unidos al tiempo que el índice de la bolsa de valores sube, el 2020 rompió todas las expectativas.

 La caída de crecimiento económico global más espectacular de la historia puso de relieve que, mientras Asia cayó poco, Europa y América Latina cayeron mucho y EUA cayó un poco menos que Europa, pero mucho más que Asia. China rebotó en el segundo trimestre del 2020, cuando el resto del mundo entró en lo más profundo de la caída, y terminó el año con crecimiento económico.

El rebote del tercer trimestre ha sido notable. La profundidad de la caída tuvo que ver con la velocidad de crecimiento previo a la caída. A más crecimiento, menos caída. La excepción fue el Perú. El rebote es simétrico y a más caída, más rebote inicial. De este modo, los datos de la segunda mitad del año fueron positivos lo que incitó a algunos a decir que la crisis había terminado.

La crisis no ha terminado en términos de salud ni económicos. La magnitud de una crisis se aprecia no durante la caída sino cuando toca el fondo. Se parece a la caída de una persona de un edificio. Mientras cae, sigue vivo. Lo critico está cuando toca el suelo. Al momento de reabrir las actividades económicas se han advertido problemas de falta de demanda, de deuda empresarial y de desempleo. De otro lado problemas de suministro y distribución.

Desde el punto de vista del comercio internacional, sorprendentemente los precios de las materias primas recuperaron excepto por combustibles fósiles. La razón no fue una reactivación de la demanda, porque la demanda global que existe es bastante menor que la del año 2019, sino por la inyección del FED de 3.5 billones de dólares (15% del PIB de EUA) a la banca de inversión que reflotó las bolsas de valores y de commodities a partir del 23 de marzo del año que termina. Todas las curvas de materias primas cambiaron de curso ese día menos combustibles fósiles. La inversión privada, ya afectada antes, sigue afectada. Con tasas de interés negativas en EUA y la UE, la banca de inversión y los hedge funds toman prestado para invertir en bolsa. Eso explica la desconexión entre los índices de bolsa y el crecimiento del PIB de EUA, en lo que es claramente una burbuja especulativa. Los índices europeos son menos contradictorios.

Si bien la economía de los Estados Unidos venía con una tasa de crecimiento descendente desde marzo del 2018, en el año en curso se desplomó a -32% anual al segundo semestre del 2020, niveles nunca vistos. Ante tal caída, la Reserva Federal, en su primera decisión de política monetaria del año, bajó la tasa de referencia de los bonos federales en el rango de 0.25- 0.50% por la desaceleración económica, que llevó a una ronda de recortes de tasas en todos los bancos centrales del mundo. Esto generó oportunidades de arbitraje hacia países emergentes con un impacto en el tipo de cambio frente al resto de las monedas, y se observaron aumentos en los niveles de reservas internacionales y fortalecimientos de los tipos de cambio latinoamericanos en general.

El comercio internacional se recupera aceleradamente, contrario a los estimados de julio, lo que lleva los rebotes iniciales a niveles muy altos. Los problemas planteados, empero, están en el plano fiscal más que en el externo. Los desplomes del PIB van acompañados de caídas en la recaudación fiscal lo que genera dificultades para mantener niveles de gasto público estables. La solución mexicana ha sido recortar los gastos de manera ortodoxa. Casi todos los demás latinoamericanos prefirieron aumentar la deuda interna.

Hay un espejismo en curso. El desplome del PIB de todos, junto con lo estable de la deuda externa, ha resultado en índices deuda/PIB crecientes y en la imagen que hay un problema de deuda externa. Sin embargo, si las reservas aumentan, no debe de haber problemas de deuda externa. En cambio, la caída de los ingresos fiscales en momentos de aumentos del gasto público en salud lleva a más deuda interna y eso general problemas fiscales, no de deuda. La nueva deuda es sobre todo con los seguros sociales y los fondos de pensiones intermediados por los bancos privados dentro de los países.

Finalmente, reiteramos lo que escribimos hace un año, se espera que la tendencia general de la economía mundial continúe su paso lento en la mayoría de las economías, con el claro contraste de las asiáticas que seguirán en crecimiento. Dicha dinámica modificará los ejes económicos del Atlántico al Pacifico de manera estable en adelante. Asia podría verse afectada en particular por las protestas en Hong Kong y la India. Para las economías avanzadas el pronóstico es gris, porque los problemas de la UE no terminan con la salida del Reino Unido. Polonia podría ser candidato a un Polxit dadas las críticas de la UE a sus políticas nacionalistas y Hungría (Hunxit) está por verse. Por otro lado, América Central y América del Sur enfrentan una coyuntura bastante complicada en varios frentes, con inestabilidad política e intromisión abierta de Estados Unidos. Hay movimientos sociales juveniles activos en los países de la costa pacífica y está por verse si no se expande a los de la costa atlántica, Brasil y Uruguay en especial. Junto con África, será de las zonas que menos crecerán este año y el próximo. El país estrella, Bolivia, regresó a su status democrático y habrá que ver cómo Ecuador, Colombia y Venezuela hacen para crecer con los precios de los combustibles fósiles deprimidos y sin retorno. México exporta autos a gasolina a un mercado que compra menos autos y se ha quedado con una inmensa infraestructura turística vacía, junto con las islas de Caribe y el Perú. Se estima que para el 2024 se regresará a los niveles pre pandemia. Cuando eso ocurra, será con otra matriz energética y otros actores externos en la región.

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La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) tiene efectos sobre las actividades del sistema alimentario (producción, transformación, distribución, comercio y consumo de alimentos) y sus resultados, sobre todo en términos de seguridad alimentaria y bienestar social.

Hay cinco canales externos a través de los cuales el COVID-19 afecta a la región: i) la disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos; ii) la caída de los precios de los productos primarios; iii) la interrupción de las cadenas globales de valor; iv) la menor demanda de servicios de turismo, y v) la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.

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The Global Crisis emphasised the fragility of international financial networks. Despite this, there has been little historical research into how networks propagate financial shocks. This column explores how interbank networks transmitted liquidity shocks through the US banking system during the Great Depression. During banking panics, the pyramided-structure of reserves forced troubled banks to reduce lending, thus amplifying the decline in investment spending.

How financial networks propagate shocks and magnify recessions is of interest to both scholars and policymakers. The financial crisis of 2007-8 convinced many observers that financial networks were fragile, and while reforms are underway, much remains to be learned about how and why connections between financial firms matter for the macroeconomy. Indeed, the complexity and sheer number of linkages has made it particularly challenging to formulate empirical estimates of their role in amplifying downturns.

Economic theory suggests many channels through which networks may transmit shocks (Allen and Gale 2000, Cabellero and Simesek 2013) and empirical research has provided some evidence of contagious failures flowing through interbank markets, particularly for the recent financial crisis in the US and Europe (Puhr et al. 2012, Fricke and Lux 2012). History should have a lot to say about the role of networks in contributing to the severity of financial crises, but it is a surprisingly lightly studied aspect of earlier periods of financial turmoil – even for well-researched episodes such as the Great Depression. This lacuna exists despite the fact that financial networks of the past may be simpler in structure, thus making it somewhat easier to identify empirically how aggregate variables, such as lending, were affected when linkages were disrupted.

In a recent paper, we document how the interbank network transmitted liquidity shocks through the US banking system and how the transmission of these shocks amplified the contraction in real economic activity during the Great Depression (Mitchener and Richardson 2016). The paper contributes to the growing literature on financial networks and the real economy, illuminating both a mechanism for transmission (interbank deposits) as well as a source of amplification (balance-sheet effects). It also introduces an additional channel through which banking distress deepened the Great Depression and complements existing research on how bank distress during the Great Depression influenced the real economy.

We describe how a pyramid-like structure of interbank deposits developed in the 19th century, how the founding of the Fed altered the holdings of these deposits, and how this structure then influenced real economic activity during periods of severe distress, such as banking panics (Mitchener and Richardson 2016). The interbank network that existed on the eve of the Great

Depression linked large money centre banks in New York and Chicago to tens of thousands of smaller rural banks throughout the US. The money centre banks served as correspondents holding deposits from institutions in the countryside. Interbank balances exposed correspondent banks to shocks afflicting banks in the hinterland. Interbank deposits were a liquid source of funds that could be deployed to meet sudden demands by depositors to convert claims to cash, and the removal of these deposits from correspondent banks peaked during periods that contemporary commentators described as – and that our detailed statistical analysis of bank suspensions confirms were – banking panics. Although the pyramided system of interbank deposits could handle idiosyncratic bank runs, when runs clustered in time and space (i.e. when panics occurred) the system became overwhelmed in the sense that banks higher up the pyramid were forced to adjust to these changes in liabilities by changing their assets (i.e. lending).

We use the timing and location of these panics to statistically identify the causal relationship between panics, deposit withdrawals, and the decline in lending that occurred in banks in reserve and central reserve cities throughout the US. During periods identified as panics, withdrawals of interbank deposits forced correspondent banks to reduce lending to businesses. These interbank outflows led to a substantial decline in aggregate lending, equal to approximately 15% of the total decline in commercial bank lending in the US, from the peak in 1929 to the trough in 1933.

Ironically, the Federal Reserve System had been created with the purpose of preventing crises such as those that had regularly plagued the banking system in the 19th century. We help to explain why the Fed failed to fulfil this basic responsibility. Because the Fed failed to convince roughly half of all commercial banks to join the system, a pyramided-structure of reserves persisted into the third decade of the 20th century and created a channel through which the interbank deposit could influence real economic activity. In theory, pyramided reserves could have been deployed to help troubled banks, but during the banking panics of the 1930s, just as in the panics of the late 19th century, the total size of these withdrawals overwhelmed correspondent banks, leaving those banks with the choice of either saving themselves, contracting on the asset side of their balance sheets, or borrowing from the Fed. With the Fed unable or unwilling to provide sufficient liquidity to support distressed correspondent banks, they were forced to react to interbank outflows by reducing lending, thus amplifying the decline in investment spending. Although the mechanism is new, our results corroborate other studies on the Depression, which emphasise how banking distress reduced loan supply (Bernanke 1983, Calomiris and Mason 2003b).

What might have alleviated this problem? One solution would have been for the Federal Reserve to extend sufficient liquidity to the entire financial system. The Fed could have done this by lending funds to banks in reserve centres. In turn, those banks could have loaned funds to their interbank clients. To do this, banks in reserve centres would have had to accept as collateral loans originated by non-member banks. Banks in reserve centres would, in turn, need to use those assets as collateral at the Federal Reserve’s discount window. However, leaders of the Federal Reserve disagreed about the efficacy and legality of such action.

Another potential solution would have been to compel all commercial banks to join the Federal Reserve System and require all commercial banks to hold their reserves at a Federal Reserve Bank. Due to powerful political lobbies representing state and local bankers, however, Congress was unwilling to contemplate legislation that would have effected such changes. Had they done so, the pyramid structure of required reserves would have ceased to exist, and the interbank amplifier, as defined here, would have been dramatically diminished. That said, given the inaction of some Federal Reserve Banks during the 1930s, had such changes taken place, they may have magnified banking distress as more banks would have depended on obtaining funds through Federal Reserve Banks that adhered to the real bills doctrine. As we show, the costs of the pyramid in terms of a contraction in lending were substantial, but banks still met some of their short-term needs through this structure during the turbulent periods of banking distress.

References

Allen, F and D Gale (2000) “Financial contagion,” Journal of Political Economy 108:1-33.

Bernanke, B S (1983) “Nonmonetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great Depression”,American Economic Review, 73(3): 257-276.

Caballero, R J and A Simsek (2013) “Fire sales in a model of complexity”, The Journal of Finance, 68(6): 2549-2587.

Calomiris, C W and J R Mason (2003b) “Consequences of bank distress during the Great Depression”, American Economic Review, 93: 937-47.

Fricke, D and T Lux (2012) “Core-periphery structure in the overnight money market: Evidence from the e-MID trading platform”, Kiel Institute for the World Economy, Working Paper No 1759.

Mitchener, K and G Richardson (2016) “Networked contagion and interbank amplification during the Great Depression”, CEPR Discussion Paper 11164.

Puhr, C, R Seliger and M Sigmund (2012) “Contagiousness and vulnerability in the Austrian interbank market”, OeNB Financial Stability Report, No 24, Oesterreichische Nationalbank.

 Consultar mas en: http://www.nakedcapitalism.com/2016/05/how-bank-networks-amplify-financi...

Cómo va el 2017

Oscar Ugarteche[1]

Myrsia Sánchez Goicochea[2]

Eduardo Bastida[3]

La economía mundial atraviesa por un periodo de incertidumbre, con bajos precios de los commodities afectando los ingresos por exportaciones que deberían liderar el crecimiento latinoamericano; conforme se ha dicho teóricamente y se han diseñado las políticas macroeconómicas. Como se vio en el artículo anterior el comercio internacional se encuentra estancado y el crecimiento que hay en la región deriva de la inversión o del consumo más no de las exportaciones.

Durante el 2016 la economía mundial creció 3.2%, la tasa más baja desde la crisis financiera internacional. Con optimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe WEO (octubre de 2017) prevé que el producto mundial crecerá 3.6% en 2017, por un aumento de la demanda en China, India, Rusia y Brasil. La proyección de crecimiento para EEUU ha disminuido de 2.3% a 2.2% en 2017, y se espera que China crezca 6.8%, e India 6.7%. América latina va lenta pero estable, 1.2% con la recuperación de dos economías grandes antes debilitadas por luchas políticas, -Brasil y Argentina-, y una tercera que continúa afectada: Venezuela. Esta se viene contrayendo desde 2013 con registros de -9.7% en 2016 y -12% en 2017 como se ve en el grafico 1.

Unión Europea muestra señales de recuperación con 2.3% al cierre del 2017, su mejor año desde la crisis del 2008. En lo que va del año el crecimiento del mundo sigue arrastrado por el crecimiento de China e India, dado que el crecimiento de Europa y EEUU sigue en el rango de 2% (ver gráfico 2) sin generar una demanda sustantiva al mercado mundial. En China no hay más crecimiento por los esfuerzos del gobierno de controlar los riesgos del crecimiento de la deuda y del sector inmobiliario. En la India el freno se dio principalmente por la iniciativa de las autoridades en el control de cambio de divisas. No obstante, los gigantes asiáticos siguen reflejando economías robustas que dan oxígeno al mundo.

Por su parte, EEUU mantiene un ritmo de crecimiento estable pero lejos de alcanzar el 4 % asegurado por Donald Trump, la tasa del 2.2% no es suficiente para arrastrar el crecimiento mundial. El lento avance de la productividad, consumo e inversión se ha reflejado en un débil crecimiento de la economía estadounidense. El nuevo gobierno no le da seguridad ni a los nacionales ni a los inversionistas extranjeros.

En Europa aún persisten problemas de endeudamiento personal, inestabilidad bancaria y escasa productividad. Esto se ve rodeado de alteraciones políticas que ponen en juego la estabilidad social, como han sido las elecciones alemanas que introdujeron a la nueva derecha al parlamento, las elecciones austriacas que hicieron lo propio y el moviendo independista catalán.

En ese marco, dentro de América Latina se recuperan las dos economías que estaban contrayéndose mientras las demás siguen creciendo a sus ritmos habituales de alrededor del 3%. Según WES, la confianza de los consumidores e inversionistas aún se mantiene en el terreno pesimista en la mayoría de los países.[4] Tanto el Banco Mundial como el FMI sostienen que la recuperación se dará a medida que Argentina y Brasil salgan de la recesión, se prevé que estas crezcan a un ritmo de 2.5% y 0.7% respectivamente; el pronóstico de expansión para México es de 2.1% para el 2017 derivado de la fuerza de la actividad del primer semestre, pero la incertidumbre en torno al TLCAN, políticas internas y condiciones financieras restrictivas impactaran sobre el consumo e inversión.

Para los países de la región que se caracterizan por ser economías primario-exportadoras y receptoras de flujos de capital, las revisiones son a la baja para el 2017. Si se retiran los datos de Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador, el promedio de crecimiento es cercano a 3%, pero en total hay una tendencia de crecimiento más bajo en la región.

 América Latina cayó junto con el resto del mundo en la crisis del 2008, rebotó tras la reducción de la tasa de interés de referencia a 0.25% (-1.75% real) en Estados Unidos y la inyección de liquidez al sistema financiero americano. Todo se tradujo en un auge especulativo de los precios de los commodities que terminó en el 2012, cuando la Reserva Federal anunció que subiría la tasa de interés en algún momento y que limpiaría sus balances.

El efecto fue de alteraciones en los tipos de cambio, alzas de las tasas de interés en America latina y caída de los precios de los commodities por el efecto advertencia. Es decir, estos anuncios tuvieron efectos en las expectativas de los inversionistas lo que provocó una baja en los índices de valores, reducción de las reservas, depreciación de las monedas, una baja de los ingresos exportadores y una baja en el crecimiento económico.[5] El horizonte de precios bajos mientras China y la India crecen a tasas altas sugiere que la relación de los precios es con la tasa de interés de Estados Unidos y no con la demanda real.

[1] Coordinador Proyecto OBELA, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas UNAM SNI/CONACYT

[2] Proyecto OBELA

[3] Proyecto OBELA

[4] World Economic Survey, CESifo Group Munich.

[5] Ugarteche, O., et all. (2016). Triple arbitraje, expectativas y crecimiento económico. Economía UNAM.

La noticia de mediados de año es que la inflación mundial está subiendo aceleradamente en un año de tasas de crecimiento dispares, mayores a las estimadas en EUA y la Unión Europea (UE), y menores para el resto, salvo para las economías asiáticas que continuaron creciendo en el 2020. La interrogante es por qué se está discutiendo la inflación cuando los índices de precios al consumidor en EUA y la UE están estables, y qué efectos tienen esas discusiones sobre las tasas de interés internacionales.

Cuellos de botella de suministros e inflación

El 2021 se inició con proyecciones económicas muy positivas para Occidente, Oriente nunca experimentó contracciones en el año 2020. El FMI proyectó una recuperación para EUA a una tasa de 6.4%, reajustada a 6.7% en junio por la Oficina de Presupuesto (OMB); y para la Zona Euro de 3.9% ajustado a 4.3% por la UE. América Latina debería de crecer por 3.7% como resultado derivado de aquello.

Sin embargo, lo que se comenzó a observar en julio del 2020 fue que el tráfico de contenedores en el mundo se disparó, quizás reflejo de una dinamización más acelerada del crecimiento del G7. Lo que parecía un disparo relacionado a especulación física de materias primas resultó ser el producto del auge de la demanda de EUA, quien saltó de importar $170,000 millones de dólares en junio del 2020 a $239,000 millones de dólares a junio del 2021, un incremento de 40% anual.

Este brinco en las importaciones estadounidenses de origen chino produjo un auge en la demanda de transporte marítimo y, con él, la demanda de contenedores y de derechos de uso de puerto. Según el Freightos Baltic Index (FBX), el Global Container Freight Index para la ruta del Este de China al Oeste de EUA, subió de 2,000 a 6,000 dólares entre junio del 2020 y 2021. Esta triplicación del costo por contenedor se ve reflejado en el costo del transporte total. Adicionalmente hay cuellos de botella con los puertos de embarque en China.

Según el semanario de Freightos Baltic Index Update, los precios entre Asia y la costa Oeste de EUA (FBX01 diario) aumentó 178% que en la misma época del año pasado. Los precios entre Asia y la Costa Este de EUA (FBX03 Daily) son un 215% más altos ahora que las tarifas hace doce meses. De otra parte, el puerto de Yantian comienza el ordenamiento de los buques y contenedores atascados, mientras los transportistas se enfrentan a la creciente congestión en los principales puertos europeos de Hamburgo y Rotterdam. Los funcionarios portuarios señalan que los retrasos e imprevistos en los horarios de llegada son la causa de la congestión, lo que constituye otra señal de la interconexión del transporte marítimo: los retrasos en otros lugares por otras causas -como el de Suez y ahora el de Yantian- desbaratan las operaciones en otros puertos, lo que provoca nuevos retrasos e interrupciones, como ha sucedido en el último año.

Al no haber capacidad adicional para solucionar el problema, los retrasos atan la oferta y siguen presionando las tarifas. Los importadores y exportadores siguen pagando primas, ahora imprescindibles asegurarse un espacio en algunas rutas. Incluso los cargadores empresariales con nuevos contratos marítimos a largo plazo -firmados a menudo al doble de las tarifas del año pasado- no pueden mover todos sus contenedores sin pagar más.

Sequía e inflación

Dentro del concepto de entrega justo a tiempo en las cadenas globales de valor hay ahora un problema de sequías. El Oeste de EUA tienen sequías entre moderadas y extremas, que afecta las cosechas de esa región del país. El vecino México, según la NASA experimentó una de las sequías más extendidas e intensas en décadas con el 85% del país se enfrentado a condiciones de sequía desde el 15 de abril de 2021. El alcalde de la Ciudad de México la calificó como la peor sequía en 30 años para la ciudad, que alberga a unos 9 millones de personas. Esta sequía impacta sobre los precios de los productos agrícolas que han visto un aumento en el primer semestre del 2021. Las reservas de agua están en 25% de su nivel normal lo que impacta sobre regadíos.

La sequía también afecta a Brasil y Argentina, grandes productores de soya lo que impacta sobre el precio de este producto alimenticio que sirve de forraje animal. La soya es la principal fuente de proteína vegetal y un componente importante de los alimentos balanceados que se usan para la nutrición animal en el mundo.

Bancos Centrales e Inflación

Para contrarrestar las inflaciones producidas por estas causas, los bancos centrales se aprestan a hacer reajustes de tasas de interés, actualmente situadas en los niveles más bajos reales de las últimas décadas. La Reserva Federal adelantó el plazo de la próxima subida de tipos de interés ante el incremento del índice al consumidor de EUA a 2.4% para el año 2021 en su conjunto. Entre mayo del 2020 y mayo del 2021 ha subido 5%. El banco central dejó por unanimidad su tipo de interés de referencia a corto plazo anclado cerca de cero aunque con rumores que al 2023 subirán. En la UE la inflación ronda el 1.9% y no hay ninguna señal que el BCE suba las tasas de interés.

De otro lado, en México, con inflación de 5.89%, BANXICO subió la tasa 0.25% y anticipa seguir subiendo mientras la inflación no de baje de 5%. Brasil, con una inflación media de 6.13%, subió la tasa de interés básica. Colombia tiene una inflación de 3.3% aunque el índice de precios de alimentos y bebidas aumento 9.5%. Ni el Perú ni Chile observan alzas en el IPC fuera de lo normal y los bancos centrales no han movido sus tasas.

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En enero del año en curso el FMI predijo que sería un año de bajo crecimiento con alta inflación. Desde entonces el FMI ha reducido dos veces sus proyecciones dando una perspectiva sombría de lo que será el crecimiento global. El OBELA estimó que el FED y el Banco Central Europea estaban en un dilema donde o, caminaban con inflación alta y alguna recuperación o utilizaban los instrumentos monetarios convencionales de alzar la tasa de interés, y tumbar la dinámica frágil del consumo e inversión, para bajar la inflación. Había diferencia entre el FED que tenia un problema monetario y el BCE que reconocía los problemas geopolíticos de la inflación. El resultado ha sido que ambos decidieron subir la tasa de interés y reducir la liquidez, con sus consecuencias previsibles. 

            El FED, banco central de los Estados Unidos, frente a una inflación creciente y desenfrenada, en el mes de enero del año en curso, anunció que, dado que la política monetaria determina la tasa de inflación en el largo plazo, deberían ajustar la tasa de interés para afirmar la tasa de inflación de 2% en el largo plazo.  La tasa de interés de los certificados de Fondos Federales a tres meses estaba en ese momento en 0.08%.  La tasa de fondos federales es la tasa de interés a la que bancos e instituciones de crédito prestan sus balances de caja a otras instituciones análogas en la noche, sobre una base no colateralizada. 

En marzo comenzaron a subir la tasa a ritmos de 0.25% a la vez y en junio ya está en 1.58%. Dado que la inflación anualizada a mayo es 8.2%, la tasa de interés real es de -6.7%. La interrogante es si deberán de subirla por encima de la tasa de inflación para lograr controlarla o si la inflación bajara a darle el encuentro en algún vecindario tornando el 4%, por efecto de estas alzas. Lo cierto es que no toda la inflación es monetaria, aunque en EE. UU. una parte importante si lo es. La escasez de microchips, la sequía y los aspectos geopolíticos de los precios de la energía no son monetarios y serán persistentes.

            La interrogante es el impacto en la economía mundial de absorber el 20% del PIB en activos financieros, para devolverle al FED un tamaño normal de balances (pasó de 20% a 40% en marzo del 2020). El impacto sobre los mercados de capitales y de acciones, así como los mercados de commodities son incuestionables. Probablemente la prensa y los políticos le echen la culpa a Ucrania, pero en realidad, estos ajustes de liquidez sumado al alza de la tasa de interés conducen a una recesión que podría ser mundial o al menos, severa para los países centrados en el atlántico. Lo cierto es que en un contexto de baja de precios de commodities, el alza del trigo y la energía son un contrapeso para mantener la inflación estable.

            Mientras tanto el Banco Popular de China, su banco central, mantuvo la tasa en 2.9% estable desde noviembre del 2015 y marzo del 2022. Ante la desaceleración económica de un proyectado 5% de crecimiento en enero a 4.3% en abril, tomó medidas contra cíclicas, una de las cuales fue reducir la tasa de interés. Están despreocupados por el tema de la inflación, que no los aflige, y centrados en la recuperación de la producción. El BPC bajò la tasa de interés de los prestamos a un año (Loan Prime Rate LPR) de 4.31% en julio del 2019 a a 3.85% en abril del 2020, al inicio de la pandemia. Ante la caída del crecimiento proyectado en el 2022 lo redujo aún más a 3.70% en enero del 2022. Las tasas a cinco años fueron igualmente reducidas de 4.85% en julio del 2019 a 4.65% en abril el 2020 y a 4.45% en mayo del 2022   

  El contraste de las alzas de las tasas en occidente por la inflación, con la baja de las tasas para reactivar la economía en China muestra como el país asiático enfrenta la inflación a través de aumentos de oferta. De este modo, el trigo, el gas y petróleo que no sale a occidente por las sanciones económicas de occidente, se vende en China y llega en tren directo desde Rusia en seis días. Este podría ser el inicio de la creación de un centro de comercio de commodities en China que complemente al existente desde el siglo XV en Holanda. Opera, desde luego, en yuanes.  

            El cambio de los niveles de las tasas de interés en un contexto de economías abiertas llevaría a una depreciación del yuan porque saldrían los inversionistas de yuanes para pasarse a dólares. Sin embargo, como las tasas de China son el doble de las del EEUU esto no puede ocurrir. De otro lado, no hay apertura de las cuentas de capitales, para evitar una repetición del ataque conta el Yen en 1986-1990. 

            Los lideres de los BRICS han externado su interés en profundizar la cooperación entre sus países. Durante el primer trimestre del 2022 el comercio entre Rusia y China creció 28.7% frente al mismo periodo del año anterior. Las importaciones de carbón de la India desde Rusia se multiplicaron por 6 y las de petróleo se incrementaron 3.5 veces, hasta alcanzar un suministro de 1,000,000 de barriles diarios. 

Así como la tasa de interés del gigante asiático se separó de la política monetaria occidental, también lo hizo el precio del petróleo. En Occidente el precio del petróleo rebasa los 100 USD. China e India pagan el equivalente a 70 USD por petróleo de ruso y un precio preferencial por el de Arabia Saudí. 

Al haber restringido el acceso de Rusia mediante Swift (sistema internacional de pagos), los pagos del comercio con China e India, así como los recientes acuerdos de exportación de fertilizantes y cereales se han realizado en rupias, rublos y yuanes mediante CIPS (sistema Chino de pagos). China también plantea realizar en yuanes las importaciones de petróleo desde Arabia Saudí, para quien representa 25% de sus ventas.

Sin duda el gigante asiático saldrá fortalecida el año 2022, con una moneda que ahora se sabe es la de reservas de Rusia y de otros miembros de la Alianza Euro Asiática. Crecientemente importa menos el volumen de transacciones en una moneda, y mas el nivel de reservas internacionales en una moneda. Dice el FMI que el yuan es la quinta moneda de reservas internacionales del mundo, después del dólar, euro, libra, y yen. ( https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4). El peso del dólar ha decaído de ser el 90% de las reservas en la década de 1960 a ser el 59% en mayo del 2022 y eso parece irreversible. Es el fruto de los manejos del FED que nunca han considerado que su tasa de interés impacta al mundo positiva o negativamente; o en todo caso, no le importa. Al resto si y eso se muestra con el manejo de las reservas. El año se anticipa que cerrara con tasas de inflación bordeando los dos dígitos y tasas de crecimiento cercanas a 2%, después de inflación. Estados Unidos crecerá 2.3% en el 2022 y 1.8% en el 2023. (Conference Board) América latina tendrá más suerte con tasas de crecimiento bordeando el 3% en Centroamérica, México con menos de 2%, los sudamericanos entre 1.5% de Chile y 0.8% de Brasil con los picos altos de Colombia, Bolivia y el Perú de 3% o más. 

Al inicio del 2018 las perspectivas de crecimiento de la economía mundial estaban marcadas por la posibilidad de una confrontación comercial, generada por las políticas proteccionistas de EEUU; por crecientes riesgos de movimientos de capitales hacia EEUU resultado de las sucesivas alzas de la tasa de interés de la Reserva Federal estadounidense (FED); por la incertidumbre generada por el BREXIT y la reconfiguración del mercado europeo; por el creciente nivel de endeudamiento de las economías centrales; por el poder de la gran banca internacional para trasferir sus problemas a los fiscos de las economía centrales; y por la permanencia de China e India como las economías más dinámicas frente al estancamiento de las economías centrales.

En marzo se inició la escalada de agresiones comerciales entre EEUU y China, con la imposición americana de aranceles a las importaciones paneles solares y lavadoras chinas. Esto inició un conflicto con retaliaciones de aranceles. Para el cierre del año, dicha guerra acumula un saldo con un valor estimado de $363 mil millones de dólares, con aranceles a más de 13 mil productos. En el marco del G20 en Buenos Aires, Argentina, los mandatarios declararon una tregua arancelaria por 90 días desde el 3 de diciembre, que frenará que los aranceles pasen de 10% a 25% en enero. Las agresiones se han trasladado a la esfera corporativa, con la detención cruzada de representantes corporativos tecnológicos. Canadá detuvo a la CFO de Huawei acusada de fraude por EEUU, mientras China detuvo a un ciudadano canadiense acusándolo de amenazar su seguridad nacional y a un diplomático canadiense del International Crisis Group también acusándolo de amenazar la seguridad nacional del país. El problema de fondo es que Huawei de China ha logrado sacar al mercado la tecnología 5G de internet y lo está vendiendo, desde agosto, mientras AT&T aun no saca el suyo a diciembre de 2018. La respuesta americana fue acusar a China de tratar de espiar con el 5G a occidente y ha convencido a Australia, Nueva Zelandia de no comprarlo y está influenciando a Canadá y la Unión Europea de no hacerlo. Eso partiría el mercado de 5G en dos, occidente para AT&T, y el resto del mundo para Huawei. China ya ganó la carrera tecnológica, a pesar de todo. El 5G es la red que se requiere para el internet de las cosas por su velocidad y complejidad.

La tendencia al alza de la tasa de interés de la FED, que se anunció desde mayo del 2013 y comenzó realmente desde diciembre de 2016, continuó con aumentos de 0.25% en marzo, junio y setiembre. Actualmente se encuentra en un nivel de 2.25% y, de acuerdo a los anuncios, se mantendrán los aumentos trimestrales hasta alcanzar el 4% en el 2020, o alrededor de 2% real. Las consecuencias sobre las tasas de interés en el resto del mundo, especialmente en las economías periféricas ancladas en la economía estadounidense, aún no han sucedido. En América Latina, sólo México acompañó el compás de los aumentos, con un alza acumulada de 2.25 puntos durante 2018, hasta una tasa del 8%. El resto de las economías han ajustado sus tasas de interés sobre objetivos internos de inflación, salvo Argentina y Venezuela, que atraviesan procesos de alta e hiper inflación. Los otros efectos si ocurrieron; se depreciaron los tipos de cambio y bajaron los precios de las materias primas.

Durante el año, se llevó a cabo una extraña negociación para renovar el TLC de América del Norte (1994), en el marco de la guerra comercial entre EEUU y China que inició con aranceles unilaterales puestos sobre el acero y el aluminio por EEUU sin retaliaciones. De manera antitética, la economía estadounidense avanzó sobre un acuerdo regional “trilateral” que en realidad es la suma de dos acuerdos bilaterales; y, por otro lado como ha hecho antes, sobre un bloqueo comercial y la protección a su mercado interno.

La firma del nuevo T-MEC no significó la cancelación de las políticas proteccionistas. Al contrario, incluye la prohibición de firma de nuevos acuerdos de libre comercio con China y Cuba a México y Canadá, al mismo tiempo que un aumento del contenido regional en la industria automotriz. Otro elemento es la prolongación de los derechos de autor a 70 años, fatal para la industria de fármacos genéricos. El nuevo Acuerdo incorporó la ampliación del proteccionismo americano al bloque en su conjunto. Por lo pronto, las consecuencias de todo lo anterior, más las barreras arancelarias de las economías importadores más grandes, se han asimilado vía el encarecimiento de las importaciones y el alza de precios de los bienes finales, que ha reducido el volumen de comercio y lo ha dejado en un nuevo piso de crecimiento moderado de 4% (ver gráfico). Las exportaciones de China se vieron afectadas en marzo del 2018 pero recuperaron su nivel y sendero; y mientras que las importaciones americanas siguen creciendo las de China se han estancado en lo que bien puede convertirse en una política de industrialización de bienes de consumo, que es lo que China importa de EEUU.

La situación de la guerra comercial es que mientras EEUU ya cubrió con aranceles el íntegro del universo de su comercio importador de China, lo único que le queda es aumentar los aranceles. China tiene, de su lado, mucho más espacio para gravar nuevos productos y además aumentar aranceles. La diferencia es que mientras EEUU importa bienes intermedios y de capital de China, a la inversa, China le importa bienes de consumo y alimentos. En el corto plazo, para China sustituir el mercado de bienes de consumo es fácil; en cambio para EEUU, sustituir la provisión de bienes de capital e intermedios hechos a la medida puede ser imposible. Europa es el cambio natural de proveedores de bienes de consumo. Hay que recordar que el outsourcing fue un invento estadounidense para mejorar la productividad de sus empresas y que las zonas económicas especiales de China fueron diseñadas para acomodar este outsourcing.

El mercado financiero internacional registró un desempeño mediocre durante el año. Sin embargo, hay que recordar que está sostenido sobre una lógica de protección por los Estados nacionales y ausencia de normas internacionales, lo cual ha permitido la construcción de gigantescas burbujas y niveles de endeudamiento imposibles de saldar, dado el bajo desempeño de las economías maduras. Poco se avanzó en 2018 hacia al establecimiento de un mayor marco regulatorio a la actividad financiera y los Acuerdos de Basilea IV, definidos para evitar una colapso como el sucedido en 2008. El escenario, en el corto plazo, de alto riesgo financiero por el colapso de mercados especulativos se mantiene. Los índices principales del mundo están en declive desde octubre y el año cierra con el índice Dow Jones debajo del nivel de enero.

En términos generales, el escenario para el 2019 es el acumulado de los problemas no resueltos en el 2018. Mientras se mantengan las economías centrales estancadas y con una tendencia a la baja de su productividad, no se detenga el aumento de aranceles y políticas proteccionismo estadounidenses y las alzas de su tasa de interés, el escenario para la economía mundial (salvo las economías emergentes asiáticas) el 2019 será aún más difícil. América Latina, que exporta mano de obra barata desde la Cuenca del Caribe hacia Estados Unidos y materias primas desde América del Sur a la China, mantendrá crecimiento bajo. La región no crece por exportaciones sino por inversiones y por consumo. Europa no crecerá gran cosa por el efecto de la incertidumbre sobre si habrá o no BREXIT. A todo esto se le agrega el creciente riesgo de una nueva crisis financiera americana contagiada, producto de la falta de regulación internacional. A esto hay que sumar el costo del cambio climático sobre la economía mundial en cuánto destrucción material.

En América latina vivimos prendidos de la noticia de la tasa de interés de Estados Unidos. La excepción es el Perú donde parece que la noticia que reúne a la opinión pública en esta temporada son las elecciones del próximo año. La razón por la que vivimos prendidos de esa noticia es porque un alza a niveles más normales de la tasa de interés básica americana va a encarecer nuestro costo de la deuda pero va a acentuar aún más la baja en los precios de la materias primas que aumentaron de precio desde el 2003 y luego del 2008, cuando el techo de la tasa básica de interés fue rebajada a 0.25%; lo que con una inflación de 2% aproximadamente da una tasa efectiva de interés de -1.75% convirtiendo el ahorro en dólares en una gran pérdida; pero la toma de préstamos de diversos plazos en un gran regalo.

Para los jóvenes que no habían visto una tasa de interés negativa en dólares antes, esto ha pasado únicamente en los años post crisis del petróleo de los 70 del siglo XX. Eso llevó a un endeudamiento alto para el desarrollo de infraestructura y empresas públicas dado que estando el dinero regalado, no había pierde, como ahora. Lo que siguió a la tasa negativa de los años 70 fue el record histórico de la tasa de interés americano que llegó a 18%, quebrando todo y a todos en el camino, incluida varias visiones teóricas; países socialistas y economías desarrollistas; y empresas, americanas y extranjeras.

Ahora, tras casi siete años seguidos de tasas negativas, la más larga serie continuada de la historia monetaria americana; y casi quince años en total, la más larga de la historia económica (con intervalos positivos en los años del 2003 al 2007) parecería que la economía americana va a intentar regresar a la normalidad. El indicador clave es el empleo.

El empleo en Estados Unidos se mide de un modo diferente al modo Europeo donde el que no tiene empleo está desempleado. En Estados Unidos el que no tiene empleo merece un seguro de desempleo durante un periodo corto. En Estados Unidos desempleado está quien ha estado buscando trabajo las últimas cuatro semanas. Si se deja de buscar empleo, la estadística del desempleado desaparece. La persona no está desempleada sino que no trabaja, que no es lo mismo. Al dejar de buscar trabajo deja de percibir seguro de desempleo. El seguro de desempleo cubre 26 semanas de un año que es lo que se puede solicitar como máximo.

La proporción de la fuerza de trabajo empleada en septiembre del 2008 era del 66% de la fuerza de trabajo, definidos como aquellos en edad de trabajar, total de Estados Unidos; en diciembre del 2014 la población empleada fue del 62.7% de la fuerza de trabajo. De este modo el desempleo de agosto del 2008 se calcula sobre el 66% de la fuerza de trabajo que estaba empleada y en diciembre del 2014 sobre 62.7%. Así, no es lo mismo decir que la tasa de desempleo bajó entre el 2008 y el 2014 si hay que agregarle 3.3% de población desempleada que dejó de buscar empleo porque no lo encontró y se desanimó. Cuando se lee que el desempleo en agosto 2014 fue de 6.1%, hay que agregarle 3.3% más para hacerlo comparable con la situación en septiembre del 2008. Según el Bureau of Labor Statistics entonces, en agosto del 2014 el desempleo si se incluye ese 3.3% de contracción de la fuerza de trabajo, suma 9.4% versus 6.1% también en septiembre del 2008. Hay menos desempleo total, incluido el de los que no buscan ya empleo por desesperanza, en el 2014 que en el 2008. Ajustado a agosto del 2015 esto cambia con 6 millones de personas no contempladas como desempleadas que están buscando trabajo a la que hay que sumar a los 8 millones de desempleados que buscan trabajo. Esto aumenta en 80% el desempleo real en Estados Unidos y se asemeja más a lo que se ve en las calles y en las protestas sociales.

Los datos del recuadro son descendentes desde Agosto del 2014 pero son casi 80% más grandes que los datos oficiales que solo contemplan a los de la categoría (a). El fenómeno es que las personas pierden la esperanza y dejan de buscar trabajo constantemente para poder ganarse la vida en el sector informal. El seguro de desempleo cubre 26 semanas en un año y es una fracción del salario del desempleado. Así se trasladan de la categoría de desempleados en la fuerza de trabajo a la categoría de fuera de la fuerza de trabajo aunque responden en las encuestas del Bureau of Labor Statistics que quieren trabajar. Esto mismo pasó en las economías latinoamericanas de los años 80.

En el marco del 9.4% de la población económicamente activa buscando empleo en agosto del 2008 es que se redujo el techo de la tasa de interés básica a 0.5% primero y a 0.25% después. No hay las condiciones de empleo para regresar las tasas a sus niveles normales históricos, salvo que el nuevo normal del desempleo total sea el 8.5% de la fuerza de trabajo. Lo que no se mide es cuánto de esta fuerza de trabajo está siendo sustituida por migrantes ilegales que tienen un salario infinitamente menor. Estas son buenas razones para no haber subido el techo de la tasa de interés básica el 17 de setiembre, nueve trimestres después del primer anuncio efectuado por Bernanke de que sería bueno subirlas pero “no ahora”, en junio del 2013.

El reflejo de este alto nivel de desempleo total, que no incluye a los migrantes informales, es la dinámica del consumo. El crecimiento de la economía estadounidense históricamente ha sido arrastrado por el consumo. El problema actual es que el crecimiento de esta variable es frágil y volátil, con una tendencia decreciente desde 1980.

Para que pueda el FED estar tranquilo de que la crisis ya pasó, el consumo debería de regresar a tasas de crecimiento similares a las de los años 90. Esa recuperación aún se ve muy endeble en el 2015.

El otro lado de esto es si la tasa de interés se puede mantener negativa en términos reales por más tiempo. La respuesta es que mientras las expectativas sean que va a subir, los efectos financieros son idénticos, como se ha visto en los precios de los commodities, los tipos de cambio, los índices de bolsa y las tasas de crecimiento del PIB de las economías emergentes. Estados Unidos sin hacer nada, tiene los precios de las materias primas y la energía abajo, el costo de capital en cero y un dólar fuerte.

Algún día subirán la tasa de interés, de todas maneras. El lado positivo es que cuando lo hagan ya no nos va a importar en las economías emergentes porque el daño ya está hecho.

Véase adjunto el texto con gráficos.

En los últimos tres años, medido por trimestres, Estados Unidos ha tenido una tasa de crecimiento económico descendente con 3,8% en el primer trimestre del 2018 y -31,4% en el segundo trimestre del 2020. El resultado de este crecimiento descendente es que el PIB en dólares constantes de Estados Unidos en septiembre del 2020, fue análogo al que tuvo en junio del 2019. Al contrario, el índice Standard and Poor de la bolsa de Nueva York entre enero del 2018 y diciembre del 2020 pasó de 2,886 puntos a 3,756 puntos como constatación de un evidente divorcio absoluto entre la economía real y la dinámica de las bolsas. De su parte, las empresas listadas en la bolsa de Nueva York reparten dividendos con dinero prestado a tasas cero, lo que induce a invertir más en las bolsas a pesar que la realidad está en otra parte. El divorcio entre la economía real y la financiera se inició cuando se liberalizaron los mercados cambiarios en 1973, y se acentuó desde 1994, cuando empresas financieras tomaron el modelo de Black y Scholes con un nuevo instrumento “opciones”, que permite comprar o vender acciones o commodities a futuro a un precio determinado hoy. 

Lo novedoso de la primera semana de enero del 2021 es que se ha roto también la relación entre política y expectativas racionales en las bolsas de valores. La agresiva invasión de la Explanada Nacional en Washington DC, por fanáticos republicanos el 6 de enero, fue una actividad política organizada, coordinada y dirigida con antelación. Republicanos de todo el país llegaron a Washington para asaltar el Capitolio, armados hasta los dientes algunos de ellos, muchos con experiencia militar, incluso en uniforme. El objetivo era tomar el control físico del Capitolio, es decir, hacer un golpe de Estado para entregarle el poder renovado al presidente saliente.

Lo previsible era que se produjera una reacción nerviosa en las bolsas y se retrajeran los índices de forma importante por un aumento del riesgo político nacional. Empero la tendencia alcista no se ha detenido en medio de la incertidumbre del futuro de Trump y la expresión de la crisis de la democracia en Estados Unidos.

Todo señala que, en la tercera década del siglo XXI, la inestabilidad política no es sinónimo a inestabilidad económica o financiera, contrario a las grandes crisis. Si se miran las protestas sudamericanas de la última parte del año 2020, todas fueron acompañadas de una revaluación de la moneda del país (Colombia, Perú y Chile). La explicación para el sur está en que la devaluación del dólar, por efecto de la inyección masiva de esa moneda por el FED, parece impactar más que la inestabilidad política. En Estados Unidos, no hay explicación más allá de que es mucho ruido y pocas nueces. No parece existir el horizonte de que se está ante el inicio de una etapa donde habrán fuerzas que desestabilizarán al nuevo gobierno Demócrata durante los siguientes cuatro años. 

Lo que sí parece estar correlacionado es el tamaño del impacto económico con las protestas. No hay ningún tipo de margen entre las contracciones económicas con la radicalidad de las protestas.  Eso habla de una saturación social y de una presión social que se gestó desde antes de la pandemia en una lista larga de países más allá de América Latina. Los temas de incertidumbre económica y laboral sumadas a la precariedad social y de salud y a los ingresos bajos y concentrados en países con altas tasas de crecimiento, ha resultado en revueltas importantes. La más reciente y violenta ha sido la toma del Capitolio en Washington, en una economía con una baja tasa de crecimiento, pero con un rebote importante, como expresión de una población pobre y precaria que se siente robada de un resultado electoral y su ingreso y piensa que un mejor futuro está atado a su líder, tramposo y mentiroso. La violencia vista en Washington es única en cuanto a ninguna de las revueltas vistas en Sudamérica los protestantes fueron armados.

La crisis del COVID19 expone más a los que no tienen empleo formal que deben de salir a la calle a ganarse el pan. La recuperación de la producción y los nuevos eslabonamientos de las cadenas globales de valor ayudan a la mejora de los indicadores económicos y posiblemente a que el ingreso de estos informales mejore. Al contrario, la mortalidad en ese sector continuará siendo alta y los contagios seguirán expandiéndose mientras la vacuna no esté masificada y eso va a tardar porque las fabricas existentes no se dan abasto para producir, al menos 7500 millones de vacunas para toda la humanidad de manera rápida. Se requerirían de plantas nuevas de fabricación, que hay que construir, y de mecanismos de distribución refrigerados masivos, que hay que desarrollar, que por ahora no existen.

Ordinariamente se sale de las crisis con teorías económicas distintas de las que las indujeron. Esta vez, el único desempeño económico exitoso es el de China y sus vecinos de Asia. Mientras el control del pensamiento económico (revistas y premios Nobel) estén centrados en el binomio anglo-sajón, no habrá mucho espacio para lo nuevo en occidente. Todo señala que la renovación vendrá de fuera de la esfera anglosajona y de occidente, como la dinámica económica y un espectáculo cinematográfico.
 

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KUALA LUMPUR , Aug 14 2018 (IPS) - Historically, the private sector has been unable or unwilling to affordably provide needed services. Hence, meeting such needs could not be left to the market or private interests. Thus, state-owned enterprises (SOEs) emerged, often under colonial rule, due to such ‘market failure’ as the private sector could not meet the needs of colonial capitalist expansion.

Thus, the establishment of government departments, statutory bodies or even government-owned private companies were deemed essential for maintaining the status quo and to advance state and private, particularly powerful and influential commercial interests.

SOEs have also been established to advance national public policy priorities. Again, these emerged owing to ‘market failures’ to those who believe that markets would serve the national interest or purpose.

However, neoliberal or libertarian economists do not recognize the existence of national or public interests, characterizing all associated policies as mere subterfuges for advancing particular interests under such guises.

Nevertheless, regardless of their original rationale or intent, many SOEs have undoubtedly become problematic and often inefficient. Yet, privatization is not, and has never been a universal panacea for the myriad problems faced by SOEs.

Causes of inefficiency

Undoubtedly, the track records of SOEs are very mixed and often vary by sector, activity and performance, with different governance and accountability arrangements. While many SOEs may have been quite inefficient, it is crucial to recognize the causes of and address such inefficiencies, rather than simply expect improvements from privatization.

First, SOEs often suffer from unclear, or sometimes even contradictory objectives. Some SOEs may be expected to deliver services to the entire population or to reduce geographical imbalances.

Other SOEs may be expected to enhance growth, promote technological progress or generate jobs. Over-regulation may worsen such problems by imposing contradictory rules.

To be sure, unclear and contradictory objectives – e.g., to simultaneously maximize sales revenue, address disparities and generate employment — often mean ambiguous performance criteria, open to abuse.

Typically, SOE failure by one criterion (such as cost efficiency) could be excused by citing fulfillment of other objectives (such as employment generation). Importantly, such ambiguity of objectives is not due to public or state ownership per se.

Second, performance criteria for evaluating SOEs — and privatization — are often ambiguous. SOE inefficiencies have often been justified by public policy objectives, such as employment generation, industrial or agricultural development, accelerating technological progress, regional development, affirmative action, or other considerations.

Ineffective monitoring, poor transparency and ambiguous accountability typically compromise SOE performance. Inadequate accountability requirements were a major problem as some public sectors grew rapidly, with policy objectives very loosely and broadly interpreted.

Third, coordination problems have often been exacerbated by inter-ministerial, inter-agency or inter-departmental rivalries. Some consequences included ineffective monitoring, inadequate accountability, or alternatively, over-regulation.

Hazard

Moral hazard has also been a problem as many SOE managements expected sustained financial support from the government due to weak fiscal discipline or ‘soft budget constraints’. In many former state-socialist countries, such as the Soviet Union and Yugoslavia, SOEs continued to be financed regardless of performance.

Excessive regulation has not helped as it generally proves counter-productive and ultimately ineffective. The powers of SOEs are widely acknowledged to have been abused, but privatization would simply transfer such powers to private hands.

Very often, inadequate managerial and technical skills and experience have weakened SOE performance, especially in developing countries, where the problem has sometimes been exacerbated by efforts to ‘nationalize’ managerial personnel.

Often, SOE managements have lacked adequate or relevant skills, but have also been constrained from addressing them expeditiously. Privatization, however, does not automatically overcome poor managerial capacities and capabilities.

Similarly, the privatization of SOEs which are natural monopolies (such as public utilities) will not overcome inefficiencies due to the monopolistic or monopsonistic nature of the industry or market. The key remaining question is whether privatization is an adequate or appropriate response to address SOE problems.

Throwing baby out with bathwater

SOEs often enjoy monopolistic powers, which can be abused, and hence require appropriate checks and balances. In this regard, there are instances where privatization may well be best. Two examples from Britain and Hungary may be helpful.

The most successful case of privatization in the United Kingdom during the Thatcher period involved National Freight, through a successful Employee Stock Ownership Plan (ESOP). Thus, truck drivers and other staff co-owned National Freight and developed personal stakes in ensuring its success.

In Hungary, the state became involved in running small stores. Many were poorly run due to over-centralized control. After privatization, most were more successfully run by the new owners who were previously store managers.

Hence, there are circumstances when privatization can result in desirable outcomes, but a few such examples do not mean that privatization is the answer to all SOE problems.

Privatization has never been a universal panacea. One has to understand the specific nature of a problem; sustainable solutions can only come from careful understanding of the specific problems to be addressed.

“Los incumplimientos por gobiernos extranjeros de su deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. externa son tan numerosos y ciertamente tan cercanos a ser universales que es fácil tratar sobre ellos nombrando a aquellos que no han incurrido en incumplimiento, que aquellos que lo han hecho. Además de aquellos países que incurrieron técnicamente en incumplimiento, existen algunos otros que pidieron prestado en el exterior en su propia moneda y permitieron que esa moneda se depreciara hasta menos de la mitad de su valor nominal y en algunos casos a una fracción infinitesimal. Entre los países que actuaron así cabe citar a Bélgica, Francia, Italia y Alemania.”

John Maynard Keynes, Defaults by foreign governments, 1924

Todo indica que los problemas de sobreendeudamiento externo en el sistema-mundo capitalista están a punto de estallar nuevamente. Esto no debería sorprendernos si miramos al pasado. Una y otra vez, tanto en el mundo “subdesarrollado” como en el “desarrollado”, el sobreendeudamiento ha generado complejas situaciones económicas, incluyendo el estallido de crisis de deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. externa. Así ahora, como en los años treinta del siglo pasado, los problemas derivados del sobreendeudamiento se presentan a ambas orillas del capitalismo mundial.

Historia de una deuda eterna y triste |1|

La historia financiera internacional presenta reiteradamente a países que toman créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario. , tienen un auge, declinan, cesan los pagos y algún rato vuelven a ser sujetos de crédito… y la vida continúa. En medio de esa vida, sobre todo los países empobrecidos se vuelven deudores de la banca internacional, organismos multilaterales, grandes especuladores financieros, y otros acreedores sin olvidar los Estados de los países más ricos. Hasta podríamos pensar en un “mundo endeudado”, ¿pero en manos de quién?

Históricamente las cesaciones de pagos más frecuentes se dan cuando el capitalismo desarrollado sufre una recesión. Por ejemplo, cuando la Bolsa Bolsa Lugar de encuentro de la oferta y demanda de valores mobiliarios que ya fueron emitidos en el mercado financiero primario. La bolsa es por tanto el mercado de ocasión de títulos mobiliarios; también llamado mercado secundario. de Londres -corazón del sistema capitalista mundial de entonces- se desplomó en octubre de 1825, se llevó consigo a los precios de las materias primas. Acto seguido, las nacientes repúblicas sudamericanas y México suspendieron pagos por casi treinta años, algunas por más tiempo. Ya desde ese momento, la crisis de la deuda del capitalismo subdesarrollado tuvo un fuerte vínculo con la especulación Especulación Actividad consistente en buscar ganancias bajo la forma de plusvalía apostando por el valor futuro de los bienes y activos financieros o monetarios. La especulación genera un divorcio entre la esfera financiera y la esfera productiva. Los mercados de cambios constituyen el principal lugar de especulación. financiera del capitalismo desarrollado. En Londres se negociaban títulos valores atados a la deuda de varios países latinoamericanos |2|, incluyendo aquella adquirida durante el fin de la colonia para conseguir la Independencia (p.ej. Ecuador, Argentina). Y de la mano de la especulación caminaba la corrupción, incluso con anécdotas como la inversión especulativa en países latinoamericanos imaginarios, p.ej. el inexistente “principado de Poyais”.

El vínculo entre el sistema financiero mundial y el capitalismo subdesarrollado ha sido permanente. En la década del 70 del siglo XIX nuevamente se dio un desmoronamiento de la Bolsa de Londres. Particularmente, en 1873 empezaría quizá la primera “gran depresión” del capitalismo mundial, en donde las inversiones especulativas se extendían desde el sector de los ferrocarriles, al mismo tiempo que se mantenían las inversiones en títulos valores de deuda. Al reventar la crisis, los precios de las materias primas se desplomaron y los países del capitalismo subdesarrollado cesaron pagos casi sin excepción por un período de otros treinta años o más.

En los años 30 ya del siglo XX, en medio de la Gran depresión de 1929, se repitió la misma historia y por la misma causa, afectando incluso a varios países europeos. La euforia financiera previa al colapso se extendió desde el sector inmobiliario, hasta los grandes actores del sistema financiero mundial como Goldman Sachs (que entre 1928-1929 vería que sus acciones pasaron de 104 a 222 dólares, para luego caer a 1,75 dólares en 1932). A su vez, los economistas del capitalismo desarrollado trataban de mostrar la apariencia de que “todo iba bien”. Un ejemplo es Irving Fisher (importante economista para la teoría ortodoxa de las tasas de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. y personaje involucrado en el negocio especulativo) para quien, en ese entonces: “las cotizaciones bursátiles han alcanzado lo que parece un permanente alto nivel de estabilización” |3|. En medio de la -hasta ahora- mayor crisis del capitalismo mundial, resurgieron los impagos de la deuda, los cuales se resolvieron veinte años más tarde a fines de los años 40 y los 50.

Nuevamente el problema resurgió en el capitalismo subdesarrollado, impulsado por el desenvolvimiento del capitalismo desarrollado entre los años 70 y 80; esta vez no hubo desplome de bolsas pero sí del precio de las materias primas acompañado de un alza brusca de las tasas de interés particularmente en los Estados Unidos. Recordemos que, una década antes, en 1971 Estados Unidos abandonó el patrón oro para aplicar una política monetaria restrictiva con el fin de afrontar una complicada combinación de estancamiento económico e inflación Inflación Subida acumulativa del conjunto de los precios (por ejemplo, una subida del precio del petróleo, que conlleva luego un reajuste de los salarios al alza, luego la subida de otros precios, etc.). .

Para enfrentar el estancamiento de los años 70, el capitalismo desarrollado también aprovechó un “nuevo” mecanismo de generación de ganancias: “reciclar” los petrodólares Petrodólares Los petrodólares son los dólares salidos del petróleo. acumulados por los exportadores de petróleo que no encontraban cabida en sus economías y que fluían hacia los países ricos a través de la banca internacional, la cual a su vez entregó masivamente créditos al capitalismo subdesarrollado.

Esa expansión masiva del crédito –que ayudaba a sostener la “tasa de ganancia” del capital transnacional- se interrumpió al aumentar las tasas de interés internacionales. Eso estranguló -económicamente- a los países endeudados. Para 1982, especialmente los países latinoamericanos (comenzando por México) tuvieron que declarar oficialmente su incapacidad de pago |4|.

Ya en la actualidad, cada vez más países del capitalismo subdesarrollado están en una espiral económica descendente que augura una nueva crisis de la deuda. Muchos han recurrido al FMI FMI
Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Sitio web : https://www.imf.org y el Banco Mundial Banco mundial Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (183 miembros el año 2001) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.

Mas... , e incluso a la contratación de costosos créditos en el mercado financiero internacional (p.ej. Ecuador desde el año 2014 |5|).

Todo esto no es aislado sino que, como ya nos diría en su momento Raúl Prebisch |6| y hemos reiterado en este texto, varios de los problemas del capitalismo subdesarrollado (incluyendo la deuda) tienen un fuerte vínculo con la dinámica del capitalismo desarrollado. Y semejante vínculo se palpa mucho más durante las crisis de este último.

Una nueva oleada de crisis a la vista

Esta realidad, tan conocida en el mundo pobre altamente endeudado, también golpea a Europa, como en los años treinta del siglo pasado. Grecia no supera su profunda crisis de deuda |7|. Cosa similar pasa en otros países europeos, como España o Italia. Todo esto posterior a la crisis de 2008-2009 que, recordemos, tuvo entre sus orígenes el auge de créditos especulativos hipotecarios en Estados Unidos (involucrando nuevamente a actores “clásicos” de las finanzas internacionales como Goldman Sachs). Luego, gracias a las interconexiones del capitalismo global, llegó a ser quizá la segunda mayor crisis del sistema después de los años 30. Y hasta hoy los coletazos de esa crisis se sienten, e incluso podrían ser la semilla de una nueva crisis internacional.

Así las cosas, el endeudamiento ha crecido a niveles sin precedentes en medio de un contexto que augura nuevas crisis. La señal de alarma la prendió el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reunión anual celebrada en Washington del 7 al 9 de octubre de 2016. El FMI informó que la deuda mundial había alcanzado el nivel -sin parangón- de 152 billones de dólares y se elevó del 200% del valor del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. mundial en 2002, al 225% en 2015. Dos tercios del total corresponden a deuda privada, pero la deuda pública también aumentó rápidamente. Si el propio FMI está consciente del riesgo de otra crisis financiera, ya podemos imaginar cuán grave es la situación.

Según el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), con sede en Washington, en los nueve primeros meses de 2016, la deuda global sumó 11 billones de dólares y alcanzó los 217 billones. Como resultado, el endeudamiento global habría alcanzado alrededor del 325% del PIB mundial. El grueso de este acelerado endeudamiento proviene de los “mercados emergentes”, que tienen a China como uno de sus principales prestamistas |8|.

Volviendo a la información del FMI, la deuda externa de los países subdesarrollados aumentó de 2,1 a 6,8 billones de dólares entre 2000-2015. El total de la deuda (externa e interna) escaló más de 31 billones de dólares y las proporciones totales con respecto al PIB alcanzaron en varios países más del 120% y en algunos incluso más de 200%. Por otro lado, enormes cantidades de capital abandonaron dichos países en el cuarto trimestre de 2015: una salida neta conjunta de 656.000 millones de dólares, equivalente al 2,7% de su PIB, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Bien anota Martin Kohr, “ahora se vislumbra un escenario de pesadilla”. |9|

En medio de esa vorágine del crédito, sería muy ilustrativo pensar en quiénes son los mayores acreedores y beneficiarios especialmente del pago del servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. .

Sin negar las condiciones concretas en cada caso, reiteremos que la explicación central de esta evolución radica en la inherente voracidad e inestabilidad del capitalismo internacional y su proceso de acumulación, que es cíclico (pasa por alzas y bajas). Por cierto, en este contexto los cambios tecnológicos casi siempre han acompañado las soluciones para recuperar al capitalismo mundial, favoreciendo a los centros de poder en desmedro del mundo periférico. |10|

Además, el actual sistema no controla adecuadamente a las economías centrales en donde emergen las grandes recesiones, que terminan afectando sobre todo a los países más débiles. Incluso varios gobiernos, en vez de evitar las euforias financieras, las “incentivan” especialmente de forma indirecta a través de salvatajes de sus bancos sobre todo. Y esa fragilidad de la situación internacional eleva el riesgo de crisis en las economías empobrecidas -incluso crisis de no pago-, que viven permanentemente angustiadas por las presiones financieras.

Esto apunta a un grave problema estructural del sistema financiero internacional: la falta de un mecanismo de solución de la deuda ordenado, justo, transparente, humano, al que puedan recurrir los países que se enfrentan a una crisis de endeudamiento.

Preocupa que, a pesar de tanta experiencia acumulada, no se den pasos concretos para enfrentar dicho problema, y que la receta para enfrentar la crisis sea similar en todo tiempo y lugar. Se apuesta por ajustar las economías del capitalismo subdesarrollado especialmente usando el recetario neoliberal. Todo con el fin de atender las demandas del mercado financiero, sin considerar sus realidades domésticas, las condiciones que conllevaron a estas críticas situaciones, el contexto internacional y mucho menos la corresponsabilidad de los acreedores. Recordemos, como en los años 70, que los propios acreedores muchas veces presionaban (hasta a la fuerza) a que los países subdesarrollados adquieran créditos con condiciones y tasas de interés flotantes. Así se mantiene la lógica de dominación, injusticia y opacidad impuesta desde los bancos y gobiernos acreedores, aupados por los organismos multilaterales de crédito.

Lo que sí debe sorprendernos -y mucho- es que, a pesar de sumar tantas experiencias y hasta con muchas propuestas para enfrentar estas situaciones, en el mundo de la gran política (¿manejada por los mismos acreedores?) no se acepta la necesidad de un cambio profundo. Si bien es palpable en amplios círculos de la sociedad civil global una creciente conciencia de que es indispensable buscar y diseñar salidas concretas |11|, en los gobiernos de los grandes países aglutinados en el G-20 y en los organismos multilaterales no hay la voluntad para cristalizar las respuestas indispensables. ¿Será acaso que la falta de solución del problema de la deuda de los países pobres beneficia a los países ricos? Sin duda que la pregunta hasta parece necia…

La dificultad para cristalizar alternativas

El meollo de los problemas de sobreendeudamiento todavía no se ha entendido adecuadamente, y por eso no se los ha resuelto. Superarlo debería ser una prioridad en la agenda política global, tanto en beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. de los deudores, como de los acreedores de buena fe (si es que aún quedan).

La tarea, hoy más que nunca, no se agota en advertencias oportunas o simples reclamos. Precisamos construir una institucionalidad global de derecho. Aquí resaltamos el potencial político de propuestas que buscan establecer dicha institucionalidad para procesar, con transparencia y justicia, los problemas de sobreendeudamiento o situaciones abiertamente dolosas en la contratación de créditos internacionales.

Los problemas no desaparecen con simples condonaciones o renegociaciones de la deuda, pues no van a la raíz del asunto y a veces hasta lo complican. En las ocasiones cuando los problemas se resolvieron definitivamente medió una solución política como, por ejemplo, con el Acuerdo de Londres del 27 de febrero de 1953, con el que se solucionaron de forma definitiva e integral las deudas de Alemania de las post-guerras de la guerra misma. Hasta ahora, salvo en casos contados y explicables por el interés de los acreedores, se ha avanzado muy poco en soluciones de este tipo.

Hay otros esfuerzos destacables, pero aún insuficientes. Las auditorias ciudadanas son una herramienta potente para transparentar la deuda, pero no son efectivas si falta una institucionalidad que realmente procese sus recomendaciones y conclusiones |12|. Falta constituir un marco jurídico estructurado alrededor de las ideas de lo que podría ser un Tribunal Internacional de Arbitraje de la Deuda Soberana Deuda soberana Deuda de un Estado o garantizada por un Estado. , propuestas por Oscar Ugarteche y el autor de estas líneas
 |13|

Esta propuesta, en sus elementos básicos, ya ha sido discutida un par de veces en el pleno de Naciones Unidas, en donde se puso de relieve la especial importancia de hallar una solución rápida, eficaz, completa y duradera al problema de la deuda de los países subdesarrollados. Allí también se reclamó intensificar los esfuerzos por advertir oportunamente las crisis de la deuda mejorando los mecanismos financieros internacionales de prevención y solución de crisis. Se consiguió incluso una resolución de Naciones Unidas, impulsada por Argentina, en sept.-2014, con 124 votos positivos, solo 11 negativos y 41 abstenciones. Esta propuesta, si hubiera voluntad política, podría empezar a hacerse realidad inmediatamente con arbitrajes ad hoc, como sugiere Kunnibert Raffer |14|, como un primer paso mientras se institucionaliza el Tribunal.

Lo que interesa, en definitiva, es que los créditos externos se transformen en palancas que ayuden a resolver los problemas de financiamiento en las economías que los necesitan, y dejen de servir como herramientas de dominación. Desde esa perspectiva, los créditos externos podrían ser un mecanismo que canaliza adecuada e inclusive rentablemente los excedentes financieros de algunas economías. Incluso podrían resultar útiles para asegurar el comercio mundial. Lo fundamental es que la deuda deje de ser un mecanismo de exacción de recursos desde la periferia hacia los centros capitalistas y de imposición de políticas desde los países ricos, lo que demanda desarmar la práctica de la deuda externa como herramienta de especulación y dominación.

En definitiva, la deuda no puede seguir siendo un acto de violencia -que afecta a las sociedades y a la Naturaleza- cuyo objetivo es forzar al país deudor a hacer la voluntad de los acreedores vía renegociaciones y programas de ajuste estructural Ajuste estructural Política económica impuesta por el FMI como condición para la concesión de nuevos préstamos o para la refinanciación de préstamos anteriores. . Y tampoco puede ser un espacio para obtener ganancias exorbitantes, aprovechándose de las crisis y de la situación de indefensión de los países deudores que terminan muchas veces en manos de verdaderos “buitres” de las finanzas internacionales.

En este sentido, sería en extremo útil reflexionar sobre las posibles trabas que los países del capitalismo desarrollado impondrían al replanteamiento del manejo actual de la deuda. Si se deja de usar la deuda como mecanismo de extracción de recursos y de dominación, se estaría cuestionando a la propia acumulación de capital de los centros. Es decir, se estaría cuestionando a su condición misma de centros.

La historia nos enseña que, por la falta de respuestas estructurales, los países endeudados -con graves consecuencias sobre sus sociedades e inclusive sobre su medio ambiente- a menudo enfrentan muchos años de austeridad y miseria por las condiciones recesivas impuestas por los acreedores y los organismos de rescate, y sin ninguna garantía de que el sobreendeudamiento siquiera sea resuelto. Situación que termina por afectar a los propios acreedores.

Lamentablemente parecería que no hay memoria de lo sucedido anteriormente o que esa memoria, sobre todo en los banqueros y en los gobernantes, es muy frágil y no resiste la tentación de las ganancias fáciles vía concesión de créditos (como vimos, desde antes de 1825 hasta la fecha), muchas veces atados a la especulación, a la corrupción |15| o a grandes obras inútiles para los pueblos.

Entonces urge una discusión muy amplia para construir alternativas -reconociendo el carácter global del reto de la deuda externa-, que no pueden quedarse en simples acciones discursivas y, menos aún, en parches aislados e incluso cómplices con el poder financiero o el poder de los capitales transnacionales.

El reto de la solución de los conflictos sobre deuda externa impagable exige un redoblado esfuerzo político global. Quizá la propia superación del subdesarrollo capitalista -y hasta la superación mundial del capitalismo- requiere la resolución urgente del problema de la deuda. No se trata simplemente de resolver los momentos críticos producidos por el sobre endeudamiento, sino de construir otro marco internacional que subordine las finanzas a las demandas de sociedades equitativas conminadas a vivir en armonía con la Naturaleza |16|.

¡No desperdiciemos -nuevamente- la oportunidad de liberación que nos brinda el inminente colapso que augura el retorno de una generalizada crisis de deuda externa!

Por Alberto Acosta

Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República del Ecuador. Se agradecen los valiosos comentarios del economista ecuatoriano John Cajas-Guijarro.

14 de enero del 2017

Notas

|1| Alberto Acosta; La deuda eterna Una historia de la deuda externa ecuatoriana, LIBRESA, Quito, 1994 (cuarta edición).

|2| Se puede consultar en Alberto Acosta, “La increíble y triste historia de América Latina y su perversa deuda externa”. Artículo publicado en el libro Otras Caras de la deuda - Propuestas para la acción, Editorial Nueva Sociedad, Caracas 2001.

|3| Al respecto se recomienda revisar el texto de John Kenneth Galbraith, Breve historia de la euforia financiera, Ariel, 1991.

|4| Hay varios trabajos que han abordado esta evolución histórica. A más de los textos mencionados del autor de estas líneas, podemos señalar a modo de referencia mínima los siguientes: Oscar Ugarteche; El Estado Deudor - Economía política de la deuda: Perú y Bolivia 1968-1984, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1986; Carlos Marichal; Historia de la deuda externa de América Latina, Alianza Editorial, Madrid, 1988; Eric Toussaint, Bancocracia, ICARIA, Barcelona, 2014.

|5| 6 El gobierno de Rafael Correa, aún antes de la caída de los precios del petróleo, endeudó al país de forma alegre: la deuda pública (oficial) aumentó de 13,4 a 37,2 mil millones de dólares, es decir, más que se triplicó (ene.2007-nov.2016) (con una deuda externa que aumentó de 10,1 a 24,8 mil millones), Con esto, si bien la relación el PIB bordea el 40%, se ha alcanzado el mayor monto de deuda de toda la historia republicana. También desde el 2014 Ecuador retornó al redil del FMI y Banco Mundial, llegando a entregar más de la mitad de la reserva del oro a un banco de muy dudosa reputación: Goldman Sachs, con el fin de apalancar un crédito “santificado” por estos organismos. También, con el aval de semejantes “padrinos”, el Ecuador volvió a los mercados financieros y, a enero 2017, mantiene una deuda externa en bonos “soberanos” de 7,3 mil millones, contratada con tasas de interés elevadísimas (bordean o superan el 10%) y a plazos muy cortos (de 5 y 10 años), a más de la preventa de importantes cantidades de petróleo. A esto se suma el traspaso de grandes campos petroleros en explotación de manos de la empresa estatal a compañías transnacionales para conseguir anticipadamente desembolsos y tratar de sostener el financiamiento de corto plazo de la economía. Y todo este proceso sin transparencia.

|6| Ver el artículo de Prébisch “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas”, Desarrollo económico. Vol.26. No.103. Octubre-diciembre. 1986.

|7| Entre los muchos trabajos sobre este tema recomendamos la importante investigación de Eric Toussaint; “Grecia: los bancos en el origen de la crisis - Las deudas reclamadas a Grecia son odiosas”, 2017 http://www.rebelion.org/docs/221523.pdf

|8| “La deuda mundial supera ya el 325% del PIB mundial y alcanza los 217 billones de dólares”, 5 de enero del 2017. http://www.eleconomistaamerica.com/...

|9| 10 Martin Khor, “Nueva crisis de la deuda amenaza la estabilidad mundial”, 14 de octubre de 2016 http://agendaglobal.redtercermundo.... De este artículo se tomaron las cifras del FMI y de la UNCTAD.

|10| 11 Semejante tendencia incluso ha generado una suerte de “Edad Media de alta tecnología”: “Edad Media con reducidos grupos humanos que concentran los avances tecnológicos manteniendo crecientes exclusiones sociales, en medio de insospechadas tensiones políticas y con un marcado deterioro ecológico”. Al respecto, se puede leer el texto del autor de estas líneas: “Los riesgos de una nueva Edad Media de alta tecnología”, Rebelion.org: http://www.rebelion.org/noticia.php...

|11| La lista de organizaciones de la sociedad civil que se esfuerzan por sensibilizar a la opinión pública y cambiar la posición de los gobiernos es larga. Destaquemos los esfuerzos del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) con alcance internacional, de LATINDAD en América Latina o de Erlassjahr en Alemania, para rescatar estas pocas iniciativas a modo de ejemplo.

|12| Recordemos el paso histórico que significo este tipo de auditoria en Ecuador en los años 2007-2008. Allí, no solo que no se cumplieron todas sus recomendaciones de la comisión de auditoria, sino que, por el contrario, pocos años más tarde el gobierno que impulsó dicha auditoria: el de Rafael Correa, volvió a las mismas andanzas de endeudamiento acelerado y poco transparente, tal como en épocas anteriores.

|13| Entre los varios textos escrito sobre esta cuestión se recomienda ver Oscar Ugarteche y Alberto Acosta; “Global Economy Issues and the International Board of Arbitration for Sovereign Debt (IBASD)”, El Norte - Finnish Journal of Latin American Studies No. 2, (Diciembre 2007). http://www.elnorte.fi/archive/2007-....

|14| Son muchos los aportes de este autor sobre este tema, entre otros se puede revisar: Kunnibbert Raffer; “Debt Relief for Low Income Countries: Arbitration as the Alternative to Present Unsuccessful Debt Strategies” in WIDER, UNU, Helsinki (2001) http://www.wider.unu.edu/conference...

|15| Hay que indagar sobre la legalidad y la legitimidad de la deuda. No todas las deudas merecen similar tratamiento. Muchas deben ser desechadas desde el inicio, sobre todo aquellas que caen en la categoría de deudas odiosas (contratadas por una dictadura, p. ej.); además, existen otros créditos que, por sus condiciones, podrían ser considerados como usurarios (con tasas de interés desproporcionadas, que de antemano hicieron imposible el servicio de la deuda) y corruptos (contratadas en condiciones que no se ajustan a las normas legales del país acreedor o deudor, o a normas internacionales), que por definición deberían ser nulos. A modo de ejemplo de los factores que habría que considerar, se puede mencionar la existencia de cláusulas ilícitas, vicios de consentimiento, anatocismo, tasas de interés usurarias, gastos y comisiones desproporcionados (cubiertas por los deudores, sin control alguno), operaciones simuladas, colusión dolosa, deudas “estatizadas” o “socializadas”, etc.

|16| Propuestas para impulsar una transformación de la arquitectura financiera internacional colocando a las finanzas al servicio de la vida y no de la acumulación del capital existen. Véase el aporte de Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro: Instituciones transformadoras para la economía global - Pensando caminos para dejar atrás el capitalismo. En Varios autores: La osadía de lo nuevo – Alternativas de política económica. Grupo de Trabajo Permanente de la Fundación Rosa Luxemburg. Abya Yala, Quito, 2015.

Hay evidencia que EEUU tiene un rezago tecnológico de varios años en relación a China. Un listado del Profesor Allison de la U de Harvard en un libro publicado por el Instituto Aspen el 2020 muestra siete sectores de rezago. En enero del 2024 apareció un informe del Australian Strategic Policy Institute donde detallan el rezago en 9 sectores y 64 subsectores. Ante esto el gobierno del Presidente Trump puso aranceles a un conjunto de productos de origen chino a partir de marzo del 2018 y el presidente Biden lo amplió y diseñó una política de sustitución de importaciones para alcanzar al líder. Mientras tanto todas las innovaciones asiáticas son consideradas una amenaza a la seguridad nacional en tanto que ponen en evidencia su perdida de liderazgo. El texto revisará el marco legal para desempeño de la ISI en EEUU de los últimos dos años.

El problema real: el rezago tecnológico

Hay una paradoja en la economía estadounidense. Tiene el nivel de deuda más alto del mundo y uno de los déficit fiscales en relación al PIB más grandes del mundo y al mismo tiempo una economía de lento crecimiento, donde el gasto público no lo impulsa. La razón podría ser que el gasto público esté desvinculado totalmente de las inversiones del sector privado. Otro puede ser que el costo de la deuda se lleva una parte importante de su presupuesto y por tanto el gasto público efectivo es varios puntos menos del PIB que aparece.

Educación y retraso

Con una tasa de interés de alrededor de 5% para los instrumentos de los fondos federales en los últimos cuatro años, y una relación deuda/PIB de 122%, el servicio de la deuda se lleva 6.1% del PIB. Es decir, el déficit fiscal apenas cubre el costo de la deuda. Para mantenerlo, debieron frenar la tasa de inversión pública y el gasto público, con el efecto negativo sobre la economía en su conjunto. De un promedio de inversión pública en el PIB de 13.5% en la década del 50, descendió a 7.4% en las décadas del 70 y 80 y siguió su descenso en los 90s y las primeras décadas del siglo XXI donde el promedio de la tercera década del siglo es de apenas 3.7% del PIB, casi la mitad de lo que gastan en intereses de la deuda pública y la cuarta parte de la década del 50.

La disfunción de la inversión pública se aprecia en el deterioro de la infraestructura nacional y en el retraso de la infraestructura educativa y de salud pública, que fueron ejemplares en la década del 50. El retraso educativo es otra parte de la baja de la inversión en infraestructura educativa. La prueba PISA 2022 refleja que la media estadounidense en conocimientos matemáticos fue inferior a la media de 21 sistemas educativos, superior a la de 6 y no significativamente diferente de la de 9. La media estadounidense en aptitud lectora fue superior a la media de 28 sistemas educativos, inferior a la de 3 y no significativamente diferente a la de 5. Finalmente, la media en conocimientos científicos fue superior a la media de 16 sistemas educativos, inferior a la de 5 y no significativamente diferente de la de 15. En suma, el sistema educativo está produciendo estudiantes promedio en general, y debajo del promedio en matemáticas.

El impacto de esto sobre la capacidad de ponerse al día con los sistemas educativos de los países que tienen los estudiantes estrella en todos los campos que son Singapur, Macau (China), Taiwan, Hong Kong (China), Japón y República de Corea es relevante porque las políticas de ISI que han puesto en marcha están orientadas a poner al día a EEUU con China en los campos donde está retrasado. (ver tabla). El gasto público corriente en educación se ha reducido un tercio de casi 7% del PIB a menos de 5% y luego se ha estabilizado en 5.4% del PIB, menos de lo que usa el presupuesto para cubrir sus pagos de intereses de deuda pública.

Un efecto del deterioro educativo se ve en que hay más cárceles que universidades en EEUU. El recorte de fondos corrientes a la educación a la par con la privatización del sistema carcelario ha llevado a la realidad de que hay más cárceles y que además hay un problema de salud pública con el abuso de drogas por adolescentes. Según el National Survey Results on Drug Use, 1975-2023: Secondary School Students los niveles de prevalencia del uso de drogas a lo largo de la vida en 2023 eran del 22% para los alumnos de 8º curso (Primero de secundaria), del 29% para los de 10º curso (tercero de secundaria o primero de preparatoria en México) y del 42% para los de 12º curso. (Quinto de secundaria o tercero de preparatoria en México) con los efectos de esto sobre motivación y aprendizaje. La interrogante en el avance del año 2024 es si será posible recuperar el gasto público en educación e infraestructura con un nivel de deuda tan alto y poco productivo. Igualmente deben de atender el problema de drogas entre adolescentes que no es un problema de sólo oferta sino de demanda.

Gasto militar y crecimiento

A todas luces el gasto militar lidera el gasto público y sus multiplicadores no operan como se esperaría. Los eslabonamientos de la industria militar aparentemente son hacia afuera de la economía y seguramente explican una parte sustantiva del déficit externo que bordea 3% del PIB pero que hasta 1980 estaba en el vecindario de 0. El gasto militar, que es el 13% del presupuesto programado del año 2024, equivale al 3.4% del PIB de acuerdo al SIPRI y es igual a los gastos en salud. La interrogante es si la porción de salarios creció mucho en el presupuesto y cómo es el patrón de consumo dado que la inversión en infraestructura se redujo tan considerablemente. El tamaño del déficit externo es un reflejo de un muy significativo consumo importado mientras del otro lado no exportan lo suficiente. Las proyecciones sostienen estas tendencias.

Dicho déficit fue financiado por China, Japón y las economías en desarrollo históricamente desde 1980, pero China siempre fue el líder. Los últimos años China redujo su posición en bonos del tesoro dentro de las reservas internacionales al guardar más reservas en monedas de países socios comerciales no conflictivos y en oro. En general las posiciones de reservas internacionales en dólares están en declive y en el año 2024 han llegado a ser el 55% de las reservas mundiales con una caída franca desde más de 80% en las décadas anteriores a 1980. (IMF 1980 Report, tabla 16)

La ISI y las nuevas leyes

En 2021 se pasó una ley para fortalecer la infraestructura del país que se llama la Ley Bipartidaria de Infraestructura.
En esta se reconoce que hay retraso en los temas de electromovilidad y se anuncia inversiones en cargadores eléctricos. La evidencia del Journal of Consumer Affairs es que la instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV) creció de manera constante a una tasa anual compuesta (CAGR) del 43,7% entre 2018 y 2023. El número de estaciones aumentó de 22.826 a 64.187 en todo el país. Sin embargo, está fuertemente concentrado en cinco estados con el 46,4% del total de estaciones de carga a nivel nacional. Esto deja a 46 estados fuera de carrera en el cambio de la matriz energética.

La misma ley dice que se hará la mayor inversión en ferrocarril de pasajeros desde la creación de Amtrak, con 66.000 millones de dólares destinados a mejorar el sistema ferroviario y lo coloca como medular en el transporte y la economía del país. Los trenes nuevos son con motores diésel (https://media.amtrak.com/2020/08/amtrak-prepares-for-new-diesel-locomoti... ) con una velocidad máxima de 250kmph y una media de 207kmph versus los chinos eléctricos que van a 350 km por hora, el bala japonés eléctrico que va a 320 kmph. El AVE español eléctrico que va a 310kmph y el TGV francés que va a 300 kmph. Es decir, con locomotoras diésel, hay un proceso de renovación limitada y rezagada con relación a donde se encuentra la tecnología de punta de hace cinco o seis décadas. El tren chino CR450 ha alcanzado la velocidad punta de 453 km/h en una ruta cotidiana. Es decir, la modernización estadounidense está atrapada por la insistencia en energías fósiles y por no querer competir con los transportes masivos de carga y pasajeros carreteros y aéreos.

La ley incluye recursos para modernizar los aeropuertos y puertos para reforzar las cadenas de suministro de manera de evitar las interrupciones. Incorpora modernizar la infraestructura eléctrica para suministrar energía limpia y fiable en todo el país y desplegar tecnología energética de vanguardia para lograr un futuro sin emisiones. Según el EPA en 2019, el gas natural tuvo la mayor participación (38 por ciento) en la generación de electricidad de Estados Unidos, el carbón tuvo la segunda mayor participación (23 por ciento) y la nuclear tuvo la tercera mayor (20 por ciento). Las fuentes de energía renovables contribuyen a alrededor del 17 por ciento de la producción de electricidad de Estados Unidos en instalaciones a escala de servicios públicos. En el 2023 se proyecta el retiro de las generadoras de electricidad a carbón hasta antes del 2030 y las a base de gas.

Se espera que la nueva capacidad de energías renovables, principalmente eólica y solar, reduzca la generación de electricidad de las plantas de carbón y gas natural en 2023 y 2024. Las adiciones de capacidad de generación renovable se monitorean mensualmente, pero la electricidad generada varía según el clima y el mercado, lo que introduce incertidumbre en las previsiones.

En 2022, la energía eólica y solar representaron el 14% de la generación de electricidad en EE.UU. Se espera que aumente al 16% en 2023 y al 18% en 2024. La generación de electricidad a partir de carbón disminuirá del 20% en 2022 al 17% en 2023 y 2024. El gas natural, que representó el 39% de la generación en 2022, se mantendrá similar en 2023 y caerá al 37% en 2024. La generación de electricidad a partir de fuentes renovables ha crecido constantemente en la última década, representando casi una cuarta parte de la generación total en 2022. Es decir que la ley impulsa cambio de la matriz por energías renovables y es quizás el contenido más adelantado. La tecnología renovable es esencialmente de origen chino y con esta ley se intenta entrar a competir con insumos estadounidenses.

La ley tiene como objetivo construir infraestructuras resistentes a los efectos del cambio climático, los ciberataques y los fenómenos meteorológicos extremos. En términos ambientales, será la mayor inversión de la historia de Estados Unidos en la lucha contra la contaminación heredada mediante el programa Superfund de la EPA que limpia los terrenos más contaminados del país y responde a emergencias ambientales, vertidos de petróleo y desastres naturales, así como la limpieza y recuperación de zonas industriales y minas abandonadas, así como la clausura de pozos de petróleo y gas.

Al año siguiente (2022), Biden promulgó la Ley de Chips y Ciencia, como política industrial para fabricar circuitos integrados y no comprárselos a China. Fue seguido de Ley de Reducción de la Inflación en el 2023 que mejoró o creó más de 20 incentivos fiscales para la generación de energía y la manufactura limpias. Muchos de estos incluyen bonificaciones adicionales para fomentar inversiones en comunidades, así como para aumentar la inversión del sector privado. Por primera vez, abre el acceso a incentivos fiscales para el uso de energía limpia a entidades exentas de impuestos, como gobiernos estatales, locales y tribales, cooperativas eléctricas rurales, entre otros. También estableció requisitos para el uso de los incentivos para fortalecer las cadenas de suministro de materiales y equipos.

Stiglitz argumenta que, a largo plazo, el panorama es más evidente y desalentador. El éxito económico de Estados Unidos en los últimos años se debe en gran medida a su capacidad tecnológica, sustentada en sólidos fundamentos científicos. Sin embargo, piensa que Trump continuará atacando a las universidades y exigiendo grandes recortes en investigación y desarrollo en caso de salir electo.

El efecto de lo anterior es que la economía estadounidense está arrastrada por el crecimiento del sector industrial en un nuevo impulso análogo al que hubo en América latina en el tan criticado periodo de la sustitución de importaciones. Después de todo parece que la ISI si sirve y que quizás se pueda comenzar a discutir industrialización nuevamente con el conocimiento previo que ésta deriva en tasas de inflación mayores al 2%, pero que aquello es irrelevante si genera bienestar en la población en su conjunto y estabilidad en la dinámica económica. El rezago estadounidense frente a los liderazgos orientales no puede ser remediado en un plazo corto y si bien la ISI es un paso adelante, será la velocidad de la innovación la que le permitirá dar el salto. Este será el meollo del debate económico electoral.

Las reglas comerciales internacionales y las bases institucionales del mercado mundial se han visto sacudidas por la promoción proteccionista de la política “America First” de la segunda economía más importante (CIA Factbook dixit). Las declaraciones del presidente de EEUU sobre las acciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) contradicen el propósito general de la organización multilateral. La OMC ha sido el organismo multilateral encargado, desde 1995, de regular el comercio internacional a través del establecimiento de un marco normativo, no vinculante, y de mecanismos para solución de disputas comerciales entre sus miembros 164 miembros.

Desde la campaña presidencial, Donald Trump mencionó en varias ocasiones la posibilidad de que EEUU se saliera de la OMC, recordando el aislacionismo estadounidense de los años 20. Woodrow Wilson creó la Liga de las Naciones en 1919 y nunca se afilió formalmente porque los republicanos, liderados por Henry Cabot Losge, opinaron “que la Liga comprometería a los EEUU con una organización costosa que reduciría la capacidad de los EEUU para defender sus propios intereses”[1] La idea permanece, de ahí la posición estadounidense contra Naciones Unidas y sus organizaciones afiliadas.

De acuerdo al análisis de sus ex-asesores Peter Navarro y Steve Bannon, y su actual representante comercial Robert. Lighthizer, la OMC ha permitido el abuso comercial de China hacia EEUU. No obstante que EEUU ha ganado el 90% de las controversias comerciales promovidas en su contra en los últimos veinte años.[2] Aun siendo el máximo inversionista extranjero del mundo y el actor más importante en temas económicos internacionales, EEUU sostiene una ridícula postura de víctima del mercado mundial en general, y de China y México en particular.

A mediados de enero de 2018 el presidente de EEUU anunció una imposición arancelaria del 20% para importaciones de lavadores y del 30% para importaciones de paneles solares. La decisión corresponde a una represalia directa contra las corporaciones coreanas, LG y Samsung Electronics; la china, Suniva; y la manufactura y exportación mexicanas. Aunque la medida, en realidad no es capaz de desestabilizar por sí sola a la economía mundial, viola las reglas comerciales de la OMC y el espíritu de libertad de comercio que EEUU ha promovido desde 1944, la política del libre mercado impuesta, en algunos casos, por el FMI y el BM, y las normas anti-dumping. Todo para favorecer a dos corporaciones americanas: Whirpool y SolarWorld Americas Inc.

Las consecuencias de esta decisión unilateral estadounidense pueden ser desastrosas. La señal económica que envía el mercado mundial expresa el proyecto de re-escribir las reglas comerciales de manera unilateral a favor de EEUU. ¡Imperialismo clásico! En la economía interna, la protección a las grandes corporaciones y los efectos macroeconómicos que genera, en lugar de reducir el déficit comercial y promover crecimiento económico, va a generar una subida de precios de los productos protegidos mientras quiebra a las pequeñas empresas estadounidenses en esa rama. Todo sumará la pérdida de empleos en las industrias eslabonadas, como por ejemplo de instalación de paneles solares. En el contexto internacional, el desdén de EEUU hacia la OMC y las instituciones multilaterales diseñadas para mantener el orden y la paz en mercado mundial, podría dar el espacio a una guerra comercial arancelaria.

Contra la unilateral decisión estadounidense, China y Corea del Sur pueden denunciar a la OMC el aumento de los aranceles como prácticas injustas, medidas desleales de protección y dumping. México puede apelar normativamente a la medida por dos caminos: el Capítulo 19 del TLCAN, el cual regula las medidas arancelarias, y al sistema de solución de controversias de la OMC. No obstante, el respeto de los acuerdos multilaterales no parece ser de interés de EEUU y los mecanismos de resolución de controversias no serán, de este modo, vía multilateralismo.

El mensaje es claro: las normas de la OMC no puedan regular las relaciones comerciales globales si EEUU decide promover políticas proteccionistas contra el libre mercado. Ahí se fue a la basura toda la teoría del comercio internacional. Sobre esta lógica, se inaugura un escenario de conflictos comerciales que deforma la estructura y el rumbo del comercio internacional, en el cual las más afectadas serán las economías más pequeñas con menor desarrollo.

La política “America First” y el despotismo con que el gobierno americano enfrenta la política comercial y el orden multilateral global está en oposición abierta a la doctrina que EEUU mismo le impuso al mundo en la década de los noventa través de las reformas estructurales promovidas vía el Banco Mundial. Desde la formulación del GATT (1947) hasta la conformación de la OMC (1994), EEUU buscó promover la dinámica del mercado internacional y posicionarse como el rector de las reglas comerciales globales. Actualmente, la constante agresión a las instituciones multilaterales de EEUU conduce a una situación de creciente incertidumbre económica y tensión geopolítica. La instancia más importante para prevenir guerras comerciales globales es la OMC, sin esta imperará la ley del más fuerte.

[1] https://history.state.gov/milestones/1914-1920/league

[2] https://www.factcheck.org/2017/10/trump-wrong-wto-record/

El presidente Trump ha ofrecido un respiro a los consumidores, al excluir una serie de productos importantes de la lista de importaciones de China a las que se aplicarán los anunciados nuevos aranceles a partir de septiembre. Teléfonos móviles, ordenadores y consolas de videojuegos, entre otros, no serán gravados hasta el 15 de diciembre, permitiendo a las empresas estadounidenses aprovisionarse para la campaña navideña. El anuncio, que provocó subidas en la Bolsa, proporciona además tiempo para tratar de desbloquear las negociaciones que buscan una salida a la guerra comercial que libran ambas potencias.

Trump anunció a principios de este mes que, el próximo 1 de septiembre, entraría en vigor una nueva ronda de aranceles a importaciones chinas. Pero este martes su Gobierno retiró de la lista una serie de productos, que no serán gravados hasta finales de año. A falta de una lista completa de las mercancías temporalmente eximidas, las que se sabe que se beneficiarán de la demora son, entre otras, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y consolas de videojuegos, que no serán gravadas con nuevos aranceles hasta el 15 de diciembre. Otros productos, que no se han especificado, serán retirados de la lista de aranceles de manera indefinida, por motivos de "salud, seguridad nacional y otros factores".

La medida, hecha pública este martes por la autoridad de comercio estadounidense, supone una rebaja considerable de la nueva ola de aranceles anunciada por el presidente, que gravarían con un 10% a importaciones por valor de 300.000 de dólares, como medida de presión para desbloquear las negociaciones, en punto muerto desde mayo, que buscan una salida a la guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos y China.

La Administración Trump cede así a las presiones del mundo empresarial, que se queja del impacto en sus negocios de la escalada arancelaria. La oficina de la Representación del Comercio (USTR, por sus siglas en inglés) aún no había hecho pública anoche una lista con todos los productos afectados. Pero los que sí ha mencionado suponen un importante volumen de negocio: solo los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles suman más de 80.000 millones de dólares en importaciones, más de una cuarta parte del valor total que estaba previsto gravar en septiembre. La decisión, según la USTR, se enmarca en el proceso de “audiencias pública” abierto tras el anuncio, a principios de este mes, durante el cual cientos de compañías han testificado que los nuevos aranceles perjudicarían gravemente a sus operaciones.

Retrasando los gravámenes al 15 de diciembre, las empresas tendrán tiempo para importar el stock de productos que necesitan para las campañas de vuelta a la escuela y de Navidad, así como las de Acción de Gracias y el Black Friday. La bolsa subió tras el anuncio de la demora, empujada por las acciones de compañías detallistas y fabricantes de componentes tecnológicos. Las acciones Apple, compañía para la que la noticia supone que los iPhone se librarán de los aranceles hasta diciembre, ganaron más de un 6%.

A diferencia de otras rondas, que podían afectar a sectores como la agricultura o la industria y estaban diseñadas para que el impacto en el consumidor final fuera mínimo, los anunciados aranceles del 10% afectan a productos de consumo y suponen una subida de precios importante para el consumidor de a pie. Así lo reconoció este martes el propio presidente Trump. “Hacemos esto por la temporada de Navidad”, dijo a los periodistas, en referencia a la demora y exención de los nuevos gravámenes anunciados pocas horas antes. “Solo por si algunos de esos aranceles pudieran tener un impacto en los consumidores estadounidenses”.

La USTR ha confirmado que, al margen de estos productos exentos, temporal o permanentemente, seguirá adelante con los aranceles al 10% a otras mercancías, que no ha especificado, a partir de septiembre. Enfangado desde el año pasado en una guerra comercial con China, tratando de presionar a Pekín para que cambie sus prácticas comerciales y respete la propiedad intelectual estadounidense, el presidente ya ha impuesto aranceles de un 25% a importaciones por valor de 250.000 millones de dólares. Sumados a los nuevos gravámenes que anunció que impondría, y que ahora suaviza, el resultado habría sido que prácticamente todos los productos importados de China estarían sometidos a aranceles.

Los negociadores estadounidenses y chinos apenas han avanzado desde mayo, atascados, entre otros terrenos, por la resistencia de Washington a retirar los aranceles existentes y de Pekín a plasmar en ley ciertas reformas que se habría comprometido a llevar a cabo. Pero el anuncio de este martes ha devuelto a los chinos a la mesa. Tras una conversación telefónica entre altos representantes de ambas partes, según la agencia oficial china, se ha fijado una nueva reunión de los equipos negociadores para dentro de dos semanas, justo antes de la fecha en la que entrarían en vigor los nuevos gravámenes.

NUEVO REPUNTE DE LA INFLACIÓN

La inflación se aceleró en el mes de julio en Estados Unidos, completando el mayor aumento bimensual (0,3% en junio y otro 0,3% en julio) del índice de precios desde 2006. El repunte mantiene la presión a la Reserva Federal, que el mes pasado bajó los tipos de interés por primera vez en 11 años, una bajada que no se justificaría en virtud de otros indicadores económicos, como el empleo. El incremento de precios en el mes de julio fue generalizado, y desempeñó un papel importante el precio de la energía. Pero algunos expertos vieron en los datos, publicados ayer, evidencias de que los aranceles impuestos a los productos importados de China por la Administración Trump, envuelta en la guerra comercial con el gigante asiático, están empezando a afectar a la inflación.

"EEUU busca convertir nuevamente su política [económica] a una de tipo nacionalista, que es lo que ha dicho [el candidato republicano] Donald Trump en sus discursos, de regresar los capitales [locales] a EEUU y que, incluso, la vicepresidenta y aspirante demócrata, Kamala Harris, lo ha planteado. Hay que recordar que en el próximo año tenemos un proceso de revisión del tratado comercial [T-MEC]", explica el doctor en estudios económicos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Jenner Torrez Vázquez.

En este sentido, el profesor del Tecnológico de Monterrey, Francisco Rueda, indica que la reticencia de Washington con Pekín también ocurre por el desempeño de las cadenas de suministros tras la pandemia de COVID-19, donde el comercio mundial fue severamente afectado, y por el temor a una dependencia de productos de la nación asiática.

"En general, ni el Partido Republicano ni el Demócrata ven con buenos ojos las inversiones chinas y rechazan una posible dependencia. Por esa razón, también el T-MEC impide a México establecer un tratado de libre comercio con [el país asiático]", precisa.

Los señalamientos de Torrez Vázquez y Rueda hacen referencia a las palabras de la titular de la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por sus siglas en inglés), Katherine Tai, quien declaró que EEUU está preocupado respecto a las acciones que las firmas chinas puedan tener en México, especialmente en el sector automotor.

"Si un fabricante chino de automóviles va a fabricar sus vehículos en México, nos preocupará quién trabaja en esas fábricas, cuáles son las normas laborales, cuál es el impacto medioambiental y, sobre todo, si existe una conexión transparente entre la empresa y el Estado", expresó el 24 de octubre durante un foro organizado por Bloomberg en Brasil.

Tai añadió que el Gobierno estadounidense está enfocado en aplicar "instrumentos comerciales que puedan fortalecer las cadenas de suministro", esto en relación con el arancel de 100% a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, que se aplica desde septiembre de este año.

"EEUU ya no puede competir contra China por sí solo"

Los especialistas coinciden en que las palabras de Tai se dan en el marco de los comicios presidenciales estadounidenses, pero también de cara a la revisión del T-MEC, cuyas mesas iniciarán en 2025 y cuya decisión final sobre si se mantiene o no el pacto comercial será en 2026.

"EEUU era el país que hablaba de la apertura y el libre mercado y, ahora, está rebasado por esas prácticas. Cuando observa que China incrementa su producción y acapara una mayor cantidad del mercado, les motiva y plantean una política industrial de tipo nacionalista. En ese sentido, la revisión del T-MEC y sus resultados hasta la fecha, en gran medida tendrá que ver con evitar la introducción de las firmas chinas en suelo estadounidense", subraya Torrez Vázquez.

"Recordemos que la guerra comercial [entre Washington y Pekín] tiene una nueva dimensión tras la cumbre de los BRICS en Kazán, grupo que está en la posición número uno, al menos en población. EEUU ya no puede competir contra China por sí solo, incluso con la Unión Europea, por lo que busca convertir a México en un aliado sumamente estratégico para frenar la llegada de capital y productos chinos", puntualiza el también profesor investigador en la UJAT.

Pero eso no es todo. Rueda, quien también es maestro en economía por el Colegio de México (Colmex), precisa que las restricciones que EEUU ha impuesto a China se dan no solo por la triangulación de productos que hace a través de México, sino de otros territorios del este asiático.

De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), México ha tenido una participación de 1,58% en las exportaciones hacia China, correspondientes a 5.592 millones de dólares, esto tan solo en lo que va de 2024. A su vez, las importaciones chinas representaron 20,2%, a 72.512 millones de dólares.

El balance comercial neto entre México y China cuenta con un saldo negativo de 66.920 millones de dólares.

Un doble discurso

Sin embargo, las preocupaciones que refiere Tai acerca del vínculo de las empresas chinas con México, sobre todo en los ámbitos laborales, medioambientales y en la cercanía con el Gobierno del país latinoamericano, son sujetas a la crítica, especialmente cuando las compañías estadounidenses y de otros países han sido señaladas por afectaciones en suelo mexicano, sobre todo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, el antecesor del T-MEC.

"El pacto comercial impulsó que se establecieran más empresas de EEUU en México, tal y como nunca había pasado en la historia. Esto trajo conflictos porque, en algunos casos, no cumplen las normas laborales o medioambientales, sea en tierra o mar, y ni siquiera se ciñen a criterios que sí siguen en su propio país", observa Rueda.

Para muestra, recuerdan los especialistas, está el caso de Vulcan Material, misma que realizaba trabajos en la mina de Calica, en el sureste mexicano. Según el Gobierno nacional y expertos en temas ecológicos, esta causó graves daños, en su mayoría, irreversibles.

Por ello, y dada la expropiación del sitio para convertirlo en área natural protegida, ambas naciones sostienen una disputa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial.

"Otra crítica constante hacia las condiciones de trabajo que las compañías de EEUU ofrecen es en las maquiladoras, mismas que se encuentran en la zona del Bajío y en el norte de nuestro país. Tienen jornadas laborales malas, salarios precarios y explotación laboral. También se han aprovechado en las zonas turísticas, donde cuentan con capitales, para mermar a los trabajadores mexicanos", refiere Torrez Vázquez.

Lo que está ocurriendo entre México y China

En el último año, México y China han tenido un gran avance en el lazo diplomático y comercial. Una prueba de ello fue el encuentro bilateral que sostuvieron el entonces mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y su par chino, Xi Jinping, en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), a finales de 2023.

En él, entre otros rubros, se pactó la compra de enseres domésticos a Pekín por parte del Gobierno mexicano, esto para ayudar a la población afectada por el huracán Otis, que impactó principalmente al estado de Guerrero, al sur del país latinoamericano.

Mientras esto acontece, más de 100 empresas chinas han llegado a México para aprovechar el nearshoring y, de ese modo, fortalecer su presencia en América Latina.

A pesar de estos avances, hay algunas dificultades en el lazo bilateral. Prueba de esto es que en julio de 2024, el secretario de Hacienda y Crédito Público mexicano, Rogelio Ramírez de la O, llamó a una revisión del vínculo comercial entre ambas naciones, debido a que China solo vende, pero no compra productos al país latinoamericano.

Esta línea se mantiene en el sexenio de Sheinbaum. Recientemente, el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, señaló que el Gobierno trataría de movilizar "todos los intereses legítimos en favor de fortalecer a la región Norteamérica".

Frente a este panorama, Rueda indica que la postura de México debe flexibilizarse después de los comicios presidenciales de EEUU, ya que sí ha obtenido beneficios al acercarse a Pekín.

"Debe buscar mantener estas inversiones pero, al mismo tiempo, poner ciertos límites para que la revisión del T-MEC se lleve a cabo en los mejores términos", analiza.

Por su parte, Torrez Vázquez destaca que China requiere apostar a otras áreas para mantener la proximidad con México, como invertir en tecnología o en energías renovables.

Además, "debería interesarse en la generación de bienes intermedios, es decir, que se conviertan en insumos de otras industrias, lo que ayudaría muchísimo a incrementar la presencia del capital chino en nuestro país. Si también cumplen con ofrecer buenos empleos y llevar prácticas ambientales positivas, como le preocupa a EEUU que se lleven a cabo, Pekín podría tener muy buena presencia" en México, concluye.

Ecuador invadido también por el crimen organizado

“El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

Artículo 5, Constitución de la República del Ecuador, 2008

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa desencadenó una situación crítica al abrir las puertas a lo que ha denominado como "la guerra". El panorama del crimen organizado, con diversas aristas, explotó a principios de este año, y pasó de un enfoque de “mano dura” a uno de “súper mano dura”. La declaración oficial incluye términos como “conflicto interno armado” y la identificación de “objetivos militares” que deben neutralizarse. En este proceso, la militarización de la sociedad se ha vuelto aparentemente indispensable, incluso para amplios sectores de una sociedad desesperada, y relega a la Policía Nacional a un papel subordinado ante las Fuerzas Armadas.

El jurista y docente universitario Córdova Alarcón señala acertadamente que existe el riesgo de que el régimen democrático sea asfixiado por una tenaza formada por el crimen organizado, por un lado, y por los militares por otro. La militarización creciente se traduce en menos democracia, lo que abre el espacio para medidas económicas neoliberales, antipopulares, y abre un escenario peligroso para la estabilidad política.

En su corto tiempo de gestión, Noboa, con el apoyo de casi todos los bloques parlamentarios, consiguió la aprobación de dos leyes de inspiración neoliberal, la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo y la Ley de Competitividad Energética. Con la primera se fortalecen las zonas francas y los mecanismos encubiertos de privatización en el marco de las alianzas publico-privadas, al tiempo que condonó las deudas tributarias a los grandes grupos económicos, tal como en los años 2018, 2015 y 2008. Con la segunda se abre aún más la puerta para la privatización del sector eléctrico. Ahora se discute una ley para incrementar el IVA a 15% con el fin de financiar “la guerra”.

La economía dolarizada es en un entorno propicio para la proliferación del crimen y atrae a actividades ilícitas de todo tipo. El lavado de activos se estima en por lo menos unos 3.500 millones de dólares, un 3% del PIB, de los que un 75% van a lo que se podría considerar como economía formal. La dolarización y la economía de este pequeño país andino se ven respaldadas por la influencia del narcodólar, en un entorno caracterizado por diversas complicidades entre las élites políticas y empresariales.

La situación política se complica si se considera la aspiración de varias fuerzas dentro del país que claman por el retorno de las fuerzas armadas estadounidenses. La salida de estas de la Base de Manta en 2008, dispuesta en la Constitución del 2008, fue el resultado de procesos de resistencia que se remontan a 1999. La declaración de un “conflicto interno armado” parece alinearse con las aspiraciones de Washington, siempre dispuesto a profundizar los lazos de sumisión en su “patio trasero”. EEUU ha tenido diversas aproximaciones desde el cierre de la Base en Manta, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico y la coordinación con distintos gobiernos, incluido el de Guillermo Lasso. En 1942, tropas peruanas invadieron territorio del Ecuador para imponer un arreglo limítrofe, y llegaron tropas americanas que se retiraron tras el acuerdo de paz.

En junio de 2022, se concretó un acuerdo para la preparación de un “Plan Ecuador”, similar al “Plan Colombia”. En diciembre de ese mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos”, con un plazo de medio año para proponer un plan de acción concreto. En medio de este proceso, en octubre de 2023, el canciller ecuatoriano y el embajador estadounidense firmaron de forma reservada, el “Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas”, paso significativo hacia el retorno de las tropas estadounidenses a pesar de la prohibición constitucional.

Desde la salida de la base militar estadounidense de Manta, hay una campaña constante para su retorno que destaca la “colaboración” militar ofrecida por representantes del Comando Sur. El acuerdo firmado al finalizar el gobierno de Lasso aplicaría privilegios e inmunidades a personal militar, civil y contratistas estadounidenses para diversas actividades, incluyendo entrenamiento y ayuda humanitaria. Esto implica una exención de jurisdicción penal, exenciones fiscales, libre movimiento de vehículos y buques, y resolución de conflictos según las leyes estadounidenses.

La lógica geoestratégica de Estados Unidos busca que las fuerzas armadas de la región asuman papeles policiales para combatir el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas percibidas. Este enfoque reviviría principios de la Seguridad Nacional del pasado, fortaleciendo esquemas de contrainsurgencia, posiblemente respaldados por agrupaciones paramilitares, bajo la apariencia de lucha contra el crimen organizado.

A pesar de las aspiraciones de retorno de las tropas estadounidenses, es importante recordar que la presencia de la Base de Manta no resolvió el problema del narcotráfico en Ecuador. La criminalidad aumentó, los envíos de drogas se triplicaron y se informaron abusos por parte de los soldados estadounidenses, especialmente contra pescadores. Además, la estrategia belicista adoptada por el gobierno de Noboa, acompañada de una cruzada de neoliberalización económica, carece de viabilidad y ha demostrado ser infructuosa en experiencias similares en México, Colombia y El Salvador.

"Ecuador is a territory of peace. The establishment of foreign military bases or foreign installations for military purposes will not be allowed. It is prohibited to cede national military bases to foreign armed or security forces".

Article 5, Constitution of the Republic of Ecuador, 2008

President Daniel Noboa triggered a critical situation in Ecuador by opening the doors to what he has called "the war". The multi-faceted organised crime landscape exploded earlier this year, shifting from a "mano dura" (iron fist) to a "super mano dura" (super iron fist) approach. The official declaration includes terms such as "internal armed conflict" and identifying "military targets" to be neutralised. In this process, the militarisation of society has become seemingly indispensable, even to large sectors of a desperate society. It relegates the National Police to a subordinate role to the armed forces.

Jurist and university professor Córdova Alarcón rightly points out that there is a risk that a pincer will stifle the democratic regime between organised crime on the one hand and the military on the other. Increasing militarisation translates into less democracy, opening the space for neoliberal, anti-popular economic measures and creating a dangerous political stability scenario.

In his short time in office, Noboa, with the support of almost all the parliamentary blocs, managed to pass two neoliberal-inspired laws, the Economic Efficiency and Employment Generation Law and the Energy Competitiveness Law. The former strengthens the free trade zones and the covert mechanisms of privatisation in the framework of public-private alliances while condoning the tax debts of large economic groups, as in 2018, 2015 and 2008. The second one opens the door to privatising the electricity sector even more comprehensively. A law to increase VAT to 15% to finance "the war" is being discussed.

The dollarised economy is conducive to the proliferation of crime and attracts illicit activities. Money laundering is estimated at least US$3.5 billion, or 3 per cent of GDP, of which 75 per cent goes into what could be considered the formal economy. Dollarisation and the economy of this small Andean country underpin the influence of the narco-dollar in an environment characterised by various complicities among political and business elites.

Various forces' aspirations calling for the return of the US armed forces complicate the country's political situation. Their departure from the Manta base in 2008, mandated by the 2008 Constitution, resulted from resistance processes dating back to 1999. The "internal armed conflict" declaration seems to align with Washington's aspirations. It is always ready to deepen the bonds of submission in its "backyard". The US has had various approaches since the closure of the Manta base, with an emphasis on the fight against drug trafficking and coordination with different governments, including that of Guillermo Lasso. In 1942, Peruvian troops invaded Ecuadorian territory to impose a border settlement, and American soldiers arrived and withdrew after the peace agreement.

In June 2022, both governments reached an agreement to prepare a "Plan Ecuador", similar to "Plan Colombia". In December of the same year, the US Congress passed the "Ecuador-US Partnership Act" with a half-year deadline to propose a concrete action plan. Amid this process, in October 2023, the Ecuadorian foreign minister and the US ambassador signed the "Status of Forces Agreement", a significant step towards returning US troops despite the constitutional prohibition.

Since the departure of the US military base in Manta, there has been a constant campaign for its return, highlighting the military "collaboration" offered by representatives of the Southern Command. The agreement signed at the end of the Lasso government would apply privileges and immunities to US military personnel, civilians and contractors for various activities, including training and humanitarian aid. It includes exemption from criminal jurisdiction, tax exemptions, free movement of vehicles and vessels, and conflict resolution under US law.

The US geo-strategic logic seeks to have the region's armed forces take on policing roles to combat drug trafficking, terrorism and other perceived threats. This approach would revive Homeland Security principles of the past, strengthening counter-insurgency schemes, possibly backed by paramilitary groups, under the guise of fighting organised crime.

Despite aspirations for the return of US troops, it is essential to remember that the presence of the Manta Base did not solve Ecuador's drug trafficking problem. Crime increased, drug shipments tripled, and abuses by US soldiers, especially against fishermen, were reported. Moreover, the warmongering strategy adopted by the Noboa government, accompanied by a crusade for economic neoliberalisation, lacks viability and has proved unsuccessful in similar experiences in Mexico, Colombia and El Salvador.

La Unión Europea fue una promotora de la globalización en su momento. Sin embargo, la integración se estacó y ahora dominan las tendencias divergentes. Los británicos se han alejado, las divisiones internas se intensifican entre el Este y el Oeste, el Norte y el Sur, Francia y Alemania, los miembros y no miembros del euro, los grandes y los pequeños, la migración a favor y en contra, los contribuyentes y los receptores netos, etc. Las tensiones internas y las fuerzas centrífugas están aumentando.  Es evidente que las estructuras y los procedimientos de toma de decisiones de la Unión Europea no son más que construcciones que han sido incapaces desde hace mucho tiempo de afrontar los grandes retos de nuestro tiempo como la actual pandemia.

La crisis del coronavirus puede posicionar al estado nacional nuevamente. s evidente que los recursos financieros, legales, políticos y culturales más importantes siguen concentrados en sus manos. La afirmación de que la globalización ha hecho que el Estado-nación sea obsoleto ha sido nuevamente desacreditada por la realidad.

Sin embargo, la ayuda internacional es importante para con respecto a la pandemia, sino también en relación con los problemas mundiales del clima y el medio ambiente, las relaciones económicas internacionales, el aseguramiento de la paz, etc. No obstante, se debe superar el supranacionalismo y la dependencia del neoliberalismo que se impone en la Unión Europea. La pregunta es si la epidemia provocará el tan esperado cambio de paradigma en el pensamiento de la política económica.

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KUALA LUMPUR and BERLIN, Feb 12 2019 (IPS) - Economic recovery efforts since the 2008-2009 global financial crisis have mainly depended on unconventional monetary policies. As fears rise of yet another international financial crisis, there are growing concerns about the increased possibility of large-scale military conflict.

More worryingly, in the current political landscape, prolonged economic crisis, combined with rising economic inequality, chauvinistic ethno-populism as well as aggressive jingoist rhetoric, including threats, could easily spin out of control and ‘morph’ into military conflict, and worse, world war.

Crisis responses limited
The 2008-2009 global financial crisis almost ‘bankrupted’ governments and caused systemic collapse. Policymakers managed to pull the world economy from the brink, but soon switched from counter-cyclical fiscal efforts to unconventional monetary measures, primarily ‘quantitative easing’ and very low, if not negative real interest rates.

But while these monetary interventions averted realization of the worst fears at the time by turning the US economy around, they did little to address underlying economic weaknesses, largely due to the ascendance of finance in recent decades at the expense of the real economy. Since then, despite promising to do so, policymakers have not seriously pursued, let alone achieved, such needed reforms.

Instead, ostensible structural reformers have taken advantage of the crisis to pursue largely irrelevant efforts to further ‘casualize’ labour markets. This lack of structural reform has meant that the unprecedented liquidity central banks injected into economies has not been well allocated to stimulate resurgence of the real economy.

From bust to bubble
Instead, easy credit raised asset prices to levels even higher than those prevailing before 2008. US house prices are now 8% more than at the peak of the property bubble in 2006, while its price-to-earnings ratio in late 2018 was even higher than in 2008 and in 1929, when the Wall Street Crash precipitated the Great Depression.

As monetary tightening checks asset price bubbles, another economic crisis — possibly more severe than the last, as the economy has become less responsive to such blunt monetary interventions — is considered likely. A decade of such unconventional monetary policies, with very low interest rates, has greatly depleted their ability to revive the economy.

The implications beyond the economy of such developments and policy responses are already being seen. Prolonged economic distress has worsened public antipathy towards the culturally alien — not only abroad, but also within. Thus, another round of economic stress is deemed likely to foment unrest, conflict, even war as it is blamed on the foreign.

International trade shrank by two-thirds within half a decade after the US passed the Smoot-Hawley Tariff Act in 1930, at the start of the Great Depression, ostensibly to protect American workers and farmers from foreign competition!

Liberalization’s discontents
Rising economic insecurity, inequalities and deprivation are expected to strengthen ethno-populist and jingoistic nationalist sentiments, and increase social tensions and turmoil, especially among the growing precariat and others who feel vulnerable or threatened.

Thus, ethno-populist inspired chauvinistic nationalism may exacerbate tensions, leading to conflicts and tensions among countries, as in the 1930s. Opportunistic leaders have been blaming such misfortunes on outsiders and may seek to reverse policies associated with the perceived causes, such as ‘globalist’ economic liberalization.

Policies which successfully check such problems may reduce social tensions, as well as the likelihood of social turmoil and conflict, including among countries. However, these may also inadvertently exacerbate problems. The recent spread of anti-globalization sentiment appears correlated to slow, if not negative per capita income growth and increased economic inequality.

To be sure, globalization and liberalization are statistically associated with growing economic inequality and rising ethno-populism. Declining real incomes and growing economic insecurity have apparently strengthened ethno-populism and nationalistic chauvinism, threatening economic liberalization itself, both within and among countries.

Insecurity, populism, conflict
Thomas Piketty has argued that a sudden increase in income inequality is often followed by a great crisis. Although causality is difficult to prove, with wealth and income inequality now at historical highs, this should give cause for concern.

Of course, other factors also contribute to or exacerbate civil and international tensions, with some due to policies intended for other purposes. Nevertheless, even if unintended, such developments could inadvertently catalyse future crises and conflicts.

Publics often have good reason to be restless, if not angry, but the emotional appeals of ethno-populism and jingoistic nationalism are leading to chauvinistic policy measures which only make things worse.

At the international level, despite the world’s unprecedented and still growing interconnectedness, multilateralism is increasingly being eschewed as the US increasingly resorts to unilateral, sovereigntist policies without bothering to even build coalitions with its usual allies.

Avoiding Thucydides’ iceberg 
Thus, protracted economic distress, economic conflicts or another financial crisis could lead to military confrontation by the protagonists, even if unintended. Less than a decade after the Great Depression started, the Second World War had begun as the Axis powers challenged the earlier entrenched colonial powers.

They patently ignored Thucydides’ warning, in chronicling the Peloponnesian wars over two millennia before, when the rise of Athens threatened the established dominance of Sparta!

Anticipating and addressing such possibilities may well serve to help avoid otherwise imminent disasters by undertaking pre-emptive collective action, as difficult as that may be.

The international community has no excuse for being like the owners and captain of the Titanic, conceitedly convinced that no iceberg could possibly sink the great ship.

SYDNEY and KUALA LUMPUR, Nov 2 2020 (IPS) - US third quarter GDP numbers released two weeks ago delighted stock markets and President Trump. Output had picked up by 7.4%, annualised as 33.1%, the largest quarterly economic growth on record, almost double the old record of 3.9% (annualised as 16.7%) in the first quarter of 1950, seven decades ago.

Spinning numbers
This news could not have come at a better time for Trump, who is struggling for re-election, as his Council of Economic Advisers (CEA) declared that this affirmed Trump’s claim, “we’re coming back, and we’re coming back strong”. The CEA spun the White House press release headline accordingly, “The Great American Recovery: Third Quarter GDP Blows Past Expectations”.

The CEA attributed the record to “the strong foundation of the pre-pandemic economy and the efficacy of the Trump Administration”, portraying it as “a testament to the fortitude and resilience of America’s workers and families”.

Meanwhile, new US COVID-19 cases on the very same day reached a record high, surpassing 90,000 and still rising, with total cases nearing a million, with deaths four times the total American death toll during the two decade long Vietnam War, and fast approaching a quarter million.

Glass half full/empty
As COVID-19 rages unchecked, economic activity remained US$670 billion below its pre-pandemic peak. According to the ‘Back-to-Normal Index’ of Moody’s Analytics and CNN Business, the economy was only 82% of what it was in early March, with 10.7 million jobs lost since February!

Figures released by the Bureau of Labor Statistics in early October show that more than 12.6 million Americans were out of work while lasting job losses rose, with 36% of the jobless deemed permanently unemployed.

Those permanently laid-off ballooned from 1.5 million in March to 3.8 million in September, and the number of long-term unemployed (those jobless for 27 weeks or more) increased by 781,000 to 2.4 million. This number is still rising fast, threatening extreme hardship for many more households.

Prospects for those losing jobs may be bleak as US job recovery appears to be running out of steam. After adding 4.8 million jobs in June, job gains slowed to 1.8 million in July, 1.5 million in August and only 661,000 in September. As time passes and job growth continues to slow, it will take years to bring employment back to pre-pandemic levels.

Exaggerating trends
Annualising a quarterly or monthly rate tells us how much the economy would expand or shrink if the rate of change is maintained for a full year. But this can be misleading, by making mountains out of molehills. Undoubtedly, the second quarter’s massive collapse was followed by a large gain in the third.

But the third quarter recovery of 33% after the second quarter contraction of 33% does not mean the economy is back to where it was. If 100 drops 33% to 67, and then regains 33%, it gets to 89 (from 67) — still 11 short of the original 100.

Rapid growth in one quarter does not mean the economy has gained strong momentum. The collapse in the previous quarter had set a low baseline. Hence, any rebound from that depressed base would generate a huge growth rate.

Hours worked are often a better proxy for employment and economic recovery. Average hours worked in the first quarter were 5.1 million, dropping to 4.5 million in the second, before recovering to 4.8 million in the third, still below pre-COVID levels.

Other evidence also indicates that the economy has been slowing. For example, consumption growth was slower every month from June to August than in the month before.

Similarly, retail sales slowed over mid-2020, before a slight rebound in September. The Chicago Federal Reserve National Economic Activity Index indicated that August growth was the slowest since recovery began in May.

Disparities widen
The prestigious Lancet has observed, “COVID-19 exacerbating inequalities”, as the pandemic sharpened various US disparities already growing for decades. As 45 million Americans lost their jobs, US billionaires made US$584 billion.

Meanwhile, US Centers for Disease Control and Prevention data show hospitalization rates for Blacks and Latinos 4.5 times that for non-Hispanic whites. A US National Academy of Sciences study also found age-adjusted COVID deaths more than 2.5 times higher for Blacks than for Whites.

US income and wealth inequalities have been rising since the early 1970s. The share of total income earned by the top decile (10%) rose from around 31% in the 1970s to about half in 2015, while the top 1% or percentile’s share rose from 8% to 20%.

Much of this increase among the top 10% came at the expense of workers in the bottom half of the distribution whose share of total income halved from 20% in the 1970s as median US workers’ real wages fell from 1973.

Over the past three decades, the wealth share of those in the top decile (10%) of household income rose from 61% to 70%, while that of the top 1% went up from 17% to 26%.

Jobless rates for Asians, Blacks and Hispanics were higher than the national average, even before the pandemic. Disproportionately employed in low paying occupations, they have suffered more job losses due to the pandemic.

Women have also suffered much more, e.g., as 617,000 women, compared to 78,000 men, dropped out of the labour force in September. Half of these women were between 35 and 44, the prime working age.

Omitting the important things in life
The pandemic can even augment GDP, which includes all COVID-related expenses, including those for treatments and funerals, plus the trillions that governments – federal, state, municipal – spend to tackle the crisis.

Perhaps, it is fitting to recall Robert Kennedy from over half a century ago:

“Too much and for too long, we seemed to have surrendered personal excellence and community values in the mere accumulation of material things. Our Gross National Product… counts air pollution and cigarette advertising, and ambulances to clear our highways of carnage.

“It counts special locks for our doors and the jails for the people who break them. It counts the destruction of the redwood and the loss of our natural wonder in chaotic sprawl.

“It counts napalm and counts nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our cities. It counts Whitman’s rifle and Speck’s knife, and the television programs which glorify violence in order to sell toys to our children.

“Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate or the integrity of our public officials.

“It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country, it measures everything in short, except that which makes life worthwhile.

“And it can tell us everything about America except why we are proud that we are Americans.”

Since the beginning of the trade war, American economic growth has started to slow down. It drops from 3.2% in the second quarter of 2018 to 2.1% in the last quarter of 2019 with reference to the same quarter of the previous year, as can be seen in Graph 1. The consequences are: a reduction of the external deficit, due to less import of industrial inputs; and an increase of the fiscal deficit due to less tax collection. This situation contrasts with what the president of that country said in his appearance at the World Economic Forum (WEF) in Davos, which international press such as the Financial Times have pointed out as a speech directed to voters in an election year.

Much of Trump's speech rested on labour. It is from this data that he proclaims that the U.S. economy is in a previously unseen economic boom. The dynamism in the generation of employment is undeniable, this has led the unemployment rate to minimums that were not seen 50 years ago. However, not everything is honey on the cake.

In the first place, when you look at the number of jobs generated and the unemployment rate, everything indicates that the economy is indeed generating greater welfare. By December 2019, the former reached 152.4 million and the latter had reached a level of 3.5% by the end of the year. On their own, these figures are positive, but there are questions that are relevant if we talk about an improvement for the working class. The first and most important is the employment income of all these workers in the economy. According to data from the BEA, from 2000 to 2018 the income of workers fell from 57% to 53% of GDP, as can be seen in Graph 2. This suggests that at least the real wages of less qualified workers have fallen.

This situation highlights the problem of distribution of wealth in the United States against the discourse of greater welfare for the population. One issue to be taken into account is the fiscal reform of late 2017, which led to the Corporate Income Tax revenue decreasing to 1% of GDP in 2018, a much lower level than 5.7% in 2002, the minimum since 1965 according to OECD figures.

This situation explains the increases in corporate profits at the expense of wages and taxes. On the other hand, the increases in nominal wages have to do with the logic of the labour market and not with the goodness of paying more to the working class. This aspect is best understood by looking at either the unemployment rate with respect to its natural level or NAIRU (Non-Accelerating Unemployment Rate) or the gap in output with respect to potential GDP.

The unemployment rate has been below the NAIRU for 12 quarters, indicating that the labour market slack has been fading. The result is that nominal wages are trending upwards. In terms of GDP relative to potential GDP, according to data from the Federal Reserve Economic Data (FRED) since the third quarter of 2017 the US economy has been operating above its potential level for 8 quarters, on a downward trend. These two aspects reflect the same situation.

Strangely enough, this is not leading to higher inflation but to secular price stagnation. The tariff increase should also be impacting on input prices, but this has not happened either. What seems to have happened is a slowdown in the industrial manufacturing sector.

It is likely that the U.S. economy will continue to operate in this way for some time, but it is clear that it cannot continue indefinitely given the slowdown seen in 2019 from previous years. The economic forecasts of the World Bank, the International Monetary Fund and the UN predict that the U.S. economy will continue slowing down to 1.7-1.8% annually by 2020-2021.

US manufacturing production indicators are declining according to the PMI, although, since September 2019 there is a slight inconclusive change. The Purchasing Managers' Index (PMI) is an index of the prevailing direction of economic trends in the manufacturing and service sectors. It is a diffusion index that summarizes whether market conditions, as seen by purchasing managers, are expanding, staying the same or contracting. All indications are that the economy is relying on the service sector for its weak growth while the stock markets continue their expansion, more because of the effect of negative interest rates than for their real profitability.

In this context, it is necessary to take into account that it is an election year in the United States, where there are elements with impact on the global economy: a) a much less aggressive position in aspects of international trade: for example, the trade truce with China and the signing of the USMCA; b) a much more hostile scenario against multilateralism, such as the truncation of the WTO appeals court by the United States and ignoring the United Nations Security Council in its military and political interventions abroad; and c) an expansive economic policy, with a more lax monetary policy, reduction of interest rates and more public spending on infrastructure.

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In the last three years, measured by quarters, the United States has had a declining economic growth rate with 3.8% in the first quarter of 2018 and -31.4% in the second quarter of 2020. This downward growth results in US GDP in constant values being similar in September 2020 to June 2019. On the contrary, the Standard and Poor's index of the New York Stock Exchange between January 2018 and December 2020 rose from 2,886 points to 3,756 points due to the evident absolute divorce between the real economy and the dynamics of the stock markets. Simultaneously, companies listed on the New York Stock Exchange distribute dividends with money borrowed at zero rates, which induces investors to return to the stock markets more forcefully even though the reality is elsewhere. The divorce between the real economy and the financial economy began when regulators liberalised the exchange markets in 1973. Further deregulation accentuated from 1994 on, when hedge funds began operating with the Black and Scholes' model and the new "options" instruments, allowing for the purchase or sale of shares or commodities in the future at a price set today. 

What is new about the first week of January 2021 is that the relationship between politics and rational expectations on stock exchanges broke. The National Mall's aggressive invasion in Washington DC by Republican fanatics on January 6 was an organised, coordinated, pre-directed political activity. Republicans from all over the country arrived in Washington to storm the Capitol, some armed to the teeth, many with military experience, even in uniform. The aim was to take physical control of the Capitol, stage a coup d'état to hand over renewed power to the outgoing president.

A nervous backlash in the stock markets was predictable, and that the indexes would retract significantly owing to an increase in the national political risk. However, it did not occur amid the uncertainty of Trump's future and the expression of the crisis of democracy in the United States.

Everything points to the fact that, in the third decade of the 21st century, political unpredictability is no longer synonymous with economic or financial instability, contrary to previous epochal crises. If we look at the South American protests in the latter part of the year 2020, they were paradoxically all accompanied by a revaluation of the countries' currencies. (Colombia, Peru, and Chile) The explanation for southern countries is that the dollar's devaluation due to the massive injection of this currency by the FED has a more significant economic impact than political vulnerability. US investment bankers perceive the January 6 revolt as much ado about nothing without any long-run consequences. The horizon that a new stage may be setting for extremist forces to destabilise the new Democratic government for the next four years does not seem to exist.

The size of the economic downfall and the protests with no margin of any kind between economic contractions and social radicality appears to be on the same wavelength. The riots militant nature speaks of social saturation and pressure built up since before the pandemic in a long list of countries beyond Latin America. Economic and job uncertainty, coupled with precarious health and social conditions and low incomes in countries with no betterment expectations, resulted in significant revolts. The newest and most virulent has been the seizure of the Capitol in Washington. With low growth and a substantial rebound, it is an expression of a poor and precarious population that feels robbed of its income and an election result, believing there is a better future with its leader; a cheat, and a liar. The rampage witnessed in Washington is unique in that none of the revolts seen in South America were armed.

The COVID 19 crisis unmasks more those without formal employment who must take to the streets to earn their living. The restoration of production and the links to new global value chains help revamp economic indicators and possibly improve the third sector's income.  Contrarily, mortality in this sector will continue to be high, and infections will continue to disperse as long as the vaccine is not mass-produced. It will take time because existing factories cannot supply at least 7.5 billion vaccines for the whole of humanity quickly. It would depend upon new manufacturing plants and massive refrigerated distribution mechanisms

Unpretenciously, one comes out of the crunch with new economic theories contrasting from those that induced them.  The predicament that began in 2007/08 hit rock bottom in 2020. This time China is the only successful economic performer together with its Asian neighbours. As long as the clout of economic thought (magazines and Nobel prizes) rests centred on the Anglo-Saxon binomial, there will not be much room for renewal in the West. All points to a resurgence from outside the Anglo-Saxon sphere and the West, as economic dynamics and exciting cinema show.

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En agosto del 2020 la actividad económica del país disminuyó en 29.17%, comparado con su similar del año anterior, por efecto de la pandemia de la covid-19, según cifras preliminares del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) que publica la Contraloría General.

De acuerdo con el informe, el IMAE acumulado de enero-agosto del 2020 registró un descenso de 17.79%, comparado con igual período del 2019. 

Este índice de la actividad económica del país disminuyó significativamente, producto de la contracción en algunas actividades económicas debido a la crisis ocasionada por la pandemia de la covid-19, explica el informe.

Entre los sectores que fueron afectados se observaron: hoteles y restaurantes, construcción, explotación de minas, otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios, comercios, industrias manufactureras, entre otros. 

Y en menor escala estuvieron transporte, almacenamiento y comunicaciones, la intermediación financiera, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y la electricidad y agua.

A su vez, hubo actividades que mostraron un comportamiento positivo como: el movimiento de contenedores, las telecomunicaciones, la generación de electricidad hidráulica, el pescado y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado), la producción de leche y sus derivados, así como los servicios de salud privados. 

La presente crisis sanitaria ha impuesto un reto sobre el levantamiento de los datos estadísticos que son fuente para la elaboración del IMAE y en ese sentido, el INEC ha realizado ingentes esfuerzos con los productores de los datos básicos, para atenuar al máximo el impacto sobre la calidad de estas estadísticas. 

En ese sentido, la Contraloría señaló que las cifras están sujetas a revisión, de existir cambios, serán difundidas oportunamente en la página web de la Institución, en las próximas publicaciones del indicador. En relación con esto, se actualizaron las estimaciones en los meses de junio y julio del 2020.

Las economías de América Latina y el Caribe experimentarían una moderada recuperación en 2018 y crecerían 2,2% el próximo año, luego de anotar 1,3% promedio en 2017, señaló hoy la CEPAL al entregar su informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017.

Las proyecciones de actividad para la región se dan en un contexto internacional más favorable que el de los últimos años. Según el informe, en 2018 se espera que la economía global se expanda a tasas cercanas a las de 2017 (en torno al 3%) y que exista un mayor dinamismo relativo de las economías emergentes frente a las desarrolladas. En el plano monetario se mantendrá una situación de amplia liquidez y bajas tasas de interés internacionales.

Adicionalmente, la demanda interna jugará un papel importante en la aceleración del crecimiento en 2018, aunque con diferencias entre componentes. El consumo privado sigue siendo un motor de la demanda interna pero en 2018 se destacará el mayor aporte de la inversión, producto de la recuperación de la formación bruta de capital fijo, señaló hoy la CEPAL.

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, ofreció una conferencia de prensa en la sede central del organismo en Santiago, Chile, para dar a conocer el documento, en el cual el organismo regional de las Naciones Unidas analiza el desempeño de las economías y actualiza sus últimas proyecciones de crecimiento para los países (entregadas en octubre pasado) y entrega sus recomendaciones para fomentar en la región un desarrollo con mayor inclusión, igualdad y sostenibilidad ambiental.

“Si bien el espacio fiscal es reducido en la región, necesitamos impulsar políticas públicas activas para sostener el ciclo expansivo. Entre ellas están fortalecer la regulación, el desarrollo productivo, la recaudación y el comercio intrarregional”, señaló la máxima autoridad de la CEPAL. “Se debe priorizar un gasto con mayor impacto sobre el crecimiento y la desigualdad, y evitar fuertes ajustes en la inversión pública para proteger el crecimiento en el mediano plazo”, agregó Bárcena.

A pesar del contexto internacional más favorable persisten, según la CEPAL, algunos desafíos y riesgos latentes que pueden afectar la consolidación del crecimiento en el mediano plazo. En el ámbito financiero se presentan incertidumbres originadas por la normalización de las condiciones monetarias que han venido implementando o anunciando  la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. A estas se agrega  la tendencia hacia una mayor desregulación financiera (leyes de reforma de Wall Street y de protección al consumidor en Estados Unidos).

La eventual  reforma tributaria en Estados Unidos  podría traer aparejada una mayor volatilidad financiera producto del aumento de los flujos de capitales hacia ese país.También se presentan  riesgos geopolíticos, en especial aquellos derivados del mayor proteccionismo observado en algunos países y que se reflejan en el creciente apoyo a partidos anti-globalización en algunas naciones de Europa y la votación a favor del Brexit en el Reino Unido el año pasado.

El resultado regional en 2018 se explicará en parte por el mayor dinamismo que presentará el crecimiento económico de Brasil (2%, comparado con el 0,9% de 2017). Además, varios países que venían creciendo a tasas moderadas tendrán una aceleración de la actividad económica (por ejemplo Chile, de 1,5% en 2017 a 2,8%; Colombia, de 1,8% a 2,6%; y Perú, de 2,5% a 3,5%). En América Latina, Panamá será la economía que anotará la mayor tasa de expansión el próximo año (5,5%), seguida de República Dominicana (5,1%), y Nicaragua (5,0%). Cuba, Ecuador y Venezuela marcarán cifras de 1%, 1,3% y       -5,5%, respectivamente, mientras que el resto de las economías de América Latina crecerán entre 2% y 4%.

En el análisis por subregión, para el próximo año la CEPAL espera un mayor dinamismo en las economías de América del Sur, que crecería al 2% (comparado con el 0,8% registrado en 2017). Centroamérica, por su parte, tendría una tasa de crecimiento de 3,6%, por encima del 3,3% de 2017. En tanto, para el Caribe de habla inglesa u holandesa se estima un crecimiento promedio de 1,5% para 2018 (comparado con la casi nula expansión que registrará en 2017), a lo cual contribuiría el gasto en reconstrucción de los daños causados por los huracanes Irma y María en algunos de los países isleños.

En materia laboral, se espera que la tasa de desempleo comience disminuir a partir del 2018, en consonancia con la mejora del crecimiento económico. Entre 2016 y 2017 la desocupación urbana aumentó de 8,9% a 9,4% por un aumento de la tasa de participación y un estancamiento en la tasa de ocupación. Para 2018 el desempleo bajaría a 9,2% por el aumento de la ocupación producto de la mayor demanda agregada, indica el informe.

En su Balance Preliminar 2017, la CEPAL recomienda a los países ampliar el espacio fiscal de acuerdo con la realidad de cada uno y a partir de tareas diferenciadas. Por ejemplo, en países con baja recaudación se puede mantener el activismo tributario, mientras que en todos se debe intentar reducir la elusión y evasión fiscal –que llegó a 340.000 millones de dólares en 2015-, fortaleciendo la administración tributaria.

El organismo también indica que es necesario ampliar los mecanismos de cooperación internacional, evaluar los espacios para el uso de crédito público (de acuerdo con la relación deuda/PIB de cada país), fortalecer la provisión de bienes públicos con un alto rendimiento económico y social (como son la infraestructura, protección social, salud y educación) y aumentar el coeficiente de inversión mediante asociaciones público-privadas y el rediseño de incentivos fiscales para políticas industriales, además de mejorar los mecanismos de gestión de gasto público y de rendición de cuentas, y cautelar la inversión pública, entre otras medidas.

Tres países vecinos están atravesando por un periodo de conflicto social violento y otro lo pasó el primer semestre del 2022. Brasil por unas elecciones consideradas fraudulentas, el Perú por un recambio presidencial considerado fraudulento, y Bolivia por el encarcelamiento de un político cruceño vinculado al golpe de 2019. Es un opositor virulento al gobierno del MAS. Entre el 13 de junio y el 30 de junio Ecuador protestas convulsionaron al país liderados por el movimiento indígena al que se sumó la sociedad civil. La represión en Brasil y Bolivia ha llevado a la detención de centenares de personas. En Ecuador hubo siete muertos, más de 500 heridos entre uniformados y civiles y unos 150 detenidos. En el Perú, a la muerte en 37 días de 50 personas y continúa. En los cuatro países la polarización política es extrema y se define entre comunista y anticomunista, términos que por anacrónicos y de la guerra fría no dejan de significar el pánico de unos frente a los otros.

Algunos elementos económicos en común de estos países se pueden apreciar en el cuadro debajo. El crecimiento económico de dos ha sido en promedio muy alto (Perú y Biolivia) y los otros dos (Brazil y Ecuador) en la media latinoamericana. Lo más saltante es que la pobreza se redujo en todos los países entre 1997 y 2020 si bien el 20% más pobre percibió el 4,1% del ingreso nacional en Ecuador, el 4,7% en Bolivia, el 4,5% en Brasil y el 4,8% (2020) en el Perú, según el Banco Mundial. Se redujo la pobreza en todos pero el 20% más pobre sigue siendo muy pobre. Al tercer y cuarto quintil les fue muy bien, y al 20% superior le afectó con una pérdida. El 20% más rico perdió participación en el ingreso nacional y percibió el 52,3% de este en Ecuador, el 49% en Bolivia, el 54,7% en Brasil y el 49,1% (2020) en el Perú. Esto representa una reducción entre 1999 y 2020 en la participación en el ingreso nacional de aproximadamente el 10% del quintil más alto en Ecuador, 15% del ingreso nacional en Bolivia; 13% en Brasil y 10% en el Perú, Es decir hay una mejora en la distribución del ingreso en todos, pero el 20% más pobre sigue miserable aunque el PIB haya crecido.

Salir de la pobreza para los jóvenes del campo ha implicado migrar a la ciudad y por tanto hay una reducción de la población rural en todos los países. Brasil tienen masas migratorias internas muy grandes, sobre 31% de la población rural. El Perú y Bolivia tienen menos migración urbana comparados a los otros con alrededor de 20% de reducción de población rural y Ecuador menos, 9,7%. La migración internacional es otra salida a la pobreza, pero tampoco es suficiente ni sostenible. Otra salida es a través de la economía ilegal, el narcotráfico, la delincuencia organizada, etc. La migración internacional entró en auge en la década[I1] de 1990.

El crecimiento económico relativamente alto de cuatro de los países, por encima de la media de América latina, no ha sido capaz de reducir los niveles de informalidad, como tampoco ha sido capaz de reducir la masa migratoria internacional. Brasil, que creció menos, tiene menos informalidad. Se entiende que son informales tanto los consultores profesionales y gente del mundo de la informática como los vendedores ambulantes y fabricantes fuera de registro. La informalidad aumenta porque el crecimiento es insuficiente para absorber a los trabajadores en el sector formal y darles al menos una protección social. El país con más informalidad es Bolivia, con 81,5% de la población y el 40% de la población tiene al menos una protección social. Le sigue Ecuador con 68,6% y 31,7% con protección social; el Perú con el 68,4% de la población y apenas 25% de la población con protección social y finalmente Brasil tiene el 39% de informales, pero al contrario 74,9% de la población tiene protección social. Esto indica que las protestas pueden surgir en Ecuador, Bolivia y el Perú de masas poblacionales informales que no tienen protección social, pero no en Brasil. Lo que tienen los cuatro en común es que el 20% más pobre es muy pobre y no ha mejorado su situación a pesar de las mejoras del PIB. El crecimiento del PIB hace que el piso económico haya subido, pero siguen 20% de los ciudadanos de los tres países percibiendo apenas el 5% del ingreso nacional de forma inamovible.

En suma, los cuatro países tienen crecimiento económico por encima del promedio. Este es insuficiente para absorber la mano de obra, lo que genera migración interna, internacional, y el crecimiento del sector informal. El sector informal no tiene protección social. Algún esfuerzo se hizo en Brasil y en Bolivia por darle protección social a una porción de la población, pero en el Perú esto no ha ocurrido. Lo que hay es una disparidad creciente en la calidad de vida de las personas y en sus expectativas de mejora. Los más pobres están estancados y desprotegidos aunque sean, en términos absolutos, menos pobres de lo que eran hace 20 años. A esto hay que agregar el nuevo desempleo derivado de la automatización donde son expectorados al sector informal personas de clase media ante la falta de seguro de desempleo y de generación de nuevos empleos. El modelo económico basado en exportar no sólo ha bajado los salarios en los cuatro países, sino dejado esta secuela de problemas. Las reformas deberían ser consideradas en cuanto complejizaciones de las exportaciones para ayudar a crear empleo preocupación central de la economía, en vez de la inflación y la tasa de interés. El mercado no solo no lo resuelve todo, sino que fabrica en parte los problemas observados en Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú.

Un recurso que no resuelve el problema, pero lo contiene son las políticas de garantías de ingresos, como el que se aplica en México. El gobierno mexicano distribuye transferencias por valor de 1.9% del PIB a 50 millones de personas al año. Los problemas que se observan son una expresión de la disfunción del modelo liderado por exportaciones con baja de salarios y con reducción del Estado en la economía. Subir salarios, quitar aranceles a los bienes de capital y subir pequeños aranceles a los productos de consumo, colocar protección social universal y sostener presiones tributarias sobre 30% del PIB serían pasos adelante. De otro modo producir para exportar cuando las economías mas grandes se están cerrando parece un sinsentido y los resultados hasta ahora son socialmente insostenibles.

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Three neighbouring countries are going through a violent social conflict, and another one will be in the first half of 2022. Brazil because of elections considered fraudulent, Peru because of a presidential replacement considered fraudulent, and Bolivia because of the imprisonment of a Santa Cruz politician linked to the 2019 coup. He is a virulent opponent of the MAS government. Between 13 June and 30 June 2022, Ecuador protests convulsed the country, led by the indigenous movement and joined by civil society. Repression in Brazil and Bolivia has led to the arrest of hundreds of people. The riot police killed Seven people in Ecuador, leaving more than 500 injured, between uniformed personnel and civilians, and some 150 arrested. In Peru, 50 people have been killed in 37 days since 8 December 2022, and the repression continues. In all four countries, political polarisation is extreme and defined between "communist" and "anti-communist". Although anachronistic and from the Cold War, the terms still signify the panic of the ones against the others.

Some common economic elements of these countries are in the table below. The economic growth of two of them has been very high on average (Peru and Bolivia) and the other (Brazil and Ecuador) in the Latin American average. Most strikingly, growth reduced absolute poverty in all countries between 1997 and 2020. According to the World Bank, the lowest 20% received 4.1% national income in Ecuador, 4.7% in Bolivia, 4.5% in Brazil and 4.8% (2020) in Peru. Growth reduced poverty; however, the lowest 20% remain penniless. The third and fourth quintiles did very well, and the top 20% suffered a loss. The wealthiest 20% lost their share of national income and received 52.3% of national income in Ecuador, 49% in Bolivia, 54.7% in Brazil and 49.1% (2020) in Peru. It represents a reduction between 1999 and 2020 in the share of national income of about 10% of the top quintile in Ecuador, 15% of national income in Bolivia, 13% in Brazil and 10% in Peru, i.e. there is an improvement in income distribution in all, but the lowest 20% remain miserable in spite that GDP grew.

For young rural people, escaping poverty means migrating to the city; therefore, the rural population has reduced in all countries. Brazil has a vast internal migration mass, with over 31% of the rural population. Peru and Bolivia have less urban migration compared to the others, with around 20% reduction of rural people and Ecuador less, 9.7%. International migration is another way out of poverty. Another way out is through the illegal economy, drug trafficking, organized crime, etc.

The relatively high economic growth in these countries, above the Latin American average, has been unable to reduce informality levels or the mass of international migration. Brazil, which grew less, has less informality. The Informal sector is understood to include professional consultants, IT people, street vendors, and unregistered manufacturers. Economic growth is insufficient to absorb workers into the formal sector and give them at least some social protection. The country with the highest level of informality is Bolivia, with 81.5% of the population and 40% of the population having at least one social protection. Ecuador follows it with 68.6% and 31.7% with social protection; Peru with 68.4% of the people and only 25% with social protection. Finally, Brazil with 39% of informal workers, but on the contrary, 74.9% have social protection. It indicates that protests may arise in Ecuador, Bolivia and Peru from informal population masses that do not have social protection, but not in Brazil. What all four have in common is that the lowest 20% are destitute and have yet to improve their situation despite improvements in GDP. Economic growth raised the economic floor but kept 20% of citizens in all four countries, with only 5% of national income unchanged.

In sum, all four countries have above-average economic growth. Still, it is insufficient to absorb the labour force, generating internal and international migration and the development of the informal sector. The informal sector has no social protection. Governments made some efforts in Brazil and Bolivia to provide social protection to a portion of the population, but n Peru, it has yet to happen. There is a growing disparity in people's quality of life and their expectations of improvement. The poorest were stagnating and unprotected even though they were less needy in absolute terms than 20 years ago. To this must be added the new unemployment resulting from automation, where middle-class people jet into the informal sector in the absence of unemployment insurance and the generation of new jobs. The export-led economic model has not only driven down wages in all four countries but left these issues in its wake. Indonesia's reforms should be considered in terms of export complexities to help create jobs, a central concern of the economy, rather than concentrating on inflation and interest rates. Not only does the market not solve everything, but it partly manufactures the troubles observed in Ecuador, Bolivia, Brazil and Peru.

A remedy that does not solve the problem, but contains it, are income guarantee policies, such as those applied in Mexico. The Mexican government distributes transfers worth 1.9% of the GDP to 50 million people annually. The problems observed are an expression of the dysfunction of the export-led model with low wages and a reduction of the state in the economy. Raising wages, removing tariffs on capital goods and small tariffs on consumer products, putting in place universal social protection and sustaining tax pressures above 30% of GDP would be a step forward. Otherwise producing for export when the larger economies are closing down seems nonsense and the results so far are socially unsustainable.

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The world economy came to a halt during the second quarter of 2020 when different governments imposed various productive shutdown and social distancing measures around the world. According to IMF estimates, it brought aggregate demand and supply to a halt, causing the GDP of the European Union to fall by 6.12%, the G7 by 2.10%, and Latin America by 7.01%. In response to the COVID-19 crisis, the fiscal and monetary stimulus expanded in almost all Latin American economies to boost recovery, although not all countries responded immediately.

There are three groups of countries: the first is composed of Ecuador, Mexico, and Paraguay, where a small stimulus package accompanied increased economic activity; the second by Argentina, Chile, and the Dominican Republic, which had fiscal and monetary stimulus with a weak rebound; and the third by Brazil, Peru, and Panama where a more robust recovery matched budgetary and financial incentive. This text will address only the first two sub-groups and explain that the difference is due to the demand of the main trading partners and the previous growth of the economies.

One consequence of the slowdown in production and social distancing was that domestic demand fell compared to 2019 in all countries. The economies most affected were the largest: in Argentina, private consumption decreased 23%, in Chile 22% and Mexico 21%, while investment fell 38%, 20%, and 34%, respectively. On the other hand, external demand performed better for those economies where the link is more substantial with international trade, whether led by the US or China.

The rebound of the first group of countries, those injecting few public resources and improving GDP, in the third quarter of 2020 is due to the recovery of external demand. Its main trading partners are the US for Ecuador and Mexico, with 29.5% and 75.1% of its total products, mainly fuels and automotive and electronics manufacturing, going to the US market. The relaxation of sanitary measures in the US and the vast fiscal injection restored the pace of imports. Private investment reacted to this increased demand in export industries, which positively boosted GDP. However, the recovery of the domestic market has a long way to go.

As for Paraguay, its leading sales to MERCOSUR are electricity, seeds, and oleaginous fruits. During the health contingency in the second quarter, electricity shipments to Brazil and Argentina fell, and the rebound is export-led by soybeans to Brazil and meat to Chile. In Paraguay, domestic demand did not fall as sharply as in the other countries and investment, public and private, is growing strongly, explained by the construction sector, which has been increasing since mid-2019. The recovery of its domestic market has a short way to reach the point where it contracted.

In the second group, where a high rebound did not accompany the high fiscal stimulus, foreign trade had different effects. Chile's exports did not decline because its leading trading partner is China, followed by the Asia Pacific region, and commodity prices increased due to lower international interest rates. Exports of copper, iron, and lithium carbonate to these countries maintained their external demand.

On the other hand, Argentina's exports, instead of recovering, declined. Its shipments of soybean residues to Asia, used for animal feed, and cereals were the most affected. Concerning the Dominican Republic, its leading trading partner is the US, representing 53.8% of its exports. As in Mexico and Ecuador, the economic reactivation of the US market restored its sales to that country.

The decline in GDP in Argentina, Chile, and the Dominican Republic are due mainly to falling domestic demand, and the increase in the pace of international trade contained the decline. Still, it did not improve economic activity in the third quarter, as in other countries. However, the second group's significant fiscal and monetary stimulus started to have a substantial impact on their growth at the end of 2020. At the end of the year, they performed better economically than Ecuador, Mexico, and Paraguay, which spent little.

Finally, not in all cases the dynamics of world trade express the pace of total domestic production, nor does the increase in fiscal spending ensure a rapid economic recovery. The COVID-19 crisis has shown that export-led growth can speed up GDP recovery in some cases, in the context of falling imports. The export-related sector can speed up and show greater dynamism than those dependent on the domestic market and subject to fiscal stimulus for their revival.

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La economía mundial se detuvo durante el segundo trimestre del 2020, cuando los distintos gobiernos impusieron diversas medidas de cierre productivo y distanciamiento social en todo el mundo. Esto paró la demanda y oferta agregada, lo que ocasionó que el PIB de la Unión Europea cayera 6.12%, el G7 2.10% y América Latina 7.01% según estimaciones del FMI. Ante la crisis por la COVID-19, se amplió el estímulo fiscal y monetario en casi todas las economías latinoamericanas, con el objetivo de impulsar la recuperación, aunque no todos los países respondieron de inmediato.

Se ha divido a los países latinoamericanos en tres grupos; el primero compuesto por Ecuador, México y Paraguay, donde un pequeño paquete económico fue acompañado de una mayor actividad económica; el segundo se compone por Argentina, Chile y República Dominicana, que tuvieron incentivos fiscales y monetarios con rebote débil; y el tercero está compuesto por Brasil, Perú y Panamá, donde el estímulo fiscal y monetario se correspondió con una mayor reactivación. En este texto se abordarán sólo los primeros dos subgrupos y explicará que la diferencia se debe a la demanda de los principales socios comerciales y el crecimiento previo de las economías.

Una consecuencia del freno en la producción y el distanciamiento social fue que la demanda interna cayó, en comparación con el 2019, en todos los países. Las economías más afectadas fueron las mayores: en Argentina el consumo privado disminuyó 23%, en Chile 22% y en México 21%, mientras que la inversión bajó 38%, 20% y 34% respectivamente. Por otro lado, la demanda externa tuvo mejores resultados para aquellas economías en las que el vínculo es más fuerte con el comercio internacional, ya sea con el liderado por Estados Unidos o por China.

El rebote del primer grupo de países, los que inyectan pocos recursos públicos y mejora el PIB, en el tercer trimestre de 2020, se debe a la recuperación de la demanda externa. Sus principales socios comerciales son EUA para Ecuador y México con 29.5% y 75.1% del total de sus productos, principalmente combustibles y manufactura de la industria automotriz y electrónica, al mercado estadounidense. La relajación en las medidas sanitarias en EUA y la gigantesca inyección fiscal, restituyó el ritmo de sus importaciones. La inversión privada reaccionó a este aumento de la demanda en las industrias de exportación, lo que impulsó positivamente el PIB. Sin embargo, la recuperación del mercado interno tiene un camino más largo por recorrer.

En cuanto a Paraguay, sus principales ventas al MERCOSUR son electricidad, semillas y frutos oleaginosos. Durante la contingencia sanitaria del segundo trimestre, disminuyó el envío de electricidad al Brasil y la Argentina, y el rebote se explica por las exportaciones de soja a Brasil y carne a Chile. En Paraguay la demanda interna no cayó tan abruptamente, como en los otros países, y la inversión pública y privada, tiene un fuerte crecimiento explicado por el sector de la construcción, el cual crece desde mediados de 2019. La recuperación de su mercado interno tiene un recorrido corto para llegar al punto desde donde se contrajo.

En el segundo grupo, donde el alto estímulo fiscal no fue acompañado de un alto rebote, el comercio exterior tuvo distintos efectos. Las exportaciones de Chile no disminuyeron, porque su principal socio comercial es China, el cual representa 31.8% de sus exportaciones, y la región de Asia del Pacifico y los precios de las materias primas aumentaron por efecto de la bajada de la tasa de interés internacional. Las exportaciones de cobre, hierro y el carbonato de litio hacia estos países mantuvieron su demanda externa.

Por otra parte, en Argentina las exportaciones en vez de recuperarse, disminuyeron. Sus envíos de residuos de la extracción de soya al Asia, utilizados para la alimentación de animales, y los cereales fueron los más afectados. Con respecto a la República Dominicana, su principal socio comercial es EUA, que representa 53.8% de sus exportaciones. Al igual que en México y Ecuador, la reactivación económica del mercado estadounidense restituyó sus ventas a dicho país

La disminución del PIB en la Argentina, Chile y República Dominicana se debe principalmente a la caída de la demanda interna, y el aumento en el ritmo del comercio internacional contuvo la caída pero no mejoró la actividad económica en el tercer trimestre, como en otros países. No obstante, el gran estímulo fiscal y monetario en el segundo grupo comenzó a tener una fuerte repercusión en su crecimiento a finales de 2020. Al final del año, tuvieron un mejor desempeño económico que Ecuador, México y Paraguay, que gastaron poco.

Finalmente, se observa que no en todos los casos la dinámica de comercio mundial expresa el ritmo de la producción total interna, ni el aumento del gasto fiscal asegura la pronta recuperación económica. La crisis de la COVID-19 ha mostrado que la velocidad de recuperación del PIB liderada por el comercio exterior es,en algunos casos, más rápida, en un contexto de la caída de las importaciones. Los sectores relacionados a la exportación evidencian mayor dinamismo, que las dependientes del mercado interno sujetas al estímulo fiscal para su reactivación.

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Casi el 60 por ciento de quienes tienen la intención de migrar han decidido posponer o cancelar sus viajes debido a la pandemia. Más del 20 por ciento de quienes ya estaban viviendo en calidad de migrantes están considerando regresar a su país de origen tan pronto como las condiciones económicas de las medidas sanitarias adoptadas por sus países se lo permitan. Cerca de la mitad de los migrantes en Centroamérica y México han perdido sus puestos de trabajo debido a la pandemia. Estas son algunas de las conclusiones difundidas esta semana por una encuesta llevada a cabo por la OIM, lanzada en junio para medir y comprender el impacto que la pandemia ha tenido sobre los planes de migrar. La encuesta también ahondó en la situación socioeconómica, la salud física y mental y los factores de riesgo que los migrantes de la región deben enfrentar.

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El curso de la guerra comercial que EEUU emprendió contra China, desde enero de 2018, ha vuelto a cambiar. Al inicio, con el propósito de corregir un inmenso déficit comercial, de más de 793 mil millones de dólares en 2017 (equivalente al PIB de Bélgica y Portugal sumados) Trump lanzó una guerra arancelaria contra la economía exportadora más dinámica desde 2009: China. El objetivo no sólo era reducir el déficit comercial con ésta economía, sino debilitar su dinámica de crecimiento económico, 6.7%, y reducir su creciente participación en el mercado exportador, 13% de las exportaciones totales, en 2017. Sin embargo, el resultado no ha favorecido a EEUU y ha sido adverso al orden internacional multilateral.

Al comenzar la guerra, el déficit estadounidense con China equivalía al 47% de su balanza comercial. Las principales importaciones de EEUU provenían de: China, México, Canadá y Japón, en ese orden. En cambio, el superávit chino con EEUU, para 2017, representaba cerca del 62% del total; y sus principales compras provenían de Corea, EEUU, Japón y Taiwan. Aunque las dos economías eran principales socios proveedores de importaciones, el contenido de éstas era diferente. Mientras China le compraba vehículos de transporte (carga y aéreo), maquinaria y granos; EEUU importaba equipo de cómputo y maquinaria, manufacturas y productos semielaborados.

Después de 23 meses de guerra, 7 rondas de agresiones arancelarias mutuas, más de 15 mil productos gravados, 600 mil millones de dólares en aranceles y dos periodos de tregua (más información) las dos economías entraron en un primer acuerdo. Dos días previos a la entrada en vigor de los aranceles publicados en agosto de 2019 (10% a 556 productos de importación chinos, y 10% y 5% a 3,361 productos estadounidenses), el 13 de diciembre de 2019 se anunció el inicio de las negociaciones (ver más). De forma estacional, similar a la tregua de diciembre de 2018, se acordó no implementar nuevas medidas arancelarias, aunque ninguna de las impuestas de redujo.

El objetivo central de la imposición de aranceles es la restricción de las importaciones del país al que se le aplica. China, por un lado, redujo la participación de las importaciones estadounidenses al punto que desplazó a EEUU del segundo lugar, como principal socio importador, al quinto. Por el lado inverso, EEUU no pudo conseguir lo mismo. Sus importaciones proveniente de China se mantuvieron estables, y es aún el principal socio importador de EEUU. (Véase gráfico).

Con la guerra comercial, EEUU sí redujo su déficit con China en -7%, pero a partir de una contracción en sus exportaciones en -17%, y en sus importaciones en -10%. Con esto, reforzó su incapacidad por promover crecimiento económico, que continuó en descenso de 2.9 a 2.3%, entre 2018 y 2019. China, por su parte, continúa con una balanza superavitaria con EEUU, participa en más del 13% en las exportaciones mundiales y crece, todavía, por encima del 6%, en 2019.

El pasado 15 de enero se anunció la firma la Primera Fase de un “Acuerdo económico y comercial entre los Estados Unidos de América y la República Popular China”. La desequilibrada representación diplomática, entre el Presidente Donald Trump y el Viceprimer Ministro Liu He, para la firma del acuerdo, fue presentada como una victoria estadounidense, que le imponía nuevas condiciones a China. En este acuerdo se definieron nuevas condiciones sobre: propiedad intelectual; transferencia de tecnología; agricultura; servicios financieros; política monetaria; expansión de comercio; y resolución de disputas comerciales. La evidencia muestra que EEUU está perdiendo la guerra, sin que signifique que China la esté ganando.

De manera muy específica, a través de este acuerdo EEUU busca que China “ponga fin a su práctica de presionar a las empresas extranjeras para que transfieran su tecnología”; elimine “las barreras comerciales y de inversión para los proveedores estadounidenses de servicios financieros”; que “no utilice prácticas monetarias para competir injustamente con los exportadores estadounidenses”; y más importante, que importe “bienes y servicios estadounidenses durante los próximos dos años por un monto no menor a $200,000 millones de dólares”. Otra vez, el acuerdo no implica el retiro de aranceles impuestos desde 2018, sino únicamente detiene las nuevas imposiciones.

El pasado 6 de febrero, China anunció algunas medidas que se ajustan tanto a los acuerdos de la primera fase, como a la reciente crisis sanitaria provocada por el brote del coronavirus. Se anunciaron recortes a tarifas de 10 a 5%, y de 5 a 2.5% en importaciones provenientes de EEUU, que corresponden a las tarifas aplicadas a inicios de septiembre de 2019, sobre 1,717 productos. Cabe señalar que esta lista estaba focalizada 39% en animales vivos y productos del reino animal, y en 24% productos de la industria química. Esta medida implementada por China está más enfocada a resolver el desabasto de carne provocado por la peste porcina del segundo trimestre de 2019 y por la creciente necesidad de medicamentos; antes que por las demandas comerciales estadounidenses.

Adicionalmente, el Acuerdo incluyó un capítulo de Resolución de Disputas. Este mecanismo ignora la estructura multilateral de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y es bilateral. Con este Acuerdo y el nuevo Tratado de Libre Comercio con América del Norte, EEUU avanza en la construcción de un nuevo orden comercial internacional sobre la ley del más fuerte. El mejor ejemplo es la modificación de la lista de la OMC de los países en condición de desarrollo y menos desarrollados, que gozaban de preferencias comerciales, que el pasado 10 de febrero cambio, al eliminar países unilateralmente.

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The course of the trade war that the United States has been waging against China since January 2018 has changed again. Initially, in order to correct a huge trade deficit of more than $793 billion by 2017 (equivalent to the GDP of Belgium and Portugal combined), Trump launched a tariff war against the most dynamic export economy since 2009: China. The objective was not only to reduce the trade deficit with this economy, but to weaken its economic growth dynamics, 6.7%, and to reduce its growing share in the export market, 13% of total exports, by 2017. However, the result has not favoured the US and has been adverse to the multilateral international order.

When the war began, the US deficit with China was equivalent to 47% of its trade balance. The main US imports came from: China, Mexico, Canada and Japan, in that order. In contrast, China's surplus with the US, by 2017, represented about 62% of the total; and its main purchases came from Korea, the US, Japan and Taiwan. Although the two economies were major supplying partners for imports, the content of these imports was different. While China was buying transport vehicles (cargo and air), machinery and grains; the US was importing computer equipment and machinery, manufactures and semi-finished products.

After 23 months of war, 7 rounds of mutual tariff aggression, more than 15,000 products taxed, $600 billion in tariffs and two periods of truce (more information), the two economies entered into a first agreement. Two days before the entry into force of the tariffs published in August 2019 (10% on 556 Chinese products, and 10% and 5% on 3,361 US products), the start of negotiations was announced on 13 December 2019 (read more). On a seasonal basis, similar to the December 2018 truce, it was agreed not to implement new tariff measures, although none of those imposed were reduced.

The central objective of the imposition of tariffs is to restrict imports from the country to which it applies. China, on the one hand, reduced the share of US imports to the point that it displaced the US from second place, as the main importing partner, to fifth place. On the other hand, the United States could not achieve the same thing. Its imports from China remained stable, and it is still the main importing partner of the USA. (See graphic).

With the trade war, the US did reduce its deficit with China by -7%, but from a contraction in its exports by -17%, and in its imports by -10%. With this, it reinforced its inability to promote economic growth, which continued to decline from 2.9 to 2.3% between 2018 and 2019. China, for its part, continues to have a surplus balance with the United States, participates in more than 13% of world exports and will still grow by more than 6% in 2019.

On January 15, the signing of the First Phase of an "Economic and Commercial Agreement between the United States of America and the People's Republic of China" was announced. The unbalanced diplomatic representation, between President Donald Trump and Vice Prime Minister Liu He, for the signing of the agreement, was presented as an American victory, which imposed new conditions on China. This agreement defined new conditions on: intellectual property; technology transfer; agriculture; financial services; monetary policy; trade expansion; and trade dispute resolution. The evidence shows that the US is losing the war, without meaning that China is winning it.

Very specifically, through this agreement the US seeks that China "end its practice of pressuring foreign companies to transfer its technology"; that it "remove trade and investment barriers for US financial service providers"; that it "not use monetary practices to compete unfairly with US exporters"; and most importantly, that it import "US goods and services over the next two years in an amount of no less than $200 billion". Again, the agreement does not imply the withdrawal of tariffs imposed since 2018, but only stops the new impositions.

On February 6, China announced some measures that are in line with both the first phase agreements and the recent health crisis caused by the coronavirus outbreak. Cuts were announced at tariffs of 10 to 5%, and 5 to 2.5% in imports from the United States, which correspond to the tariffs applied at the beginning of September 2019, on 1,717 products. It should be noted that this list was focused on 39% live animals and animal products, and 24% products from the chemical industry. This measure implemented by China is more focused on solving the meat shortage caused by the swine fever in the second quarter of 2019 and the growing need for medicines; rather than by U.S. commercial demands.

Additionally, the Agreement included a chapter on Dispute Resolution. This mechanism ignores the multilateral structure of the World Trade Organization (WTO) and is bilateral. With this agreement and the new North American Free Trade Agreement, the United States advances in the construction of a new international commercial order on the law of the strongest. The best example is the modification of the WTO list of developing and least developed countries, which enjoyed trade preferences, which was changed on 10 February last, when countries were unilaterally eliminated.

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El crecimiento de la economía global está siendo más robusto de lo esperado. La expansión fue del 3% el pasado año y el Banco Mundial proyecta que se mantendrá en el 3,1% el que acaba de arrancar. Es un repunte que califica de “notable” cuando se compara con el 2,4% de 2016. La tendencia se acelera para América Latina. Los países de la región se alejan más de la recesión y duplicarán el ritmo de crecimiento al 2% en 2018, frente al 0,9% en 2017.

La nueva estimación para la economía global se mejora en dos décimas frente a lo adelantado en junio para 2018. La lectura de 2017 es tres décimas más alta. Este mejor comportamiento se explica por un impulso de la inversión en los países avanzados y a una aceleración de la actividad en los emergentes, que crecerá al 4,5% este año. El Fondo Monetario Internacional publicará sus proyecciones el 22 de enero en la cumbre de Davos (Suiza).

La recuperación, como señala el Banco Mundial, está mejor repartida. “El crecimiento mejoró en más de la mitad de las economías en 2017”, señala el informe. Y aunque las curvas muestran que la tendencia seguirá en 2018, anticipa que se moderará de forma gradual a lo largo de 2019 porque la inversión en los países avanzados se relajará y por una desaceleración de la demanda en China.

Otro de los factores que apoya el crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo es que poco a poco se disipa el efecto lastre del mercado de las materias primas. La previsión es que el precio de la energía y de los metales industriales se estabilice a los niveles actuales, tras las ganancias registradas desde el pasado verano. También pasará algo similar con los productos agrícolas.

Brasil se beneficia especialmente de esta coyuntura. De contraerse un 3,5% en 2015 y 2016 pasó a crecer un 1% en 2017 y lo hará un 2% en 2018 para asentarse entorno al 2,4% los dos años sucesivos. Es un ritmo que está en línea con la expansión para el conjunto de América Latina. De una recesión del 1,5% en 2015 pasará a crecer más de un 2,6% entre 2019 y 2020, tras hacerlo un 2% este 2018.

Más consumo

La proyección para la región es muy parecida a la que se anticipó hace seis meses, con ajustes de una décima al alza para 2017 y a la baja para 2018. El consumo privado es el principal sustento a la actividad económica. El crecimiento habría sido mayor si la inversión no hubiera sido tan modesta. Venezuela es el punto negro, con una contracción en el crecimiento del 4,2% para este año tras un 16,1% en 2017.

México, la segunda mayor economía de América Latina, rindió algo mejor de lo esperado en 2017. El crecimiento se espera repunte al 2,1% este año y de ahí suba al 2,9% en 2019. El Banco Mundial cita, sin embargo, la incertidumbre que genera la negociación del acuerdo de libre cambio con Estados Unidos y Canadá. También cita como riesgo las elecciones presidenciales que se celebrarán en julio.

Argentina, al igual que Brasil, se recupera de la recesión. Crecerá un 3% este año y el que viene, tres décimas por encima al crecimiento en 2017 y lejos de la contracción del 2,2% en 2015. En su caso se beneficiará de las inversiones en el ámbito de las infraestructuras. El proceso de recuperación de Perú tras las inundaciones le permitirá crecer un 3,8% este año. Columbia lo hará un 2,9% y Chile un 2,4%.

Recursos internos

Pese a este panorama más favorable y equilibrado, persisten riesgos. El Banco Mundial cita la posibilidad de que se materialice algún tipo de estrés financiero por el alza de tipos de interés y los altos niveles de endeudamiento. “La condiciones de financiación siguen siendo benignas pero se restringirán conforme las políticas monetarias se vayan normalizando en la grande economías avanzadas”, advierte.

En el caso concreto de América Latina, señala que el impulso externo al crecimiento será menor porque la expansión en Estados Unidos y en China tenderá a moderases en 2019 y 2020. “La región necesitará depender más de los recursos internos que en el pasado”, anticipa el Banco Mundial. También indica que el potencial seguirá siendo inferior a la media histórica previa a la crisis, por la baja productividad.

El incremento del proteccionismo, junto a las tensiones geopolíticas, también jugará en contra a corto plazo. “La escalada de las restricciones puede hacer descarrilar la recuperación y deshacer todo lo que se ganó con los pasados esfuerzos liberalizadores”, alerta el informe. También se cita la disrupción que pueden crear los desastres naturales, en especial en los países donde el margen fiscal es más reducido.

El Banco Mundial habla de “cisnes negros” al analizar la coyuntura global, un término que se popularizó cuando se gestaba el derrumbe del sistema financiero hace una década. Hace seis meses, el organismo con sede en Washington esperaba que América Latina acelerara el crecimiento este año. Ahora lo deja en un anémico 0,6%, medio punto más bajo que en 2017 y lejos del 1,7% que proyectó en junio. Y advierte, también, de los riesgos por el coste de la deuda y la reversión en los flujos de capitales.

“Lamentablemente”, comienza el informe, “la región ha tropezado con algunos obstáculos”. Cita el giro inesperado en Argentina –que se contraerá un 2,5% este año–, la desaceleración en Brasil –que crecerá solo un 1,2% en año electoral–, el deterioro de la ya de por sí crítica situación en Venezuela –que se contraerá un 18,5%– y un empeoramiento generalizado del entorno externo, con una consecuente disminución de las ventas al exterior. Esta suma de factores provocará, en definitiva, que el crecimiento de la región sea finalmente más bajo de lo pronosticado este 2018.

La nueva proyección contrasta con la afirmación, la pasada primavera, de que la región había retomado “finalmente” la senda de un crecimiento cada vez mayor, tras seis años marcados por los retrocesos. La situación para el conjunto de Sudamérica es incluso peor, porque las economías del subcontinente se contraerán una décima y arrastrarán a la baja al conjunto latinoamericano. Si se excluye el ya habitual efecto lastre de Venezuela, crecerían un 1,2%.

La solidez de la economía estadounidense ejerce, por el contrario, de sustento. Especialmente en Centroamérica y, sobre todo, en México, un país muy interconectado con la primera potencia mundial y que se expandirá a un ritmo estable del 2,3%. Los técnicos, sin embargo, siguen viendo la cifra mexicana “por debajo de su potencial”. También es un factor positivo para la región China y la recuperación del precio de las materias primas, lo que explica que Colombia crezca un 2,7%. Perú lo hará un 3,9% y Chile un 4%.

La previsión del Banco Mundial es que el crecimiento repunte tras este bache a una tasa del 1,6% en 2019. Pero esta estimación dependerá de cómo vayan tomando cuerpo “los nubarrones que se ven en el horizonte”. El mayor es la normalización de la política monetaria en EEUU, que ya está provocando una “drástica reversión” en los flujos de capital que entran en la región.

La subida del precio del dinero hace que las inversiones a tipo fijo en EEUU sean mucho más atractivas y se añade a la fortaleza del dólar –la moneda de referencia en lo cruces de toda la región latinoamericana–, que está obligando a algunos bancos centrales de países emergentes a salir a “defender” sus divisas y elevando aún más los costes de la deuda. Es decir, el temor es que la moderación en 2018 sea algo más que una piedra en el camino. “La situación general es preocupante”, admite el informe, que en este punto lanza la voz de alarma por el impacto de las guerras comerciales.

Precariedad fiscal

“El entorno internacional”, insiste el Banco Mundial, “es poco auspicioso”. Carlos Végh, economista a cargo de América Latina y Caribe, reitera que esta fragilidad en la recuperación vuelve a poner en evidencia la necesidad de que se adopten reformas para garantizar que la región puede elevar los muros de contención para resistir choques externos y poder gestionar sus propios riesgos.

El informe hace referencia a la “precaria” situación fiscal de la región; 29 de los 32 países tendrán un balance fiscal negativo. La deuda pública, añade, superó el 60% del producto interior bruto y hay seis países donde está por encima del 80%. Esta situación no hace más que elevar la prima de riesgo. “El acceso y el costo del crédito internacional se complica justo cuando es más necesario”, lamenta, al tiempo que recuerda que esto limita el margen de acción fiscal.

“La región no tiene más remedio que aumentar el ritmo del ajuste fiscal para garantizar las sostenibilidad de la deuda en el corto y mediano plazo”, insiste el equipo de Végh, “especialmente si la entrada neta de capital sigue cayendo”. En este sentido, concluye diciendo que es importante entender la naturaleza de los riesgos para predecir sus efectos y definir una respuesta que los mitigue.

América Latina, por tanto, es una región particularmente expuesta a los riesgos. “Teniendo en cuenta la incertidumbre existente”, opina Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para la región, “es más importante que nunca fortalecerse para afrontar el futuro con mayores garantías”. Eso permitirá también recuperarse más rápido tras el cisne negro. "No se podrá gastar más pero sí habrá que hacerlo mejor", concluye, "para proteger a los vulnerables e incrementar el crecimiento".

El pasado 4 de febrero, EL PAÍS publicó un editorial titulado “El prestigio del Banco” en el que, refiriéndose a las “controversias y acusaciones cruzadas” sobre el papel del Banco de España en la crisis bancaria que se desarrolla a partir de 2008, señalaba que hasta ahora “no ha existido una explicación convincente” de su papel en la supervisión y que, puesto “que es imperativo mantener la credibilidad de la institución, no parece una buena idea que permanezca en silencio o no haga las aclaraciones necesarias”.

En los límites de este artículo no puedo intentar dar una respuesta suficiente, ni siquiera resumida a esas y otras reflexiones del editorial. Pero sí puedo señalar cuáles deben ser, en mi opinión, las líneas fundamentales de esa explicación de conjunto que se echa en falta.

El origen de la crisis

No se puede entender nuestra crisis bancaria sin referencia a la burbuja crediticia e inmobiliaria que precede a la crisis, que fue, obviamente, una de sus causas, aunque no la única.

El crédito a hogares y empresas había pasado de representar el 81% del PIB a finales de 1999 a suponer el 166% al cierre de 2008. Algunas partidas crediticias, como la hipotecaria o la destinada a la promoción inmobiliaria aumentaron su peso durante ese periodo desde el 35% del PIB, en el primer caso, hasta el 95%; y desde el 4% hasta el 28%, en el caso del crédito a promotor.

La crisis internacional tuvo un impacto muy significativo en la economía española. La práctica desaparición de algunos de los principales mercados de capitales mayoristas a lo largo de 2007 y 2008, como el interbancario o el de titulizaciones, dificultó la normal financiación de las entidades de crédito españolas, que, en aquellos momentos, presentaban cuantiosas necesidades de financiación exterior. La traslación de estas tensiones a la economía real no se hizo esperar y, a lo largo de 2009, el PIB y el empleo retrocedieron un 3,6% y un 6,1%, con gran impacto negativo en las entidades de crédito, que comenzaron a sufrir pérdidas en un entorno de desplome de los precios inmobiliarios y fuerte aumento del desempleo.

La estabilización que parecía lograda en 2010 se interrumpió en 2011. Todas las instituciones, nacionales e internacionales, incurrieron en grandes errores de previsión, también el Banco de España. Esto, unido a la crisis en los mercados de deuda pública en la zona euro, que llegó a poner en cuestión la supervivencia de la moneda común, llevó a un intenso deterioro de nuestras entidades de crédito, especialmente del sector de cajas. Hay un dato que es un buen indicador del grave colapso de financiación que sufrió nuestra economía en 2012: en agosto de 2012 las entidades de crédito españolas llegaron a tener una deuda con el Eurosistema de casi 412.000 millones de euros, lo que equivalía a más del 34% de la liquidez inyectada por el Eurosistema a los bancos del conjunto del área euro. El Eurosistema se había convertido en el principal y, en algunos momentos, casi único proveedor de liquidez de nuestra banca.

Cómo se enfrentó la crisis

La estrategia adoptada para hacer frente a la crisis buscaba evitar la quiebra en cadena de un buen número de instituciones financieras. Esa estrategia perseguía, utilizando recursos privados y públicos y cambios legales e institucionales, evitar la contaminación de todo el sector bancario español, haciendo posible su posterior reestructuración, eliminando el riesgo de que se produjera una crisis de confianza, tanto en los mercados como entre los depositantes.

Otra opción posible, la liquidación mediante concurso de acreedores de las entidades con problemas, habría tenido un efecto demoledor sobre la estabilidad del sistema financiero y habría supuesto la asunción de gran parte de las pérdidas por los depositantes, o por el contribuyente, en la medida en que el Estado hubiera cubierto esos depósitos, pues el importe que hubiera podido cubrir el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en aquellos momentos habría quedado muy por debajo del total a compensar. Dejando aparte el caso de Lehman, que era un banco de inversión, en ningún país de los que se han enfrentado en los últimos años a una crisis bancaria se ha optado por dejar caer a los bancos que no pudieran hacer frente a la situación por sí solos.

En la estrategia adoptada primaron las soluciones privadas, mediante el saneamiento del balance de las entidades con sus propios recursos, a través de operaciones corporativas, acudiendo al propio sector a través del FGD y, solo en última instancia, mediante la inyección de fondos públicos —incluida la ayuda europea asociada al programa de asistencia financiera firmado en 2012—. No hay que olvidar que entre 2008 y 2013 las entidades de crédito españolas realizaron saneamientos por un total cercano a los 270.000 millones de euros, asumidos en su mayor parte por los accionistas de esas entidades. Hay que subrayar que los depósitos de clientes no sufrieron pérdida alguna.

También hay que recordar que, en nuestro caso, no se consideró una solución a la inglesa, a la alemana o a la holandesa, consistente en la inmediata nacionalización de las entidades en crisis, incluso entidades de gran tamaño. Aun así, el coste de la crisis en términos de recursos públicos, del que el Banco de España viene informando con detalle desde 2013, ha sido elevado, si bien, en términos de PIB se sitúa cerca del registrado en otros países de la zona euro.

El Banco de España 2008-2012

No tengo ninguna razón para pensar que el Banco de España no actuase en función del interés general y respetando la normativa vigente en cada momento. Pero esto no quiere decir, naturalmente, que acertase siempre, que adoptase siempre las decisiones óptimas, bien por insuficiencias propias, bien por restricciones políticas e institucionales —severas en el sector de cajas de ahorro—, bien por deficiencias de información en casos que después, cuando han podido ser estudiados con mejor información, han tenido derivaciones, judiciales o de otro orden. Pero creo que es obligado distinguir entre insuficiencias o, incluso, errores, y actuaciones susceptibles de reproche legal.

En relación con la valoración que merece la transparencia del Banco de España como supervisor, una cuestión que no puede ser ignorada es el deber legal de confidencialidad —idéntico o muy parecido al que existe en el Mecanismo Único de Supervisión del BCE y el resto de los supervisores nacionales—, que no le permite ofrecer una explicación pública de sus actuaciones cuando afectan a entidades concretas.

La actuación del Banco de España en la crisis está recogida y explicada con mucho detalle en la amplísima documentación que se ha ido publicando desde 2008 y que puede consultarse en Internet, en el portal del Banco de España sobre Reestructuración Financiera. Pero, superada la crisis y estabilizada la nueva supervisión europea y, en el marco de esta, la supervisión del Banco de España, es, seguramente, el momento de ofrecer una visión de conjunto de cuál fue la actuación del Banco durante el periodo 2008-2012.

Fuente:

Desde el 23 de junio de 2016, a través de un referéndum con menos del 2% de diferencia, la población del Reino Unido (GB) decidió que saldría de la Unión Europea (UE). Después de más de cuatro años de negociaciones, dos Primeros Ministros, tres planes de salida y repetidas prórrogas, el 1° de enero de 2021 terminó el periodo de transición del Brexit. La salida de GB de la Unión Europa implica cambios en la estructura de la economía mundial. A la luz de sus primeros meses, presentaremos cuáles son las condiciones económicas de GB frente al mercado internacional, en qué posición queda frente a la Unión Europea y qué implicaciones ha comenzado a tener en la economía mundial.

En términos formales, GB dejó de ser miembro desde el 1° de febrero de 2020. Desde entonces, el Brexit entró en un periodo de transición, sobre el cual GB continuó bajo las normas de la UE, pero perdió voz y voto. Se acordó un plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para resolver las últimas medidas de la salida. A partir del 1° de enero de 2021, en plena crisis sanitaria del COVID-19, GB dejó también de regirse por las leyes de la UE. Al cierre del 2020, su producto interno bruto (PIB) fue, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la quinta economía más grande (la novena si se considera la paridad del poder adquisitivo de la libra). Fue, en cambio, uno de los más afectados por la crisis inducida por la COVID19, con una contracción de -10% de su PIB, la mayor entre los países del G7.

Las negociaciones del Brexit consiguieron de último momento, una semana antes de su aplicación, un acuerdo de libre comercio en mercancías. Para GB fue muy importante, pues su mercado externo concentra el 54% de sus exportaciones en países europeos, 24% en asiáticos y 15% en Estados Unidos. Una proporción similar se presenta en los orígenes de sus importaciones: 62% proviene de Europa; 20% Asia; y 12% Estados Unidos. Con América Latina tiene una participación de 1.73% de sus exportaciones y 1.41% de sus importaciones. El acuerdo determinó, sin embargo, que se mantendrá el libre comercio bajo ciertas condiciones. Se definió un contenido de origen de mínimo 50% para estar libre de arancel, lo cual condiciona las opciones de diversificación de su mercado. Por otra parte, su salida de la UE implicó la reinstalación de aduanas que, aunque aún no operan con listados de aranceles, funcionan como puntos de revisión del contenido del comercio exterior entre las dos partes, lo que ha vuelto más lento el tráfico de mercancías.

Durante las negociaciones del Brexit, de manera paralela firmó 59 acuerdos comerciales con países no europeos, entre los que destaca el acuerdo GB-Japón. En América Latina también reafirmó los socios que tenía vía la UE. (ver cuadro). Un elemento fundamental en el acuerdo de libre comercio del Brexit es que no incorporó los servicios financieros. Se sabe que la actividad financiera de GB, concentrada sobre todo en la City de Londres, representa más del 6.9% del PIB; y si se considera a la banca británica colocada en las Islas del Caribe, la proporción es incluso mayor. Londres ha sido el mercado financiero más grande del mundo desde el siglo XVI.

Desde que se votó por el Brexit, más de 300 firmas han comenzado a situarse fuera de GB, especialmente en Europa. Los principales destinos han sido Dublín, para los mercados de activos financieros; Frankfurt y París, para el sistema bancario; y Ámsterdam, para las operaciones cambiarias. Con todo esto, GB podrá verse muy afectada. Sin embargo, esta transformación en el sistema financiero no sólo redefine las posiciones intra-europeos; incluso más importante, contribuye al desplazamiento financiero hacia los mercados asiáticos.

De acuerdo al Índice Global de Centros Financieros (GFCI), que mide la competitividad de los mercados financieros a partir del entorno empresarial, el desarrollo del sector financiero, la infraestructura de mercado, el capital humano y otros factores generales, la centralidad de los mercados asiáticos es cada vez mayor. Para 2016, el mercado financiero más importante todavía era Londres, seguido por Nueva York y con mucha diferencia Singapur y Hong Kong. A finales de 2020, ya bajo el Brexit, la City de Londres ha pasado al segundo lugar, Nueva York lidera y la brecha con los mercados financieros asiáticos se ha acotado.

En sus primeros meses, las consecuencias del Brexit han comenzado a sentirse tanto interna como externamente. Es evidente que, aunque ya se consumó su salida, las negociaciones entre GB y la UE tendrán que continuar por mucho tiempo. Crecientes son los problemas políticos internos, las tensiones en las fronteras de Irlanda, la posición europeísta de Escocia, las dificultades de la movilidad entre UE y la isla.

El proyecto de reindustrialización e independencia económica británica de Europa, vía Brexit, ha encontrado significativos límites en la altísima financiarización de su economía, la profunda dependencia comercial y la falta de competitividad productiva. GB y la UE enfrentan, en común, un largo periodo de bajo crecimiento y pérdida de liderazgo, el resultado de las subsecuentes negociaciones entre ambos será fundamental para definir el nuevo papel de Europa en la economía mundial.

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El Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo estima que la crisis del COVID-19 ha afectado al 81% de los trabajadores formales y al 68% a informales. Igualmente se estima que las horas de trabajo mundial disminuyeron en 4.5%, lo que equivale a 130 millones de empleos. Todo esto debido a los cierres de actividades.

Los cierres de los lugares de trabajo tienen repercusiones graves e inmediatas sobre las actividades corrientes de las empresas y de los trabajadores por cuenta propia, exponiéndolas a un riesgo elevado de insolvencia

La pandemia COVID-19 sigue afectando gravemente a la salud pública y causando perturbaciones sin precedentes en las economías y los mercados de trabajo. Sin embargo, las medidas de gobierno evolucionan para hacerle frente.

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El Dólar: pre y post Trump

Los mercados cambiarios en América Latina han sufrido de una gran volatilidad en los últimos meses. Se han hecho grandes apuestas contrarias en los mercados de divisas de las monedas latinoamericanas, principalmente debido a las declaraciones del candidato, y luego del presidente de EEUU, sobre el libre comercio y la política 

Desde las elecciones del 8 de noviembre de 2016, todas las monedas latinas perdieron frente al dólar, salvo el sol y el peso colombiano. Las promesas (o amenazas) de campaña contra América Latina, llevó a que los mercados financieros descontarán los peores escenarios económicos. Estas son una posible guerra comercial debido al proteccionismo declarado, al impuesto a las remesas, la deportación masiva de migrantes ilegales, y el bloqueo del movimiento de personas. De otro lado, para Latinoamérica el aumento temporal de los precios del cobre, petróleo, oro y plata fue un gran soporte para las divisas, especialmente de los países mineros y petroleros de la región, así como el acuerdo de paz de 

Del 10 de octubre de 2016 hasta la toma de protesta el 20 de enero de 2017, la moneda más afectada de América Latina fue el peso mexicano, que presentó una depreciación del 13.58%, tal vez debido a que México ha sido el país más hostilizado. El muro fronterizo, la deportación masiva  y la  renegociación del TLCAN o su disolución amenazan el tipo de cambio. Existe superávit comercial mexicano. Sin embargo, este superávit tiene complicaciones, por ejemplo de “producción compartida”: con 60% del total de bienes producidos entre ambos países fabricados en México y 40% en el vecino del norte,i Situación que no se desanudará ni con aranceles ni con 

La segunda moneda más afectada de la región fue el peso argentino por la certeza que la apuesta del gobierno de Macri sobre EEUU está perdida. Los bonos de deuda argentinos son los de mayor rentabilidad en dólares y son cotizados en Nueva York con gran demanda. Es poco probable que Macri cumpla con las expectativas que tenía de mejorar las relaciones entre ambos países, y por el contrario, es más probable que su bajo crecimiento económico sea aún más bajo si persiste en esa 

Argentina es el primer productor de limones del mundo, aunque no los exportaba a EEUU, por un juicio entablado, desde hace ya 15 años. Sin embargo, para en marzo y abril de 2017 se tenía contemplado recomenzar las exportaciones del cítrico, pero el 24 de enero el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el bloqueo a la llegada de cítricos argentinos, por orden de la Casa 

Luego de la toma de protesta, el 20 de enero del 2017, todas las monedas latinas, a excepción del peso argentino, se han apreciado de manera significativa. El más apreciado fue el peso mexicano, en un rebote especulativo, con 5.09%, seguido del real brasileño y peso chileno, que se apreciaron 1.90% y 1.98% respectivamente. El peso chileno y el sol peruano, en general, se han visto  fortalecidos, impulsados en gran medida por los precios de los minerales a finales del 2016.

El real brasileño se ha mostrado bastante estable y se ha apreciado 1.9% desde la toma de protesta de Trump. Entre las causas de este comportamiento se encuentran: la firmeza del Banco Central  brasileño, que contrarresta la incertidumbre provocada por los escándalos políticos; que el real viene de una profunda depreciación desde el 2015; y los posibles beneficios para la producción de soja del mercado del pacifico, especialmente con la renuncia de EEUU al TPP, lo cual no le permitirá competir con las mismos aranceles que el resto de los 

La renuncia del TPP por parte de EEUU no afectó, sin embargo, a las monedas latinas, posiblemente por la inmediata reacción de China de incorporar a dichos países (México, Chile y Perú) a la Asociación Económica Regional (RCEP) y al  Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP).

Los riesgos están presentes ante lo que aparentemente es la definición de nuevas reglas del juego internacionales de manera unilateral de parte de EEUU en su redespliegue económico; análogo a los gobiernos republicanos de Coolidge y Hoover de los locos años 20 de gran prosperidad. Gobiernos que, cabe recordar, terminaron abruptamente en la gran depresión de 1929.

[i]BBC MUNDO, 2017. Tras las críticas de Trump, ¿cómo es realmente la balanza comercial entre México y EE.UU.?, Washington: BBC.

Cué, C., 2017."Primer efecto Trump en Argentina: paralizada la exportación de limones", 23 de enero, 2017, Diario El País. Madrid

Moreno, J. M., 2017. "¿Qué explica el rally del peso con Trump Presidente?", Diario El Excelsior, Suplemento Dinero Llama Dinero, . Publicado el Lunes, 30 Enero 2017, Ciudad de México

Saavedra, M., 2017. "INEI: minería creció 16,29% pero pesca cayó 10,09% en el 2016", miércoles 01 de febrero del 2017, diario El Comercio. Lima:

NOTIMEX, 2017. "Brasil quiere aprovechar el proteccionismo de Trump para exportar soja y carne a más mercados",  1/02/2017 El Economista, Madrid.

Hace casi dos años ya que Donald Trump dijo ante la élite financiera y empresarial del mundo que iba a colocar a América primero. “Estados Unidos nunca volverá a hacer la vista gorda ante las prácticas económicas injustas”, aseguró en el Foro de Davos en enero de 2018. Han sido dos años regados de retórica nacionalista y de anuncios de medidas proteccionistas a los que el país afectado respondía con contramedidas. Desde entonces, la economía del mundo se ha ido frenando de forma paulatina. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de anunciar que esta ralentización continuará este año con un crecimiento de la economía global del 3%, el más bajo desde la crisis de la década pasada, también conocida como Gran Recesión.

No ha tenido buena suerte Kristalina Georgieva en su puesta de largo al frente del FMI. La búlgara que antes ocupó altos cargos en la Comisión Europea y el Banco Mundial se estrena como directora gerente del Fondo con un jarro de agua fría sobre la economía mundial. “El crecimiento apagado es consecuencia de las crecientes barreras al comercio, de la elevada incertidumbre que rodea al comercio y a la geopolítica; de tensiones en varias economías emergentes y de factores estructurales como el bajo crecimiento de la productividad y el rápido envejecimiento de los países desarrollados”, asegura el prólogo del informe presentado el martes en Washington.

Esta enumeración sonará conocida a los que sigan los informes económicos de organismos multilaterales y gabinetes de estudios. Hace meses que se repiten de forma casi idéntica. Pese a que parezca repetido, la situación es más preocupante, porque la mera continuación de estos riesgos los convierte cada vez en más reales. Y golpea a todo el mundo. Así, los pronósticos que emite ahora el FMI son más pesimistas que los del pasado mes de julio en prácticamente todos los países y áreas económicas analizadas.

Preocupan especialmente por su anémico crecimiento la eurozona (con países como Alemania e Italia creciendo muy poco o estancados) y Japón (cuyo aumento del PIB se quedará este año y el próximo por debajo del 1%). A España le rebaja también la previsión (2,2% este año y 1,8% el siguiente), pero sigue muy por encima de la media europea. Las perspectivas de crecimiento de la economía española del FMI son superiores a las oficiales del Gobierno porque no recogen la reciente actualización de la serie estadística que ha realizado el INE y que evidenció que la ralentización está siendo más aguda de lo inicialmente estimado.

El EE UU trumpiano tampoco se salva de la quema. El FMI rebaja dos décimas su previsión de crecimiento para 2019 respecto a lo que decía tan solo tres meses atrás, dejándolo en el 2,4% este año y 2,1% el próximo, unas tasas aún respetables pero también a la baja. “Con las incertidumbres que rodean a muchos países y el enfriamEsta enumeración sonará conocida a los que sigan los informes económicos de organismos multilaterales y gabinetes de estudios. Hace meses que se repiten de forma casi idéntica. Pese a que parezca repetido, la situación es más preocupante, porque la mera continuación de estos riesgos los convierte cada vez en más reales. Y golpea a todo el mundo. Así, los pronósticos que emite ahora el FMI son más pesimistas que los del pasado mes de julio en prácticamente todos los países y áreas económicas analizadas.

Preocupan especialmente por su anémico crecimiento la eurozona (con países como Alemania e Italia creciendo muy poco o estancados) y Japón (cuyo aumento del PIB se quedará este año y el próximo por debajo del 1%). A España le rebaja también la previsión (2,2% este año y 1,8% el siguiente), pero sigue muy por encima de la media europea. Las perspectivas de crecimiento de la economía española del FMI son superiores a las oficiales del Gobierno porque no recogen la reciente actualización de la serie estadística que ha realizado el INE y que evidenció que la ralentización está siendo más aguda de lo inicialmente estimado.

El EE UU trumpiano tampoco se salva de la quema. El FMI rebaja dos décimas su previsión de crecimiento para 2019 respecto a lo que decía tan solo tres meses atrás, dejándolo en el 2,4% este año y 2,1% el próximo, unas tasas aún respetables pero también a la baja. “Con las incertidumbres que rodean a muchos países y el enfriamiento previsto en China y EE UU y los importantes riesgos a la baja, es muy posible que se materialice un ritmo de crecimiento global aún más apagado”, añade el documento.

Lo peor de las previsiones que acaba de publicar el FMI no son las cifras en sí, que son malas pero no catastróficas. Sino la idea de que si no se hace nada para evitarlo, podrán ir a peor. “Para prevenir un resultado así, habría que enfocar las políticas decididamente a evitar tensiones comerciales y a reforzar la cooperación multilateral”, añade el documento. Así, estas previsiones podrían reducirse aún más si la escalada proteccionista de EE UU con China y Europa continúa, o si el Brexit acaba resolviéndose sin acuerdo. Por eso, los analistas reunidos en el FMI ven con buenos ojos los avances en ambos aspectos que se produjeron durante el pasado fin de semana. Pero nadie aquí quiere echar las campanas al vuelo, conscientes de que lo que un día son avances al día siguiente pueden convertirse en retrocesos.

Una de las preocupaciones del FMI es el retroceso que en muchos países del mundo ha sufrido el sector industrial este año. Este bajón se explica por tres factores que se refuerzan los unos a los otros: una importante caída en la producción y venta de vehículos, una baja confianza empresarial por culpa de las tensiones comerciales y tecnológicas entre EE UU y China; y un retroceso en la demanda china, que se explica por los esfuerzos de las autoridades por reducir la deuda e impulsada por la escalada arancelaria.

Cuando habló en Davos, Trump justificaba que su política de poner a su país primero era algo que el resto de líderes del mundo deberían copiar. “América primero no significa América solo. Cuando la economía de América crece, crece todo el mundo”, decía en 2018. La perspectiva que nos da el tiempo demuestra que esto no es así. Porque las trabas comerciales son la primera causa del enfriamiento de la economía global.

iento previsto en China y EE UU y los importantes riesgos a la baja, es muy posible que se materialice un ritmo de crecimiento global aún más apagado”, añade el documento.

Lo peor de las previsiones que acaba de publicar el FMI no son las cifras en sí, que son malas pero no catastróficas. Sino la idea de que si no se hace nada para evitarlo, podrán ir a peor. “Para prevenir un resultado así, habría que enfocar las políticas decididamente a evitar tensiones comerciales y a reforzar la cooperación multilateral”, añade el documento. Así, estas previsiones podrían reducirse aún más si la escalada proteccionista de EE UU con China y Europa continúa, o si el Brexit acaba resolviéndose sin acuerdo. Por eso, los analistas reunidos en el FMI ven con buenos ojos los avances en ambos aspectos que se produjeron durante el pasado fin de semana. Pero nadie aquí quiere echar las campanas al vuelo, conscientes de que lo que un día son avances al día siguiente pueden convertirse en retrocesos.

Una de las preocupaciones del FMI es el retroceso que en muchos países del mundo ha sufrido el sector industrial este año. Este bajón se explica por tres factores que se refuerzan los unos a los otros: una importante caída en la producción y venta de vehículos, una baja confianza empresarial por culpa de las tensiones comerciales y tecnológicas entre EE UU y China; y un retroceso en la demanda china, que se explica por los esfuerzos de las autoridades por reducir la deuda e impulsada por la escalada arancelaria.

Cuando habló en Davos, Trump justificaba que su política de poner a su país primero era algo que el resto de líderes del mundo deberían copiar. “América primero no significa América solo. Cuando la economía de América crece, crece todo el mundo”, decía en 2018. La perspectiva que nos da el tiempo demuestra que esto no es así. Porque las trabas comerciales son la primera causa del enfriamiento de la economía global.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China está afectando más de lo previsto al gigante asiático y a la economía global. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado sus perspectivas de crecimiento para este año en dos décimas, hasta el 3,5%, y podría ser más si la salida de Reino Unido de la Unión Europea se produce sin acuerdo o si el enfrentamiento entre las dos potencias se recrudece. Así las cosas, el Fondo espera que los bancos centrales tomen nota del nuevo escenario de riesgos y suavicen la normalización de sus políticas monetarias y, con ello, las subidas de los tipos de interés.

La expansión continúa pero se debilita más rápido de lo previsto hace apenas unos meses, según ha admitido este lunes en Davos la nueva economista jefe del FMI, Gita Gopinath. Y aunque la rebaja es modesta (dos décimas este año y otra décima para 2020, hasta el 3,6%), el creciente vínculo entre las tensiones comerciales y los mercados financieros en un escenario de endurecimiento de las condiciones financieras eleva considerablemente los riesgos a la baja para este ejercicio.

En el caso de España, las previsiones se mantienen sin variación en el 2,2% para este año y el 1,9%, para 2020.

“El comercio y la inversión se han frenado, la producción industrial fuera de EE UU se ha desacelerado y los índices de los gestores de compras se han debilitado, lo que apunta a un escenario general más débil. Aunque eso no significa que estemos en puertas de una crisis económica es importante tomar nota de los muchos riesgos al alza que existen”, ha recalcado Gopinath. Entre esos riesgos, el Fondo pone el acento en la posibilidad de que Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo --"una amenaza que ya se refleja en la caída de la inversión", ha apuntado Gopinath-- y una desaceleración mayor de lo previsto en China.

En 2018, las autoridades chinas emprendieron reformas para regular la actividad bancaria en la sombra y la inversión no presupuestaria de los gobiernos locales que frenó su ritmo de crecimiento, pero la escalada comercial con EE UU ha obligado a Pekín a revertir esas políticas y aprobar medidas de estímulo para suavizar el frenazo. "Las rebajas de los tipos de interés y la relajación de las reservas de capital a los bancos han amortiguado el frenado", ha explicado Gopinath. Pero puede no ser suficiente. “Su desaceleración podría ser más rápida de lo previsto si continúan las tensiones comerciales y eso podría provocar ventas abruptas en los mercados financieros y de materias primas, como ya sucedió en 2015-2016”, advierte la economista jefe.

A esas amenazas se suma la incertidumbre que rodea la agenda política de los nuevos Gobiernos, como sucede en Brasil o en México, el cierre de la Administración en EE UU y las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y el Sudeste Asiático, que pueden verse afectadas por la caída del precio de las materias primas. El Fondo prevé que el barril de petróleo se sitúe entre los 55 y los 60 dólares este año.

Entre los países desarrollados, es la zona euro la que sufre una revisión mayor de sus perspectivas de crecimiento (tres décimas menos de lo previsto en octubre, hasta el 1,6%), debido a las dificultades del sector automotriz en Alemania (cuyo crecimiento cae seis décimas al 1,3%) y las renovadas tenciones financieras y soberanas en Italia, que apenas crecerá un 0,6% este año.

En el caso de los emergentes, son Turquía y México los que apuntalan la rebaja de las previsiones, al pronosticar una recesión mayor de lo previsto en el primero y una caída de la inversión privada, en el segundo. En el caso de México, con un nuevo Gobierno desde el pasado mes de diciembre, el FMI prevé una notable desaceleración (de cuatro décimas este año y medio punto el que viene, al 2,1% y 2,2% respectivamente), debido a la "incertidumbre política, que afecta a la inversión y el sector privado", señala el organismo. Sin embargo para Brasil, cuyo nuevo Ejecutivo tomó posesión el pasado día 1, el Fondo confía en que la recuperación se mantenga, con un crecimiento del 2,5% este año, una décima más de lo previsto, y un 2,2% para 2020, una décima menos. Pero no como consecuencia del programa económico del presidente Jair Bolsonaro, explicaba el subdirector del Departamento de Análisis, Jean Maria Milesi Feretti. "Son factores puramente cíclicos, Brasil acaba de salir de una fuerte recesión y es normal que la economía se recupere", ha asegurado.

Después de años fuera del foco, tras el esencial protagonismo que mantuvieron durante la Gran Recesión, el Fondo lanza una advertencia a los banqueros centrales, que este año están ausentes de Davos. “La política monetaria en las economías desarrolladas debería seguir normalizándose con cuidado. Los principales bancos centrales están al tanto del momento de desaceleración y esperamos que calibren sus próximos pasos en línea con estos acontecimientos”, ha señalado Gopinath. Un argumento que, salvando las distancias, se aproxima a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump al criticar las subidas de tipos de la Reserva Federal y que recoge el sentimiento del mercado de que no habrá nuevas alzas del precio del dinero en EE UU en la mayor parte de este ejercicio.

En este escenario, el Fondo defiende que es necesaria una mayor cooperación internacional, una política que está perdiendo adeptos a pasos agigantados en la escena internacional. “La principal prioridad política es que los países resuelvan con rapidez y cooperación sus desacuerdos comerciales y la consiguiente incertidumbre política, en lugar de levantar dañinas barreras y desestabilizar una economía global debilitada”, ha apuntado Gopinath.

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha ido más allá al pedir a la comunidad internacional "redoblar sus esfuerzos para resolver los problemas que compartimos, desde la reforma del sistema de comercio mundial, a la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal y afrontar la amenaza del cambio climático". Es la apuesta de Lagarde por un "nuevo multilateralismo, que como nuestro informe demuestra este tipo de cooperación es más urgente que nunca". No parece que los accionistas mayoritarios del organismo, con Estados Unidos a la cabeza, estén por la labor.

La dinámica se ha convertido en casi un ritual: la economía latinoamericana empieza el año con previsiones de crecimiento más o menos robustas y, a medida que avanzan los meses, va perdiendo fuelle. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado este martes severamente su pronóstico de crecimiento para América Latina y el Caribe en plena desaceleración global: la región cerrará este año con un avance del 0,6%, muy lejos de lo que cabría esperar para un bloque emergente y de la proyección del propio fondo hace tres meses, cuando auguraba que la expansión rondaría el 1,4%. Una rebaja que el propio Fondo califica de “considerable” y que no ayudará a la consecución de otros objetivos como la reducción de la pobreza o la informalidad, ambos estrechamente vinculados a la evolución positiva de la economía. Para 2020 las noticias son algo mejores, aunque también peores de lo que se esperaba hasta ahora: de cumplirse la proyección, Latinoamérica crecerá un 2,3%, una décima menos de pronosticado en abril.

El FMI va más allá de los fríos números y constata con palabras contundentes la rebaja de su proyección para la región, el bloque donde más cae el crecimiento respecto a las proyecciones de primavera. “En América Latina la actividad se ralentizó notablemente al inicio del año en varias economías”, subrayan los técnicos de su institución al tiempo que hablan de cuestiones “idiosicráticas”. El 0,6% es una cifra débil incluso si se compara con los dos ejercicios anteriores, en los que la mayoría de organismos internacionales y casas de análisis coincidían en tildar de decepcionante: 1,2% y 1% en 2017 y 2018, respectivamente. Y se queda muy atrás respecto al resto de bloques en vías de desarrollo, que este año crecerán de media un 4,1% liderados, como viene siendo una constante, por Asia.

El organismo comandado por Christine Lagarde —que dejará Washington por Fráncfort, para ponerse al frente del Banco Central Europeo (BCE), a finales de octubre— se detiene sobre varios países de la región, pero solo hace análisis individuales de las dos mayores economías latinoamericanas: Brasil y México. En el primer caso, la proyección es un jarro de agua fría sobre los hombros de su presidente, Jair Bolsonaro, que se enfrenta con la primera revisión a la baja desde que está en el poder. La corrección no es menor: la economía brasileña, según los técnicos del Fondo, cerrará este año con un magro crecimiento del 0,8%, frente al 2,1% que pronosticaba en abril, la rebaja más severa de todos los países analizados. Solo el año que viene el gigante latinoamericano podrá presumir de una expansión económica por encima 2%: del 2,4%. El documento del FMI contiene extractos que dolerán, y mucho, en Brasilia: el prestamista de última instancia a escala global achaca la rebaja en sus previsiones a un sentimiento económico “considerablemente debilitado” como “reflejo de la incertidumbre persistente sobre la aprobación de la reforma de pensiones y de otros cambios estructurales”.

Para México -que en poco más de una semana sabrá si entró en recesión en la primera mitad del año, tras cerrar en rojo el periodo entre enero y marzo- el diagnóstico es igualmente negativo, aunque el recorte en el crecimiento para el ejercicio en curso dista mucho del rejonazo brasileño. De acuerdo con las cifras del Fondo, la economía del país norteamericano crecerá este año un exiguo 0,9%, siete décimas menos de lo que la institución auguraba en primavera, y en 2020 lo hará un 1,9%. En ambos casos, la expansión se queda lejos del objetivo fijado por su presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha prometido por activa y por pasiva -tanto en campaña como después de tomar posesión- que la economía crecerá un 4% anual durante su sexenio.

La tercera economía de la región, Argentina -un país rescatado por el propio Fondo Monetario hace justo un año y donde la inflación permanece disparada-, se contrajo en el primer trimestre de 2019, aunque a una tasa menor que la registrada en el mismo periodo del año pasado, lo que lleva al FMI a revisar ligeramente a la baja para el resto del ejercicio aunque sin aportar datos en esta primera lectura. Para 2020, los economistas del Fondo pronostican que la economía argentina “se recuperará” -registrará tasas positivas-, si bien será de forma “modesta”. En Chile, aunque todavía con su economía -acaso la más sólida de América Latina- en tasas positivas, la revisión también es a la baja, en lo que constituye otro escollo para su presidente, Sebastián Piñera, que puso la revitalización económica como eje central de su campaña y que ha visto mermada su popularidad al no poder conseguir este objetivo en los primeros meses de su segundo mandato.

Sin embargo, la peor parte del pastel se la lleva, como siempre, Venezuela, una economía atenazada por un sistema de fijación de precios desnortado -la inflación sigue desbocada, en cifras inimaginables en cualquier otro país del mundo: 10.000.000% interanual- y a la que el propio Fondo Monetario señala siempre como el peor alumno de la clase global: el país sudamericano cerró 2018 con una caída del PIB del 25% y este año su economía sufrirá una dentellada del 35%. “La profunda crisis humanitaria y su implosión económica continúa teniendo un impacto devastador”, cierran los técnicos del FMI sobre un país, el presidido por Nicolás Maduro, que ya forma parte del triste club de los mayores descalabros de la historia económica global.

El Fondo Monetario Internacional  ha emitido una alerta de que  la turbulencia en los mercados financieros y la caída de los precios de los activos está debilitando la economía mundial, la cual ya de por si atraviesa por problemas debido a la “modestia recuperación” de las economías avanzadas. Las expectativas de crecimiento para China son a la baja, lo cual impaxta en los débiles precios del petróleo y en general disminuye las perspectivas de crecimiento de las economías emergentes y las de bajo ingreso.  Antes de la reunión del G-20 en Shanghái, el FMI pidió a los responsables políticos del G-20 llevar a cabo acciones multilaterales audaces para estimular el crecimiento y limitan el riesgo ¿pero el FMI se pueden preparar para la próxima crisis?

La respuesta de los funcionarios del G-20 fue negativa. El secretario del Tesoro de Estados Unidos Jacob J. Ley trató de amortiguar las expectativas de cualquier actividad gubernamental, advirtiendo "No hay que esperar una respuesta a la crisis en un entorno no-crisis". Del mismo modo, el ministro de Finanzas, Wolfgang Schaeuble de Alemania declaró que "El año fiscal, así como las políticas monetarias han alcanzado sus límites”

El FMI, a continuación, puede ser el "primer nivel de respuesta" en caso de una mayor volatilidad y debilitamiento. La aprobación del cambio en el sistema de cuotas permite al FMI, darles una mayor representatividad a los miembros que aumenten sus recursos financieros.  Christine Lagarde, que acaba de ser reelegida para un segundo mandato, ha expresado que la instauración de nuevos programas de crédito, como la Línea de Crédito Flexible (LCF) y la Línea de Liquidez (PLL), ha fortalecido la red de seguridad mundial. Estos programas permiten que el FMI preste rápidamente a países con políticas sólidas. Pero fuera del FMI, Lagarde afirma que la red de seguridad se ha convertido en "fragmentada y asimétrica." Por lo tanto, se propone, "En lugar de confiar en un sistema fragmentado e incompleto de los acuerdos regionales y bilaterales, necesitamos una red internacional funcionamiento de los instrumentos de precaución que funcione para todos. "

Sin embargo, ¿es la falta de provisión de liquidez el principal problema que enfrentan las naciones de mercados emergentes? El Financial Times cita a Lagarde quien  afirma que toda asistencia a los exportadores de petróleo como Azerbaiyán y Nigeria debe venir sin ningún estigma, estos países  son claramente las víctimas de los choques externos,  pero también es importante entender que los choques externos no siempre son transitorios, y pueden continuar durante largos períodos de tiempo.

Hay muchas razones para esperar que persistan los bajos precios de las materias primas.  Si es así, los gobiernos de los países exportadores de materias primas acostumbrados a mayores ingresos pueden verse obligados a llevar abajo sus planes de gasto. Los niveles de deuda que parecían razonables en un conjunto de precios de exportación pueden llegar a ser insostenibles. En estas circunstancias, los países involucrados pueden enfrentarse a preguntas sobre su solvencia.

¿Pero es el FMI el organismo adecuado para hacer frente a la insolvencia? Los préstamos del FMI en tales circunstancias se han vuelto más comunes. Carmen M. Reinhart, de la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard y Christoph Trebesch de la Universidad de Munich mostraron que alrededor del 40% de los programas del FMI en los años 1990 y 2000 se destinó a países en alguna etapa de incumplimiento o reestructuración de la deuda oficial, a pesar de la política oficial del FMI de que no se prestan a los países en mora. Reinhart y Trebesch atribuyen la prevalencia de la continuación de los préstamos (que ha sido denominado "préstamo reincidente"), en parte, a la tolerancia de la continua falta de pago de la deuda del gobierno.

Más recientemente, la credibilidad del FMI sufrió un golpe debido a su implicación con Grecia y los gobiernos europeos que prestaron a ella en 2010. (Véase Paul Blustein para una cuenta de ese período.) Las directrices del FMI 's para la concesión de "acceso excepcional" para un miembro estipula que ese tipo de préstamo sólo podría llevarse a cabo si la deuda del miembro era sostenible en el mediano plazo. La deuda griega no era clara, por lo que el Fondo justifica sus préstamos con el argumento de que existía un riesgo de "efectos secundarios sistémicos internacionales." Sin embargo, la disposición del FMI a participar en el préstamo de rescate de 2010, sólo retrasa la eventual reestructuración de la deuda griega en 2012.

Reinhart y Trebesch  exponen que la intervención del FMI en deudas crónicas y la financiación del desarrollo, hace que sea más difícil concentrarse en su papel principal el cual es conceder créditos en una crisis de balanza de pagos. Por otra parte, su asociación con casos de insolvencia a largo plazo puede "echar a perder todos sus préstamos." Esto puede explicar la respuesta limitada a los programas de provisión de liquidez del FMI. Sólo Colombia, México y Polonia han mostrado interés en la LCF, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Marruecos en el PLL.

Incluso si el FMI recibe el poder para implementar nuevos programas, por lo tanto, su historial de crédito puede disuadir a los prestatarios potenciales. Este problema se agrava si el FMI trata a los países que necesitan para adaptarse a una nueva economía global como prestatarios temporales que sólo necesitan ayuda hasta que los precios de las materias primas suban. Los días en que las economías de mercados emergentes registran habitualmente altas tasas de crecimiento pueden haber llegado a su fin. Si es así, la reestructuración de la deuda puede llegar a ser un evento más común que debe ser abordado directamente.

En medio de la Crisis Griega extendida a toda la zona Euro, los países de la región buscan una alternativa a la intervención de Instituciones como el Fondo Monetario Internacional, después de hace un año darle su apoyo, tienen razones para desconfiar de las políticas de ajuste estructural, y reclaman que no son medidas recomendables para Europa.

Como alternativa se ve en camino la creación del Fondo Monetario Europeo de esta forma superar los obstáculos para el rescate griego que Alemania y Francia no podrían llevar a cabo por el repudio social. Se vislumbra así un paso más en la regionalización de las instituciones financieras que ocurre simultáneamente en América Latina, Asia y Medio Oriente.

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Latinoamérica se encuentra en una situación económica adversa que Andrew Powell, coordinador del actual informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no duda en llamar "laberinto complicado" hacia el crecimiento en tanto no se logren sortear con éxito los obstáculos internos y externos de carácter económico. A continuación una breve introducción de cada apartado:

Capítulo 2: Los riesgos para la economía global y las consecuencias para América Latina y el Caribe.

El débil desempeño económico en Estados Unidos, Europa, Japón y China es la prueba irrefutable que, a excepción del beneficio mayoritario de la baja en el precio del petróleo para la región Latinoamérica en conjunto, los choques externos son desfavorables y, en consecuencia, la obligación es promocionar programas que incrementen la productividad a nivel interno.

Capítulo 3: Los precios de las materias primas.

Al margen del debate sobre el origen estructural o financiero de la caída en el precio de las materias primas desde el 2011, lo claro es su comportamiento volátil e incierto. Como resultado, tanto los exportadores como los importadores deben optar por coberturas financieras, fondos de estabilización y reformas tributarias.

Capítulo 4: Políticas monetarias divergentes en Estados Unidos y Europa.

Si para Estados Unidos se habla de una lenta pero continua recuperación económica, en el caso de Europa el consenso apunta hacia un franco estancamiento. Tal es el origen de la divergencia en cuanto a política monetaria se refiere: encarecimiento del crédito en América y más relajación monetaria en Europa. El interés de Latinoamérica pasa por la conveniencia de contratar deuda en dólares o euros y el impacto sobre las reservas interncionales.

Capítulo 5: La evolución monetaria y financiera.

La reducción de las reservas internacionales; la política monetaria bajo entorno de inflación creciente y producción menor; las empresas con  problemas de deuda, cobertura, amortización y liquidez; y la reducción del crédito por parte de la banca, hacen imperioso identificar y amortiguar  los riesgos financieros sistémicos.

Capítulo 6: Posiciones fiscales y alternativas de política.

Las bajas tasas de crecimiento del aparato productivo, los menores precios de las materias primas y la resaca de políticas fiscales expansivas implementadas desde 2008 han deteriorado los balances fiscales de la mayoría de los países. La decisión de consolidación fiscal o respuesta contracíclica debe tomar en cuenta la brecha del producto y el déficit gubernamental

Capítulo 7: Los restos macroeconómicos de las políticas sociales.

¿Cómo mantener la racha de mejoramiento de los indicadores sociales impulsada por el cuantioso gasto público a partir de la Gran Recesión? Mejorando la eficiencia al centrarse en la calidad, promover la estabilidad y protección de los ingresos sin distorsionar los incentivos de los trabajadores y, por último, proceder con cautela en relación con la aprobación de compromisos potencialmente costosos e irreversibles.

Capítulo 8: Conclusiones y recomendaciones para las políticas.

La subida de las tasas de interés orquestada por la FED en Estados Unidos, la fragilidad de los balances de las empresas y el sector financiero y, finalmente, la posición fiscal adversa de la región, son los retos a superar en Latinoamérica. La agenda que adopte cada país debe obedecer a sus características específicas.

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Comentarios de Enrique Cornejo, a la conferencia del Dr. Óscar Ugarteche

De acuerdo con Ugarteche:

"se está produciendo, acelerado por la pandemia, un nuevo orden económico internacional"

Introducir un cambio de la dinámica del comercio estadounidense con el mundo y, especialmente, con China, México y Canadá fue una de las más poderosas promesas de campaña que llevó a Trump a la presidencia de EEUU. Sin embargo, hasta el segundo trimestre de su mandato, el tema no se ha resuelto e, incluso, la postura no se ha definido por completo, no obstante, su postura antiglobalizadora-unilateral “América First”.

A medida que la globalización, la apertura de mercado y el encadenamiento internacional de la producción se han intensificado, desde 1980, la competencia de las empresas transnacionales se ha convertido en la competencia de las economías nacionales. Con sus inmensos capitales, la movilidad y flexibilidad de sus procesos de producción, son las empresas trasnacionales las que poseen la fuerza política y económica de crear empleos, impulsar mercados, formar capital y generar crecimiento en economías nacionales y determinar las relaciones entre los países, y no a la inversa. Es por ello, que pese al sufrido 0.7% de crecimiento del PIB de EEUU del primer cuarto del año, se espera, para el segundo trimestre, un repunte del crecimiento a un ritmo anual del 3.9%.

¿Por qué ha mantenido EEUU, desde la década de los ochenta, un creciente déficit comercial con el resto del mundo? El déficit externo se ha convertido en una constante de su política económica, lo cual implica inyectar dólares al resto del mundo y depreciar el valor de su moneda. Este fenómeno resulta en una creciente exportación de capitales productivos (IED) y flujos de corto plazo hacia países con mayor desregulación laboral y menores costos de producción, así como juegos de arbitraje en los mercados de valores, en los cambiarios y en los mercados de commodities. De otro lado, las cadenas globales de valor fruto de la IED resultan para Estados Unidos en un aumento en la importación de bienes y servicios comparativamente más baratos y mejores, incluidos los bienes intermedios.  Por estas razones tienen esos inmensos déficits desde los años 80. Pero las razones de Estado no son las razones de las trasnacionales.

El Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994 entre EEUU, Canadá y México, ofreció a EEUU y a sus empresas transnacionales la capacidad de deslocalizar la producción y construir cadenas globales de valor subregionales, así llamadas líneas de producción compartidas. El TLCAN, según Trump, ha sido el culpable de la desindustrialización, el creciente desempleo y los bajos salarios estadounidenses. No toma en cuenta que se firmó para beneficio de las trasnacionales estadounidenses y en perjuicio de la industria y agro mexicanos; la consecuencia ha sido la migración masiva del campo mexicano hacia EEUU a partir de entonces.

El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, publicado en abril de 2017, mostró un incremento en el número de empleos de 211,000 y una reducción de la tasa de desempleo a 4.4% de las PEA. Mostró igualmente que los salarios promedio por hora aumentaron en 65 centavos en el mismo periodo. Debemos recordar que hay una reducción de la oferta laboral, en parte, por la creciente detención de migrantes a partir de enero y por las constantes amenazas de la construcción de un muro fronterizo que divide mercados laborales contiguos. Es decir, con menos oferta laboral y la misma demanda el impacto real del crecimiento salarial es de 0.03% en el periodo abril 2016 a abril 2017. Éste será el flanco débil de Trump.

La política estadounidense para reactivar la economía y recuperar el nivel de empleo se propone mediante el aumento del gasto público en infraestructura y defensa mientras se restringe la movilidad laboral. Sin embargo, esta política puede tener un efecto contrario y estimular la fuga de empresas al exterior. La medida clave de compensación a las empresas por el alza salarial es la propuesta de Trump de reducir la tasa de los impuestos a las utilidades corporativas del 35% al 15%. Su política fiscal pretende reactivar el crecimiento y aumentar la competitividad de las empresas, aunque disminuye ingresos fiscales lo que compensa con el desmantelamiento de los servicios sociales. Es una política de concentración del ingreso muy marcada.

Una política adicional para impulsar el crecimiento económico y el empleo es el cambio en los términos del TLCAN. Este tendrá consecuencias sobre todos los países que tengan acuerdos de libre comercio con EEUU, que son: Colombia, Perú y Chile, Centroamérica y República Dominicana. Donald Trump, después de calificar al TLCAN como desastroso para su país, iniciará las renegociaciones formales del acuerdo comercial con sus socios México y Canadá en agosto de 2017. De acuerdo con el representante comercial de EEUU Robert Lighthizer, los principales términos a renegociar serán: comercio digital, propiedad intelectual, medio ambiente, asuntos laborales y una cláusula del tipo de cambio. Previsiblemente no hay nada referente a los impuestos fronterizos ni a las remesas. Las empresas ya le hicieron saber que eso no se toca. Lo más peligroso es congelar los tipos de cambio y dolarizar la región como desean.

De esta manera, más que una renegociación del TLCAN, lo que se vislumbra son adiciones a la estructura original del tratado, en la que se reproducirá la misma estructura subordinada para México y Canadá. Sin embargo, el discurso proteccionista de Trump sí le abre la posibilidad a México, y a toda América Latina, de repensar la estructura de su base productiva y sus relaciones económicas internacionales. Brinda la oportunidad también para mirar cuán subordinado está el aparato político a la voluntad transnacional y la estructura económica nacional a la producción internacional y el mercado mundial y quizás reaccionar frente a esto.

[1] Oscar Ugarteche, Investigador titular Instituto Investigaciones Económicas UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador Proyecto Obela

Myrsia Eliany Sánchez, proyecto Obela

Armando Negrete, webmaster proyecto Obela

Este artículo analiza dos instrumentos que varias naciones asiáticas han formalizado para colaborar en cuestiones económicas y de seguridad: el RCEP y la OCS. Los instrumentos de integración regional sirven como plataforma organizativa para establecer y alcanzar objetivos comunitarios. El caso de China destaca porque participa en ambos acuerdos, lo que le permite beneficiarse y ejercer influencia en ambos. 

Las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional comenzaron en 2012, impulsadas principalmente por China y la ASEAN, en el contexto de la creciente competencia estratégica con EE.UU., y fue firmada en noviembre de 2020 por 15 naciones asiática[i] (ver nota 1). Entró en funcionamiento en enero de 2022 como el mayor bloque comercial del mundo por PIB en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), con sus 15 países miembros representando un PIB de 51,02 billones de USD en 2022 (gráfico 1), superior a los 49,19 billones de USD del G7 en términos de PPA. Según las estimaciones de la ASEAN, este bloque comercial concentra el 30% de la población mundial, con 2.200 millones de habitantes.

Gráfico 1. Fuente: OBELA con datos del FMI

El acuerdo aumenta la liberalización del comercio de servicios, establece normas de origen comunes y fija compromisos en materia de contratación pública para desarrollar mercados abiertos y competitivos. Sin embargo, la pieza central son las concesiones arancelarias, en concreto, la eliminación gradual del 90% de los aranceles dentro del bloque en 20 años.
 Una de las principales razones del gigante asiático para impulsar el macroacuerdo fue que la Administración Obama presentó, en noviembre de 2008, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Desde entonces, EE.UU. se retiró y comenzó algo nuevo y más pequeño. Para China, representa una oportunidad de reforzar su comercio con la ASEAN, que sustituyó a la UE como su principal socio comercial en 2020.

El RCEP no representa un cambio radical para la ASEAN, puesto que ya tiene acuerdos comerciales bilaterales con todos los miembros del acuerdo. Aun así, aumenta la interrelación entre China y la ASEAN con normas y reglamentos adicionales. Es el primer acuerdo comercial global que incluye a China, Corea del Sur y Japón (los tres de Asean +3) y fomentará la competencia y la cooperación (coopetición) entre ellos. La ausencia de India en el acuerdo se debe al temor a una mayor entrada de productos chinos baratos en su mercado, unido a la política proteccionista y de autosuficiencia económica de Narendra Modi. La falta de participación de Estados Unidos e India en el acuerdo abre el camino a una gran proyección comercial regional. 

Otro instrumento de integración en Asia es la Organización de Cooperación de Shanghai o OCS; una agrupación regional centrada en la seguridad colectiva de sus miembros. El acuerdo fue firmado en junio de 2001 por Uzbekistán y el "Grupo de los Cinco"[ii] (véase la nota 2). En la actualidad, la OCS cuenta con ocho miembros permanentes, el 44% de la población mundial y abarca el 25% de la superficie terrestre del planeta. En términos de PIB, en PPA, cuenta con 48,91 billones de dólares, siendo China, India y Rusia sus mayores economías (figura 1).

El grupo de Shanghái propuso reforzar la seguridad regional combatiendo los "tres ejes del mal": el terrorismo, el extremismo (principalmente religioso) y el separatismo; en ocasiones, la lucha contra el narcotráfico es un eje adicional. Cabe señalar que la OCS no es exclusivamente militar; también cuenta con un programa de cooperación multilateral y económica, firmado en 2003, que establece medidas para lograr la libre circulación de bienes, servicios, personas, capitales y tecnología en un plazo de 20 años.

La dinámica de la OCS sigue una pauta de nuevo regionalismo para potencias emergentes, diferente del modelo supranacional de la UE. Los principios básicos de la OCS son "soberanía, confianza mutua y beneficio mutuo" para lograr la seguridad y el desarrollo regionales. Los miembros no definen su acuerdo como una alianza o bloque militar con fines ofensivos contra un tercero, además de carecer de una fuerza armada conjunta, elemento que sí tiene la OTAN en su parte occidental. 

En la OCS prevalecen los intereses chinos y rusos en materia económica y de seguridad. El dragón asiático utiliza este foro para desplegar proyectos de infraestructuras, generalmente sobre la Nueva Ruta de la Seda, como corredores ferroviarios, puertos y carreteras. Mientras, Rusia está interesada en asegurar el suministro energético a varios países asiáticos a través de sus redes de gasoductos y oleoductos. Rusia y China desean contar con aliados militares para coordinar operaciones conjuntas, especialmente contra grupos separatistas o terroristas, proteger infraestructuras críticas y promover el intercambio de inteligencia.

China es miembro conjunto tanto de la OCS como de la RCEP. En la primera, el liderazgo de China en términos militares es compartido con Rusia, ya que ambas cuentan con numerosos ejércitos y fuerzas nucleares. Pero económicamente, China prevalece, con su volumen comercial complementado por la Ruta de la Seda y la estrecha relación China-ASEAN. Aun así, la competencia con la ASEAN, Japón y Corea del Sur contrarresta su influencia política y económica.

Esta combinación de OCS más RCEP es un claro contrapunto a los pesos occidentales que asiste a un rediseño bipolar Este-Oeste donde el G7 y la OTAN están al otro lado. La división actual no es ideológica (liberales-iliberales) o religiosa (cristianos-musulmanes) sino de poder económico, diplomático, militar y tecnológico. China puede hoy remodelar el orden internacional, y la mayoría de los países no deberían alinearse con ninguno de los dos polos, en el espíritu de Bandung, para ganar cierta autonomía y beneficiarse de ambas partes.

El agotamiento del modelo de neo-extractivismo en Venezuela: causas económicas y sus implicancias globales es parte de la publicación de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe del número 47 (enero-junio 2018).

Dicha publicación estuvo centrada en un análisis a Venezuela. El apartado se analiza a Venezuela desde la perspectiva de la dependencia de la renta petrolera. En el primer apartado se aborda el neo-extractivismo bolivariano como modelo de desarrollo.

Además, se lleva a cabo una radiografía de la crisis en el apartado segundo y en el tercero el impacto de la situación venezolana en el entorno global.

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Los latinoamericanos están cada vez menos satisfechos con la salud de sus democracias y, lo que es peor, también creen menos en ella como la mejor forma de gobierno. Según el último Latinobarómetro, una prestigiosa encuesta regional que analiza 20.000 entrevistas realizadas en 18 países, el respaldo ha caído desde el 54% en 2016 al 53% este año, la quinta bajada consecutiva desde 2010, cuando se alcanzó un pico de 61%. El informe concluye que el declive de la democracia es lento e invisible “como la diabetes”. “Hay países que no son enfermos terminales, pero padecen una diabetes democrática generalizada. No ves el mal, no hay síntomas que llamen la atención, pero si no la tratas termina matándote”, dice la chilena Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, durante la presentación del informe 2017 en la sede del BID en Buenos Aires.

Este año, la encuesta se atrasó por la crisis en Venezuela. Lagos celebra la oportunidad de analizar un país “cuando está la fiebre alta”, pero advierte que la situación en Caracas “le ha hecho muy mal a la región por los problemas que oculta en otros países”. “Desde 2010 el apoyo a la democracia ha caído ocho puntos en promedio y aumentaron los indiferentes del 23% al 25% sólo en un año. La gente se aleja de los gobiernos y de las ideologías. También vemos una tremenda variación regional, porque tenemos 18 países, no una región homogénea”, dice Lagos.

Entre los ciudadanos que menos apoyan la democracia como sistema de gobierno están los brasileños (43%)y los mexicanos (38%). Al tope del listado, pero por la positiva, los venezolanos, con un 78% de apoyo. ¿Cómo se explica esto? “Entendemos que es una cuestión aspiracional. Los venezolanos están en crisis pero defienden a la democracia como la mejor opción”, explica Lagos. Cuando se trata de opinar sobre la salud del sistema actual las cifras se invierten: solo el 22% de los venezolanos se declara “muy satisfecho” o “más bien satisfecho” con la situación política y social.

Deterioro de Venezuela

La curva de satisfacción de los venezolanos no ha dejado de caer 2010, cuando alcanzó el 57% de opiniones positivas, pero, pese a lo que pueda creerse, Venezuela es más optimista que Brasil y México. Este año, sólo el 13% de los brasileños se declararon satisfechos, en línea con los mexicanos, que apenas llegaron al 18%.

Sólo en tres países están satisfechos con su democracia: Uruguay (57%), Nicaragua(52%) y Ecuador (51%). Argentina se encuentra quinta después de Costa Rica, con un 38%. Pero “vistos en conjunto, los indicadores revelan el deterioro sistemático y creciente de las democracias de la región. Los gobiernos sufren la misma suerte, cada año los latinoamericanos los aprueban menos. Lo que hoy es el promedio antes era el mínimo. No se observan indicadores de consolidación, sino, acaso, indicadores de des-consolidación”, advierte el estudio. La desconfianza en el gobierno alcanza al 92% de los brasileños y al 85% de los mexicanos.

El informe destaca un escenario que, a simple vista, puede parecer contradictorio: la caída de los indicadores políticos y sociales coincide con una subida generalizada de los económicos. El 54% de los latinoamericanos dijeron a los encuestadores de Latinobarómetro que su dinero les alcanza para llegar a fin de mes, dos puntos más que en 2016. Al tope se encuentran los brasileños, con el 68%, y en el último escalón los venezolanos, con el 21%. La conclusión del estudio es que hay “una disociación entre dos mundos, el mundo de la economía, y el mundo del poder político”. “La economía va bien para un lado y la democracia va para otro. No hay relación entre ellas, porque si bien hay una mitad de la población que se benefició, hay otra que está mirando. La región es bipolar: hay éxito económico y pobreza, lo económico avanza y los valores caen para abajo”, dice Lagos, para quien hoy, más que nunca, “la democracia no tiene que ver con la economía”.

El ascenso del yuan como moneda de reserva internacional

El 23 de marzo del 2009,  en el fondo de la crisis financiera mundial y apenas cinco días después de anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos anunciando la compra de un primer tramo de bonos del Tesoro como parte de su programa de rescate, el gobernador del Banco Popular de China (BPC), Zhou Xiaochuan, expuso una cautelosa propuesta para la reforma al sistema monetario internacional.  La pieza central de la propuesta fue la creación de una nueva moneda de reserva internacional, que naciera de forma soberana y estuviera desligada de aquellos países que basaran  su divisa en el crédito, cuidando no mencionar a Estados Unidos.

Como primer paso el Gobernador del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan sugirió el uso de los derechos especiales de giro del FMI, mismos que podrían ser utilizados como activo de reserva, para realizar transacciones financieras  y para liquidación en el comercio internacional. Con el tiempo, los DEG podrían transitar de su configuración actual a una que fuera respaldada por activos reales y sirviera como un fondo de reserva de unidades de cuenta. La propuesta fue motivada en gran parte por las  grandes pérdidas de capital del Banco Popular de China, por las enormes reservas en dólares y por la inestabilidad financiera que trajo consigo la crisis.

La propuesta fue cordialmente aceptada pero poco a poco se fue desvaneciendo.

Decidido a superar su situación de gestión de reservas, y de igual modo contribuir en la creación de un sistema monetario internacional más diversificado, más líquido y menos volátil, el gobernador Zhou eligió otra opción: internacionalizar el yuan haciéndolo utilizable como la facturación y liquidación para el comercio internacional y las transacciones financieras. Esto era un gran paso para la apertura de capitales, suponía un yuan totalmente convertible que posteriormente asumiría un papel como moneda de reserva en el orden monetario internacional, de esta forma disminuiría la necesidad de adquirir dólares y se reducirían los riesgos por tipo de cambio.

Cuatro meses después de haberse establecido el comercio transfronterizo entre China Continental y Hong Kong que hizo posible comerciar en yuanes, se emprendió un programa piloto con el fin de internacionalizar la divisa y emprender una integración financiera global. Como primer paso el yuan seria probado como unidad de cuenta para transacciones internacionales lo que permitiría al mismo circular fuera de China continental. Como segundo paso, se busco que la divisa se expandiera y pudiera estar disponible para los mercados nacientes, principalmente del pacifico, para posteriormente probar su comportamiento en las inversiones. Para 2010 se les permitió a las entidades extranjeras financieras y no financieras invertir en bonos emitidos en yuanes los cuales fueron denominados “dim sum”.

A finales del 2011, la tercera etapa se inauguró con el establecimiento de empresas en Hong Kong y permitiendo la entrada de inversión extranjera a los mercados de capitales a través del programa de inversores institucionales extranjeros calificados. Estas medidas de liberalización en el mercado de capitales se aceleraron rápidamente. En noviembre del 2014 nace el programa stock connect, con el cual las bolsas de Shanghai y Hong Kong quedan conectadas. En diciembre del 2015, Corea del Sur emite los denominados “bonos panda”, los bonos son emitidos en yuanes con lo que se convierte en el primer gobierno soberano en vender bonos en moneda China.

El proceso de internacionalización se ha llevado a buen ritmo y adicionalmente se emprendieron  iniciativas de profundización financiera de largo alcance. En agosto del 2015, como parte de la reforma al tipo de cambio, China transitó a un régimen de flotación administrada más susceptible a las señales de precios en dos vías. El tipo de cambio quedaría compuesto por una cesta ponderada de 13 monedas guiando al yuan a una valorización en el mercado de divisas. A finales de octubredel 2015, como parte de una liberalización igualmente notable de las tasas de interés, el techo de las tasas de los depósitos en los bancos comerciales y de crédito rural fue eliminado.

Por último, en octubre del  2015 un nuevo Sistema de Pagos Interbancarios transfronterizo, que conecta a los usuarios globales del yuan bajo un mismo paraguas y proporciona una plataforma optimizada para la liquidación de pagos fue puesto en marcha. Con el tiempo el sistema adquirirá su propia línea de comunicación y tendrá la capacidad de operar de forma independiente, lo que será una pieza importante en el rompecabezas debido a la falta de infraestructura del mercado,  que impedía a los inversionistas institucionales de Asia liquidar sus pagos denominados en moneda local el mismo día de la operación, aliviando los problemas de dependencia de la llamada tercera zona horaria.

El 30 de noviembre de 2015, después del rechazo a la propuesta encaminada a crear una nueva moneda de reserva internacional, el FMI decidió  incluir formalmente el yuan como una de las cinco monedas fuertes en su cesta del DEG.

El camino que el yuan tiene por recorrer es complicado y tiene que ir escalando peldaños, es difícil decir que en el corto plazo pueda sustituir al dólar, sin embargo bien podría establecerse como alternativa y poco a poco ganar protagonismo en los próximos años.

El Panorama Económico Mundial del FMI apareció el 12 de octubre y el informe de la economía de China el 24. Ambos son informes que dan malas noticias. Sin embargo, el del FMI da malas noticias para unos, pero no para todos lo que en un entorno global adverso parece poco realista. La dependencia de los bancos centrales occidentales de la tasa de interés del FED es una realidad en un mundo de balanzas de pagos abiertas y mercados financieros desregulados. Cuando el FED mueve la tasa de interés, se mueven todos los bancos centrales en la misma dirección o el tipo de cambio sufre la consecuencia. La razón es que los capitales de corto plazo; depósitos de toda la noche; 24, 48, 72 horas, una semana; que ingresan a un país por el diferencial de tasas de interés con EEUU, salen cuando el diferencial se achica. El mejor ejemplo fue el Banco Central Europeo que decidió no subir su tasa de interés porque estaban creciendo poco y ante la subida del FED, se cayó 23% el valor del euro de 1,23 por dólar a 1, en los últimos meses del 2022.Otros elementos también jugaron como la recesión europea derivada del problema de la energía. Las proyecciones sin embargo colocan a Europa con tasas de crecimiento de 3% para el 2022 lo que no es realista. Estados Unidos con dos trimestres de crecimiento negativo, aparece con proyecciones de crecimiento desproporcionadamente altas de 1.6%. Quizás el beneficio de la guerra en Ucrania sobre la economía de Estados Unidos aparezca en los dos últimos trimestres, pero los dos primeros fueron negativos y no hay razón para pensar otra cosa para el resto de año.

China de su parte, anunció el 24 de octubre que se crecimiento anualizado de octubre a octubre es 3.9% (debajo del 5.5% deseado) y se anticipa que acabe el año con un crecimiento de 3.5%. El crecimiento está arrastrado hacia arriba por la venta de automóviles centrados en eléctricos e híbridos enchufables lo que le da un dinamismo desde una nueva base de acumulación de capital con nueva tecnología versus el oeste. La fabricación de automóviles aumentó 24%, entre setiembre del 2021 y setiembre del 22 derivada de la prosperidad personal creciente. No serían las exportaciones de China sino su consumo interno de automóviles lo que arrastra el crecimiento de dicha economía cuyas exportaciones apenas crecieron 5% entre esos doce meses.

En vista del auge de la industria automovilística, el 1 de enero de 2022, China anunció la eliminación de límites de propiedad empresas automotrices, permitiendo 100% de propiedad de inversión extranjera directa en este sector. Según The Manufacturer, portal chino, la industria automotriz se encuentra entre aquellas donde los inversores extranjeros pueden recibir ventajas como exenciones de derechos de aduana para los equipos importados para uso propio, y un impuesto sobre la renta de las empresas del 15%. Las inversiones cualificadas disfrutarán de un suministro prioritario de terrenos, además de un descuento de hasta el 30% por debajo del precio mínimo obligatorio para los derechos de uso del suelo concedidos. El objetivo es impulsar las exportaciones de vehículos de marca extranjera fabricados en China (Ford Motors, GM, BMW, Honda y Tesla). Es decir que la dinamización de la economía China futura será sobre una base de la nueva industria automotriz China y extranjera sumada básicamente para mercado interno, pero también para exportación.

El problema de las marcas extranjeras dentro de China es que sus nuevos vehículos eléctricos se han diseñado y desarrollado pensando en los mercados estadounidense y europeo, centrándose en rendimiento mientras que dentro de China son la tecnología y los vehículos inteligentes lo que jala. Para atajar esto la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos continua con su guerra comercial y anunció el 7 de octubre que está llevando a cabo una serie de actualizaciones específicas de sus controles de exportación de microchips específicos.

Mientras tanto las proyecciones de crecimiento de América latina son previsiblemente malas, pero seguramente resultarán peores de lo proyectado. México está atado a Estados Unidos cuya recesión ya está en curso. Toda la Cuenca del Caribe sufre de esta atadura donde el 80% del comercio es con el vecino del norte. Esta zona por tanto no crecerá casi nada. Sudamérica puede tener mejor suerte más relacionada con China. El problema es no si los volúmenes van a ser mejores o no, sino si los precios se van a mantener. Todo indica que el alza de la tasa de interés deprime precios de commodities por efecto de cartera. A la inversa también es cierto. El auge de los dos últimos años fue la baja y la inyección de liquidez del 2020. Ahora que estamos en la dinámica inversa, debería de ocurrir lo mismo con precios. Esta vez, incluso el oro, antes valor de reserva, cayó. Se tornó en un bien industrial y dejó de ser metal de reserva. Cayó el precio de la plata, del platino, y el cobre, por mencionar los mas importantes para Sudamérica. Todos los precios de los minerales siguen muy por encima de donde estaban antes de marzo del 2020 y de la masiva inyección de liquidez (20% del PIB) de parte del FED, que ahora se retira. El volumen es posible que se mantenga. El panorama del 2022 pinta oscuro y el del 2023 pinta para peor.

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The path to power in Brazil.

Brazilian politics at the crossroads trhough the 2018 presidential election.

Brazil is in the midst of an impeachment trial, a serious financial crisis, and a corruption investigation that threatens to bring down even more of the country’s top leaders. In 2018, Brazil will conduct presidential elections that are likely to mark one of the most uncertain political moments in the last few decades. Shaken by recurrent scandals, Brazil’s political parties have lost credibility. At the same time, those in power today are fiercely trying to reposition themselves to maintain their status. Brazil is at a crossroads: it must either reinvent its political forces or deepen the fragmentation contributing to an unprecedented crisis in modern Brasília.

The country will face troubled times until its next election. After the initial impeachment proceedings against President Dilma Rousseff (PT—Worker’s Party), the interim government that took office in May 2016 will have to work hard to preserve its fragile coalition. Rousseff’s impeachment will likely be confirmed by the Senate in August. This will strengthen interim President Michel Temer’s position in relation to Congress, but he must carefully maneuver among political coalitions to get the necessary structural reforms approved. At the same time, Operation Car Wash—a corruption investigation involving politicians, construction companies, and the state oil company Petrobras—will continue implicating top politicians and complicating calculations about the country’s future for the coming months.

Questions about the course of Brazilian politics will inevitably intensify as the corruption investigation produces almost daily twists. After the traumatic interruption of the Workers’ Party mandate and its fourteen-year rule, what will be the fate of the country’s Left? Can Michel Temer’s Brazilian Democratic Movement Party (PMDB) and the Brazilian Social Democracy Party (PSDB), which is the Workers’ Party (PT) main opposition, forge an alliance for the next two years and beyond? How far will a new wave of social conservatism reach? Will the expected but gradual improvement in the economy ease popular pressure against the country’s leaders, or will a deep political reform be necessary? And finally, are there any viable alternatives to the traditional ruling class?

Political forces: perspectives after the crisis.

With the recent shocks that the Operation Car Wash investigation has dealt politicians of various parties, Brazil’s characteristic political fragmentation and the consequent instability of party alliances will almost certainly deepen. The country’s three main political parties—PT, PMDB, and PSDB—will emerge weakened, which can make way for other smaller and potentially volatile parties with less strategic coherence. With so many uncertainties, drawing up a multiyear plan to win the presidential election in 2018 will not be an easy task.1

In the past few years, Brazil’s major political power, the Workers’ Party, has endured a long period of uncertainty and disgrace. This began with the “Mensalão” scandal in 2005, 2 and deepened enormously starting in 2014, with Operation Car Wash. The discovery of these corruption schemes tainted the political novelty once enjoyed by the PT during Luiz Inácio Lula da Silva’s administration (2003-2010). The Workers’ Party was completely centered on Lula and the magnitude of the party’s troubles played down his administration’s social achievements—especially the fight against poverty—which was one of the PT’s proudest feats.

But though the Workers’ Party is in a weakened state, it will continue to be a major political force in the country. Although it has lost the support of much of the middle class (who used to favor Lula’s government), the Workers’ Party still has strong links with trade unions, civil servants, and various social movements. For the time being, Lula has the lead in the 2018 election polls, with approximately 20 percent of the votes. It is important to take into account that this is the worst crisis the Workers’ Party has faced since Brazil’s transition to democracy. A 20 percent lead in the polls is remarkable and is largely due to Lula’s persona, as he is considered a strong leader for those from the Left. It also reflects the weakness of other national politicians.

Other left-wing players such as the Party of Socialism and Freedom (PSOL) and United Workers’ Social Party (PSTU) will continue to jockey for political position. Although these parties have not been directly affected by the Operation Car Wash scandal, public opinion and support networks in various social movements still consider them as minor players on Brazil’s political stage.

Meanwhile, the PMDB and PSDB will each have a hard time reorganizing themselves in the post- impeachment period, as both lack strong leadership. In addition, it’s expected that Operation Car Wash will reach some of the most important names in both parties, which will limit the choices for candidates on a 2018 presidential ticket.

The PMDB and the PSDB are also struggling to develop support beyond just their opposition to the Workers’ Party. Even though both parties backed recent protests against the Workers’ Party, the center- right’s market-based policies—especially in the economic field– tend to win them little support in the country. Indeed, not even a majority of business leaders tend to support very pro-market policies.

With Temer, the PMDB intends to push market-based reforms, particularly those for social security (the main proposal for this reform would be to increase minimum retirement ages). However, the PMDB’s impetus for putting forward these reforms is to slow down the recession, not to promote an excessively market-based ideology. On the other hand, an important section of the PSDB defends these market- based views on ideological grounds.

Regardless of intentions, voters will see these reforms as a shift to the right promoted by the PMDB. The big question here is whether voters will condone this shift in light of the current crisis. Until impeachment proceedings are finalized—in other words, while Temer’s adminstration is still provisional—the interim president has two main priorities: a fiscal adjustment for the economy; and for politics, maintaining his significant block of support in Congress. The content of Temer’s plan does not differ substantially from the previous administration’s program; however, Dilma Rousseff was unable to win sufficient support from lawmakers to get her policies approved.

Only after the Senate confirms Temer’s mandate will his real administration emerge. It is expected that he will then alter his Cabinet and launch an aggressive infrastructure package (changing the role of state-owned companies such as BNDS, Eletrobrás, Petrobras, in addition to concession and privatization models). He is also expected to raise taxes and restructure social security, increasing the minimum retirement age. Additionally, Temer will try to make Brazilian labor laws more flexible. His policies will tend to be more market-based and similar to the administration of Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 1995-2002).

Assuming these initiatives are undertaken, they will certainly impact the 2018 election and will be a test for what type of government Brazil wants: pro-market or interventionist. If the economy doesn’t respond quickly to Temer’s policies, his entire support group—PMDB, PSDB and parties such as the Brazilian Labor Party (PTB), Democratas, etc—will be shaken as they enter the presidential race.

Traditionally, the PMDB has not put forth its own presidential candidate, choosing instead to join coalitions with other groups. But recently, speculation about a PMDB presidential candidate has surfaced. It is unlikely that Michel Temer would be considered for the ticket. However, if his government is able to refuel significant economic growth and contain the political and social crisis, it may help set up the candidacy of Temer’s finance minister, Henrique Meirelles.

It is also expected that the PSDB will pick a candidate and try to win back its traditional place as the major political opposition party to the PT, as in the Lula-Dilma administrations. The biggest question is how the PSDB will produce a meaningful candidate in the next year and a half, especially taking into account internal divisions, which are likely to deepen with the current crisis. It has been suggested that Aécio Neves—who was a candidate in 2014—will soon be implicated in Operation Car Wash. But Geraldo Alckmin—Governor of the state of São Paulo and Lula’s second round opponent in the 2006 presidential elections—has a better chance to lead a ticket in 2018.

There is yet another group, more vocal and more media-savvy than the traditional parties, that has been gaining ground in the political game: the new conservatives. As a response to the more progressive movement’s concern with social issues and minority rights, some evangelical leaders, former police officers and chiefs, former mid-level military officers, and others have sought to foster policies that are mainly linked to fighting crime, family values, and gender issues. But without a clear economic agenda, these conservatives are more focused on challenging the left’s role in defending civil rights and individual freedoms than on issues related to the country's development.

This conservative wave will increasingly influence the national and regional legislative powers, but the chances for their representatives to gain significant power in the executive are slim. In any case, due to the political fragmentation in Brazil and the instability of national political coalitions, the smaller and more conservative parties will have more sway than apparent in the mere number of seats won in Congress. And in 2018, this influence is likely to grow even more.

Finally, new political forces with fresh profiles and new proposals are emerging in the political spectrum. This change is taking place not only among the urban middle classes—especially younger voters—but also with those linked to environmental issues, as well as certain business groups. These initiatives and their proponents have been gaining ground since 2013, due to their position against the corruption scandals and as an alternative to traditional politicians.

One of the main forces gaining with this type of initiative is former presidential candidate Marina Silva and her newly created party, Sustainability Network (REDE). Silva is a dissident of the Workers’ Party and has a long history with environmentalists both in her home state—Acre—and in the industry’s major non-governmental organizations. She was one of the few national political figures whose popularity rose after the street demonstrations that shook Brazil in 2013. 3

Silva remains an important electoral force and has, for now, threatened Lula's leadership in the polls for the 2018 race. In 2014, she was a serious presidential contender but lost her edge by failing to convince voters of her experience in the economic field. She is a likely candidate for the 2018 elections and remains an alternative to the PT-PSDB party cycles for the Brazilian presidency. But more importantly, not a single member of Silva’s party has been seriously involved in the “Mensalão” or Operation Car Wash scandals thus far.

Street demonstrations, beginning with those that swept Brazil in 2013, signal a search for clear alternatives in the upcoming election, even with the creation of the Sustainability Network party. According to surveys, the demographic that would likely support the Sustainability Network did not participate in either pro- or anti-impeachment demonstrations. Some of these groups defended the need for new elections and political reform. They did not view the impeachment proceedings as sufficient to alter the pattern of Brazilian politics. Winning this part of the electorate will be essential for whomever wants to take the 2018 election.

The economy and operation car wash: foundation for 2018.

A year and a half into Michel Temer’s interim administration, Brazil will endure one of the most decisive elections in its democratic history. The country will be offered the chance to renew a political class devastated by corruption or, alternatively, to keep its current bankrupt power structure in place. Given the current situation, the most likely outcome is a limited regeneration, with names that present themselves as new and alternative but that are, in fact, still supported by the traditional political foundations.

In 2018, candidacies and election results will depend on two main factors: the country’s economic climate and the effects of Operation Car Wash.

It is the country’s economic situation that has created more shifts in both public opinion and among Brazil’s elite. It is unlikely that the economy will recover extensively by 2018. But it is entirely possible that a partial recovery of investments and unemployment will occur, together with a drop in inflation and interest rates. 4 The country is expected to reach 2018 with small but positive growth in the economy, and therefore social tensions, stemming from unemployment and inflation, are expected to ease.

As far as Operation Car Wash, its consequences are already reverberating in the PT’s political base and particularly for its leadership: Lula da Silva and Dilma Rousseff. But the investigations into the scandal have not yet shown all of their force inside the PMDB and PSDB. The federal judge responsible for the investigations, Sergio Moro, has indicated that he will make key rulings and close the investigations by December 2016. But even if this occurs, the consequences will continue to be felt in 2017 and 2018.

Several leaders of the PMDB 5 are formal suspects and might be indicted in the coming months and years. However, it is expected that damage to the PMDB will be less severe than for the Workers’ Party. Unlike the Workers’ Party, whose appearance of ethical behavior was shattered by these corruption scandals, the PMDB has previously been tainted by similar corruption allegations and convictions, and so there would be no element of surprise or shock with new charges. In addition, the PMDB is not centered on a single, strong figure such as the PT’s Lula. Therefore, accusations against PMDB leaders are less contagious for its other members.

For the PSDB, it will be different. The party is, in this sense, more similar to the Workers’ Party than the PMDB. The reputation of its well-respected former President Fernando Henrique Cardoso, along with the anti-corruption rhetoric emphasized in public by several leaders of the PSDB, gives the electoral base the image of a party unlikely to be involved in corruption or influence peddling. If the Operation Car Wash proceedings manage to reach one or more of the PSDB’s heavy-weights, particularly its former candidate for the presidency, Aécio Neves, the damage to the party’s image would be all the more significant for the element of the unexpected.

In any case, the Operation Car Wash scandal will not destroy the current political structure in Brazil (as was the case with Operation Clean Hands in Italy). Not all defendants are expected to serve jail sentences. Brazil’s Federal Supreme Court has been managing the crisis, and the Court does not have an incendiary public profile. Although the Federal Supreme Court has shown a firm hand in the proceedings, it’s expected to act as a “moderating power,” preventing the investigations from fueling an implosion of the country’s political system, and even ensuring that conditions are met for the stability of the government.

Who will win and who will lose in 2018.

The 2018 elections will most likely see the vote split between a new candidate, who will be expected to bring the moderate left and voters demanding renewal together, and a second candidate, who will have stronger ties to the center-right and its political orthodoxy.

In the first camp, a possible Marina Silva ticket in the 2018 race would most likely become a favorite, as long as the two central problems with her candidacy are resolved: an alliance with a strong name in the economic field to bring substance to fiscal policies, and the professional development of her party, REDE, to create a strong base of support. Even without a clear economic policy, Marina is still viewed as the alternative candidate to traditional politicians, and she attracts voters in the moderate-left, who were stranded after the fall of the Workers’ Party. However, if she is declared the winner, she will suffer from the lack of REDE representatives in Congress, hindering her ability to govern.

Marina Silva’s main opponent will most likely be a representative from the center-right. Two possible names have emerged as candidates well-positioned to be on the 2018 presidential ticket: the Governor of São Paulo Geraldo Alckmin, from the PSDB; and the finance minister, Henrique Meirelles, the potential candidate for the PMDB.

Today, the PSDB is profoundly divided, due to several issues including its support of the Temer administration. Its most relevant candidates on the national level are former presidential candidate Aécio Neves, 6 Foreign Relations Minister José Serra, and São Paulo Governor Geraldo Alckmin. Current projections, however, are that both Neves and Serra may be more directly involved in the Operation Car Wash investigations than previously thought, 7 which would leave Alckmin as the most viable candidate for the party. Despite a controversial administration in São Paulo, the governor pleases most conservative sectors, especially those supporting tough measures against violence. 8

Henrique Meirelles already has clear presidential ambitions and would be a strong candidate for the PMDB. This is especially relevant as the party suffers from a lack of popular national candidates and risks losing other party luminaries to the Operation Car Wash investigations. Meirelles’ candidacy, however, depends on whether the Brazilian economy and its investments are able to bounce back from the current recession in time for the 2018 elections.

The Workers’ Party is expected to come through the end of 2018 stronger than it is today. The party might suffer important losses in the 2016 municipal elections—losing, for example, the city of São Paulo, the largest in the country. But the party may recover in coming years, especially if the economy does not grow more than 1 percent in 2018 and if controversial policies are passed, such as more flexible labor laws.

Due to the respect he still commands and the lack of alternative candidates from the Workers’ Party, the party’s great gamble will be to place Lula himself on the ticket. The only impediments for the ex- president’s candidacy are if he is indicted in connection with Operation Car Wash or if his health does not allow him to run for office. Despite Lula’s popularity, it would be hard for him to win a second round or run-off election. The main objective of a Lula candidacy for the Workers’ Party is to help strengthen other candidates’ campaigns for Congress, keeping the party as one of the key forces in the country, even if it means losing the presidency.

Finally, it’s possible that a surprise candidate may enter the 2018 race: the former governor of Ceará, Ciro Gomes, 9 has been mentioned as a “pre-candidate” for the Democratic Labor Party (PDT). Gomes had close ties to the Workers’ Party, having served as minister of national integration (2003-2006) in the first Lula administration and then supporting Dilma Rousseff in 2014. He also has historical ties with the PSDB, which he helped to establish in 1988. An articulate politician, Gomes has maintained that the Workers’ Party’s error was to allow itself to be associated with corruption schemes. He is also seen as an alternative candidate, with a vast knowledge of economic issues, giving him an edge against Marina Silva.

On the other end of the political spectrum are figures such as Congressman Jair Bolsonaro—a former low-ranking military officer, who is an advocate for the death penalty, the right to carry weapons, the end of gay marriage, and a supporter of the 1964 military dictatorship (among other controversial issues); he has been introduced as the right-wing’s choice. There is a chance that other candidates with similar ideology to Bolsonaro’s may emerge during the race, but it is unlikely that they will draw substantial levels of support.

In this context of political volatility, another possibility that can’t entirely be ruled out is a highly fragmented election, with many candidates dividing the electorate. This also occurred in the 1989 presidential election, when there were twenty-two registered candidates, of whom only seven—the novice and isolated Fernando Collor de Mello (with about thirty percent of the vote) and six other candidates—obtained more than four percent of the vote. 10 In this scenario, the creation of large political coalitions—whether situational or oppositional—will take place after the electoral process, leading to a fragile government faced with highly volatile power struggles. This scenario would exacerbate one of the biggest problems of the Brazilian political system—party fragmentation.

A chance for Brazil.

Regardless of the country’s mood and the 2018 election results, in the short term, Brazil will continue facing a crisis in its democratic governance. Comprehensive political reform is not on the country’s horizon; the smaller parties that provide essential support to the interim government would not survive if proposals to reduce the number of parties in Congress are carried out.

The good news is that gradual changes have begun. Brazil has ended corporate funding of political campaigns, thanks to a recent Supreme Court decision. 11 The country has also reduced the amount of free political advertising time on TV. 12 Some steps that can and should be taken to improve the current system, even if they won’t bring immediate results, are in the works. In the longer term, it is vital that gradual changes continue and, hopefully, develop into even more substantial reforms.

The emergence of a larger, more politically engaged and better educated middle class, as well as the growth of a new, more professional and civic-minded generation of politicians could represent the best chance for Brazil’s democracy to consolidate and strengthen. The 2018 election may be the first step in confirming this trend. The foundations have already been set.

Con el estallido social afloró una serie de demandas sociales que todos los gobiernos habían logrado contener u ocultar con medidas paliativas o falaces, como el CAE para los estudiantes, el auge en la Salud, la pensión básica solidaria en la previsión, o el otorgamiento de diversos tipos de bonos. Con estas medidas tramposas, durante 30 años, los sucesivos gobiernos pretendieron que no sería necesario abordar las soluciones integrales a las demandas sociales.

Por ello resulta paradojal y extraño que quienes aparecen encabezando comunicacionalmente el estallido social, –como la mesa social, los partidos y movimientos de ‘izquierda’ o de centro, y otros exponentes de la protesta–, ni siquiera mencionen cómo financiarían durablemente las actuales demandas sociales.

No se ha escuchado a los voceros de las demandas sociales recordar que el cobre solía ser el sueldo de Chile, que basta con renacionalizarlo para financiar todas las demandas sociales, como demostraré en esta nota.

En los últimos 3 años de la dictadura Codelco aportaba cerca del 25% de los ingresos del presupuesto nacional. Si trasladamos ese porcentaje al presupuesto actual, equivaldría a US$ 15 mil millones: los ingresos fiscales anuales se sitúan en torno a US$ 60 mil millones.

En los últimos 3 años, sumando los excedentes de Codelco y la tributación de las 10 principales mineras privadas, el Estado recibió apenas US$ 3.500 millones anuales, es decir un ridículo 6% de los ingresos fiscales. No obstante, se produce 4 veces más cobre que en 1989, y 10 veces más que en 1971, cuando el Presidente Allende nacionalizó la gran minería del cobre.

En 1989, al terminar la dictadura, Chile ya era el primer productor mundial de cobre, con 1,6 millones de toneladas. De ese volumen, 204 mil toneladas –12,5% del total– lo producían dos mineras extranjeras: La Disputada de Las Condes y Mantos Blancos SA. Todo el resto, lo producía el Estado: Codelco y Enami.

Actualmente, según el Anuario de Cochilco 2018, Chile produjo 5,8 millones de toneladas de cobre, de las cuales 4,15 millones lo produjeron mineras extranjeras, –21 veces lo que las mineras extranjeras producían en 1989–, mientras Codelco bajó su participación en la producción, de 83% en 1989, a solo 27% el 2018.

El colosal crecimiento de la producción minera por empresas privadas extranjeras ha sido considerado por “expertos” y los medios de comunicación como un gran éxito de nuestros gobernantes que lograron atraer mucha inversión extranjera. Además, afirman que dicho colosal crecimiento estaría siendo muy beneficioso para Chile. Desgraciadamente, la inversión extranjera en la minería ha sido nefasta para nuestro país, como muestran las cifras que siguen:

Como podemos observar, entre 1990 y 2016 (columna TOTAL), Codelco aportó al país US$ 71.526 millones y produjo 31,2 millones de T. de cobre, es decir, 2.295 dólares por tonelada.

Mientras que las 10 GMP (10 mayores empresas de la Gran Minería Privada), produjeron casi el doble que Codelco – 61,6 millones de toneladas de cobre – y pagaron en total US$ 29.932 millones, (incluyendo Impuesto de Primera Categoría, Impuesto Adicional a las remesas y Impuesto Específico a la Minería, conocido popularmente como royalty) lo que da apenas 465 dólares por tonelada de cobre producida, es decir, 5 veces menos que Codelco, sin tomar en consideración el molibdeno, el renio, el oro y la plata que e llevan sin pagar nada.

Sobre la base de estas cifras podemos proyectar lo que las 10 GPM – si estuviesen nacionalizadas o administradas por el Estado – hubiesen podido aportar.

Hubiesen aportado los mismos excedentes que Codelco – 2.295 dólares por tonelada de cobre producido –, los que multiplicados por 61,6 millones de toneladas producidas al año 2016, dan un total de US$ 147.666 millones. ¡Más de dos veces los presupuestos anuales del Estado!

No obstante, las 10 GMP pagaron apenas US$ 29.932 millones entre 1990 y 2016.

Estas proyecciones demuestran la importancia que tiene renacionalizar el cobre: no hubiésemos perdido 117.734 millones de dólares , perdidos para siempre porque el cobre no se siembra.

Si bien las cifras de producción y tributos presentadas en el cuadro son oficiales (Fuentes: Cochilco, el SII y Memorias de Codelco), no reflejan exactamente la realidad de lo que debieran ser la producción y los aportes al Estado.

La producción de las 10 GMP debiese ser 20 a 30% superior a lo exportado, porque Aduanas no fiscaliza la exportación de concentrados (“no tendría personal y medios técnicos para hacerlo”). Sin embargo, sí tiene los medios para subcontratar dicha fiscalización a empresas externas, que a su vez trabajan para las mismas mineras que tienen que fiscalizar. ¡Algunas de esas empresas son filiales de las mismas mineras que se supone deben fiscalizar! Es el zorro a cargo del gallinero.

En los hechos se acepta lo que las mineras declaran respecto a la cantidad de toneladas de concentrados exportados, y a su contenido de cobre, oro y plata, y todos los restantes subproductos, como el molibdeno, renio, cobalto, ácido sulfúrico, etc.

Aduanas y Cochilco permiten que no se declaren. De ahí que no es exagerado deducir que las exportaciones de concentrados son superiores a los datos de los informes de Aduana y Cochilco.

En lo que respecta a los aportes de Codelco, la cifra de US$ 71.526 millones de excedentes al año 2016 tampoco es real: debiesen ser superiores en más US$ 20 mil millones.

Entre 2005 y 2007 Codelco perdió, fraudulentamente, US$ 5 mil millones en operaciones en mercados de futuro, otros US$ 1.500 millones en el contrato con la minera estatal china Minmetals, y por si fuese poco desaparecieron más de US$ 15 mil millones de los ingresos por ventas del año 2010 en adelante.

A pesar de este cuantioso fraude y malversación en Codelco, (que hasta el momento el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado se niegan a investigar), la minería en manos del Estado es varias veces más beneficiosa para los chilenos que el desastre que significa la gran minería privada, que además es extranjera.

Si no fuesen manipuladas y todas las cifras fuesen reales – exportación de las 10 GMP y excedentes de Codelco –, los aportes al Estado, entre 1990 y 2016, serían superiores a US$ 200 mil millones, si el cobre estuviese nacionalizado.

Ahora, en el año 2018, produciendo más de 4 millones de toneladas, si las 10 GMP estuvieran nacionalizadas habrían aportado al Estado más de US$ 15 mil millones.

Recordemos que el año 2006 Codelco aportó al Estado US$ 9.215 millones, produciendo solo 1,7 millones de toneladas.

Por otra parte, los beneficios de las 10 GMP nacionalizadas no se expresarían solo en aportes al Fisco, sino también en miles de puestos de trabajo calificados, porque todo el cobre se fundiría y refinaría en Chile.

A pesar de los enormes recursos que se necesitan para financiar las actuales demandas sociales, ninguno de los actores políticos y sociales que encabezan la protesta se ha pronunciado por la nacionalización de la gran minería, como si nacionalización fuera una palabra prohibida o maldita, a pesar que no hay nada en la actual Constitución que se oponga a la nacionalización.

Si ningún actor político y/o social se atreve a propiciar la nacionalización, podría al menos solicitar que se legisle para que las grandes mineras, sin ser nacionalizadas, aporten varios miles de millones de dólares al año, impidiendo, por ley, que sigan escondiendo sus utilidades y por ende evadiendo su tributación.

Esto se puede hacer inmediatamente con leyes ordinarias de quórum simple. Si se legisla para impedir la evasión tributaria de las empresas extranjeras, sobrarían los recursos para financiar todas las demandas sociales que el estallido social ha visibilizado. Pero tampoco, aparecen proposiciones en ese sentido.

Las mineras extranjeras practican la evasión tributaria impunemente en Chile: declaran pérdidas y de ese modo no pagan impuesto a la renta. Esto quedó acreditado por un informe del SII, presentado en el Senado el año 2003, que muestra que hasta el año 2003 todas las mineras declararon pérdidas y no pagaron un solo peso de impuesto al Fisco, salvo Minera Escondida. Sin embargo, hasta esa fecha se habían llevado del país alrededor de 25 millones de toneladas de cobre. En los últimos 4 años, la mitad de estas mineras han vuelto a declarar pérdidas para no pagar impuesto a la renta.

Esta cuantiosa evasión tributaria no hubiera ocurrido sin el cambio a la Ley 18.985 de junio de 1990: la renta presunta (el impuesto se calculaba sobre la base de las ventas) que regía para toda la minería, fue sustituido por la renta efectiva para las grandes mineras: así, el impuesto se paga solo si estas mineras declaran utilidades.

¿Qué hicieron las grandes mineras? Llegaron en masa a Chile porque les quedó claro que con la Ley 18.985 podrían llevarse todo el cobre y subproductos que quisieran sin pagar impuestos: basta con declarar pérdidas.

A partir de 1990 la inversión extranjera en la minería es lo más negativo y desastroso que ha existido en la economía chilena en toda su historia. Es hora de terminar con eso. Sin embargo la Mesa Social y los cabecillas de la protesta piden satisfacer las demandas sociales, sin proponer medidas para financiarlas. Tampoco se les ocurre exigir la nacionalización de la gran minería, o legislar para que las empresas extranjeras que ocultan sus utilidades y por ende sus impuestos, paguen lo que corresponde.

¿Qué esperan para hacerlo?

La guerra comercial que ha impulsado EEUU contra China ha impactado al crecimiento económico y al comercio mundial desde el cuarto trimestre de 2018. Esto implica que el comercio entre las economías líderes se ha desacelerado y, en particular, entre la Unión Europea, EEUU y China. El comercio de productos finales está de bajada con consecuencias sobre producción en dichas economías. Eso quizás explique las razones de la caída del crecimiento del PIB de EEUU, la Unión Europea y China. Debe recordarse que China crece tres veces más rápido que EEUU y cuatro que Europa, si bien todas tienen una tendencia declinante de crecimiento.

El crecimiento de las exportaciones totales de Latinoamérica cayó, en el 2019, de manera similar al comportamiento de la economía mundial. Desde enero de 2019, las perspectivas de crecimiento y los precios a la baja de algunos commodities indican que la región tendrá un crecimiento del PIB inferior al 0.5% anual, cargado principalmente por las dos economías mayores: México y Brasil. Ambos países son los que menos dependen de la exportación de materias primas, pero ambos tienen políticas de ajuste económico en curso que restringe su demanda interna. Sus socios comerciales de bienes finales, EEUU y Argentina, respectivamente, están ambos bajo presiones recesivas lo que profundiza sus problemas. La desaceleración mexicana es más marcada que la estadounidense, lo que se refleja en un superávit comercial mexicano creciente, pero es un espejismo de la parálisis económica del país. En México las consecuencias se verán como problemas cambiarios, por los retiros de fondos extranjeros ante la falta de crecimiento y sus perspectivas.

El resto de países se verán afectados por la caída en los precios de la mayoría de los commodities primarios. Otros países, como Bolivia, o aquellos que no dependen de su sector de exportación, crecerán de manera sustancial. La estructura comercial boliviana está asegurada por los gasoductos con Brasil y Argentina, y por los contratos de exportación quinquenales que le evitan los vaivenes de precios. Lo mismo es cierto con Paraguay que exporta electricidad a Brasil y Argentina desde Itaipú.

Algunas exportaciones primarias son determinantes para el crecimiento de las economías sudamericanas. Destaca la importancia de la soya en Argentina, Brasil y Uruguay, los cuales exportan soya por 14, 11 y 16% del total de sus exportaciones respectivamente, y son de los principales productores a nivel mundial. El cobre es el 45% del total de exportaciones chilenas y el 25% de las peruanas, quienes representan los mayores exportadores a nivel mundial. Perú destaca también por las exportaciones de oro, las cuales equivalen al 14 % del total. La caída del precio del cobre impactará más sobre Chile que sobre el Perú, que se verá compensado por el alza del precio del oro.

El petróleo es importante para buena parte de las economías latinoamericanas, pero más para EEUU, que lo importa pero reexporta como gasolina refinada. Para EEUU la gasolina refinada es su producto de exportación más importante (74.5 MMD) con 5.9% del total exportado. Los precios de esta materia prima han bajado desde marzo y abril de 2019, y la tendencia se mantendrá. El petróleo es el principal producto de exportación para Venezuela (25 MMD), Colombia (11.1 MMD), Ecuador (5.6 MMD) y México (19.5 MMD), significa el 97, 40, 36 y 6%, respectivamente, lo cual repercutirá sobre sus balanzas de pagos y su capacidad de arrastre económico.

Los precios del oro, a diferencia de los demás, se encuentra plenamente al alza por ser un valor de refugio. La inestabilidad del dólar, la libra esterlina y el euro, está alimentando este precio. El aumento del precio del oro, a diferencia del resto, corresponde a su función monetaria de sustituto ante los bajos rendimientos del mercado financiero. La inversión de las curvas de rendimientos de los bonos está arrastrando a la baja los precios de los futuros y no al revés. Esta tendencia atípica se debe a que las perspectivas de la economía mundial son a la baja y, en consecuencia, a mediano plazo la tendencia en la demanda de materias primas es la baja. Lo normal, cuando las curvas de rendimiento se invierten, es que los precios de los futuros suban por efecto cartera. Eso es cuando sea espera una recuperación a mediano plazo. Este no parece ser el caso.

México y Centroamérica exportan productos industriales maquilados al mercado estadounidense, casi únicamente, y se ven afectados por la baja en el crecimiento de la economía estadounidense (ver http://obela.org/analisis/thank-you-mr-trump-predicciones-economicas-2019). Hay tres problemas en curso: el primero es cómo se encubren los datos. La prensa informa sobre empleo y bolsa de valores pero no muestra la caída en el crecimiento del PIB. El segundo es el tamaño del déficit fiscal americano y su incapacidad de arrastre económico, sorprendiendo a keynesianos y otros. El tercero es la imposibilidad de crecer habiendo expandido el crédito interno de manera brutal en la última década.

Mientras tanto, México, Centroamérica y Sudamérica experimentarán un estancamiento económico el año 2019 que se profundizará en 2020 y no se anticipa una recuperación después del 2020, si los precios a futuro son indicativos de algo. Pensamos que los pronósticos del FMI y la CEPAL están sobrestimados a raíz de lo aquí señalado.

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Texto en inglés

La guerra comercial emprendida por EEUU contra China se da en un escenario donde el primero observa un rezago tecnológico en las áreas de telecomunicaciones, energía, automóviles eléctricos, celulares y computadoras frente a China. Los efectos de la pérdida de productividad manufacturera estadounidense y su incapacidad de implementar pronto sus avances en investigación y desarrollo tecnológicos encuentran una gran amenaza de parte del segundo.

La deslocalización de la producción para reducir costos, a partir de fines de la década de los ochenta, implicó la transferencia de tecnología hacia las economías emergentes. China, a diferencia de México, puso en vigor políticas de investigación y desarrollo tecnológicos a partir de estas transferencias. Invirtió en educación de alto nivel, con estudios especializados en las universidades occidentales más avanzadas, para formar cuadros capaces de hacer ingeniería de reversa y, a partir de allí, construir desarrollos propios. Así, comenzó a desarrollar capacidad productiva y tecnológica capaz de inundar el mercado mundial con productos con mayor composición tecnológica a menor precio comparado a occidente. De inicio, no invirtieron grandes sumas en investigación y desarrollo sino en capacidades para desmontar esas tecnologías y reconvertirlas en otros productos. Es análogo al proceso de Japón y de Corea del Sur en las décadas anteriores.

EEUU comenzó a perder participación en el mercado mundial de alta tecnología a partir de siglo XXI y se concentró en completar sus cadenas globales de valor para aumentar su rentabilidad. Mientras tanto China, desde 2005, se convirtió en la mayor economía exportadora de alta tecnología. Desde entonces, la brecha se ha incrementado y en el 2018 exportó el triple del valor de estas exportaciones que Estados Unidos y más de diez veces que los países europeos. El detalle es que China exporta en total $2.4 billones de dólares en el 2018 mientras EEUU $1.6. China pone en el mercado los resultados de la investigación e innovación estadounidenses a un costo que es una fracción de occidente. La interrogante es porque ni en EEUU ni en Europa, lo pueden hacer con la misma rapidez.

La división internacional del trabajo de las últimas siete décadas, ha dejado a EEUU centrado en el petróleo y como procesador de materias primas. Su principal exportación es gasolina, autos a gasolina, aviones a gasolina y productos agrícolas. China lidera con la red móvil 5G en telecomunicaciones frente a las corporaciones estadounidenses, exporta celulares high tech baratos. Lidera el cambio de matriz energética, y exporta transformadores de energía renovables (células foto voltaicas, lámparas con esto, etc) y los productos relacionados a este cambio.

Por otra parte, el peso de la industria petrolera americana es tal que no ha comenzado a sustituir la matriz energética, no sólo por ecología sino por costos. La primera ronda de aranceles impuestos por EEUU, en agosto de 2017, fue contra paneles solares, producidos en China. Esto expresa el síntoma de la incapacidad tecnológica de liderar la transición energética. China está en la vanguardia del cambio de matriz energética. La lucha ahora es contra la energía limpia china (autos, aviones, trenes, paneles solares, generación eléctrica).

La voluntad de perpetuar la matriz energética petrolera, impide que EEUU lidere la transición tecnológica hacia los motores y los automóviles eléctricos. Actualmente China posee un parque vehicular eléctrico de 2.3 millones de automóviles, más del doble que el estadounidense, y vende el 54% de los autos eléctricos del mundo (IEA, 2019). La guerra comercial, no hace que se acorte la brecha tecnológica y que el resto del mundo deje de comprar esos productos. Le siguen a China, Suecia, Alemania y Japón con autos eléctricos o híbridos que sustituirán a los de gasolina entre el 2019 y 2023. EEUU es el segundo consumidor de autos eléctricos o híbridos, casi todos fabricados por EMN extranjeras dentro de su país.

En la guerra comercial, ambas economías conocen bien sus puntos débiles. EEUU tiene el monopolio de ciertos semiconductores, con la ventaja de Intel, Qualcom y Broadcom en procesadores y ciertos microchips, y al dólar como moneda mundial. China tiene la red móvil 5G, la vanguardia en los automóviles eléctricos, la nueva energía limpia, y celulares de alta tecnología a una fracción del precio americano; controla el mercado de tierras raras e insumos materiales para producciones estratégicas.

Para terminar, la necesidad imperiosa de EEUU por interferir el despliegue chino crece, y la vía comercial proteccionista, no funciona. La manera como se sacó EEUU a Japón de encima en 1985, fue mediante el Acuerdo Plaza de 1985 del G7, que obligó a Japón a revaluar su moneda y perder competitividad. Eso indica que la guerra se va a pasar al campo cambiario y financiero, sin duda.

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Growth in the world economy is surpassing expectations and global GDP is now expected to expand by more than 3 per cent this year and in 2019, reflecting strong growth in developed countries and broadly favourable investment conditions, a new UN report finds.

But rising trade tensions, heightened uncertainty over monetary policy, increasing debt levels and greater geopolitical tensions can potentially thwart progress, according to the United Nations World Economic Situation and Prospects (WESP) as of mid-2018, launched today in New York.

According to the report, world economic growth is now forecast to reach 3.2 per cent both in 2018 and 2019, an upward revision by 0.2 and 0.1 percentage point, respectively. This revised outlook reflects further improvement in the growth forecast for developed economies due to accelerating wage growth, broadly favourable investment conditions, and the short-term impact of a fiscal stimulus package in the United States.

World trade growth has also accelerated, reflecting a widespread increase in global demand. Many commodity-exporting countries will also benefit from the higher level of energy and metal prices. While the modest rise in global commodity prices will exert some upward pressure on inflation in many countries, the report notes that inflationary pressures remain contained across most developed and developing regions.

Speaking at the launch, UN Assistant Secretary-General for Economic Development and Chief Economist Elliott Harris said the upward revision in the global economic forecast reflected in the report is positive news for the prospects of making tangible progress towards achieving the Sustainable Development Goals, but cautioned that “there is a strong need not to become complacent in response to upward trending headline figures.”

“The report underscores that the risks have increased as well and highlights the need to urgently address a number of policy challenges, including threats to the multilateral trading system, high inequality and the renewed rise in carbon emissions,” he added.

Una fase específica de la historia económica y social sudamericana ha llegado a su fin. Esta fase fue testigo de la exportación de materias primas o productos semiprocesados en gran cantidad y a altos precios, que permitieron a sus economías tener tasas de crecimiento considerables y a sus gobiernos financiar una serie de programas sociales sin cambiar la distribución de la riqueza. El “modelo”, como así se lo llamó, dependía de la tasa de crecimiento y la demanda de commodities en otras partes de la economía mundial, especialmente en China

La crisis de 2007 comenzó como una crisis financiera, tras la cual se puso al descubierto una profunda crisis de sobreacumulación y sobreproducción, compuesta por una tasa decreciente de ganancias. La crisis estaba en ciernes desde la segunda mitad de la década de 1990, y se demoró por la creación masiva de crédito y la plena incorporación de China a la economía mundial. El crac que comenzó a fines de 2008 fue de naturaleza global y no sólo una “Gran Recesión” norteamericana, golpeando inicialmente a las economías industrializadas. Los países emergentes, que pensaron que permanecerían mayormente inmunes a sus efectos, más tarde perderían esta ilusión.

La velocidad y la escala de la intervención gubernamental en 2008 por parte de los EE.UU. y los principales países europeos para apoyar al sistema financiero, y también, en forma temporal y en un menor grado, a la industria automovilística, expresan la presión directa de los bancos en defensa de la riqueza financiera y de las automotrices estadounidenses y europeas para proteger su posición contra los competidores asiáticos. Pero también expresaron una considerable cautela política, tanto local como internacionalmente.

Las medidas políticas promulgadas en 2008-2009 para contener la crisis ayudan a explicar la persistencia y el ulterior crecimiento de una masa de capital ficticio en la forma de títulos sobre el valor y el plusvalor implicados en innumerables operaciones especulativas, al mismo tiempo que una situación irresuelta de sobreacumulación y superproducción de una amplia gama de industrias. El continuo recurso de los gobiernos y los bancos centrales del G7 a la inyección de masivas cantidades de dinero nuevo en sus economías (quantitative easing, o “alivio cuantitativo”) ha provocado que enormes sumas nominales de capital ficticio ronden por los mercados financieros mundiales, volviéndolos altamente inestables.

La duración de la crisis mundial y la ausencia en la burguesía de un horizonte económico que no sea el de cortas recuperaciones cíclicas anuncian la convergencia y en última instancia la fusión de los efectos económicos y sociales de una prolongada crisis económica con los efectos, de dimensiones portentosas, del cambio climático.

Hoy, los capitalistas pueden enfrentar entre sí a los trabajadores de diferentes países y continentes. El logro más grande del capital durante los últimos 40 años ha sido la creación de una “fuerza laboral mundial”, a través de la liberalización de las finanzas, el comercio y la inversión directa y la incorporación de China e India en el mercado mundial.

De modo que para la burguesía, el problema es hallar un factor capaz de impulsar la acumulación otra vez, luego de varias décadas. Desde que se incorporó a China en el mercado mundial, ya no quedan “fronteras”. La única posibilidad son las nuevas tecnologías. Solamente éstas, con una inversión extremadamente alta y sus efectos en los empleos, son capaces de impulsar una nueva onda larga de acumulación, asociada con la expansión a través de nuevos mercados.

Que una revolución social radical es la solución, es algo más cierto que nunca, pero la amenaza de las crisis ecológicas, algo que era imprevisible para Marx, como también el legado político del siglo XX, no nos inducen a ser tan optimistas como trataba ser Mandel en 1981.

En ausencia de los factores capaces de lanzar una nueva fase de acumulación sostenida, la perspectiva es la de una situación en la que las consecuencias del lento crecimiento y la endémica inestabilidad financiera, junto al caos político que ellos alimentan en ciertas regiones hoy y potencialmente en otras, convergería con los impactos sociales y políticos del cambio de clima.

La acumulación del capital ha tomado la forma del desarrollo de industrias específicas. La combinación de la crisis global económica y la crisis ecológica del capitalismo es simultáneamente la de las relaciones sociales de producción y de un determinado modo de producción material, el consumo, el uso de la energía y los materiales o, nuevamente toda la base material en la que ha tenido lugar la acumulación, en particular durante los últimos 60 años, y las industrias asociadas con él –las energéticas, las automovilísticas, las infraestructuras viales y la construcción en particular, que conducen a modelos de ciudades intensivas en energía y de la producción de agroquímicos.

La prolongación de este modo bajo el capitalismo implica formas cada vez más destructivas de minería, perforación petrolera (por ejemplo, la perforación de pozos a través de espesas capas de sal en aguas ultraprofundas en el Ártico), la producción agrícola (el uso altamente intensivo de ingredientes químicos y la expansión de la agricultura mediante la deforestación) y los recursos oceánicos. Ahora es evidente que el calentamiento global y el agotamiento ecológico se han convertido en una “barrera inmanente” para el capital, y no, como todavía se lee en obras anteriores de estudiosos estadounidenses, en una barrera exterior

Mandel menciona el hecho de que el capitalismo haya alcanzado sus límites absolutos no significa que cederá el paso a un nuevo modo de producción.9 Las élites y los gobiernos controlados por ellas prestan más atención que nunca a la preservación y reproducción del orden capitalista. De modo que a su progresivo hundimiento junto a los efectos previsibles e imprevisibles del cambio climático se sumarán guerras y regresiones ideológicas y culturales, tanto las provocadas por la mercantilización y la financiarización de la vida cotidiana como las que toman la forma del fundamentalismo y el fanatismo religioso de los tres monoteísmos. La mortalidad a causa a las guerras locales, las enfermedades, y las condiciones sanitarias y nutricionales debidas a la gran pobreza continúan siendo contadas en decenas, sino centenares, de millones.

La sequía, la crisis climática, la escasez de fertilizantes y la guerra amenazan a la seguridad alimentaria del mundo y la inflación; la mecha de cóctel Molotov del hambre se consume. A partir de la operación militar especial entre Rusia y Ucrania se han reforzado los puntos identificados por la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) como las fuentes de la crisis alimentaria. Según la FAO, 193 millones de personas en 53 países enfrentan crisis alimentaria en 2021 debido a tres factores: (i) conflictos y guerras -principalmente en países africanos; (ii) cambios extremos del clima -debido al cambio climático; y, (iii) choques económicos -derivados por la inflación y la pandemia de la COVID-19. La invasión a Ucrania por parte del gigante ruso engloba el primer y tercer motivo, no obstante, la directa relación entre el cambio climático y los combustibles fósiles, teniendo en cuenta que  Rusia es de los más grandes productores  de petróleo y gas natural a nivel mundial. Es decir, el tema del cambio climático tambien tiene que ver con Rusia que es gran productor de petróleo y gas.

     Los problemas climáticos y económicos que agravan la crisis alimentaria vienen desde mucho antes del estallido de la guerra. En la región, las sequías reportadas en el oeste de EE.UU., en México, Argentina y Brasil, afectaron cosechas y productos de exportación claves como la soya. El golpe de los huracanes ETA e IOTA en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador a finales de 2020 enfrentó a la población en su seguridad alimentaria al destruirse 200 mil hectáreas de cultivos. La FAO identifica a Centroamérica como la región de Latinoamérica con los mayores niveles de inseguridad alimentaria. En total 12.76 millones de personas en 5 países afectadas.

     La inflación durante y a lo largo de la pandemia juega un rol determinante. El índice de precios de la FAO llegó hasta 159 puntos en abril de 2020, el más alto registrado desde 1990. Sin embargo, es el índice de precios de los aceites el que ha superado cualquier registro previo. En dos meses, desde el inicio de la operación especial militar, sobrepasó la barrera de los 250 pts; 90 pts por sobre el índice general de la FAO. 

     La guerra reveló que Rusia y Ucrania son el granero del mundo. La producción de fertilizantes, una industria complementaria a la alimenticia no podía ser de menor importancia. De acuerdo con la North American Green Market, el precio de los fertilizantes en el mercado estadounidense rompió el récord de hace 15 años; se incrementó un 16% desde iniciado el conflicto, y la urea se encareció hasta un 22%. Tanto los precios de los alimentos como el de los fertilizantes están claramente vinculados entre sí (Gráfico 1).

Existen principalmente tres tipos de fertilizantes: a base de fósforo, de potasio y de nitrógeno. La urea, hecha a base de nitrógeno, es el más popular a nivel mundial. De los componentes nitrogenados para fertilizantes Rusia abarca el 45% de las exportaciones mundiales de Nitrato de Amonio, el 27% de amonio, y el 14% de urea (Gráfico 2). Este último es el de mayor uso en Latinoamérica para la producción de arroz, maíz, papá, trigo, caña de azúcar, etc.

     Latinoamérica vive en carne propia los problemas de los mercados internacionales de fertilizantes.  La región tiene un balance negativo en cuanto a la capacidad de producción comparada con el consumo. Los más dependientes son Brasil y Perú. En el primer caso, el 85% de su demanda proviene del exterior y solo las importaciones desde Rusia llegan al 62%del total.  En  Perú, por otro lado, el 70% de los fertilizantes vienen de Rusia  y ya para finales de abril de 2022 presentó un déficit de 180 mil toneladas.

La dependencia de los fertilizantes se agrava con el incremento sus precios. En Colombia estos se han multiplicado por tres, lo que deja fuera de su alcance a los pequeños productores. Perú, por su lado, busca sustituir sus fertilizantes desde el otro lado del Pacífico y del Atlántico: 60 mil toneladas de fertilizantes ahora son gestionadas desde Argelia e Indonesia.  

     La sequía, la crisis climática, la escasez de fertilizantes y la guerra amenazan a la seguridad alimentaria del mundo y la inflación; la mecha de cóctel Molotov del hambre se consume.       Mientras la operación militar especial continúa, no está claro si la teoría monetaria clásica va a controlar la inflación, tampoco si se va a resolver el problema del hambre.  

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El desempleo a nivel nacional en Perú creció al 9,6 %, entre julio y septiembre últimos, lo que significa que más de un millón de personas busca empleo en las zonas urbanas, después de la cuarentena impuesta en el país por la pandemia de la covid-19. La tasa de desempleo nacional estuvo cerca de triplicarse en el tercer trimestre del año, al pasar de 3,5 % en ese mismo periodo del 2019 al 9,6 % del 2020, según la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La cuarentena impuesta desde mediados de marzo hasta fines de junio para contener el avance del virus generó un duro golpe en la economía peruana por el cierre casi total de su actividad productiva. Sin embargo, el Ejecutivo aceleró la reactivación de la economía a partir de julio y pese a que los contagios han superado los 937.000 casos en la actualidad.

MÁS DE UN MILLÓN BUSCAN TRABAJO

En el área urbana, el desempleo creció a 12,3 %, entre julio y septiembre pasados, dado que 1.464.800 personas estuvieron en búsqueda activa de trabajo. La población ocupada en Perú se redujo en 2,9 millones de personas, sobre todo en las zonas urbanas, es decir, que cayó en 17 %, respecto al mismo trimestre del año pasado. Del total de 33 millones de habitantes en el país, alrededor de 14,2 millones personas contaban con un empleo hasta septiembre. Las regiones del país más afectadas son la costa, donde se concentran las ciudades más grandes del país, pues la población ocupada ha caído en 23 %, seguida por la sierra que sufrió una disminución de 11,8 % y la selva con una contracción de 5,5 %.

DESEMPLEO DE 16,4 % EN LIMA

En el caso de Lima, la capital peruana con cerca de 10 millones de habitantes, el desempleo subió a 16,4 %, entre agosto y octubre últimos, dado que 761.400 personas manifestaron estar en búsqueda activa de empleo. Durante esos meses, la población ocupada de Lima se ha reducido en 21,5 % y su Población Económicamente Activa disminuyó a 3.872.800 trabajadores. Por actividades productivas a nivel nacional, la caída del empleo se produjo principalmente en Minería (-54,6 %), Pesca (-35,9 %), Servicios (-30,6 %) y Comercio (-29,7 %), mientras que la crisis impulsó el empleo en la actividad agropecuaria en 20,5 %.

INGRESO PROMEDIO DE 400 DÓLARES

A su vez, los ingresos de los trabajadores se redujeron en 36 % en el tercer trimestre del año, debido a las medidas aplicadas por las empresas de reducción de sueldos y de horas laborales por los cambios impuestos en el trabajo presencial. El ingreso promedio mensual en Lima se redujo a 1.507 soles (418 dólares) en vista a que los ingresos de los trabajadores hombres disminuyeron 17 % en promedio, mientras que los de las trabajadoras mujeres lo hicieron en 11 %, de acuerdo a los datos de la Encuesta Permanente de Empleo del INEI.

Si la relajación monetaria emprendida por la FED desde la Gran Recesión del 2008 (QEI, QEII y QEIII) fue sinónimo de desprestigio de la banca y de problemas en los mecanismos de control de precios (tipo de cambio, tasa de interés y materias primas) en Estados Unidos, la contraparte fue el aumento de las exportaciones, el mayor volumen de reservas internacionales, la apreciación de las divisas,   el auge de las bolsas de valores y el crecimiento económico en las economías emergentes.

Todo parece indicar que los comunicados de la FED pugnan por reanimar la frágil economía estadounidense exportando la crisis hacia Latinoamérica: sólo las expectativas sobre el futuro cercano pero incierto del alza de la tasa de interés en Estados Unidos puede explicar el repliegue de las reservas internacionales, la depreciación de los tipos de cambio, la disminución en el precio de las materias primas y los pronósticos de crecimiento económico a la baja para la región Latinoamérica. 

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El nivel de empleo en Estados Unidos se ha recuperado. El Buro de Estadísticas Laborales (BLS) informó que en agosto del 2022 había más de 158 millones de personas empleadas frente los 157 millones del 2019 y a los 147 millones del 2020. Pero después del Covid-19 el empleo ha cambiado cualitativamente, ya que la pandemia y la recuperación han abierto nuevas modalidades que pueden definir el futuro de las relaciones laborales. En este texto se explicará la paradoja del incremento del empleo y como cambió de forma.

Después de la caída del PIB a mitad del 2020, el empleo volvió a sus niveles de prepandemia en agosto del 2022, tan solo 2 años después en comparación de los 6 años que le tomó recuperarse después de la crisis del 2008. Esto fue resultado del incremento en el gasto gubernamental y las medidas de respuesta a la crisis, como las transferencias a las empresas para la retención del empleo durante la cuarentena, la inyección de liquidez y la naturaleza propia de la crisis que fue resultado de un choque externo y no de una falla dentro del sistema económico.

Durante la primera mitad del 2022, a pesar de que Estados Unidos se encuentra en recesión, el mercado tuvo un fuerte crecimiento del empleo, pero las perspectivas para la otra mitad de año no son favorables. La inflación en niveles de 8.9% y las subidas agresivas de la tasa de interés del FED para combatirla, socavan las finanzas públicas y aumentan las tasas de referencia de la deuda privada. La mayoría de las empresas incrementaron rápidamente el empleo desde la pandemia y, ya que el PIB no creció, la productividad ha bajado. En una nota de Bloomberg se menciona que las grandes empresas tecnológicas ya están comenzando a recortar personal y congelar las contrataciones en respuesta a los vientos en contra de la política monetaria.

El empleo también ha cambiado en su forma. Durante la pandemia la mayor parte del   realizado se hizo de forma remota. Las estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) revelan que el número de personas en ocupación remota aumentó de 260 millones antes de la pandemia a 558 millones en el segundo trimestre del 2020. Aunque desde hace décadas este tipo de cometido existía debido a la tecnología digital, la pandemia ha profundizado está tendencia. Aun después de la cuarentena, en Estados Unidos aproximadamente el 58% de los empleados continúan con la opción de trabajar a distancia, lo que corresponde a 91 millones de personas mayormente en las ingenierías, el sector financiero, las artes, diseño y medios de entretenimiento, pero también las tareas denominadas de Cuello Azul, según una encuesta de McKinsey & Company realizada en la primavera del 2022.

Aunque el empleo remoto ofrece beneficios a los asalariados, como el ahorro de tiempo y dinero en el transporte, sobre todo en las grandes ciudades, para los empleadores resulta en una disminución y un traslado de costos variables, ya que en esta modalidad las compañías destinan menos recursos a pagar rentas de oficinas, electricidad, conexión a la red y otros servicios, y estos costos son absorbidos por la fuerza de trabajo. Por otro lado, también se profundiza la brecha tecnológica para quienes no tienen acceso a los dispositivos y a la infraestructura digital, y para quienes tienen acceso, pero no saben utilizar estos dispositivos.

La proliferación del empleo a distancia también dio lugar a que aumentaran los llamados nómadas digitales, que son asalariados que trabajan para una empresa en su país de origen, pero residen temporal o permanentemente en otro país. Un caso singular es la migración de Estados Unidos a México. Los datos de la ONU indican que el 70% de los migrantes residentes en México en 2019 eran estadounidenses, y la Unidad de Política Migratoria informó que las mayores entradas de extranjeros a México provienen de los Estados Unidos.

Para los estadounidenses, México es uno de los lugares preferentes para visitar, aunque eso no les impide laburar de manera remota mientras residen como turistas. Entre las ventajas están las zonas horarias comunes con EEUU, una sólida infraestructura de telecomunicaciones y conexión a internet, los lugares turísticos, la baja o nula tasa impositiva y, sobre todo, un bajo costo de vida. Un contratado de una compañía de Estados Unidos que trabaja a distancia con un salario promedio estadounidense, tiene mejores condiciones de vida en México que en su país de origen, ya que aprovecha la estructura interna de precios y el tipo de cambio. Prácticas similares se llevan a cabo en gran parte del mundo, según el Instituto de Política Migratoria (MPI) y sus efectos aún no están claros.

El Covid-19 profundizó modalidades de ocupación existentes. Es muy probable que estas tendencias aumenten y no se regrese a las formas pre-pandemia, menos si éstas son eficientes para reducir costos. Además, aunque el empleo se ha recuperado en Estados Unidos, 2.7% de la PEA dejó la fuerza de trabajo durante la pandemia, lo que achica el número sobre el cual se mide el desempleo. Todo lo reseñado explica la paradoja del incremento del empleo y como cambió de forma en los Estados Unidos.

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La OIT enciende una "señal de alarma" sobre el presente y el futuro de "millones de jóvenes que no encuentran oportunidades"

El estancamiento económico de América Latina hace mella en su mercado de trabajo y se ceba con el segmento más joven de la población. El desempleo entre los menores de 25 años —junto con la informalidad, el gran caballo de batalla de los países de la región en los últimos años—, se ha convertido en “un rasgo estructural de las economías”, según el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe publicado este martes por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Son varias las señales de alarma en este flanco: la tasa de desocupación juvenil creció en tres décimas en 2019, hasta el 19,8%, el triple que la de la media de la población adulta —en otras palabras: uno de cada cinco menores de 24 años que busca trabajo no lo encuentra— y el máximo desde el año 2000, cuando se empezaron a publicar datos agregados; y la mayoría de quienes sí están contratados sufren condiciones precarias: informalidad, salarios bajos en relación con el coste de la vida, escasa estabilidad en el empleo y sin apenas programas formativos por parte de su empleador.

“Queda claro, a la luz de las estadísticas de este año, cuán difícil es ser joven en Latinoamérica y el Caribe”, señala el organismo dependiente de Naciones Unidas. En el año recién terminado, el aumento en la desocupación juvenil arrastró consigo la tasa general, mientras que en el colectivo de 25 años o más se mantuvo estable. “Esto debe ser una señal de alarma en la medida en que amenaza el presente y el futuro de millones de jóvenes que no encuentran oportunidades de empleo y cuyas aspiraciones de movilidad social se ven truncadas. (…) A la luz de la ola de protestas en diversas ciudades de la región, se requieren acciones inmediatas e inclusivas”, apremia la OIT. “La crisis de expectativas que se vislumbra en la región demanda acciones urgentes”. El empleo juvenil se contrajo en 11 países que representan casi el 90% de la fuerza de trabajo ocupada en la región —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay—.

Los grandes números ayudan a comprender la magnitud del problema: en la región viven 110 millones de personas de entre 15 y 24 años, una cifra que se ha triplicado desde la década de los cincuenta del siglo pasado. Y estos jóvenes, a pesar de haber recibido una mayor educación que las generaciones previas —en buena medida porque nacieron y crecieron en una época marcada por el crecimiento económico, mientras duró el auge de las materias primas—, enfrentan una inserción en el mercado laboral caracterizada por "una elevada precariedad". De los que trabajan, seis de cada diez lo hacen en la informalidad, y el 22% ni estudia ni tiene empleo (los llamados ni-nis), "una situación que es aún más crítica entre las mujeres".

Leve aumento de la desocupación general, que podría ser mayor

Con el crecimiento económico latinoamericano encadenando revisiones a la baja con el paso de los meses —a cierre de 2018 el FMI preveía el 1% para 2019 y todo apunta a que esta cifra acabará superando por muy poco la barrera del 0%—, la tasa de desocupación borró la mejora registrada en 2018 y pasó del 8% al 8,1%. Esa es, sin embargo, una estimación “conservadora” —apuntan los técnicos del organismo con sede en Ginebra— que podría aumentar “si se confirma el impacto de los movimientos de protesta que irrumpieron en la región en los últimos meses de 2019 y la creciente presión que genera una situación económica de incertidumbre”. A cierre del ejercicio, 26 millones de personas en la región buscaban empleo sin éxito.

Con todo, la paleta de colores con la que está pintado el cuadro laboral latinoamericano dista mucho de ser homogénea: el Caribe angloparlante logró una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la desocupación, los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) registraron también una caída mínima, Centroamérica sufrió un aumento del 0,2% en el desempleo y las naciones andinas (Colombia, Ecuador y Perú), del 0,5%.

2019 fue un año malo en lo laboral para el conjunto de la región, pero el futuro no apunta hacia un entorno mucho mejor. A la vista del “crecimiento lento” (1,4%) proyectado para la economía de América Latina y el Caribe por la media de los organismos internacionales, la OIT avisa de la alta probabilidad de que la demanda laboral se vea golpeada y presione al alza la tasa de desocupación hasta el entorno del 8,4%, tres décimas más que a cierre del año pasado. De cumplirse ese pronóstico —y sus técnicos no suelen pasarse de pesimistas—, 2020 terminaría con 27 millones de latinoamericanos buscando empleo.

Informalidad y salarios al alza

Aunque el estudio de la OIT no ofrece datos concretos de evolución de la informalidad, sus firmantes sí vinculan el menor crecimiento del empleo asalariado respecto al de por cuenta propia registrado el año pasado con “una tendencia al aumento” de los empleados que no tienen un contrato de trabajo ni las prestaciones de ley. Sí dan cuenta con certeza sobre el incremento del subempleo (personas que trabajan menos horas de las que desearían) en prácticamente todos los países del área, “resultados que redundan en la precarización relativa de los empleos creados en 2019”.

El contrapunto lo ponen el salario medio y el salario mínimo. El primero creció en 2018 —aún no hay datos para 2019—, aunque con divergencias entre los diferentes grupos de trabajadores: creció más en el sector público y en el caso de los empleados domésticos que en el de los asalariados del sector privado. Por sexos, las percepciones de las mujeres subieron más rápido que las de los hombres, reduciendo —aunque solo “de forma paulatina”— la brecha salarial. En cuanto al salario mínimo, las políticas de recuperación puestas en marcha en 14 de los 16 países analizados por el organismo —y, muy especialmente, en México, donde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una revaluación sin precedentes—, resultaron en un incremento total de cerca del 4% en el año recién concluido, el doble que en el lustro 2013-2018. Es la mejor noticia que deja un Panorama Laboral para América Latina y el Caribe acorde al estancamiento económico regional: crecer es condición sine qua non para crear empleo.

EL FALSO REDESPLIEGUE Y LA DEBILIDAD DEL DÓLAR

Oscar Ugarteche[1]

Eduardo Bastida Hernández[2]

Un antiguo fantasma persigue al dólar estadounidense. Desde 1960 se habla de que llegará el punto donde el financiamiento externo del déficit comercial de EEUU terminaría. La llegada de Trump a la presidencia ha hecho crecer el riesgo país de EEUU y alejado los capitales de corto plazo, contrario a la idea que el alza de la tasa de interés los atraería de regreso. El efecto ha sido una depreciación del dólar en lo que va del 2017, que visto desde América Latina, se percibe como una apreciación de nuestras monedas.

Para la moneda estadounidense el 2017 no está resultando un buen año, en contraste a los buenos indicadores obtenidos por su economía: un nivel récord en el Dow Jones Industrial de 22,000 puntos en julio; una tasa de desempleo que continua a la baja, colocándose en un 4.3% para el mismo mes; una tasa de crecimiento anual del 2.6% para el segundo trimestre; y una tasa de interés de referencia favorable en comparación con otras economías[3]. Quizás hay miedo del fin del ciclo de expansión económica, que no por tibia fue menor su expansión.

El US Dollar Index, conformado por una serie de monedas lideradas por el Euro, muestra una depreciación del dólar del 9% en lo que va del año[4]. Otras divisas de países latinoamericanos se han visto beneficiadas por esto, tales como el sol Peruano y el peso Mexicano, como observamos en el gráfico 1, donde las monedas se aprecian obedeciendo la pérdida de valor del US Dollar Index. Lo mismo pasa para las otras en menor grado.

Dentro del planteamiento de la debilidad del dólar, es posible que los buenos datos registrados en el 2017 estén aun dentro del año fiscal de la administración de Obama, pero tienen proyecciones malas. Los rumores del cambio de la presidente del Federal Reserve Board Yellen acompañan la discusión sobre qué hacer para reactivar la economía de EEUU. Con la tasa de interés al alza, aunque aún negativa, el panorama es sombrío para una reactivación y posible para una nueva recesión. ¿Bajar la tasa más? Lo que se sabe es que el alza de la tasa de interés ha estancado el nivel de precios (ver tabla) y está induciendo un ciclo de bajada del PIB. De esta forma el mercado está descontando la incertidumbre respecto a la administración del nuevo presidente, castigando al dólar; de allí la contradicción respecto a los avances obtenidos por la economía estadounidense.

Las explicaciones sobre la debilidad del dólar presentan planteamientos que van desde una problemática con el crecimiento económico estadounidense, la falta de progreso en la implementación de nuevas políticas por parte de la administración de Trump y la incertidumbre en la habilidad de la FED para incrementar sus tasas de interés ante una tasa de inflación estancada. Una explicación más sencilla es que el alza de la tasa de interés se usa para contener el consumo y, con eso, la inflación. Tal parece que lo han logrado. El problema es, entonces, que no hay cómo recuperar la tasa histórica de interés y con ello el manejo de la política monetaria, sin enterrar la economía real en una deflación y una profunda recesión.

Del otro lado del Atlántico se expone que la tasa de crecimiento europea ha sorprendido, pero el precio del Euro sigue frágil y tiene una recuperación coyuntural. Ha subido desde enero del 2017, igual que las monedas latinoamericanas, por la depreciación del dólar. El crecimiento del PIB trimestral fue de 0.6% y anual de 2.2%. Los miedos políticos se han dispersado por el resultado electoral en Francia y el anuncio que el Banco Central Europeo va a reducir su programa de estímulos monetarios.[5] Sin embargo el Brexit va a golpear sobre su crecimiento del comercio y su PIB.

Otro argumento lo presentó Richard Gardner desde 1960, cuando en un artículo planteó que los continuos déficits de EEUU no son problema. Desde entonces concluyó: “Nosotros nos hemos preocupado de una escasez de dólares por la supuesta tendencia de EEUU a mantener superávits en su balanza de pagos. Pero nos hemos despertado ante la realidad de que EE.UU. se encuentra con un gran déficit de pagos”.[6]

Gardner argumentó que los déficits de EEUU se financian gracias a la posesión de dólares por parte de extranjeros, además de la utilidad del dólar como moneda de uso internacional para el comercio. Explicó que este proceso no duraría mucho más una vez que los países que lo financiaban dejaran de confiar en la economía estadounidense como respaldo de la moneda. Concluyó que EEUU podría resolver su problema de déficits externos, tema que le preocupa al actual presidente americano, a través de la reducción del gasto militar y la cooperación externa; la restricción de las importaciones y de las inversiones directas en el exterior; o con deflación de la economía americana. Sin embargo, advirtió que él mismo no lo recomendaba porque esto afectaría el prestigio de EEUU en el mundo.

Tras la crisis del 2008 se puso en duda el estatus del dólar como divisa internacional, y un proceso de des-globalización financiera desde la perspectiva del dólar parece estar en curso. La contrariedad prevista del mal desempeño económico estadounidense de los próximos trimestres se ha visto reflejada en el mal desempeño del dólar y la desconfianza como la moneda internacional de siempre. La moneda emergente es el Reminbi, que ha pasado de ser la moneda número 35 en pagos en el mundo en el 2010, a ser la 5ta moneda en el 2017. El dólar pasó de controlar, aún como moneda principal, el 84.95% de los pagos mundiales en el 2012, a sólo el 40.47% en el 2017.

Ante la incertidumbre del dólar se observa el uso de otras monedas en el comercio regional y una apertura a la discusión sobre si son necesarias nuevas unidades regionales de cuentas, que permitan asegurar el valor de las mercancías y un intercambio comercial estable y eficiente. Esta incertidumbre abre una oportunidad para generar nuevos tipos de integración internacional.

Finalmente, el cambio de gobierno en EEUU parece haber introducido elementos de incertidumbre cambiaria. Aunque ha creado, también, la certeza que el futuro de la economía americana no será ni estable ni sólido. Una recesión está por llegar, una frente a la cual no habrá instrumentos monetarios. La crisis del 2008, en este marco, no ha culminado y no se ven los elementos de redespliegue económico, a pesar de todo.

[1] Investigador titular IIEC-UNAM/SIN, coordinador del proyecto Obela

[2] Proyecto Obela

[3] New York Times, The Markets Are Up, Unemployment Is Down. How Much Credit Should Trump Get?

[4] Financial Times, Five markets charts that matter for investors.

[5] Market Watch, Anora Mahmudova, Why dollar weakness may have finally gone too far.

[6] Richard N. Gardner, Foreign Affairs, “Strategy for the Dollar”, edición de abril de 1960.

El 22 de abril de 2020, el Banco Mundial informó que el año 2020 tendría la peor caída de remesas en América Latina y el Caribe de la historia; cerca de una quinta parte en comparación con 2019. Las remesas representan una quinta parte del PIB de El Salvador y de Honduras, una décima parte para Guatemala y Nicaragua y menos del 5% para Belice, México, Costa Rica y Panamá.

¿Por qué no se cumplieron las proyecciones de forma homogénea para todos los países? Las remesas para Centroamérica se recuperaron a partir de junio. ¿Por qué tan pronto?

El gobernador de California, Newsom, ordenó una cuarentena no obligatoria en marzo del año y dicho Estado es la meca de los desplazados: con 10.7 millones residentes. En abril otros Estados aplicaron medidas de distanciamiento social. Para los países de origen de los migrantes tanto ilegales como legales, el efecto fue la reducción en las remesas por la pérdida de ingresos de estos. El peor desplome de remesas fue en abril. El Salvador perdió 40% de sus remesas, Guatemala el 20% y los otros centroamericanos tuvieron la misma tendencia. Sin embargo, en México cayeron apenas 2% anual.

Juan José Li Ng señala que las remesas de México crecieron hacia la región Noroccidente de México (Sonora, Chihuahua y Baja California) y disminuyeron en el resto. Los norteños desterrados tienen mayor tiempo en EE.UU., ciudadanía o residencia permanente; y empleos formales y de mejor calidad; con redes de apoyo y familiares. Los latinos provenientes de Centroamérica y del Sursureste de México, son recientes, de los últimos 15 años. Los trabajadores provenientes de Centroamérica y del Sursureste de México no tienen el mismo arraigo en los EE.UU. que los de la región Noroccidente. Las actividades en que trabajan son de servicios y el fin del confinamiento les permitió regresar a sus trabajos. Los migrantes sudamericanos son proporcionalmente menos y datan de la década del 80 mayormente, aunque también del 70. Esa antigüedad es la que determina la estabilidad de los flujos. La calidad de la mano de obra define, en cambio, la variabilidad de los fondos remitidos con una aparente relación inversa entre calificación y velocidad del retorno a trabajar.

Investigadores del MPI indicaron que durante la crisis de 2008-2009 los trabajadores latinos visitantes enfrentaron gran desempleo. Empero, recuperaron sus puestos laborales más rápido que los nacidos en EE.UU.

En marzo de 2020 el desempleo latino fue del 6% y se triplicó ante la pandemia a 18.9% en abril. Las mujeres fueron las más perjudicadas. Los latinos desplazados fueron el grupo étnico que más empleos perdió, como en la crisis de 2008, y tuvieron una recuperación rápida. En enero de 2020 la brecha de género fue de 2%, mientras que en abril aumentó hasta 5%. Para agosto estaba de regreso a 2%. Según el MPI, en abril solo 40% de las latinas con edad para trabajar estaban empleadas lo que implicó que las familias latinas se quedaran con un sólo ingreso. El desempleo de este grupo étnico se redujo a 10,9% entre junio y agosto con un índice de recuperación más rápido que el promedio (ver gráfico).

Los desterrados trabajan en industrias muy vulnerables al ciclo económico. El MPI indicó que los extranjeros trabajan en servicios de alojamiento y alimentación, servicios a domicilio y servicios de construcción. Su empleo en EE.UU. se mantuvo porque está en la infraestructura esencial que responde al relativo bajo nivel educativo, donde reciben una paga baja, pero mucho mayor que lo que tendrían en sus países de origen. Las remesas hacia Centroamérica se recuperaron con la relajación del confinamiento en EE.UU.

Las proyecciones catastróficas del Banco Mundial no se cumplen, afortunadamente para las familias mexicanas, centro y sudamericanas que se apoyan en esto. Lo que está visto es que ser migrante y ser precario son sinónimos y que en caso de cualquier caída de producción es el primer grupo desempleado.

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Las respuestas de la política monetaria a la crisis económica y sanitaria por covid-19 fueron bajar las tasas de interés, los montos históricos de liquidez inyectada por los bancos centrales y los préstamos al sector financiero. Las políticas que se profundizaron durante la pandemia están próximas a cambiar de rumbo en medio de un contexto mundial complejo, con endeble recuperación y altos niveles de inflación. El presente artículo trata de explicar la política seguida por la Reserva Federal (FED) en el transcurso de la crisis y el traslado hacia la “normalización” de dicha política.

A comienzos de 2020, muchos países mostraban tasas de interés cercanas a cero, como el caso de Estados Unidos y Reino Unido, y en mayor medida Alemania y Japón. Al comienzo de la pandemia, los bancos centrales bajaron aún más las tasas de interés en los mercados occidentales. Frente a la caída de las bolsas de valores entre febrero y marzo, empezaron a estimular la economía a través de la inyección de liquidez.

La política monetaria implementada, conocida como “flexibilización cuantitativa” (en inglés quantitative easing), tuvo el objetivo de frenar la caída de la bolsa de valores, estimular el consumo, la inversión y el empleo que, a su vez, favorecería la recuperación económica. En marzo del 2020, la FED anunció la compra de valores del Tesoro en al menos $ 500 mil millones de dólares (mmd) y un aumento de $ 200 mmd en tenencia de valores respaldados por hipotecas (MSB) con el fin de promover estos objetivos. En junio del mismo año, se estableció una marca de compras de $ 80 mmd mensuales en valores de tesorería y $ 40 mmd en MBS. El resultado fue un incremento de $ 2.1 billones de dólares de los balances de la FED, tal como se muestral en el gráfico.

Los activos financieros comprados por la FED se convierten en parte de sus balances y aumenta simultáneamente el volumen de reservas de las instituciones financieras. El crédito que pueden ofrecer los bancos es mayor, por lo que las tasas de interés comerciales tienden a la baja. De este modo, se estimula el consumo, la inversión y se favorece el crecimiento económico.

Aun con estas medidas, el crecimiento económico sigue lento. A pesar de los montos de liquidez ofrecida por la FED, el agregado M2 (se refiere a la suma de los montos del papel moneda en circulación, depósitos a la vista, depósitos a plazo de corta denominación y saldos en fondos del mercado monetario minorista) en Estados Unidos sólo tuvo un incremento del 6% en su punto más alto en abril del 2020, y a partir de entonces se ha comportado de forma normal. Esto refleja el poco impulso que tuvo la política monetaria en la intermediación financiera.

El sector que se ha beneficiado de las constantes inyecciones de liquidez de los bancos centrales es el bursátil. Muchos índices alrededor del mundo se encuentran en máximos históricos, como el caso de los tres índices de Estados Unidos (S&P 500, Dow Jones y el Nasdaq), el Dax 30 en Alemania o el Nikkei en Japón. A pesar de la lenta recuperación de estas economías, estos índices presentaron un cambio en su tendencia y se encuentran muy por encima de su nivel prepandemia. Los mercados financieros han sido los ganadores durante la crisis.

Con tasas de interés reales negativas, la FED anunció subidas graduales de éstas y el ajuste de liquidez (tapering) a principios de noviembre del 2021. La normalización de la política monetaria es inminente, pero aún no queda claro cómo se llevará a cabo. En la minuta correspondiente al mes de diciembre del 2021, el Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva habló de algunas consideraciones sobre de la normalización de la política, en especial el tamaño y composición de sus balances en el largo plazo.

La discusión dejó en claro que no existe un consenso sobre el medio a usarse para comunicarle a los operadores financieros efectivamente la política: si la tasa de fondos federales, por su familiaridad y certidumbre con los mercados, o la reducción de sus balances para evitar subidas de la tasa que puedan aplanar la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro (más). Por un lado, se establecen incrementos ligeros de la tasa objetivo de fondos federales, y por el otro son disminuciones graduales y predecibles de las tenencias de activos con el fin de mejorar la efectividad de la política. Además, se ha dejado abierta la opción de flexibilización para actuar cuando las condiciones económicas y financieras así lo requieran.

La normalización de la política monetaria será un reto para los bancos centrales. La experiencia adquirida con la crisis de 2008 muestra que la normalización es una política a medio y largo plazo (como se muestra en el gráfico), y hay incertidumbre sobre cuál, cómo y cuándo será. El Banco Central Europeo y otros bancos centrales han permanecido a la espera de la orientación de la FED, que se negó a subir los tipos de interés y a ser el guardián del poder adquisitivo de la moneda, que antepone la dinámica de los mercados financieros, como afirma OBELA. Sin embargo, los mercados financieros están nerviosos. Mantener esta inflación (7%) sería terrible para ellos, y tipos de interés mucho más altos, también. ¿Será el fin de la burbuja? Un crecimiento económico ínfimo con índices bursátiles masivos no es coherente.

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El ministro chino de Comercio visitará la UE para negociar aranceles a vehículos eléctricos

PEKÍN (Sputnik) — El ministro de Comercio de China, Wang Wentao, viajará la semana que viene a Bruselas para examinar el tema de los aranceles de la UE a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, anunció el portavoz del Ministerio de Comercio de China, He Yongqian.

"El ministro de Comercio de China, Wang Wentao, visitará próximamente Europa, donde el 19 de septiembre mantendrá reuniones con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario de Comercio de la CE, Valdis Dombrovskis, para discutir las medidas antisubsidiarias de la UE contra los vehículos eléctricos chinos", declaró el portavoz.

La Comisión Europea anunció a finales de agosto que había enviado a las partes interesadas un anteproyecto de decisión final sobre la imposición de aranceles de importación a los vehículos eléctricos procedentes de China, que, dependiendo del fabricante, oscilarán entre el 17% y el 36,3%, mientras un arancel del 9% corresponderá a los vehículos Tesla.

El 4 de julio, la CE impuso aranceles compensatorios provisionales temporales a la importación de vehículos eléctricos de China. La decisión se tomó tras la investigación sobre las subvenciones a los fabricantes en este sector, realizada en junio por Bruselas, las que calificó de "injustas".

Pekín se mostró preocupado por la investigación de Bruselas sobre los vehículos eléctricos chinos, indicando que se trata de un acto de proteccionismo comercial. A su vez, Wang Wentao destacó que el rápido desarrollo de los vehículos eléctricos en China se basa en la innovación, la libre competencia y un sistema industrial de pleno valor.

A mediados de agosto, China inició un procedimiento de resolución de disputas dentro de la OMC sobre los aranceles compensatorios de la UE a sus vehículos eléctricos.

El cambio en la matriz energética mundial juega un papel importante en la guerra comercial y la disputa por la hegemonía. Mientras que EEUU quiere conservar el petróleo como fuente de energía, por ser su principal exportación, China está cambiando su matriz energética y empujando las energías limpias a menores precios en el mercado mundial. En este contexto, el litio juega un papel importante, por ser el insumo principal para las baterías, incluidas las de los automóviles eléctricos.

El segundo campo de conflicto es el de los vehículos eléctricos. China ha masificado la producción de autobuses eléctricos y los exporta hacia América Latina, ya en diez ciudades importantes: Ciudad de México, La Habana, Medellín, Cali, Guayaquil, Santiago, Buenos Aires, Montevideo y San Pablo. EEUU no ha modificado sus autobuses a diésel. La producción de motocicletas eléctricas chinas ha invadido el mercado mundial con 28 empresas fabricantes, mientras EEUU tiene dos, Italia 5, y Alemania arma scooters (motos pequeñas) asiáticas y tiene 3 fabricas propias. China fabrica 30 millones de scooters eléctricos al año y continúa fabricando motocicletas a gasolina con motores de dos tiempos, igual que EEUU que tiene dos fábricas de motocicletas eléctricas Z y Harley Davidson. Japón, China, la India e Italia concentran el grueso de la fabricación mundial con China como el fabricante mayor y más dinámico.

Para los vehículos eléctricos, el litio es esencial por las baterías y por la aleación que se hace con el agua de litio para aligerar el peso de los metales y hacerlos más autónomos. El litio es un metal alcalino que se puede encontrar de dos formas en el planeta: en salares y en depósitos de roca dura. Los tres países que cuentan con más litio que aún no puede ser extraído son Argentina, Bolivia y Chile. Por otra parte, los países con las reservas de litio son que ya se pueden extraer son Chile, Australia, Argentina y China.

Hay una diferencia entre el Litio de América del Sur y el del resto del mundo. El litio sudamericano está en salares, por lo que es más sencillo extraerlo. Con esto, los proyectos mineros de Chile y Argentina son más productivos, que los de Perú o Brasil. Cabe hacer la aclaración que el Servicio Geológico de EEUU no toma en cuenta litio extraíble para Bolivia cuando ya existen pequeñas exportaciones a China y Rusia. Bolivia tiene las mayores reservas de litio del mundo seguido del Perú en Macusani.

En cuanto al comercio internacional, China es el mayor importador de litio extraído de salares en el mundo, con 269 millones de dólares. De estos, el 75% son de origen chileno y 12% argentino. El mayor exportador de litio extraído de salares es Chile y de litio extraído de roca dura es China.

El área geográfica de donde se extrae litio en América de Sur se conoce como El Triángulo del Litio, y estaba conformado por tres puntos: el Salar de Atacama (Chile), el Salar de Uyuni (Bolivia) y el Salar de Hombre Muerto (Argentina). Con el aumento de la demanda de litio de dicho triángulo se convirtió en un corredor. Ahora en la región hay 9 minas y se estira desde Puno, Perú hasta Jujuy (ver mapa).

El Salar de Atacama en Chile es uno de los proyectos de litio más productivos del mundo. Las dos empresas encargadas de extraer litio en Chile son: Albermale Corporation, una empresa química estadounidense y Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), una empresa minera privada que trabajan en el Salar de Atacama y el Salar del Carmen. Igualmente, se cuenta con 5 proyectos por parte de SQM, Albermale, SIMCO SpA (Chile) y Minera Salar Blanco (Australia) para 2021. 1

La empresa americana Ensorcia Metals Corporation está en el proceso de invertir 400 millones de dólares para abrir y operar dos plantas de baterías de litio: una en Chile, que planea empezará operaciones en el 2021; y la otra en la zona de Jujuy en Argentina. Según el Diario el Mercurio de Santiago, del 21 de enero del 2019, la empresa Ensorcia Chile, está ligada al empresario estadounidense Daniel Layton, al creador de la tecnología MU y experto en litio John Burba (de IBAT) y el emprendedor chileno Ricardo Donoso. Con una inversión de 220 millones de dólares deberían de entrar a producir en el último trimestre del 2019.

Por otro lado, la extracción en Argentina es por parte de las empresas:

• Orocobre, una empresa minera australiana que, para este proyecto cuenta con participación del 25% de Toyota que trabaja en Olaroz, Jujuy.2

• Advantage Lithium, una empresa canadiense que trabaja en Cauchari, Antofalla, Incahuasi, Guayatayoc y Salinas Grande Salar.3

• Ganfeng, una empresa China dedicada a extraer litio que trabaja en Cauchari y Olaroz. 4

• Minera de altiplano una filial de FMC Corporation que es una empresa estadounidense que trabaja en el Salar de Hombre Muerto. 5

• Galaxy Resources, una empresa australiana que trabaja en el Salar de Hombre Muerto. 6

• Minera Exar, subsidiara de la empresa Lithium Americas que es canadiense que trabaja en Cauchari y Olaroz. Mitsubishi y Baterías Magna son parte de este proyecto.7

La energía de estas empresas, a partir de finales de 2019, será generada por el parque solar del gobierno de Jujuy con tecnología china.

En comparación, en Bolivia la extracción del litio es por Yacimientos de Litio Bolivianos, que tenía un acuerdo firmando en diciembre del 2018, con la empresa alemana ACI Systems GmbH para la fabricación de baterías de litio a través de una empresa mixta que operara con litio del Salar de Uyuni con una inversión de 1,300 millones de dólares. El acuerdo fue cancelado por el presidente Morales para aplacar las protestas de Potosí en noviembre de 2019.8 La empresa reaccionó diciendo que el contrato estaba firmado y se iba a respetar.

También existe la extracción del litio y acuerdos con la empresa china Xinjiang TBEA Group Company para la industrialización en el Salar de Coipasa y el Salar de Pastos Grandes y así producir baterías de litio y metal ligero9. El acuerdo con China no ha sido cancelado, suma en total 2390 millones de dólares, y conlleva la construcción de la planta industrializadora de litio en Coipasa, Oruro. Esta demandará una inversión de 1.320 millones de dólares para la instalación de cinco plantas: una de sulfato de potasio, con 450.000 toneladas año (t/a); una de hidróxido de litio, con 60.000 t/a; una de ácido bórico, con 60.000 t/a, una de bromo puro, con 10.000 t/a, y una de bromuro de sodio, con 10.000 t/a. Se proyecta además la construcción de una planta de baterías en China, con el 51 por ciento para YLB y el 49 por ciento para TBEA-Baocheng. En el salar de Pastos Grandes, en el departamento de Potosí, la inversión alcanza los 1.070 millones de dólares, donde se instalarán tres plantas de cloruro de litio, carbonato de litio y litio metálico.

Respecto al segundo tipo del litio, el alojado en rocas, los proyectos son menores y menos productivos. En el Perú se encontró litio en roca dura en Puno que será extraído por la minera canadiense Plateau Energy. Y en Brasil se identificó en Araçuaí que será extraído por la Compañía Brasileña de Litio.

En setiembre del 2019, la asesora de la Casa Blanca e hija del presidente de EEUU visitó Purmamarca en Jujuy, donde anunció la inversión de 400 millones de dólares por empresas americanas con el apoyo del OPIC para carreteras, en particular las rutas nacionales 7 y 33. El 80% de las inversiones previstas son para reparar y ampliar el Corredor C, que conecta las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Sin duda son 400 millones en carreteras relacionadas a la explotación de las minas de litio y actividades colaterales. Allí mismo, en Jujuy, está el Parque Solar Cauchari que tiene una extensión de 800 hectáreas, con 1.2 millones de paneles solares, que servirán para la extracción de las cinco minas de litio que hay en esa zona. La visita de Ivanka Trump se hizo con la compañía de 2,500 agentes federales argentinos que llegaron para entrenamientos militares en la zona norte del país.

América del Sur es un territorio en disputa fomentado ahora por el litio como recurso estratégico, como lo fue antes el salitre que llevó a una guerra en el silgo XIX entre los mismos países ahora mencionados. El golpe de Estado en Bolivia, orquestado por EEUU, se ve fuertemente relacionado con los avances de industrialización apoyados por China y Alemania basados en el litio. Eso quizás explique el pronto reconocimiento de EEUU al gobierno de facto y de la Unión Europea. La nación que controle la oferta de baterías de litio en el mundo controlará el cambio de matriz energética y la nueva industria automotriz.

1 https://www.guiaminera.cl/oro-blanco-genera-boom-de-proyectos-cerca-de-us2-000-millones-invierten-empresas-en-nuevas-iniciativas-de-litio-en-chile/

2 https://www.orocobre.com/operations/salar-de-olaroz/

3 https://www.advantagelithium.com/projects/cauchari/

4https://www.reuters.com/article/china-lithium-ganfeng/chinas-ganfeng-closes-deal-to-raise-stake-in-argentina-lithium-project-idUSL4N25E055

5 http://www.telam.com.ar/notas/201711/221028-la-empresa-fmc-invertira-us-300-millones-para-duplicar-su-produccion-de-litio.html

6 http://miningpress.com/nota/318755/galaxy---posco-acuerdo-clave-por-salar-del-hombre-muerto-mas-inversiones-y-litio-para-catamarca

7 https://defonline.com.ar/el-litio-un-mineral-estrategico/

8 https://lta.reuters.com/articulo/bolivia-alemania-litio-idLTAKBN1XD0LE-OUSLT

9 https://www.efe.com/efe/america/economia/bolivia-y-china-forman-una-empresa-para-fabricar-litio-metalico/20000011-4046760

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Oscar Ugarteche [i] y L. David Segovia Villeda [ii]. La abrupta disminución en el precio del petróleo ha desprestigiado el diagnóstico ortodoxo que subraya el papel concluyente de China y el exiguo efecto del mercado financiero sobre el valor del combustible. La prueba reside, por una parte, en la sincronía entre la demanda asiática en constante crecimiento y el desplome de los precios del hidrocarburo y, por otra, en la intensificación de la relación inversa entre tasas de interés de los bonos federales estadounidenses y el precio de los futuros de commodities a partir de 2009.

El transcurso de los meses delinea el saldo probable para Latinoamérica: aunque  matizado según la importancia del petróleo en el modelo comercial y en el erario público en cada uno de los países, a nivel región el triple arbitraje invertido conformado por tasa de interés, tipo de cambio y precio de materias primas prevé mayores tasas de retorno de los bonos gubernamentales (para frenar la salida de reservas internacionales y las presiones inflacionarias) y recorte al gasto público.

[i]Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org

[ii]Miembro del proyecto OBELA, IIEc-UNAM.

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Las fortalezas del trigo van de la fácil adaptación agronómica y el almacenamiento asequible, hasta la sencilla transformación en alimentos de alto contenido nutritivo. De ahí que entre sus usos destaca la producción de alimentos (para uso humano y animal) y biocombustibles. Se distinguen 5 tipos principales de trigo: rojo duro de invierno, rojo duro de primavera, rojo blando de primavera, blanco y duro, en orden descendente respecto a su producción en Estados Unidos (EU). Aunque los futuros se llegan a negociar desde la India (In) hasta Argentina y Hungría, la atención mundial está en los mercados estadounidenses: Bolsa de Comercio de Kansas City (KCBOT, en inglés), Bolsa de Granos de Minneapolis (MGE, en inglés) y, más aún, Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT, en inglés).

La tendencia reciente en el precio futuro del trigo comerciado en el CBOT, muestra: a) alza impresionante del 434% desde 01/2000 hasta 02/2008 y b) desaceleración del 51% en 12/2014 a partir del máximo alcanzado en 02/2008. Destaca que en comparación con el resto de las materias primas, el boom terminó en 2008 y, de mayor importancia, el contraste entre el crecimiento extraordinario en un periodo tan corto de tiempo como el 08/2005-02/2008 y la caída pausada (que titubeo en 05/2010 y 02/2012) en los 7 años posteriores. ¿Tan alarmante fluctuación responde únicamente a los factores demográficos, económicos, naturales y geopolíticos que determinan la oferta y demanda?

La Unión Europea (UE), China (Ch), In, EU y Rusia (Ru) son los principales consumidores (Md) y productores (Ms) mundiales del grano. Del lado de la demanda, la participación de la UE, Ch e In ha sobre compensado el estancamiento de Ru y EU: el crecimiento de 26%, 18%, 17% y 12% en los cuatro primeros explica el alza de 837 a 1010 en Md. Respecto a la oferta, ahora se le suma Ru al ancla de arrastre conformada por la UE, Ch e In, ahora el incremento de Ms va de 804 a 966. A pesar de que los datos de las fuerzas del mercado dan cierto aliento a los diagnósticos conservadores, la estrechez entre Md y Ms bajo un escenario de gran volatilidad en el precio del trigo hace pensar en otro factor de gran envergadura.

El mercado financiero también da señales. Aún cuando el vínculo entre la tasa de interés de los bonos federales estadounidenses y el precio del trigo era sombría hasta 09/2004, de ahí hasta la fecha se dejan entrever un nexo positivo (09/2004-09/2008) y negativo (09/2008-09/2012): a partir de la política monetaria expansiva implementada por la Reserva Federal (FED, en inglés) se amplifica el principio de minimización de riesgos y maximización de beneficios al reemplazar futuros de trigo por bonos gubernamentales. Tal comportamiento queda evidenciado donde los contratos de futuros muestran una caída de las 232 mil a las 152 mil una vez que empiezan a germinar las opiniones de la academia, del mercado y la burocracia sobre la inevitable e incuestionable alza futura de las tasas de interés.

En el mercado de futuros hay un principio por el cual la diferencia entre el primer (f1) y el segundo (f2) contrato debe de ser únicamente el costo de almacenamiento de f2. Se relaciona el stock de trigo y el diferencial entre f1 y f2 como porcentaje del costo de almacenamiento total (renta de  bodega, intereses no percibidos y el seguro de la mercancía): sólido naranja del eje izquierdo y línea azul  del eje derecho, respectivamente. La línea roja de 100% indica la cobertura plena de los costos de almacenamiento y, en consecuencia, valores por encima y por debajo evidencian especulación. Lo que se aprecia es que con dos periodos de distancia, cuando bajan los precios de f2 (alza de la línea azul) suben los inventarios y cuando se incrementan los precios de f2 (caída de la línea azul) se reducen los inventarios.

En el año 2009 el Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de EU publicó un informe titulado "Excesiva especulación en el mercado del trigo",[i] en donde hace pública la forma de operar de los agentes financieros entre 2001-2008 y denuncia los siguientes hechos: a) la mayor parte de los contratos adquiridos por los Comerciantes de Índices de Materias Primas (CIT´s, en inglés) no buscan la cobertura sobre la producción física pero si la especulación; b) la demanda hecha por los CIT´s incrementa el precio de los contratos futuros, agranda su diferencial respecto a los precios spot y hace más volátil e irracional el comportamiento de las cotizaciones; c) el accionar de los CIT´s atenta sobre el comercio físico del grano al afligir a agricultores, almacenadores y procesadores  vía costos no previstos y expectativas falsas sobre el precio futuro de la producción; d) las excepciones otorgadas por la Comisión Estadounidense de Comercio de Commodities a Futuro (CFTC en inglés) sobre el límite de contratos que puede comerciar algunos CIT´s han facilitado la especulación; y e) los programas federales de cobertura agrícola han perdido eficacia al considerar los precios futuros en las fórmulas que determinan el costo del crédito hacia los productores. La recomendación de política pública, orientada a reducir la brecha entre el precio futuro y spot, apuntó al aminoramiento de la especulación financiera vía mayores restricciones a los CIT´s sobre la posesión de contratos de futuros y no a los intentos del CBOT por acrecentar la actividad real: llevar el precio del futuro a los niveles del spot, en resumidas cuentas.

La financiarización de la economía avanza a pasos agigantados. La oferta y demanda agrícola, determinantes últimos de los precios de las materias primas hasta hace poco, están por ser rebasados ante la inminente importancia del sector financiero. El descubrimiento de que los precios de los futuros de trigo se desvinculan del precio spot debe ser tratado como un problema de seguridad alimentaria y un factor más de la concentración del ingreso: lo que ganan los especuladores es quitado a los productores y, en última instancia, pagado por los consumidores.

Véase el texto con gráficos en el documento adjunto