Artículos y Noticias relacionados con el Desarrollo Económico.
Crecimiento, empleo y distribución de ingresos en América Latina
Por Jürgen Weller(Agosto, 2012)
El excedente en el capital monopolista y el tributo imperial
Por Samir Amin (Agosto 2012)
Los dos debates chinos
Por Xulio Ríos (24-Agosto-2012)
IW 1000: lideran miembros del BRIC
Por Jonathan Katz (15-Agosto-2012)
La estrategia china gana en África
Por Brendan O'Reilly (15-Agosto-2012)
Argentina: Contrasentidos del neodesarrollismo
Por Claudio Katz (9-Agosto-2012)
El papel del mercado bursatil en el desarrollo económico de México
Por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
El financiamiento para el desarrollo, una mirada desde América Latina
Por José Roberto R. Afonso
Tendencias de largo plazo del financiamiento del desarrollo.
Ponencia especialmente preparada para la Conferencia por los 50 años de FLACSO, Quito, 29 al 31 de octubre, 2007
Por Oscar Ugarteche
Una Nueva Visita a la Teoría del Desarrollo Económico
Por Jorge Katz
La Transformación Productiva 20 años después. Viejos problemas, nuevas oportunidades
Por CEPAL
La economía brasileña está casi en situación de estancamiento desde 1980, con excepción del corto auge de 2006-2010, causado por los altos precios las materias primas. En 1994, las causas del bajo crecimiento fueron la gran crisis financiera de la década de 1980 y la consiguiente alta inflación inercial. Desde que esas dos causas se superaron, la economía brasileña debió haber reanudado el crecimiento, pero no lo hizo.
Según una nueva macroeconomía del desarrollo, el nuevo hecho que explica este bajo crecimiento es la liberalización del comercio de 1990 a 1991, que tuvo como consecuencia no haber podido predecir la suspensión de la neutralización de la enfermedad holandesa.
Este hecho hizo que la industria manufacturera brasileña perdiera competitividad y se colocara así en desventaja, causando desindustrialización prematura y cuasi-estancamiento. Finalmente, los economistas brasileños que estudian el desarrollo no están siendo capaces de considerar un nueva visión nueva para superar el problema.
Este informe del Banco Mundial ofrece una visión de los responsables políticos y otros actores que buscan desarrollar la competencia industrial verde en los países en desarrollo; ofrece una visión general y estimación de oportunidad en el mercado para el negocio de la tecnología limpia en estos países en la próxima década. Identifica qué aspectos en los mercados son más accesibles para las empresas locales y para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en particular. De igual manera, proporciona un conjunto de acciones a considerar para los países que tienen la intención de construir industrias verdes locales.
En el informe se establece que en el año 2012 la inversión en la tecnología limpia aumentó un 19% en países en desarrollo en comparación con una disminución general de 12% a nivel mundial, lo que sugiere que la inversión en la tecnología limpia se está desplazando hacia el desarrollo de economías en el corto plazo.
En lo referente a las PYMES, se establece que éstas sirven a la base local, rural y de la “pirámide de mercados”. Igualmente, indica la naturaleza y el tamaño probable de la oportunidad de la tecnología limpia para las PYMES en 145 países en desarrollo durante la próxima década. La inversión se establece en una amplia gama de sectores de tecnología limpia, con un estimado que superará los $ 6, 400 billones de dólares en la próxima década, cifra de la cual 1,6 billones de dólares de esa suma total ofrece una apertura para las PYMES.
El informe refleja que las oportunidades están disponibles para las PYMES a través de toda la cadena de valor de la tecnología limpia, pero sin dejar de mencionar las posibles barreras que también enfrentan, tales como: los altos costos de capital de puesta en marcha y la necesidad de conocimientos y equipos altamente técnicos.
Se examinan tres áreas tecnológicas en toda la India y Kenia; centrando la atención en la tecnología solar en la India y la bioenergía en Kenia, en tanto la agricultura climáticamente inteligente es explorada en ambos países.
También se describe la importancia de las PYMES para el crecimiento de las industrias competitivas de tecnología limpia; ilustrando la existencia de oportunidades para el desarrollo de estas en los países a través de las industrias de tecnología limpia y cadenas de valor.
Finalmente, se establecen cinco áreas de acción: 1) El espíritu empresarial y la simplificación de negocio, 2) Financiación de la Innovación, 3) El desarrollo del mercado, 4) El desarrollo tecnológico y 5) El marco legal. Áreas que deben ser consideradas tanto por las agencias de desarrollo como por los actores públicos y privados para el apoyo a las PYMES en lo concerniente a la tecnología limpia en los países en desarrollo.
Siguiendo la línea de las perspectivas globales, se espera que el crecimiento de Asia en 2011-12 sea ligeramente inferior a lo previsto en abril de 2011, principalmente como resultado de una menor demanda externa. Para poder contener el crecimiento, se podría dar una expansión de la demanda interna, sin embargo está se ha mantenido resistente a los cambios.
Por otro lado, las presiones de recalentamiento siguen siendo elevadas en varias de las economías. Con un crecimiento robusto del crédito, la inflación parece elevarse demasiado, aunque se espera que la inflación retroceda ligeramente tras alcanzar un máximo en 2011. Además, en la venta masiva en los mercados financieros asiáticos en agosto y septiembre del 2011 se puede observar un crecimiento en la turbulencia financiera provocado por la la zona del euro y la desaceleración en los Estados Unidos que podría tener graves efectos secundarios macroeconómicos y financieros en Asia. En este contexto, los bajos ingresos de los asiáticos y de las economías de las islas del Pacífico se enfrentan a retos particulares en el corto y mediano plazo. En países de bajos ingresos, la lucha contra la inflación es complicada por los fuertes efectos de segunda ronda de reformas: la necesidad de eliminar gradualmente los subsidios
En los últimos años China ha incrementado su participación en las relaciones comerciales con América Latina, sus intercambios crecen, lo mismo que sus inversiones en la región, marcando una tendencia hacia un nuevo orden en las dinámicas económicas, políticas y culturales del continente. Ver artículo
Este análisis se centra en la Inversión Extranjero Directa (IED) de China en América Latina entre 2000 y 2011, llegando a la conclusión de que América Latina y el Caribe (ALC) se han convertido en el segundo mayor receptor de las salidas de IED de China durante este período. La Inversión Extranjera China en la región ascendió a más de $37 mil millones de dólares entre dichos años. Además, el 87% de la salidas de IED en América Latina provino de las empresas públicas (en contraste con un 13% que provino de empresas privadas), mientras que un 99%las salidas de IED estas empresas públicas estuvieron concentradas en actividades y procesos relacionados al acceso a las materias primas y la energía.
En conclusión, existen amplias implicaciones sobre el predominio de la propiedad pública en las salidas de IED de China en América Latina y otras partes del mundo, incluyendo los desafíos legales, económicos y políticos de los países receptores respectivos.
China está decidida a favorecer la transición de ser el centro de fabricación del mundo en un líder mundial en innovación. Las personas con talento son necesarios en todos los sectores de la industria, junto con los empresarios, funcionarios públicos, obras sociales e incluso los líderes culturales. De acuerdo con el Esquema Nacional de Plan de Mediano y Largo Plazo para el Desarrollo de Talento (2010-2020), China pretende aumentar su reserva de talento de 114 millones hoy en día a 180 millones las personas para el 2020.. En los próximos 10 años, el gobierno financiará 2.000 representantes más importantes de la filosofía, las ciencias sociales, la edición, la cultura, el arte y las áreas de protección del patrimonio. Mientras tanto, más apoyo financiero se proporcionará a los estudiantes que se especializan en las ciencias sociales y la filosofía para estudiar en el extranjero. En 2011, el Consejo de Becas de China patrocinó 13.690 estudiantes chinos que estudian en el extranjero, con un tercio de ellos en los campos de las ciencias sociales y la filosofía. Para lograr el objetivo, el gobierno está luchando por un sistema más abierto, fomentando la cooperación entre las industrias, universidades, organismos oficiales e instituciones transfronterizas.
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Indonesia le ha dado un enfoque nacionalista a su industria minera; con miras en posicionarse como una de las 10 economías más grandes del planeta (posee 238 mil millones de habitantes que lo convierten en el cuarto país más poblado del mundo). Ha crecido a tasas promedio de 6% en los últimos años y la industria minera ocupa el 7 % de su PIB. Se estima que el crecimiento de esa industria está retrasado en comparación con otros sectores, y en materia de subsidios alcanzan cifras muy elevadas.
Las nuevas políticas mineras vienen a remplazar la antigua ley de 1967, cuando el país enfrentaba serias dificultades económicas y atraía a la inversión con impuestos mínimos y un tratamiento de alto nivel a las empresas inversionistas. La situación con las nuevas políticas es otra: ahora se otorgan licencias de explotación por concurso abierto; se exige que se vaya realizando un procesamiento de los minerales para lograr exportaciones de mayor valor agregado, con un grado de procesamiento ya establecido; se pide las empresas extranjeras que en determinados plazos reduzcan su participación en no más del 49%; y se le ha dado prioridad a contratistas y consultores nacionales. Todo esto requiere instalación de fundiciones y refinerías; se está buscando industrializar a la minería.
Así, Indonesia se ha posicionado como un agente de gran relevancia económica. Todo parece indicar que éste es el primer paso de Indonesia en busca de un mayor desarrollo y protagonismo de sus industrias.
Asia se está consolidando como el centro fundamental de la economía mundial del siglo XXI al ser la región más dinámica del mundo en términos de crecimiento, participación en el comercio internacional, fuente de recursos financieros e innovación tecnológica, y China es protagonista de ese proceso.
Ese país se ha transformado además en socio comercial clave para América Latina. En los últimos años los vínculos entre China y la región se han venido incrementando de forma acelerada y ello ha desatado controversias en varios sentidos entre académicos, especialistas, personas encargadas de elaborar políticas, etc. Se ha discutido mucho por ejemplo, acerca de si estas relaciones constituyen una oportunidad o una amenaza para América Latina y sobre la magnitud y significado que podrían llegar a tener las mismas en el futuro.
Precisamente, este último aspecto adquiere mayor relevancia luego de la irrupción de la crisis en el escenario global, puesto que el fenómeno ha impactado sobre ambos actores.
El presente trabajo se propone ofrecer una visión resumida del estado de las relaciones sino-latinoamericanas antes de que se produjera la crisis; luego, brinda una panorámica de cómo la crisis afectó a cada una de las partes de manera bien diferente, para posteriormente referirse al estado y las perspectivas de las relaciones mutuas en el contexto de post crisis.El rol que China esta jugando en África recibe actualmente mucha atención, de la misma manera, su participación en América Latina no debería pasar de sapercibido. Las inversiones chinas subieron de $200 millones por año en 1975 a $70,20 mil millones por año en 2006 y este año serán $100,000 millones por año, la tendencia es significativa.
Un sintoma de la importancia que la República Popular China le da a la región es la publicación, por primera vez, de un estudio sobre América Latina el 5 de noviembre de 2008. las relaciones comerciales y de inversiones se complementan con otros contactos que incluyen intercambio de delegaciones de funcionarios políticos, culturales, comerciales y militares de alto nivel, y la participación de China en instituciones latinoamericanas como el BID y la OEA. Leer
Como afirma Paul Kennedy, estamos exactamente parados frente a un parteaguas en la historia. Una nueva era se avecina en la historia de la humanidad y somos testigos de cómo estos nuevos cambios comienzan a fraguarse. Podemos ver la gran revolución en las telecomunicaciones, el gran avance de la tecnología pero también hay cambios de otro índole que son los que nos interesa: la economía y la política. Entre los nuevos cambios que ya pueden constatarse está la erosión constante del dólar estadounidense como divisa dominante de reserva en el mundo; la parálisis del proyecto europeo; la enorme carrera de armamentos que está desarrollándose en la mayor parte del este y el sur de Asia; y finalmente, la creciente decrepitud de Naciones Unidas. Los cuales son los primeros de toda una serie de cambios que ha de marcar el nuevo ritmo de esta era.
El proceso que China ha vivido tras la muerte de Mao (1976) se ha articulado en torno al renacimiento del país, ideal asociado a dos variables fundamentales: modernización y soberanía. Si bien existen ciertas dudas respecto al éxito que traería consigo la continuidad del modelo de crecimiento actual, es inobjetable que el fin del aislamiento y la aceptación de la interdependencia se han reafirmado a la par de una vocación soberana. Sin embargo, el reformismo económico ha avanzado de la mano del conservadurismo político: el control de la economía sigue girando alrededor del Comité Central del PCCh.
A nivel del sistema interestatal, la principal preocupación de Estados Unidos respecto a China, consiste en que ésta se muestra obstinada en alinearse sin objeción a su hegemonía y promover un proyecto alternativo. Washington hará todo lo posible por entorpecer la viabilidad de las alianzas de Pekín, ya sean bilaterales (Rusia, Birmania) o multilaterales (OCS, BRIC), sin dejar del lado las presiones sobre el yuan y los derechos humanos.
A nivel doméstico, el mayor desafío al que se enfrenta China es el de garantizar un continuado y elevado ritmo de crecimiento económico. Una vez agotado el modelo de crecimiento hacia afuera, algunos subrayan que el cambio hacia el crecimiento interno, el impulso tecnológico, social, ambiental, etc., son insuficientes. En marzo de 2012, Wen Jiabao sugirió estimular una mayor inversión privada en los sectores estratégicos tutelados por el Estado: energía, finanzas, telecomunicaciones, ferrocarril, educación, salud, etc.
¿Controlar o crecer? Ese parece ser el dilema al que se enfrentan los gobernantes chinos. Mientras, los multimedia hacen propaganda a favor de una mayor apertura con frases como "la desmonopolización es la clave para lograr la prosperidad" o "los monopolios públicos son responsables de la profunda brecha de riqueza existente en China", apadrinadas tanto por el FMI como por algunos grupos internos.
Un proceso de tal magnitud traerá consigo resistencias domésticas, además de incrementar las contradicciones sociales a tal punto que podría afectarse la estabilidad. Por ello, la clave de la subsistencia no debiera buscar en el exterior, sino en la superación de las dificultades en el interior. El éxito interno pasa por resolver las carencias estructurales, y esa es sin duda, la mejor carta de presentación que China puede presentar al resto del Mundo.
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La contienda entre Estados Unidos y China rebasa los límites del Mar del Sur. En la medida en que la influencia económica de China va creciendo, el re-alineamiento del poder mundial se hace más evidente. Regiones que anteriormente estaban bajo el dominio occidental, se acercan cada vez más a la órbita china, desafiando la posición de Estados Unidos y el orden unipolar. África forma parte de esta tendencia. La política exterior que cada uno aplica marca las diferencias en sus concepciones de mirar al mundo.
En creciente rol de China en África, además estrechar sus lazos comerciales no hace sino poner de manifiesto la intención de adquirir legitimidad al asumirse como proveedor de bienestar para los ciudadanos - no sólo africanos, sino del resto del mundo.
Las transacciones comerciales China-África han crecido de forma abrumadora: se triplicaron desde 2006, superando los 166 000 millones de dólares (mdd) en 2011. De ese total, 93 000 mdd son exportaciones africanas a China, principalmente materias primas - en especial petróleo y cobre. En contrapartida, las importaciones africanas de China consisten en bienes electrónicos y de consumo, en 2009 China desplazó a Estados Unidos como primer socio comercial del continente africano.
El mes pasado, en el quinto Foro de Cooperación China-África, el gobierno chino comprometió un préstamo por 20 000 mdd, la cifra más alta de los tres foros anteriores. La mayoría de estos préstamos han estado dirigidos a la construcción de infraestructura, carreteras, vías de tren y puertos, que además de ser favorables a la vida de los africanos, facilitan la exportación de materias primas a China.
De acuerdo con una encuesta publicada por la BBC, 22% de los nigerianos y 77% de los kenianos, consideran que el crecimiento económico de China tiene un impacto favorable para sus países. En el mismo estudio se muestra que una abrumadora mayoría de considera que el comercio con China es "justo - 88% en Nigeria y 61% en Sudáfrica.
Las críticas al supuesto neoimperialismo de Pekín sostienen que el país asiático ha replicado la lógica seguida por cualquier país colonialista: importar materias primas y exportar bienes finales. Sin embargo, el factor más determinante del imperialismo - dominación militar y uso de la fuerza - está ausente de la política seguida por Pekín.
La miopía de la política exterior estadunidense hacia África - guerra contra el terrorismo - le ha prestado una excelente oportunidad a China para estrechar sus relación con el continente: mientras Washington se arma y lanza bombas; China compra, vende, construye infraestructura y otorga créditos.
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EL Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) presenta su primer Lente fiscal centroamericano, investigación de coyuntura, con el ánimo de aportar al debate y al conocimiento de los centroamericanos para una mejor comprensión de la realidad fiscal de cada país y de la región.
Después de cinco años de investigaciones a profundidad sobre temas estructurales, a partir de 2010 el Instituto aumentará su producción con una investigación seria y detallada sobre la coyuntura y las tendencias de la economía internacional, la economía centroamericana y un análisis político sobre la fiscalidad de los seis países del istmo. La publicación de cada Lente fiscal centroamericano se llevará a cabo con una periodicidad trimensual y será presentado de manera rotativa en cada uno de los países de la región.
Nuestra primera investigación de coyuntura económica y fiscal explica cómo el primer cuatrimestre del año ha confirmado que la crisis global de 2008 es, en todas las regiones del mundo, un parteaguas en la visión sobre el papel de la fiscalidad, el sistema financiero y el rol del Estado en la economía. De una política de laissez faire al sector financiero para acelerar el crecimiento durante las últimas tres décadas, el crack bursátil en los países desarrollados provocó un rescate de las economías desde los Estados, no solo como prestamista de los bancos quebrados, sino por medio de inversiones en el gasto social y en infraestructura. La crisis se encamina a una reforma estructural del sistema financiero internacional.
El papel de los Estados ha pasado de observadores de la economía a prestamistas salvadores del sistema financiero y, en un futuro próximo, probablemente a árbitros y fiscalizadores de las finanzas privadas.
Estas intervenciones gubernamentales evitaron una profundización de la crisis; las economías de todo el mundo dan muestras de estar en el inicio de una lenta recuperación. Es importante señalar que el desempleo y la sostenibilidad fiscal son todavía los dos principales desafíos.
Centroamérica ha tenido una reacción y un cambio de paradigma más lento y moderado. Hubo una respuesta contracíclica mínima -en parte por la poca capacidad institucional y financiera de los Estados y, en parte, por batallas políticas perdidas- pero no se detuvo el gasto social y en la mitad de los países se realizaron reformas tributarias, con distintos grados de profundidad.
En lo que Centroamérica todavía parece estar estancada es en el debate sobre el papel de la fiscalidad, el sistema financiero y el rol que, tras esta crisis global de la economía, debe desempeñar el Estado. Varios de los Gobiernos mantienen el interés por aumentar la recaudación, aunque sin dialogar con la ciudadanía sobre la importancia de la fiscalidad y sin atender los reclamos sobre mayor transparencia. Mientras tanto, desde muchos actores políticos y económicos y desde la opinión pública en el istmo, se mantiene una oposición intransigente a cualquier tema fiscal y a revisar el papel del Estado, con argumentos incompletos o inexactos como la corrupción pública, la falta de eficiencia, la idea de que sólo un sector sostiene financieramente al Estado y el pretexto de la necesidad de completar otros debates antes de llegar al tema fiscal.
Especialmente en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, es probable que aumente la polarización política en los próximos dieciocho meses y esto dificulte el diálogo y la participación de otros actores. No obstante, es necesaria la incursión en el debate fiscal y económico centroamericano de posiciones y actores que comprendan que la fiscalidad, la economía y la política no son asuntos estáticos o unidireccionales, sino que están íntimamente ligados y son indispensables para el desarrollo.
A partir de la década de los 80's, los gobiernos del Norte, después de los del Sur, empezaron a recurrir a la excusa de la deuda para imponer políticas de austeridad presupuestaria. Desde entonces se ha generado una fuerte oposición hacia estas políticas, que más que radicar en contra de las medidas de austeridad aplicadas como tal, se centra en que dichas medidas golpean sólo a las clases populares, recortando con brío el gasto público en sectores esenciales. Romper el círculo vicioso de la deuda se muestra así como una necesidad política, económica y social. El derecho internacional público ofrece a los gobiernos que muestren la voluntad de hacerlo sólidos argumentos para liberarse de la trampa de la deuda y de las políticas antisociales de inspiración neoliberal.
En este trabajo se pretende analizar teórica y empíricamente la relación entre el desarrollo financiero y crecimiento económico. Para ello, en primer lugar hacer una breve reseña de los argumentos teóricos que sustentan la existencia de una relación positiva y causal entre estas dos variables, así como los argumentos que tratan de definir el papel y la influencia del desarrollo del sistema financiero en la economía, en en segundo lugar, hubo un ejercicio empírico de los datos de los 26 estados brasileños más el Distrito Federal, con la ayuda de, la técnica de regresión cuantil, lo que permitió una cartografía más completa de los impactos generados por las medidas de desarrollo financiero utilizados en la variable de respuesta (PIB estatal). Para medir el desarrollo del sistema financiero seguido dos estrategias, una basada en el trabajo de King y Levine (1993) y el otro en la obra de Puerto Marqués Jr. y Jr. (2004). La evidencia sugiere una relación positiva entre el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento económico.
Pese a que el inicio del siglo XXI ha sido favorable para las economías de América Latina fundamentado en variables como el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la disminución de la vulnerabilidad regional ante los impactos de las crisis internacionales, Justin Yifu Lin, vicepresidente del Banco Mundial, afirma que los ingresos en América Latina han quedado atrapados en una trampa de ingresos medios explicado, entre otras causas, por la incapacidad regional para diversificar el proceso de industrialización.
Bajo un enfoque estructural, el autor analiza las transformaciones efectuadas en Asia Oriental que han devengado productos con mayor valor agregado de acuerdo a las ventajas comparativas de la región. En este escenario, China como líder económico de la región, es probable que mantenga otros 20 años de crecimiento del 8% anual.
El reto de América Latina es generar entornos que modifiquen estructuralmente las economías hacia proyectos industriales modernos y dinámicos que diversifiquen productos, siendo partícipe el Estado mediante políticas pro-activas a ciertos sectores industriales, conforme las experiencias de algunas economías de Asia Oriental.
La caída del tipo de cambio real es uno de los más grandes obstáculos que enfrenta la economía Peruana desde hace más de una década y cuyo futuro parece no ser muy promisorio. Provocada por los excesos de liquides y disponibilidad financiera generaros por los desajustes de las economías del Norte, la significativa declinación experimentada por el tipo de cambio real multilateral y bilateral (contra el dólar) plantea una serie de problemáticas de política macroeconómica, que se exploran en ese trabajo, tales como la pérdida de competitividad, la asignación en los recursos y la capacidad de generación de empleo derivadas de los errores de enfoque teórico prevalecientes en el Perú.
Aunado a ello, la tendencia a la apreciación se ve además peligrosamente reforzada por las expectativas de su continuación en el futuro, debido a la fuerte expansión esperada de la liquidez en EEUU y Japón y la salida de capitales financieros de la Eurozona.
En el artículo se examinan la magnitud de la caída del tipo de cambio real del Perú en el periodo 2005-2012, sus causas y su evolución probable. Se analizan también las consecuencias de la apreciación para la competitividad, la balanza de pagos, la diversificación de exportaciones, la asignación de recursos hacia la producción de bienes transables, el crecimiento económico, el empleo y la pobreza. Finalmente, se explora un conjunto de medidas susceptibles de ser adoptadas y evitar mayores repercusiones.
A través de este informe, el Banco Mundial señala que aunque América Latina tiene una tasa per cápita de empresarios mayor a la de otros continentes, la cantidad de emprendedores sigue siendo muy baja, debido al férreo control de mercado que tienen las trasnacionales latinoamericanas.
Mientras que en la región las empresas con 40 o más años de actividad emplean a unas 110 personas, en Asia Oriental emplean a cerca de 170, en Europa oriental a alrededor de 220 y en países de alto ingreso a 250. En este sentido, el Banco Mundial es contundente y advierte: la realidad empresarial en América Latina se ve entorpecida por la baja innovación. Para combatir este problema, la institución internacional recomendó a los gobiernos de la región impulsar políticas que fomenten las pequeñas y medianas empresas, así como crear legislaciones en las que se obligue al sector empresarial a desarrollar proyectos en favor de la innovación y el emprendimiento.
En el siguiente articulo el economista nicaragüense Adolfo Acevedo, comenta sobre diversos problemas que aquejan al desempleo, sobre todo a sectores poblacionales fundamentales como los jóvenes o los maestros.
En el caso de los jóvenes, debido a la actual fase demográfica la población es predominantemente joven. Miles de jóvenes se integran al mercado laboral anualmente, sin embargo, gran parte de ellos se integran con niveles de escolaridad extremadamente bajos, lo cual los condena a verse condenados a desempeñar principalmente empleos precarios e informales. De la misma manera, son los jóvenes, sobre todo las mujeres, quienes más se ven afectados por el desempleo. Esto evidencia que el actual modelo económico se sustenta en el crecimiento extensivo de actividades de baja productividad, las cuales proporcionan ocupaciones precarias e ingresos muy bajos.
Por otro lado, algunos economistas piensan que crear mucho más empleo es necesario atraer inversión extranjera directa (IED). Sin embargo, debido a las características estructurales la economía nicaragüense no parece ser la solución. La fuerza de trabajo en Nicaragua crece, incluso mucho más de lo que podría pensare (casi duplicando la tasa de crecimiento de la economía), el problema crucial es la caída de la productividad. Esta declinación en la productividad es el resultado del hecho de que dicha economía genera empleos precarios e informales. Así, la IED, cuya mayor concentración es la minería, las comunicaciones, y el sector energético; es insuficiente debido a que no genera lo suficientes empleos como para captar a la población, mientras que sectores como el agropecuario crecen demasiado pero con una muy baja productividad.
El gran problema de la baja productividad se debe a la falta de una fuerza de trabajo mas calificada, lo cual podría conseguirse con una mejora significativa la cobertura, calidad y pertinencia de la educación. Sin embargo, como se evidencia en el artículo, el salario real de los maestros y el gasto destinado a la educación es muy bajo. El salario real de los maestros representa apenas el equivalente al 58% del salario real promedio nacional. Esta estructura de salarios relativos, en que una persona relativamente calificada puede ganar casi el doble o mas dedicándose a cualquier otra actividad que a la profesión docente, representa un enorme sesgo perverso en contra la educación, y contra la profesión docente. Sin embargo, de acuerdo al FMI y al gobierno, mayores incrementos en los salarios reales en los sectores de la salud y educación publicas, podrían dar lugar a un "efecto demostración" sobre los trabajadores del sector formal privado, y que estos pugnen por los mismo incrementos salariales.
Después de la crisis del 2001, que representó el fin del ciclo de la convertibilidad, Argentina se vio envuelta en un periodo de enorme retroceso con una verificada reducción del empleo industrial y la persistencia de una elevada tasa de desempleo abierto durante casi una década. A partir de este oscuro periodo de la economía argentina se crearon las condiciones para adoptar un régimen de política económica que priorizará el crecimiento y la inclusión social.
Este nuevo patrón de crecimiento se encuentra todavía en vías de consolidación, pues aun existen muchas demandas sociales pendientes, sin embargo las reformas aplicadas han redituado en políticas públicas nuevas y eficaces a la hora de responder a las necesidades de las mayorías (ej. la renegociación de la deuda externa, las transferencias sociales de impacto redistributivo, el impulso a la educación y al desarrollo científico, la jerarquización de las inversiones públicas, etc.), obteniendo con ello cambios positivos como una mejor distribución del ingreso o un crecimiento significativo en la actividad productiva. No obstante a este buen desempeño de las políticas públicas, la economía de Argentina presenta también un proceso inflacionario, el cual si bien muestra un ritmo administrable, hoy alcanza índices superiores a los deseables. Esta situación se vuelve preocupante si se considera que los impactos negativos de la inflación se presentan directamente sobre los ingresos de los trabajadores asalariados y las expectativas de las empresas -desestimulando la toma de riesgos a plazos largos-.
Un problema importante, es que no ha sido fácil determinar cuál ha sido el ritmo real de incremento de precios que ha tenido lugar en Argentina debido a que las cifras que ofrece el INDEC han perdido credibilidad, los cálculos provinciales no cubren un territorio significativo y las que publican las consultoras privadas son demasiado exageradas. Utilizando la evolución del índice de precios implícitos del PBI se puede calcular que la inflación actual está entorno al 20% anual.
¿Pero a qué se debe esta elevadísima inflación? El análisis económico tradicional suele distinguir tres clases de inflación: de demanda, originada por un exceso de la demanda global respecto de la oferta global de productos y servicios; de costos, derivada del aumento de la tasa de salarios e insumos a un ritmo mayor que la productividad del trabajo asalariado; y la estructural, causada por el cambio de los precios relativos en sectores con inflexibilidad a la baja de los precios monetarios. En el caso de Argentina la inflación tiene origen en problemas estructurales, mientras que los otros tipos de inflación -de costos y de demanda- actúan como mecanismos de propagación.
Estos problemas estructurales de Argentina son: a) el incremento de los precios relativos de alimentos, energía y otros insumos en el mercado mundial, que tiene impacto sobre el nivel de precios internos y se traslada fuertemente al consumo de los sectores más carenciados; b) las deficiencias en la tasa de formación de capital, así como en su asignación; y c) las serias inequidades persistentes en el sistema tributario. Si estas fallas estructurales no se corrigen resulta imposible atenuar el proceso inflacionario.
También es importante subrayar que el ritmo actual de crecimiento de los precios dista de un nivel de "espiralización", por lo que políticas públicas bien diseñadas aun pueden surtir efecto. Ante el fracaso de las políticas de shock y ajuste recesivo, ha sido necesario considerar alternativas, sin embargo se debe de advertir que cualquiera que sea la estrategia adoptada, ésta deberá tener en cuenta la multiplicidad de causas que la provocan: factores inerciales, expectativas, puja distributiva, oscilaciones del tipo de cambio, etc. Asimismo, estas y todas las políticas antiinflacionarias deberían actuar conjuntamente sobre las causas de la inflación y sus mecanismos de propagación, diferenciando entre unos y otros; e incidir sobre la inflación sin crear o agravar otros desequilibrios y, especialmente, sin producir desempleo. De esta forma, se debe de considerar que el empleo no debe ser, de ninguna manera, la variable de ajuste antiinflacionario.
Además, es importante que la política antiinflacionaria también tome en cuenta que los mercados de productos han dejado de ser en gran medida mercados nacionales, restringidos a cada país para tender a convertirse en mercados mundiales de productos y factores. Por ende, deben buscar administrar con prudencia y realismo la incidencia local de los precios internacionales, tratando de regular sus impactos de acuerdo a las necesidades del desarrollo interno y de la equidad distributiva, evitando el correr el riesgo de la "primarización" de las exportaciones y la consiguiente orientación privilegiada (o casi exclusiva) de las inversiones hacia los sectores productores de materias primas.
Pocas no son las instituciones internacionales encargadas en propagar y defender la ya maltrecha ideología capitalista. A partir de correlacionar sucesos desconexos, forzar datos, etc., buscan dar cabida a un modelo en crisis. El gran problema es que al hacer esto deslegitiman los reclamos de los trabajadores contra las políticas anti crisis, la movilización ciudadana y la preocupación social con respecto a los evidentes niveles de desempleo y exclusión social. En el siguiente artículo se hace una crítica a un artículo publicado por la OCDE en la cual se pretende "evidenciar" los supuestos beneficios de la liberalización económica en términos de empleo; los cuales realmente son nulos, puesto que tanto el empleo como el poder adquisitivo del salario, tanto en Europa como América Latina ha venido a menos. Con esto se busca denunciar y desarmar la argumentación de las clases dominantes, quienes sólo buscan armar este tipo de argumentaciones para hacernos creer lo bueno que es para nosotros que abramos nuestras fronteras y les dejemos hacer sus negocios. Y para nada, menos importante, es la intención de este tipo de críticas que buscan construir un pensamiento propio para la emancipación de las clases subalternas.
"(...) La globalización en general, y el ascenso de China en particular, ha aumentado considerablemente la competencia en los mercados mundiales, por lo que resulta difícil para los países recién llegados poder hacerse de un espacio para sí mismos. Aunque la mano de obra china es cada vez más cara, China sigue siendo un competidor temible de cualquier país que esté pensando entrar en la industria manufacturera,El crecimiento tendrá que depender en un grado mucho mayor de una mejora sostenida del capital humano, las instituciones, y la gestión del gobierno. Y eso significa que el crecimiento seguirá siendo lento y difícil en el mejor de los casos".
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Túnez, Egipto, entre otros, han sido países que por culpa de gobiernos dictatoriales han contraído deudas gigantescas que se incrementan con el paso de los años. Sin embargo este gran endeudamiento más que destinarse a beneficio de la población, se ha enfocado a incrementar la riqueza de estos jeques. De una manera menos dictatorial, el caso de Grecia, Irlanda, Islandia, España, etc., son casos donde ha habido un gran endeudamiento y enriquecimiento de unos cuantos. En consecuencia, seria para todo el beneficio del pueblo, averiguar quiénes contrajeron esas deudas y a quiénes beneficiaron los créditos; difundir los resultados a la ciudadanía y ver qué parte sirvió para enriquecer las elites corruptas, pero sobre todo, saber quienes son los verdaderos responsables y que reciban su castigo.
Sumario Realidad Economica 254
Honduras ... Ecuador ... una llamada para América latina
Gian Carlo Delgado Ramos - Silvina María Romano
América Latina (AL) es un espacio territorial estratégico para Estados Unidos, como reserva de recursos, como espacio receptor de inversiones, así como región exportadora de excedentes (i.e. retorno de ganancias, pago de regalías o de intereses por concepto de empréstitos). Es parte de un esquema expoliador y subordinante, sólo posible con el aval de los grupos de poder local, y que desgarra crecientemente el tejido social. La polarización de la riqueza, el despojo, privatización, desnacionalización y erosión de los bienes de las naciones (que son de los pueblos), y en general la tendencia creciente de condenar a una gran parte de la población a la miseria o la muerte, genera un abanico de reacciones sociopolíticas que figuran como potenciales amenazas al fluido curso de “los negocios” de EUA y sus “socios” locales.
Es este escenario el que posibilita estrategias de desestabilización como la ocurrida en Ecuador, que aparenta ser una “sublevación” espontánea de las fuerzas de seguridad debido a un supuesto recorte en los salarios y beneficios del sector. La agresión al presidente y funcionarios de gobierno altamente coordinada, la confusión y relativa desinformación sobre los hechos y el caos generado dejan entrever la presencia de causas de fondo que van más allá de un mero reclamo de salario y que develan el poder en acción de los grupos que representan intereses que se encuentran amenazados por el gobierno de Correa. No es casual que el hecho se suscite principalmente en y desde Guayaquil, la región dura de la oligarquía ecuatoriana. La promoción del caos y la confusión generalizada, la represión de parte de la policía contra la gente en las calles reclamando la “liberación del presidente”, se presta para generar una imagen de debilidad institucional como antesala indispensable para estimular una eventual política de control por medio de la represión y el miedo. Lo que se intenta es desarticular las fuerzas sociales, esto es, que no estén en las calles defendiendo la legitimidad del gobierno electo.
Cambios recientes en el rol distributivo del Estado. El impacto de la intervención pública sobre la desigualdad de ingresos personales (2001-2006). Parte I.
Gabriel Calvi - Elsa Cimillo
Durante la década de 1990 la retirada del Estado de distintos órdenes de intervención configuró un escenario en el que el bienestar de la población tendió a estar gobernado casi con exclusividad por los avatares del mercado. En el marco de los cambios que siguieron al abandono de la convertibilidad -entre los que es posible incluir el retorno de la inflación, las nuevas iniciativas en materia de política social y los diversos intentos por recomponer los ingresos de los asalariados y los pasivos- reviste interés la evaluación del rol distributivo del cual el Estado tendió a desentenderse en la etapa anterior. El presente trabajo tiene por objetivo explorar el impacto del accionar estatal sobre la distribución del ingreso en los últimos años, a partir de la evaluación de su intervención en distintas esferas: política de ingresos, política social y fiscalización de los precios internos. Entre las conclusiones se señala una sensible revitalización -posterior a la devaluación- del accionar estatal en materia redistributiva, que se manifestó en forma temprana en la política social -desde la implementación, en 2002, del Plan Jefes y Jefas de Hogar- y más tardíamente, en la política de ingresos -con las progresivas actualizaciones del salario mínimo y el haber jubilatorio mínimo-. No obstante esta importante reversión del autismo estatal de la década de los ‘90, se señalan también las dificultades aún persistentes en esta materia.
La fuga de capitales 2002-2010
Jorge Gaggero
“La verdad establecida acerca de Bretton Woods [1944] es que los ingleses, conducidos por el más grande economista del siglo XX, sostenían las ideas adecuadas acerca del diseño de las instituciones [el FMI y el BM] que definían el sistema monetario internacional desde la posguerra. Los estadounidenses, sin embargo, tenían el poder económico y las reservas para controlar el resultado [de la conferencia]”.
James M. Boughton
“Los desarrollos de nuestra civilización amenazan sus fundamentos”.
Edgar Morin
“Tenemos la necesidad de una regulación internacional al movimiento de capitales, que el presidente de China, Hu Jintao, denominó muy bien como capitales fantasmas… Creemos imprescindible que cuando lleguemos a Seúl [ sede de la reunión del G-20 de noviembre de 2010 ] lleguemos con un sistema de regulación internacional en materia financiera. Para eso también se hace imprescindible la eliminación o el control de los denominados paraísos fiscales, que son un problema grave de todas las economías”.
Cristina F. de Kirchner, presidenta de la República Argentina
Estrategias inclusivas en la lucha contra la pobreza
Marta Bekerman - Nicolás Monti Hughes
Existe en el ámbito de las actividades de microfinanzas un amplio debate en torno de la necesidad de brindar o no capacitación a los microemprendedores. Los argumentos a favor consideran necesaria la instrumentación de programas que tomen en cuenta cuánta formación, y de qué tipo, precisa una comunidad para superar la situación de pobreza, por lo que las instituciones de microfinanzas (IMFSs), más allá de limitarse estrictamente a otorgar un préstamo e insistir en que se devuelva, pueden integrar el crédito con otros servicios no financieros. Los argumentos en contra, por lo contrario, consideran que las IMFs deben abocarse exclusivamente a su rol financiero y no a cuestiones en las que no se especializan. Además consideran que este tipo de servicios atenta contra su sustentabilidad o pueden impedir que se expresen las capacidades naturales de los prestatarios si se los llega a sofocar con estructuras muy rígidas de aprendizaje. Los autores presentan hipótesis de comportamiento derivadas de dos enfoques alternativos: el neoclásico y el evolucionista. Se detecta una serie de problemas de corto y largo plazs que afectan a las microempresas de subsistencia que se vincula con la falta de estrategias de producción y capacitación, progresiva desacumulación de capital, ajuste de su actividad hacia niveles de subsistencia, escasa reinversión de sus ganancias y de diversificación de sus productos.
El comercio internacional en el tercer gobierno peronista y en la posconvertibilidad
Cecilia Vitto
Este artículo analiza el comportamiento del comercio exterior en dos períodos de la historia argentina. En primer lugar, durante el tercer gobierno peronista (1973-1976), que buscaba implementar una política activa de incentivo a las exportaciones con el objetivo de asegurar una posición de balanza de pagos favorable que permitiera superar definitivamente el estrangulamiento externo. En segundo lugar, se considera la etapa posconvertibilidad que tiene lugar a partir de enero de 2002, en la cual, en un contexto de tipo de dólar “alto”, y de crecimiento tanto de la demanda externa como de los precios de los principales rubros de comercialización internacional del país, las exportaciones fueron una de las variables macroeconómicas más dinámicas.A los fines del análisis, se considerarán las principales características de las exportaciones, las importaciones y el saldo comercial en ambas etapas, el rol del Estado en el fomento al desarrollo del sector, el escenario internacional, y el distinto contexto macroeconómico en que ambos programas se encontraban insertos.
La fruticultura del “Alto Valle”: una estructura económica regional ineficiente
Gerardo Mario de Jong
En el presente documento se realiza una puesta al día de la evolución de la estructura productiva del Alto Valle, la forma en que la misma está presente en los conflictos laborales de 2009 y 2010, así como la forma de operar del capital transnacional y local desde 1990 hasta el presente. Es usual que se tienda a ver la coyuntura en forma desvinculada del contexto histórico, donde cada situación de crisis es analizada en forma particular. En trabajos anteriores publicados en Realidad Económica, base de este trabajo, se mostraba cómo el largo proceso de descapitalización de los productores independientes, que se inició en los años 1950, pero que se hizo evidente en los años 1970/1980 y que continúa hasta el presente, orientó progresivamente a las firmas que operan el ya mencionado oligopsonio (comercialización de peras y manzanas) hacia la producción de fruta en sus propias explotaciones, ante la caída de la calidad entregada por los productores independientes.
Más allá de lo aparente: contratos de producción tabacalera en Misiones (Argentina) y Río Grande do Sul (Brasil)
Ariel García
Los contratos de compra-venta que ligan a productores primarios con agroindustrias son una práctica extendida en la agricultura comercial desde el siglo XIX para diferentes cultivos, tanto para países centrales como periféricos. En un intento por conocer sus especificidades, en el presente artículo se analizan las características contemporáneas de tres contratos de compra-venta de tabaco en Misiones (Argentina) y Rio Grande do Sul (Brasil), considerando sus alcances y limitaciones en relación con información primaria y secundaria previamente sistematizada. El autor llega a la conclusión de que, en un esquema de supuesta igualdad entre las partes y de seguridad para la venta de la producción, los agricultores familiares de Misiones y RS se encuentran ante un panorama incierto. Producen en función de los ingresos que recibirán por el tabaco, pero suelen desestimar sus costos. Esta situación es la que le permitiría producir por debajo de los costos que debe asumir una empresa capitalista. El contrato legitima y legaliza esta situación así como posibilita una apropiación de esa renta.
IADE
El documento discute el valor potencial en el uso de herramientas sociales para mejorar la comunicación, el intercambio de conocimientos y la colaboración dentro y entre las empresas. Asimismo, se explora su impacto económico potencial mediante el examen de su uso actual y la evolución de su aplicación en cuatro sectores comerciales: bienes de consumo envasados, servicios financieros minoristas, manufactura avanzada y servicios profesionales.
Estas tecnologías crean valor mediante la mejora de la productividad en toda la cadena de valor, lo que potencialmente podría contribuir a aumentar entre $ 900 mil millones a $ 1,3 billones en valor anual en los cuatro sectores. Para obtener el máximo beneficio de las tecnologías sociales, las organizaciones deben transformar sus estructuras, procesos y culturas: tendrán que ser más abiertos y menos jerárquicos y crear una cultura de confianza.
En última instancia, el poder de las tecnologías sociales gira en torno a la participación plena y entusiasta de los empleados que no tienen miedo de compartir sus pensamientos y la confianza de que sus contribuciones serán respetados. La creación de estas condiciones será mucho más difícil que la aplicación de las tecnologías en sí mismas.
Está claro el discurso sobre la necesidad de decrecimiento en el uso de energía y materiales en los países del Norte Global. Pero para abordar este análisis en todo el planeta, y sobre todo en los países empobrecidos del Sur, no es razonable hacer un análisis por estados-nación, sino por grupos de interés. Lo relevante, en definitiva, es cómo se distribuyen los recursos y su consumo entre los diferentes colectivos humanos para ver cuáles deben decrecer y quiénes pueden incrementar la utilización de estos recursos.
El tema de la integración regional en América Latina y el Caribe vuelve a cobrar interés nuevamente, debido a que su potencial nunca ha sido aprovechado cabalmente; a que existe una recesión o estancamiento del mundo desarrollado, - con el que hay una relación crucial en términos de inversiones, exportaciones y participación en cadenas globales de valor –; a que se ha avanzado enormemente en la interconexión entre los países gracias a los avances en diversas tecnologías, infraestructura y transporte; y, a que se cuenta con un mercado regional mucho más fuerte (como resultado del aumento de su población y la gran expansión de su clase media). Por otro lado, en los años 2000 ha habido una revisión de las políticas económicas seguidas en las dos décadas anteriores, y se ha dado una creciente importancia a la política industrial o de desarrollo productivo. Ello ha sido resultado de una búsqueda de alternativas a las políticas del Consenso de Washington ante el limitado impacto que tuvieron en el desarrollo y el crecimiento en América Latina y el Caribe. En general, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de los países de la región no ha logrado iniciar una convergencia con los de los países avanzados a lo largo de las últimas décadas y los problemas de desigualdad y de pobreza no se han resuelto.
En este estudio se aprecia que las economías de América Latina y el Caribe han tenido una baja dinámica de crecimiento económico en los últimos 21 años si se compara con China, la India y los países del Sureste asiático como Corea, Malasia, Indonesia, Tailandia y Vietnam. Su estructura del PIB muestra un gran dominio del sector servicios, que en promedio aporta el 67,8% al total para el período mencionado seguido por el sector secundario, con el 21,2% y el sector primario con el 11%. Se agruparon los países de América Latina y el Caribe en cuatro categorías, según el tamaño de su PIB. Las economías más pequeñas fueron las que tuvieron el peor desempeño económico en los últimos 21 años. Considerando que la mayor parte de ellas son especialmente vulnerables a desastres naturales, entre otros problemas, parecen requerir de especial atención cuando se piensa en el desarrollo de la región. El análisis también muestra que la estructura productiva de América Latina y el Caribe ha cambiado a favor del sector servicios, mismo que muestra un desempeño bastante negativo en productividad. A pesar de la modernización que pueda haber atravesado el sector servicios en la intermediación financiera, transportes y telecomunicaciones, y la creación de nuevos nichos en servicios, como los servicios empresariales, todo ello no ha logrado contrarrestar el desempeño del amplio sector de servicios de baja productividad. De hecho este sector ha sido el receptáculo del desplazamiento de mano de obra de todo el resto de la economía.
El rezago en materia de productividad en las economías, en su conjunto, se explica por las bajas tasas de inversión en prácticamente todos los sectores productivos, la falta de gasto en actividades científicas y tecnológicas (ACT) y de Investigación y Desarrollo (I+D), y la ruptura de cadenas productivas. En cuanto al desempeño en el sector externo de América Latina y el Caribe, éste ha sido mixto en el período 1990-2011, con un gran dinamismo en sus exportaciones en la primera década y una fuerte desaceleración en la segunda década, con lo contrario sucediendo en las importaciones. Esto junto a un coeficiente de importaciones mayor al coeficiente de exportaciones en tres de los cuatro grupos de países considerados, resulta en una brecha externa negativa para gran parte de la región. Existe una especialización de exportaciones de la mayor parte de los países en el sector de materias primas y productos intensivos en materias primas, concentrándose por tanto en productos de baja tecnología, siguiéndoles las de media y baja tecnología, pero muy pocas en el segmento de alta tecnología. Para que la región pueda emprender en forma cooperativa un nuevo rumbo, se requiere de una política de desarrollo productivo o política industrial compartida que ponga especial énfasis en un impulso tecnológico a las diversas esferas productivas, explorando nuevos nichos en que se puedan aprovechar los avances en I+D; se integren cadenas productivas en la región; se promuevan alianzas público-privadas, se haga un esfuerzo por tomar iniciativas regionales que sean más inclusivas de las zonas más atrasadas; y, se facilite el financiamiento de proyectos productivos a nivel regional. En muchos ámbitos ya existen experiencias importantes de políticas de desarrollo productivo subregionales que podrían replicarse más ampliamente en América Latina y el Caribe. Una visión estratégica conjunta de desarrollo productivo podría ayudar a (1) aprovechar cabalmente los beneficios de la inversión extranjera directa (IED), por ejemplo, estimulando la formación de proveedores para esta a nivel regional; (2) impulsar las asociaciones público-privadas, que a nivel subregional se han dado en forma limitada (desarrollo de la infraestructura, sector automotriz por ejemplo), pero que podrían ser más amplias, involucrando a las traslatinas y a los gobiernos; (3) ampliar y/o destrabar el financiamiento para los sectores productivos, especialmente los más vulnerables como las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), ayudando, a la vez, a su asociatividad y la creación de cadenas productivas que vaya más allá de las fronteras nacionales –; (4) desarrollar y aprovechar al máximo la interconectividad a través de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) para impulsar los negocios regionales, la creación de capacidades y la I+D; y, (5) aprovechar nuevas fuentes de financiamiento para desarrollar servicios ambientales que permitan proteger el medio ambiente y crear, al mismo tiempo, empleos en zonas pobres y remotas, que frecuentemente se encuentran en áreas fronterizas.
Dentro de las mesas de diálogos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable efectuadas en Rio de Janeiro, el Dr. Yilmaz Akyüz argumenta que tanto en las crisis financieras como las crisis económicas, originadas ya sea en las economías avanzadas o en los mercados en vías de desarrollo, minan los pilares sobre los que se fundamenta el desarrollo sostenible es decir, socavan tanto el desarrollo económico como desarrollo social y protección al medio ambiente, desgastando nociones indispensables como justicia y equidad en detrimento de las finanzas globales.
El informe ofrece una visión sobre las condicionantes del contexto económico y energético mundial, y sus impactos sobre América Latina y el Caribe. Asimismo, se analiza el marco legal, regulatorio e institucional en que se desenvuelven los sectores energéticos, presentando los avances y barreras al proceso de integración energética y la seguridad del suministro.
Otro tema de relevancia es el balance entre recursos y reservas con relación a la oferta y el consumo de energía. Las implicaciones ambientales y los problemas vinculados al cambio climático conforman temas ineludibles dentro de las tendencias mundiales del desarrollo energético en el siglo XXI; en particular se resalta el papel que pueden jugar los avances en innovación y desarrollo tecnológico, la eficiencia energética y las fuentes renovables.
La equidad social y el acceso universal a los servicios energéticos se analizan a profundidad en el presente estudio, ya que sin una adecuada atención a esta problemática endémica en la región, no se logrará un verdadero camino hacia el progreso. Este diagnóstico es un panorama amplio y documentado de la situación actual y los retos que América Latina y el Caribe enfrentará en el corto, mediano y largo plazo.
De acuerdo al informe semestral relativa a las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, este año la región crecerá 3,0 por ciento, en consonancia con la tendencia mundial. Sin embargo, incluso después que el Producto Interno Bruto (PIB) comenzara a desacelerarse, la tasa de desempleo en la región se ubicó en 6,5 por ciento el año pasado, cerca de los mínimos históricos y muy por debajo del máximo de 11 por ciento alcanzado hace una década, Las más recientes proyecciones de consenso prevén que el PIB latinoamericano crecerá entre 3,8% y 4% en 2013, luego de expandirse 6% en 2010 y 4% en 2011.
El informe también analiza el importante papel de los mercados laborales en la transformación de la región durante la década pasada. Entre sus hallazgos más importantes se encuentra la creación de más de 35 millones de puestos de trabajo adicionales en la década de 2000. Asimismo, la históricamente elevada informalidad disminuyó en siete de los nueve países donde puede ser medida de manera consistente a través del tiempo.
El informe subraya tres cambios importantes en la fuerza laboral latinoamericana que tuvieron lugar en las últimas décadas:
- Composición: El aumento constante de la participación de la mujer comenzó a finales de la década de 1970 y continuó hasta la de 2000, si bien a un ritmo menor. En 2010, el 65 por ciento de las mujeres latinoamericanas de entre 25 y 65 años de edad formaba parte de la fuerza laboral.
- Educación: Desde la década de 1990, los años de escolaridad promedio aumentaron en tres años adicionales, mientras que las mujeres superaron a los hombres en rendimiento educativo.
- Estabilidad salarial: El largo historial de la región en términos de volatilidad salarial aunada a problemas inflacionarios llegó a su fin. Aun durante la reciente crisis mundial los salarios reales permanecieron estables y no derivaron en mayor desempleo. Detrás de este fenómeno se encuentra la creciente credibilidad de la política monetaria llevada a cabo por los diferentes Bancos Centrales.
El Banco Mundial estima que en todo el mundo 200 millones de personas, entre las cuales hay un número desproporcionado de jóvenes, están desempleadas y buscan trabajo activamente. Un número estimado de 620 millones de jóvenes, en su mayoría mujeres, ni trabajan ni buscan trabajo.
Tan solo para mantener constantes las tasas de empleo habrá que crear alrededor de 600 millones de puestos de trabajo en un período de 15 años. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, las tasas de desempleo pueden ser bajas. Las redes de protección social son modestas en el mejor de los casos, y tan solo una minoría de los trabajadores son asalariados. En todo el mundo, hay más de 3000 millones de trabajadores, pero casi la mitad de ellos son agricultores o trabajadores por cuenta propia. La mayor parte de los pobres trabaja largas horas pero aun así no gana lo suficiente para vivir.
El empleo, aún el informal puede ser tranformador en tres dimensiones:
El sector privado origina casi el 90% de los empleos del mundo. Esto no significa que los empleos del sector público no tengan importancia, se trate de maestros que enseñan conocimientos especializados, agentes de extensión agrícola que mejoran los
rendimientos agrícolas, o planificadores urbanos que diseñan ciudades funcionales. Pero los países que dependieron sistemáticamente del empleo del sector público en general han encarado graves dificultades, desde colas de jóvenes instruidos para conseguir empleo hasta falta de dinamismo en las empresas de propiedad estatal.
La inversión china en América Latina se ha incrementado estrepitosamente en los últimos años, lo cual ha llevado a los analistas a pensar que las empresas chinas pueden transferir las condiciones laborales precarias y sus prácticas ambientales a la región. En este documento de debate, Amos Irwin y Kevin Gallagher evalúan los impactos económicos, ambientales y sociales de la minería china en América Latina y comparan ese rendimiento con otras grandes empresas extranjeras y nacionales en el mismo sector. Basándose en una inspección cuantitativa de las estadísticas de Perú, los investigadores encuentran que la empresa china Shougang Hierro Peru no ha realizado tanto daño significativo como sus homólogos extranjeros o nacionales. De hecho, una empresa con sede en EE.UU. ha sido una de las principales violadoras de las normas peruanas y mundiales en los últimos tiempos.
Las inversiones chinas en la región son tan recientes que sólo una empresa minera ha estado funcionando el tiempo suficiente para evaluar su impacto. Shougang Hierro Peru ha sido ampliamente denunciada por su trayectoria ambiental y social, la cual ha sido criticada en la literatura como una de las empresas más nocivas en cuanto a las empresas de propiedad extranjera. Gran parte de esta literatura culpa al "choque de culturas", concluyendo que las compañías chinas operan de manera irresponsable en América Latina, ya que están predispuestos a emplear mano de obra muy barata y estándares ambientales.
Utilizando información del nuevo gobierno y archivos históricos, Irwin y Gallagher encuentran que mientras Shougang tuvo un mal desempeño en muchos indicadores, en comparación con otras empresas mineras extranjeras y nacionales, su pobre desempeño no ha destacado en los últimos años. Por el contrario, el gobierno peruano ha fracasado continuamente en obligar a las empresas mineras a cumplir con sus compromisos de inversión, respetar el gobierno y normas globales, o negociar con sus sindicatos.
Los autores concluyen que el estudio del caso de Shougang no necesariamente determina que las futuras empresas mineras chinas se harán valer de malas prácticas ambientales o laborales en América Latina, con respecto a los otros competidores extranjeros y nacionales. Los altos costos sociales y ambientales son endémicos de la minería en América Latina. De acuerdo con la más amplia literatura sobre el tema, este estudio muestra que los estados-nación como el Perú no pueden contar con empresas extranjeras o nacionales que se autorregulen. Para maximizar verdaderamente los beneficios de la extracción de los recursos naturales y mitigar los riesgos, las naciones necesitan regular rígidamente, vigilar y disciplinar a las empresas que operan en el sector.
La expropiación del paquete accionario mayoritario de YPF, en manos de la empresa multinacional Repsol, es una de las medidas de mayor alcance adoptadas por el Estado argentino en los últimos años. Ello es así por su significación política y económica y porque atañe a un sector altamente estratégico, como es el de los hidrocarburos. Desde el Plan Fénix, consideramos necesario dar a conocer nuestra postura. Deben subrayarse los inmensos desafíos que se perfilan, los que exigirán un complejo conjunto de políticas: la promoción de la eficiencia en el uso de la energía, la diversificación hacia fuentes renovables y no convencionales, la prospección criteriosa y ambientalmente sustentable, la adecuada apropiación y reinversión de la renta hidrocarburífera, y su potencial aporte en términos de desarrollo tecnológico, entre otras. YPF, nuevamente en manos estatales, podrá ser un instrumento eficaz para el logro de estos fines, en la medida en que su efectivo control sea parte de un plan global y estratégico que abarque a la totalidad del sector energético y se integre con una estrategia nacional de desarrollo. Los argentinos debemos tener conciencia de que nada nos será dado "por añadidura"; de nuestro esfuerzo, de nuestra inteligencia práctica y de nuestros aciertos dependerá nuestro futuro.
Dándole seguimiento a noticias anteriores acerca de los Objetivos de Desarrollo del Mileno, a continuación se presenta en forma clara datos y estadísticas de cómo han funcionado desde su creación y puesta en acción, enfocados principalmente en la lucha contra la pobreza a nivel mundial y que como bien menciona el documento, se ha reducido a la mitan el número de habitantes que viven en condiciones de pobreza extrema y la cantidad de personas que viven sin acceso al agua potable.
Son un par de objetivos dentro de los ocho que son y recordando que se miden por medio de 21 metas y 60 indicadores oficiales. Reiterando, que las cifras arrojadas evidencian su eficacia en algunos de éstos y a los que deben darle celeridad para resultar exitosos para el año 2015.
Este informe refleja lo alcanzado hasta junio del presente año acerca de la evolución de los ODM tanto a escala mundial como regional, que a su vez se dividen en regiones desarrolladas y en desarrollo.
Este artículo explora la necesidad para el gobierno de hacer de la política industrial un instrumento clave para ayudar a México en su búsqueda, hasta ahora, fallida de un crecimiento económico alto y sostenido. México aplicó reformas drásticas a mediados de la década de 1980 para abrir sus mercados a la competencia extranjera y reducir la intervención del estado la economía, pero estas medidas no lograron asegurar un crecimiento robusto.
El artículo explora mitos y hechos de la teoría y práctica de la política industrial. Identifica qué tipo de política industrial en la nueva administración, que inició en diciembre de 2012, parece implementará durante 2013–2018 y cómo esta ayudaría, o no, a que México entre en una senda de expansión económica alta y sostenida; atendiendo la selectividad natural de este tipo de políticas.
Los países centroamericanos han hecho un gran progreso en la última década al mantener la estabilización de sus economías y mejorar su clima de negocios. Al hacerlo, han resistido de manera relativa a las crisis más recientes, pero todavía se encuentran sujetas a ciertas vulnerabilidades y debilidades: tasas de crecimiento per cápita a la zaga del resto de América Latina, altas tasas de pobreza y desigualdades siguen siendo preocupantementes y hay algunas señales emergentes de que la estabilidad macroeconómica y democrática se están debilitando. En este informe los autores centran sus recomendaciones en cinco áreas en las que los cambios de políticas pueden hacer que las economías centroamericanas sean más competitivas:
1) Innovación, transferencia de conocimientos y de Sistemas de Calidad;
2) Infraestructura y Logística;
3) Incorporación de las actividades de pequeñas y medianas empresas;
4) Educación y capital humano,
5) Delincuencia, violencia, y débil gobernabilidad.
En las cinco áreas, los autores encuentran las funciones esenciales para que los donantes internacionales puedan complementar los esfuerzos de las autoridades nacionales y los sectores privados locales.
Centro de Documentación e Información
INTER t i p s ... 2 0 1 2
Servicio de diseminación selectiva en información económica
© Victor Medina Corona
El informe sobre el Desarrollo Humano 2011 muestra a Brasil en el puesto número 84 de entre 187 países. En los últimos cinco años, el país ha escalado 24 puestos para ubicarse con un índice de 0,718 en 2011.El IDH es medido en relación a la esperanza de vida (que representa el 40%), educación e ingresos (representan 30% cada uno). En base a esto, el aumento de Brasil fue impulsado por el aumento de la esperanza de vida (11 años del período), la mejora en el promedio de años de escolaridad (4, 6 años más) y también por el crecimiento del ingreso nacional bruto (INB) per cápita (casi 40% entre 1980 y 2011). Así, mientras en América el promedio del IDH fue 0,76% entre 1990 y 2011, en Brasil fue de 0,86%, por lo que demuestra ser el país que más avances en cuanto desarrollo, presenta.
Sin embargo, a pesar estos grandes avances Brasil sigue presentando graves problemas de desigualdad, al igual que toda Latinoamérica, y que medidos por IDH ajustado por la Desigualdad (IHDI), presenta un 30% de riesgo de no alcanzar el potencial de desarrollo humano. A pesar de ello, el informe elogia los esfuerzos y avances en la región en un intento por reducir estas cifras. Finalmente en cuanto a desigualdad de género (IDG), Brasil tiene un valor de 0.449 GDI, lo que lo coloca en la posición 80 entre 146 países en el índice de 2011. La participación femenina en el mercado laboral es del 60,1%, en comparación con 81,9% para los hombres. Mientras que a nivel de pobreza, en Brasil el 2,7% de la población sufre de múltiples carencias, mientras que otro 7,0% son vulnerables a múltiples privaciones.
En los siguiebtes artículos, elaborados por Juan Grana (UBACyT) y Javier Lindenboim (CONICET), se intenta analizar como se ha desarrollado la distribución funcional del ingreso en Argentina y América Latina, y ver como se encuentra organizada la riqueza social, evidenciando la alta concentración del ingreso y como es que los factores productivos se apropian de dicha riqueza.
El siguiente trabajo es un ejercicio para demostrar el impacto que las transferencias al extranjero tienen sobre los principales agregados macroeconómicos como lo son la riqueza, el bienestar y la distribución del ingreso. Para ello, los autores emplean un modelo dinámico en el cual la economía depende de dos sectores y donde las transferencias al extranjero se asocian a una reducción de la deuda, o a una mejora de la productividad en el comercio.
A partir de esto, los autores realizan un análisis basado en simulaciones donde caracterizan la dinámica de la evolución de los sectores en los agregados económicos y en las medidas de desigualdad. Así, destacan que el efecto que puedan producir las transferencias al extranjero en el crecimiento y la desigualdad están asociados positiva o negativamente a: 1) la intensidad relativa de las transferencias de capital entre los dos sectores, 2) la asignación de las transferencias a través de los sectores y 3) el acceso de las economías al mercado financiero mundial.
Ficha completa: Bouza, S., & Turnovsky, S. (Octubre de 2012). The distributional consequences of foreign transfers: do they reduce or exacerbate inequality? Oxford Economic Papers, 64(4), pp.702-735.
Actualmente, el salario mínimo del Perú es uno de los bajos de todo América Latina. Fuera de hacer los ajustes necesarios, el gobierno ha mantenido los salarios en el mismo nivel justificándose con argumentos tales como que se incrementarían los costos para los microempresarios o que se sólo generarían inflación. Así mediante una posición claramente neoliberal y hasta injustificada, el gobierno y los adeptos a la corriente no hacen más recurrir a argumentos jurídicos para en todo momento alzarse con al voz de 'No se puede' a cual reforma o propuesta se les presente; mientras que electoralmente, esa sólida posición parece diluirse.
Desprestigiado por los movimientos sociales y desacreditado por sus historias de corrupción, el FMI sufrió una falta de liquidez en el comienzo de la actual crisis: sus acreencias se fundieron, pasando de 106.800 millones de dólares a fines de 2003 a 15.500 millones de dólares a fines de 2007.[3]
Podríamos entonces haber esperado una autocrítica de la institución que desembocara en una nueva orientación política hacia una mayor regulación. Pero eso es desconocer la razón de ser del FMI que, incapaz de apartarse de la doctrina neoliberal que lo constituye, está, a pesar de lo que diga su director general Dominique Strauss-Kahn, destinado a la continuidad sin ningún verdadero cambio estructural.
«Darle más dinero al FMI es como poner al lobo a cuidar las ovejas : se las va a comer»
En abril de 2009, los Estados occidentales, sin embargo en dificultad, decidieron reflotar el FMI por intermedio del G20 con el fin de ayudar a la institución financiera a retomar su rol de bombero pirómano momentáneamente frenado.[4]
El FMI vio como sus recursos se triplicaban, pasando de 250.000 millones a 750.000 millones de dólares. Las reacciones no se hicieron esperar de parte de los movimientos sociales y también de algunos gobiernos progresistas: «Darle más dinero al FMI es como poner al lobo a cuidar las ovejas : se las va a comer», declaró el presidente boliviano Evo Morales.
Por su parte, el presidente venezolano Hugo Chávez enfadado, afirmó: «Decidieron aplicar la misma medicina que está matando al paciente : un billón de dólares, más dinero para un hueco sin fondo ; pero no sólo eso, sino que decidieron fortalecer a uno de los grandes culpable de la crisis que es el FMI, que por el contrario habría que cerrarlo».[5]
Confrontados a una crisis sin precedente, los gobiernos de los países industrializados llamaban a reformar el capitalismo, en todo caso se trataba de regularlo para mejorar su cara. Qué es lo que no habremos escuchado en aquella época: «Las agencias de calificación hacen un trabajo detestable»,«Es necesario refundar el capitalismo»* repetía el presidente francés Sarkozy en febrero de 2009. Un año más tarde, en enero de 2010, mientras que se esperaban más precisiones, el que se concedió un aumento del 172 % de su salario a contar desde 2008,[6]«Francia no cuestiona el mercado. Pero un mercado sin reglas no es un mercado. Incluso si demasiadas reglas matan al mercado.»* Decididamente, la tarea se pronostica mas bien difícil…
De todas maneras, las reglamentaciones y las regulaciones del capitalismo salvaje fueron fuertemente cuestionadas por los banqueros reunidos en el Foro Económico de Davos (Suiza) en enero de 2011. James Dimon, el patrón de JP Morgan Chase, delante de 2.500 patrones y dirigentes del planeta había advertido sobre los peligros de una regulación excesiva: «¡Demasiado es demasiado!» se sulfuró. Algunos días más tarde, Lloyd Blankfein, Presidente-Director General de Goldman Sachs, logró triplicar su salario para llegar a los 2 millones de dólares en 2011, *«¿demasiado es demasiado?»*
¿Otro G20 en vano?
Antes que a Estados Unidos, a Francia le toca la presidencia del G20 y del G8 en 2011. Excepto la foto de familia que clausura esas grandes ceremonias difundidas por todos nuestros medios comerciales, es muy difícil saber el coste que representa el evento para el contribuyente. Como ejemplo, según los cálculos suministrados por el gobierno canadiense, las ediciones precedentes del G8 y del G20 en Canadá en 2010 habrían costado 840 millones de euros, 712 de los cuales fueron para la seguridad.[7] Y es en este marco de las grandes y onerosas reuniones que los dirigentes de los países ricos intentarán regular un capitalismo sin aliento.
Para este propósito, Michel Camdessus, ex director general del FMI (1987-2000) aconseja a Nicolás Sarkozy para el G20 que debe celebrarse en Cannes en noviembre de 2011. Recordemos que el señor Camdessus está directamente implicado en las numerosas crisis que estallaron a causa de las políticas impuestas por el Fondo: México (1994), Tailandia (1997), luego toda Asia del sureste (1997-1998), Rusia (1998), Brasil (1999), Turquía (2001)… Muy cuestionado, Camdessus debió abandonar sus funciones el 14 de febrero de 2000, un año antes del fin de su tercer mandato y del estallido de la crisis en Argentina (2000-2001), no obstante un país considerado como alumno modelo del FMI.
¿Acaso Camdessus no había afirmado «Argentina tiene una historia que contar al mundo: una historia sobre la importancia de la disciplina fiscal, de los cambios estructurales y de una política monetaria rigurosamente mantenida»?[8]
En un informe [9]dirigido al jefe del Estado francés en enero de 2011, Michel Camdessus estima que la «regulación» debería estar gestionada por el FMI y aplicarla a los Estados , no a los mercados, ya que estos deben quedar libres y sin trabas con el fin de alentar la competencia más salvaje posible. Este informe preconiza especialmente «reforzar la vigilancia del FMI» sobre las «políticas presupuestarias, monetaria y financiera de los Estados» miembros y de imponerles «normas» de las que cualquier desvío podría ser sancionado. En forma clara, Camdessus aboga por «una disciplina eficaz» y una vigilancia acentuada del FMI con el objetivo de ir hacia un ajuste reforzado.
Elaborado por un panel de personalidades más liberales como Horst Koehler, ex director general del FMI, o Paul A. Volker, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el documento nos tranquiliza desde su primera frase: «La crisis mundial que se propagó a la casi totalidad de las economías desarrolladas y redujo el crecimiento mundial en el curso de la primera década de este nuevo siglo, está en vías de ser controlada» ¡Uf, dentro de poco ya estaremos a salvo! Es cierto que ya en mayo de 2008, el director general del FMI, Dominique Strauss-Kahn, había afirmado sobre el sector financiero: *«las peores noticias están detrás de nosotros».
Por supuesto, habrá que esperar para que se produzca un cuestionamiento puesto que no es la hora de la autocrítica: *«El objetivo de este informe no es sentar en el banquillo a todos los factores que contribuyeron a la crisis, ya se trate de la importancia relativa de las políticas económicas erróneas, de las debilidades estructurales de las instituciones financieras, de las debilidades de la regulación y de la supervisión o de las carencias de los dispositivos monetarios internacionales»
Respondiendo a otro informe,[10]de la oficina independiente de evaluación del FMI, el señor Strauss-Kahn con medio millón de dólares de salario anual, dejará, aunque furtivamente, aparecer la incompetencia flagrante de la institución: «La incapacidad del Fondo de prevenir la posibilidad de una crisis sistémica de una manera suficientemente precoz, detallada y eficaz es un hecho que nos debe volver humildes…»[11]
El informe Camdessus es el enésimo informe que intenta una reforma del sistema para desarrollarse plenamente en un mundo sin crisis, pero lejos de buscar una vía salvadora y portadora de esperanza, se mantiene pegado a los fundamentos que llevan a los pueblos siempre hacia una mayor miseria. Es así como el FMI prosigue con su papel de gendarme de un mercado desregulado e impone sus sanciones a los países que no abdican. Encuadrar un capitalismo salvaje mediante unas reglas cada vez más estrictas del FMI siempre para mantener un liberalismo cada vez más desenfrenado, ésta es la única obsesión de los que detentan el poder de decisión. Sin embargo, el coste humano y ambiental de semejante gestión se ha vuelto tan gigantesco, que ya no se puede evitar la necesidad de juzgar a los jefes de orquesta de este lamentable desastre, en primer lugar el FMI del señor Strauss-Kahn.
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[1]Documento del FMI de 2004 donde la institución trata de justificar sus políticas, p. 6 http://www.imf.org/external/pubs/ft...
[2] Estatutos del FMI, artículo 1º http://www.imf.org/external/pubs/ft...
[3] Leer Damien Millet y Eric Toussaint, *Quand le FMI entonne un air de pipeau*, http://www.cadtm.org/Quand-le-FMI-e...
[4]Rol que ha empujado a los países del Sur a la miseria, leer sobre esto Damien Millet y Eric Toussaint, *60 preguntas / 60 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial*, Icaria editorial, Barcelona, 2009
[5]BBC, 3 de abril de 2009.
[6]Según las cifras transmitidas en noviembre de 2007 al diario *Le Monde *por Roger Karoutchi, el secretario de Estado encargado de las relaciones con el Parlamento, el sueldo mensual neto del presidente de la República pasó de 7.084 euros a 19.331 euros en 2008, o sea un aumento del 172 % y no del 140 % como se había dicho.
[7]Opinión sobre el proyecto de la ley de finanzas para 2011 (nº 2824), Asamblea Nacional, 2011. Acción de Francia en Europa y en el mundo, franceses en el extranjero y asuntos consulares, presidencia francesa del G20 y del G8, por Mme. Geneviève Colot, diputada, http://www.assemblee-nationale.fr/1...
[8] Michel Camdessus en la sede del FMI, 1 de octubre de 1998. Leer Martine Bulard, *Les fourberies de M. Camdessus,* *Le Monde Diplomatique*, enero de 2005
[9] El informe Camdessus, titulado : *La réforme du système monétaire international : Une approche coopérative pour le vingt-et-unième siècle*, 18 de enero de 2011, está disponible en http://www.global-currencies.org/sm...
[10] Informe de la oficina independiente de evaluación del FMI, titulado: *«Performance du FMI dans la période menant à la crise financière et économique : la surveillance du FMI de 2004 à 2007»* http://www.ieo-imf.org/eval/complet...
[11]D. Strauss –Kahn admite el fracaso del FMI en sus previsiones ante la crisis, 9 de febrero de 2011. http://www.rtbf.be/info/article/det...
Desde que predomina el modelo extractivo primario peruano, han ido incorporándose a su dinámica externa diversos frentes económicos internos en la costa, sierra y selva peruanas. Si bien, por un lado, estas nuevas o renovadas actividades extractivo exportadoras han dinamizado económicamente las zonas urbanas y localidades cercanas en las que operan; de otro lado, no parecen haber contribuido significativamente a la reducir la desigualdad y pobreza rural alto-andinas y amazónicas en el Perú.
En el ensayo que presentamos trataremos de resumir nuestras apreciaciones a los logros alcanzados por seis grandes proyectos y programas de desarrollo rural de reducción de la pobreza, implementados desde 1981 en la sierra peruana, con la intención explícita de ubicar a los PPR en un contexto más amplio y prehensivo de las necesidades humanas fundamentales. Para lograrlo, usamos los conceptos trabajos pioneros de Manfred Max Neef (et al) y Denis Goulet sobre las necesidades humanas fundamentales.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO Chile, reunió a un grupo de autores quienes presentaron y discutieron los avances de lo que se ha denominado la "Nueva Izquierda" en América Latina, y han reflexionado sobre los cambios en la situación socioeconómica de estos países, así como los indicadores de pobreza y desigualdad.
Son diversos y dispares los hallazgos en los países, pero marcan una tendencia distinta en la región frente a temas como el manejo económico, al papel del Estado y a las políticas que han implementado, los indicadores sociales y el Desarrollo Económico, lo cual genera un punto de vista interesante que debe ser analizado a la luz de una apuesta para consolidar una integración regional. Descargar informe completo.
El siguiente documento es un anticipo del libro "La desigualdad y los impuestos" de Jorge Gaggero. En el se habla de grave problema de desigualdad en Argentina y como es que el escenario de la última década se ha prestado a que esta relación cambie, sin embargo además de que no se han hecho mayores intentos por modificarla, la estructura tributaria limitada no lo ha permitido. Así, con un sistema regresivo que permite que los niveles de evasión / elusión sean muy altos y con un nivel de tributación directa muy débil, se plantea una reforma fiscal que permita tener una estabilidad macroeconómica, buen uso de los bienes públicos, redistribución de ingresos y competitividad.
América Latina posee desigualdades en cuanto a estructuras productivas, sociales, regionales y políticas se refiere. La desigualdad de los ingresos ha obstaculizado la reducción de la pobreza y con ello, la cohesión social, con los impactos negativos para el crecimiento económico y la creación de empleo.
Dentro de los rasgos estructurales de la región están la antigua existencia de sociedades coloniales y las pautas de las economías post-independencia y los sistemas políticos, que en gran medida impidieron medidas encaminadas a la redistribución del ingreso. Hoy en día esta desigualdad se refleja en la distribución de los activos - físico, financiero, humano y social -, el cual incide en el desempeño distributivo de los mercados de trabajo, que a su vez incide en la mala distribución del ingreso.
La generación de empleo productivo debe ser el punto de partida de una estrategia que busque reducir las desigualdades en el mercado laboral, sin que se excluyan la política salarial y los subsidios a hogares de bajos recursos como instrumentos complementarios. Importante es tomar en cuenta los aspectos relacionados con el acceso desigual a los empleos y la distribución de los frutos del mismo.
Asimismo, es preciso recalcar que la generación de empleo es una condición necesaria, más no suficiente para que se pueda mejorar la distribución del ingreso por medio del mercado laboral.
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Las empresas B o empresas híbridas se encuentran en un escalafón más alto de la cadena de valor social en el que confluyen las mejores prácticas de los sectores público, privado y social.
Este nuevo modelo empresarial está propiciando la formación de un sector emergente o cuarto sector que no pretende ser un nicho más dentro del ecosistema, sino transformar la concepción del éxito empresarial.
Las empresas B no quieren ser solo las mejores del mundo, sino también las mejores para el mundo. El denominado cuarto sector incorpora del sector privado, la participación regular en los mercados; del sector público, la naturaleza asociada a la generación de valor público; y del sector social, la orientación a su misión.
La razón de ser de las empresas B se transforma y tiene como propósito crear un entorno favorable para la solución de problemas sociales y medioambientales.
En primer término, se establece que la aplicación de la política de salarios mínimos en América Latina, ha atravesado por diferentes ciclos y sufrido el impacto de crisis económicas de variada naturaleza, perdiendo en la mayor parte de los casos su sentido de largo plazo. La historia nos refleja que el salario mínimo ha sido una política que ha ido mucho más allá de su objetivo principal, que es proteger a los trabajadores de más bajos salarios estableciendo un piso salarial digno.
Por lo que se refiere a los países seleccionados para el estudio, se resalta en Chile la aplicación sistemática de una política que ha buscado la valorización real del salario mínimo durante más de 20 años, por lo que se transforma en un caso atípico en la región. En Costa Rica, se observa un sistema de salarios mínimos múltiple, más característico de los países de América Central, diferenciando principalmente la calificación del trabajador; cabe señalar que estos salarios se aplican tanto en el área urbana y rural. Por lo que respecta a Perú, el salario mínimo se reajusta en forma irregular, lo que ha llevado a importantes variaciones en el nivel de informalidad. El último país en estudio, Uruguay, cuenta con un salario mínimo simple, de aplicación nacional para todos los asalariados del sector privado urbano.
Además, conforme al estudio, no es posible evaluar el nivel del salario mínimo sin tomar en consideración su capacidad de compra y en qué medida permite satisfacer las necesidades básicas de un trabajador y su familia o, más concretamente, superar los umbrales de pobreza.
Otra comparación de referencia importante para evaluar el nivel del salario mínimo que se menciona en el libro, es su relación con los salarios pagados efectivamente en la economía, dando que en cierta medida este indicador se puede asimilar a la capacidad de pago de las empresas.
En relación a los aspectos institucionales, se destaca la debilidad de la negociación colectiva y la sindicalización en la mayoría de los países en desarrollo y particularmente en tres de los cuatro países analizados: Chile, Costa Rica y el Perú, en tanto, en el Uruguay la reinstalación de los Consejeros de Salarios en 2005 ha permitido una negociación colectiva con una cobertura muy amplia y fuertes aumentos de salarios.
Una medida más mencionada en el estudio para evaluar si el salario mínimo es alto o bajo, resulta de comparar su nivel con la línea de pobreza. En este caso, se utilizó el salario líquido para el cálculo, descontando las cotizaciones obligatorias a la seguridad social de cargo del trabajador en cada país. Por ejemplo, en República Dominicana y México, el salario mínimo líquido era prácticamente igual a la línea de pobreza rural por persona, mientras que en el Uruguay estaba cerca de dos líneas de pobreza. El Perú, Chile y Costa Rica se encontraban en un rango de 2,6 y 3,6 de pobreza.
En este tenor, considerando el tamaño promedio de los hogares de cada país, en la zona urbana un salario mínimo líquido sería insuficiente para sacar de la pobreza a una familia en todos los casos. En tanto, en la zona rural un salario mínimo líquido alcanzaría justo a cubrir la línea de pobreza de un hogar en Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Ecuador.
Finalmente, por lo que se refiere al incumplimiento con el salario mínimo, se concluye que quitando las situaciones externas, cuando el salario mínimo es muy bajo o sumamente alto respecto del salario promedio, el mejor o peor cumplimiento con el salario mínimo está determinado por la calidad de la institucionalidad vigente. Por lo tanto, además de analizar el nivel del salario mínimo, se requiere revisar las instituciones que existen para verificar su cumplimiento.
En este Informe “Inequality in a lower growth Latin America” del Banco mundial, se establece que el crecimiento de la región de ALC en su conjunto se prevé que tenga una tasa de crecimiento promedio para toda la región de 2,7% en 2014, lo que indicaría que la mitad de los países de la región se encuentren en esta cifra o por encima de ella; países como Bolivia, Panamá, Colombia, República Dominicana, Nicaragua y Paraguay, son los que se localizan con un mejor desempeño en 2014. Estableciendo un repunte en el crecimiento proyectado en un 2,2 % para el año 2015.
Con respecto a la desaceleración en el crecimiento del PIB, se establece que ésta ha estado acompañada en la mayoría de los casos por una caída en el crecimiento del consumo; sin embargo, a pesar de esta desaceleración casos como Argentina y Uruguay manifiestan tasas notables de crecimiento; por otro lado, el cambio en la tasa de crecimiento del gasto público ha mostrado una caída por debajo del cambio en el crecimiento del PIB, esto especialmente en países como Chile, Honduras y Panamá. De igual manera, argumenta que el aumento en la tasa de crecimiento del gasto público en relación con la del PIB puede tener efectos pro-cíclicos en los casos en que las presiones inflacionarias no son triviales y la inflación está por encima de los objetivos de política, por ejemplo, Brasil y Uruguay.
En términos generales, se establece que la desaceleración de las tasas de crecimiento del PIB ha estado en parte acompañada de una tasa de desaceleración de tasas de inflación y un aumento del desempleo; sin embrago, la desaceleración de las tasas de crecimiento de la región de ALC es bastante generalizada. Cuando se compara el cambio en el desempleo durante 2011-2013 frente a 2003-2010, se muestra que el desempleo disminuyó en los países que crecieron más rápido, además de que tendió a aumentar en otros países con las excepciones de Argentina, Brasil, República Dominicana y Uruguay.
Por lo que se refiere a países del Pacífico como Chile, Colombia y Perú se establece que estas se enfrentan a riesgos de inflación más bajos por lo que han comenzado a suavizar su desaceleración de crecimiento con la flexibilización monetaria y otras medidas anticíclicas.
Finalmente, se establece que el futuro cercano no augura nada bueno para las ganancias de capital de ALC, región que ya empezado a mostrar signos de agotamiento. Sin embargo, las políticas en lo referente a la flexibilidad del tipo de cambio y el esfuerzo en la educación, además de las que se pueden conseguir en lo referente a la personalización de servicios financieros para la protección de medianos y bajos ingresos, pueden empujar a mejorar los beneficios.
En los últimos 30 años, América Latina y el Caribe ha transitado por períodos de luces y sombras, durante los cuales ha encarado graves crisis económicas, lentas recuperaciones y etapas de auge y de fuertes transformaciones, asociadas a ritmos variables de crecimiento, que responden en gran medida a los profundos cambios de la economía mundial y a una mayor vulnerabilidad de la región frente al contexto externo.
Ya en los años noventa comienza la implementación de políticas sociales focalizadas, que se tradujeron en mejoras graduales de las condiciones de vida de los hogares de menores ingresos. Sin embargo, no fue sino hasta ya entrada la década del 2000 cuando se lograron avances más profundos en el combate a la pobreza, que han dado lugar a nuevas formas de interacción social entre la sociedad, el mercado y el Estado.
En este libro se presentan evidencias de que fundamentalmente esta realidad es el resultado de tres dimensiones: por un lado, la insuficiente acumulación de capital, de inversión y de ahorro. Por otro, la pérdida de productividad y la ampliación de brechas horizontales y verticales entre sectores, que llama a un urgente cambio estructural basado en la incorporación creciente de innovaciones tecnológicas y conocimiento. Y por último, la distribución funcional desigual entre capital y trabajo a lo largo del tiempo, tema que se desarrolla más extensamente en el documento que la CEPAL presentó en su trigésimo quinto período de sesiones celebrado en mayo de 2014, Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible.En los últimos 30 años, América Latina y el Caribe ha transitado por períodos de luces y sombras, durante los cuales ha encarado graves crisis económicas, lentas recuperaciones y etapas de auge y de fuertes transformaciones, asociadas a ritmos variables de crecimiento, que responden en gran medida a los profundos cambios de la economía mundial y a una mayor vulnerabilidad de la región frente al contexto externo.
El objetivo de los proyectos y programas de desarrollo es contribuir a un cambio positivo en un contexto dado y en un tiempo determinado. Algunas veces, muchos de los elementos negativos de ese contexto tienen un carácter estructural, cuyo cambio necesita, entre otros, aunar muchos esfuerzos durante un período prolongando, políticas públicas coherentes y, sobre todo, de voluntad política.
La Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en Centroamérica no escapa a este análisis. Hay problemas estructurales de difícil solución (propiedad, distribución y uso de la tierra) o de difícil amortiguación (mitigación ante desastres naturales) que están contribuyendo a la persistencia o incluso aumento del hambre en la región.
La presente publicación muestra en 12 secciones los resultados de enlazar el trabajo en el campo con los tomadores de decisión a nivel local, nacional y regional en una continua labor de sensibilización que se basa en la puesta en marcha de un modelo flexible de colaboración, y la identificación, promoción y puesta en marcha de buenas prácticas para la promoción de la SAN. Estos procesos han trascendido períodos de gobierno gracias al apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que está colaborando decididamente con los Gobiernos y la sociedad centroamericana.
La migración no es un hecho nuevo, forma parte de la historia de la humanidad. Si bien es cierto que se han observado desplazamientos masivos de personas hacia otros países o regiones en diferentes partes del mundo y en diferentes momentos, lo distintivo actualmente es la creciente importancia que la migración internacional mantiene en distintos ámbitos: económico, cultural, demográfico, político, entre otros. Los lazos culturales y afectivos entre algunas naciones se han fortalecido gracias a los migrantes. Los migrantes también han permitido cambiar las dinámicas demográficas en los países de origen y destino, y han contribuido tanto a las economías que los reciben a través de su fuerza de trabajo como en sus países de origen a través de las remesas que envían. Sin duda, la migración es una de las grandes tendencias que observamos a nivel global.
El Anuario de Migración y Remesas, México 2013 es trabajo de la Fundación BBVA Bancomer y del departamento BBVA Research en colaboración con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que busca constituirse como una herramienta tanto de consulta como de divulgación, mediante el cual se quiere seguir contribuyendo a favor de los migrantes dando respuesta a diferentes interrogantes: cuántos son los migrantes internacionales, dónde se encuentran, de dónde provienen, en qué se desempeñan, qué características tienen, entre otras.
El anuario contiene cinco capítulos. En el primero se presentan cifras sobre el volumen de migrantes internacionales en el mundo y sus características, se indican los principales países y regiones expulsores y receptores de migrantes. El capítulo dos trata sobre la migración de y hacia México, y presenta datos sobre el número de mexicanos en el mundo, sobre el número de personas nacidas en otros países que viven en México y sobre la intensidad migratoria de las entidades federativas de la república mexicana. Por ser Estados Unidos el principal destino de la migración mexicana el capítulo tres está dedicado a describir las características sociodemográficas y laborales de los migrantes mexicanos radicados en el vecino país del norte, también se ofrecen cifras sobre los mexicanos naturalizados, aprehendidos, removidos y retornados en ese país En el cuarto capítulo se aborda la temática de la migración interna, se presentan datos sobre el volumen y las características de los mexicanos que han cambiado de entidad federativa de residencia.
Finalmente en el capítulo cinco se dedica un apartado al flujo monetario derivado de la migración, las remesas, tanto a nivel mundial como para el caso de México. Se exponen cifras sobre el número de hogares que reciben remesas en nuestro país y se describen algunas de sus características. Al término de los capítulos se presenta un breve glosario sobre términos relacionados con la migración.
De acuerdo a las estimaciones y proyecciones actualizadas por el Banco Mundial se espera que las remesas hacia el mundo en desarrollo aumenten en 6,3% este año, para llegar a US$414.000 millones, y que en 2016 superen el medio billón. India y China representarán casi un tercio del total de las transferencias hacia los países en desarrollo este año. Este volumen seguirá incrementándose fuertemente a mediano plazo, a una tasa de crecimiento anual promedio de 9%, hasta alcanzar los US$540.000 millones en 2016.
Los principales receptores de remesas registradas oficialmente en 2013 son India (con aproximadamente US$71.000 millones), China (US$60.000 millones), Filipinas (US$26.000 millones), México (US$22.000 millones), Nigeria (US$21.000 millones) y Egipto (US$20.000 millones). Otros países destinatarios importantes son Pakistán, Bangladesh, Vietnam y Ucrania.
Esta publicación analiza el desarrollo reciente de los movimientos migratorios y las políticas de los países miembros de la OCDE y algunos países no miembros, incluyendo la migración de trabajadores cualificados altamente cualificados y de baja, temporal o permanente, así como a estudiantes.
Además, la OCDE considera que la situación actual de desempleo elevado y persistente en muchos países de la OCDE, junto con el envejecimiento de la población y de los trabajadores, ha traído de nuevo el debate sobre la política de inmigración, por lo que la discusión gira entrono de la inmigración y el Estado de bienestar. Es por ello, que en esta edición también contiene dos capítulos especiales sobre dichos: el impacto fiscal de la inmigración y la discriminación contra los inmigrantes. El estudio señala que la migración en países de la OCDE aumentó un 2% en 2011 respecto al año anterior, hasta alcanzar casi 4 millones. Datos nacionales recientes indican un aumento similar en 2012.
Las remesas enviadas a los países de habla española de América Latina por los inmigrantes en los Estados Unidos y otros países han recuperado los niveles anteriores a la recesión, con la notable excepción de México. Mientras que para América Latina, los 31.8 mil millones de dólares de remesas que fueron recibidas en 2013 han sobrepasado el punto más alto (alcanzado en 2008), México se encuentra 29% por debajo de las remesas alcanzadas en 2006, con apenas 22 mil millones de dólares captados en 2013.
El reporte indica que los mexicanos residentes en EU son responsables del 98 % de las remesas del país y que el descenso en éstas podría derivarse de las industrias más afectadas por la recesión, que dependen principalmente de mano de obra mexicana, como es el caso de la construcción. Otras posibles explicaciones apuntan al crecimiento del producto interno bruto mexicano desde 2006 y al incremento en las deportaciones bajo la administración de Barack Obama.
Según el informe, la crisis económica provocó una reducción de 310 mil inmigrantes (36% originarios de América hacia España entre los periodos 2005-2007 y 2008-2010, y de 4% hacia Estados Unidos). Al disminuir la emigración americana a España, los flujos crecieron un 8% hacia Canadá, Chile, México, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda, y un 14% hacia otros países de Europa para un total de 105.000 personas, entre los periodos 2005-2007 y 2008-2010.
El documento indica que si bien las condiciones económicas se han vuelto más difíciles entre los 34 países agrupados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los movimientos migratorios desde las Américas se han mantenido por encima de 3 millones de personas durante el período 2008-2010, lo cual representa una caída de sólo 8% en comparación con los movimientos registrados entre 2005 y 2007, antes de la crisis económica global.
El informe dio cuenta también de que pese a la mejora económica experimentada por el continente en 2010, la inmigración permanente descendió 9% y la temporal 6%, y que los flujos intrarregionales en América Latina y el Caribe fueron en 2011 la mitad de los flujos de la región hacia Canadá y Estados Unidos. Además, entre 2010 y 2011 el 13% de las solicitudes de asilo en el mundo se realizaron en países de las Américas -tres cuartas partes de ellas se realizaron en Estados Unidos y Canadá- y que las solicitudes de asilo en las Américas aumentaron 7% en 2011 con respecto a 2010. El 97% de las solicitudes de asilo de las Américas provienen de los nacionales de seis países: Colombia, México y Haití, y en menor medida El Salvador, Guatemala y Honduras.
El reporte también incluye datos sobre envío de remesas. En ese sentido, a lo largo de 2011 los flujos hacia América Latina y el Caribe mostraron signos de una sólida recuperación, alcanzando tasas de crecimiento cercanas a las registradas antes del inicio de la crisis económica mundial. En ese año, los países de la región recibieron procedentes de Estados Unidos 61.013 millones de dólares en remesas, lo que representó un incremento del 6 por ciento respecto al año anterior. Los países que reciben la mayoría de sus envíos de dinero desde Estados Unidos ya recuperaron los niveles anteriores a la crisis. Por ejemplo en México hubo una disminución del 16 por ciento del envío de remesas en 2009 a raíz de la crisis económica, pero dos años después, en 2011, se registró un aumento del 7 por ciento.
El siguiente artículo indaga sobre las declaraciones hechas por el nuevo monarca de los Países Bajos, Guillermo Alejandro al afirmar que “el clásico Estado del bienestar de la segunda mitad del siglo XX ha producido sistemas que en su forma actual ni son sostenibles ni están adaptados a las expectativas de los ciudadanos”.
Aquella concepción económica y política que predomino en Europa pormás de dos tercios de siglo simplemente ha dicho “adiós” desde hace algunos años ya y parece que ahora, más cuento de las implicaciones de este concepto, desde su etimología hasta los primeros esbozos bajo su denominación inglesa de “welfare state”, destacando como este modelo buscada “defender al hombre” pero que en la coyuntura actual esto chocha con los intereses del capitalismo y su tercera gran crisis.
Tras una década de "revolución" la economía solidaria en Venezuela representa menos de 2% del PIB Pese a la creciente crítica al capitalismo, el peso de este sector más bien ha aumentado.
La verdadera revolución debe tener dos caras: la cara de la superación del viejo orden y la cara de la construcción de uno nuevo y superior. Leer
El Análisis de coyuntura, llevado a cabo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Sede Ecuador, y que cuenta con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS, constituye el resultado final de un proceso colectivo y multidisciplinario de investigación analítico empírica orientada a enriquecer el debate sobre el momento político actual del país.
El objetivo de esta publicación es ofrecer, a la opinión pública especializada y a la sociedad civil en general, material para fortalecer el debate democrático sobre la evolución de la agenda pública en Ecuador. Se trata de un proceso de investigación permanente. Es un esfuerzo realizado por diversos profesores y profesoras, así como de asistentes de investigación de FLACSO, en el marco de una revisión integral de la evolución de los agregados macroeconómicos y de la agenda de política exterior, sin perder de vista el específico escenario socio-político que atraviesa el país.
Aunque el informe tenía como objetivo observar el comportamiento de ciertas variables económicas y políticas a lo largo del año 2009, su sentido final ha sido el de tomar dicho año como referencia para analizar el conjunto de cambios políticos delineados en el país en el marco del vigente ciclo gubernativo. De algún modo, ello permitirá comprender los alcances de las transformaciones constitucionales y las vicisitudes y complejidades de su puesta en marcha, en medio de importantes transformaciones en la correlación de fuerzas y en las lógicas de las alianzas y los antagonismos entre los principales actores políticos y sociales del país. El análisis del presente escenario se acompaña, a su vez, de una lectura de las tendencias de la crisis del capitalismo global y de la evolución de las relaciones internacionales. Se presta particular atención a los modos en que el país ha delineado sus estrategias de política exterior.
El informe contiene nueve capítulos centrales sobre cuestiones relativas, en lo fundamental, al análisis de la conflictividad política, al seguimiento de la agenda de política exterior de Ecuador, y al estudio de la evolución productiva, salarial, laboral, fiscal, comercial, financiera y energética. Cada uno de los capítulos se refiere a un tema en particular, lo que permite al lector abordarlos desde sus particulares intereses, sin necesariamente tener que estudiar todo el texto para comprender sus aportes específicos.
Dicha organización del trabajo se debe, precisamente, a que se trata de un ejercicio multidisciplinario de análisis efectuado por diversos investigadores. Esto explica, de alguna manera, algunas diferencias en el estilo de redacción.
Hay varios aspectos que se podrían resaltar en este análisis correspondiente al año 2009. Uno de particular relevancia es el relacionado a la eficiencia de la política pública, sobre todo en el campo de la inversión social. Es digno de resaltar, el enorme esfuerzo desplegado por el Gobierno para incrementar dicha inversión; sin embargo, los resultados medidos en términos de reducción de la pobreza y la inequidad dejan todavía dudas sobre su eficiencia. No se olvide, en ningún momento, que desde fines del año 2008 y durante el 2009, Ecuador recibió el impacto directo de la crisis económica internacional más aguda de los últimos ochenta años.
En el ámbito económico, la presente publicación describe los resultados y eventos macroeconómicos más relevantes del año 2009, ubicando este proceso en un escenario estructural caracterizado por un fortalecimiento del modelo de acumulación primario exportador. El petróleo sigue siendo terminante para la economía ecuatoriana. Lejos de reducirse la dependencia del hidrocarburo, esta se ha incrementado en los últimos años; época en que el país ha recibido los mayores ingresos provenientes de la venta de crudo desde inicios de los años ochenta.
A inicios del año 2009, cuando empezaba a sentirse con fuerza los efectos de lo que hoy se conoce como la Gran Recesión, se planteó la pregunta de si sería posible transformar la crisis en una oportunidad para recuperar espacios de soberanía nacional y construir otros de alcance regional, así como para impulsar una transición desde el antropocentrismo depredador a un estilo de vida bio-céntrico, que empiece por reconocer el valor intrínseco de la naturaleza, tal como dispone la Constitución de Montecristi. Como van las cosas, parecería que Ecuador, América Latina y el mundo en general están perdiendo la oportunidad de que la crisis sea una ocasión para cambios realmente estructurales. De todas maneras, todavía hay que ver la evolución de los próximos años, pues la salida de esta recesión será larga y compleja.
En definitiva, con este aporte se quiere contribuir a un mejor conocimiento de la realidad nacional, al ofrecer una visión de lo sucedido, con el único afán de construir una sociedad más justa, equitativa y libre.
El documento acontinuación es para atizar el debate sobre las políticas y estrategias que es necesario profundizar para acelerar la construcción de un Nuevo Modelo Productivo que libere a los trabajadores y a la comunidad de las nefastas consecuencias económicas, políticas, sociales, territoriales y ambientales que genera la lógica del capitalismo rentístico venezolano, sea este privado o estatal. Se trata de un texto para debatir sobre los fundamentos en los que se basa la crítica de las modalidades de acumulación, sobre el espacio de la inversión privada y los sectores que se reserva el Estado y, sobre todo, de los espacios que deben reservarse para impulsar el desarrollo de una economía social. Un texto para debatir también sobre las modalidades de generación de la riqueza y del ingreso. Y, sobre todo, para debatir sobre el carácter de las transformaciones auténticamente revolucionarias que se requieren para evitar la reaparición del capitalismo y asegurar el carácter irreversible de la revolución socialista.
En las páginas siguientes se analiza la actuación del Estado y Gobierno de Venezuela para enfrentar el desempleo, la pobreza y la exclusión a través de la construcción de un nuevo modelo productivo participativo e incluyente. Se revisa desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hasta los Decretos-Leyes de la Ley Habilitante aprobados en julio de 2008, pasando por los Decretos y Reglamentos que han sido aprobados para crear la nueva institucionalidad que apoyan la construcción del Nuevo Modelo Productivo.
El colonialismo está de vuelta. Bueno, al menos de acuerdo con los líderes políticos de las dos naciones deudoras más famosas. Al comentar sobre la incapacidad de la UE para flexibilizarse en las medidas de recortes sobre el salvaje gasto en Grecia, Alexis Tsipras, líder del partido de Syriza, dijo la semana pasada que su país se estaba convirtiendo en una "colonia de la deuda". Un par de días más tarde, Hernán Lorenzino, ministro de Economía de Argentina, utilizó el término "colonialismo judicial" para denunciar la decisión del tribunal de EE.UU. dentro de la que se contempla que su país pague la totalidad de los "fondos buitres" que habían mantenido fuera de la reestructuración de la deuda después del 2002.
Mientras que su lenguaje era deliberadamente incendiario, estos dos políticos lograron poner sobre la mesa puntos muy importantes. Tsipras se preguntaba por qué la mayoría de las cargas de ajuste para préstamos incobrables recaen sobre el país deudor y, dentro de ellas, afectan principalmente a sus miembros más débiles. Y tiene razón. Como se suele decir, se necesitan dos para bailar un tango, así que aquellos que condenan a Grecia por endeudamiento imprudente también deberían condenar a los prestamistas imprudentes que lo hicieron posible.
Lorenzino, por su parte, se cuestionaba sobre cómo podemos dejar que una sentencia judicial en un país extranjero actué en favor de un pequeño grupo de acreedores (que compró la deuda en el mercado secundario) y descarrile dolorosamente un proceso de ingeniería de recuperación nacional. Lo absurdo de esta situación se hace evidente si se considera que, en parte gracias a la reestructuración de la deuda, Argentina creció 7% anual en promedio la década pasada siendo el país de América Latina con crecimiento más rápido crecimiento entre 2003 y 2011.
Pero hay mucho más en juego que el bienestar nacional tanto de Grecia como de Argentina, por muy importantes que estos sean. El problema de la deuda griega es que no sólo ha arrastrado a Grecia, sino a toda la zona euro, y con ella la economía mundial. Si la deuda griega se reduce rápidamente a un nivel manejable a través de la reestructuración, la zona euro estaría en una posición mucho mejor a la hoy. En el caso argentino, no se compromete sólo el fin de la recuperación de Argentina, sino que también existe temor por las turbulencias que pueda provocar un fallo cuestionable del tribunal de los Estados Unidos a los mercados financieros. Muchas personas argumentan que, por lamentable que sean, estas situaciones son inevitables. Sin embargo, cuando se trata de problemas de la deuda al interior de los países, en realidad no se permiten que estas situaciones se desarrollen. Todas las leyes nacionales de quiebra le permiten a las empresas con problemas de deuda demasiado grandes declararse en bancarrota. Una vez que estas se declaran en quiebra, la compañía deudora y sus acreedores se ven obligados a trabajar conjuntamente para reorganizar los negocios de la compañía, de acuerdo a reglas claras.
Desafortunadamente, no existe un mecanismo como éste existe para los países, lo cual ha hecho que la crisis de deuda soberana sea tan difícil de manejar. Como los países no tienen ningún tipo de protección legal contra los acreedores, estos suelen retrasar la reestructuración de sus economías con la esperanza (generalmente incumplida) de que la situación de acumulación de deuda se resolverá de alguna manera. Esto provoca que el problema de la deuda sea más grande de lo necesario.
Lo peor es que los países se enfrentan a una dura elección, dado que oficialmente no pueden ir a la quiebra. Por un lado corren el riesgo de exclusión del mercado financiero internacional (aunque la evidencia demuestra que los países podrían superarlo rápidamente, como Rusia y Malasia hicieron a finales de 1990), mientras que por el otro pueden optar por default de facto, en el cual fingen que no han dejado de pagar los pagos correspondientes a sus préstamos existentes con dinero prestado por organismos públicos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, mientras negocian la reestructuración de su deuda.
El problema con esta solución es que, en ausencia de un marco legal claro, el proceso de renegociación de la deuda se convierte en largo y puede llevar a la economía a una espiral descendente. Se ha visto esto en muchos países de América Latina en la década de 1980, y lo estamos viendo hoy en Grecia y otras economías periféricas a la eurozona.
Mientras tanto, la ausencia de normas que protejan los salarios y los derechos laborales provoca que los actores más débiles –a través de la reducción en gasto social, es decir, pensiones, seguro de desempleo, subsidios – sean los más afectados. Esto crea malestar social, que a su vez amenaza a la recuperación al desalentar la inversión.
No se trata de que se condone la deuda per se al introducir una ley de bancarrota corporativa. Es porque se ha reconocido que en el largo plazo, los acreedores –y la economía en general, también– podrían beneficiarse más con una reducción en la carga que provoca la deuda sobre las naciones, y que esto sirva para una reestructuración y un nuevo comienzo en lugar de provocar una desintegración de manera desordenada.
Ya es hora de que se apliquen los mismos principios a los países y que se introduzca una ley de quiebra soberana.
Así como lo expresa Alberto Graña en este documento "...no comento artículos de ficción- terror, pero en esta oportunidad la criollaza comparación hecha por Gabriel Aguirre Martens en "Dos modelos, un camino"... me obligó como investigador del tema a contribuir modestamente a la discusión sobre estrategias de desarrollo.", el siguiente artículo tiene por objeto analizar y discutir el modelo de crecimiento peruano (extractivo exportador) propuesto por Gabriel Aguirre Martens, el cual es presentado casi como única alternativa para el desarrollo de Perú. Así mismo, busca desmentir el modelo fantasma creado por el autor y que considera que no es más lo mismo que los grupos de derecha han intenado vender. Así mismo, se alza la voz a favor de las alternativas serias a este modelo, sobre todo ahora que las alternativas son más importantes en el marco del triunfo Ollanta Humala.
El premio nobel estadounidense y profesor de economía en la Universidad de Yale, Robert Schiller, opina sobre las críticas que en los últimos años ha recibido la ciencia economía sobre si ésta de verdad se trata de una ciencia o, no comparada con la física o la química.
Schiller reconoce que uno de los problemas de la ciencia económica es su estrecha relación con la política, pues el interés en los datos económicos está en la medida de que sirva como guía política. Sin embargo, aclara que esto es un problema de visión de la economía: se juzga a la economía por lo que puede producir, cuando ésta es algo más práctico que espiritual.
Además, para Schiller, si bien la economía no es una ciencia tan desarrolla como las otras, tiene sus propios problemas metodológicos y sus retos, que a medida que se vayan resolviendo y complejizando harán de la economía una ciencia más sólida como las ciencias exactas. De la misma forma que paso con la química y su separación de la alquimia, hasta convertirse en una verdadera ciencia, Schiller considera que a medida que se desarrolle un repertorio de métodos y fuentes de evidencia, la ciencia se hará más fuerte y los críticos que juzgan a la economía matemática como charlatanería, serán callados.
Cuba en la actualidad es una sociedad en movimiento. A pesar de que su nuevo modelo económico no se ha consolidado, como el siguiente artículo lo ilustra, es difícil no darse cuenta del dinamismo que ha logrado alcanzar su sociedad en general. La apertura de oportunidades para el trabajo individual y el creciente del número de pequeños productores agrícolas han hecho que se genere una mayor actividad económica desde las bases.
Muy a diferente a lo que podrían pensar agentes externos, sobre que el régimen cubano pueda cambiar en cualquier momento en el futuro próximo, la actividad económica y el dinamismo de la isla muestra que el socialismo en Cuba sigo vivo y se encuentra bien; destacando que es un modelo único, diferente al de los otros países socialistas del siglo XX, como Vietnam o China, o al de los países de América del Sur que se han sumado a la causa del socialismo a lo largo de este siglo XXI.
Ponencia de Pedro Monreal en S Frisco. " En una primera aproximación, Cuba parecería ajustarse al esquema de re-especialización productiva de alcance sub-regional en la que el azúcar fue reemplazada en las islas del Caribe por el turismo internacional y las remesas familiares. Sin embargo, bien miradas las cosas, en realidad no queda claro que el caso de una Cuba "post azucarera" se ajuste exactamente a ese patrón de transformación sub-regional. Para empezar, la llamada "exportación de servicios profesionales" -con todo lo incierta que pueda ser su sostenibilidad- tiene hoy un gran peso económico que no se repite en ninguna otra economía caribeña, además de que por sus escalas relativamente mayores y dado el capital humano disponible Cuba, se encuentra en mejores condiciones que sus vecinos antillanos para adoptar -si así se lo propusiese- un perfil exportador relativamente más diversificado y tecnológicamente más avanzado, así como conducir paralelamente un proceso de sustitución de importaciones comparativamente más robusto que el que sería factible en otras islas, como los dos pilares básicos de una estrategia de desarrollo. Pero lo más importante y desconcertante es que mientras que la mayoría de las naciones del Caribe cuentan con estrategias de desarrollo explícitas, generalmente articuladas alrededor del turismo, no existe -por lo menos de manera pública- una estrategia oficial de desarrollo claramente articulada para Cuba. De ningún tipo."
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La crisis global tiene impactos diferenciados a nivel regional, en función de la posición y el grado de inserción económica y financiera de cada país en el contexto internacional. La situación económica de América Latina no es comparable con la de Europa o Estados Unidos, pues presentan contextos muy disímiles entre sí. Para el caso argentino, es necesario analizar el impacto contradictorio de la crisis mundial y las grietas internas que presenta el modelo actual de desarrollo y crecimiento.
Una importante caída de la tasa de crecimiento económico, un repliegue de la industria y escasa creación de empleo, son los principales acontecimientos que han tenido lugar durante los últimos meses en Argentina; de este panorama, tres son los principales focos de atención que evidencian una crisis del modelo vigente:
Inflación. Primer problema para la economía argentina, de acuerdo con los índices provinciales, el aumento de los precios alcanza el 23% anual.
Fuga de capitales. Entre octubre de 2007 y octubre de 2011, el monto total de este tipo de retiros alcanzó los 800 000 millones de dólares, efecto que sólo pudo ser neutralizado por el superávit de comercio exterior.
Desequilibrio fiscal. El superávit fiscal primario desapareció, ahora el gobierno recurre a diversos instrumentos para atenuar la caída.
Mientras los empresarios abogan a favor del corte de la emisión, la devaluación y el re-endeudamiento; el gobierno se limita a intentar revertir la situación aplicando la misma política anti-cíclica que aplicó en 2009, sin tomar en cuenta que a diferencia de hoy, hace tres años existían amplios recursos fiscales y apenas comenzaba la fuga de capitales y el brote inflacionario.
La crisis por la que atraviesa Argentina es estructural: un modelo extractivista al servicio de la demanda del mercado mundial y un sector industrial con baja diversificación, alta concentración y continuada extranjerización, factores ambos que impiden cualquier redistribución real de los ingresos y el mejoramiento de la vida popular.
Ante el desprestigio del neoliberalismo, es la corriente neodesarrolista la que ha emergido como corriente dominante de la política económica en un gran número de países de América Latina, ciertamente con algunos logros importantes en material social.
Sin embargo, subordinó la industrialización a la producción de bienes con poco valor agregado, no ha canalizado los excedentes hacia el desarrollo de las empresas públicas, no ha logrado jerarquizar el mercado interno y finalmente, ha aceptado la inserción pasiva de América Latina como proveedor de minerales, alimentos y combustible.
Claudio Katz es contundente: ni neodesarrolismo, ni neoliberalismo. Sino el planteamiento de un modelo alternativo a favor del desarrollo del Sur, tan necesario en estos tiempos de crisis.
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El crecimiento económico experimentado durante los últimos años en América Latina ha permitido alcanzar progresivamente una sólida situación fiscal en la región, a pesar de las enormes diferencias existentes entre países. El aumento de los ingresos fiscales, las mejores condiciones de acceso al mercado de crédito internacional, así como una mayor eficacia del gasto público, han derivado en bases fiscales más amplias y sólidas. Sin embargo, un análisis detallado refleja cómo los pilares que sostienen el sistema fiscal en la región siguen constituyendo parte importante del engranaje que alimenta la persistente desigualdad económica y social características del territorio. A pesar de las incertidumbres económicas en el horizonte, América Latina debe continuar promoviendo la reforma de sus estructuras fiscales a fin de consolidar los avances sociales alcanzados hasta el momento y dotar al Estado de mayor capacidad de maniobra para afrontar los diferentes problemas que afectan diariamente a su ciudadanía, en especial, el de una mayor protección social. Una reforma de la fiscalidad que avance en la progresividad, mejore la eficiencia del gasto público y garantice la equidad permitirá a América Latina seguir prosperando en la senda del crecimiento económico con cohesión social.
La clase media latinoamericana ha demostrado a través de las décadas su potencial para afectar la economía y el desarrollo social del continente. Sin embargo, la realidad socioeconómica que enfrenta la región no ha permitido que el crecimiento y el desarrollo económico se transmitan de forma adecuada a las clases medias. La tendencia reduccionista de los Estados, y la consiguiente focalización de las políticas públicas y del gasto social en los sectores más vulnerables, han ido provocando un lento abandono de la clase media, que se ve enfrentada a una situación de creciente vulnerabilidad. En este contexto, en este trabajo se desarrolla un análisis que pretende indagar hasta qué punto es sostenible el pacto fiscal que ha asociado por décadas al gobierno con la clase media en América Latina. Este pacto fiscal, traducido en impuestos, gasto social, y subsidios, encuentra su mayor base de sustentación en la clase media, pero el incipiente desequilibrio entre lo que las clases medias aportan y lo que reciben del Estado, pone en peligro esta coordinación que no sólo tiene aristas económicas, sino que también podría terminar afectando el desarrollo social y la vida democrática que se ha instalado en la región. En otras palabras, la relación entre la clase media y el Estado, traducido en el pacto fiscal, debería resultar en un equilibrio en el que el Estado promueve servicios públicos de calidad que efectivamente llegan a los sectores medios para que éstos se sientan incentivados a financiar, a través de los impuestos, las políticas públicas, que van dirigidas no sólo a la redistribución de los recursos, sino también a la conformación y ampliación de las bases del desarrollo económico.
En base a ello, el autor caracteriza y contextualiza a las clases medias en varios países de América Latina para después estudiar la estructura y evolución del pacto fiscal en cada uno de ellos, destacando la incidencia fiscal de estas clases, sus impactos redistributivos y los conflictos que este pacto fiscal genera en la clase media. A partir de la evidencia, el autor destaca la incapacidad de la política fiscal de contribuir adecuadamente a un crecimiento con equidad. Mientras los pobres están aun bajo un alero especial de focalización del gasto público social, las clases medias enfrentan una dura carga impositiva sin recibir mayores beneficios a cambio. Los ricos, por su parte, ostentando un poder económico que les permite mantener el status quo, no son mayormente alcanzados por el sacrificio que hace la clase media. En medio de esta controversia, se hace un llamado de atención sobre la necesidad de reformular el pacto fiscal para fortalecer la posición de las clases medias, mejorar el nivel de vida tanto de los pobres como de los ingresos medios, y conseguir sendas de crecimiento sostenido tanto en términos económicos como políticos.
Los determinantes de la alta desigualdad, y especialmente la reducción en los últimos años ha recibido atención en diversos artículos, textos para discusión e incluso libros. Sin embargo, existe una deficiencia relativa en nuestra humilde opinión, en el análisis de la desigualdad en Brasil, a la luz de las políticas y prácticas fiscales, incluidos los impuestos. Existe una vasta literatura internacional que, de una forma u otra, abordan la cuestión de cómo los ingresos familiares (a veces también su riqueza) se ven afectadas por cómo los impuestos son recaudados por los gobiernos, y especialmente la forma de esos recursos son por ellos gastados, especialmente en los servicios y beneficios en las áreas sociales. Aquí en Brasil, son pocos los estudios, sufren de graves dificultades con las fuentes de información y, cuando se divulgan, tienden a no pasar las fronteras académicas - rara vez se convierten en una cuestión política en la agenda de los debates nacionales.
Este estudio tiene como objetivo contextualizar el actual debate en Brasil sobre la equidad tributaria. Dadas las dificultades que ya se ha mencionado, el trabajo es sin duda más que el diagnostico de los cambios. Es decir, muestra las preguntas mas que proporcionar respuestas, porque no tenemos la intención, ni la capacidad en el breve tiempo y espacio para resolver problemas tan complejos. Esto no significa que dejemos de especular sobre las posibles alternativas, incluidos los que ya aparecieron en el debate llevado a cabo en el país. El propósito de este estudio es analizar tanto los aspectos fiscales y tributarios que impactan como desigualdad en Brasil, ya sea como una causa (como impuestos o el gasto de determinar o agravar la desigualdad) o como consecuencia (como para la gestión de las políticas públicas para mejorar equidad). Se organiza en las siguientes secciones: en primer lugar, la complejidad del tema que se expone a partir de comparaciones con el resto de América Latina. Los resultados dan son una invitación a la reflexión en el texto. El Financiamiento el gasto social se discute, la falta de calidad (esto es extremadamente regresivo sistema tributario, entre otras
distorsiones).
El crecimiento económico experimentado, así como la evolución de los sistemas tributario durante los últimos años en América Latina, ha sido un importante revulsivo para el combate a los problemas de desigualdad a los que se enfrenta la región. Por tal motivo, el tema fiscal ha tomado relevancia, siendo objeto de diversas discusiones y opiniones. El siguiente documento proporciona una visión general de la literatura reciente sobre el impacto de los impuestos en la desigualdad de la región, haciendo una comparación entre América Latina y otras regiones del mundo. Entre los hallazgos más importantes, se destaca que los sistemas fiscales latinoamericanos se han en convertido en algo más que sólo sistema redistributivos desde el 2000. Sin embargo, el pilar de los ingresos fiscales, el impuesto al valor agregado, es regresivo.
Otro hallazgo relevante es que los países latinoamericanos son de los países que menos ingresos perciben por concepto de impuestos sobre la renta que en cualquier otra región del mundo.
En el marco del ‘'Programa de Fortalecimiento de la Capacidad para el Diseño, Seguimiento y Evaluación de la Política Económica de la Subsecretaria de Estado de Economía e Integración del Ministerio de Hacienda del Paraguay'', se desarrolló el Modelo de Proyección de las Cuentas Fiscales, del Endeudamiento Público y de la Sostenibilidad Fiscal del Paraguay. En particular, el Capítulo I presenta la "Elaboración y Aplicación de un Modelo de Proyección de Ingresos Fiscales".
Se desarrollan las correspondientes fórmulas a utilizar en la proyección de los ingresos tributarios a largo plazo, el método usado para el cálculo de los recursos no tributarios y de los otros ingresos relevantes. El Capítulo II presenta el reporte para la "Elaboración y Aplicación de un Modelo de Proyección de Gastos Fiscales". Este capítulo tiene por objetivo presentar y aplicar la metodología para la estimación de los gastos del gobierno, la metodología desarrollada en la proyección de los gastos tanto corrientes como de capital, más relevantes para las cuentas fiscales del Paraguay. El capítulo III presenta la "Elaboración y Aplicación de un Modelo de Proyección de la Deuda Pública y Análisis de su Sostenibilidad".
Como parte del modelo de proyecciones de las cuentas fiscales, se presenta la metodología de proyección para la deuda pública y las consideraciones generales acerca de las metodologías de análisis de sostenibilidad fiscal, incluyendo su vínculo con las proyecciones de ingresos y gastos fiscales, que le sirven de insumo. Y el capítulo IV presenta el reporte "Indicadores para el Monitoreo de las Cuentas Fiscales". Se presentan una serie de indicadores que permiten monitorear de manera permanente las cuentas fiscales, para poder reaccionar a tiempo ante señales de eventuales debilidades. Estos indicadores se relacionan a los ingresos fiscales, a los gastos, al balance, a la deuda y a los activos financieros.
En el siguiente artículo se hace una breve descripción de algunas tendencias presupuestarias globales fundamentales, con la finalidad de permitirnos realizar un análisis del gasto fiscal claro. Con esto se intenta demuestra como es que en Nicaragua (y parte de América Latina) se utiliza una política de consolidación fiscal dirigida a cubrir la deuda interna, sin importar (y por tanto, desatendiendo) inversiones públicas de alta rentabilidad económica y social que promuevan el desarrollo.
En América Latina la evolución de las finanzas públicas abre oportunidades inéditas para la construcción de una arquitectura fiscal contracíclica, que permita suavizar la excesiva volatilidad macroeconómica. Es menester enfatizar la relevancia del nivel y la composición de gastos e ingresos públicos en los objetivos de crecimiento económico, equidad distributiva, e inclusión social.
En este documento, luego de efectuar una revisión de la literatura sobre el vínculo entre política fiscal y crecimiento (capítulo II), se describe la evolución reciente de las finanzas públicas en la región, enfatizando la importancia de una arquitectura contracíclica que permita enfrentar con éxito la excesiva volatilidad de ingresos y gastos públicos (capítulo III), y se ilustra la relevancia del nivel y la composición de gastos e ingresos públicos en los objetivos de crecimiento con igualdad (capítulo IV).
Vito Tanzi es un ex tributarista del FMI que ha trabajado el tema de la recaudación impositiva y la fiscalidad por más de medio siglo. En el presente trabajo es una propuesta de Reforma Fiscal en América Latina, el cual él considera como fruto de su larga experiencia estudiando la región y donde aborda tres cuestiones principales: los cambios significativos que han tenido los sistemas fiscales de los países de América Latina en las últimas décadas, los cambios producidos en los sistemas fiscales de corte progresistas y la relación de estos con el gasto público.
De esta forma, Tanzi destaca que no hay duda alguna de que a lo largo de los últimos 50 años los países de América Latina han avanzado mucho en sus políticas fiscales. Sin embargo, cuando se evalúa la respuesta a las interrogantes que se plantean en las encuestas anuales realizadas por Latino-barómetro sobre la calidad de los servicios públicos en muchos países de América Latina, no se está seguro de que los progresos hechos por el lado del gasto del presupuesto ha sido igual de positivos, a pesar de que se han presentado de manera reciente valiosos programas con medidas dirigidos específicamente a los pobres en algunos países.
En un análisis sobre el problema de la desigualdad en América Latina, la política fiscal debe ser parte de la solución debido a que, con la última oleada de reformas fiscales, es muy probable que se hayan convertido en parte del problema.
Este artículo examina las relaciones entre las reformas de las últimas tres décadas y de la distribución del ingreso de forma desigual en la región. ¿Las reformas hicieron las desigualdades aún peor? Dada la naturaleza de las reformas puede ser probable, ¿por qué este tipo de reformas fueron elegida de todos modos? Y en vista de las cuestiones de distribución, las nuevas reformas fiscales son deseables en este momento?
En el trabajo se muestra que a partir de una perspectiva global, las últimas reformas fiscales han acentuado una anomalía de América Latina, la dependencia de sus gobiernos a impuestos indirectos (consumo) inusualmente grandes y sus niveles de impuestos sobre la renta personal tan laxos. Al mismo tiempo, los datos de distribución del ingreso muestran que América Latina, en promedio, se hizo más desigual desde finales de los años 1980 hasta principios de los años 2000's.
Este trabajo elaborado por el FMI estudia las reformas a los impuestos arancelarios evaluando dos regiones del mundo, una compuesta por los países en desarrollo y otra integrada por las economías avanzadas, a través de un modelo neokeynesiano. Dicha evaluación se centra en analizar como una reforma de neutralidad recaudatoria, que reduce los aranceles en los países en desarrollo, también reduce el bienestar nacional. La razón es que el aumento en el bienestar de los países en desarrollo debido al aumento de la producción está dominado por las pérdidas de bienestar derivadas del deterioro de los términos de intercambio. Por otro lado, la reforma aumenta la producción y el bienestar en los países avanzados y en el resto del mundo.
En dicho modelo, se puede determinar los efectos que tienen las reformas a los impuestos arancelarios en un marco de economía pequeña y abierta, con lo cual se destaca las importantes implicaciones que tienen las rigideces nominales en la dinámica de ajuste internacional de la producción.
Más de uno de cada diez mexicanos residen en los Estados Unidos, y hay un profundo (y sigue creciendo)número de investigaciones sobre las implicaciones de estos flujos para México. Esta literatura analiza cómo la migración afecta a la vida social, política y económica de México en todos los niveles de la sociedad, desde el hogar hasta municipal, estatal y federal. No obstante, hay muy pocos análisis sobre las consecuencias de la emigración neta para las finanzas públicas de México. El presente informe tiene por objeto hacer frente a este vacío de conocimientos.
La tributación directa en América Latina: equidad y desafíos. El caso de Perú Descargar
Luis Alberto Arias Minaya
Acumulación de Capital, Políticas Fiscales y Exportaciones en América Latina: 1986 - 2008 Descargar
Respuestas de países frente a la crisis: Revisión de Ecuador y Perú Descargar
América Latina: Incentivos Tributarios sectoriales 1986 - 2008 Descargar
Las recientes propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional Nicaragüense tienen como núcleo fundamental reducir el peso de la carga tributaria que se le impone a la producción del arroz y a la leche, mediante la reducción del ISR. Sin embargo lo altamente cuestionable de esta propuesta es que se beneficiaria principalmente a los segmentos de mayor ingreso de la población, que son los realizan grandes transacciones en la bolsa relacionadas a estos 2 productos sumamente importantes en Nicaragua. Esta medida se considera seriamente regresiva, puesto que los impuestos actuales no afectan los costos de dichas empresas, sino los márgenes de utilidad de las mismas.
La siguiente es una crítica de Paul Krugman a los impuestos de las clases altas-altas de Estados Unidos. Para él el problema de fondo de la política fiscal se encuentra ahí: en la exención, la falta de claridad en la declaración de impuestos y en los burdos pretextos que se mantienen con tal de justificar lo que se hace con estas clases privilegiadas. Incluso habla sobre la postura de Mitt Romney, prestigioso político estadounidense, a favor de seguir privilegiando a los superricos en un momento en el que el Estado se autoproclama pobre y someten a la clase media a sufrir en nombre de la honradez fiscal.
En los últimos años la informalidad en el empleo ha tenido un auge cada vez mayor en los países subdesarrollados, lo cual ha coadyuvado en cierta medida a problemas en la asignación de los recursos. Varios estudios en la materia han demostrado que existe una relación estrecha entre el sistema tributario y el creciente tamaño de la economía informal, debido a que si el desempeño institucional es pobre los incentivos para la informalidad se incrementan. Es importante resaltar esta relación debido a que los altos niveles de informalidad atentan contra el necesario cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes, erosionando los recursos disponibles y distorsionando los efectos de la tributación sobre la equidad distributiva.
Los datos más recientes permiten comprobar que en la mayoría de los países de la región el ciclo de crecimiento económico sostenido durante gran parte de la última década ha estado acompañado por dos tendencias simultáneas: i) el aumento de la recaudación de los dos principales impuestos vigentes en los sistemas tributarios latinoamericanos, lo cual ha reforzado un proceso de concentración de la estructura tributaria a nivel regional, y ii) la disminución, lenta pero evidente, de los niveles de informalidad económica en todos los países de la región analizados, aún cuando algunos de ellos se encuentran actualmente entre los más informales del planeta.
La informalidad laboral, por su parte, ha mostrado un descenso alentador a partir de los avances logrados en materia de cobertura previsional, al menos en aquellos países de la región con sistemas de seguridad social más consolidados. Ante la gravedad manifiesta del problema de la informalidad, los países han venido implementando regímenes simplificados de tributación como una herramienta para atender tanto las necesidades de formalización de los pequeños contribuyentes como para combatir el elevado nivel de incumplimiento tributario que se advierte entre los mismos. No obstante ello, se indica que dichos sistemas especiales de imposición deben ser considerados como un punto de partida, pero no de llegada, en el tratamiento de la informalidad.
El presente trabajo tiene como propósito revisar los puntos de contacto entre la política tributaria y la inversión en los países de América Latina. En particular, se pretende revisar los resultados sobre efectividad y eficiencia de los beneficios tributarios a la inversión en los estudios disponibles para países desarrollados, en desarrollo y de la región, destacando que los pocos estudios de este tipo que existen para América Latina muestran que la inversión extranjera sí responde a cambios en las tasas de impuesto a las utilidades de las empresas y dichos efectos no son despreciables.
De la misma forma, los autores buscan identificar los distintos tipos de incentivos tributarios a la inversión que se utilizan en los países de Latinoamérica y revisar las metodologías que miden la efectividad (en función de su objetivo) y eficiencia (análisis costo- beneficio) de los beneficios tributarios a la inversión a partir de lo cual concluyen que la mayor parte de los incentivos a la inversión usados en Latinoamérica están orientados a sectores o actividades específicas y que los métodos más que centrarse en la econometría (dada la ausencia de información estadística), deben orientarse en otras técnicas como el análisis de los datos de las declaraciones juradas de los contribuyentes, que permitan al menos hacer juicios razonablemente fundados respecto de su impacto.
Los autores Auditores fiscales del gobierno federal añaden algunos comentarios a las observaciones del profesor Afonso. Leer
En esta edición especial, la Red Internacional de Justicia Tributaria (TJN) hace un énfasis en la situación tributria de América Latina, la cual toma mayor relevancia en los actuales momentos de incertidumbre y crisis.
Aquí se presenta la dificultad que afrontan los países de América Latina para la aplicación de reformas fiscales en un marco de enorme desigualdad que cobija al continente, con instituciones políticas al servicio de los intereses de grupos sociales de poder y sistemas fiscales regresivos. Señala además que los Estados Latinoamericanos viven las dificultades fiscales que generan los débiles controles a la fuga de capitales.
La Red resalta la importancia de la construcción de la Red Latinoamericana de Justicia Tributaria, la cual debe contar con la participación amplia de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Ver documento
En homenaje a la obra de Paul Baran y Paul Sweezy, Samir Amin presenta en la edición de Agosto de la revista Monthly Review una contribución de primer orden para comprender el orden de magnitud del excedente bajo el capital monopolista en las economías centrales y sus efectos en las economías periféricas (tributo imperial), ambos aspectos son clave para comprender las tendencias subyacentes del capitalismo del siglo XXI.
Baran y Sweezy retomaron el argumento de Marx de que los incrementos del costo de la fuerza de trabajo (salarios) tenderían por lo regular, a ser menores a los incrementos de la productividad. Esta distorsión crearía una condición de estancamiento permanente.
Lo anterior fue la base para que crearan su concepto de ‘excedente'. Fueron más allá del análisis de la dinámica de los departamentos/sectores I (primario) y II (secundario) en la reproducción capitalista (contenidos en el Tomo II del Capital) y añadieron a su estudio el Departamento III, que engloba a las actividades no productivas (comúnmente denominadas servicios).
Si bien Keynes apuntó que el capitalismo maduro de mediados de siglo estaba amenazado por una tendencia al estancamiento (bajo el argumento de la disminución de la eficiencia marginal del capital), Baran y Sweezy sostuvieron que lo anterior era producto de la creciente monopolización de la economía, tendencia subyacente del capitalismo contemporáneo, junto con la caída de la tasa de ganancia.
Dicho excedente tendería a acrecentarse en una mayor proporción y a invertirse en actividades no productivas. Los gastos ociosos de la clase dominante y las inversiones en la industria militar por ejemplo, desempeñarían un papel cada vez mayor en las economías capitalistas maduras.
No puede afirmarse que todos los gastos del Departamento III sean ociosos o parasitarios: los gastos en infraestructura, salud, educación, ciencia y tecnología y el sistema de pensiones permitieron darle cierta legitimidad al sistema capitalista y elevaron en buena medida, el nivel de vida de la población. Sin embargo, en las últimas tres décadas ha habido una reducción sistemática del Estado de Bienestar que ha traído consigo un empobrecimiento mayor a escala global. Muchos de estos servicios anteriormente administrados por el Estado han pasado a ser controlados por el sector privado, con lo cual el excedente se ha vuelto mayor.
Finalmente, en la era de la mundialización capitalista, la periferia contribuye al excedente con el ‘tributo imperial': las empresas trasnacionales (en la periferia) dirigen sus excedentes a sus economías de origen (centrales) y obtienen ganancias mayores producto de las diferencias salariales (en actividades con la misma productividad), el acceso privilegiado a los recursos naturales del planeta y el control del Sistema Financiero Internacional.
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Los informes forma parte de una serie de estudios de caso nacionales cuyo propósito es difundir el conocimiento sobre la situación actual de los sistemas de protección social en los países de América Latina y el Caribe, así como discutir los principales desafíos en este ámbito en términos de la realización de los derechos económicos y sociales de la población y el logro de los objetivos de desarrollo claves, tales como la superación de la pobreza y el hambre.
Si bien, la política social tiene por fin el diseño e implementación de estrategias para mejorar y elevar la calidad de vida, la ejecución de políticas como la económica, la monetaria, la fiscal o la cambiaria generan un impacto en la población (ámbito social) que se ve reflejado en indicadores como la pobreza o la distribución de los ingresos. Los impactos de la política social básicamente son tres:
¿Cuál es la importancia de generar consensos y pactos? El siguiente artículo tiene por objeto analizar el interés y la relevancia de dichos elementos, así como su impacto en el ámbito de la política social. Para ello, el autor considera necesario partir de los dos enfoques teóricos que ayudan a abordar el surgimiento de pactos y consensos en este sector de política pública.
En primer lugar se revisan algunos paradigmas explicativos acerca de las políticas públicas en democracia que la ciencia política ha desarrollado en años recientes, relevando algunos marcos y conceptos de particular utilidad para el análisis del surgimiento de pactos y consensos.
Posteriormente, en una segunda parte, se presenta un esquema que busca relevar cuatro elementos que son pertinentes para el análisis. El primer elemento alude a los actoresindividuales y colectivos que sancionan e influyen en el proceso decisional de una política pública. El segundo consiste en la identificación y análisis de las estrategias y prácticas de dichos actores en el entendido de que estos se desenvuelven en contextos específicos, en donde la interacción repetida genera patrones y formas recurrentes de negociación, confrontación y deliberación que suelen desempeñar un papel central en la factibilidad y alcance final de una política pública o reforma. El tercer elemento considera un conjunto de factores inerciales (tanto circunstanciales como institucionales) que contribuyen, condicionan o incluso determinan un resultado final, independientemente de la voluntad u objetivos iniciales de quienes protagonizan un proceso de reforma. El cuarto elemento destacado refiere a las ideas y marcos conceptuales propios de la política social como sector de política pública en el contexto y momento estudiados.
En este documento se presenta un orden analítico y temporal de las principales medidas de política económica que han adoptado los países para enfrentar uno de los más importantes desafíos de la historia reciente. El objetivo es construir una base sólida de información sobre estas medidas, con miras a realizar análisis comparativos bien fundamentados, compartir las experiencias de cada país desde su propia realidad y contribuir a la formulación de políticas orientadas a la superación de las consecuencias del actual momento crítico de la economía mundial. Para cumplir con este objetivo se espera que cada gobierno de la región evalúe el grado de exactitud de las medidas identificadas y comparta sus apreciaciones con la CEPAL.
Después de 30 años de liberalización financiera, los países en desarrollo están crecientemente utilizando técnicas para regular los flujos de capital que entran y salen de sus países. El lento proceso de aceptación del uso de regulaciones de la cuenta de capital fue motivado por las recurrentes crisis financieras durante la década de 1990, y acelerado después de la crisis financiera global del 2008, la cual puso de manifiesto los riesgos asociados a la libre movilidad de flujos globales de dinero.
América Latina es un claro ejemplo de una región que en las décadas de 1980 y 1990, bajo la condicionalidad y el asesoramiento del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ejecutó la liberalización financiera sufriendo varias crisis financieras.
Las regulaciones de la cuenta de capital, también conocidas como controles de capital, apuntan a reducir los riesgos asociados con la volatilidad de los flujos de capital, como también proteger y promover la actividad económica y la creación de empleo.
Argentina, Brasil y Costa Rica se encuentran entre los países que recientemente han implementado regulaciones de la cuenta capital. Después de la crisis financiera de 2001 que arrastró a la mitad de la población a la pobreza, Argentina implementó sucesivas regulaciones sobre la entrada y salida de capitales. Desde el año 2005 las inversiones extranjeras a corto plazo son sujetas a un encaje no remunerativo del 30% del valor de la inversión, el cual es resguardado en el Banco Central por un año. Esta regulación ha sido eficaz en suavizar la entrada de capitales en los períodos de auge, reducir la volatilidad del tipo de cambio y aumentar el espacio de la política monetaria.
En 2009 Brasil implementó impuestos a la inversión extranjera en el mercado local de acciones y bonos. El objetivo de estos impuestos es impedir que los flujos especulativos aprecien el tipo de cambio. Los impuestos implementados han demostrado cierta eficacia en reducir la aceleración de los flujos y la apreciación de la moneda. De esta manera, el impuesto contribuye a proteger el empleo. Sin embargo, todavía son fuertes los incentivos y los beneficios recibidos por el sector financiero: las altas tasas de interés y exenciones fiscales a inversores extranjeros son algunos de estos incentivos que estimulan la entrada de capitales de corto plazo.
A pesar de 20 años de liberalización, en septiembre de 2011 Costa Rica decidió establecer un encaje a los préstamos externos a corto plazo recibidos por los bancos y otras entidades financieras. Aunque la medida representa un cambio a la liberalización de las décadas anteriores, es sólo un primer paso y necesita ser fortalecida con medidas adicionales.
El informe analiza la evidencia disponible sobre el impacto de las medidas aplicadas en estos países. Estos estudios de caso subrayan la utilidad de las regulaciones de la cuenta de capital no sólo en el logro de la estabilidad financiera, sino también en prevenir apreciaciones no deseadas del tipo de cambio y fortalecer la política monetaria. El informe destaca el papel del manejo de la cuenta de capital en promover objetivos de desarrollo más amplios, como la creación de empleo y la reducción de la pobreza.
La liberalización de los flujos financieros internacionales debe interpretarse como el resultado de una intervención poco común y significativa, dado que normalmente las finanzas han sido ante todo de índole nacional y han estado reguladas.
La liberalización generalizada de las cuentas de capital durante las últimas tres décadas se ha visto reforzada por un conjunto de presiones internacionales con orígenes diversos, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, acuerdos bilaterales de comercio e inversión, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Unión Europea. Estas instituciones suponen un obstáculo importante para la utilización eficaz de regulaciones de la cuenta de capital. Asimismo, existen grupos políticos de interés a los que les interesa evitar la regulación, especialmente en países ricos.
Tras el colapso financiero de 2008, se vuelve a cuestionar el papel de los flujos internacionales de capital, cuyas consecuencias pueden ser tanto positivas como potencialmente devastadoras. Los países que sufrieron los envites más graves de la crisis fueron los que contaban con políticas más liberales y desreguladas en lo que respecta a los flujos financieros entrantes.
Desde 2009, muchos países emergentes y en desarrollo han incrementado la regulación y el control de los flujos financieros entrantes para gestionar las oleadas provenientes del exterior. Esto tiene lugar en unas circunstancias en las que los flujos hacia los países en desarrollo han incrementado y se han vuelto más volátiles. En 2010, estos flujos alcanzaron los 1.095 billones de USD, una cifra sólo superada en 2007.
Sin embargo, los datos empíricos demuestran que mover dinero en tanto volumen y velocidad conlleva una serie de riesgos, por ejemplo monetarios, de fuga de capitales, de fragilidad, de contagio y para la soberanía. La forma en que se gestionan los flujos financieros afecta a la distribución de la riqueza, la pobreza, el bienestar infantil, el desarrollo económico de las mujeres y el desempleo.
La historia económica demuestra que aquellos países que se han desarrollado con éxito han utilizado capital extranjero, pero este no llegó a través una cuenta de capital completamente abierta. En general, es más deseable una inversión a más largo plazo y que proporcione beneficios adicionales.
Un enfoque más realista sobre política macroeconómica y flujos financieros internacionales, beneficiaría tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados y se incrementaría la estabilidad. La organización Bretton Woods Proyect afirma la necesidad de alcanzar un consenso nuevo, uno que favorezca las políticas pragmáticas cuyo objetivo sea canalizar los flujos financieros para el beneficio de las personas, especialmente de las que viven en los países en desarrollo
Contrario a lo que podría pensarse, y se ha pronosticado, los ingresos por recaudación fiscal en Nicaragua, han mostrado grandes excedentes durante los últimos 8 años. Con ello, surge la posibilidad de pensar en mayores niveles de gasto que coadyuven a la mejoras de las condiciones sociales en materia de educación y salud. De esta forma, la necesidad de realizar reformas presupuestarias es fundamental en búsqueda de mayor prosperidad social y económica.
Anteriormente el desarrollo económico era un tema involucrado en las principales discusiones y formaba parte importarte del quehacer económico. Este concepto involucraba la transformación de las estructuras productivas con el fin de emplear a la población en las actividades de mayor productividad, con lo cual se conseguía un mayor bienestar. Por su parte, el concepto de desarrollo implicaba que los sistemas económicos seguían caminos de desarrollo (no siempre en equilibrio) con el fin de llegar a resultados más deseables de bienestar:: el equilibrio no era el objetivo principal.
Sin embargo, a partir de la turbulencia internacional de la década de los setenta y con el súbito incremento de las tasas de interés en los mercados internacionales, el problema del desarrollo dejó de ser prioritario, para dar espacio a los problemas urgentes de desequilibrio macroeconómico, el cumplimiento con los compromisos relativos a la deuda pública y rescatar empresas públicas y privadas.
Más recientemente, la discusión sobre el desarrollo económico se ha centrado en la presencia o ausencia del estado en los procesos de desarrollo como explicación de los resultados de los procesos de desarrollo más recientes, mientras que las estrategias económicas se han dirigido a alcanzar el crecimiento sobre la vía del equilibrio, por lo tanto, preservando las estructuras económicas. Esta última perspectiva produce resultados incompatibles con el desarrollo.
A partir de ello, este artículo revisa algunas cuestiones relativas al cambio estructural en comparación con los objetivos de equilibrio, como un medio para alcanzar el desarrollo; dando gran énfasis al carácter que han perdido las discusiones sobre desarrollo económico y la importancia de retomar dichos aspectos.
Ya no es posible concebir los recursos naturales como se lo ha hecho tradicionalmente, y por eso resulta necesario abordar cómo la enunciación de los Estados de los países centrales y de organismos internacionales incide en la construcción de imaginarios y de políticas respecto de los llamados “frutos de la tierra”.
Esto conduce a discutir las diferentes definiciones en juego para nombrar esos recursos: renovables y no renovables, materias primas, commodities, capital natural, recursos naturales estratégicos, críticos, multicríticos, esenciales, bienes comunes, etc.
Es importante tomar en consideración que en el nombre que se les asigna están inscriptos a menudo proyectos en tensión respecto al uso que debe dárseles para el desarrollo nacional y regional, en este caso en Suramérica.
¿Restauración conservadora en América Latina?
Emir Sader[1]
El fracaso del golpe militar en contra del gobierno de Hugo Chávez en 2002 dejó a la derecha latinoamericana prácticamente desarmada frente a la proliferación de gobiernos progresistas en el continente. Desde entonces solo ha logrado recuperar a dos gobiernos – los de Honduras y Paraguay -, mediante golpes blandos, frente a procesos que no lograban todavía consolidarse.
Pero recientemente hay muestras de procesos de recomposición de fuerzas conservadoras en países de gobiernos progresistas en el continente. Las amenazas a la continuidad en países como Brasil, Uruguay, Argentina, así como problemas enfrentados en Venezuela y, de forma distinta, incluso en Ecuador, apuntan a un fenómeno de ese orden.
¿En qué consisten esos intentos conservadores y cómo se dan?
Hay elementos comunes entre ellos: el rol desestabilizador de los medios de comunicación privados, con la fuerza que su control monopolista propicia. Campañas de denuncias de supuestas irregularidades de los gobiernos, que sirven para debilitar su imagen frente a la opinión pública, así como para descalificar los Estados, gobiernos, partidos, política, como forma indirecta de ensalzar el mercado y las grandes empresas privadas. Una acción que busca crear climas de pesimismo en el plan económico, de desánimo, de desaliento, que baje la misma auto estima de las personas. Sin esa acción del que funge como partido de oposición, no sería posible ningún intento de recomposición conservadora en nuestros países.
En base a la fuerza que acumule ese tipo de acciones, se busca proyectar candidatos que representarían la antítesis de los gobiernos progresistas, aunque tengan que reconocer éxitos de esos gobiernos, sobretodo en el área social, cuyos principales programas ellos dicen que van a mantener. Para lo cual necesitan caras jóvenes, “nuevas”, que representarían una renovación de la política y de los partidos, que ellos atacan todo el tiempo.
Sus caras pueden ser distintas – Marina da Silva en Brasil, Luis Lacalle en Uruguay, Héctor Capriles en Venezuela, Mauricio Rodas, alcalde de Quito, en Ecuador, Sergio Massa en Argentina -, pero todos intentan presentarse como “novedades”, personajes que renovarían la política. Tienen todos, por detrás, al gran empresariado y sus intereses mercantiles, en contra de los intereses públicos y de los derechos sociales conquistados en estos años. Tienen alianzas internacionales que tienen a Estados Unidos como su referencia central, en contra de las políticas de integración regional y de intercambios Sur-Sur.
La experiencia de Sebastián Piñera en Chile fue un primer intento de ese tipo, con un empresario de éxito en la esfera privada, como supuesto mejor gobernante para el Estado. Su fracaso demuestra cómo esas nuevas caras apenas reproducen los viejos programas de la derecha tradicional y terminan fracasando.
Significativamente, las alternativas que se presentan con alguna fuerza en los países progresistas, están todas a la derecha de los gobiernos, confirmando que las fuerzas que dirigen esos procesos copan el campo de la izquierda y de parte del centro. Los grupos de ultra izquierda, en todos esos países, nunca han logrado conformar alternativas, dejando que ese rol sea jugado siempre por fuerzas de derecha.
Sin embargo, ya no es posible el camino liso y llano de golpes militares al estilo de décadas atrás, la derecha se vuelca hacia los procesos electorales, con grande maquinarias de publicidad, valiéndose además de los medios privados de comunicación como su arma esencial.
El éxito que puedan tener suponen, siempre, errores de esos mismos gobiernos, el más destacado entre ellos es la no democratización de los medios de comunicación, lo cual permite a la derecha disponer de un gran arma de acción. Pero hay también errores en las políticas económicas, con sus efectos en las políticas sociales – bastión fundamental del prestigio y del apoyo obtenido por esos gobiernos. Asimismo, cuando fallan las políticas sociales – a veces también por el efecto de la inflación, se pierde apoyo popular.
En las elecciones de este y del próximo años, algunos de esos intentos conservadores se juegan todas sus fuerzas, como son los casos de Brasil, Uruguay, Argentina, dado que en Bolivia todo indica que esas fuerzas están derrotadas antes mismo de la fase final del proceso electoral, que debe llevar a la reelección de Evo Morales.
Brasil es un caso significativo, por la proyección que tiene el país en el plano internacional, así como por el peso del Présal para su futuro. La candidata originalmente ecologista, se proyecta como la nueva derecha, que ataca directamente la política externa de Brasil, así como el peso del Presal, así como propone la tradicional tesis de la derecha de la independencia del Banco Central, apoyada por todos los medios de comunicación privados.
La forma cómo las fuerzas progresistas pueden neutralizar esos intentos conservadores disfrazados de “nuevos”, es avanzando en la democratización de los medios de comunicación, así como hacer las readecuaciones en los políticas económicas y sociales, no para retroceder, sino para avanzar en el camino victorioso en América Latina, en que los procesos de integración tienen que ganar, finalmente, la prioridad, siempre anunciada, pero nunca asumida efectivamente por sus gobiernos. El camino es el desarrollo económico con distribución de renta, otorgar un rol protagónico al Estado y dar prioridad a la integración regional y a los intercambios Sur-Sur.
[1] Sociólogo y cientista político brasileño, es coordinador del Laboratório de Políticas Públicas de la Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).
El por qué una nación no se ha desarrollado ha tenido muchas explicaciones. Desde históricas hasta geográficas que tratan de explicar ese retraso económico relativo a las naciones industrializadas. Se ha intentado incluso, que las naciones menos desarrolladas sigan los mismos pasos de los países más avanzados, a manera de método hacia el desarrollo. Sin tomar en cuenta que para que haya naciones desarrolladas, tienen que seguir existiendo naciones subdesarrolladas.
Incluso los conceptos fueron cambiando, y “desarrollo” se hizo independiente del crecimiento, con sus propios indicadores y estudios. Dicho término se mantuvo prioritario en las investigaciones, se detuvo para pasar al neoliberalismo, no obstante hizo que se regresara al estudio del desarrollo con más fuerza.
El camino al desarrollo no es lineal, ni tampoco es equilibrado, y por supuesto, tiene que tener ayuda del Estado; es éste quien debe mantener los desequilibrios y tensiones en una economía y así generar las consecuencias que crearán el desarrollo.
Durante el neoliberalismo, -que en verdad debiese llamarse neoconservadurismo - se alejó a la economía de la regulación gubernamental, y en su lugar se dejó que la regularan los mercados, a los cuales actúan libremente. La ortodoxia económica premió a los economistas antikeynesianos, y en específico a los que hubiesen tenido alguna relación con la escuela de Chicago.
Aunado a las dictaduras militares de Sudamérica en los años setenta y la política de Inglaterra de entrar a los mercados, el debate sobre el desarrollo se relegó a segundo plano. Sin embargo, no se pueden ignorar las consecuencias, sobre todo las más visibles como la crisis económica de 2007 que evidenció la inutilidad de todas las teorías y aplicaciones neoliberales, al quitarle institucionalidad al Estado e ignorar las circunstancias específicas de la demanda de los países subdesarrollados.
Para la ortodoxia, los mayores problemas económicos tienen su raíz en problemas monetarios y como tal se pretenden solucionar a través de Bancos Centrales autónomos, sin tomar en cuenta que fenómenos como la inflación tienen un centenar de otras causas reales, que al no atacar, no se solucionan.
Esta falta de control, de exacerbación del individualismo y ligereza de compromisos, como la precarización del empleo, terminan acabando con las naciones y sus sociedades sometidas a intereses extranjeros. Es cuando los mercados y la economía se vuelven un fin en sí mismo, buscando reducir el déficit en la Balanza comercial, antes que el saneamiento del sistema productivo.
En este contexto, varios economistas buscan regresar el debate del Desarrollo al centro del debate; el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha publicado indicadores del desarrollo que obedecen a los mínimos de bienestar de una persona. Sin embargo, en México por ejemplo, se sigue sin elaborar políticas de producción o industrialización en los Planes Nacionales de Desarrollo, para seguir dando prioridad a la competencia en sectores tradicionales.
Enrique Iglesias es un político hispano-uruguayo, quien dirigió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los últimos ocho años ejerció el cargo de Secretario General Iberoamericano, y ahora pasa a retirarse no sin antes hacer un balance general de sus visiones sobre Iberoamérica, la crisis y del papel de México como anfitrión de las Cumbres Iberoamericanas.
Para Iglesias, es indispensable aprovechar las similitudes culturales entre los países de Iberoamérica, además de considerar las circunstancias actuales y a los nuevos actores en la Economía Mundial. Asimismo, a Latinoamérica le esperan grandes transformaciones positivas, pues la región mostró estar bien preparada para sobrellevar crisis fuertes, como la de 2008.
El pasado mes de julio, 2014, se celebró una cumbre de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en Fortaleza, Brasil. El presidente Xi aprovechó el viaje a Brasil para visitar también Argentina, Venezuela y Cuba. Este informe analiza los acuerdos que firmó China con estos cuatro países. Observamos un claro predominio de inversiones en infraestructura, energía y transporte en los 120 acuerdos que se firmaron en el transcurso de una semana.
El vínculo de China con Latinoamérica es cada vez más sólido. El comercio entre China y Latinoamérica superó los 261 mil millones de dólares en 2013. Además, Pekín ha intensificado su inversión en la región, con un porcentaje que asciende aproximadamente a un 20% del total de su inversión extranjera directa, que fue de 90 mil millones de dólares el año pasado.
En la actualidad, China ha pasado a ser el socio comercial más importante de Brasil. El comercio entre estos dos países fue de 83 mil 300 millones de dólares en 2013, una cifra muy superior a los 3 mil 200 millones de 2002. Las materias primas son la principal fuente de exportación brasileña.
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Bolivia ha venido creciendo y desarrollando su economía en los últimos años, después de haberse mantenido en el modelo neoliberal por dos décadas. Los economistas neoliberales que formaron parte de administraciones pasadas, señalan que este crecimiento se debe al legado que ellos dejaron. Es el caso de Juan Antonio Morales, quien fuera presidente del Banco Central de Bolivia, que escribió que el país ha partido de un PIB per cápita y de un stock de capital per cápita muy bajos, y por lo tanto no es difícil elevar estas cifras si se superan los problemas de inversión.
De esta manera se minimiza la labor estadista del Presidente Evo Morales, quien ha mantenido una política de dinamización de la demanda interna, lo que mantuvo a Bolivia con crecimiento de 3.4% durante la crisis financiera internacional de 2009.
Durante el gobierno de Evo Morales ha sido primordial la planificación y la recuperación de la soberanía de la política económica. Además de implementar políticas sociales enfocadas a la redistribución del ingreso y la reducción de la pobreza. El proyecto de Morales se ha enfocado en el largo plazo, al contrario de los gobiernos neoliberales quienes dejaron todo a la mano del libre mercado, y al crecimiento como propósito y no como medio para llegar a la justicia económica y social.
La migración no es un fenómeno nuevo en la sociedad, pero ha tenido un incremento considerado en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. Cada vez son más personas las que migran a más naciones. Ha tomado relevancia tal, que los gobiernos e instituciones internacionales estudian con mayor detalle e interés su impacto en los países tanto receptores como emisores y de tránsito. El tema de la migración es digno y amplio para el análisis, el debate y hasta la polémica, y sobre todo urgente en política pública.
El siguiente reporte sobre migración se divide en ocho capítulos, y utiliza las estimaciones y cálculos del Banco Mundial y la ONU, donde se expone la migración en estadísticas, pero también se hace un perfil sociológico del migrante. El tema es importante para nuestro país, pues la India, México y Rusia, son los países que tuvieron el mayor número de migrantes en 2013. Tan sólo entre éstos tres tienen el 15% del volumen total a nivel internacional de emigración. Sin embargo, no figura entre los primeros diez países con emigración estudiantil.
Asimismo, se analiza la migración mexicana a Estados Unidos, dando cuenta que es el 30% de los inmigrantes en el país del norte son mexicanos y que su principal causa es el trabajo. Se abarca 0el perfil de estas personas, como su nivel de escolaridad, edad promedio, tipo de ciudadanía, nivel de pobreza y la cantidad de personas.
También se aborda a México como país de tránsito para los migrantes centro y sudamericanos, el regreso forzado de los mismos por las autoridades estadounidenses y también se estudia a los actores en la migración que menos atención obtienen que son los familiares que se quedan. El trabajo termina con las remesas, las cuales tienen un alto impacto en las economías de ambos países, así como la cantidad y perfil de los hogares que las reciben.
El siguiente archivo es una presentación para la prensa de Anuario de Migración y Remesas 2014. Se pueden revisar datos estadísticos y gráficas de la información más interesante acerca de la migración, e incluso se señala en qué página del Anuario se le puede encontrar.
Por cada capítulo se ofrece una gráfica o mapas para poder localizar los estados de Estados Unidos que más albergan inmigrantes mexicanos y las entidades federativas de México en la que más inmigrantes internos viven, así como las características de los jefes de hogar migrantes, como su género, edad y educación, y los diez principales países orígenes de remesas internacionales, por tan sólo mencionar algunas. Se recomienda la lectura del Anuario de Migración y Remesas que también se publicó en esta página; no obstante, si se necesitan datos estadísticos rápidos e informativos sobre la migración nacional e internacional, se puede revisar este documento.
Oscar Ugarteche[1], Aura Montañez[2]
El 11 de marzo de 2014, Michelle Bachelet tomó posesión de la Presidencia de Chile por segunda vez. Se une así a la lista de mujeres mandatarias en América Latina, la región que concentra la mayor cantidad de mujeres en las jefaturas de Estado de sus países, indicando quizás una modernización social.
La mandataria entra en un momento tumultuoso para su país, pues el movimiento popular se expresa en agitaciones estudiantiles y sociales, con una ciudadanía frustrada ante una mejora económica reconcentrada y la sensación de que lo económico predomina sobre cualquier otro valor social. Dicha situación hizo que el ex presidente y millonario chileno Sebastián Piñera terminara su gobierno con niveles muy bajos de aceptación.
Conforme al programa de gobierno de Michelle Bachelet, la prioridad está en fortalecer la integración con América Latina y Asia Pacífico. El mercado intrarregional de Chile es diminuto y está partido casi exactamente en dos: a medias el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Alianza del Pacifico (AdelP). En 2013, tuvo un total de exportaciones hacia todos los países de la ALADI de 8,730 millones de dólares (mdd), e importaciones por 14,000 mdd, las exportaciones e importaciones de Mercosur fueron de 4,400 y 7,387 mdd respectivamente (Véase ALADI, 2014).
De otro lado, la AdelP avanza la integración política y busca entre otras cosas tener representaciones comerciales comunes en Asia, lo que ya han iniciado con Vietnam. Piñera firmó el último día de su gobierno el Protocolo del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que libera 92% de las partidas arancelarias del comercio con los socios de la Alianza (CNN Expansión, febrero 2014), esto deja pocos grados de libertad al nuevo gobierno para retroceder.
Chile quisiera consolidarse como “país puente” entre el Atlántico Sur y Asia Pacífico, ser el mediador y promotor de las relaciones entre América Latina y los países del sudeste asiático. En 2012 tuvo el intercambio comercial con las economías de la APEC sumó 96,400 mdd. De otro lado, 58.3% de la inversión extranjera hacia Chile proviene de las economías de la APEC, en contra partida, 26.8% de la inversión chilena se dirige hacia estos países (Véase Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, marzo 2014), aunque están centradas en el Perú y Colombia.
De 2010 a 2013, firmó Tratados de Libre Comercio con Malasia, Vietnam, Hong Kong y un Acuerdo de Inversión con China. (Véase “Plan de Gobierno 2014-2018”, en) que es su mayor socio comercial de exportación con 23.3% del total, seguido por Estados Unidos con 12.3%, Japón 10.7%, Corea del Sur 5.8% y Brasil con 5.5 por ciento.
La relación con China tiene varios obstáculos e impedimentos. El 75% de las exportaciones de Chile a China son cobre y los términos de intercambio no están mejorando conforme las importaciones chinas van adquiriendo mayor densidad tecnológica y las chilenas se mantienen en materias primas, minerales y vegetales. De acuerdo con la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco, enero 2014), órgano desconcentrado del Ministerio de Minería, las tendencias del precio del cobre no serán las más beneficiosas para Chile. El promedio del precio del cobre de 2012 fue de 360.5 dólares c/lb, bajó a 332.1 dólares c/lb en 2013 y aunque un terremoto en el país del Sur ha incrementado los precios a inicios de 2014, se espera que tenga un rango de fluctuación de 300 dólares c/lb a la baja durante el año en curso.
Lo que está por verse son los grados de libertad del nuevo gobierno que al fin y al cabo, en su administración anterior firmó el primer TLC con Estados Unidos pero que ahora está gobernando una economía sostenida durante el último par de años por el consumo. Más allá de trabajar en la ampliación de un mercado ampliado sudamericano, ¿Podrá Chile entrar en un comunidad de naciones? Han jugado a ser la Gran Bretaña en la región, el observador no participativo ¿Podrá Bachelet revertir esta política nacional? Si el mercado latinoamericano los ayuda, pragmáticamente virarán. Lo más alentador sin embargo son las señales mandadas al exterior al sostener reuniones dentro de CEPAL Santiago con el presidente del Uruguay, José Mujica.
De otro lado, el intento de cubrir la demanda ciudadana de recuperar la gratuidad de la enseñanza y mejorar la calidad de la educación junto con un programa público de pensiones para jubilados, expresión del límite real del programa privado de jubilación inventado por ellos, podría no verse contradicho por sus compromisos internacionales, en especial la AdelP. Lo cierto, es que se pueden esperar acciones determinantes, innovadoras y sagaces propias de su historia.
[1] Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
[2] Miembro del proyecto OBELA, IIEC-UNAM.
La inversión pública y privada ha disminuido en la zona euro desde el estallido de la crisis financiera de 2008. De esta manera, el multiplicado fiscal no ha ejercido una influencia importante para la recuperación de la región con las medidas de ajuste aplicadas en los distintos países de la Unión Europea(UE).
De esta manera, se deben reformar las instituciones de inversión europeas como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que ha visto su papel reducido en los años de la crisis. Lo anterior se comprueba en su hoja de balance que se ha reducido en comparación con los bancos nacionales de la UE y la nula iniciativa de emitir más obligaciones para obtener más recursos. Por lo tanto, resulta necesario crear nuevas instituciones que puedan financiar proyectos de infraestructura de la región.
Los autores sugieren la creación de instituciones públicas que financien proyectos de infraestructura, energía, transporte que puedan impulsar el crecimiento económico de la región.
At sunrise, the misty fields around the village of Guior are already dotted with men, women and children sowing maize after an overnight rainstorm.
After several years of drought, the downpour brought some hope of relief to the subsistence farmers in this part of eastern Guatemala.
But as Esteban Gutiérrez, 30, takes a break from his work, he explains why he is still willing to incur crippling debts – and risk his life – to migrate to the United States.
“My children have gone to bed hungry for the past three years. Our crops failed and the coffee farms have cut wages to $4 a day,” he says, playing nervously with the white maize kernels in a plastic trough strapped to his waist.
“We hope the harvest will be good, but until then we have only one quintal [46kg] of maize left – which is barely enough for a month. I have to find a way to travel north, or else my children will suffer even more.”
Central America remains one of the world’s most dangerous regions outside a warzone, where a toxic mix of violence, poverty and corruption has forced millions to flee their homes and head north in search of security.
But amid a deepening global climate crisis, drought, famine and the battle for dwindling natural resources are increasingly being recognized as major factors in the exodus.
Camotán is a collection of rural communities in the eastern department of Chiquimula, which lies in the rain shadow of the imposing Sierra de las Minas. It forms part of Central America’s dry corridor: a belt stretching south through Honduras, El Salvador and Nicaragua, that receives little rain and is particularly susceptible to droughts and extreme weather.
In theory, the rainy season here should last from late April to October, with a drier period in July and August known as the canícula – a regional peculiarity that requires two short harvests.
But the past decade has seen frequent, intense droughts and late rains due to unusually hot and dry canículas and prolonged years of El Niño – the warm phase of a complex weather cycle caused by increased Pacific surface temperatures.
“Over the past six years, the lack of rainfall has been our biggest problem, causing crops to fail and widespread famine,” said the climate scientist Edwin Castellanos, the dean of the research institute at Guatemala’s Universidad del Valle.
The current run of hot, dry years follows a decade or so of unusually prolonged rains and flooding due to the other phase of the cycle known as La Niña, caused by colder Pacific waters.
“Normal, predictable weather years are getting rarer,” added Castellanos.
On the ground, the impact has been devastating. In 2018, drought-related crop failures directly affected one in 10 Guatemalans, and caused extreme food shortages for almost 840,000 people, according to the UN’s Food and Agriculture Organization (FAO).
As a result, entire families have been migrating in record numbers: since October 2018, more than 167,000 Guatemalans travelling in family groups have been apprehended at the US border, compared with 23,000 in 2016.
Those who remain, often depend on money sent home by emigres, especially in rural areas, which received more than half the $9.2bn of remittances sent to Guatemala in 2018.
Despite the rainshowers in Camotán, el niño is back and the outlook for 2019 is grim: about 2 million people in the dry corridor will need urgent food aid, according Ricardo Rapallo, the head of food security at the FAO.
“Without doubt climate and environmental changes impact food security. For those who depend on agriculture the situation is very precarious, they are very vulnerable,” said Rapallo.
Local political factors are also important. Water shortages and poverty are causally linked to the country’s skewed land distribution: roughly 2% of the population control 70% of all productive farmland. In Chiquimula, 71% of people live in poverty, and 40% in extreme poverty.
Forests mitigate climate change, but Guatemala has lost half its woodlands in the past 40 years – and deforestation rates are rising, in turn causing floods, landslides and erosion of farmland.
In the peasant farming communities around Camotán, water storage is scarce, and the Maya Ch’orti’ people who live here mostly rely on rainfall to irrigate their crops. Most houses have no toilets, and low water reserves mean most families drink and cook with contaminated stream water.
“We waste and contaminate most of our water through mismanagement. We’re not prepared for climate changes,” said the climate scientist Castellanos.
The region’s main cash crop is coffee, and for decades, many campesinos relied on seasonal work at commercial plantations to supplement their subsistence lifestyle.
But a global price crash and the deadly rust fungus known locally as la rolla – which thrives in hot and humid conditions exacerbated by the climate crisis – have wiped out about 80% of the region’s coffee in the past five years.
This has led to less work, lower pay and more hunger.
Gutiérrez lives in a half-finished palm-roofed adobe house with his wife Miriam Ávalos, 22, and their five children aged between seven months and nine years.
All of the children are small for their age. For breakfast, they have half a corn tortilla each. At school, they sometimes receive noodles and a high-calorie supplement drink, courtesy of a government programme. Dinner is another tortilla or two with salt or herbs – but no beans as the drought destroyed last year’s entire crop.
The family’s chickens died a few months back from a mystery illness, so there are no eggs, and meat and dairy are unaffordable. The adults eat once or twice a day.
Guatemala has the sixth-highest malnutrition rate in the world with at least 47% of children suffering chronic malnourishment. Malnutrition rates are even higher among the country’s 24 indigenous communities, rising to over 60% in Camotán.
Since 2016, at least 800 children under the age of five in Camotán and the neighbouring municipality Jocotán have been diagnosed with acute malnourishment, according to health centre officials. (Underreporting means the real number is likely to be significantly higher.)
“The government strategy [to tackle malnutrition] has good elements, but in practice it has been limited to putting out fires, dealing with emergencies, not tackling structural problems or corruption in public administration,” said Paola Cano, a nutritionist and public policy analyst. “Without international aid, even more people would be dying.”
Ávalos was 13 when she had her first child. She weighs 90lb and is breastfeeding her seven-month old daughter who weighs just nine pounds. The two-year-old girl weighs 18lbs; her cheeks and stomach are distended, and her hair is falling out – classic symptoms of acute malnutrition. The five-year-old girl is just recovering from sudden weight loss. Sometimes they wake up at night, crying from hunger.
“We’re desperate,” said Ávalos, who looks and sounds exhausted. “There’s no money and no food.”
Ávalos’s niece died in 2016 at the age of three months. Her mother was unable to produce enough breast milk, and the family couldn’t afford formula.
“This isn’t poverty – or even extreme poverty: this is a famine, and people are dying,” said Rodimiro Lantán from Comundich, a grassroots Ch’orti’ organisation helping communities reforest ancestral lands in an effort to prevent forced migration.
Families face an impossible choice: stay and risk starvation, or gamble everything on the perilous migrant trail. “They risk their lives if they stay – and if they go,” said Lantán.
One local who took that chance was Juan de Léon Gutiérrez, a 16-year old boy from a nearby village. In April, he died at a Texas children’s hospital just days after he was taken into US immigration custody – one of at least eight Guatemalan children to have died shortly after crossing the US border since May 2018.
Juan de Léon was not related to Esteban, but such deaths are deeply felt in these rural communities where would be migrants are well aware of the dangers they will face.
Esteban is in tears as he leaves the family home to meet a local people smuggler, or coyote, who may be able to guide him north. He has no savings, but, his godfather has offered the coyote the title to 3.5 acres of land as a guarantee.
If Esteban makes it to the US, he’ll pay the $5,000 fee; if he doesn’t, the coyote will keep the land. “Banks don’t help people like us,” he says, through tears.
He has been told that families have a better chance at the border, so he is considering taking his scrawny nine-year-old son, Wilson, with him. He knows that taking a chronically malnourished child on a 2,000-mile journey will be tough – but he cannot afford to wait: the food is running out.
In these parts, the period between harvests, June to August, has always been hard. But the current crisis is different, said Gutiérrez’s mother Isigra Martínez, 58, as she heated leftover tortillas for lunch.
“We grew up hungry, but the past four years have been very hard,” she said. “I don’t want my son to go to America, and it will be terribly hard on Wilson.”
“I’ve heard people have died on the journey. But maybe there’s no other way.”
Ponente: María Amparo Martínez Arroyo del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático(ICAyCC), (UNAM)
Comentaristas: Elva Escobar-Briones. ICML-UNAM "Cambio climático: ¿dónde quedó el océano?"
Telma Gloria Castro Romero. ICAyCC-UNAM "Cambio climático en ciudades, megaciudades y la megalópolis de la CDMX2
Constantino González Salazar.ICAyCC y C3-UNAM "De pandemias, epidemias y cambio climático: riesgos, impactos y oportunidades para la salud humana y ecosistémica
No início da Primeira Guerra Mundial, o cavalo ainda era um elemento central do planejamento militar das grandes potências, e o carvão é que movia as máquinas, os trens e os vapores do mundo. Mas quatro anos depois, no fim da guerra, havia acontecido uma “revolução energética” que mudou a face do capitalismo, e o petróleo redesenhou a geoeconomia e a geopolítica mundiais. Logo depois do conflito, o crescimento geométrico da indústria automobilística teve papel fundamental na difusão mundial do motor a combustão, e da gasolina.
Não há dúvida de que foi a guerra que acelerou o processo dessa segunda grande “transição energética” da história do capitalismo industrial. Isto passou depois da guerra, mas a “transição energética” do carvão para o petróleo teve papel decisivo no próprio resultado da guerra. A grande mudança começou pela Marinha Britânica, já em 1911, mas depois do primeiro passo, todas as demais potências envolvidas no conflito aderiram à nova matriz energética do petróleo e à sua utilização militar imediata na criação dos novos tanques de guerra, e no desenvolvimento da aviação militar. E durante a guerra, devido à importância da nova fonte energética, todos os governos acabaram criando estruturas e agências específicas de articulação entre o Estado, seu comando estratégico, e as grandes empresas petrolíferas privadas, para coordenar a produção e distribuição do óleo, por fora do mercado e em obediência às estratégias de guerra de cada um desses países. Poucos dias depois da assinatura do armistício, em 1o de novembro de 1918, o governo inglês hospedou uma reunião da Conferência de Petróleo Interaliada, criada durante a guerra, e naquela ocasião Lord Curzon comemorou a vitória dos aliados declarando em alto e bom som, que “a causa aliada flutuou para a vitória sobre uma onda de óleo”.[1]
No início da Primeira Guerra, os Estados Unidos controlavam 65% da produção mundial do “ouro negro”, e durante o conflito os norte-americanos forneceram 80% do óleo consumido pelos países aliados. Por isso, depois da guerra, os norte-americanos assumiram automaticamente a liderança da nova matriz energética do mundo, e se transformaram nos maiores produtores e exportadores mundiais de petróleo até o fim da Ssegunda Guerra Mundial. A região do Cáucaso havia perdido importância, transitoriamente, depois da guerra e da revolução soviética, e a exploração do petróleo do Oriente Médio ainda estava dando seus primeiros passos, depois que a França e a Inglaterra assinaram o Acordo Sykes-Picot em 1916, que foi depois confirmado pelo Acordo de San Remo, de 1920, dividindo entre si o território do antigo Império Otomano, que viria a se transformar no epicentro da disputa energética das grandes potências na segunda metade do século XX.
Um século depois, já na terceira década do século XXI, o mundo está atravessando uma transformação geopolítica ciclópica, e ao mesmo tempo está se propondo a realizar uma nova “transição energética”, que substitua os combustíveis fósseis por novas fontes de energia que sejam “limpas e renováveis”. A Segunda Guerra Mundial acabou há 75 anos, e a Guerra Fria terminou 30 anos atrás, mas hoje é comum falar de uma “terceira guerra mundial”, ou de uma “nova guerra fria”, apesar de as grandes potências não estarem envolvidas entre si numa guerra direta e explícita.
De fato, o que está em pleno curso é uma gigantesca mutação geopolítica mundial, provocada pela universalização do sistema interestatal capitalista, pela ascensão vertiginosa da China e da Índia, e pela volta da Rússia à condição de potência militar global. Tudo isso concomitante ao declínio da participação econômica e do poder militar das potências ocidentais mais ricas e industrializadas do século XX, sobretudo no caso da Europa, mais do que dos Estados Unidos. E apesar dessas grandes transformações, é pouco provável que ocorra uma grande “guerra hegemônica” entre EUA e China, ou mesmo entre EUA e Rússia, nas próximas décadas. O território e o armamento desses países são gigantescos, eles controlam em conjunto cerca de um quarto da superfície territorial do mundo, e mais de um terço da população global, e já não admitem mais invasões ou conquistas do tipo clássico. Por isso, sua luta deve se deslocar para os territórios periféricos do sistema e para os espaços e fluxos sem fronteiras por onde circulam os recursos e a energia do sistema interestatal capitalista, onde deve assumir a forma de uma “guerra híbrida” quase permanente, travada em vários pontos simultaneamente, com mudanças súbitas e inesperadas de cenário, e com alianças cada vez mais instáveis, como se todo mundo fosse reproduzir no futuro, e em escala planetária, o que foi a história passada da formação da própria Europa.
De qualquer maneira, essa competição subterrânea e contínua entre os “três gigantes” deverá promover um dos saltos tecnológicos mais espetaculares de toda a História. E uma vez mais, como sempre ocorreu através dos anos, esse salto tecnológico deverá ser liderado pela pesquisa e pela inovação da indústria bélica, envolvendo uma mudança na matriz energética que move atualmente a infraestrutura militar desses países, e de todo o mundo. Não será uma guerra, mas uma longa “preparação para a guerra”, uma guerra que talvez nunca ocorra explicitamente, mas que estará sendo travada de forma oculta, em todos os planos, na terra, no mar, no ar, no mundo submarino e no espaço sideral. Muito provavelmente será um destes momentos em que a humanidade estará cruzando uma das “fronteiras” que alguns analistas chamam de” ponto de singularidade”. Ray Kurtzweil,[2] por exemplo, “prevê que o crescimento da capacidade tecnólogica envolvendo computadores, robótica e biotecnologia alcançará um ponto “tendente ao infinito”, entre 2029 e 2045, o que significaria que as inteligências artificiais teriam superado as capacidades de todos os humanos combinados; a partir daí, a biologia humana e a máquina fariam parte de um mesmo complexo, sem que se pudesse distinguir onde um começa e o outro termina”.[3]
Hoje, do ponto de vista energético, quando se olha para o planejamento estratégico das grandes potências que estão situadas no epicentro da competição geopolítica mundial, o que se observa não é uma preocupação imediata com a exaustão dos recursos fósseis, mas com os custos crescentes das ações para garantir o acesso de cada uma delas a suas reservas dispersas pelo mundo. O Alto Comando Estratégico destes países ainda prevê o uso prioritário da energia fóssil em suas várias plataformas militares, pelo menos até 2050, mas todos trabalham com o mesmo objetivo de substituir a energia carbônica por uma nova matriz que seja construída progressivamente, e que inclua cada vez mais a energia eólica, solar, maremotriz e biocombustível, com o aproveitamento também de fontes ainda subutilizadas de hidrocarbonetos, como é o caso das areias betuminosas e do hidrato de metano. Além disso, todos esses países, ao lado de outros com menor pretensão militar, vêm se empenhando no desenvolvimento da eletricidade produzida no próprio campo de batalha, como resultado inclusive das exigências impostas pelos novos sistemas eletrônicos que estão sendo utilizados cada vez mais, nas operações militares com laser, sensores químico-biológicos e exoesqueletos. Vários autores sugerem inclusive que nas próximas décadas, do ponto de vista militar, “a própria concepção de geração de energia vá se afastar razoavelmente do modelo ‘coletor’” da economia fóssil-dependente em que a geografia dos recursos é dada pela natureza , em direção a um modelo ‘agricultor’, no qual a energia seja efetivamente gerada do começo ao fim em espaços predeterminados pelas estratégias de cada um. No limite da ‘colheita de energia plantada’ estariam os microgeradores portáteis e pessoais, capazes de garantir autonomia operacional a um soldado com seus equipamentos”.[4]
Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a própria Índia e as demais potências intermediárias do sistema mundial trabalham todas com o mesmo horizonte de 2050/60, quando programam a “transição energética” de suas estruturas e plataformas militares, com vistas à construção de um novo paradigma “fóssil-free”. Assim mesmo, hoje já é possível identificar a presença deste novo paradigma do futuro, no desenvolvimento atual de algumas tecnologias militares “de ponta” utilizadas em alguns armamentos que já se encontram em fase embrionária, ou, em alguns casos, em pleno uso experimental nas disputas pelo petróleo do Oriente Médio. Incluem-se nesta categoria três tipos de tecnologias que interagem entre si, e que já vêm sendo utilizadas de forma cada vez mais mortífera, como é o caso dos “drones”, dos “enxames” e da “inteligência artificial” para uso militar. Três tecnologias que fazem parte de um processo mais amplo de “dronificação da guerra”, com utilização de veículos armados, terrestres, aéreos e navais, operados à distância, com autopilotagem e capacidade tática de tomar decisões autônomas durante a execução de algum objetivo alterado em meio à batalha.
Uma parte desse armamento, sobretudo os de maior porte, ainda utiliza combustível da aviação convencional. Mas a intenção de seus projetores é que num horizonte de médio prazo eles passem a utilizar a mesma energia dos drones de menor porte, que são elétricos, ou que se utilizam de uma matriz hibrida, envolvendo uma combinação variável de hidrogênio e eletricidade. O potencial desses novos armamentos se vê multiplicado geometricamente naquilo que os especialistas chamam dos “enxames” - situados literalmente na última fronteira tecnológica da guerra do século XX - que são, na prática, verdadeiros “coletivos de drones” que operam em rede trocando informações entre si, sob o comando de equipamentos dotados de “inteligência artificial” que reduzem a intervenção humana ao mínimo indispensável da definição dos objetivos mais gerais da própria guerra, e de cada um de seus combates.
Do ponto de vista da “transição energética” que está em debate neste momento em todo o mundo, o mais importante é ter claro que os estrategistas militares das grandes potências estão prevendo que entre 2020 e 2050/60, todos esses novos armamentos e plataformas militares já estejam enquadrados na nova matriz energética - “limpa e renovável” - que estará nascendo, neste caso, da competição militar entre as poucas grandes potências que disputarão o poder global, durante o século XXI, dentro de um sistema que será, com toda certeza, cada vez mais hierárquico, assimétrico e imperial.
Julho de 2020
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[1] Yergin, D. O petróleo: uma história de conquistas, poder e dinheiro. Rio de janeiro: Paz e Terra, 2009, p. 205.
[2] Kurtzweil, R. The singularity is near. New York: Viking Books, 2005.
[3] Barreiros, 2019, p. 14.
[4] Barreiros, 2019, p. 9.
The OECD, composed chiefly of countries from the Global North and some Latin American countries, set out to lead global tax reform in 2013. Ten years later, corporate influence and inequity in decision-making between countries have left a poor outcome. Because of this dissatisfaction, in 2023, a group of African countries led by Nigeria proposed negotiating a convention on international taxation at the UN with the backing of much of the G77.[1] The resolution, passed with 125 votes in favour, 48 against and nine abstentions, seeks to change the international taxation approach and directly addresses north-south tensions. The UN negotiations will likely lead to new institutional leadership, potentially a victory for the countries of the Global South.
The OECD - a group of 38 countries - has dominated international tax policy discussions for decades. Since 2013, the formal structure for global tax policymaking at the OECD expanded the form of its decision-making to a broad group of 137 countries through the so-called "Inclusive Framework". The official documentation then emphasized that all countries would participate on an "equal footing". This framework facilitated the development of the well-known "two-pillar approach" analyzed in previous notes, pushing for global tax reform. A decade after its launch, the ambitious initial proposal has been profoundly watered down, not only because of the ability of corporate power to intervene in decision-making but also because of the unwillingness of this "inclusive framework" to truly incorporate the interests of the southern countries as a whole.
Disappointed by this process, several African countries led by Nigeria launched an initiative in 2023 to move the issue of international tax treaties to the United Nations. The proposal quickly gained the substantive support of the G77 coalition of developing countries. On 22 November 2023, the final resolution to implement this was voted on at the UN, with 125 votes in favour, 48 against, and nine abstentions.
Regarding North-South interests, one of the central disagreements with the OECD model reported by African countries is between capital-exporting and capital-importing countries. For a long time, international tax treaties sought to restrict the taxation of profits in host countries to attract foreign investment. Thus, countries where foreign companies generated profits could not tax profits, which were reserved only for the countries of origin. It seemed reasonable among OECD countries, generally home and host countries for multinational companies, but not for the rest.
The rise of digital commerce has made this model even more unsustainable, increasingly reducing the tax entitlements of low- and middle-income countries. Host countries of multinationals receive a much smaller share of taxes than the profits they generate on their territory. A scheme that incentivizes these companies to minimize their tax burden by taking advantage of differences in tax burdens and rules between countries. But it also harms both tax revenues and the overall economy of host countries by discouraging foreign companies from creating local jobs and giving them tax advantages over local competitors.
The proposal now being discussed by the new UN committee wants to allow host countries to tax business services, especially digital ones, even if the business has a small physical presence in the country. The host countries would achieve this by introducing a withholding tax on payments for cross-border services. The idea is that effective and fair taxation of multinational companies is based on the economic reality that they operate as unitary entities. Factors that reflect their actual economic activities in each country should serve to allocate the right to tax global profits. Another relevant point of the approved resolution is the need for tax cooperation based not only on voluntary guidelines - the line that the OECD seemed to follow - but on legally binding multilateral agreements, which can go beyond bilateral agreements between countries.
The aim of the current negotiations on the proposals at the UN is to generate a new institutional framework that can subordinate the agreements already reached in the OECD but with the capacity to avoid the blockages encountered. It would undoubtedly be a massive victory for the countries of the Global South.
[1] Although there were 77 founding members of the Geneva-based organization in 1964, it has since expanded to 135 member countries.
México alcanzó compromisos con 17 empresas de Estados Unidos para garantizar inversiones en generación de energía solar y eólica, informó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras meses de fricciones con inversionistas.
Las inversiones, cuyo monto no fue precisado por el mandatario, permitirán generar mil 854 megawatts (MW) y son parte de las acciones implementadas por el gobierno mexicano en la lucha contra el cambio climático.
“Derivado de estos acuerdos, se explora la creación de parques solares en la frontera de México con Estados Unidos, así como la construcción de redes de transmisión de energía que permitan exportar energía eléctrica a California y otros estados de la unión americana”, dijo López Obrador durante su participación en una conferencia climática de las principales economías.
Estados Unidos, uno de los países con mayores inversiones en el sector energético mexicano, ve con inquietud la intención de López Obrador de lograr un mayor control estatal de la industria eléctrica.
Los próximos 16 y 17 de noviembre tendrá lugar en Cádiz, España, la XXII Cumbre Iberoamericana, la principal instancia de la Conferencia Iberoamericana. Ésta, sin embargo, es mucho más que las solas reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno, habiéndose construido en los últimos veintidós años un sólido entramado que abarca las más diversas áreas como la política, la economía, la cooperación al desarrollo, la cultura y la lengua.
Así, a través de seminarios, reuniones, foros, congresos, encuentros sobre diversos temas (constitucionalismo, encuentro MYPES Iberoamérica y Norte de África, VIII Foro Parlamentario o Encuentro Empresarial en los días previos a la Cumbre), la Cumbre Iberoamericana de Cádiz quiere ser un punto crucial para la renovación de la Comunidad Iberoamericana. El espacio iberoamericano se construye sobre iniciativas concretas de contenido material, con vínculos estrechos, definidos y con impacto social y económico en la práctica. Reuniones como la de Cádiz darán nuevos elementos con los que continuar tejiendo, de manera efectiva y real, esa red de intereses y aspiraciones compartidas, siendo el colofón a un ingente trabajo previo, que va más allá de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.
La ponencia "México 2030, Visión Prospectiva" presentada del 14 al 17 de noviembre del 2012 como parte del proyecto del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, es un intento por conocer, bajo la perspectiva de cinco expertos, algunos de los caminos que se deben de recorrer para subsanar las deficiencias que permitan ubicar a México en condiciones de mayor justicia y equidad. Los análisis y conclusiones de los ponentes, permitirá encontrar respuestas a interrogantes que durante ya un buen tiempo se han hecho y que se centran en los dos grandes temas que constantemente preocupan a la población mexicana: la falta de crecimiento suficiente y la escasa competitividad.
A través de estos análisis, los expertos buscan dar respuesta a estas problemáticas, destacando, que con planeación y disciplina México puede ser, en unos cuantos años, un país en el que la población y, sobre todo, las nuevas generaciones, vivan mejor.
Para ver las ponencias clic aquí
El presente documento contiene una selección de las conferencias más destacadas dictadas en la sede de la CEPAL durante 2011 y 2012. Su difusión responde a la enorme trascendencia de los temas tratados y al enfoque particular que han sabido darles nuestros ilustres expositores. En este libro convergen importantes reflexiones, como son, las condiciones y los desafíos para el desarrollo sostenible en una era en que el cambio climático se cierne sobre la humanidad no ya como una amenaza sino como una realidad cada vez más palpable, los fundamentos de una nueva arquitectura financiera internacional en el contexto de una crisis económica sin precedentes, originada en los países desarrollados y cuyos efectos aún se hacen sentir en nuestros países, el rol crucial de las Naciones Unidas en la gobernanza mundial, las cada vez más robustas relaciones comerciales entre China y América Latina y el Caribe, y las potencialidades de una asociación estratégica entre la Unión Europea y la región.
Reunidas en un solo volumen, estas conferencias magistrales dan cuenta de la necesidad de pensar el desarrollo desde una visión múltiple e integrada, como la ha venido haciendo nuestra institución a lo largo de los últimos sesenta años. Tal es, creemos, la condición para lograr el necesario cambio estructural en aras de una mayor igualdad y equidad.
Tiene como propósito impulsar la reflexión y el debate sobre el Desarrollo como un proceso de construcción teórica de carácter interdisciplinario, en una dinámica transversal que enriquezca y al mismo tiempo se nutra de las temáticas que se trabajan en el Instituto. Proponer y estimular los estudios sobre temas prioritarios.
El objetivo del Radar Académico es identificar las principales problemáticas teóricas discutidas en la actualidad de nuestro país y el resto del mundo a partir del relevamiento de documentos de trabajo, capítulos de libros, estudios específicos y demás material afín. Se pretende que los interesados cuenten con un panorama general de las discusiones académicas recientes en lo que concierne a distintas áreas temáticas que fueron seleccionadas luego de relevar las publicaciones y temas de discusión planteados en el seno de distintos organismos internacionales (CEPAL, FMI, Banco Mundial, BID, OIT, UNCTAD, OMC, UNESCAP), agencias gubernamentales, universidades y centros de investigación, y material de prensa y sitios web específicos (Voxeu; Proyect-Syndicate, diarios internacionales como The Economist, The New York Times, The Guardian, etc.).
El Radar Académico reviste una naturaleza estrictamente electrónica, por lo cual no será distribuido en papel. Vale aclarar que la navegación de los documentos, estudios, etc., se realiza a través de hipervínculos, contando con la posibilidad de realizar un “ida y vuelta” desde el índice hasta el documento de interés seleccionado.
Se trata de un grupo de economistas que desde fines de 2000 está discutiendo, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, los problemas centrales de la economía argentina y formulando propuestas, con la mirada puesta en el mediano y largo plazo, y también con algunas medidas de corto plazo que permitan enfrentar la crisis actual. LINK
Revista: Voces en el Fénix
CAMBIO CLIMATICO ¿Se puede hacer algo más que reparar los daños?
El presente número de la Revista de la regulación. Capitalismo, instituciones, poderes constituye una nueva etapa en la larga historia de las relaciones que los investigadores de dicha publicación mantienen con América Latina y al mismo tiempo una nueva etapa para la revista misma. Ya sea a través de las crisis y sus diversas formas en el tiempo y en el espacio, o a través de las recuperaciones económicas sorprendentemente variadas, América Latina ha sido un escenario que ha mostrado la diversas caras del capitalismo, así como también, el poder del compromiso social y político en la creación de nuevos estatutos nacionales. Las economías de estos países están lejos de parecerse a una variante del fordismo, ni siquiera parecen encaminarse hacia un modelo único, sin embargo en algunas de ellas se encuentran las características de un régimen rentista, exportador de materias primas.
La versión en formato HTML está disponible y su acceso es libre siguiendo el link
Kuala Lumpur, Malaysia, Feb 19 2019 (IPS) - For two centuries, all too many discussions about hunger and resource scarcity has been haunted by the ghost of Parson Thomas Malthus. Malthus warned that rising populations would exhaust resources, especially those needed for food production. Exponential population growth would outstrip food output.
Humanity now faces a major challenge as global warming is expected to frustrate the production of enough food as the world population rises to 9.7 billion by 2050. Timothy Wise’s new book argues that most solutions currently put forward by government, philanthropic and private sector luminaries are misleading.
Malthus’ ghost returns
The early 2008 food price crisis has often been wrongly associated with the 2008-2009 global financial crisis. The number of hungry in the world was said to have risen to over a billion, feeding a resurgence of neo-Malthusianism.
Agribusiness advocates fed such fears, insisting that food production must double by 2050, and high-yielding industrial agriculture, under the auspices of agribusiness, is the only solution. In fact, the world is mainly fed by hundreds of millions of small-scale, often called family farmers who produce over two-thirds of developing countries’ food.
Contrary to conventional wisdom, neither food scarcity nor poor physical access are the main causes of food insecurity and hunger. Instead, Reuters has observed a ‘global grain glut’, with surplus cereal stocks piling up.
Meanwhile, poor production, processing and storage facilities cause food losses of an average of about a third of developing countries’ output. A similar share is believed lost in rich countries due to wasteful food storage, marketing and consumption behaviour.
Nevertheless, despite grain abundance, the 2018 State of Food Insecurity report — by the Rome-based United Nations food agencies led by the Food and Agriculture Organization (FAO) — reported rising chronic and severe hunger or undernourishment involving more than 800 million.
Political, philanthropic and corporate leaders have promised to help struggling African and other countries grow more food, by offering to improve farming practices. New seed and other technologies would modernize those left behind.
But producing more food, by itself, does not enable the hungry to eat. Thus, agribusiness and its philanthropic promoters are often the problem, not the solution, in feeding the world.
Eating Tomorrow addresses related questions such as: Why doesn’t rising global food production feed the hungry? How can we “feed the world” of rising populations and unsustainable pressure on land, water and other natural resources that farmers need to grow food?
Family farmers lack power
Drawing on five years of extensive fieldwork in Southern Africa, Mexico, India and the US Mid-West, Wise concludes that the problem is essentially one of power. He shows how powerful business interests influence government food and agricultural policies to favour large farms.
This is typically at the expense of ‘family’ farmers, who grow most of the world’s food, but also involves putting consumers and others at risk, e.g., due to agrochemical use. His many examples not only detail and explain the many problems small-scale farmers face, but also their typically constructive responses despite lack of support, if not worse, from most governments:
• In Mexico, trade liberalization following the 1993 North American Free Trade Area (NAFTA) agreement swamped the country with cheap, subsidized US maize and pork, accelerating migration from the countryside. Apparently, this was actively encouraged by transnational pork producers employing ‘undocumented’ and un-unionised Mexican workers willing to accept low wages and poor working conditions.
• In Malawi, large government subsidies encouraged farmers to buy commercial fertilizers and seeds from US agribusinesses such as now Bayer-owned Monsanto, but to little effect, as their productivity and food security stagnated or even deteriorated. Meanwhile, Monsanto took over the government seed company, favouring its own patented seeds at the expense of productive local varieties, while a former senior Monsanto official co-authored the national seed policy that threatens to criminalize farmers who save, exchange and sell seeds instead!
• In Zambia, greater use of seeds and fertilizers from agribusiness tripled maize production without reducing the country’s very high rates of poverty and malnutrition. Meanwhile, as the government provides 250,000-acre ‘farm blocks’ to foreign investors, family farmers struggle for title to farm land.
• In Mozambique too, the government gives away vast tracts of farm land to foreign investors. Meanwhile, women-led cooperatives successfully run their own native maize seed banks.
• Meanwhile, Iowa promotes vast monocultures of maize and soybean to feed hogs and bioethanol rather than ‘feed the world’.
• A large Mexican farmer cooperative launched an ‘agro-ecological revolution’, while the old government kept trying to legalize Monsanto’s controversial genetically modified maize. Farmers have thus far halted the Monsanto plan, arguing that GM corn threatens the rich diversity of native Mexican varieties.
Much of the research for the book was done in 2014-15, when Obama was US president, although the narrative begins with developments and policies following the 2008 food price crisis, during Bush’s last year in the White House. The book tells a story of US big business’ influence on policies enabling more aggressive transnational expansion.
Yet, Wise remains optimistic, emphasizing that the world can feed the hungry, many of whom are family farmers. Despite the challenges they face, many family farmers are finding innovative and effective ways to grow more and better food. He advocates support for farmers’ efforts to improve their soil, output and wellbeing.
Eating better
Hungry farmers are nourishing their life-giving soils using more ecologically sound practices to plant a diversity of native crops, instead of using costly chemicals for export-oriented monocultures. According to Wise, they are growing more and better food, and are capable of feeding the hungry.
Unfortunately, most national governments and international institutions still favour large-scale, high-input, industrial agriculture, neglecting more sustainable solutions offered by family farmers, and the need to improve the wellbeing of poor farmers.
Undoubtedly, many new agricultural techniques offer the prospect of improving the welfare of farmers, not only by increasing productivity and output, but also by limiting costs, using scarce resources more effectively, and reducing the drudgery of farm work.
But the world must recognize that farming may no longer be viable for many who face land, water and other resource constraints, unless they get better access to such resources. Meanwhile, malnutrition of various types affects well over two billion people in the world, and industrial agriculture contributes about 30% of greenhouse gas emissions.
Going forward, it will be important to ensure affordable, healthy and nutritious food supplies for all, mindful not only of food and water safety, but also of various pollution threats. A related challenge will be to enhance dietary diversity affordably to overcome micronutrient deficiencies and diet-related non-communicable diseases for all.
El cambio de matriz energética representa una transformación profunda en la forma en que se produce y consume energía, necesaria para reducir las emisiones de CO2 y mitigar los efectos del cambio climático. Esta se encuentra al centro de la competencia entre grandes potencias, con China que apuesta a la fabricación de equipos de energías renovables tanto para generación como para el consumo. Desde el 4 de noviembre del 2016 con la entrada en vigor del Acuerdo de Paris, se acordó la transición hacia un modelo energético basado en fuentes renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y biomasa, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este artículo se revisará el avance en el cambio en la oferta energética de la región y el desarrollo del conflicto entre las dos potencias sobre el tema.
En el gran escenario, los dos más grandes contaminadores del mundo son China y Estados Unidos. Sin embargo, sus políticas parecen ser radicalmente distintas y la de EEUU parece ser itinerante, con los Republicanos con la apuesta más fuertemente a fósiles que los Demócratas, pero ambos se concentran en mantener un aparato automotriz esencialmente basado en fósiles. Así, en 2016 el gobierno Demócrata de Obama suscribió el acuerdo de Paris y poco más tarde el gobierno de Trump lo retiró. Biden lo ha regresado y dado un par de leyes de sustitución de importaciones para impulsar la fabricación interna de equipos renovables, ante la evidencia de que China produce el 95% de los paneles solares del mundo y la mayor parte de los vehículos de transporte eléctricos. Mientras tanto las conferencias COP quedaron en manos de productores de energías fósiles y el G7 ha hecho muy poco en la dirección correcta salvo Alemania, España y los países nórdicos.
Estados Unidos genera 42% de la electricidad basada en fósiles, gas natural, carbón y petróleo. En la matriz energética total, 81.6% está basada en fósiles y el uso es sobre todo transporte. Es muy parecida a la de México, 40% de la energía total se destina a transporte.
En Argentina en 2019 el gobierno de Alberto Fernández, dictó políticas públicas para impulsar proyectos en energías renovables, con el objetivo de suministrar energía suficiente y a un costo asequible. Su energía se genera por fósiles (87.5%) y el objetivo fijado era alcanzar el 20% del abastecimiento eléctrico con fuentes renovables para el 2025 como lo establece la Ley 27.191. En el 2021 se utilizó 12.5% de energías renovables en el país. La electricidad de la Argentina se genera a partir del gas natural (65%), las hidroeléctricas (18%), seguida de las plantas nucleares (8%), las turbinas (7%) y las solares (1%). La energía renovable (incluida nuclear) suma 34% de la electricidad generada en dicho país. La presidencia de Milei ha puesto en duda el avance de la transición, es un negacionista del cambio climático y ha recortado diversos fondos destinados al medio ambiente. Mientras tanto se desarrollan proyectos para extracción de litio con capitales de China, EEUU y del G7 en general.
En Brasil, el acceso a la electricidad es virtualmente universal y las energías renovables cubren aproximadamente el 45% de la demanda, según el Plan Nacional de Eficiencia Energética, que define metas y medidas para reducir el consumo de energía en el país. El Plan se elaboró de acuerdo con la Ley 21.305 sobre Eficiencia Energética, publicada en 2021, y se actualiza cada cinco años. En la COP26 (2021), el país anunció un objetivo a largo plazo de alcanzar emisiones netas cero para 2050 y un plan de reducción del 50% de las emisiones de carbono y cero talas ilegales para el 2030.
Por su parte, Chile publicó en 2022 una actualización en su Política Energética de Largo Plazo (PELP), que enfatiza el compromiso de cero emisiones netas y establece una vía de descarbonización que abarca todos los sectores de la economía nacional. Su legislación fomenta la inversión en generación en todo el sector eléctrico. El consumo de carbón descendió a 15 GW y es tercero debajo de hidroeléctricas y de energías renovables (solares y eólicas). El peso del petróleo descendió a 2GW y deja la generación energética con mayoría no fósil. El 62% de la energía es renovable en Chile al 2023, con datos de la AIE.
Colombia, lanzó el Plan Nacional de Energía 2020-2050 en 2016, para iniciar su diversificación energética y garantizar el suministro confiable mediante la promoción de la eólica, solar y geotérmica en todo el país. Cuenta con la Ley de Transición Energética (2023) que amplió las acciones de política y los beneficios fiscales para mejorar la eficiencia de las tecnologías bajas en carbono, incluidas la geotermal, la captura y almacenamiento de carbono (CCS) y el hidrógeno. La empresa petrolera nacional de Colombia, Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos), apoya la transición. La generación de electricidad es mayormente renovable, pero la matriz energética sigue 64% basada en fósiles, y su uso es mayormente transporte.
México fue la primera gran economía emergente productora de petróleo en adoptar una legislación climática en 2012. Posteriormente, a finales del 2015 se publicó la Ley de Transición Energética (LTE), que busca la introducción de energías renovables. La matriz energética está 88.6% basada en fósiles y el resto en renovables, mientras que la generación eléctrica está 74.2% basada en fósiles y la diferencia en renovables. El uso mayor es transporte, al igual que en EEUU.
Por último, el gobierno peruano creó el Fondo Energético de Inclusión Social (FISE) en 2012 para llevar energía limpia a los segmentos más vulnerables de la población y ayudar a disminuir la pobreza energética en el país. No se ha afiliado a la AIE, por tanto, no hay datos homogéneos a los anteriores. En el Perú la energía es mayoritariamente renovable (hidroeléctricas) y no hay una política de transformación del transporte.
Como se observa en la Gráfica 1, para generar energía, en promedio los países de la región utilizan petróleo 40%, seguida por bioenergía 22%, gas natural 21%, y renovables 17% y estas últimas dos han ido en aumento. El problema está en que desde EEUU hasta Bolivia hay petróleo en mayor o menor cuantía y es costoso fiscalmente hacer la transición. En Estados Unidos un problema adicional es el peso de los intereses petroleros. En suma, las energías renovables representan un porcentaje menor que los fósiles sin cambio a la vista, salvo en Chile, Costa Rica y Uruguay, países sin petróleo. En 2020 Costa Rica generó el 99.8% de su energía con fuentes renovables de acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para el 2023 fue del 95% donde el 67% proviene de plantas hidroeléctricas, que se han visto afectadas por el cambio climático. Por otro lado, en Uruguay en 2022 con datos proporcionados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) por medio de la Dirección Nacional de Energía (DNE) presento en el Balance Energético Nacional (BEN), que la participación de las fuentes de energía renovables alcanzó el 56% de la matriz de oferta total y el 91% en la matriz de generación de electricidad.
En el lado del consumo en el transporte, que es el más significativo en la región, hay algunas variantes novedosas. Está el uso hibrido en el transporte de fósiles con etanol. Brasil donde se inventó este, en 1975, es líder mundial en biocombustibles con el etanol de segunda generación y la fabricación de automóviles híbridos que proporcionan un gran mercado interno. En el Perú el transporte masivo de pasajeros y transporte privado de pasajeros (taxis) son híbridos a gas y gasolina dado el bajo precio del gas. Las empresas chinas han empezado a proveerle al mercado peruano vehículos que tienen instalados los tanques de gas para su hibridación. La disponibilidad de gas del yacimiento de Camisea ha abaratado dicha fuente energética. Esto posiblemente se masifique a países con disponibilidad de gas del mismo modo que etanol se generalizó en países donde hay caña de azúcar, como Estados Unidos. En octubre de 2024 en Colombia se anunció el hallazgo más grande en 45 años de yacimientos de gas. Se espera que el país duplique sus reservas de gas, lo que permitiría cubrir su oferta hidroeléctrica que disminuyó en 2024 por las sequías.
Los híbridos con electricidad se enfrentan al tema de la reducción de energía hidroeléctrica predominante de la región, especialmente en Brasil, Perú y Colombia debido a las sequías resultado del cambio climático. Esto obliga a pensar en ampliación de la oferta con energías renovables a corto plazo en estos países.
Cuadro 1: Fuentes renovables de generación de energía 2022 |
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Tipo de energía |
México |
Argentina |
Brasil |
Chile |
Colombia |
Perú |
Hidro |
43% |
55% |
72% |
41% |
96% |
90% |
Eólica |
25% |
32% |
14% |
18% |
0.10% |
6% |
Solar |
25% |
7% |
5% |
31% |
1% |
2% |
Bioenergía |
2% |
6% |
9% |
9% |
3% |
2% |
Geotérmica |
5% |
1% |
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Fuente: OBELA con datos de IRENA |
Para terminar, el cambio de la matriz parece ser lenta con algunos países más adelantados porque no tienen petróleo como Chile. La falta de infraestructura de carga para vehículos 100% eléctricos parece apuntar a que el futuro de transporte de pasajeros masivo y privado será con vehículos híbridos de tres tipos que son mayoritariamente de origen chino.
En medio del conflicto entre EEUU y China sobre el tema energético, el rezago estadounidense arrastra a sus vecinos de América del Norte. La apuesta a las energías fósiles, de las cuales México, Canadá y EEU son prodigas, está apoyada por otros por países productores de petróleo de la OPEP, que enfrentan la presencia de capitales chinos en energías renovables lo que es motivo de conflicto y campañas de desinformación. Hay avances en el cambio de la matriz, pero más marcados en América del Sur que en América del Norte y más en los países sin petróleo que en los que lo tienen. La presencia china en las inversiones energéticas probablemente acelere estos cambios allí donde se les permita llegar.
Los aranceles en 2024 a los vehículos eléctricos fabricados en china, del 100% de Canadá y EEUU y la eliminación de la exención arancelaria de México y a los paneles solares pasaron del 25% al 50% en EEUU, asegura que no habrá mayor modificación. Los dos vecinos de América del Norte deberán sortear los escollos para hacer políticas propias ajenas a las del país mayor de la región.
Las autoridades participantes en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe aprobaron hoy una agenda regional de desarrollo social inclusivo, como instrumento técnico y político que permitirá avanzar hacia la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe y así contribuir a la erradicación de la pobreza y al logro de mayores niveles de igualdad y bienestar en la región.
La Agenda regional de desarrollo social inclusivo (ARDSI) expresa el acuerdo de los países sobre la necesidad de impulsar una nueva generación de políticas sociales asentadas en un enfoque de derechos, de igualdad y guiadas por el principio del universalismo sensible a las diferencias, de fortalecer la institucionalidad social, incluyendo la capacidad de los países de invertir en lo social, de dotar a las políticas sociales de recursos suficientes y garantizados, y de reforzar la acción multilateral.
Los ejes de la agenda acordada por los delegados reunidos en México son: sistemas de protección social universales e integrales; políticas de inclusión social y laboral; una institucionalidad social fortalecida; y la cooperación y la integración regional para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo y alcanzar el desarrollo sostenible.
En la sesión de clausura de la Conferencia, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que “América Latina y el Caribe tiene que demostrarle al mundo que tiene un compromiso profundo con el desarrollo social, con el combate a la desigualdad, a la pobreza y a la pobreza extrema, a pesar de los problemas, obstáculos y dilemas económicos, políticos y sociales por los que atravesamos”.
Bárcena enfatizó que “no podemos bajar la guardia porque la economía nos está imponiendo restricciones muy severas. Los programas sociales deben seguir siendo prioridad para los países de nuestra región”. “El mensaje es muy claro. Los necesarios y urgentes avances en materia de desarrollo social no deben ser vistos como obstáculos al crecimiento económico. La igualdad es una condición necesaria para avanzar en el crecimiento. Se trata de igualar para crecer y de crecer para igualar”, indicó la máxima representante de la CEPAL, quien agradeció a México, en particular a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Bienestar, como “anfitriones extraordinarios de esta Conferencia”.
“Asumimos la Presidencia de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe con el firme compromiso y con toda la voluntad de que este espacio sea un referente en la construcción de las políticas de desarrollo social y de bienestar de todo el continente”, dijo, por su parte, Humberto Adán Peña Fuentes, en representación de María Luisa Albores, Secretaria de Bienestar de México.
“Aplaudo la adopción de la Agenda regional de desarrollo social inclusivo por parte de las autoridades. Debemos recordar que, más allá de ser una aspiración colectiva global, el éxito de la Agenda de Desarrollo Sostenible, y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, dependerá de la apropiación de ésta a nivel nacional y subnacional y de su influencia en los procesos de planeación e implementación de política pública. En el caso concreto de América Latina y el Caribe, contextualizar la Agenda 2030 requiere interpretar los mayores retos y obstáculos al desarrollo que enfrenta una región de ingreso medio, que, si bien ha logrado un crecimiento importante y una reducción de la pobreza significativa, no ha logrado consolidarse como una sociedad de clase media, limitando su capacidad de dar el último salto hacia el desarrollo y en este reto cuentan con el apoyo de las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas”, indicó Luis Felipe López-Calva, Director Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe.
Durante la cita regional, los países examinaron el documento de la CEPAL Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe: antecedentes para una agenda regional, donde se identifican al menos ocho factores claves que obstaculizan alcanzar un desarrollo social inclusivo en la región. Entre ellos, la persistencia de la pobreza, las desigualdades estructurales, el déficit de trabajo decente y de protección social, la insuficiente inversión social, las diversas formas de violencia y los desastres y el cambio climático.
En su resolución, los representantes de los países reunidos en México también destacaron la puesta en marcha por parte de la CEPAL del Observatorio de Desarrollo Social en América Latina y el Caribe, “como bien público regional para acompañar el diseño y la implementación de las políticas públicas y monitorear sus tendencias”. El Observatorio integra un conjunto de plataformas digitales, entre las que se destacan los portales y bases de datos sobre inversión social; programas de protección social no contributiva; institucionalidad social; juventud e inclusión social; seguridad alimentaria y nutricional, y de compromisos regionales y subregionales en materia desarrollo social.
Los representantes acordaron que la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social quedará integrada por México en la Presidencia y Barbados, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas en las Vicepresidencias. La Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional se llevará a cabo en 2020.
Convocada por la CEPAL, el Gobierno de México y el PNUD, la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe celebrada en Ciudad de México se llevó a cabo en conjunto con el XI Foro Ministerial para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, a cargo del PNUD.
Participaron 102 representantes de 29 países y 40 delegados de 13 agencias de las Naciones Unidas y organismos internacionales. También asistieron 18 instituciones de la sociedad civil y representantes de la academia y el sector privado de América Latina y el Caribe.
Ministras y representantes de los mecanismos para el adelanto de la mujer de Sudamérica se reunieron en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile para examinar los retos de la agenda regional de género en relación con los recientemente aprobados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tema principal de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que tendrá lugar del 25 al 28 de octubre en Montevideo, Uruguay.
La segunda reunión subregional preparatoria de la XIII Conferencia sobre la Mujer, que se extiende por dos días, fue inaugurada hoy por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Alejandrina Germán, Ministra de la Mujer de República Dominicana y actual Presidenta de la Conferencia.
Junto con agradecer el liderazgo mostrado por la Ministra Germán desde la anterior Conferencia realizada en Santo Domingo en 2013, Bárcena adelantó que en la próxima cita en Uruguay se espera aprobar la Estrategia de Montevideo, que tendrá como énfasis los medios de implementación del plan de acción regional de género y sus vínculos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
“La agenda regional de género es imprescindible para el logro de los ODS. Pero la agenda de América Latina y el Caribe incluye temas que no son necesariamente prioridades compartidas a nivel mundial, como es la situación de las mujeres indígenas y afrodescendientes”, afirmó la Secretaria Ejecutiva, quien también extendió en la ocasión sus felicitaciones a Claudia Pascual, que a principios de junio asumió como la primera Ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile.
Bárcena subrayó “que hoy nos acechan momentos difíciles, donde hay que estar alertas. Compartimos el esfuerzo por labrar para nuestros pueblos la senda de igualdad. Una marcha constante, obstinada e irreductible”. “Por eso estamos aquí, para comprometernos con los avances, para evitar por todos los medios retroceder, para armarnos de argumentos, de solidaridad, porque la igualdad y la equidad de género son los otros nombres de la libertad y la democracia”, acotó.
La Ministra Germán planteó, por su parte, que la XIII Conferencia sobre la Mujer de Uruguay le permitirá a los países evaluar los logros alcanzados en los últimos 40 años en materia de igualdad de género, con la mirada puesta en el cumplimiento de los 17 ODS en los próximos 15 años, en los cuales la igualdad de género y la autonomía de las mujeres son un objetivo transversal.
Después de la ceremonia de inauguración, se dio paso a un panel de alto nivel, donde la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL presentó las principales conclusiones del documento institucional Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, enfatizando la necesidad de llevar a cabo en nuestra región un cambio estructural progresivo con base en un gran impulso ambiental.
La propuesta de la CEPAL, dijo Bárcena, propone un marco analítico en clave latinoamericana y caribeña para la implementación de la Agenda 2030 y una arquitectura regional que tomará forma en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, un espacio que se alimentará también de los aportes de la Conferencia Regional sobre la Mujer. “El desarrollo sostenible sin igualdad de género no es desarrollo ni es sostenible”, subrayó.
Luego intervino la Ministra Claudia Pascual, de Chile, y la especialista regional en derechos de las mujeres, Line Bareiro.
“Todas las mujeres somos discriminadas, pero no todas de la misma manera”, dijo la Ministra Pascual, quien repasó las desigualdades que sufren las mujeres chilenas en materia de autonomía económica, física y política. Recalcó la necesidad de establecer una nueva ecuación Estado-mercado-sociedad, en que la igualdad de género sea un pilar fundamental. Valoró, en este sentido, que la Agenda 2030 haya ampliado la visión del desarrollo sostenible a los ámbitos ambiental y social, y no solo lo haya circunscrito al crecimiento económico.
Por su parte, Line Bareiro abordó los progresos registrados por los países sudamericanos entre 1995 -cuando se realizó la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing- y 2015, a la luz de los informes nacionales presentados ante el Comité de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Hay aún muchos rezagos, particularmente en materia de autonomía económica, y en la producción de estadísticas desagregadas por género y otras variables, dijo.
Finalmente, la Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, María Nieves Rico, presentó las nuevas funcionalidades del sitio web del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL, que fue remozado para favorecer la búsqueda de información actualizada sobre las tres autonomías de las mujeres, en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los compromisos de la CEDAW y los nuevos ODS.
El OIG, que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), se renueva como herramienta para dar continuidad al análisis de las desigualdades y prácticas discriminatorias que sufren las mujeres, instalando nuevos indicadores, como el de femicidio/feminicidio, el índice de feminidad en hogares pobres, el uso del tiempo y el trabajo no remunerado, entre otros.
KUALA LUMPUR & SYDNEY, Dec 11 2018 (IPS) - Over the last two decades since the Global Compact, the United Nations has increasingly embraced the corporate sector, most recently to raise finance needed to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), i.e., for Agenda 2030. But growing big business influence has also compromised analyses, recommendations, policies and programme implementation, undermining the SDGs.
Changing financing arrangements
Inadequate funding of the UN and its mandates by member States has required this search for additional finance, initially with philanthropy and ‘corporate social responsibility’ efforts by private business, but increasingly, by viewing profit-seeking investments as somehow contributing to achieve the SDGs.
While the global economy grew 47 fold from $1.35 trillion in 1960 to $63 trillion in 2010, the UN organization’s regular core budget fell to 0.0037 per cent of global income. Meanwhile, ‘core’ un-earmarked resources fell from nearly half of all UN financial resources in 1997 to less than a quarter today. A recent UN Secretary-General’s report estimated that over 90 per cent of all UN development system activities in 2015 were funded with non-core, earmarked project resources.
An earlier report found total non-core resources for UN-related activities increased 182 per cent in real terms between 1999 and 2014, mostly going through a growing number of UN ‘vertical’ trust funds, beyond Member States’ control, while core resources increased only 14 per cent.
Such ‘siloed’ trust funds – with funding rising three-fold over the last decade – enable both donor governments and corporate interests to determine UN funding, bypassing established decision-making processes. Thus, UN development financing increasingly serves donor priorities.
New development finance discourse
Influential quarters claim that in order to achieve Agenda 2030, financing needs have to rise “from billions to trillions” of US dollars, and that this can only be done by engaging the corporate sector.
According to a 2015 World Bank report, while the Millennium Development Goals (MDGs) needed billions in official development assistance, the SDGs require trillions in investments.
Although most development spending involves national public resources, most Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) governments opposed international tax cooperation at the 2015 Addis Ababa third UN Financing for Development conference.
Thus, instead of helping boost national revenue enhancing capacities and capabilities, the Addis Ababa Action Agenda (AAAA) claimed that private capital had “the potential for scaling up to achieve the demands of the Sustainable Development Goals”.
Corporate funding for sustainable development?
The three major multilateral agreements of 2015 – the AAAA, the Agenda 2030 for SDGs and the Paris climate agreement – were all premised on private financing while the Agenda 2030 Reflection Group stressed the need to mobilize funding from private business, finance and investment.
Multi-stakeholder partnerships have long been advocated by many OECD governments, UN agencies and former UN Secretary-General Ban Ki-moon. This envisaged big business working with governments in public-private partnerships (PPPs), blended finance and various other novel financing arrangements.
A 2015 UN Environment Programme (UNEP) report emphasized the need to “access private capital at scale, with banking alone managing financial assets of almost US$140 trillion and institutional investors, notably pension funds, managing over US$100 trillion, and capital markets, including bond and equities, exceeding US$100 trillion and US$73 trillion respectively.”
Public-private partnerships
The AAAA promoted PPPs and blended finance arrangements, while the Global Infrastructure Forum was set up at Addis to close the ‘infrastructure gap’ in developing countries, estimated by the outcome document at between “$1 trillion to $1.5 trillion” annually.
Thus far, PPPs have been more significant in developed and upper middle-income countries, as low-income countries are rarely able to attract large private investors. Warnings that PPPs and other such modalities, already problematic in OECD member countries, are even less likely to succeed in developing countries, where cost recovery is more difficult, have been largely ignored.
Instead, PPPs have often worsened national budgetary positions in the long-run due to the contingent liabilities governments are required to take on. Consequently, in most cases, governments bear the most risk, subsidize ventures and guarantee revenues to the private partner.
While PPPs have clearly contributed to national financial difficulties, such problems were largely ignored until recently. With changing international relations, they are now being highlighted as leading to national ‘debt bondage’ to China and other non-traditional sources of finance.
Meanwhile, the US and other developed countries have announced major new infrastructure financing initiatives of their own, to draw developing countries from financial reliance on China. This unexpected political rivalry will have mixed consequences for borrowing developing countries.
PPPs involve many unpredictable risks, primarily borne by governments, as well as side and spill-over effects, with the private partners typically setting most terms. Moreover, PPPs in social sectors, such as health and water, are less inclusive, disadvantaging the poor and the less accessible.
Meanwhile concerns have been raised, even by The Economist, about enthusiasm for blended finance as ‘aid’, which typically favours private partners from the donor country. Such aid diversion — from budgetary support, social programmes and essential services — prioritizes private profits, rather than the public interest.
Checks and balances?
The UN Global Compact’s 10 principles from the turn of the century remain the main intergovernmental framework governing non-state partnerships, but remains ill-equipped for meaningful accountability, especially as it pre-dates the SDGs, and hence, are inadequate now.
Promoted and often required by OECD governments, PPPs and blended finance have not received enough critical scrutiny in terms of compatibility with UN mandates, while their extra-budgetary funding status has exempted them from rigorous audit, review and impact assessment.
With financing gap concerns accepted as the rationale for multi-stakeholder partnerships, the private sector is increasingly calling the shots, with occasional lip service to civil society engagement merely providing legitimacy, rather than adequate checks and balances.
Las principales cadenas de supermercados británicos amenazaron el miércoles con boicotear los productos producidos en Brasil si se aprueba una ley que, según afirman, propiciaría una mayor deforestación de la selva amazónica.
En una carta abierta a los senadores y diputados de Brasilia, estos grupos afirmaron que están "profundamente preocupados" por un proyecto de ley, la Medida Provisional 910, respaldado por el presidente Jair Bolsonaro.
La medida, que debe ser votada por el Congreso Nacional, legaliza los asentamientos informales en tierras pertenecientes al estado federal, incluso dando títulos de propiedad a quienes las ocupan actualmente contra la ley, según el centro de estudios de Climate Policy Initiative.
El ultraderechista jefe de Estado, escéptico sobre el consenso científico acerca del cambio climático, no ha hecho nada para desalentar la explotación de la selva amazónica para la agricultura o la minería, sino todo lo contrario.
"Si se adoptara la medida, se fomentaría aún más el acaparamiento de tierras y la deforestación a gran escala, lo que pondría en peligro la supervivencia de la Amazonia" y la consecución de los objetivos del Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático, escriben los grandes distribuidores británicos.
"Creemos que también pondría en peligro la capacidad de empresas como las nuestras para seguir abasteciéndose de Brasil en el futuro", añaden.
Entre los 41 firmantes de la carta se encuentran algunas de las cadenas de supermercados más importantes del Reino Unido como Tesco, J Sainsbury, Marks & Spencer, pero también Asda, Waitrose, y empresas de alimentación como Burger King UK, el fondo público de pensiones sueco AP7 y otras firmas de gestión de inversiones.
Reconsiderar la postura
"Instamos al gobierno brasileño a que reconsidere su postura y esperamos seguir trabajando con nuestros socios en Brasil para demostrar que el desarrollo económico y la protección del medio ambiente no se excluyen mutuamente", insistieron.
Según la embajada brasileña en Londres, Brasil es el 15º mayor exportador al Reino Unido, con oro y otros minerales, soja, madera, carne y café como principales productos. En los primeros cuatro meses de 2020 la deforestación alcanzó niveles récord en la Amazonía, según el Instituto Brasileño de Investigación Espacial, que la observa por satélite: se perdieron 1.202 km² de selva, o el equivalente a cuatro veces la superficie de Manhattan.
Es un 55% más que un año antes y el dato más alto registrado en los primeros cuatro meses del año desde que se inició la serie histórica en agosto de 2015. Bolsonaro defiende la explotación económica de la selva virgen más grande del mundo porque afirma que los pueblos indígenas deberían sacar beneficio de los recursos naturales del territorio.
En una carta entregada al gobierno británico en febrero, el líder indígena yanomami Davi Kopenawa -conocido como el Dalai Lama amazónico- y otros tres líderes indígenas -Dario Yanomami, Raoni Metuktire y Megaron Txucarramae- pidieron al primer ministro Boris Johnson y otros dirigentes europeos que no acepten en sus países el oro y otros productos que responsabilizan de la destrucción de sus tierras.
"Necesitamos que las autoridades tomen medidas y pedir al presidente (Jair) Bolsonaro que expulse a los mineros ilegales de la tierra Yanomami, este es mi mensaje urgente", dijo Davi Kopenawa a la AFP en Londres.
"La relación que tiene el presidente de Brasil con nosotros es buscar riqueza en nuestra tierra, no le importan la selva o los pueblos indígenas, lo que quiere es explotar los recursos y la riquezas de nuestra tierra, la minería, el oro, los diamantes. Están queriendo acabar con nosotros y robarnos nuestra tierra", agregó.
La transición energética ha colocado al litio como un elemento crítico. En América Latina es un tema prioritario que cobró fuerza desde inicios de la segunda década del siglo XXI, durante la administración de Evo Morales. Bolivia, al ser la que mayor volumen de reservas posee, puede aprovechar la creciente demanda mundial de litio. Este artículo abordará la importancia actual que tiene este elemento para la región y los nuevos proyectos que se desarrollan en México y Perú.
La transición energética ha obligado a utilizar tecnología e insumos distintos a los relacionados con los hidrocarburos. El creciente consumo y desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos han creado una creciente demanda de litio. Actualmente, el principal uso del metal es en la producción de baterías recargables. En 2014, se estimó que el 29 % del litio a nivel mundial se utilizó en la producción de baterías recargables, este porcentaje aumentó a 71 % en 2021.
El litio ha ganado definitivamente un lugar importante en la disputa por la hegemonía mundial. Cuando se reconoció que el litio sería clave para transición energética del parque vehicular, el elemento comenzó a considerarse como un material estratégico. Desde el 2008, el Departamento de Energía de Estados Unidos considera al litio como 1 de los 16 elementos críticos.
El litio se comercializa en tres formas: concentrados minerales, compuestos minerales y metal refinado. Los minerales de litio, principalmente espodumena, petalita y lepidolita, se extraen de las pegmatitas (yacimientos de roca) y se utilizan principalmente como materia prima para vidrios y cerámica. La mayoría de los compuestos de litio (por ejemplo, carbonato de litio, cloruro de litio e hidróxido de litio) se obtienen a partir de salmueras. El metal de litio se obtiene por electrólisis a partir de cloruro de litio.
Como se puede observar en los mapas anteriores, Argentina, Bolivia y Chile poseen la mayoría de los yacimientos en salares. En tanto que, recientemente, Brasil, México y el Perú han descubierto yacimientos importantes en pegmatita (roca). Los yacimientos de México y el Perú aún se encuentran en fase de exploración, aunque ya se proyecta que sean de los más grandes del mundo.
América Latina destaca por sus inmensas reservas de litio. Bolivia, Argentina y Chile son los tres países con mayores reservas de este material, conocidos como el «triángulo del litio». Durante 2019, en Bolivia la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos produjo apenas 400 toneladas métricas, una producción reducida para las reservas que posee, que representan el 21 % del total mundial. Argentina y Chile cuentan actualmente con proyectos de producción financiados con capital chino, alemán, estadounidense y canadiense.
Hasta marzo de 2021, en México se encuentran registrados 36 proyectos, según información oficial de la Secretaría de Economía. De estos, uno se realizará con una parte de capital mexicano. Destaca que 15 de los 36 proyectos pertenecen a Organimax, empresa de origen canadiense. El resto se realizarán con capital británico, estadounidense, francés, español, australiano y canadiense. Sobresale que no existe ningún proyecto con capital chino, a diferencia del resto de la región.
El Perú no se había destacado por poseer grandes yacimientos ni ser un productor de litio hasta hace poco. A mediados de 2018 se encontró un importante yacimiento mientras se exploraba el territorio de Macusani, Puno, para la explotación de uranio. Esta reserva destaca del resto en la región ya que el elemento se encuentra en roca pegmatita, en vez de en salmueras, que es como se encuentran los grandes yacimientos del Triángulo. En 2021, la empresa canadiense Plateau Energy, la propietaria del proyecto, lo vendió en su totalidad a su connacional Lithium Americas, a través de la bolsa canadiense. Lithium Americas está centrada en el avance del proyecto Cauchari-Olaroz en Jujuy, Argentina, y del proyecto Thacker Pass en Nevada, Estados Unidos, hasta su producción.
El golpe de Estado boliviano realizado por injerencia extranjera, como la estadounidense y la británica, es uno de los ejemplos más claros del interés que hay por el elemento. EUA ha manifestado en diversas ocasiones lo crucial que es el elemento para los próximos años, y, por ende, la necesidad de asegurar su acceso para satisfacer su demanda, en la competencia tecnológica, donde la transición energética es crucial.
Los gobiernos de México y el Perú han expuesto interés por seguir un camino similar al de Bolivia. Se ha planteado la opción de nacionalizarlo para que el Estado pueda explotarlo y probablemente procesarlo. Este último proceso se ha considerado como una parte necesaria para una política industrial activa, como la que se comenzó a desarrollar durante la administración de Evo Morales.
El destino del litio en el Perú podría definirse por quién gane las elecciones presidenciales en las próximas semanas. mientras Castillo se ha decantado por la idea de nacionalizar diversas materias primas, como los minerales y el gas, Fujimori tiene establecido continuar con política de libre mercado, por lo que el elemento quedaría en manos de inversores extranjeros. En tanto que en México las cosas son inciertas, el presidente Andrés Manuel ha hecho público el interés por nacionalizar el elemento. En el congreso, por parte del partido líder y al cual pertenece el presidente, se comienza a plantear un proyecto de ley para promover un mercado regulado con inversores extranjeros.
El litio y su explotación en la región se presenta como un choque de intereses. Mientras que los propios países de la región buscan aprovechar la creciente demanda del litio para obtener recursos fiscales de su explotación, los países desarrollados aseguran su acceso para la producción de baterías recargables, indispensables en el cambio de matriz energética y del parque vehicular en la que están inmersos. El golpe de Estado en Bolivia fue una de las manifestaciones de este choque de intereses. Los países de la región deberán tomar acciones más firmes si es que buscan aprovechar sus recursos naturales y utilizarlos activamente en el desarrollo, en caso contrario, podrían seguir con el modelo primario exportador, sin llevar a cabo procesos de transformación y perder la oportunidad de aumentar el valor agregado a las exportaciones y al consumo interno.
La Secretaria Ejecutiva del organismo regional, Alicia Bárcena, intervino en un evento paralelo en el marco del 71 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
(20 de septiembre, 2016) La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, subrayó hoy en Nueva York que la digitalización es una herramienta clave para aumentar la productividad y la calidad del trabajo que generan las pequeñas y medianas empresas (pymes) y contribuir así a reducir la desigualdad en la región, pues estas suponen actualmente el 61% del empleo en América Latina y el Caribe pero solo representan al 29 % de su producto interno bruto (PIB).
La máxima representante de la CEPAL participó en una conversación de alto nivel sobre Empoderamiento de las pymes mediante el comercio electrónico y la facilitación de las inversiones, organizada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y celebrada en la sede de las Naciones Unidas de forma paralela al 71 período de sesiones de la Asamblea General.
En el diálogo, moderado por la periodista Sarah Murray, intervinieron también Mukhisa Kituyi, Secretario General de la UNCTAD; Jack Ma, Presidente Ejecutivo del consorcio chino Alibaba Group, quien ha sido nombrado Asesor Especial de las Naciones Unidas sobre emprendimiento de la juventud y pequeños negocios, y Roberto Azevêdo, Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Alicia Bárcena recordó que en América Latina y el Caribe los ingresos del 10% más rico de la población son 14 veces superiores a los del 40% más pobre. Esta desigualdad está estrechamente vinculada con las brechas de productividad existentes entre las grandes empresas y las pymes, que, entre otras limitaciones, se enfrentan a problemas de acceso al crédito para poder financiar la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos.
Según destacó Bárcena, la digitalización de la economía provocará en este siglo un cambio de paradigma similar al que generó la electricidad en el siglo XIX con la Revolución Industrial. Para que ese cambio llegue con fuerza a América Latina y el Caribe, se requiere un compromiso de los sectores público y privado con el fin de establecer estándares y regulaciones comunes y de invertir en infraestructura para potenciar el acceso a conexiones de banda ancha, apuntó.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL indicó además que la digitalización de la economía es una herramienta que debe estar al servicio de reducir las brechas de desigualdad y de sostener la visión a largo plazo plasmada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015, y entre cuyos 17 objetivos se encuentran la promoción del crecimiento económico sostenible y el pleno empleo (ODS 8) y la reducción de la desigualdad en y entre los países (ODS 10).
Según destacó, el avance de la digitalización facilita además la integración de las mujeres al mercado laboral, promoviendo así la igualdad de género, a la que está consagrada el quinto ODS.
Para la implementación de la Agenda 2030 en la región, la CEPAL propone un gran impulso ambiental a través de inversiones en sectores clave que permitan reactivar el crecimiento, generar empleos de calidad y combatir los efectos del cambio climático, explicó Alicia Bárcena. “América Latina y el Caribe debe además dejar atrás la cultura del extractivismo, basada en la explotación de los recursos naturales, para avanzar hacia una cultura de la sostenibilidad”, remarcó la Secretaria Ejecutiva.
En el año 2012 China promulgó el Plan de Desarrollo para la Conservación de Energía y la Industria de Vehículos de Nueva Energía 2012-2020, con el propósito de coordinar las metas para el desarrollo de los NEV. Esto ha posicionado al país asiático como el mayor productor de buses eléctricos en el mundo. Durante el 2019, Estados Unidos y la Unión Europea produjeron 367 y 3307 camiones eléctricos respectivamente, lo cual implica una participación conjunta del 4.55% en la producción mundial. Como contraposición, China produjo el 92.43% de la fabricación mundial. El texto tiene el objetivo analizar la sustitución de transporte masivo de pasajeros NEV en América latina y su origen.
El documento de la CEPAL Panorama de la producción y el comercio de autobuses eléctricos en el mundo y en América Latina y el Caribe señala que entre 2018-2020, de las diecisiete principales empresas productoras de buses eléctricos en el mundo, las diez mayores son de China; la producción mundial fue de 67,516 buses eléctricos, de los cuales 51,636 se fabricaron allá, 76.48% de la producción mundial.
NUEVOS VEHICULOS ELECTRICOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS |
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China | Otros países | ||
Yutong Bus | 15,940 | New Flyer (Canada) | 389 |
BYD | 9,125 | Volvo (Suecia/China) | 261 |
Zhegian CRRC Electric Vehicle | 5,503 | Proterra (EEUU) | 147 |
Otras marcas | 21,068 | Otras marcas | 15,083 |
Total | 51,636 | Total | 15,880 |
Fuente: José Duran Lima, Sebastián Herreros, Panorama de la producción y el comercio de autobuses eléctricos en el mundo y en América Latina y el Caribe, CEPAL, 2022. |
En América Latina, se lleva a cabo la fabricación de autobuses eléctricos en Colombia mediante la colaboración entre Busscar y Volvo, en Brasil a través de Eletra con su propia tecnología, y también en Brasil mediante las colaboraciones entre BYD y Marco Polo con tecnología china. Desde el año 2015, BYD ha establecido tres fábricas en Brasil: la primera en Campinas (SP), y en 2017, inauguró una segunda fábrica en el mismo lugar, orientada a la producción de módulos fotovoltaicos. Con el propósito de atender la demanda de autobuses eléctricos, en 2020, BYD estableció su tercera fábrica en el Polo Industrial de Manaus (PIM), destinada a la fabricación de baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO4). Adicionalmente, BYD adquirió una cuarta fábrica en la planta de Bahía, donde anteriormente Ford manufacturaba los modelos Ka y EcoSport, con el fin de producir vehículos eléctricos de pasajeros.
En el periodo comprendido entre 2017 y 2021, los principales exportadores de Vehículos Eléctricos Nuevos (NEV, por sus siglas en inglés) fueron China y Bélgica. En contraste, Estados Unidos ha quedado rezagado en este ámbito y ha prohibido el uso de fondos federales para la adquisición de vehículos de la fábrica de BYD en California que proveía a las ciudades de dicho país.
Según E-bus Radar, la región cuenta con un total de 4,150 autobuses eléctricos, de los cuales 1,064 son trolebuses centrados en México. Bogotá y Santiago encabezan la lista en cuanto al número de autobuses eléctricos, seguidos por México con la mitad de esa cifra, y Brasil con la cuarta parte. Brasil, desea reemplazar el transporte masivo de pasajeros por opciones eléctricas en todas las ciudades grandes antes del 2030. Las fábricas de BYD en Brasil jugarán un papel fundamental en estos cambios en dicho país. No se fabrican NEV ni en México ni en Argentina.
Comportamiento de los buses eléctricos en América Latina y el Caribe | |||
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País | Unidades | Participación en el total regional |
Proporción de buses de origen chino |
Argentina | 97 | 2.34% | 20.61% |
Barbados | 49 | 1.18% | 100% |
Brasil | 376 | 9.06% | 17.28% |
Chile | 1223 | 29.47% | 97.54% |
Colombia | 1589 | 38.29% | 100% |
Ecuador | 106 | 2.55% | 19.81% |
México | 623 | 15.01% | 49.43% |
Paraguay | 2 | 0.05% | 100% |
Perú | 4 | 0.10% | 100% |
Uruguay | 36 | 0.87% | 100% |
Venezuela | 45 | 1.08% | 0% |
América Latina | 4150 | 100.00% | 64.06% |
Fuente: OBELA con datos de E-bus Radar |
Colombia (es el país con más buses eléctricos en la región) cuenta con 1,589, de los cuales, el 100% son de marcas chinas. La marca BYD tiene la mayor proporción (97.29%), sin embargo, también están presentes las restantes Sunwin, Yutong y Zhongtong. Brasil cuenta con 376 buses, y aproximadamente el 75% de estos son de la marca local Eletra (282), mientras que un 17.28% es de la marca china BYD (65). La empresa BYD anunció el pasado julio que invertiría 620 millones de dólares en la construcción de tres plantas en el municipio de Camacari[1], a la par de que tiene planes a mediano plazo para la construcción de una fabrica en Colombia.
En suma, China domina el mercado de buses eléctricos, con las diez empresas más productivas a nivel mundial. Por otra parte, su participación en América Latina aunque limitada a once países, es diversificada y dinámica, ya que a excepción de Venezuela tienen una gran proporción del mercado en los países estudiados.
[1] Municipio del Estado de Bahía, Brasil.
El pasado martes, el Banco Mundial expuso un informe en el que señala que la escacez del agua en el mundo, exacerbada por el cambio climático, tendrá efectos notables y nocivos para el crecimiento económico de algunos países que puede llegar a caer hasta un 6% del PIB; esto debido a la utilización del líquido vital en incontables procesos productivos. Esta nota puede asociarse con el informe que Wikileaks sacó a la luz, el cual declara que para el 2050 el agua potable en la Tierra se habrá agotado.
Los pronósticos expresados señalan como causas el crecimiento exponencial de la población, el aumento en los ingresos y su concentración en las ciudades, que obliga a la distribución del agua en un contexto cada vez más incierto.
La inseguridad de los recursos hídricos generará a su vez nuevas problemáticas, tales como migraciones, conflictos violentos, desaceleración de la economía mundial y sin duda, la profundización de la crisis ambiental.
Ante este panorama, se hacen urgentes políticas públicas encaminadas a mejorar el uso del agua en el corto plazo, ya que de no hacerlo, para el 2050 los países que tienen un mayor número de agua sufrirán la escasez, mientras que aquellos que hoy en día ya tienen problemas de abastecimiento del recurso se encontrarán en una grave situación de cara a los años por venir. Cabe resaltar que los efectos nocivos tendrán más impacto en aquellos países que concentran las zonas más secas y cálidas del mundo, que dicho sea de paso, también concentran la mayor pobreza.
La aportación del Grupo II para el Sexto Informe sobre el Cambio Climático publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) fue publicada en febrero del 2022. Con un énfasis en la adaptación y la vulnerabilidad, este informe busca advertir de las consecuencias del cambio climático si no se toman medidas contundentes en un futuro próximo.
El cambio climático provocado por el ser humano ha ocasionado que los ecosistemas sean presionados más allá de su capacidad para adaptarse. Tan solo en la Antártida se han registrado temperaturas récord durante una ola de calor sin precedentes a pesar de ser conocido como el punto más frío del planeta. En los alrededores de la estación de investigación Concordia la temperatura llegó a los -11.5° Celsius, si bien no es una temperatura cálida como tal, es 38° C más alta de lo habitual en la zona.
El informe tiene mucha confianza al declarar que el cambio climático ha tenido repercusiones negativas en la salud de las personas (tanto física como mental). Desde el alza de las enfermedades provenientes de alimentos y agua por el calor extremo hasta traumas psicológicos a las víctimas de desastres naturales o pérdida de cultura y calidad de vida a causa de eventos climatológicos. Cerca de 3,300 millones de personas en el mundo son vulnerables a los efectos del cambio climático, lo que significa que 4 de cada 10 personas en el planeta sufren de primera mano las consecuencias del daño al medio ambiente.
Los efectos del cambio climático vienen en forma de tormentas más violentas, aumento del nivel del mar, acidificación de los océanos, pérdida de fauna marina en aguas dulces y saladas, sequías, deslizamientos de tierra, desaparición de diversas especies en tierra, aumento de incendios y extremos climatológicos, y, en consecuencia, incertidumbre en la seguridad alimentaria y de agua para la humanidad.
Como se había informado en notas anteriores, el Acuerdo de París tiene como objetivo que la temperatura del planeta no incremente en más de 1.5° C para evitar una pérdida importante de biodiversidad. No obstante, actualmente ya se elevó en un 1.1° C y tal parece que ahora las recomendaciones dadas por el IPCC dan por hecho que en lo que resta de la década se llegará a ese techo.
António Guterres, Secretario General de la ONU, declaró que ignorar el estado actual del medio ambiente y retrasar toda acción climática no sería más que una sentencia de muerte para la humanidad. Además, señaló que es indispensable que el uso de los combustibles fósiles desaparezca de una vez por todas y que es necesario mirar a las energías renovables como la “única vía”.
Esta década es crucial para abandonar el uso de los combustibles fósiles. De acuerdo con el Instituto Internacional de Desarrollo Sustentable, los países ricos deben terminar con la producción de petróleo y gas para el año 2034 si no quieren exceder el techo de 1.5° C. Para ello los más ricos, que producen más de un tercio del petróleo y el gas del mundo, deben reducir la producción en un 74% para 2030. Los más pobres, que abastecen apenas una novena parte de la demanda mundial, deben recortarla en un 14%. Los productores medios restantes deberán bajar su producción entre 43% y 18%.
Sin embargo, como podemos ver en el gráfico, el consumo no parece bajar y es difícil que en un futuro próximo lo haga. Países como Rusia y Estados Unidos planean aumentar su producción de petróleo durante los siguientes años, lo que significa que la baja en el consumo de combustibles no parece cercana.
La “planificación de la adaptación” ahora es parte del discurso pues se entiende que no se pueden frenar los efectos del aumento de 1.5° C pero se pueden hacer mejoras para que los efectos negativos sean menores (o al menos no tan dañinos) y se aprovechen las oportunidades emergentes. Para ello, la concientización pública y política del cambio climático es crucial.
Los siguientes diez a veinte años son de suma importancia para el planeta. Las emisiones de CO2 deben bajar de manera constante y sostenida para tener efectos positivos en la calidad del aire, pero incluso en ese escenario el planeta tardaría otras tres décadas en volver a las temperaturas habituales.
El informe es una revisión cruda de los peligros del cambio climático, mismos que conllevan un aumento en las afectaciones a personas, asentamientos e infraestructura. El cambio climático ya afecta el sistema humano y natural, pero las decisiones que se tomen en los siguientes años determinarán el alcance de estas afectaciones. Es injusto que los países que más contaminan ignoren la cuestión climática cuando ellos son los responsables del deterioro ambiental.
Los países ricos movilizaron cantidades enormes de dinero en armamento para la guerra en Europa, pero se niegan a destinar recursos al cuidado del medio ambiente. El grupo del G7 había prometido 100 millones de dólares anuales para los países pobres para mitigar los efectos de la crisis climática (cantidad que nunca llegó) mientras solo Estados Unidos creó un fondo de ayuda para Ucrania de 1,400 millones de dólares. Para la guerra sí hay presupuesto, para el planeta no. La situación climática requiere acciones inmediatas y esta ventana de oportunidad debe ser aprovechada antes de que los cambios sean irreversibles.
SYDNEY and KUALA LUMPUR, Mar 29 2017 (IPS) - Investment in the least developed countries (LDCs) will need to rise by at least 11 per cent annually through 2030, a little more than the 8.9 per cent between 2010 and 2015, in order for them to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). The United Nations’ World Economic Situation and Prospects (WESP) 2017 focuses on the difficulties in securing sufficient financing for the SDGs given the global financial system and current economic environment.
The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)’s 2014 World Investment Report estimated that developing countries would need US$2.5 trillion annually until 2030 to achieve their SDGs. According to UNCTAD’s 2016 Development and Globalization: Facts and Figures, to close the large infrastructure deficit in developing countries, spending must reach US$1.8–2.3 trillion per year by 2020, compared with the current US$0.8–0.9 trillion.
These UN estimated financing gaps have been corroborated by others, such as the World Bank, OECD and World Economic Forum (WEF). For example, the estimated annual investment needed to attain the SDGs, according to the WEF, is US$3.9 trillion against the current average of US$1.4 trillion, a shortfall of US$2.5 trillion yearly.
Unfortunately, the financing gap is not due to global shortages, but rather, to problems of allocation due to global economic governance and geopolitics, influencing investors, donor and developing countries. The current global environment – characterized by weak economic growth, slow trade expansion, soft commodity prices and volatile international capital flows – has made things worse.
If rich countries had met the 0.7% aid target from 2002, developing countries would now been at least US$2 trillion better off. But overall aid has never ever reached even half the target since the 1960s and currently stands at 0.30%. The aid gap for 2014 alone was more than US$192 million. Furthermore, refugee spending is reducing country programmable aid.
Meanwhile, developing countries are losing a great deal to tax havens, and transfer pricing, or trade mis-invoicing, by transnational corporations (TNCs). As the Panama papers revealed, tax-havens not only enable TNCs to evade taxes, but also launder ‘dirty money’.
Illicit financial flows (IFFs) from developing and emerging economies between 2004 and 2013 were estimated at US$7.8 trillion, greater than combined aid and FDI flows to poor countries. Between 2010 and June 2012, OECD countries froze US$1.4 billion of corruption-related assets, but only returned US$147 million to the countries of origin! Thus, preventing or even reducing IFFs and returning the confiscated resources can help close the funding gap.
Imposition of a small tax on short-term capital flows – known as the ‘Tobin tax’ – can not only reduce their volatility, but also the risk of financial crises. This can reduce the need for holding foreign reserves for protection, and enhance the development impact of capital flows. A global Tobin tax could generate between US$147 billion and US$1.6 trillion annually depending on the rate and coverage. Similarly, a global financial transactions tax (FTT) system could generate very significant resources, at least as much as aid, if not more. .
Institutional investors hold trillions of dollars in liquid assets, instead of investing in long-term projects. For example, pension funds hold around US$34 trillion in assets, with the largest ones holding 76 per cent of their portfolios in liquid assets. Meanwhile, sovereign wealth funds hold most of their funds in liquid financial assets in developed economies, with less than 5 per cent in direct investments. Rising political risks have made raising long-term investments particularly challenging.
The only bright spot is improvements in developing countries’ domestic resource mobilization. Developing countries have increased tax revenue collection over the last 15 years as tax incidence has become more regressive. The largest increases in revenues were in LDCs, economies in transition and countries in Latin America and the Caribbean. But their domestic resources still remain far short of development finance needs.
As most types of capital inflows decline, more developing countries are borrowing externally, resulting in a rising foreign debt-GDP ratio, reversing the trend in the last decade. Although modest, the recently rising external debt-GDP ratio is more pronounced in low-income countries, increasing from 31 to 35 per cent of GDP during 2014-2015.
Twenty low-income countries are at high risk of debt distress, compared to 13 in April 2015; three of them are considered to actually be in debt distress. The sharp fall in commodity prices, rising US interest rates and protracted slow growth are likely to worsen the situation, particularly for LDCs and small island developing states.
Greater vulnerability to climate change and natural disasters will further exacerbate their sovereign debt problems. Developing countries often get stuck in debt crises because there is no internationally agreed framework for timely, orderly and fair sovereign debt work-outs.
It has also supported developing countries’ call for an internationally agreed legal framework for timely, orderly and fair sovereign debt work-outs. It endorses developing countries’ call to strengthen international efforts to combat illicit financial flows, and continues to remind developed countries to meet their aid commitment.
The UN has long argued for the reform of global economic governance in line with changing global economic circumstances and to better serve developing countries’ interests. It has also called for a truly international reserve currency (e.g., Special Drawing Rights, or SDRs) not linked to any country’s currency, and for the fair allocation of newly issued SDRs for international development finance.
In environmentalist circles, there’s a common trope that for humanity to prevent catastrophic climate change, economic growth must stop. This idea has helped to turn what should be a hard-headed, rational debate into a partisan political one -- many on the right suspect that climate-change activism is a thin veneer for a socialist plot to throttle the economies of the rich world, while some on the left embrace the notion of an inherent contradiction between capitalism and sustainability. But this partisanship is unnecessary, because the trope is wrong. Economic growth is perfectly compatible with cutting pollutants that contribute to global warming like carbon dioxide.
During the past few decades, rich countries in Europe, East Asia and North America have had substantial economic growth. But carbon emissions from most of these countries have leveled off and begun to fall in recent years:
Emissions have fallen a good deal in the U.K., declined modestly in France and are little changed in Japan. These economies have grown by doing more with less -- creating valuable goods and services while pumping fewer greenhouse gases into the atmosphere.
One common objection to these numbers is that they ignore the effect of “outsourcing” emissions to developing countries. China and other poor nations have boosted their economies by becoming the workshops of the world. As such, they have taken over some of the manufacturing, mining and other heavily carbon-emitting activities once done in rich countries. And it’s China and the developing world that now dominateglobal carbon emissions. So it’s worth it to ask whether rich countries have really become more efficient, or simply shipped their polluting activities overseas.
Fortunately, economists have ways of estimating how much this happens. For example, Kirsten Wiebe and Norihiko Yamano of the Organization for Economic Co-operation and Development have a 2015 paper on exactly this topic. Their approach is to measure how much carbon emissions it takes to produce what each nation consumes.
This is actually a harder task than it appears, because of supply chains. Each product that you consume was produced by combining a bunch of other goods and services -- an iPhone’s price includes the cost of raw materials, sophisticated components, design, marketing, software, etc. Each of those inputs requires carbon emissions to make -- coal to burn electricity to run factories, oil to power vehicles to take software engineers to work and so on. The amount of carbon represented by these lengthy production processes is called “embodied emissions.”
Wiebe and Yamano estimate embodied emissions using a common method. They take data on how much carbon each industry releases in each country, and then use input-output tables to estimate how much each industry adds to the value of each finished product. They then compare each country’s carbon consumption in 2011 with the equivalent figure for 1995.
What they find is a pretty mixed bag. Rich countries that do a lot of mining, such as Australia and Canada, generally tended to increase their emissions during this period, as did countries that are still developing, like South Korea. But mature rich countries with fewer natural resources like the U.K., Germany and Japan mostly saw their carbon usage fall or remain roughly constant.
This is only mildly encouraging. It shows that total carbon emissions can fall, but that increases are more common. And the fact that most rich countries in 2011 were still recovering from the Great Recession should temper our optimism even more.
But Wiebe and Yamano give one big reason for optimism. They find that almost all countries, both developing and developed, consumed many more dollars of value per kilogram of carbon released in 2011 than 16 years earlier. Here’s the picture for eight major developed and developing nations:
The U.S. is the outlier here. Unlike other countries, the U.S. actually used more carbon to generate each dollar of consumption in 2011 than in 1995, suggesting that America really did offshore its carbon emissions to developing nations. This should be a wake-up call for the U.S., since even nations like China and Russia have made dramatic progress on this front. Sadly, the current administration seems to be moving the U.S. in the wrong direction.
But what these numbers show is that economies can get much more efficient in their use of carbon to produce the things people value. That means that reductions in emissions may slow growth a bit, but they don’t have to bring it to a halt. There’s no obvious reasons why these efficiency gains can’t continue -- with solar power becoming much cheaper and energy-storage technology advancing steadily, countries can switch to renewable power and electric vehicles. With proactive national policies to substitute renewables for coal and oil, technological progress will be able to keep the engine of capitalism humming without cooking the planet.
This paper seeks to provide an overview of Central America's geo-economic reconfiguration, emphasising energy issues. As of 2019, El Salvador and Nicaragua seem to be leaning towards China. There is a need for investment in infrastructure for the extension, adaptation and diversification of energy sources in the region.
Central America is an area with enormous potential for renewable energy production; most countries in the region produce at least 60% of their electricity from clean sources. The Electrical Interconnection System of Central American Countries (SIEPAC), which connects with Mexico and plans to reach Colombia, has reduced electricity production costs, improved grid efficiency and included clean energy. It has made it possible to address energy poverty, defined as the inability to access essential electricity resources for work, domestic and other activities. This energy corridor, which still requires an investment of USD 118 billion, is shaping up to be the most important in the continent.
But the constant that we find in Central American countries (and in the continent in general) is that almost all of the decarbonised energy produced comes from hydroelectric sources. The exception is Nicaragua, whose production comes mainly from geothermal sources. The problem with this energy supply is that it can be affected by droughts or natural disasters, not to mention that dams generate sediments that account for 23% of methane gas emissions into the atmosphere.
Most of the energy for mass transport of passengers, freight and cars are still produced with fossil fuels, which all countries in the region must import. It keeps them exposed to the volatility of oil prices, which have risen dramatically since April 2020. An example of this is Costa Rica, whose transport accounts for 64.5% of its total energy consumption, costing approximately 200 million per year. Therefore, it is seeking to develop the green hydrogen market, which will enable it to meet its domestic demand.
In December 2021, the Central American Bank for Economic Integration and the EU established a joint fund of USD 5.5 million for climate adaptation and green hydrogen development. In the same month, the launch of the EU's Global Gateway strategy, like the US's B3W, was discussed to counter China's influence in Central America. The EU seeks to invest up to USD 342 billion between 2021 and 2027 in Latin America and the Caribbean, emphasising the development of renewable energy projects, sustainable transport and digital development.
In May 2021, El Salvador and China ratified a USD 500 million economic and technical assistance agreement signed in 2019. Nicaragua announced the termination of diplomatic relations with Taipei in December 2021 and expected a similar deal.
Honduras would most likely be on this list without Washington's pressure on Xiomara Castro. The US and Honduras agreed in 1981 to have the Enrique Soto Cano US military base in Honduras as a training centre for Latin American armies. In addition, it allows the rapid deployment of troops to any point in LA and houses between 500 and 1,500 military personnel. It was the centre from which the US waged war against Nicaragua in that decade, led by Oliver North.
Central America's need to produce intelligent, cost-effective, diverse and independent energy aligns with China's vision of infrastructure investment. Sixty per cent of China's investment projects in LAC are related to power, and the region is the second most important destination for Chinese investment after Africa. These investments amount to USD 63 billion until mid-2021.
Central America has been moving closer to the Asian economy since 2019. Central American exports to China increased 142.2% in 2021 (Central America Trade Monitor second quarter 2021) , and it was also the second most importing country after the US (the gap is still abysmal with the US leading the market that concentrates most of the exports). The EU, on the other hand, is an essential ally for Central America, having signed a free trade agreement in 2013, as it did with the US in 2004, its leading trading partner.
China has taken the lead in the South American renewable energy and infrastructure investment sector, while North America remains heavily influenced by the United States. On the other hand, Central America finds itself in a geopolitical triangle between China, the US, and the EU and needs to define its allies in the energy transition. El Salvador and Nicaragua, traditionally conditioned by the US, are leaning towards China, something that in the short term it does not appear that Honduras will or can do.
El presente texto busca formar un panorama general de la reconfiguración geoeconómica centroamericana con énfasis en los aspectos energéticos. A partir de 2019, los países de ésta región especialmente El Salvador y Nicaragua, parecen inclinarse hacia China debido a la necesidad de inversión en infraestructura para la extensión, adaptación y diversificación de fuentes energéticas en la región.
Centroamérica es un área con enorme potencial en la producción de energías renovables, de hecho, la mayoría de los países de la región producen al menos el 60% de su energía eléctrica con fuentes limpias. El sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), que conecta con México y contempla llegar a Colombia, ha reducido los costos de producción eléctrica, mejorado la eficiencia en la red e incluido energías limpias. Esto ha permitido hacer frente a la pobreza energética, que se refiere a la incapacidad de acceder a recursos eléctricos esenciales para desarrollar actividades laborales y domésticas, entre otras. Este corredor energético que aún requiere una inversión de $118 mil millones de USD, se perfila como el más importante en el continente.
Pero la constante que encontramos en los países centroamericanos (y en el continente en general), es que casi el total de la energía descarbonizada que se produce, proviene de fuentes hidroeléctricas. La excepción es Nicaragua, cuya producción proviene principalmente de fuentes geotérmicas. El problema de este suministro energético es que se puede ver afectado por sequias o desastres naturales, sin mencionar que las represas generan sedimentos que representan el 23% de expulsiones de gas metano en la atmosfera.
La mayor parte de la energía del transporte masivo de pasajeros, carga y automóviles, aun es producida con combustibles fósiles, que todos los países de la región deben importar. Esto los mantiene expuestos a la volatilidad de los precios del petróleo que a partir de abril de 2020 han aumentado drásticamente. Un ejemplo de ello es Costa Rica cuyo transporte significa el 64.5% de su consumo energético total, lo que al año cuesta aproximadamente $200 millones de USD. Por esto busca desarrollar el mercado de hidrógeno verde, que le permita satisfacer su demanda interna.
En diciembre de 2021 el Banco Centroamericano de Integración Económica y la UE establecieron un fondo conjunto por $5.5 millones de USD, destinado a la adaptación climática y desarrollo de hidrógeno verde. En el mismo mes, se discutió la puesta en marcha de la estrategia Global Gateway de la UE, al igual que el B3W de EE.UU. es un esfuerzo por contrarrestar la influencia de China en Centro América. LA UE busca invertir hasta $342 mil millones de USD entre 2021 y 2027 en América Latina y el Caribe, con énfasis en el desarrollo de proyectos de energía renovable, transporte sustentable y desarrollo digital.
En mayo de 2021, El Salvador y China ratificaron un acuerdo de asistencia económica y técnica suscrito en 2019 por $500 millones de USD. Nicaragua anunció el cese de relaciones diplomáticas con Taipéi en diciembre de 2021 y se espera un acuerdo similar.
Muy probablemente Honduras se encontraría en esta lista, si no fuese por la presión que Washington ejerce sobre Xiomara Castro. EEUU y Honduras acordaron en 1981 tener la base militar estadounidense Enrique Soto Cano en Honduras, como centro de entrenamiento para los ejércitos de latinoamericanos. Adicionalmente permite el despliegue de tropas rápidamente a cualquier punto de AL y alberga entre 500 y 1500 efectivos militares. Fue el centro de donde se hizo la guerra contra Nicaragua en esa década.
La necesidad centroamericana de producir energía inteligente, rentable, diversa e independiente, se alinea con la visión China de inversión en infraestructura. El 60% de los proyectos de inversión de China en ALC están relacionados con el campo energético, la región es además el segundo destino de inversiones chinas más importante solo por detrás de África. Dichas inversiones ascienden a $63 mil millones de USD hasta mediados de 2021.
A partir del 2019, Centroamérica se ha acercado a la economía asiática. Las exportaciones centroamericanas a China aumentaron 142,2% en 2021 (Monitor de Comercio de Centroamérica segundo trimestre 2021) y también fue el segundo país del que más importó por detrás de EE. UU. La distancia es aún abismal con EEUU al frente el mercado que concentra la mayor parte de las exportaciones). La UE por otro lado figura como un aliado importante para Centro América, ya que en 2013 suscribieron un acuerdo de libre comercio, al igual que con EE. UU en 2004, su principal socio comercial.
China ha tomado la delantera en el sector energético renovable y de inversión en infraestructura Sudamericana mientras, Norte América sigue altamente influenciada por Estados Unidos. Centroamérica por otro lado, se encuentra en un triángulo geopolítico entre China, EE. UU y la UE y bascula entre quiénes serán sus aliados en la transición energética. El Salvador y Nicaragua, tradicionalmente condicionados por EE. UU, claramente se inclinan hacia China algo que en el corto plazo no parece que Honduras vaya o pueda hacer.
China’s economy stormed back in the first quarter, clocking its first back-to-back acceleration in seven years and bolstering the global growth outlook just as signs of subdued consumer spending have surfaced in the U.S.
The Chinese economy accelerated to a better-than-expected 6.9 percent, powered by strength in housing, infrastructure investment, exports and retail sales. And it looks to have done so without worsening credit risks, a welcome development for economists worried about the nation’s towering debt burden.
The world’s second-biggest economy accounted for about one-third of global growth last year and, given the strong first quarter data, is on track to contribute at least as much in 2017, according to Rob Subbaraman, chief economist for Asia ex-Japan at Nomura Holdings Inc. in Singapore.
"China, at least in the near term, is in a sweet spot with growth momentum strong and inflation pressures easing," said Subbaraman. "Whichever way you dice it, the first quarter was a strong set of numbers."
Read More: China’s Economy Accelerates as Retail, Investment Pick Up
The robust economic showing is an auspicious start to a politically eventful year for President Xi Jinping and Premier Li Keqiang, whose government has set a growth target of 6.5 percent or above. Policymakers are bent on steady growth to ensure a smooth leadership reshuffle expected later this year.
Rebalancing
The Chinese economy is in the midst of a major structural shift away from its past reliance on heavy manufacturing and export-led growth toward services and consumer demand. Officials are also trying to avert a trade war with the U.S., manage capital outflows amid depreciation pressure on the yuan, and slow the growth of household, corporate and government debt.
For the world economy, the Chinese rebound may deliver positive second-round effects.
"Emerging markets will benefit from this strength in Chinese growth firstly through commodities demand and support for commodity prices," said Rajiv Biswas, Asia-Pacific chief economist at IHS Markit in Singapore. "Secondly, the whole Asian manufacturing supply chain will get a boost from stronger Chinese growth."
China’s imports from the Association of Southeast Nations surged 22.7 percent in March from a year earlier while those from Singapore were up 41.5 percent. From commodities exporter Australia, imports jumped almost 75 percent.
The first-quarter expansion came as the real estate market shrugged off policy constraints, exports surged and retail sales rebounded. Economic growth in March from a year earlier jumped to 7.6 percent, up from 7 percent in February, according to a Bloomberg Intelligence gauge.
For more on China’s first quarter economic performance, click here
Financial risks also were contained as nominal growth rose at the fastest pace since 2012 -- 11.8 percent in current-price terms -- making the problem of excess leverage look a little more manageable, according to Tom Orlik, chief Asia economist at Bloomberg Intelligence in Beijing. Total credit reached about 258 percent of economic output last year, up from 158 percent in 2005, according to Bloomberg Intelligence estimates.
Debt Growth
Debt financing expanded about 12 percent, roughly on par with nominal GDP growth, said William Adams, senior international economist at PNC Financial Services Group in Pittsburgh, who previously worked for the Conference Board in Beijing. In recent years, overall debt growth had been expanding faster than the overall economy.
"This is a big deal," he said. "The gap between nominal GDP growth and credit growth was often cited as the strongest quantitative argument that China’s growth model is unsustainable. If credit growth remains moderate as it has been since mid-2015, and nominal GDP growth continues at its current pace or picks up, this vulnerability in China’s growth model will seem less urgent."
China’s acceleration comes as U.S. inflation took a surprising step back in March at the same time as retail sales dropped for a second month, according to reports Friday. While the pullback at retailers underscored a weak first quarter for consumer spending that economists had already penciled in, the inflation data are what surprised given recent signs that businesses had been able to regain pricing power.
A further cooling of price pressures and modest household demand would raise questions about whether the economy could withstand a mid-year move by the Federal Reserve to lift borrowing costs.
Not all the news is good. The downside to China’s acceleration is its reliance on an old formula: growth driven largely by credit-fueled investment in infrastructure and property.
"The first quarter figure is undoubtedly upbeat and encouraging and it seems to have changed the short-term sentiment substantially," said Zhu Ning, author of "China’s Guaranteed Bubble" and deputy director of the National Institute of Financial Research at Tsinghua University in Beijing. "But a large part of growth is achieved by another unprecedentedly large fiscal stimulus, infrastructure investment, and debt escalation, which is currently being camouflaged by increasing housing prices and land values," he said.
Global Demand
Trade tensions with the U.S. under President Donald Trump may also deteriorate again if a "100-day plan" to discuss trade fails to yield results.
Though global demand will remain conducive and infrastructure investment will be robust in this political year, domestic momentum overall will ease in the second half, said Louis Kuijs, head of Asia economics at Oxford Economics in Hong Kong. That’s because measures to curb house purchases in many large cities will start to weigh on real estate investment.
For now though, China’s expansion is a welcome boost for a global economy that’s still navigating a fragile recovery as it shakes off a hangover from the global financial crisis.
"The upturn in Chinese growth is a very positive indicator for the Asia Pacific and world growth in 2017, as well as underpinning the near-term outlook for global commodities," said Biswas with IHS Markit.
— With assistance by Kevin Hamlin, Miao Han, Yinan Zhao, and Xiaoqing Pi
China is the world's leading producer and buyer of electric vehicles (EVs) and electric buses (EBs) and has been the first to electrify its private and mass passenger transport. This fact has intensified trade disputes between China and the US, where China is the world leader. US measures (through the Inflation Reduction Act, IRA, fiscal stimulus for companies, $7,500 subsidies for EV purchases and 25% tariffs on Chinese cars) intend to protect and boost its industry. According to the International Energy Agency's (IEA) 2024 report, Chinese companies will most likely prevail in international competition, as they dominate the supply chain of all EV companies (from Germany to North America) that buy their inputs from them. The dispute in Latin America (LA), especially in Mexico, is focused on expanding their restrictive measures to the rest of the countries, trying to block the entry of competitors such as BYD.
The US measures not only limit the entry of Chinese companies but also slow down the energy transition in the region, as North America needs the technological capacity to implement it. However, in addition to EVs, mass passenger transport is also moving towards electrification. Unlike EVs, the US does not compete in the EV mass passenger transport industry, which does not exist. Proterra, a US company, produced 1,041 EVs and went bankrupt in 2023; BYD, on the other hand, has delivered more than 70,000 buses worldwide by 2023. As a result, China has an access route to world markets. While ECs are not used widely in Latin America, there are signs of a slow transition.
In this essay, we will review the policies the different Latin American governments followed, the progress made in electrifying mass passenger transport, and the Chinese's predominance in this field.
According to the IEA (2024), globally, China is the country that has made the most progress in electrifying its mass transport. As of 2022, more than 64% of its bus fleet is electric, far ahead of the West. By January 2024, in Germany, only 4.5% of public buses were electric, and in the US, 0.5%. However, EC procurement has accelerated since 2020. In Europe, registrations of new battery ECs expanded annually by 37.25% on average between 2020 and 2023 and over the last year by 53%, which shows a change in trend. However, it is still quite uneven, even without counting China.
In 2023, 3% of new buses were electric; in some countries, it accounted for more than one-fifth of the total (Canada, Chile, Finland, the Netherlands, Poland, Portugal, and Sweden). That year, just over 50,000 ECs were purchased, reaching more than 635,000 in operation, of which more than 480,000 (76.4%) are in China. The low global percentage is because the USA and emerging countries do not yet have a transition policy, but it is clear that the trend is progressing. Figure 1 shows the widespread dominance of China in the market. Although global EC sales have declined since 2017, this is due to China's success in its transition. In 2022 and 2023, sales were also driven by Europe and other regions (including LA), showing that the market is on the rise and that there is a lag between the West and the Global South in the transition. Against this background, the main drivers of mass passenger transport are all Chinese companies, such as BYD, Youtong, Zhongtong, Foton and others.
In contrast to EVs, where there is evident competition between the red dragon and the US (Tesla) and Germany (BMW, Mercedes Benz, Volkswagen), the world's EV suppliers are from the East. As seen in Table 1, BYD dominates all regions outside China, even Europe, which has shown difficulties keeping up with them. Van Hool, a Belgian company, filed for bankruptcy on 8 April 2024 and was bought by the Dutch GWR group. Chinese companies such as BYD are continuing their international expansion projects. BYD is also the leading supplier in Latin America, followed by Foton (Chinese) and Youtong.
Table 1: Top brands of electric trucks and buses by region and origin of ownership capital in 2022 |
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Ranking |
United States and Canada |
Europe |
China |
Other regions |
1 |
BYD (China) |
BYD (China) |
Skywall (China) |
Youtong (China) |
2 |
Green Power (Canadá) |
Van Hool (Países Bajos) |
Ankai (China) |
BYD (China) |
3 |
Lion (Canadá) |
Solaris (Polonia) |
Farizon (China) |
TATA Motors (India) |
4 |
Proterra (China) |
Volvo (China) |
Shudu (China) |
Jac (China) |
5 |
Peterbilt (EEUU) |
Mercedez-Benz (Alemania) |
BYD (China) |
Volvo (China) |
Source: Prepared by OBELA with data from CATALSTART |
Some LA countries have made more progress than the US and Germany in the transition of their passenger transport. As shown in Table 2, by December 2023, there were 5,084 ECs in LA, representing 5.73% of the total number of buses in the region, with the majority being battery buses, followed by trolleybuses. According to E-Bus Radar, progress concentrates on five countries (Chile, Colombia, Mexico, Uruguay, and Brazil) and five cities (Santiago, Bogota, Mexico City, Sao Paulo, and Montevideo). Chile and Uruguay stand out relatively, with electric fleets representing 21.38% and 18.7% of the fleet, respectively, well above the international average.
Table 2: EC fleet in different countries and its global and national share at the end of 2023. | |||
---|---|---|---|
Country | Buses Eléctricos | Participación en el mundo | Partición nacional |
China | 485,000 | 76.4% | 64.0% |
United States | 5,480 | 0.9% | 0.5% |
Germany | 1,884 | 0.3% | 4.5% |
Latin America | 5,084 | 0.8% | 4.7% |
México | 654 | 0.1% | 3.8% |
Argentina | 99 | 0.0% | 9.9% |
Brazil | 444 | 0.1% | 2.2% |
Chile | 2,043 | 0.3% | 21.4% |
Colombia | 1,590 | 0.3% | 11.4% |
Uruguay | 36 | 0.0% | 18.7% |
Total de buses | 635,000 | ||
Source: Elaborated by OBELA with data from E-Bus Radar, PWC, IEA, Statista and Catalstart, PWC, IEA, Statista y Catalstart |
Unlike the EV market, where the US has deployed protectionist policies to try to develop its industry, it does not exist for ECs. Proterra, the leading US producer of ECs, began bankruptcy proceedings in August 2023 and was acquired in November of that year by Volvo Battery Solutions, which is now Chinese-owned (Geely). The North American technological backwardness is a problem for LA, especially for the Caribbean Basin (from Colombia to the North), whose articulation with them slows down their energy transition. The EPAs open a window of opportunity for the region's governments to act independently of North American interests to ensure the matrix change to push for national production of electric vehicles and join the international supply chain.
Despite the regional lag, various measures are in place to expand the number of EVs in circulation. According to IEA monitoring, Chile, the country with the most progress, proposed in 2021, as a 2035 target that 100% of public transport (buses and taxis) should be electric, with progress reported in buses. In 2019, Colombia passed a law to ensure that at least 10% of the bus fleet is electric by 2025, increasing 10% per year until reaching 100% by 2035, and has achieved this goal. In 2020, Argentina set a target of 30% EC by 2030 and 100% by 2050, which is behind schedule. The alignment of the Milei government in favour of the US and against China puts this goal at risk. Other countries with explicit substitution targets are Costa Rica (100% EC by 2050), Ecuador (by 2025, all new purchases of mass passenger transport will be electric) and Honduras (50% of the entire fleet by 2030). Although no explicit target exists in Mexico, different electromobility projects have been pursued, especially in large cities (Mexico City and Guadalajara), including trolleybuses, cable cars, metro, light rail and buses.
The most successful case in LA is Chile, not only because of its progress in the transition but also because it has a national EC production company, Reborn Electric Motors, which started operations in 2021 (it has manufactured 100 buses). For now, it has only two small models (24 and 44 passengers), representing a significant potential for the internal development of the electromobility industry.
The importance of transition is critical to ensure that the region joins new transport technologies and China's leadership and combating climate change by reducing greenhouse gas emissions. Figure 3 shows the CO2 emissions avoided by introducing ECs in LA, which are increasing. Assuming an electric bus avoids 0.099 kt per year, with 5,084 buses in circulation, there were 501.6 kilotonnes (kt) fewer new emissions in 2023. Currently, if the 88,735 buses circulating in the region were all electric, 8,754.84 kt would no longer be emitted, equivalent to 2% of the CO2 emissions of Mexico or Brazil. In addition, the creation of recharging infrastructure must accompany the incorporation of electric vehicles in cities, which implies Government participation and will facilitate the electrification of other vehicles, both private and goods transport.
Therefore, if Latin America wants to accelerate its energy matrix change, it could join international supply chains, using its natural resources for batteries, such as lithium, and catch up with the US.
Mariana Morales Pérez[1] , OBELA[2]
The need to mitigate climate change has led to a transition to a more sustainable energy future that has triggered a revolution in the global energy landscape. The shift in the energy matrix, driven by growing concern about climate change and the search for cleaner, renewable energy sources, has opened up a range of opportunities for investors. From solar and wind energy to electricity storage and efficiency. Investments in this sector are not only driving technological innovation, but are also reshaping economies globally. This article will review the participation of the Red Dragon in Latin America in the electricity sector on the renewable energy side.
China's growing influence in Latin America has significantly reshaped the regional energy landscape. According to Boston University's China Global Finance database, there were USD 58.4 billion invested from 2000 to 2019. With a voracious demand for natural resources and an ambitious energy transition plan, China has channelled substantial investments into Latin American energy projects. This dynamic has accelerated the change in the region's energy matrix, boosted the exploitation of strategic mineral resources for electric batteries, the construction of energy infrastructure and the promotion of renewable energies. At the same time, growing energy interdependence has generated both opportunities and challenges for Latin American countries, in the context of competition between the US and China. In 2020, according to Bloomberg data, Chinese M&A deals in LA energy reached USD 7.7 billion, which accounted for 25% of total Chinese acquisitions globally. China generally requires projects that receive Chinese funds to buy its materials and equipment.
The governments of Michelle Bachelet and Sebastián Piñera encouraged Chinese foreign direct investment (FDI) in Chile. In 2018, China Southern Power Grid International bought 28% of Transelec, an electricity transmission company, for USD 1.3 billion. In early 2020, State Grid Corporation of China (SGCC) bought Chilquinta for more than USD 2 billion, a local electricity distributor in Valparaíso. In the same year, it announced the purchase of Compañía General de Electricidad (CGE), an electricity distributor, for more than USD 3 billion. This left the Chinese state-owned company as the owner of two of Chile's four electricity distributors, serving 57% of consumers, covering the entire network in the north of the country.
In Peru, China Southern Power Grid bought Enel in 2023, its distribution business for USD 2.9 billion, together with China Yangtze Power International (CYPI), a company controlled by China Three Gorges (CTG), dominate the market in Lima and have more than 50% share in national electricity distribution. CTG has assets in Colombia, Peru, Ecuador, Bolivia, Chile and Brazil where it is involved in hydro and wind farm operations.
Table 1 Chinese companies' projects 2018-2023 |
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Company |
Project |
Country |
Three Gorges |
Hydroelectric power plants and wind farms |
Brazil |
China Southern Power Grid |
Transelec electricity transmission and CGE |
Chile |
Enel distribution |
Peru |
|
State Grid State Grid Corporation of China (SGCC) |
Chilquinta and CGE electricity distribution companies |
Chile |
China United Engineering Corporation |
Thermoelectric plants |
Colombia |
Hydroglobal |
Thalassa Hydroelectric Plant |
Colombia |
Trina Solar |
Solar park |
Colombia |
Shanghai Electric Power Construction (SEPC) |
Cauchari Construction |
Argentina |
Talesun |
Cauchari solar panels |
Argentina |
Envision Energy |
Wind farms |
Mexico |
Dzilam |
Wind farms |
Mexico |
Source: OBELA with Dialogue Earth data |
In 2023, the large Chinese company SGCC won the largest auction in Brazil's history for electricity transmission lines, requiring an investment of more than USD 3.644 billion, according to the Ministry of Mines and Energy. The Chinese company offered a 39.9% discount on the maximum that the ministry had put up for auction to renew the electricity transmission park. In addition, they built 1,513 km of transmission lines in the states of Maranhão (Northeast), Tocantins (North) and Goiás (Centre-West). After the anti-Chinese campaign of former president Jair Bolsonaro, the presence of investment from the Asian country is expected to pick up under Lula da Silva's government, due to its support for the electric car and bus industries.
Mexico is a special case because of its close relationship with the US, which places it in the middle of the dispute between the great powers. Chinese Ambassador Zhang Run (2024) stated during the seminar New quality productive forces, a key factor for the development of China and Mexico, that "Chinese companies in the energy sector have invested in solar and wind energy projects in Mexico, and throughout the country there are a dozen (projects) with Chinese investment or participation.
The growing presence of the Asian power was driven by the restrictions imposed by the trade war started by Trump, who saw the opportunity to enter the Latin American market (see Ugarteche and De León C 2022[3] ). Between 2005-2022 there was an investment of 4.17 billion USD, in the first half of 2024 it was 235.1 million USD of FDI from the Asian country. The Red Dragon has the leading role in Latin America in the advancement of renewable energies to achieve a change in the energy matrix and mitigate climate change, unlike the United States, which promotes hydrocarbons.
Table 2 Energy consumption in LA 2021 |
||||||
Country |
Coal |
Hydrocarbons |
Natural gas |
Biofuels and waste |
Electricity |
Wind, solar, etc. |
Argentina |
1% |
41% |
35% |
4% |
20% |
0 |
Brazil |
3% |
43% |
5% |
28% |
20% |
0.40% |
Mexico |
1% |
56% |
9% |
7% |
26% |
0.40% |
Chile |
1% |
56% |
8% |
11% |
24% |
0.30% |
Colombia |
7% |
48% |
11% |
14% |
19% |
0 |
Peru |
2% |
49% |
11% |
16% |
22% |
0.20% |
Average region |
2% |
45% |
11% |
21% |
20% |
0.20% |
Source: OBELA with IEA data |
Despite significant investments in renewables, final demand is mostly fossil fuels, mainly in the form of hydrocarbons, which represent 45% of the average for the region; in the case of Mexico and Chile it is more than half and in the rest more than two fifths. Electricity consumption is only 20%. In a minimal proportion to solar, wind, and it is not present in all countries as in Argentina and Colombia. The region has a common goal of electrification, regardless of the source.
Table 3: Sources of electricity generation 2022 |
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Country |
Oil |
Natural Gas |
Biofuels |
Hydro |
Wind |
Coal |
Solar PV |
Other sources |
Argentina |
10% |
53% |
2% |
16% |
10% |
2% |
2% |
5% |
Brazil |
1% |
6% |
8% |
63% |
12% |
2% |
4% |
2% |
Mexico |
14% |
57% |
1% |
9% |
5% |
7% |
4% |
5% |
Chile |
3% |
20% |
5% |
23% |
10% |
22% |
16% |
1.3% |
Colombia |
3% |
16% |
3% |
72% |
0.10% |
5% |
0.40% |
0 |
Peru * Peru * Peru * Peru |
1% |
37% |
1% |
56% |
3% |
0.30% |
1% |
0 |
Region average* Average |
7% |
20% |
6% |
50% |
8% |
5% |
3% |
2% |
*data 2021 Source: OBELA with IEA data |
The change in the electricity matrix requires greater electrification, and this is where renewable energies have a major role to play. Electricity generation comes 68% from clean energy and 32% from conventional sources. Large hydroelectric power plants in Brazil account for around 63% of national electricity generation and only 9% from non-renewable sources, making the Brazilian electricity matrix one of the cleanest in the world. Colombia also generates hydroelectricity with 72%, but does not have the capacity to generate from wind or solar sources. In 2021, renewables accounted for 25% of Colombia's total supply and 29% of final consumption, well above the global IEA average of 14%, and accounted for 75% of electricity generation (compared to the IEA average of 30%). On the other hand, Chile has made the most progress with photovoltaic cells.
Graph 2: Electricity generation by renewable sources. Latin America (2014 and 2022) |
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Source: OBELA with IRENA data |
As can be seen in Graph 2, the renewable source that generates the most energy is hydroelectric power, which is a problem in the face of droughts that have caused blackouts, so countries have been forced to reduce their dependence on it. Wind energy has been gaining ground, but in the case of Colombia there are only two wind farms in operation in La Guajira. On the other hand, solar energy, from being insignificant in 2014, managed to gain ground in all countries, where eight of the top ten suppliers are of Chinese origin, headed by Longi, Jinko, Trina and Ja. Among the countries reviewed, only Mexico has geothermal energy and it has declined due to its high costs.
In conclusion, fossil fuels have traditionally been used for energy and electricity generation, such as coal or oil. The problem of climate change and securing the supply of these has turned the attention to renewable energies. Policies were implemented in different countries for the development of renewable energy alternatives. The technologies have faced barriers to their implementation such as high initial investment, weak legal framework or lack of energy policies, lack of financial incentives and poor infrastructure. China sees the energy sector as a key sector, which is why its companies are interested in it from the supply side. That is why they are investing across the region, which already controls electricity distribution. Energy production continues to be based on non-renewable sources; in these countries, oil has been a fundamental asset for their development, which makes it difficult to change the energy matrix. The main LA countries have made progress towards renewable energies, but the change in the energy matrix is still a long way off.
[1] Faculty of Economics, UNAM, member of OBELA.
[2] Dr. Oscar Ugarteche, Dr. José Carlos Díaz Silva, Gabriela Ramírez, Mariana Morales, Esmeralda Vázquez, Jennifer Montoya, Edwin Higinio, Carlos Madrid.
[3] Ugarteche, O., & De León, C. (2022, April-June). China and the change of the energy matrix in Latin America: a global political economy approach. Brazilian Journal of Political Economy, 42(2), 442-459.
En la reciente reunión de julio de 2023 del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, la cuestión de la demanda interna insuficiente fue calificada como uno de los desafíos fundamentales que enfrenta su economía en la actualidad. Xu Gao (徐高) economista jefe del Bank Of China (BOC) International, la filial del Banco de China que ofrece servicios financieros a empresas y particulares, cuarto banco comercial más grande del mundo, publicó recientemente un artículo que analiza este tema y donde hace una novedosa propuesta de redistribución universal de participaciones de las empresas estatales.
Según el FMI, China creció en 2022 un 3.0 % y tiene proyectado para 2023 un 5 %. Aunque el gigante asiático deja atrás el crecimiento a dos dígitos de las décadas pasadas, estas cifras siguen muy lejos de las de la zona euro, que pasó de crecer un 3,3 % en 2022 a tener proyectado un 0,7 % en 2023, o las de EEUU que se mantienen en 2.1 %. A pesar de esto, el gobierno chino se está toma seriamente los nuevos desafíos tanto del nuevo clima internacional como internos. Tanto la reunión de julio de 2023 del Buró Político del Comité Central del PCC, como en las recientes declaraciones del de su banco central, o los análisis del Instituto de Economía de la Academia China, coinciden en la necesidad de dirigir la capacidad estatal hacia el aumento de la demanda interna. La preocupación general es que si la demanda mundial no se recupera podrían tener problemas serios de una demanda total insuficiente ante sus crecientes capacidades productivas. Al contrario de lo que sucede en Occidente, el gigante asiático pasó en julio de 2023 en una ligera deflación transitoria del 0,3 % (IPC), lo que da un amplio margen de actuación.
Dentro de los elementos que configuran la demanda interna, Xu Gao, economista jefe del BOC, considera una prioridad aumentar la proporción del consumo de los hogares en el PIB. Según Gao, esta falla tiene su origen en un problema de distribución de ingresos. La parte más significativa del poder adquisitivo está en manos del sector corporativo, y si las empresas no están dispuestas a invertir debido a la perspectiva de bajos rendimientos y exceso de capacidad instalada, este poder adquisitivo no se traducirá en gasto. Una solución es entonces redistribuir directamente los ingresos desde el sector corporativo hacia la ciudadanía.
Hay tres vías clásicas que Xu Gao considera defectuosas para este objetivo. La primera es centrarse solo en la propensión al consumo, sin aumentar los ingresos, lo que implica aumentar el endeudamiento. La segunda, es el aumento de los salarios. Este tiene el riesgo de un aumento de los costes salariales de las empresas, una pérdida de empleos totales, y reducir entonces la proporción de los salarios en el total de la economía. La tercera es la de enviar dinero directamente a la gente a través de transferencias. Sin una mejora real en las expectativas de ingresos futuros de las personas, el aumento de ingresos a corto plazo corre el riesgo de ser ahorrado por los residentes y que no se convierta finalmente en consumo. Para sortear estos problemas potenciales, Xu Gao propone un "Plan de participación en la propiedad de empresas estatales para todos".
Este plan consiste en establecer múltiples fondos de inversión públicos, financiados con capital de todas las empresas estatales, cuyas utilidades derivadas sean repartidas universalmente a toda la población. La gente no puede vender sus participaciones, pero una vez al año pueden retirar dividendos para gastarlos o usarlos para comprar y vender los derechos derivados, en búsqueda del mayor rendimiento de inversión posible. Además, los ciudadanos propietarios de estos derivados pueden cambiarlos entre los diferentes fondos públicos cuando quieran, y estimular así la competencia entre estos por atraerlos. Este plan, según el economista del BOC, no solo constituirá una mejora en la distribución del ingreso, sino que también construye una relación sólida y de confianza entre los ciudadanos y las empresas estatales. Esto generará un “efecto riqueza” positivo para el consumo al sentirse toda la población directamente parte del desarrollo de las empresas públicas que a su vez se verán influidas por la dinámica competitiva de estos fondos. Es una manera de generar mecanismos de competencia de mercado, sin privatizar las empresas públicas, al mismo tiempo que se redistribuyen recursos desde el sector corporativo hacia las personas para estimular así formas óptimas de consumo e inversión.
En conclusión, si bien hay pocas dudas de que la era del crecimiento sostenido de dos dígitos ha terminado para China, sigue bien posicionada para lograr una tasa de crecimiento significativamente más alta que la mayoría del G-7. Su objetivo prioritario es ahora sostener parte de su crecimiento de forma endógena en un entorno internacional inestable y un posible deterioro de la demanda externa. Propuestas como la de Xu Gao, muestran que la enorme capacidad de las empresas estatales todavía permite a la economía más grande del mundo —medido en PPP— pensar formas innovadoras de redistribución de la propiedad y estímulo de la economía.
At the recent July 2023 meeting of the Political Bureau of the Communist Party of China's Central Committee, they named insufficient domestic demand as one of the key challenges facing its economy today. Xu Gao (徐高), chief economist of Bank Of China (BOC) International, the Bank of China's subsidiary offering financial services to enterprises and individuals, the world's fourth-largest commercial bank, recently published an article analysing this issue and making a novel proposal for universal redistribution of stakes in state-owned enterprises.
According to the IMF, China grew by 3.0 % in 2022 and projects 5 % in 2023. Although the Asian giant is leaving behind the double-digit growth of past decades, these figures are still far behind those of the Eurozone, which went from 3.3 % growth in 2022 to a projected 0.7 % in 2023, or the US, which remains at 2.1 %. Despite this, the Chinese government is taking seriously the new challenges of the new international and domestic climate. The July 2023 meeting of the Political Bureau of the CPC Central Committee, the recent statements of its central bank, and the analyses of the Institute of Economics of the Chinese Academy all agree on the need to direct state capacity towards increasing domestic demand. The general concern is that if global demand does not pick up, they could face severe problems of insufficient total demand in the face of their growing productive capacities. In contrast to the West, the Asian giant went through July 2023 in a slight transitory deflation of 0.3 % (CPI), which gives ample room for manoeuvre.
Among the elements shaping domestic demand, Xu Gao, chief economist at the BOC, considers increasing the share of household consumption in GDP a priority. According to Gao, this failure derives from an income distribution problem. The most significant part of purchasing power is in the hands of the corporate sector. The purchasing power of companies unwilling to invest due to the prospect of low returns and excess installed capacity does not translate into spending. One solution is to redistribute income directly from the corporate sector to the citizenry.
There are three classic paths that Xu Gao considers flawed for this objective. The first is to focus only on the propensity to consume without raising incomes, which implies increasing indebtedness. The second is to increase wages. It runs the risk of an increase in firms' wage costs and a loss of total jobs, thus reducing the share of wages in the entire economy. The third is to send money directly to people through transfers. Without a real improvement in people's future income expectations, short-term income gains run the risk of being saved by residents and not ultimately converted into consumption. To circumvent these potential problems, Xu Gao proposes an "Ownership Sharing Scheme of State-Owned Enterprises for All".
This plan establishes multiple public investment funds financed with capital from all state-owned enterprises, whose derived profits are distributed universally to the entire population. People cannot sell their shares, but once a year, they can withdraw dividends to spend them or use them to buy and sell the derivative rights in search of the highest possible investment return. In addition, citizens owning these derivatives can switch them between different public funds whenever they want, thus stimulating competition between them to attract them. According to the BOC economist, this plan will not only improve income distribution but also build a solid and trusting relationship between citizens and state-owned enterprises. It will generate a positive "wealth effect" for consumption as the entire population will feel directly involved in the development of public enterprises, which will influence the competitive dynamics of these funds. It is a way of generating market competition mechanisms without privatising SOEs while redistributing resources from the corporate sector to the people, thus stimulating optimal forms of consumption and investment.
In conclusion, while there is little doubt that the era of sustained double-digit growth is over for China, it remains well-positioned to achieve a significantly higher growth rate than most of the G-7. Its priority is to sustain some of its growth endogenously in an unstable international environment and a possible deterioration in external demand. Proposals such as Xu Gao's show that the enormous capacity of state-owned enterprises still allows the world's largest economy - measured in PPP - to think of innovative ways to redistribute ownership and stimulate the economy.
Mariana Morales Pérez [1], OBELA[2]
La necesidad por mitigar el cambio climático ha llevado a una transición hacia un futuro energético más sostenible que ha desencadenado una revolución en el panorama a nivel global. El cambio de la matriz energética, impulsado por la creciente preocupación por el calentamiento global y la búsqueda de fuentes de energía más limpias y renovables, ha abierto un abanico de oportunidades para inversores. Desde la energía solar y eólica hasta el almacenamiento de electricidad y su eficiencia. Las inversiones en este sector no solo están impulsando la innovación tecnológica, sino que también están reconfigurando las economías a nivel mundial. En este artículo se revisará la participación del Dragón Rojo en América Latina en el sector eléctrico en la parte de energías renovables.
La creciente influencia de China en América Latina ha reconfigurado significativamente el panorama energético regional. De acuerdo con la base de datos de Financiamiento Global de China de la Universidad de Boston, hubo 58,4 mil millones de USD invertidos del 2000 al 2019. Con una voraz demanda de recursos naturales y un ambicioso plan de transición energética, China ha canalizado cuantiosas inversiones en proyectos energéticos latinoamericanos. Esta dinámica ha acelerado el cambio de matriz energética en la región, impulsó la explotación de recursos minerales estratégicos para las baterías eléctricas, la construcción de infraestructura energética y la promoción de energías renovables. A su vez, la creciente interdependencia energética ha generado tanto oportunidades como desafíos para los países latinoamericanos, en el marco de la competencia entre EEUU y China. En 2020, con datos de Bloomberg, los acuerdos chinos de fusiones y adquisiciones en energía de AL alcanzaron los 7.700 millones USD, que representó el 25% del total de las adquisiciones chinas a nivel mundial. China generalmente requiere que los proyectos que reciben de sus fondos compren sus materiales y equipos.
Los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera incentivaron la inversión extranjera directa (IED), china en Chile. En 2018, China Southern Power Grid International compró el 28% de Transelec, empresa de transmisión eléctrica por 1.300 millones USD. A principios de 2020, State Grid Corporation of China (SGCC) compró Chilquinta por más de 2.000 millones USD, una distribuidora eléctrica local en Valparaíso. En ese mismo año, anunció la compra de la Compañía General de Electricidad (CGE) distribuidora eléctrica por más de 3.000 millones USD. Con esto la estatal china quedó de propietaria de dos de las cuatro distribuidoras eléctricas de Chile, atendiendo al 57% de los consumidores, que abarca toda la red al norte del país.
En Perú, China Southern Power Grid compró Enel en 2023, su negocio de distribución por 2.900 millones USD, junto a China Yangtze Power International (CYPI), empresa controlada por China Three Gorges (CTG), dominan el mercado en Lima y tienen más del 50% de participación en la distribución eléctrica nacional. CTG tiene activos en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Brasil donde participa en operaciones de centrales hidroeléctricas y parques eólicos.
Cuadro 1 Proyectos de empresas Chinas 2018-2023 |
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Empresa |
Proyecto |
País |
Three Gorges |
Centrales hidroeléctricas y parques eólicos |
Brasil |
China Southern Power Grid |
Transelec transmisión eléctrica y CGE |
Chile |
Enel distribución |
Perú |
|
State Grid State Grid Corporation of China (SGCC |
Chilquinta y CGE distribuidoras electricas |
Chile |
China United Engineering Corporation |
Termoeléctricas |
Colombia |
Hydroglobal |
Planta Hidroeléctrica Talasa |
Colombia |
Trina Solar |
Parque solar |
Colombia |
Shanghai Electric Power Construction (SEPC) |
Construcción Cauchari |
Argentina |
Talesun |
Paneles solares Cauchari |
Argentina |
Envision Energy |
Parques eólicos |
México |
Dzilam |
Parques eólicos |
México |
Fuente: OBELA con datos Dialogue Earth |
En 2023, la gran empresa de origen chino SGCC ganó la mayor subasta en la historia de Brasil de líneas de transmisión eléctrica, requirió una inversión de más de 3.644 millones de USD, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía. Ante esto la empresa china ofreció un descuento del 39.9% sobre el máximo que había colocado a subasta el ministerio para renovar el parque de transmisión eléctrica. Además, construyeron 1,513 km de líneas de transmisión en los estados de Maranhão (al Noreste), Tocantins (Norte) y Goiás (Centro-Oeste). Tras la campaña antichina del ex presidente Jair Bolsonaro, se espera que repunte la presencia de inversión del país asiático con el gobierno de Lula da Silva, debido a su apoyo a la industrias de autos y buses eléctricos.
México es un caso especial por su gran relación con EE.UU, que lo sitúa en medio de la disputa entre las grandes potencias. El embajador de China Zhang Run (2024) afirmó durante el seminario Fuerzas productivas de nueva calidad, factor clave para el desarrollo de china y México, que “las empresas chinas del sector energético han invertido en proyectos de energía solar y eólica en México y en todo el país hay una docena (proyectos) con inversión o participación de China.
La creciente presencia de la potencia asiática fue impulsada por las restricciones impuestas por la guerra comercial que comenzó Trump, que vio la oportunidad de entra en el mercado latinoamericano (véase que Ugarteche y De León C 2022[3]). Entre 2005-2022 hubo una inversión de 4.170 millones USD, en el primer semestre de 2024 fue de 235.1 millones USD de IED provenientes del país asiatico. El Dragón Rojo tiene el protagonismo en América Latina en el avance en las energías renovables para lograr el cambio de matriz energética, y mitigar el cambio climático, a diferencia de Estados Unidos que impulsa los hidrocarburos.
Cuadro 2 Consumo de energía en AL 2021 |
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País |
Carbón |
Hidrocarburos |
Gas natural |
Biocombustribles y desperdicio |
Electricidad |
Eólica, solar, etc. |
Argentina |
1% |
41% |
35% |
4% |
20% |
0 |
Brasil |
3% |
43% |
5% |
28% |
20% |
0.40% |
México |
1% |
56% |
9% |
7% |
26% |
0.40% |
Chile |
1% |
56% |
8% |
11% |
24% |
0.30% |
Colombia |
7% |
48% |
11% |
14% |
19% |
0 |
Perú |
2% |
49% |
11% |
16% |
22% |
0.20% |
Promedio región |
2% |
45% |
11% |
21% |
20% |
0.20% |
Fuente: OBELA con datos IEA |
A pesar de las importantes inversiones en renovables, la demanda final en su mayoría es fósil, principalmente en forma de hidrocarburos que representa el 45% del promedio de la región, en el caso de México y Chile es más de la mitad y en el resto más de dos quintas partes. El consumo de electricidad es solo del 20%. En una proporción mínima a solar, eólica, además de que no está presente en todos los países como en Argentina y Colombia. La región tiene como objetivo en común su electrificación, sin importar la fuente de donde provenga.
Cuadro 3: Fuentes de generación de electricidad 2022 |
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País |
Petróleo |
Gas Natural |
Biocombustibles |
Hidro |
Eólica |
Carbón |
Solar PV |
Otras fuentes |
Argentina |
10% |
53% |
2% |
16% |
10% |
2% |
2% |
5% |
Brasil |
1% |
6% |
8% |
63% |
12% |
2% |
4% |
2% |
México |
14% |
57% |
1% |
9% |
5% |
7% |
4% |
5% |
Chile |
3% |
20% |
5% |
23% |
10% |
22% |
16% |
1.3% |
Colombia |
3% |
16% |
3% |
72% |
0.10% |
5% |
0.40% |
0 |
Perú * |
1% |
37% |
1% |
56% |
3% |
0.30% |
1% |
0 |
Promedio región* |
7% |
20% |
6% |
50% |
8% |
5% |
3% |
2% |
*datos 2021 Fuente: OBELA con datos IEA |
El cambio de matriz requiere de una mayor electrificación, es aquí donde las energías renovables tienen un papel principal. La generación de electricidad viene un 68% de energías limpias y el 32% de fuentes convencionales. Las grandes centrales hidroeléctricas en Brasil representan alrededor del 63% de la generación eléctrica nacional y de fuentes no renovables tan solo el 9%, lo que hace que la matriz eléctrica brasileña sea una de las más limpias del mundo. Colombia también genera hidroeléctricas con el 72%, pero no cuenta con la capacidad para generar de fuentes eólicas ni solares. En 2021, las energías renovables representaron el 25% del suministro total de Colombia y el 29% del consumo final, muy por encima del promedio de la AIE mundial del 14%, y representaron el 75% de la generación de electricidad (en comparación con el promedio de la AIE del 30%). Por otro lado, Chile es el que mayor avance tiene con las celdas fotovoltaicas.
Gráfica 2: Generación eléctrica por fuentes renovables. América Latina (2014 y 2022) |
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Fuente: OBELA con datos IRENA |
Como se ve en la Gráfica 2 la fuente renovable que más genera energía es la hidroeléctrica, que supone un problema ante las sequias que han generado apagones, por lo que los países se han visto obligados a bajar la dependencia de esta. La energía eólica ha ido ganando terreno, pero en el caso de Colombia sólo cuenta con dos parques eólicos en funcionamiento ubicados en La Guajira. Por otra parte, la energía solar de ser poco significativa en 2014 logró ganar terreno en todos los países, donde ocho de los diez principales proveedores son de origen chino, encabezados por Longi, Jinko, Trina y Ja. Entre los países revisados sólo México cuenta con energía geotérmica y ha disminuido por sus elevados costos.
En conclusión, los combustibles fósiles se han usado tradicionalmente para la generación de energía y electricidad, como el carbón o el petróleo. El problema del cambio climático y el poder asegurar el suministro de estas, ha vuelto la atención a las energías renovables. Se implementaron políticas en diferentes países para el desarrollo de energías alternativas renovables. Las tecnologías han tenido barreras para su implementación como es el caso de la alta inversión inicial, el débil marco legal o la falta de políticas energéticas, la falta de incentivos financieros y la deficiente infraestructura. China ve al sector energético como un sector clave, por ello sus empresas están interesadas en este desde la oferta. Por eso invierten en toda la región, que ya controlan la distribución de electricidad. La producción energética sigue basada en fuentes no renovables, en estos países el petróleo ha sido un bien fundamental para su desarrollo lo que dificulta el cambio de matriz energética. Los principales países de AL han avanzado hacia las energías renovables, pero el cambio de matriz aún se encuentra lejos.
[1] Facultad de Economía, UNAM, miembro de OBELA.
[2] Dr. Oscar Ugarteche, Dr. José Carlos Díaz Silva, Gabriela Ramírez, Mariana Morales, Esmeralda Vázquez, Jennifer Montoya, Edwin Higinio, Carlos Madrid.
[3] Ugarteche, O., & De León, C. (2022, April-June). China and the change of the energy matrix in Latin America: a global political economy approach. Brazilian Journal of Political Economy, 42(2), 442-459.
China es el principal productor y comprador de vehículos (VE) y autobuses eléctricos (AE) en el mundo y ha sido el primero en electrificar su transporte privado y masivo de pasajeros. Lo anterior ha intensificado las disputas comerciales entre China y EEUU, donde la primera es la líder mundial. Las medidas estadounidenses (mediante la ley de reducción de la inflación, IRA, estímulos fiscales a las empresas, subsidios de 7,500 dólares a la compra de EV y aranceles de 25% sobre los autos chinos) intentan proteger y lograr impulsar su industria. Según el informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de 2024 lo más probable es que las empresas chinas se impongan en la competencia internacional, ya que dominan la cadena de suministro de todas las empresas de VE (desde las alemanas hasta las norteamericanas) que le compran sus insumos. La disputa en América Latina (AL) y en especial en México, se concentra en tratar de expandir sus medidas restrictivas al resto de países, intentando bloquear la entrada de competidores como BYD.
Las medidas de EEUU no solo limitan la entrada de empresas chinas, también frenan la transición energética en la región, toda vez que Norteamérica no tiene la capacidad tecnológica para ponerla en marcha. Sin embargo, además de los VE, el transporte masivo de pasajeros también avanza hacia la electrificación. A diferencia de los VE, en la industria de los AE EEUU no solo no compite, sino que no existe, Proterra, empresa de origen estadounidense produjo 1,041 AE y quebró en 2023; por su parte BYD, ha entregado más de 70 mil buses en todo el mundo hasta 2023. Por lo anterior China tiene una vía de acceso hacia los mercados latinoamericanos. Si bien, por el momento, los AE no son de uso generalizado en la región, hay señales de una lenta transición.
En este ensayo revisaremos las políticas que han seguido los diferentes gobiernos latinoamericanos, cómo se ha avanzado en la electrificación del transporte masivo de pasajeros y el predominio chino en este campo.
De acuerdo con la AIE (2024) a nivel mundial, China es el país que más ha avanzado en la electrificación de su transporte masivo. Desde 2022, más del 64% de su flota de autobuses son eléctricos, muy por delante de occidente. Para enero de 2024, en Alemania, solo el 4.5% de los autobuses públicos eran eléctricos, y en EEUU 0.5%. Sin embargo, la adquisición de AE se aceleró desde 2020. En Europa, los registros de nuevos AE de baterías se expandió anualmente 37.25% en promedio, entre 2020 y 2023, y durante el último año en 53%, lo que muestra un cambio de tendencia, aunque sigue siendo bastante desigual, aun sin contar a China.
En 2023, el 3% de los nuevos autobuses adquiridos fueron eléctricos, y en algunos países representó más de una quinta parte (Canadá, Chile, Finlandia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia). En total se compraron poco más de 50 mil AE, alcanzando más 635 mil en funcionamiento en dicho año, de los cuáles más de 480 mil (el 76.4%) están en China. El bajo porcentaje mundial se debe a que EEUU y los países emergentes no tienen una política de transición aún, pero es claro que la tendencia avanza. En el Gráfico 1 puede observarse la amplia dominación de China en el mercado. Aunque las ventas globales de AE han disminuido desde 2017 ello se debe al éxito chino en su transición. En 2022 y 2023 las ventas fueron impulsadas también por Europa y otras regiones (entre ellas AL), lo que muestra que el mercado está en ascenso y hay un atraso de occidente y el sur global en la transición. Bajo este panorama, los principales impulsores del transporte masivo de pasajeros son todas empresas chinas, como BYD, Youtong, Zhongtong o Foton, entre otras.
A diferencia de los VE, donde existe una clara competencia entre el dragón rojo y EEUU (Tesla) y Alemania (BMW, Mercedes Benz, Volkswagen), los oferentes de AE en el mundo son orientales. Como se observa en el Cuadro 1, fuera de China, en todas las regiones domina BYD, incluso en Europa, quien tiene mayor capacidad competitiva está dominada por AE chinos y ha mostrado dificultades para seguirle el ritmo. Van Hool, empresa de origen belga, se declaró en quiebra el 8 de abril de 2024, fue comprada por el grupo GWR, de los Países Bajos. Las empresas chinas, como BYD continúan con sus proyectos de expansión internacional. En Latinoamérica el oferente principal es también BYD, seguido de Foton (chino) y Youtong.
Cuadro 1: principales marcas de camionetas y buses eléctricos según región y origen del capital propietario en 2022 |
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Ranking |
Estados Unidos y Canadá |
Europa |
China |
Otras regiones |
1 |
BYD (China) |
BYD (China) |
Skywall (China) |
Youtong (China) |
2 |
Green Power (Canadá) |
Van Hool (Países Bajos) |
Ankai (China) |
BYD (China) |
3 |
Lion (Canadá) |
Solaris (Polonia) |
Farizon (China) |
TATA Motors (India) |
4 |
Proterra (China) |
Volvo (China) |
Shudu (China) |
Jac (China) |
5 |
Peterbilt (EEUU) |
Mercedez-Benz (Alemania) |
BYD (China) |
Volvo (China) |
Fuente: Elaboración de OBELA con datos de CATALSTART |
Algunos países de AL han avanzado más que EEUU y Alemania en la transición de su transporte de pasajeros. Como se observa en el Cuadro 2, a diciembre del 2023 existían 5,084 AE en AL, que representan 5.73% del total de autobuses de la región, siendo la mayoría de baterías, seguidos de trolebuses. Según E-Bus Radar, el avance se concentra en cinco países (Chile, Colombia, México, Uruguay y Brasil) y cinco ciudades (Santiago, Bogotá, Ciudad de México, Sao Paulo y Montevideo). En términos relativos, destacan Chile y Uruguay, cuya flota eléctrica representan el 21.38% y 18.7%, respectivamente, muy por encima de la media internacional.
Cuadro 2: Flota de AE en distintos países y su participación en el mundo y nacional a fines de 2023. | |||
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País | Buses Eléctricos | Participación en el mundo | Partición nacional |
China | 485,000 | 76.4% | 64.0% |
Estados Unidos | 5,480 | 0.9% | 0.5% |
Alemania | 1,884 | 0.3% | 4.5% |
América Latina | 5,084 | 0.8% | 4.7% |
México | 654 | 0.1% | 3.8% |
Argentina | 99 | 0.0% | 9.9% |
Brasil | 444 | 0.1% | 2.2% |
Chile | 2,043 | 0.3% | 21.4% |
Colombia | 1,590 | 0.3% | 11.4% |
Uruguay | 36 | 0.0% | 18.7% |
Total de buses | 635,000 | ||
Fuente: Elaboración de OBELA con datos de E-Bus Radar, PWC, AIE, Statista y Catalstart |
A diferencia del mercado de EV, donde EEUU ha desplegado políticas proteccionistas para intentar desarrollar su industria, para los AE, no existe. Proterra, principal productor de AE estadounidense, comenzó su proceso de quiebra en agosto de 2023 y fue adquirida en noviembre de ese año por Volvo Battery Solutions, empresa que actualmente es de capital chino (Geely). El retraso tecnológico norteamericano es un problema para AL, especialmente para la Cuenca del Caribe (de Colombia al norte), cuya articulación con ellos frena la transición energética. Los AE abren una ventana de oportunidad para que los gobiernos de la región actúen con independencia de los intereses norteamericanos, para asegurar el cambio de matriz y promover la producción nacional vehículos eléctricos e incorporarse a la cadena internacional de suministro.
A pesar del atraso regional, se han dictado diferentes medidas para ampliar los AE en circulación. De acuerdo con el monitoreo de la AIE, Chile, el país con más avance, propuso en 2021, como meta para 2035 que el 100% del transporte público (buses y taxis), sea eléctrico, y de esto ha avanzado en los buses. Colombia en 2019 promulgó una ley para que en 2025 al menos el 10% de la flota de buses sean eléctricos, aumentado 10% anual hasta llegar al 100% en 2035 y ha cumplido. En 2020 Argentina fijó la meta de 30% de AE para 2030 y de 100% para 2050, y viene retrasado. El alineamiento del gobierno de Milei a favor de EEUU y en contra de China, arriesga esta meta. Otros países con metas explícitas de sustitución, son Costa Rica (100% de AE para 2050), Ecuador (para 2025 todas las compras nuevas de transporte masivo de pasajeros serán eléctricos) y Honduras (50% de toda la flota para 2030). En el caso de México, aunque no existe una meta explícita, se han seguido diferentes proyectos de electromovilidad, especialmente en las grandes ciudades (Ciudad de México y Guadalajara), que incluye trolebuses, teleféricos, metro, tren ligero y buses.
El caso más exitoso de AL es Chile, no solo por el avance en la transición, sino porque cuenta con una empresa nacional de producción de AE: Reborn Electric Motors, que comenzó operaciones en 2021 (ha fabricado 100 buses), aunque por ahora cuenta con solo dos modelos pequeños (de 24 y 44 pasajeros), representa un importante potencial para el desarrollo interno de la industria de electromovilidad.
La importancia de la transición es fundamental para asegurar que la región se incorpore a las nuevas tecnologías del transporte y al liderazgo de China, así como combatir el cambio climático a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el Gráfico 3 se muestran las emisiones de CO2 evitadas por la introducción de AE en AL, que van en aumento. Asumiendo que en 2023 se evitaron 501.6 kilotoneladas (kt) y había en circulación 5,084 implica que se evitan 0.099 kt anuales por cada bus. Actualmente, si los 88,735 buses que circulan en la región fueran todos eléctricos, se dejarían de emitir 8,754.84 kt, equivalente al 2% de las emisiones de CO2 de México o Brasil. A esto se suma que la incorporación de AE en las ciudades deberá ir acompañado de la creación de infraestructura de recarga, que implica la participación de los gobiernos, lo que facilitará la electrificación del resto de vehículos, privados y de transporte de mercancías.
Por tanto, si Latinoamérica desea acelerar su cambio de matriz energética, podrían incorporarse a las cadenas internacionales de suministro, con un uso de sus recursos naturales para las baterías, como el litio y remontar el retraso estadounidense.
Según los datos más recientes de 2020, la República Popular China es la mayor potencia emergente del mundo y el segundo país según su PIB (14 billones de dólares corrientes). Tiene una población de 1,400 millones de habitantes y es el mayor productor de electricidad en el mundo (7.8 teravatios-hora) y ha logrado su autosuficiencia energética. Es también el mayor emisor de CO2 en el mundo (10668 millones de toneladas de CO2) al tener al carbón como su principal fuente y es el principal importador de gas en el mundo. El modo de generación eléctrica de este país es globalmente importante por estas razones. El presente análisis se enfocará en la importancia que tiene la generación eléctrica en la República Popular China (RPC) con relación a sus fuentes y las acciones en curso para cambiar su matriz energética.
Se destaca que las decisiones de la RPC, tanto en energía como en otros aspectos, son de vital importancia para la humanidad, ya que pueden sentar una guía para que otros países decidan qué acciones tomar. Este país cuenta con cuatro rasgos importantes en materia energética:
• Alta intensidad energética,
• Dependencia del carbón,
• Importaciones crecientes de gas, e
• Importaciones crecientes de petróleo.
Derivado de la Pandemia de COVID-19, se abrió la pregunta por su autosuficiencia ya que la producción china de energía eléctrica se vio mermada, cuando entre el 2020 y 2022 se suscitó una crisis energética que provocó apagones y racionamiento de la electricidad en todo el país, principalmente en la costa este. La más importante fue en 2021, cuando la reactivación de las industrias después de los confinamientos causó un aumento de la demanda eléctrica con efectos sobre los precios del carbón, provocando escasez de ésta. En respuesta de estos sucesos, el gobierno chino obligó a las distribuidoras eléctricas a cortarles el suministro a fábricas y hogares por horas. Pese a estar en un proceso de sustitución energético para cumplir las normas medioambientales internacionales, esto indica una fuerte dependencia china al carbón.
En el mundo, se destaca que los combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) son origen de tres cuartas partes de toda la energía producida en el mundo. El carbón ha sido desplazado en estos años por otros energéticos, pero aun es la fuente del 25% de la energía que se utiliza mundialmente. Una de las alternativas energéticas es el gas.
La RPC y Rusia han tenido acuerdos en los últimos años en materia energética y especialmente en el suministro de gas:
• En 2014 firmaron un acuerdo calculado en 400,000 millones de dólares durante 30 años y la construcción del gasoducto “Siberia Power”.
• En 2019, se proyectó la construcción de un segundo gasoducto (“Siberia Power 2”) para proveer al país asiático de 30,000 millones de metros cúbicos al año adicionales.
• Recientemente, en febrero de 2022, la República Popular China y Rusia han firmado un acuerdo para aumentar el suministro de gas al gigante asiático a través un nuevo gasoducto llamado “Soyuz Vostok”, que será la ampliación de “Siberia Power 2”.
Este acuerdo permitirá exportar 10 mil millones de m3 por año al país asiático durante las próximas tres décadas. Estas relaciones entre las dos superpotencias acrecentaron la inestabilidad en Europa a partir de la publicación de este acuerdo (tanto energética como políticamente) y significó un contrapeso ante el acercamiento de las relaciones entre Estados Unidos y el viejo continente por los sucesos en Ucrania. A pesar de las normas medioambientales, las emisiones de este gas de efecto invernadero sigue en auge.
China genera más energía renovable que Europa. En la siguiente gráfica, se puede ver la participación de la producción de energía a través de fuentes renovables en la RPC.
En esta gráfica se puede denotar que la participación porcentual de las energías renovables sigue creciendo. Es mayor en términos absolutos respecto a la producida por la Unión Europea y mantiene una participación por encima del 25% en estos últimos 5 años. Aun así, sus emisiones de carbono no se han reducido y la dependencia que tiene hacia los combustibles fósiles puede acrecentarse aún más con el nuevo suministro de gas proporcionado desde Rusia. Sin embargo, esto también podría suponer el primer paso para dejar de depender del carbón para producir electricidad.
Las energías renovables han sido un tema recurrente en los proyectos nacionales de energía alrededor del mundo por su importancia para reducir las emisiones de carbono y transitar hacia una generación de energía que tenga el menor impacto posible para el medio ambiente. Por lo tanto, es importante que una superpotencia emergente, como lo es la República Popular China, por su importancia en el mundo, así como otras potencias, tengan y refuercen su énfasis en la producción de energía a través de fuentes que son renovables. En un contexto tan agresivo e incierto como el actual (marzo del 2022), los productos energéticos se han vuelto un instrumento de guerra como de paz.
According to the most recent 2020 data, the People's Republic of China is the world's most considerable emerging powerand the second-largest country in GDP (14 trillion current dollars). It has a population of 1.4 billion and is the world's largest producer of electricity (7.8 terawatt-hours). It is also the world's largest CO2 emitter (10668 million tonnes of CO2), with coal as its primary source and the most significant gas importer. The country's mode of electricity generation is globally crucial for these reasons. This analysis will focus on the importance of power generation in the People's Republic of China (PRC) concerning its sources and the ongoing actions to change its energy mix.
The PRC's decisions, both in energy and other aspects, are vital to humankind, as they can guide other countries to decide what actions to take. The PRC has four important energy features:
- High energy intensity,
- Dependence on coal,
- Increasing gas imports, and
- Increasing oil imports.
As a result of the COVID-19 pandemic, the question of self-sufficiency emerged as China's electricity production was eroded. An energy crisis occurred between 2020 and 2022, causing blackouts and electricity rationing across the country, mainly on the east coast. The most significant one was in 2021, when the reactivation of post-confinement industries caused an increase in electricity demand with effects on coal prices, leading to coal shortages. In response to these events, the Chinese government forced electricity distributors to cut off hourly supply to factories and households. Despite being in the process of energy substitution to meet international environmental standards, this indicates a solid Chinese dependence on coal.
Globally, fossil fuels (coal, gas and oil) account for three-quarters of global energy. Coal has been displaced in recent years by other energy sources, but it is still the source of 25% of the energy used worldwide. One of the lesser polluting energy alternatives is gas.
The PRC and Russia have had agreements in recent years on energy and especially on gas supplies:
- In 2014, they signed an agreement estimated at $400 billion over 30 years and the construction of the "Siberia Power" gas pipeline.
- In 2019, a second pipeline ("Siberia Power 2") was agreed to supply the Asian country with an additional 30 billion m3 per year.
- Recently, in February 2022, the People's Republic of China and Russia have signed an agreement to increase gas supplies to the Asian giant through a new pipeline called "Soyuz Vostok", which will be the extension of "Siberia Power 2".
This recent agreement will allow for additional 10 billion m3 per year to the Asian country for the next three decades. The relationship between the two Asian superpowers increased instability (both energetically and politically) in the West, given the agreement’s publication the day after the invasion of Ukraine. The deal provides Russia with a counterweight to long term economic sanctions. The rapprochement between the United States and the old continent due to the events in Ukraine to punish its leading gas supplier at the same time opens for an increase of the US share of Europe's gas market. The US entered Europe’s gas market in 2019 in a major way. Despite environmental standards, greenhouse gas emissions continue to rise worldwide, and no superpower takes the issue seriously because they all want a growing gas market share.
China generates more renewable energy than Europe. The following graph shows the share of energy production from renewable sources in the PRC. The graph shows that the percentage share of renewable energy continues to grow. It is higher in absolute terms than that produced by the European Union and has maintained a share of over 25% in the last five years. Even so, its carbon emissions remain high, and its dependence on fossil fuels may increase further with new gas supplies from Russia. However, this could also be the first step away from reliance on coal to produce electricity.
Renewable energy has been a recurring theme in national energy projects worldwide because of its importance in reducing carbon emissions and moving towards energy generation with the least possible impact on the environment. Therefore, it is vital that an emerging superpower such as the People's Republic of China, because of its global importance and other powers, reinforce its emphasis on energy production through cleaner and renewable sources. Energy products have become an instrument of war and peace in the existing aggressive and uncertain context (March 2022).
WASHINGTON — The impending release of a key government report on climate change will force President Trump to choose between accepting the conclusions of his administration’s scientists and the demands of his conservative supporters, who remain deeply unconvinced that humans are the cause of the planet’s warming.
A White House official said on Tuesday that it was still reviewing the draft document that was written by scientists, some of whom have said they fear Mr. Trump will seek to bury it or alter its contents before it is formally released. Sarah Huckabee Sanders, the White House press secretary, said the administration would not comment on the report before its scheduled release this fall.
But the looming publication of the climate report — which concludes that “evidence for a changing climate abounds, from the top of the atmosphere to the depths of the oceans” — once again raises a contentious policy issue that has deeply divided Mr. Trump’s closest advisers since he arrived in the Oval Office.
Like his June decision to withdraw from the Paris climate accord, Mr. Trump’s response to the scientific conclusions in the forthcoming Climate Science Special Report will have broad implications for the American scientific community; local and state governments; and the global effort to combat the effects of rising temperatures that are already unfolding.
“We’ll be watching the administration very carefully on this,” said Kassie Siegel of the Center for Biological Diversity, which sued President George W. Bush after his administration repeatedly stalled the release of a previous climate change assessment. Ms. Siegel said her group would be “assessing all legal options, and returning to court at the earliest possible time to ensure that this essential report is released as required.”
The special report is part of the National Climate Assessment, which presidents are required by law to conduct every four years. The assessment details the risks that climate change poses to the United States, so as to inform federal agencies and local policy makers as they prepare for droughts, rising sea levels and other effects. But presidents have historically had wide latitude in how to play the findings.
For Mr. Trump, that means deciding whether his message on the campaign trail will guide his actions as president. In a speech in South Carolina in December 2015, Mr. Trump criticized President Barack Obama for talking about climate change, suggesting strongly that he would take a different approach if elected.
“A lot of it’s a hoax, it’s a hoax,” said Mr. Trump, then a Republican primary candidate. “I mean, it’s a moneymaking industry, O.K.? It’s a hoax, a lot of it.”
Since taking office, Mr. Trump and his advisers have argued that the global fight against climate change is a threat to the American economy. In his speech withdrawing from the Paris accord, the president said the agreement imposes “draconian financial and economic burdens” that are “unfair, at the highest level, to the United States.”
Mr. Trump could quietly publish the special report this year and the broader assessment when the final version is due in 2018. He could also make the case that the findings should be tempered by the economic effects that fighting climate change could have on American workers and businesses.
Or, as some scientists fear, he could try to alter or suppress the special report before it is actually released.
President Bill Clinton’s administration released the first National Climate Assessment in 2000 to little fanfare, wary of injecting the scientific report into a presidential campaign in progress. Mr. Bush’s administration delayed for years on releasing an updated version until the environmental groups successfully sued it. A final version was quietly released beginning in May 2008.
The Obama administration, by contrast, trumpeted the third version of the assessment in 2014, with the government building a graphics-heavy website to tout the findings and Mr. Obama conducting TV interviews on weather networks about the effects of global warming.
The draft special report on climate change now under review by the White House focuses primarily on the physical science of global warming, and will feed into a much broader evaluation of the potential social and economic consequences of climate change.
The current draft of the climate science report was written by scientists inside and outside government, with input from the public and the National Academy of Sciences, which praised an earlier draft and recommended relatively minor changes.
The report will now go before a White House committee staffed by political appointees from 13 agencieswho are expected to complete their review by Aug. 18.
Ms. Sanders said the issue was still under consideration inside the administration, and she criticized The New York Times for writing about a draft that was not yet complete.
Scientists who fear that the White House could tamper with the report have focused on this review, noting that political appointees could demand major changes or deletions, or simply refuse to approve the report at all.
So far, there are no signs of such tampering, said Robert E. Kopp of Rutgers University, one of the contributing authors of the draft. “I would be surprised if they chose to make major changes, given that the report is already public,” he said. “I suspect we will know more later this month.”
A bigger question is whether Mr. Trump will choose to discuss the climate science report and the broader National Climate Assessment when they are finally released — or if he will play them down.
“At some point, the political and communications staff gets involved and decides how they want to handle the report,” said Paul Bledsoe, who coordinated communications strategy in the Clinton White House for the first assessment report in 2000.
In past administrations, the White House science adviser has been closely involved in these discussions, working with both the president and political operatives to map out a strategy for talking about the report. But Mr. Trump has not yet selected a science adviser, and his Office of Science and Technology Policy, which typically oversees the release of these reports, remains mostly empty.
The Intergovernmental Panel on Climate Change ((IPCC) published Group II's contribution to the Sixth Assessment Report on Climate Change in February 2022. With an emphasis on adaptation and vulnerability, this report seeks to warn of the consequences of climate change without decisive action shortly. In face of this, the G7 is more prepared for war than for the planet.
Human-induced climate change has pushed ecosystems beyond their capacity to adapt. Antarctica reached record temperatures during an unprecedented heatwave despite being known as the coldest spot on the planet. Around the Concordia research station, the temperature reached -11.5° Celsius; while not a warm temperature as such, it is 38° Celsius above the usual for the area. The report is confident that climate change has harmed people's health (both physical and mental). From the rise in food and water-borne diseases due to extreme heat to psychological trauma, victims of natural disasters or loss of culture and quality of cultural life relate to weather events. About 3.3 billion people worldwide are vulnerable to climate change, which means that 4 out of 10 people on the planet suffer first-hand the consequences of environmental damage.
The effects of climate change come in the form of more violent storms, rising sea levels, acidification of the oceans, loss of marine wildlife in fresh and salt waters, droughts, landslides, the disappearance of various species on land, increased fires and weather extremes, and, consequently, uncertainty in food and water security for humanity.
As reported in previous notes, the Paris Agreement aims to keep global temperatures from rising by no more than 1.5°C to avoid significant biodiversity loss. Already having risen by 1.1°C, the IPCC recommendations assume the temperature will reach the ceiling in the remainder of the decade. UN Secretary-General António Guterres said that ignoring the current state of the environment and delaying any climate action would only be a death sentence for humanity. He said it was essential that fossil fuels phase out once and for all and that it was necessary to look to renewable energies as the "only way forward."
This decade is crucial for moving away from the use of fossil fuels. According to the International Institute for Sustainable Development, rich countries must end oil and gas production by 2034 if they do not want to exceed the 1.5° C ceiling. The richest, which produce more than a third of the world's oil and gas, must cut production by 74 percent by 2030. The poorest, which supply just one-ninth of global demand, must cut it by 14%. The remaining medium producers will have to cut production by 43-18%. However, as we can see from the graph, consumption does not seem to be falling and is unlikely to do so shortly. For example, Russia and the United States plan to increase their oil production over the next few years, meaning the decline in fuel consumption is not close.
Adaptation planning" is now part of the discourse as the effects of a 1.5°C temperature rise cannot be curbed. Still, improvements can make the adverse effects less (or at least not as harmful) and take advantage of emerging opportunities. To this end, public and political awareness of climate change is crucial. The next ten to twenty years is of utmost importance for the planet. CO2 emissions must fall steadily to affect air quality positively, but even in that scenario, it would take another three decades for the earth to return to average temperatures.
The report is a stark review of the dangers of climate change, leading to increased impacts on people, settlements, and infrastructure. Climate change already affects the human and natural systems, but decisions made in the coming years will determine the extent of these impacts. It is unfair that the countries that pollute the most ignore the climate issue when they are responsible for environmental degradation. The rich countries mobilised vast amounts of money in armaments for the war in Europe but refused to allocate environmental care resources. The G7 group promised 100 million dollars a year for emerging countries to mitigate the effects of the climate crisis (an amount that never arrived). The United States alone created an aid fund for Ukraine of 1.4 billion dollars. There is a budget for war, but not for the planet. The climate situation requires immediate action, and the G7 must seize this window of opportunity before climate changes become irreversible.
China es la segunda economía más grande del mundo, con planes para tener el primer lugar para la siguiente década y así ponerle fin a la hegemonía estadounidense. Sin embargo, las consecuencias del cambio climático parecen amenazar el rápido crecimiento chino, que ya venía en desaceleración desde el 2019, con la sequía más larga en 60 años. Un tercio del territorio del gigante asiático padece altas temperaturas y falta de lluvias, lo que afecta el dinamismo económico de China.
El Servicio Meteorológico Nacional de China informó que las temperaturas de entre junio y agosto de 2022 han sido las más altas de las que se tiene registro. En promedio, la temperatura nacional fue 1.5° C más alta de lo normal para la época del año. Además de ello, las precipitaciones disminuyeron en un 23%, lo que afectó las cosechas tanto en el norte como en el suroeste chino.
Algunas zonas del centro y norte de China han dado por perdida una buena parte de la cosecha de verano debido a la ola de calor, pero las autoridades buscan provocar lluvias en el centro y suroeste para salvar la cosecha de otoño. La producción de cereales (especialmente de soya, arroz y trigo) del otoño es crucial ya que ésta representa alrededor del 75% de la producción anual.
La cuenca del río Yangtsé -el más largo de China y el tercero más largo del mundo- ha sido particularmente afectada. Las altas temperaturas y la falta de lluvias provocaron que los niveles del río bajaran a niveles alarmantes, al grado de obligar a las empresas a buscar camiones y trenes para llevar sus productos entre los puertos y el interior del país, ya que los barcos transoceánicos no podían navegar por el Yangstsé.
El calor extremo ha provocado un aumento en la demanda de aire acondicionado en oficinas y hogares, lo que presionó la red eléctrica. La sequía también ha agotado los niveles de agua de los ríos, reduciendo la cantidad de electricidad producida en las diversas centrales hidroeléctricas alimentadas por las vías fluviales del suroeste chino.
Rangking mundial |
Hidroeléctrica |
Ubicación |
Capacidad instalada |
1° |
Central hidroeléctrica de las Tres Gargantas |
Hubei, China. Río Yangtsé. |
22.5 GW |
3° |
Central hidroeléctrica Xiluodo |
Sichuan, China. Río Jinsha. |
13.86 GW |
9° |
Central hidroeléctrica Xiangjiaba |
Sichuan, China. Río Jinsha. |
6.4 GW |
10° |
Central hidroeléctrica Longtan |
Guangxi, China. Río Hongshui. |
6.3 GW |
Fuente: Statista. |
Cuatro de las diez hidroeléctricas más potentes del mundo se encuentran en China, y tres de ellas se alimentan del Yangtsé y sus afluentes. La sequía de este importante río afecta especialmente a la provincia de Sichuan que depende de las hidroeléctricas en un 80% para su producción energética total. Debido a la sequía, esta provincia ha tenido que recurrir a recortes del suministro eléctrico. Entre el 25 y 30 de agosto hubo apagones en diversas zonas residenciales de la región y se limitó el uso de aire acondicionado, escaleras eléctricas e iluminación de centros comerciales y oficinas para ahorrar energía. Incluso en Shanghai, a 2,000 km, se restringió la iluminación nocturna de diversos monumentos y edificios con el mismo objetivo.
Bajo la orden de “dejar la energía para el pueblo”, el gobierno local comenzó a racionar la energía para la industria de Sichuan. Los sectores industriales de la provincia producen maquinaria, electrónica, productos metalúrgicos, productos químicos, materiales de construcción, productos alimenticios y seda de alta calidad; lo que hace de la región una de las más dinámicas económicamente.
Debido a los recortes, diversas empresas bajaron su producción o incluso cerraron sus plantas mientras el racionamiento obligatorio pasara. Volkwagen decidió cerrar su factoría en Chengdu, la capital de Sichuan, durante el recorte energético. Foxconn, proveedor de Apple, también cerró su planta en la región. Jinko Solar, uno de los fabricantes de paneles solares más importantes del mundo, bajó su producción al mínimo y Toyota comenzó a funcionar gradualmente en Sichuan con generación de energía interna.
El Ministerio de Recursos Hídricos de China informó que 830 mil personas en seis provincias distintas vieron afectadas su suministro de agua debido a la sequía. Más de 300 mil tuvieron problemas para tener acceso a agua potable.
La sequía en China trajo consigo más que la propia falta de agua. La baja producción agrícola obligaría al gigante asiático a importar más granos, lo que llevaría a un alza internacional en los precios, esto impacta a contraciclo a la economía de Brasil cuyas cosechas comienzan justamente a finales de agosto y desde mayo firmaron un acuerdo con China para la comercialización de granos. Además, la dificultad de transporte entre los puertos y el interior del territorio crea la necesidad de nuevas rutas.
La poca generación de energía eléctrica provocó la disminución y pausa de la producción en una de las regiones industriales más importantes del país, lo que alentará el crecimiento económico chino. Lo anterior, aunado a los confinamientos por la insistencia de la política cero-covid de China, presiona aún más y pone en riesgo el dinamismo de la cadena de suministro no solo en dicho país sino en todo el mundo. La solución a la baja producción de las hidroeléctricas es el aumento en el consumo de carbón, lo que en el largo plazo agrava el problema ambiental. Puede que el cambio climático lleve a China al tan temido enfriamiento económico. Esto augura un estancamiento para el mundo en el 2023 e inflación sostenida por el precio de la energía y los alimentos.
El economista estadounidense Robert Reich, tras varios estudios referentes al tema, demostró que la distribución del ingreso en su país es sumamente desigualdad, partiendo del punto comparativo de 1978 hasta el 2010, demuestra que la diferencia entre una persona perteneciente al 1% de la población que recibe el ingreso más elevado con un trabajador promedio se ha triplicado.
Aborda también las crisis económicas de 1929 y 2008 vistas desde esta perspectiva, en donde la concentración del ingreso lleva a inflar el sector financiero, lo cual provoca la limitación de bienes generando una burbuja inflacionaria y orillando a la clase media a obtener créditos para mantener su estilo de vida que acaba por generar una burbuja de deuda que termina por explotar.
Asimismo explica que aunque las olas de crecimiento y productividad hayan aumentado, procesos como la mundialización (globalización) y las nuevas tecnologías resulten en el detrimento de los salarios, lo cual bajo el ideario de "sueño americano" es aceptado a pesar de que implique mayor trabajo.
Es así que Robert Reich afirma que la desigualdad económica es un problema que ve sus efectos en múltiples dimensiones que van más allá de lo meramente económico, sino también en lo político con su influencia en la democracia y las decisiones políticas del país, al igual que en la recaudación de impuestos y la polarización política.
En suma, es improtante ver la desigualdad económica como un problema toral de nuestros tiempos en los que la más afectada resulta siempre la clase media, además de que ella, por su magnitud, es la misma capaz de generar círculos virtuosos, o por el contrario, círculos viciosos dentro de la economía, y que también es importante señalar que es una constante dentro de todos los países del mundo, ante lo cuales necesario cuestionarse si dicho modelo nos benefica o por el contrario perjudica más nuestra movilidad social.
Robert Reich explica esto en un documental que lleva por nombre "Inequality for all" adjunto a continuación:
https://www.youtube.com/watch?v=x4Ny6OlmOGE
Todos los años la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo), con sede en Ginebra, publica su Informe sobre el Comercio y el Desarrollo (TDR, en inglés. En su informe del 2016 (1), el TDR nos dice que la economía global permanece estancada, pues aún no se ha recuperado de la crisis del 2008 y que los niveles de “financialización” (predominancia de los mercados financieros) permanecen altos.
Asimismo, nos dice que el comercio mundial (que desde fines de la II Guerra Mundial crecía a una velocidad mayor que el PBI global) ha decrecido fuertemente, lo que se puede agravar con las tendencias proteccionistas de los países industrializados en los años recientes.
Cabe resaltar que los recientes anuncios del Presidente Trump de retroceder en la reforma de regulación financiera de Obama (llamada Ley Dodd-Frank), así como imponer subidas de aranceles indiscriminadas del 25% o más a productos de terceros países, agravarán esta situación. En este artículo queremos analizar solo tres aspectos del TDR que tiene importantes implicancias para la economía global y, también, de los llamados países en desarrollo.
Según el TDR 2016, al analizar las actividades industriales y de servicios de 893 empresas de EEUU se encontró que aquellas donde las 4 primeras tenían más del 66% de las ventas, aumentaron de 4 a 10% del total de empresas desde 1997 hasta el 2012. A estas “4 primeras” le llaman oligopolios.
Luego, vienen aquellas empresas que tienen entre 33 y 66% del total de ventas (las llaman “concentradas”); aquí la proporción pasó de 24 a 33% del total. Así, aquellas empresas que tienen menos del 33% de las ventas (es decir, donde hay más competencia) disminuyó del 72 al 58% del total de empresas de EEUU.
Como consecuencia, la concentración del ingreso ha aumentado en EEUU. Dice el informe que las utilidades netas (ganancias después de impuestos), como % del PBI, han aumentado desde 1980 y se sitúan en niveles record. La otra cara de la moneda es que ha declinado la participación de los salarios en el ingreso nacional y ha aumentado la desigualdad.
Esta concentración empresarial no solo se ha dado en EEUU. Dice el TDR que un estudio reciente analizó 43,000 empresas multinacionales (consignadas en la base de datos globales de Orbis) y encontró que menos de 150 empresas tuvieron cerca del 40% del control sobre el valor económico del total de las empresas multinacionales, a través de una complicada telaraña de relaciones de propiedad.
Un segundo tema tiene que ver con el hecho que uno de los ejes centrales del crecimiento económico de los últimos años dio lugar a aseveraciones acerca de la “convergencia” en los ingresos de los países del mundo a nivel global. Dicho de otra manera, el crecimiento iría “acercando” poco a poco el nivel de ingresos de todos los países, industrializados, “emergentes” y menos avanzados. Así, como dijo Thomas Friedman estaríamos avanzando a “un mundo plano”, ideal que estaría cada vez más cerca.
Pero la evidencia del TDR 2016 nos dice otra cosa: la convergencia se está alejando en vez de acercarse para casi todos los países en desarrollo, con la excepción de los países del Este Asiático, con la China en primer lugar.
Así, la probabilidad de pasar de un país de ingresos medios (entre US$ 4,000 y 12,000 anuales por persona; el Perú está en US$ 6,700) a ser un país de ingresos altos (mínimo de US$12,000 por persona) fue del 18% entre 1950 y 1980. Pero retrocedió al 8% en el periodo 1981-2010. No solo eso. La posibilidad de que los países de ingresos bajos (hasta US$ 4,000 anuales por persona) asciendan al nivel de país de ingresos medios, bajó del 15% al 7% en el mismo periodo.
Más grave aún. Dice el TDR que las probabilidades de bajar de categoría son ahora mayores que antes. En efecto, entre 1950 y 1980, la posibilidad de bajar de categoría de un país de ingreso medio a ser uno de ingreso bajo era del 12%. Pero de 1981 a 2010, esa posibilidad subió a 21%. Peor aún, si cabe, la posibilidad de que un país de ingreso alto sea degradado a ingreso medio era de solo 6% en el periodo 1950-1980 y ahora, de 1981 a 2010, ha pasado a ser del 19%, casi tres veces más. Allí se podrían estar mirando las caras varios países que hoy consideramos “ricos”.
El TDR analiza este tema de manera exhaustiva, lo que no podemos hacer acá. Pero sí podemos detenernos en un eje clave: el rol de la industrialización progresiva como eje de un crecimiento sostenible para los así llamados “países en desarrollo”.
Dice el TDR que se pueden identificar tres trayectorias diferentes. La primera es la “industrialización que acorta brechas” (“catch-up industrialization”), con un crecimiento robusto de la producción, la inversión, los ingresos y los vínculos comerciales y tecnológicos, construidos alrededor de un sector manufacturero grande y cada vez más diversificado, lo que da lugar a una fuerte dinámica de crecimiento que acorta la brecha de productividad con las economías líderes. Aquí están China y Corea del Sur.
La segunda es la “industrialización estancada” que se caracteriza, justamente, por el estancamiento de la producción industrial y el empleo, así como por episodios de crecimiento esporádico que generan vínculos que no son lo suficientemente grandes o fuertes como para que el crecimiento industrial resista choques y retrocesos, por lo que es vulnerable. En general, una trayectoria de este tipo da lugar a una mayor brecha de productividad con las economías líderes. Aquí estarían la India, México, Indonesia y Tailandia.
Por último tenemos la “desindustrialización precoz”, lo que alude a que las economías de los países industrializados comenzaron a desindustrializarse para pasar a ser “economías de servicios”. Lo “precoz” viene porque las economías de “países en desarrollo” se desindustrializan sin jamás haber llegado a ser economías industrializados.
Por tanto, la participación de la producción industrial y del empleo cae prematuramente a niveles de ingreso per cápita mucho más bajos que aquellos en que las economías desarrolladas se comenzaron a desindustrializar. Este proceso va acompañado de una fuerte desestructuración productiva y una importante caída en los niveles de productividad relativa. Aquí están la mayoría de los países de América Latina.
Dice el TDR que aquí podemos encontrar las causas de los problemas que nos aquejan, incluida la proliferación del sector informal. Y entran a tallar temas como la apreciación de la moneda nacional por el aumento de la entrada de divisas por las exportaciones de productos primarios y la apertura indiscriminada de la economía vía la suscripción de Tratados de Libre Comercio, lo que lleva a la reducción de la demanda por bienes nacionales (ya que los importados son más baratos). Esa es una fuente de desindustrialización.
La alternativa pasa por adoptar políticas industriales proactivas para fomentar el desplazamiento del empleo y los recursos de la agricultura de baja productividad hacia una mayor productividad industrial y servicios modernos. Las actividades manufactureras desempeñan un papel clave en estos procesos, ya que crean empleo formal, ingresos y demanda, y aceleran el crecimiento de la productividad. Esto a su vez aumenta aún más los ingresos y la demanda.
El TDR le llama a esto “transformación estructural” y afirma que requiere un enfoque político global. Esto incluye políticas estratégicas para el comercio internacional, políticas macroeconómicas favorables al crecimiento que garanticen altos niveles de demanda agregada y un tipo de cambio estable y competitivo y políticas de apoyo al nexo entre las utilidades y la inversión.
Allí está la diversificación productiva que, en nuestro país, brilla por su ausencia. Seguimos en el piloto automático, dependiendo de las materias primas y con esquemas de apoyo a la inversión privada que han generado más corrupción. El TDR 2016 nos proporciona herramientas y propuestas de nuevos espacios de política para avanzar hacia el cambio.
KUALA LUMPUR and SYDNEY, Oct 17 2018 (IPS) - A new United Nations report warns that the potential benefits to developing countries of digital technologies are likely to be lost to a small number of successful first movers who have established digital monopolies.
According to the Trade and Development Report 2018 (TDR 2018), subtitled ‘Power, Platforms and the Free Trade Delusion’, while developing countries need to invest more in digital infrastructure, they must also address the ownership and control of data and their use.
Developing countries will need to protect, and extend, available policy space to successfully integrate into the global digital economy. Stronger competition and regulatory frameworks will also require multilateral cooperation.
Digital concentration
Libertarian ‘light-touch’ regulatory frameworks have allowed powerful corporations to largely evade strict regulatory supervision and oversight, expand exclusively into lucrative related areas and limit policymakers’ influence. Digital monopolies have thus profitably ‘mined’ and processed data.
Of the top 25 big technology firms in terms of market capitalization, 14 are US based, with three in the European Union, three in China, four in other Asian countries and one in Africa.
In 2015, the top three big US technology firms had average market capitalization of more than $400 billion, compared to $200 billion in China, $123 billion in other Asian countries, $69 billion in Europe and $66 billion in Africa.
Apple recently became the first company in the world to be valued at more than $1 trillion, matching the combined economic output of Saudi Arabia and South Africa.
Such concentration and market dominance have ensured lucrative rents for the big players in the sector. For example, Amazon’s profits-to-sales ratio increased from 10 per cent in 2005 to 23 per cent in 2015, while Alibaba’s increased from 10 per cent in 2011 to 32 per cent in 2015!
These trends are largely due to the extraction, processing and sale of data. Digital platforms use their control over data to organize and mediate transactions along value chains. Network effects allow these platforms to expand these ecosystems utilizing feedback-driven processes.
The resulting market power, with stronger ‘property rights’ on the control and use of data, has enabled rentier and other uncompetitive practices. Thus, one cannot but be circumspect about the hype over ‘big data’ and ‘data revolution’. They rarely promote inclusive development, especially when left to ‘market’ or ‘self-regulation’.
Digital democracy?
TDR 2018 recommends active policies to check anti-competitive rent capture by digital platforms, and misuse of data. Antitrust and competition policies, historically concerned with market structure and behaviour, increasingly emphasize maximizing consumer welfare, using price-based measures.
In our increasingly digitized world, consumers receive services in exchange for surrendering their data, at zero nominal prices, i.e., for free. The control and use of such data enables the lucrative rentier activities associated with their use and abuse.
Policy options include stricter regulation of restrictive business practices and breaking up large firms responsible for market concentration. The digital world’s monopolistic tendencies should be regulated, and firms’ abilities to exploit their dominance restricted, e.g., the recent measures taken by the European Union against Google.
Developmental digitization?Digital platforms use their control over data to organize and mediate transactions along value chains. Network effects allow these platforms to expand these ecosystems utilizing feedback-driven processes.
For developing countries, the regulatory challenges to realize developmental gains from digitization are greater. Some countries are already using localization measures to develop domestic digital capacities and digital infrastructure.
But in most cases, data are owned by those who gather and store them, mainly digital super platforms, which then have full, exclusive and unlimited rights over the resource.
National data policies should be designed to address four major issues: who can own data, how data can be collected, who can use such data, and on what terms. They should also address the question of data sovereignty, e.g., which data can leave the country, and consequently are not governed by domestic law. South-South and regional cooperation can help small developing countries build their digital skills, capacities and capabilities.
Developing countries need to protect and expand available policy space to implement development strategies that should include digital policies with regard to data localization, data flow management, technology transfers and custom duties on electronic transmissions.
The international community is just beginning to discuss rules and regulations to improve them, before agreement is reached at the World Trade Organization and other multilateral bodies.
A premature commitment to rules with long-term impacts on fast-changing matters should be avoided, especially where powerful business interests remain influential and often dictate the very terms for discourse.
Argentina depende fuertemente de los hidrocarburos para suplir su demanda energética (87.5% de su matriz es fósil). A pesar de contar con importantes reservas petroleras, la producción nacional no logra satisfacer su demanda, por lo que está supeditado a la importación de energéticos. Cuenta con extensas reservas de recursos tanto convencionales como renovables que le confieren un gran potencial para insertarse en la transición energética mundial como un actor clave.
El litio (Li3) es un recurso abundante en su territorio con la capacidad de almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. Dicho mineral ha sido catalogado por los países del norte global y China como estratégico por su importancia para la industria de las tecnologías bajas en carbono. La riqueza de este mineral ha vuelto al país objeto de la competencia entre grandes potencias que buscan controlar las reservas y la producción de las baterías de iones de litio (BiL) empleadas en la electromovilidad y en la descarbonización del transporte ligero. Este artículo busca caracterizar los principales retos y oportunidades que representa el litio para la política energética argentina en el marco de la transición energética.
Es la tercera economía en América Latina después de Brasil y México, tiene 46 millones de habitantes y una extensión territorial de 2,79 millones de km2 (octavo más grande en el mundo). Sus dimensiones le confieren una importante capacidad para marcar tendencias e impactar positivamente en los esfuerzos para contrarrestar el calentamiento global. Su relevancia para el cambio de la matriz energética mundial yace en sus extensas reservas de recursos naturales, entre los que se encuentra el litio. El reto estriba en romper la llamada trampa de las materias primas (concepto propuesto por
Sachs y Warner en 1995) y agregar valor a partir de este recurso.
Según datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), existe una prevalencia de los combustibles fósiles en la matriz con un 87.5%, frente a un 12.5% de las renovables. En generación de energía eléctrica hay una participación del 50% de gas natural. Las energías renovables se han consolidado como alternativa para la electrificación ya que en su conjunto abonan al 35% de la producción. Las hidroeléctricas contribuyen al 16% mientras que un 5.5% del total es producido por 3 centrales nucleoeléctricas, a saber: Atucha I, Atucha II, y Embalse. Estos datos indican que la electrificación depende todavía de los combustibles fósiles, pero con señales de diversificación. En cuanto al consumo por sector, el transporte demanda el 31.9%, los hogares el 26.4% y la industria el 21.6%, el 20% restante lo demanda los comercios y la actividad agrícola.
Argentina es un importador neto de combustibles. Su principal proveedor de petróleo refinado es Estados Unidos, quien, en 2022 suplió el 38% de las importaciones. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, naciones que recientemente ingresaron a la asociación de los BRICS, le proveen el 12% de su petróleo, respectivamente. El gas natural proviene también de EE.UU. en un 44% y de su vecino al norte, Bolivia, en un 38%. Ante este escenario, la política energética ha estado encaminada a proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos para aumentar la soberanía y reducir la dependencia a las importaciones. Especial atención se ha puesto en la formación sedimentaria de Vaca Muerta, localizada en las provincias de Neuquén, Mendoza y La Pampa que comprende el segundo depósito más grande de gas de lutita en el mundo. La extracción de este tipo de recurso no convencional de gas se realiza a partir de la técnica de fractura hidráulica o fracking, caracterizada por el uso intensivo de agua y, por ende, con altos costos ambientales. En ese sentido, el impulso a la soberanía energética a partir de técnicas altamente contaminantes va en contrasentido de la necesaria transición energética y la reducción del uso de los combustibles fósiles.
En cuanto a energías renovables existe un enorme potencial, especialmente en el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad gracias a un mineral denominado como “oro blanco”. Argentina tiene 20 millones de toneladas de litio en su subsuelo, segundo país más rico en el mundo. Geográficamente tiene una posición favorecida dentro del Triángulo del Litio que comparte junto con Chile y Bolivia. Según datos de la CEPAL, el 57% de las reservas del mundo se concentran entre estos tres. El país cuenta con vastos recursos minerales localizados en los salares del noroeste de su territorio de los que, entre 2022 y 2023, se extrajeron 16,550 millones de toneladas de litio. En 2023, las exportaciones de carbonato de litio ascendieron a 807.1 millones de dólares, cuyo principal destino fue China (44.59 %). La producción de este mineral está concentrada en tres provincias, Jujuy, Salta y Catamarca. Hay una empresa estadounidense en Jujuy, y Catamarca, y dos empresas más, una en Catamarca y otra en Salta. Las demás son de capital argentino, chino, australiano, canadiense y europeo. De 44 proyectos, seis tienen capital estadounidense, seis capital chino, seis australiano, ocho canadienses, trece argentinas, y las restantes son europeas.
Proyectos de extracción de Litio en Argentina | |||
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Provincia | Nombre del Proyecto | Empresa | País/Capital |
Jujuy | 1. Cauchari | Lake Resources NL | Australia |
2. Cauchari Jv | Arcadium Lithium plc. | EE.UU | |
3. Cauchari-olaroz | Ganfeng Lithium Co. Ltd. | China | |
4. Olaroz | Arcadium Lithium plc. | EE.UU | |
Catamarca | 5. Antofalla Norte | Argentina Lithium & Energy Corp | Canadá |
6. Candelas | Galan Lithium Limited | Australia | |
7. Fenix | Arcadium Lithium plc. | EE.UU | |
8. Hombre Muerto Oeste | Galan Lithium Limited | Australia | |
9. Incahuasi | Argentina Lithium & Energy Corp | Canadá | |
10. Kachi | Lake Resources NL | Australia | |
11. Karachi Salar Escondido | Lithium South | Canadá | |
12. Laguna Verde | Zangge Mining | China | |
13. Litio Gold I,II,III | Franklin Mining Arg S.A. | EE.UU | |
14. Sal de Vida | Arcadium Lithium plc. | EE.UU | |
15. Salar de Antofalla | Albemarle Argentina S.R.L. | Argentina | |
16. San Jorge | Provincia de Catamarca | Argentina | |
17. Sincera | Antofalla Minerals S.A. | Argentina | |
18. Tres Quebradas | Zijin Mining Group Ltd. | China | |
19. Virgen Del Valle Litio | Minera Santa Rita S.R.L | Argentina | |
Salta | 20. Alba X | Maverick Capital | EE.UU |
21. Alcalina | AAL Argentina S.A | Argentina | |
22. Arizaro | Lithium Chile Inc. | Canadá | |
23. Arizaro Norte | Brine Lithium Resources S.A. | Argentina | |
24. Arizaro Sur | Lithium S Corp S.A. | Argentina | |
25. Cangrejillos | Lithium S Corp S.A. | Argentina | |
26. Centenario | Lithium Power | Australia | |
27. Centenario-ratones | Eramet | Francia | |
28. Doncellas | Hanaq Group | China | |
29. Hombre Muerto Norte | Lithium South | Canada | |
30. Incahuasi | AAL Argentina S.A | Argentina | |
31. Incahuasi Moncho | Ganfeng Litio Argentina S.A | China | |
32. Mariana | Ganfeng Lithium Co. Ltd. | China | |
33. Mina Sisifo-Mina Patilla | Pluspetrol Resources | Argentina | |
34. Pastos Grandes | Lithium Americas | Canadá | |
35. Pozuelos | Galan Lithium Limited | Australia | |
36. Rincón | Argosy Minerals | Australia | |
37. Río Grande | Pluspetrol Resources | Argentina | |
38. Sal de la Puna | Lithium Americas | Canadá | |
39. Sal de los Ángeles | Revotech Asia Limited | Reino Unido | |
40. Slar de Arizaro | Pluspetrol Resources | Argentina | |
41. Salar del Rincón | Rio Tinto Group | Reino Unido | |
42. Salar Tolillar | Alpha Lithium Corporation | Canadá | |
43. Salari | Eramine Sudamerica S.A | Francia | |
44. Vega de Arizaro | Corriente Argentina S.A. | Argentina | |
Fuente: OBELA con datos del Ministerio de Economía de Argentina. |
Mineras chinas han llegado a acuerdos con empresas estaduales argentinas para industrializar el litio. Escalar en la cadena de valor es central para la economía del país ya que gran parte del proceso de fabricación de baterías y otros productos de litio aún se realiza en China. Por el otro lado, existen preocupaciones por el impacto ambiental durante la extracción del mineral debido al bombeo de grandes cantidades de agua salada que afecta los ecosistemas locales y las reservas de agua subterránea. Además, hay tensiones con relación a los derechos de las comunidades indígenas, cuyas tierras a menudo albergan estos proyectos (véase cuadro), lo que genera disputas sobre la consulta y el consentimiento previo, así como la distribución equitativa de los beneficios económicos. El principal reto es la inversión de procesos productivos intensivos en capital en un ambiente marcado por la inestabilidad macroeconómica. Las cadenas de suministro de las tecnologías bajas en carbono requieren de importantes inversiones a largo plazo.
El camino hacia la plena comercialización del litio y su incorporación en la transición energética enfrenta dificultades desde el lado de la oferta como del lado de la demanda que afectan de manera heterogénea a los países. El obstáculo más significativo desde la oferta es la concentración geográfica del mineral en ciertas regiones, lo que reduce a menos de una docena el número de países productores. A ello se suma el dominio casi absoluto de China en la refinación y procesamiento del litio para la comercialización del mineral. Los elevados costos de las baterías requeridas para la fabricación de vehículos eléctricos son un freno. Persisten barreras que dificultan la adopción masiva de vehículos eléctricos, como sus altos precios, la falta de infraestructura de recarga y los costos de los combustibles fósiles, que limitan su aceptación entre los consumidores.
La situación se torna aún más compleja cuando se considera el contexto geopolítico y económico. La transición hacia una economía basada en energías renovables y tecnologías limpias plantea desafíos tanto para los países productores de combustibles fósiles como para aquellos que dependen de la exportación de materias primas. El potencial del carbonato y sulfato de litio para revolucionar el panorama energético global es innegable. El mineral es estratégico para la transición hacia una matriz más sostenible, especialmente en lo que respecta a la electrificación del transporte ligero y masivo de pasajeros. El reto para la política energética argentina será transformar el litio y avanzar en la cadena de valor mediante el procesamiento y la fabricación de componentes de la industria de las tecnologías bajas en carbono.
La FAO, en su boletín trimestral sobre la perspectiva de las cosechas del 2023, menciona que la producción agrícola para este año puede bajar 1.3% con respecto al año pasado. Si bien no es lo óptimo, la organización parece mostrarse optimista después de la mejora en los climas de diversas zonas en el mundo. Durante el 2022, la producción de cereales cayó por la falta de fertilizantes debido al conflicto armado en Ucrania, pero sobre todo a cambios climatológicos como condiciones más secas en Rusia, inundaciones en Pakistán, lluvias irregulares en el este asiático, sequías en Sudamérica y falta de precipitaciones en el norte de África. Lo que la FAO no toma en cuenta para las proyecciones del 2023 es que se puede presentar el fenómeno de El Niño entre julio y agosto, lo que provocaría nuevas condiciones adversas para las cosechas.
La Niña y El Niño son dos fenómenos naturales que se dan en la franja tropical del Océano Pacífico. Se caracterizan por materializarse, respectivamente, en aguas superficiales más frías o cálidas de lo normal. Desde el 2020, La Niña dominó el clima del planeta y trajo consigo inviernos templados en el sur de EU, sequía en el oeste y cultivos resecos en partes de Argentina y Brasil. A principios del 2023, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos dio el comunicado que el fenómeno de la Niña había terminado para dar paso a un proceso neutral en donde las aguas regresarán a su temperatura normal.
Existen altas probabilidades de que El Niño se presente durante la segunda mitad del 2023. La Organización Meteorológica Mundial menciona que la probabilidad de que se forme este fenómeno natural durante mayo y junio son relativamente bajas (35%), aunque aumentarán notablemente entre julio y agosto (55%). Sin embargo, aún existe incertidumbre en el pronóstico debido a la barrera de predictibilidad primaveral.
En general, el fenómeno del Niño es asociado con condiciones cálidas y secas en Australia, así como en Indonesia, Filipinas y Malasia. En India, los monzones del Índico son menos prominentes bajo este fenómeno, además de traer sequías al sureste de África y el norte de Brasil. En el caso de América del Sur (especialmente Perú, Ecuador y Colombia) suelen observarse condiciones más húmedas de lo normal.
El Niño es un fenómeno recurrente, pero se presenta ahora en un contexto de calentamiento global que puede exacerbar sus efectos en el planeta. De acuerdo con Paloma Trascasa-Castro, el próximo evento del Niño es posible que traiga consigo un aumento de 0.2° C a la ya calentada atmósfera terrestre. Australia presentaría mayor posibilidad de tener incendios forestales, Perú sufriría más inundaciones (sumadas a las que ya han sucedido en el país desde diciembre del 2022), Colombia vería un brote de enfermades como dengue y malaria por las altas temperaturas, habría sequía en la selva Amazónica e inviernos más fríos en Europa.
De acuerdo con la FAO, la situación en Asia parece ser favorable para las cosechas del 2023 a pesar de las lluvias erráticas del 2022 en los países de Asia Central (en la Comunidad de Estados Independientes). Sin embargo, no toman en cuenta las sequías que provocaría El Niño, especialmente en el sureste asiático. En el caso africano, pronósticos de sequía en el este del continente aumentan el riesgo de una sexta mala temporada de cultivos sin pensar en el fenómeno climático que calentaría aún más el este de África.
Latinoamérica y el Caribe son todavía más inciertos. La FAO sostiene que la demanda de exportaciones está sustentada en una gran superficie cultivada de maíz, especialmente en Brasil, donde las previsiones oficiales también apuntan a una producción récord en 2023. También mencionan que, aunque las lluvias mejoraron en los últimos meses en Argentina, déficits anteriores afectarán parte de la cosecha de maíz en este año. Gran parte de la Amazonía se vería severamente afectada por El Niño, el crecimiento de la vegetación y las cosechas se ralentizaría, por lo que se absorbería menos CO₂ de la atmósfera, una tendencia que podría replicarse en los bosques tropicales de África, India y Australia.
La producción de trigo esperada para el 2023 es de 784 millones de toneladas, 10 millones de toneladas menos que la producida en 2022, pero mayores a los 778 millones de toneladas que fueron producidas en el 2021. La diferencia no parece ser mucha, pero estas proyecciones no tienen en cuenta las consecuencias de El Niño ya que tienen previsiones de disipación de sequías cuando la llegada del fenómeno haría todo lo contrario.
La corriente del Niño no es algo que debe tomarse a la ligera, sobre todo cuando el cambio climático magnifica los impactos que suele tener en diversas regiones del mundo. Tiene efectos no solo en la temperatura y las cosechas, sino también provocan enfermedades y, en el suministro de energía eléctrica como se vio en China el año pasado. La seguridad alimentaria, la salud y la calidad de vida de los pobladores de las zonas golpeadas se verán duramente minadas. El Niño va a impactar sobre el precio de los alimentos negativamente.
A partir de la década de los 80’s, China comenzó a importar plásticos para buscar reutilizarlos y así menguar la falta de materias primas que tenía en ese momento. Desde entonces, Estados Unidos y Europa comenzaron a exportar sus desechos hacia el gigante asiático y lo convirtieron en el vertedero del mundo. En el 2018 el país del dragón hizo un cierre parcial a la importación de estos desperdicios y en el 2020 dejó de recibir aquellos que no fuesen procesados previamente para reciclaje. Con lo anterior, los estadounidenses necesitaban un nuevo lugar para su basura y voltearon a ver a América Latina.
Este proceso comenzó en el arranque del 2018, cuando China les cerró parcialmente la puerta a los desechos que durante casi 40 años llegaban a su territorio. La enorme cantidad de desperdicios que ingresaban al país ya se había convertido en un problema para la estructura china del reciclaje. De acuerdo con datos de la ONU, el gigante de Asia importó 7.35 millones de toneladas de residuos plásticos en el 2016, equivalente a 55.3% del total del mundo.
A inicios del 2020 se dio el cierre definitivo. En enero de ese año China anunció que ya no aceptaría la llegada de ningún desperdicio sólido que no fuera procesado anteriormente. Por ejemplo, se podría importar pulpa de papel, pero no papel usado. Así, Estados Unidos tuvo la necesidad de buscar otro destino para su basura y lo encontró en Latinoamérica.
La Enmienda de Plásticos del Convenio de Basilea se hizo efectiva en el 2021, ésta obliga a que los países que quieran exportar plásticos cuyo destino no sea el reciclaje deban solicitar el consentimiento previo del país que los reciba. Diez países de Latinoamérica ratificaron la enmienda, Estados Unidos no lo hizo.
De acuerdo con un informe de Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA), durante el año 2020 y el 2021, Washington exportó a América Latina cerca de 200 mil toneladas de plásticos con la partida 3915 (que corresponde a una clasificación arancelaria para desechos, desperdicios y recortes de plástico, misma que es poco específica). México, El Salvador y Ecuador fueron los principales receptores, que entre esos dos años recibieron un acumulado de 147 mil, 20 mil y 12 mil toneladas de desechos respectivamente.
Las escasas regulaciones a la importación de residuos, poco control aduanal, ineficiente estructura para reciclar y falta de datos sobre importación y exportación, volvieron a la región latinoamericana el centro de acopio perfecto. Ya que el comercio de plásticos limpios destinados al reciclaje está exento de consentimiento previo, los exportadores aprovechan y envían contenedores de desperdicios con denominaciones ambiguas que no muestran la realidad del tipo de plásticos que ingresan a la región.
MarViva, una fundación ambientalista, menciona que todo comienza cuando las productoras llenan contenedores con sus propios desechos plásticos y los venden a otras empresas en países en vías de desarrollo con el fin -supuestamente- de que sean reciclados. Éstas pagan precios muy bajos por los desperdicios y buscan lo que pueda ser reutilizado; el resto es abandonado y se suma a la basura que genera el mismo país.
La Interpol reportó en el 2020 que los residuos se declaran falsamente como destinados a la recuperación, y como se encuentran contaminados o mezclados con otro tipo de basura, no pueden ser reutilizados de ninguna manera. En el mismo reporte se señala que hubo un aumento entre 2018 y 2020 de estos traslados ilícitos, principalmente desviados al sureste asiáticos a través de otros países con el fin de camuflar el origen del envío.
México, Ecuador y Chile, de acuerdo con el informe de GAIA, lideran la exportación de residuos plásticos de la región. Los tres países exportan más de lo que importan. En el caso mexicano, el 77% de las exportaciones iban a China y, tras el cierre del gigante asiático, fueron a parar a Malasia. De forma que la región latinoamericana funciona como un clasificador y redistribuidor de la basura.
El sureste asiático, tras el incremento de flujo de desechos, devolvió los plásticos a sus países de origen. Malasia envió de vuelta tres mil toneladas, Indonesia regresó 100 contenedores y Filipinas hizo lo propio al regresar 69 contenedores; sin embargo, tras investigaciones, se encontró que de 58 contenedores enviados de Indonesia a Estados Unidos únicamente 12 regresaron, el resto fue a Corea del Sur, Canadá, Tailandia, Países Bajos y México.
Los países ricos se jactan de tener altos niveles de reciclaje, sin embargo, sus desperdicios rebotan entre los países del sur global. Los desechos que no pueden ser reutilizados se queda en los países emergentes para ser incinerados o depositados en vertederos ilegales, lo que contamina el aire, el agua y los suelos, además de mermar la salud de los pobladores de la región.
[1] Becaria CONACYT, OBELA, Facultad de Economía.
La iniciativa "Ejido verde y Resina" creada en 2009 por un grupo de habitantes de Cherán y Patambán para plantar pino y usar su resina, fue distinguida con el primer lugar dentro del Energy globe Award 2016.
Después de haber sido considerados uno de los mejores ejemplos por su estrategia sostenible en la reforestación de bosques de pino para la producción de resina, habitantes de los poblados michoacanos de Cherán y Patambán obtuvieron el primer lugar en el Energy Global Award 2016, galardón creado en Austria y en el que participa la ONU, para proyectos de conservación de recursos naturales.
La iniciativa “Ejido Verde y Resinado” creada en 2009, ha estado plantando desde ese año 12 mil hectáreas de pinos resineros típicos de la zona en comunidades indígenas y ejidos de Michoacán.
Este proyecto, además de generar una derrama económica por el uso de la resina de pino, commodity cuyos derivados se usan en más de 50 productos, también fomentará la creación de empleos permanentes y sustentables para cerca de 12 mil personas que habitan las zonas boscosas de la entidad.
La presea fue entregada a representantes de la comunidad por el Consejero Comercial de la Embajada de Austria en México, Friedrich Steinecker, quien enfatizó que su deseo para ustedes que trabajan esas tierras, es que sean muy fructíferas para muchísimas generaciones venideras”, señaló Steinecker.
Ángel Chapina, presidente de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Cherán, explicó que gracias al trabajo comunitario y al apoyo de Ejido Verde, se han logrado reforestar hasta ahora casi 4 mil hectáreas en 23 ejidos y comunidades.
“Anteriormente teníamos unas 18 mil hectáreas de bosque, pero fueron devastadas como 9 mil 500 por personas ajenas a nuestra comunidad que talaron la madera”, afirmó. El líder comunero añadió que el proyecto funciona gracias a la valentía de la población que hizo frente al crimen organizado en abril del 2011 para detener la tala inmoderada de los bosques.
Ante la crisis climática la importancia del cuidado del agua se ha vuelto un tema recurrente. Las campañas del ahorro de agua potable suelen centrarse en las actividades cotidianas de las personas como tomar duchas rápidas, no lavar los autos con mangueras o usar inodoros ahorradores. Si bien estas recomendaciones son acertadas, las campañas en contadas ocasiones hablan de las grandes industrias que usan enormes cantidades del líquido indiscriminadamente.
El término de “huella hídrica” fue acuñado por Arjen Hoekstra, profesor de la Universidad de Twente, en los Países Bajos. Este concepto se utiliza para estimar qué tanta agua se utiliza en la producción de bienes y servicios. De acuerdo con Water Footprint Network, una persona en Latinoamérica tiene una huella hídrica de 4,150 litros al día, una en Estados Unidos tiene de 7,800 litros al día, alguien en la Unión Europea de 5,300 litros al día y alguien en China 3,300 litros al día.
Solo el 0.5% del líquido vital está al alcance del ser humano. Como resultado, dos tercios de las personas en nuestro planeta viven en áreas donde el acceso al agua dulce es un problema. La escasez de esta afecta a todos los continentes, por lo que 1,100 millones de personas no tienen acceso a ella. Para 2025, se espera que la mitad de la población mundial viva en áreas con escasez de agua.
Aunque la industria cárnica a menudo se considera el sector primario más intensivo en agua, la verdad es que la agricultura es la industria que más utiliza este líquido. De acuerdo con el Banco Mundial, el 70% de las extracciones de agua dulce a nivel mundial es consumida por la agricultura, por lo que el impacto hídrico es alto. Específicamente el cultivo de algodón, trigo, maíz, arroz y caña de azúcar tienen un impacto crítico sobre ella.
La industria de la moda es la segunda industria más intensiva en agua del planeta. Utiliza cerca de 79 mil millones de metros cúbicos anualmente, esto debido principalmente a la alta demanda del algodón, el material principal de nuestra ropa. Para producir una camiseta y un par de jeans se necesitan cerca de 20 mil litros, suficientes para dar de beber a una persona por casi dos décadas.
La producción de carne utiliza mucha agua, casi un tercio de la huella hídrica de la producción agrícola total. La carne de res es, por mucho, el alimento que más consume, seguida del cordero, el cerdo, la cabra, las aves, los huevos y el queso. La crianza de ganado bovino, porcino, ovino y la acuacultura están calificados con un crítico impacto hídrico.
El sector de bebidas produce jugos, refrescos, cervezas y una gama de otras bebidas. Junto con el agua requerida en los propios líquidos, los aditivos agregan un aspecto aún más intensivo (la industria requiere productos agrícolas como cebada, azúcar, café y frutas). La Mesa Redonda Ambiental de la Industria de Bebidas (BIER por sus siglas en inglés), mencionó que 19 empresas informaron un uso total de 746 mil millones de litros en 2017.
Tan solo en México empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé y Bimbo consumen 133 mil millones de litros del líquido vital en sus procesos de producción de alimentos y bebidas al año. En un reporte publicado por la Coca-Cola Company en el 2021 se dice que la compañía consumió 195, 276 millones de litros a nivel global solo durante ese año. Aproximadamente el 20% de este total provino de regiones con escasez alta o extremadamente alta de agua, lo que equivale a poco más de 39 millones de litros.
De igual manera la industria energética (fósil y nuclear) consume grandes cantidades de agua. La producción mundial de energía consume aproximadamente 52 mil millones de metros cúbicos cada año. Este volumen se utiliza principalmente en las centrales eléctricas que lo necesitan para sus procesos de refrigeración. La extracción de gas y la refinación de petróleo específicamente son actividades consideradas con un impacto hídrico crítico.
Otra industria intensiva en agua es la construcción, debido a que para producir una tonelada de cemento se requiere más de 5,100 litros, mientras que una tonelada de acero necesita casi 235 mil litros. Asimismo, la industria automotriz consume grandes cantidades de este líquido. Casi 148 mil litros son necesarios para la producción de un solo auto, equivalente al consumo de una persona adulta durante 135 años.
La importancia del cuidado del agua es un tema recurrente y las campañas de ahorro suelen centrarse en las actividades cotidianas de las personas. Sin embargo, las industrias representan aproximadamente el 92% del consumo total del líquido vital. Se destina más agua a las cosas que al consumo humano. Esto demuestra que la responsabilidad del cuidado hídrico recae principalmente en los hombros de las grandes empresas que dirigen las industrias mencionadas y otras, y no sólo en las decisiones cotidianas de los individuos. La deslocalización de la producción hace que estas industrias se dediquen a expoliar el agua de los países en desarrollo. Los ricos consumen y los pobres se quedan sin agua limpia o sin agua.
El cambio climático, tantas veces relegado a un segundo plano en favor de debates de corto plazo y escaso recorrido, es el gran reto económico y social del siglo XXI. Es una amenaza existencial, como alerta la directora general del Banco Mundial, Kristalina Georgieva: la crecida de los océanos por el derretimiento de los polos, la destrucción por las tormentas o las sequías van a provocar que comunidades enteras se vean forzadas a desplazarse a zonas en las que su supervivencia sea más viable. La situación será particularmente grave en América Latina, donde hasta 17 millones de personas tendrán que migrar dentro de su propio país, y, muy especialmente, en México y Centroamérica, donde hasta cuatro millones de ciudadanos se verán forzadas al destierro interno. En todo el mundo esa cifra ascenderá, según los cálculos de la organización internacional, a 143 millones de migrantes internos.
En los últimos años, la atención sobre los vínculos entre calentamiento global y migración se centraba en los desplazados transfronterizos: personas que se desplazan de un país a otro huyendo de fenómenos naturales extremos. Ahora, el Banco Mundial pone el foco sobre una realidad mucho menos estudiada: los desplazamientos en el interior mismo país. Y las cifras para el llamado mundo subdesarrollado y emergente son demoledoras. En las regiones de África subsahariana, Asia del Sur y América Latina -que conjuntamente suman más de la mitad de la población mundial en vías de desarrollo- casi el 3% de las familias corren riesgo de tener que migrar de una zona a otra de su propio país en 2050 para escapar de los efectos del cambio climático.
El impacto, no obstante, no será uniforme en todas las regiones ni países. La migración interna, subrayan los técnicos del Banco Mundial, supondrá el desplazamiento de comunidades internas residentes en zonas con escasa disponibilidad de agua y baja productividad de los cultivos o bien que sean afectadas por la crecida del mar o por el aumento de las tormentas y huracanes a otras con mejores condiciones naturales. “Las áreas más pobres serán las más golpeadas”, concluyen los relatores del informe.
Una de las zonas más impactadas será México y Centroamérica -a la que el Banco Mundial dedica un espacio significativo. Los 177 millones de habitantes de hoy pasarán a ser más de 200 millones en 2050 y aunque las tres cuartas partes de la población viven en zonas urbanas, sus economías siguen siendo muy dependientes de la agricultura, uno de los sectores más golpeados por los efectos del cambio climático. En el supuesto más adverso, los migrantes climáticos internos podrían llegar a suponer hasta el 1% de la población, cifra que llegaría al 2% en el caso específico de México.
Los “migrantes del clima”, como les denomina el Banco Mundial, pasarán a representar casi uno de cada siete movimientos totales en el país latinoamericano para el año 2050, de acuerdo con las proyecciones. Es el doble de la cifra prevista para 2020. Como en el resto de Latinoamérica y del mundo, la espiral se explica por un empeoramiento del acceso al agua y a la decreciente producción de los cultivos. “Abandonarán las zonas más cálidas y costeras, como el golfo de México o la costa del Pacífico de Guatemala”, anticipa el organismo con sede en Washington, que apunta a dos puntos de recepción de migrantes: la meseta central mexicana y las tierras altas guatemaltecas. Pero no solo. “La meseta central puede ofrecer condiciones más favorables que el árido norte y los estados costeros del sur de baja altitud, que se verán afectados por aumento del nivel del mar. Este patrón se alinea con los niveles avanzados de urbanización de México, una relevancia decreciente de los medios de vida solo para la agricultura y la continua despoblación de las áreas rurales”, apunta el informe publicado este lunes. Según sus cálculos, grandes urbes del país norteamericano como Guadalajara o Monterrey -la segunda y la tercera ciudad más poblada de México, respectivamente, tras la capital- también serán punto de origen de migrantes climáticos.
La parte positiva para México en el drama de los desplazados internos por el cambio climático, si es que la hubiera, es su mayor capacidad económica -es uno de los países de mayor renta per cápita de América Latina- para adaptarse. Los especialistas insisten, sin embargo, que es un proceso que debe gestionarse desde ahora y piden que se adopten planes que permitan a la vez preparar a las zonas vulnerables y las áreas que van a recibir migrantes. También aconseja que se facilite la migración con medidas de formación y la protección social. Algo a lo que, de momento, apenas ha prestado atención la segunda mayor potencia económica latinoamericana.
Bajo la actual senda de altas emisiones, subraya el Banco Mundial, el incremento en la migración climática en México y América Central podría ser “dramático” hacia el final del siglo. “Pero esto no debe llegar a ser una crisis”, ha urgido John Roome, director de cambio climático del Banco Mundial. La forma de evitar el peor de los escenarios pasa, sí o sí, por lo ya sabido y no tan aplicado a escala global: una acción global potente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El tiempo se agota, pero si el movimiento es rápido y la acción va por el camino adecuado, el número de migrantes internos podría reducirse en hasta 100 millones de personas sobre las actuales previsiones globales.
Los técnicos de la institución especializada insisten que prepararse ante este reto a largo plazo es también una forma de plantar cara a un problema creciente y que es determinante para el desarrollo. “Si se sabe cuál es el impacto [del cambio climático]”, insiste Roome, “se podrán adoptar medidas más inclusivas, no solo a escala nacional sino también a escala local. Es algo que debe tomarse muy en serio para sostener los avances logrados”, concluye.
En el OBELA hemos mencionado que EEUU no tiene la capacidad tecnológica para el cambio acelerado de la matriz energética en general, ni en el campo automotriz en particular.1 Por su parte, China transita su matriz energética en la generación eléctrica por medio de energía llamadas limpias, como son: solar, eólica, hidroeléctrica, celulosa y hasta nuclear. La transición energética es un proceso de cambio estructural de fuentes de energía. En la actualidad, ésta se enfoca en generar energías verdes. Con los intentos globales de hacer a las economías más verdes, es decir que no emiten CO2, parece que China lleva la delantera en tres energías: nuclear, solar e hidroeléctrica.
La generación eléctrica en el país asiático está dada, todavía, principalmente por el carbón. Lo importante se encuentra en las tasas de crecimiento de uso de fuentes para la generación eléctrica. El uso del carbón creció a 9% de 1995 a 2004, luego vino un cambio en la regulación para generar menos energía de carbón y el crecimiento se redujo entre 2006 y 2013 a 6%. A partir de 2014 el crecimiento promedio es 0. Por parte de la energía nuclear tiene una tendencia de crecimiento promedio de 15% desde 1995 de manera relativamente constante. La energía solar presenta tasas promedio de 42% anual desde 1995 hasta 2004, y de 2006 en adelante a 55% promedio. La energía hidráulica presenta tasas de 8% entre 1995 y 2004, y 11% entre 2006 y 2016.
La energía nuclear en China en el 2017 contaba con 38 plantas nucleares en operación y 19 más en construcción2. Al mismo tiempo, produce sus propios reactores nucleares y se ha convertido en el séptimo exportador de éstos en el mundo, vendidos principalmente a Pakistán. No obstante, el comercio latinoamericano de reactores nucleares de China es nulo. Generalmente compiten con Rusia, Suecia, los Estados Unidos, Alemania, Francia y Corea del Sur.
China apuesta también por la creación de parques solares, es decir, grandes terrenos con paneles solares para la generación eléctrica fotovoltaica. Tiene instalados parques solares del tamaño de Macao3, es decir 28.2 km². Para lograr esto, se ha convertido en el principal importador del mundo de silicio, proveniente de las Coreas y Kazajistán. Además, desde 2008, es el principal exportador de paneles solares con un monto de exportaciones cuatro veces mayores a las exportaciones estadounidenses, así liderando la oferta global de paneles solares. Esto explica el inicio de la guerra comercial con aranceles a paneles solares. Un panel solar pequeño de origen chino de 295 watts es aproximadamente 42 dólares más barato que un americano. India está siguiendo sus pasos muy rápidamente.
El parque solar de la provincia de Jujuy en Argentina contiene 1.2 millones de paneles solares chinos que el gobierno estatal financió con bonos verdes. El Banco de Exportación e Importación de China compró el 85% de los bonos verdes emitidos para el megaproyecto. Es el parque solar más grande de América Latina y cubre un territorio de 800 hectáreas y produce 2500 kilowatts por metro cuadrado a un costo de 390 millones de dólares. La energía se utilizará para plantas industriales cercanas, hogares de la provincia y las minas de litio que están en la frontera entre Argentina y Bolivia4. En contraste, en Chihuahua, México el BID financió un parque solar de 17.2 millones de dólares con tecnología española que sólo produce 80 mega watts en total.
Otra de las energías verdes que impulsa China es la hidráulica. En cuanto a América Latina se ha visto la inversión en el sector hidroeléctrico de Brasil a través de la inversión extranjera directa. Previo a 2015, la inversión extranjera directa (IED) china en América Latina en el sector energético era de grandes montos en la producción de petróleo y gas natural. En adelante, la IED se cambió a las energías limpias, específicamente al sector hidroeléctrico. La compra de activos fijos es para la generación y distribución eléctrica de fuente hidráulica. La empresa State Grid Corporation, una distribuidora eléctrica china, compró el 55% de CPFL en Brasil; y Three Gorges adquirió las propiedades de DUKE Energy en Brasil, una empresa hidroeléctrica estadounidense5. En Perú, Yangtze Power International compró el 86.3% de Sempra Energy, igual estadounidense, que operaba a través de Luz del Sur. 6
En general, China va en proceso de cambio de su matriz energética. Hay una casi nula presencia del petróleo para nuevas termoeléctricas; a diferencia de México o la Cuenca del Caribe. La expansión del comercio de paneles solares; y las inversiones en los sectores hidroeléctrico y distribución eléctrica, dan la señal que está interesada en América Latina como espacio para disputarle a EEUU el comercio energético y desplazar a la gasolina y el petróleo. Esto sumado al comercio de autos eléctricos completa el cuadro. Desde 2015, China ha incursionado en el mercado de autobuses eléctricos de transporte masivo, en las ciudades de Santiago, Medellín, Cali, Guayaquil; y hace pruebas en San José, Sao Paulo, Buenos Aires y Montevideo. 7
1 http://obela.org/analisis/el-corazon-de-la-guerra-comercial
2 https://www.iaea.org/newscenter/news/how-china-has-become-the-worlds-fastest-expanding-nuclear-power-producer
3 https://www.scmp.com/news/china/society/article/2073747/powerful-images-worlds-largest-solar-energy-farms-are-china
4 https://latamlist.com/2019/03/23/china-is-building-latin-americas-largest-solar-plant-in-argentina/
5 https://news.duke-energy.com/releases/duke-energy-to-sell-its-brazilian-business-to-china-three-gorges-corporation-for-1-2-billion-enterprise-value
6 https://lexlatin.com/noticias/yangtze-power-compra-la-mayor-distribuidora-de-energia-de-peru
7 https://dialogochino.net/21995-latin-american-cities-finally-embrace-chinese-electric-busses/?lang=es
El acuerdo de París, firmado en 2015, es hasta ahora el más ambicioso desarrollado entre las naciones para combatir el cambio climático. Dicho acuerdo busca mantener el nivel de temperatura mundial por debajo de los 2°c respecto a los niveles preindustriales, y continuar fijando metas para limitar este aumento a 1.5°c.
El presente artículo señala que las acciones emprendidas por los gobiernos resultan insuficientes para retardar el progresivo cambio climático. América Latina, será una de las zonas geográficas más afectadas económica y socialmente por este hecho. Pese a ello, la agenda climática latinoamericana, no se apega a los estándares internacionales que buscan mitigar esta situación
Las contribuciones nacionalmente determinadas, es decir las metas de mitigación que los países se fijan, son insuficientes para alcanzar los objetivos planteados. De acuerdo con la Declaración de la Organización Mundial de Meteorología sobre el estado del clima mundial en 2020, hay una aceleración en los indicadores del cambio climático, como la subida del nivel del mar, el derretimiento de los polos, y fenómenos meteorológicos extremos como huracanes o sequías prolongadas que amenazan gravemente el desarrollo socioeconómico de la población mundial.
Según datos de la revista Environmental Research Letters, el PIB mundial podría reducirse hasta un 37% para el año 2100, por efectos del cambio climático. Durante la primera mitad del 2021 estos fenómenos climatológicos les han costado a las aseguradoras globales más de 40 m.m.d. y se espera que para 2030 se duplique el número de personas afectadas por desastres naturales.
El atlas generado por la OMM que analiza las pérdidas humanas y económicas derivadas del cambio climático dice que, entre 1970 y 2019, el 74% de los daños económicos y el 45% de las muertes que se registraron, fueron provocados por fenómenos climáticos extremos, principalmente sequías y tormentas. Cabe recalcar que el 91% de las muertes derivadas de estos fenómenos ocurrieron en países en vías de desarrollo.
Acorde con Naciones Unidas, América Latina se verá sumamente afectada por elementos relacionados con el cambio climático como olas de calor, persistencia de los incendios forestales, perdidas de cultivos, entre otros. De hecho 2020 fue el tercer año más cálido de Centro América y el Caribe, y el segundo más cálido para América del Sur.
En esta Línea, la secretaria ejecutiva de la CEPAL expresó durante una conferencia que las calificadoras internacionales consideran la vulnerabilidad climática como un criterio para rebajar la calificación, lo cual resulta problemático ya que esto “aumentaría el costo de la deuda pública y el pago de intereses para los países en vías de desarrollo”. Así mismo tendrá un impacto sobre el costo del crédito internacional privado y las tasas de interés internas.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿Qué tan comprometidos están los países latinoamericanos con la reducción de GEI y qué tan ambiciosas son sus metas y políticas para reducir la vulnerabilidad de la región frente al cambio climático?
La respuesta es clara, pero no alentadora. En la región las medidas de recuperación post COVID-19 y los estímulos económicos no están en sintonía con los objetivos de la Agenda 2030 o el acuerdo de París. Entre 2016 y 2019 el presupuesto promedio destinado a la protección ambiental por los gobiernos nacionales era del 0.4%, en 2020 dicho presupuesto se redujo a solo 0.2%.
Los países latinoamericanos no terminan de apostar por una verdadera transformación energética. El gas natural y el petróleo representan el 65% de la producción energética en la región, estos insumos son principalmente empleados en la producción de gasolinas y otros combustibles. Argentina, Bolivia y México son los países que más emplean combustibles fósiles como fuente de energía eléctrica. En México la reforma energética implementada por el gobierno busca incentivar la inversión en hidrocarburos.
Finalmente, los sistemas de alerta y monitoreo de riesgos especialmente en Centroamérica y América del Sur resultan ineficientes, al igual que los planes económicos de asistencia. En los últimos años Cuba, Haití y México han sido los más afectados por tormentas tropicales, pese a ello, en México se ha optado por erradicar el Fondo de Desastres Naturales.
El coste de adoptar medidas de mitigación es mucho menor al que los países, en especial los latinoamericanos, se deberán enfrentar si no establecen pronto ´políticas más ambiciosas dirigidas a cumplir los objetivos establecidos por el acuerdo de París. Las catástrofes ambientales aumentarán año con año y la región que ya ha sido duramente golpeada por el COVID-19, no cuenta con los elementos para hacer frente a ello.
Ante el panorama climático actual, los países en desarrollo deberían replantearse que tanto están haciendo para luchar contra el cambio climático, ya que, si bien no son las naciones que mas contaminan a nivel mundial, si serán las mas afectadas por ello.
La Unión Europea se ha presentado como el principal impulsor de las medidas en contra del cambio climático. Además de unirse a diversas iniciativas globales como el Acuerdo de París, los países europeos crearon planes propios para hacer frente a los problemas climáticos y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Sin embargo, Europa tiene cola que le pisen y esa debilidad yace en un mineral.
El llamado Pacto Verde Europeo (Green Deal en inglés) plantea una serie de propuestas de índole climática, energética, de transporte y fiscalidad que tienen por objetivo la reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 55% para el año 2030. Dado que las emisiones europeas provienen casi en un 75% de la producción y consumo de energía, el Green Deal planea descarbonizar a la Unión Europea.
Deshacerse del carbón no es una tarea fácil. Como podemos ver en el gráfico, si bien el consumo de carbón para producir energía ha bajado durante la segunda década del siglo XXI, aún es un combustible fósil importante para la región al representar poco más del 12% de la producción energética total.
Los países del este de Europa son los que más dependen del carbón. De acuerdo con datos de Eurostat, Polonia y Estonia se encuentran en una encrucijada debido a que estos dos países dependen del mineral para producir energía en un 70% o más. Chequia y Bulgaria también tendrán problemas para abandonar el carbón ya que su producción energética depende de él en un 45% y 39% respectivamente.
La Comisión Europea creó un calendario para informar cuándo abandonarían el carbón cada uno de los países de la región. Eslovaquia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda e Italia planean abandonarlo dentro de los siguientes 3 años. Alemania, España, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Rumania, Croacia, Chequia y Eslovenia lo harán entre el 2030 y el 2034. Por otro lado, Bélgica, Chipre, Letonia, Estonia, Austria, Suecia, Malta, Lituania, Luxemburgo y Portugal ya lo abandonaron. Sin embargo, Bulgaria lo hará hasta el 2039 y Polonia no se ha pronunciado.
La pandemia significó un reto para el suministro energético sin duda alguna pero el verdadero problema vino cuando se desató el conflicto ruso-ucraniano a principios del 2022. Cuando la Unión Europea impuso sanciones económicas a Rusia, éste respondió cerrando la llave de gas que abastecía una buena parte del continente lo que lleva a Europa a divisar los límites de su política verde.
Para hacer frente los europeos se dispusieron a bajar su consumo de gas para no sumirse en una crisis energética, pero esta decisión los orilló a devolverse al consumo del tan controversial mineral. Calificado como un paso amargo pero necesario, Alemania apostó por sus centrales de carbón y disminuyó las entregas de gas de Gazprom, la gasera rusa. Esto puede significar el adiós al objetivo de descarbonización 2030, ya que Alemania había contado con el uso de gas para funcionar como un paso intermedio entre la descarbonización y las energías renovables.
Además, Países Bajos, Austria, Reino Unido, Francia e Italia también anunciaron que deberán utilizar más carbón para reemplazar al gas ruso. Obreros en Austria reactivaron la planta de carbón de Mellach; en Francia se detuvo el cierre de las últimas plantas de Saint Avold; y en Reino Unido, Países Bajos e Italia se levantaron las restricciones para la generación de energía eléctrica a base del mineral.
Incluso si la reactivación de las centrales de carbón en Europa es temporal, el impacto al medio ambiente será mayúsculo y no solo le pondría un alto a la transición energética, sino que borraría los pocos avances ambientales que había conseguido la Unión Europea. Este mineral es de los combustibles fósiles que más contaminan (por no decir que el que más) y su consumo no hará más que acercarnos al límite de aumento de temperatura del Acuerdo de París.
La ya frágil protección al medio ambiente se ve aún más mermada por la guerra, lo que deja en claro que, aparentemente, el cambio climático no es una prioridad en la toma de decisiones. Mientras los países pobres sufren con mayor frecuencia las consecuencias del deterioro ambiental, los países ricos pelean sin tomar en cuenta las afectaciones al planeta y la vida en él.
Las condiciones climáticas extremas provocadas por la proximidad del fenómeno conocido como El Niño están alimentando las preocupaciones de que los granos de robusta en los principales productores de café como Vietnam e Indonesia podrían verse afectados, lo que resultaría en un aumento de los precios.
"La transición ahora ampliamente esperada a las condiciones de El Niño en el tercer trimestre de 2023 ha avivado los temores de una producción reducida en Vietnam e Indonesia, ambos importantes productores de café robusta", dijo la unidad de investigación de Fitch Solutions, BMI, en un informe fechado el 24 de mayo.
Los granos de robusta son conocidos por sus características amargas y su mayor acidez, y contienen más cafeína que su contraparte arábica premium y más cara.
La cosecha de robusta de Brasil también se ha visto afectada negativamente por la sequía, según el informe.
Eso significa que el costo del café instantáneo y los espressos, que a menudo se hacen con granos de robusta, podría verse presionado en medio de preocupaciones sobre la oferta y una demanda de robusta más fuerte de lo habitual a medida que los consumidores recurren a sustitutos más baratos del arábica.
El Niño es un fenómeno meteorológico que generalmente trae condiciones más cálidas y secas de lo habitual al Océano Pacífico tropical central y oriental. Los científicos del clima predicen que El Niño de este año podría descender en la segunda mitad de 2023.
El sudeste de Asia experimentó recientemente un calor récord a mediados de mayo.
"En todo el sudeste asiático, las condiciones de El Niño están asociadas con precipitaciones por debajo del promedio y temperaturas más altas, las cuales deprimen la producción de café", dijo el informe de BMI.
Vietnam, Indonesia y Brasil son los mayores productores de robusta, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación.
"Llamamos la atención sobre las fuertes lluvias en Indonesia hasta el T123, que han tenido un impacto negativo en la calidad del grano de café, y el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) pronostica una disminución de alrededor de una quinta parte en la producción de café robusta", dijeron los analistas.
Carlos Mera, director de mercados de materias primas agrícolas de Rabobank, pronostica una caída del 10% en la producción a 11.2 millones de sacos de robusta en la próxima cosecha.
En 2016, la escasez de agua relacionada con El Niño tanto en Vietnam como en Indonesia provocó una disminución de la producción mundial cercana al 10%, según las estadísticas de la unidad de investigación.
Por lo general, en un año de El Niño, "no es raro" que Vietnam e Indonesia "vean una disminución del 20% en la producción" de frijoles robusta, dijo a CNBC Shawn Hackett, presidente de la firma Hackett Financial Advisors.
Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos 2023 el ex ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, José Antonio Ocampo, anunció la realización el 27 y 28 de julio de este año la Primera cumbre Latinoamericana por una tributación global en la ciudad de Cartagena en Colombia. Estos países se caracterizan en general por tener bases tributarias estrechas, y podrían avanzar en prevenir la evasión y elusión tributaria, que se sitúa en cerca de 6 puntos del PIB de la región. Sin embargo, la heterogeneidad en materia fiscal entre los países es un factor determinante que dificulta imponer un marco regulatorio común.
El primer encuentro preparatorio de esta cumbre será en Bogotá el próximo 2 y 3 de mayo bajo el rótulo “Repensando la tributación global”, ahí se intentará conjugar las visiones de la academia, organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial. El objetivo final es intentar profundizar en los acuerdos preliminares en materia fiscal a los que llegaron el 8 de octubre de 2021 los miembros del Marco Inclusivo OCDE/G20 (138 países han firmado a 16 de diciembre de 2022).
Este acuerdo quedó plasmado en el reporte de la OCDE “Enfoque de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía”, que preveía un nuevo marco de fiscalidad internacional, y un plan de acción que debía de empezar a desarrollarse precisamente en 2023. La naturaleza de la economía digitalizada, casi sin fronteras, exige reglas relativamente similares en el mayor número de países posible si no se quieren perder cantidades ingentes de recursos. Las grandes multinacionales digitales pueden obtener importantes ingresos en los mercados extranjeros sin que esos mercados, a su vez, perciban los correspondientes ingresos fiscales, lo que ha generado una erosión de la base imponible y un traslado de beneficios.
El Pilar Uno establece un nuevo marco de tributación para estas empresas basado en el lugar donde se generan los ingresos. Según los acuerdos, los derechos de imposición sobre el 25% de los beneficios residuales de las multinacionales más grandes y rentables (un volumen de negocios global superior a 20.000 millones de euros y una rentabilidad superior al 10%) deben reasignarse a las jurisdicciones donde se encuentran los clientes y usuarios de esa empresa. El Pilar Dos, por otro lado, se enfoca en asegurar que las empresas multinacionales paguen un impuesto mínimo global del 15% con el objetivo de evitar la evasión y el dumping fiscal. Las estimaciones de la CEPAL sitúan la evasión y elusión tributaria en cerca de 6 puntos del PIB de América Latina (US $ 325 mil millones en 2018). Como muestra del avance de esta agenda, el 2 de febrero de 2023 la OCDE publicó la guía técnica para la implementación de estas reglas GloBE (Global anti-Base Erosión) ajustadas a cada legislación nacional.
En general los países de América Latina se caracterizan por tener bases tributarias estrechas, pero la heterogeneidad entre los países de la región es un factor determinante que tener en cuenta, y deja ver las grandes dificultades que puede haber para terminar por imponer un marco regulatorio común.
Entre 1990 y 2019, en los países de América Latina, la cantidad de impuestos que se recaudan en relación con el tamaño del PIB aumentó paulatinamente del 15,7% al 22,9%. Aunque la diferencia entre la cantidad de impuestos entre los países de Latam y los países de la OCDE disminuyó entre 1990 y 2008, se ha mantenido constante en 11 puntos porcentuales desde entonces.
Más recientemente algunos gobiernos de la región intentaron hacer reformas fiscales. Colombia, el promotor de este encuentro, consiguió a finales de 2022 acordar una reforma con la que espera recaudar lo equivalente a un 1,2% del PIB. En Chile el gobierno de Boric presentó una propuesta, rechazada por la cámara de diputados el pasado 7 de marzo, con el objetivo de aumentar la recaudación en un 3,6% del PIB. En Ecuador, el parlamento aprobó en noviembre de 2022 la derogación de la ley que había aumentado los impuestos sobre la renta durante la pandemia, lo que había permitido al gobierno de Lasso incrementar la recaudación. El nuevo gobierno de Lula anunció también una ambiciosa reforma fiscal para financiar sus nuevos planes de inversión, aunque se enfrentará a la oposición de la mayoría en la cámara de diputados. Finalmente, el gobierno de AMLO en México aunque ha aumentado la recaudación al eliminar las condonaciones de impuestos, no ha llevado a cabo ninguna reforma fiscal durante su mandato.
La Primera cumbre Latinoamericana por una tributación global en Colombia buscará profundizar en los acuerdos preliminares en materia fiscal a los que llegaron los Miembros del Marco Inclusivo OCDE/G20 en octubre de 2021, y es un paso importante para abordar el problema de un marco regulatorio común para la tributación en la región. La heterogeneidad entre los países será sin duda un factor determinante que lo dificulta, la cooperación y el trabajo conjunto son esenciales para encontrar soluciones efectivas para la tributación global y una economía digitalizada. Mientras tanto, el promotor Ocampo renunció al cargo del Ministro de Hacienda el 27 de abril.
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En la última década, el cambio climático ha pasado de ser una preocupación distante a ser una realidad que afecta en múltiples aspectos a todo el mundo. A medida que los fenómenos meteorológicos extremos se vuelven más frecuentes e intensos, se destaca un aspecto particularmente preocupante: el impacto en la salud de los trabajadores. Desde los agricultores que trabajan bajo el sol hasta los socorristas que enfrentan incendios forestales cada vez más potentes, los efectos del cambio climático se manifiestan de manera aguda en los entornos laborales. En este texto, se revisarán los diversos impactos sobre la salud.
La temperatura media de la superficie terrestre en 2023 fue la más cálida registrada hasta la fecha. Entre 2011 y 2020, la temperatura media de la superficie terrestre fue 1.1 °C más cálida que la temperatura media a finales del siglo XIX. Esto ha causado cambios generalizados y rápidos en la atmósfera, la tierra, los océanos y las regiones polares. El calentamiento global ha resultado en extremos climáticos en todos los continentes, como lo demuestra el aumento en la frecuencia y severidad de olas de calor, precipitaciones intensas, incendios forestales, sequías y ciclones tropicales.
Los desastres naturales potenciados por la crisis climática tienen profundos efectos en la salud humana y, por ende, en los sistemas de salud. Los impactos abarcan tanto las consecuencias directas como las indirectas de estos desastres, algunas de las cuales pueden manifestarse meses o incluso años después. Entre los impactos inmediatos se encuentran los fallecimientos, las lesiones físicas, la desnutrición, así como enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Además, la exposición a enfermedades infecciosas como el cólera, la disentería y la fiebre tifoidea, derivadas del consumo de agua o alimentos contaminados. Por otro lado, el estrés, el trauma y la pérdida del hogar ocasionados por los eventos naturales pueden contribuir al desarrollo de trastornos de salud mental como la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático.
Existen seis eventos climáticos que son reconocidos por su influencia en la salud, como el entorno físico de las personas, así como el bienestar social y económico. Dichos eventos son: inundaciones, sequías, olas de calor, tormentas tropicales, incendios forestales y aumento del nivel del mar. Actualmente, estos fenómenos tienen un efecto especialmente nocivo en la pureza del aire y del agua, así como en la disponibilidad de alimentos. Sus efectos a largo plazo podrían incluir el retraso en el crecimiento infantil debido a la desnutrición, así como enfermedades respiratorias o cardiovasculares desencadenadas por una mala calidad del aire a causa de incendios forestales u olas de calor prolongadas.
Los trabajadores, especialmente aquellos que realizan sus labores al aire libre, suelen ser los primeros en enfrentar las repercusiones del cambio climático, a menudo durante períodos más prolongados y con mayor intensidad que el resto de la población. Aproximadamente 1.2 mil millones de trabajadores están expuestos a la contaminación atmosférica, lo que resulta en más de 860,000 muertes anuales. Las políticas de seguridad y salud laboral han enfrentado dificultades para mantenerse al día, y los trabajadores siguen expuestos a una variedad de riesgos relacionados con el clima.
Los sectores que tienen una alta tasa de empleo también están entre los más susceptibles a los efectos del cambio climático. Los grupos de trabajadores vulnerables como los migrantes empleados en la construcción y la agricultura en sectores informales enfrentan riesgos particulares. Además, los profesionales de servicios de emergencia enfrentarán condiciones laborales cada vez más peligrosas a medida que los eventos climáticos extremos se vuelvan más frecuentes y severos. En la actualidad, alrededor de 1,200 millones de empleos dependen directamente de la gestión efectiva y la sostenibilidad de un entorno saludable, especialmente en sectores como la agricultura, la pesca y la silvicultura. Mientras que los ecosistemas se ven afectados y los recursos esenciales se vuelven más escasos, muchos empleos en estos y otros sectores están en riesgo.
Mantener una temperatura corporal alrededor de los 37°C es crucial para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. Si esta temperatura supera los 38°C, tanto las funciones físicas como cognitivas comienzan a deteriorarse. Cuando sobrepasa los 40.6°C, aumenta considerablemente el riesgo de daño a los órganos, pérdida de consciencia y, en casos extremos, la muerte. El estrés por calor en el trabajo se refiere al exceso de carga térmica a la que un trabajador puede estar expuesto debido a diversos factores que pueden actuar solos o en combinación. Estos factores incluyen las condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad del aire, así como fuentes de calor en entornos industriales, como emisores de calor y maquinaria. La duración e intensidad del esfuerzo físico también son factores contributivos, al igual que los requisitos de seguridad y salud en el trabajo.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, cada año se registran alrededor de 23 millones de lesiones laborales y 18,970 muertes debido a la exposición a las altas temperaturas en el trabajo. Además, se estima que, en 2020, unas 26.2 millones de personas padecían enfermedad renal crónica atribuible a esta misma exposición al calor durante sus horas de trabajo. Los trabajadores de todas las edades son susceptibles a los efectos nocivos del calor excesivo, incluso los más jóvenes. Sin embargo, los adultos mayores se ven especialmente afectados debido a una menor tolerancia a las altas temperaturas y una capacidad aeróbica más deficiente.
El impacto del calor extremo varía según el sector, pero los que corren mayor riesgo son los empleados al aire libre que ejercen trabajos físicamente exigentes y los que laboran en interiores, en lugares mal ventilados donde la temperatura no está regulada. Estos trabajos se encuentran típicamente en la agricultura, los bienes y servicios ambientales (gestión de recursos naturales), la construcción, la manufactura, la recolección de basura, los trabajos de reparación de emergencia, el transporte, el turismo y los deportes; así como una gran parte del sector informal como la venta ambulante.
Se han asociado diferentes impactos adversos para la salud debido al estrés por calor en el lugar de trabajo. Los efectos agudos varían de leves a graves e incluyen insolación, agotamiento, calambres, sarpullidos, rabdomiólisis (ruptura de los tejidos musculares que libera una proteína dañina en la sangre) e incluso la muerte. Los impactos a largo plazo de la exposición a altas temperaturas incluyen enfermedades cardiovasculares, lesiones renales agudas y enfermedades renales crónicas, todas las cuales están asociadas con ambientes de trabajo calurosos. El calor extremo también puede aumentar el riesgo de accidentes y lesiones en el lugar de trabajo debido a problemas como manos sudorosas, gafas de seguridad empañadas, mareos y disminución de la función cerebral. De igual manera, es posible que agrave estos riesgos al causar desorientación, juicio alterado, pérdida de concentración, disminución del estado de alerta y fatiga.
El cambio climático pone en peligro los ecosistemas y, con ello, los 1.200 millones de empleos que dependen de ellos, como los de la agricultura, la silvicultura y la pesca. Regiones enteras podrían volverse improductivas y muchos lugares de trabajo serán demasiado calurosos para realizar labores. En otras áreas, los desastres naturales destruirán infraestructuras críticas en los lugares de trabajo y ocasionarán pérdidas de vidas. Esto resultará en un aumento de la migración inducida por el clima, un incremento del trabajo informal y un alza en el desempleo. Por ejemplo, si la temperatura global sube 2 grados centígrados para finales de siglo, se espera que las solicitudes de asilo a la Unión Europea (UE) se dupliquen.
Como podemos observar en el cuadro, los efectos provocados por los eventos climáticos requieren de determinantes específicos para afectar el entorno natural, la salud y la economía. Además de los impactos directos en la salud humana ya mencionados (que son tanto físicos como mentales), los fenómenos del clima también tienen repercusiones económicas severas. El daño a cosechas y la inseguridad alimentaria resultante provocan un aumento en los precios de los bienes primarios, lo que contribuye a la inflación y a una inestabilidad económica generalizada. Esta cadena de repercusiones culmina en un aumento de la pobreza y la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas, que exacerba las desigualdades sociales y económicas existentes.
El cambio climático, con su aumento de temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos, afecta significativamente la salud de los trabajadores que se ven obligados a laborar bajo las altas temperaturas que ya son la nueva normalidad. Cada año, miles de millones de trabajadores enfrentan riesgos aumentados debido al cambio climático, y es probable que estas cifras continúen en aumento en el futuro cercano si no se toman las medidas correspondientes. Los peligros a los que se ven expuestos exigen una actualización de las políticas de seguridad y salud laboral para proteger a la fuerza de trabajo, sin embargo, lo verdaderamente urgente es bajar la emisión de gases de efecto invernadero para detener el rápido avance del deterioro climático. La adaptación y mitigación de estos efectos se vuelve crucial para preservar la salud y la vida de millones de trabajadores en todo el mundo.
La velocidad y los efectos del cambio climático generan una crisis aún más grave que la pandemia. La actual trayectoria del desarrollo ha puesto en peligro el equilibrio del sistema ecológico que lo sustenta. ¿Cuál es la relación entre la pandemia y el medio ambiente?
Debido a la creciente influencia de los seres humanos en la naturaleza, los ciclos biogeoquímicos se han alterado drásticamente y la biodiversidad se ha reducido a un ritmo amenazador. Las causas incluyen el aumento de las temperaturas globales. El objetivo del Acuerdo de París (2016) para el año 2100 es mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales (1880) y preferiblemente por debajo de 1,5°C, de lo contrario los riesgos ambientales aumentarán drásticamente.
El aumento de la temperatura favorece el desarrollo de infecciones (Zhou et.al, 2008) y amplía el alcance de la transmisión de varias zoonosis, que como vemos hoy en día, no se limitan a una sola región, sino que alcanzan el nivel mundial. Además, existe preocupación por las bacterias y los virus que hasta ahora han permanecido congelados en el permafrost, ya que los seres humanos tendrían poca resistencia inmunológica a ellos.
Las barreras naturales entre los seres humanos y los patógenos se vuelven más frágiles a medida que se altera el equilibrio natural y aumenta la resistencia de los ecosistemas, la diversidad genética y la resistencia microbiana y la propagación de los patógenos. (F. Keesing et al., 2010).
La región de América Latina y el Caribe emite menos concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en todo el mundo; sin embargo, se ve principalmente afectada por el cambio climático. El Caribe es particularmente vulnerable porque la población vive en islas y sus ciudades están aún más expuestas debido a su proximidad al mar, ya que dependen de él ambiental y económicamente. Dado que no todos los países y grupos sociales contribuyen a las emisiones y sufren sus efectos en la misma proporción, la política ambiental debe basarse en el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. A nivel continental, los Estados Unidos son el mayor emisor de CO2 (399.000 millones de toneladas).
En América Latina, las principales medidas que se elaboran para reducir las emisiones de GEI son la aplicación de energías renovables, el aumento de la eficiencia energética, la protección de los bosques, el mejoramiento de las prácticas agrícolas, la gestión adecuada de los desechos y la mejora de los procesos industriales.
Las fronteras planetarias definen un espacio seguro para el desarrollo sostenible basado en la ciencia, en el que el riesgo de cambios ambientales drásticos sigue siendo bajo. En la actualidad, se han podido identificar nueve de ellas: el cambio climático, la integridad de la biosfera, los flujos biogeoquímicos, el cambio de uso de la tierra, las entidades novedosas, el agotamiento del ozono estratosférico, la carga de aerosoles atmosféricos, la acidificación de los océanos y el uso de agua dulce. De estos límites, los cuatro primeros han sido superados. La política ambiental, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad científica tienen que actuar conjuntamente en este concepto para que puedan informar sobre las transformaciones de la sostenibilidad y las vías para lograr los objetivos del Programa 2030 y del Acuerdo de París para reducir la presión sobre estos límites
En América Latina, el proyecto sobre la pospandemia: Plan de Recuperación Económica con Justicia Social y Ambiental 2020-2030, promovido por el movimiento internacional "Nuestra América Verde", liderado por líderes sociales y políticos de la región. Consiste en la aplicación de medidas para la transición a la energía sostenible en la vivienda y el transporte; así como la defensa del agua, la protección social de los trabajadores y las medidas de financiación justa, como la recaudación del impuesto sobre el patrimonio.
El dióxido de nitrógeno es un gas nocivo emitido por los motores, las centrales eléctricas y la industria. Desde febrero, los satélites de la NASA han detectado caídas de entre el 20% y el 30% en las emisiones de este gas en algunos países fuertemente afectados por el cierre económico, como Italia y los Estados Unidos.
Como consecuencia de la pandemia, se redujeron las actividades industriales, el número de vuelos y se suspendieron los eventos masivos, lo que tuvo resultó en impactos positivos pero temporales para el medio ambiente como la reducción del nivel de emisiones de GEI, la disminución del consumo de combustibles fósiles y la mejora de la calidad del aire. En algunos países, la sociedad está empezando a desarrollar una conciencia ambiental y un plan a largo plazo y empezaron a proponerse iniciativas en favor del medio ambiente, lo que podría llevar a exigir al Estado y a las industrias que replanteen la estructura de la economía y la producción y, por lo tanto, se adapten y se limiten a los ciclos naturales del medio ambiente para permitir su regeneración.
En el informe publicado en noviembre de 2020 por la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) se afirma que, además de los efectos positivos, también ha habido otros negativos como el aumento del uso de plásticos de un solo uso y la expansión de los desechos domésticos y hospitalarios.
La pandemia pone sobre la mesa la compleja interacción entre los sistemas del planeta Tierra y la actual estructura de políticas sociales, económicas y ambientales.
Las perspectivas energéticas se complican por la caída en la demanda durante el confinamiento, en especial para las energías fósiles; sin embargo, la importancia del petróleo sigue siendo crucial. China es el actor central tanto para la industria petrolera mundial a partir de su recuperación económica, así como el principal actor en cuanto a fuentes de energía limpia. ¿Cuáles son las perspectivas para la energía en general y la energía fósil en particular?
El petróleo y el gas natural tienen en común, tanto una importancia significativa para los ingresos fiscales e ingresos en divisas de sus países exportadores, así como una severa caída de sus precios durante la crisis producida por la pandemia. Por lo tanto, se prevé un panorama adverso.
La crisis por la pandemia arrastra a la industria petrolera con baja rentabilidad a una posible serie de quiebras. La AIE (Agencia Internacional de Energía) estimó en julio de 2020 que la demanda total de energía disminuirá en un 6% y la demanda de petróleo en casi un 8% en 2020.
A pesar de una moderada recuperación de los precios del petróleo desde junio de 2020, el mercado petrolero depende de una recuperación en el transporte y el uso de gasolina a nivel mundial. El panorama es más incierto si se toma en cuenta que desde antes de la pandemia, la demanda petrolera creció menos del 1% en 2019. Además, las ganancias netas de Saudí Aramco, la petrolera más grande del mundo, disminuyeron 21% en 2019, y en el segundo trimestre de 2020, cayeron 73%, respecto al mismo periodo en el año anterior. Algunos expertos, como el director general de BP, no descartan que la demanda de petróleo pudo ya haber alcanzado su punto máximo.
Bajo este contexto, se mueve la orientación de inversiones hacia proyectos más limpios por parte de algunas firmas petroleras al promover, de a poco, la eliminación de fuentes de energía sucia; resaltan la propia Saudi Aramco, BP y Shell.
Dentro de este contexto, destaca la salida de Exxon Mobil, la petrolera más importante de EEUU, de la lista de 30 empresas del Índice industrial Dow Jones (DJIA) junto con Raytheon (defensa y aeroespacial) y Pfizer (farmacéutica). En el comunicado de esta decisión, Dow Jones mencionó que la salida de Exxon Mobil ocurrió para diversificar empresas que reflejen mejor la economía estadounidense.
Aun a pesar de que las perspectivas en energías limpias son en general positivas; la inversión en energías renovables puede disminuir significativamente en el año 2020, con la importante excepción de China. Se prevé una disminución del 17% en el despliegue de la energía solar fotovoltaica y del 8% en el despliegue de la energía eólica en 2020. China se recupera rápido y se prevé para la energía eólica y solar un crecimiento de 36% y el 20%, respectivamente, el año en curso.
Diversas economías como Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia dependen fuertemente de la exportación de petróleo y gas; mientras México y Brasil dependen por sus ingresos fiscales a partir de las petroleras Pemex y Petrobras respectivamente. Estos últimos, ante esta situación, pierden buena parte de sus ingresos fiscales; y los primeros pierden por divisas, por volumen ante la falta de demanda y por precio bajo, además de depender de una constante demanda de importaciones por parte de los importadores netos.
El panorama energético mundial depende principalmente de China y su resiliencia económica interna, como eje central, tanto para la demanda de combustibles fósiles, como la inversión en energías limpias. Se espera una recuperación de la demanda de petróleo de China a partir de su crecimiento interno, lo que es bueno particularmente para Brasil, Arabia Saudí, Noruega y Angola. De este modo, las exportaciones de crudo parecen salir a flote.
Paradójicamente, China es el mayor importador neto de crudo del mundo, a pesar de los esfuerzos por limitar su dependencia y menor consumo de energía fósil. El petróleo significa también un insumo importante para innumerables usos industriales, además del energético.
China es al mismo tiempo el eje de la transición energética y el principal inversor en energía limpia. La recuperación china muestra la fragilidad petrolera al ser el principal demandante de crudo. Contradictoriamente, el arrastre del crecimiento económico de China significa la principal esperanza de la industria petrolera mundial para recuperarse en alguna medida.
El panorama muestra una disputa entre energías sucias y limpias en una coyuntura tanto de cambio energético, como de crisis en la demanda energética. En esta disputa aun coexisten ambas y, por tanto, ambas serán afectadas; las energías fósiles están siendo afectadas de manera más significativa. La crisis por la pandemia puede significar un impulso a la transición hacia energías más limpias bajo el liderazgo de China.
El hecho de que nuestro planeta se llame “Tierra” es un poco engañoso ya que 70% de la superficie del globo es oceánico. Alrededor del 50 al 80% de todas las formas de vida en la Tierra existen en las profundidades del océano. Cada año, aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) originadas por las acciones humanas es absorbida por el océano. Este ciclo puede ser interrumpido como consecuencia del cambio climático y, con ello, se pondría en peligro la vida marina y la seguridad alimentaria humana.
En notas anteriores se habló de las consecuencias climáticas sobre las cosechas de cereales, debido a un aumento en las temperaturas alrededor del mundo. El fenómeno de El Niño exacerbaría estos efectos, pero no se darían únicamente en tierra firme, sino también en el agua. El 27 de julio de 2023, António Guterres, Secretario General de la ONU, anunció que la época de aumento de temperatura global ha concluido. No obstante, advirtió que estamos entrando en una era de “ebullición global”.
De acuerdo con las estimaciones de la NASA, el mes de julio de 2023 registró un aumento de temperatura de 0.24 grados Celsius en comparación con cualquier otro julio previamente registrado. Además, fue 1.18°C más cálido que el promedio de julios entre 1951 y 1980. La agencia destaca que los cinco julios más calurosos desde 1880 han ocurrido en los últimos cinco años.
A finales de julio de 2023, la temperatura promedio diaria de la superficie marina en todo el mundo llegó a 20.96 °C, superando el récord anterior de 20.95 °C establecido en 2016, según los análisis climáticos del servicio Copernicus. Durante el período comprendido entre 2015 y 2019, episodios de elevadas temperaturas en el océano condujeron a la desaparición de alrededor de 50 tipos de organismos, entre ellos corales y moluscos.
Se ha observado calentamiento inusual en el Atlántico Norte. En las zonas cercanas a la costa del Reino Unido la temperatura del agua ha excedido en más de 5°C los niveles habituales. Las temperaturas en la parte superior del Mar Mediterráneo han alcanzado un punto máximo histórico de 28.7 grados Celsius, y en ciertas zonas del este del mar, incluso han superado los 30°C.
Los océanos desempeñan un papel crucial en la regulación del clima. Actúan como un sumidero térmico, generan aproximadamente la mitad del oxígeno de nuestro planeta e influyen en los patrones climáticos. Cuando las aguas oceánicas se vuelven más cálidas, su capacidad para absorber CO2 disminuye, lo que implica que una mayor cantidad de este gas permanezca en la atmósfera. Además, el calentamiento oceánico puede acelerar el derretimiento de glaciares que desembocan en el mar, contribuyendo a un aumento del nivel del agua.
El incremento de las temperaturas ocasiona efectos duraderos en la fauna marina, ya que las especies móviles irán en busca de hábitats más frescos, lo que podría desencadenar desequilibrios en ecosistemas completos. Por otro lado, las especies que permanecen en un mismo lugar son más susceptibles al estrés térmico, ya que carecen de la capacidad de migrar en busca de condiciones más adecuadas.
El último informe emitido por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático indica que, en Australia, los resultados obtenidos de la pesca podrían disminuir en un rango de entre un 3 y un 10% si las temperaturas globales medias aumentan en un rango de 0.9 a 2.0 grados centígrados por encima de los niveles previos a la industrialización. Si el calentamiento del planeta continua sin control y las temperaturas promedio aumentaran entre 2.4 °C y 5.2 °C, los rendimientos podrían caer hasta en un 30%.
En Alaska, la combinación de una ola de calor en el mar y un crecimiento abundante de cangrejos parece haber sido la causa detrás de la gran cantidad de muertes de esta especie, ya que los cangrejos experimentaron un aumento en su actividad metabólica debido a las aguas más cálidas y, como resultado, se quedaron sin suficiente alimento. Es muy probable que el aumento de las temperaturas en los océanos y ríos también conduzca a una reducción significativa en la población de salmones.
Para los atunes, el agua cada vez más cálida amenaza su desarrollo. Se estima que cinco especies, incluyendo el atún rojo del Atlántico y del sur, el pez espada, el patudo y el atún blanco, experimentarán una disminución tanto en su cantidad total como en su tamaño. En algunos países los pescadores abandonan sus faenas por esta razón, por ejemplo, Sudán, en donde capturan un cuarto de lo habitual.
El calentamiento de los océanos no debe ser ignorado. Los efectos no solo serán severos sobre las diversas especies marinas sino también sobre los seres humanos. Los océanos absorberán menos CO2, gran cantidad de flora y fauna será perdida, y la falta de peces presionará los precios de los alimentos del mar como ya sucede con los productos agrícolas debido a las sequías y otros eventos extremos del clima.
Desde hace un siglo la Argentina bascula entre el poder de los estancieros que exportan carne y trigo y los industrialistas. Esto ha llevado a una oscilación casi permanente entre políticas de crecimiento lideradas por las exportaciones y políticas de industrialización. Más recientemente han tenido un auge en las exportaciones primarias derivadas de las inversiones de China en minería y energía. Esto si bien ha servido para tapar los déficits externos es un desvío de la razón de ser del país, donde la idea es que sin industria no hay Argentina1.
Mientras tanto, con más del 80% del comercio exterior concentrado en Gran Bretaña, cuando éste perdió dinamismo en los años 50, la Argentina corrió la misma suerte. El declive del uno trajo consigo del declive del otro por la estructura del mercado externo y por la naturaleza del comercio. Tan recientemente como 1960, CEPAL consideraba a la Argentina como un país exportador de manufacturas junto con Brasil, distinto de los países primario exportadores del resto de Sudamérica. Desde entonces, se ha desmantelado la industria aeronáutica, la automotriz, la de computo; y la que está en cuestión ahora es la industria de medicina nuclear.
Las expresiones políticas del sector financiero son el PRO y la derecha peronista. Esta nueva elite desprendida de la tierra, ha peleado desde los años 80 por tomar el control de la economía, siempre con el mismo mal destino. Con una tecnocracia pro libre mercado no ha logrado consolidarse en el poder a pesar del apoyo irrestricto de Estados Unidos, del FMI, de la prensa económica y del capital financiero internacional, acabando con crisis cambiarias: 2001 y 2019.
Es posible que por esta crisis cambiaria y los problemas de deuda que regularmente aquejan al país, Axel Kiciloff, ex ministro de economía del gobierno de Cristina Kirchner, haya emprendido una gira por Estados Unidos para tranquilizar los ánimos de los mercados financieros. Lo cierto es que para los halcones neoconservadores del Departamento de Estado Kiciloff es una bete noire. Para la prensa económica internacional es un rebelde, y Cristina fue la luchadora principal contra los fondos buitres y en particular con el fondo Elliot. Elliot es un aportante significativo de recursos a lobbies del congreso para cambios de leyes financieras, incluyendo la Champerty que existía y que hubiera impedido el acuerdo al que llegó Elliot con el gobierno de Macri en el 2015.
La esencia del problema es que Argentina, al igual que Estados Unidos, México y Brasil, crecen por la dinámica del mercado interno y no por sus exportaciones. Los embates contra el salario real de los exportadores se tumban el mercado interno. Cuando esto se acompaña de aperturas irrestrictas de mercados lo normal es que la tasa de inversión privada se caiga junto con la caída de la actividad manufacturera. Todo esto antecede la caída del PIB por un semestre. Los estrangulamientos de balanza de pagos normalmente acompañan estas crisis por tipos de cambio sobrevaluados y salida de capitales.
Todo indica que el péndulo regresa en el 2019 hacia el lado de los industriales, después de un gobierno pro mercado exportador fracasado. Un nuevo gobierno pro Estado industrial hará que la tasa de inversión aumente, mejoren los salarios y con eso ocurra una reactivación. De esto habló Kiciloff en el Wilson Center el 10 de mayo pasado. La restricción externa se mantendrá, pero los obligará a exportar más. El peligro es que la estrecha relación con China pueda terminar derrotando su propósito productivo industrial.
Según "Inversiones de la República Popular China en Argentina", efectuado por Julio Calzada y Franco Ramseyer, analistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, las inversiones mayores de China están en Ferrocarriles Belgrano y San Martín Cargas, y también en el “Corredor vial B del Programa de Participación Público Privada”. Desarrollan proyectos de parques eólicos, energía solar, centrales nucleares y represas hidroeléctricas. Esto genera una tensión porque si bien exportaciones manufactureras representan el grueso del total nacional históricamente, las materias primas aún representan 30% de sus exportaciones. El problema es que mientras el sector automotriz representa el 40% del comercio con Brasil, principal socio comercial; el comercio con China, segundo socio, está centrado 83% en alimentos, y petróleo crudo, según el Observatorio para la Complejidad Económica de MIT. El triunfo del Kirchnerismo será el triunfo de los intervencionistas, y podría no ser necesariamente de los industrialistas, viendo el nuevo papel de China en su economía. Frente al fracaso del mercado y la restricción externa tendrán que decidir con quién y por dónde.
Mientras tanto, Cristina enfrenta 10 juicios llevados por un juez que está recién operado de cáncer al cerebro. La Corte Suprema comenzará los procedimientos judiciales el 21 de mayo y se verá si puede o no ser candidata
1 Marcelo Rougier, Argentina será industrial o no cumplirá sus destinos, Imago Mundi, Buenos Aires, 2018
Asia’s next tiger
Good afternoon, Vietnam
Having attained middle-income status, Vietnam aims higher
WHEN Jonathan Moreno’s company was looking for a location for a new factory in 2009 to make its medical devices, it ruled out much of the world. Europe and the Americas were too expensive, India was too complex and intellectual-property rights in China too patchy. In the end, Vietnam was the one candidate left standing. It still seemed risky as the country was just emerging as a destination for foreign investors. Seven years on, Mr Moreno surveys the scene—employees assemble delicate diagnostic probes in a room that resembles a laboratory—and has no doubt about where his company, Diversatek, will expand next. “To the back, there and there,” he says, pointing to either side.
It is far from alone. Foreign direct investment in Vietnam hit a record in 2015 and has surged again this year. Deals reached $11.3 billion in the first half of 2016, up by 105% from the same period last year, despite a sluggish global economy. Big free-trade agreements explain some of the appeal. But something deeper is happening. Like South Korea, Taiwan and China before it, Vietnam is piecing together the right mix of ingredients for rapid, sustained growth.
Vietnam already has a strong, often underappreciated, record. Since 1990 its growth has averaged nearly 6% a year per person, second only to China. That has lifted it from among the world’s poorest countries to middle-income status. If Vietnam can deliver 7% growth for another decade, its trajectory would be similar to those of China and the Asian tigers (see chart). But that is no sure thing. Should growth fall back to 4%, it would end up in the same underwhelming orbit as Thailand and Brazil.
Perhaps the biggest factor in Vietnam’s favour is geography. Its border with China, a military flashpoint in the past, is now a competitive advantage. No other country is closer to the manufacturing heartland of southern China, with connections by land and sea. As Chinese wages rise, that makes Vietnam the obvious substitute for firms moving to lower-cost production hubs, especially if they want to maintain links back to China’s well-stocked supply chains.
A relatively young population adds to Vietnam’s appeal. Whereas China’s median age is 36, Vietnam’s is 30.7. Soon enough, it will start ageing more rapidly but its urban workforce has much scope to grow. Seven in ten Vietnamese live in the countryside, about the same as in India—and compared with only 44% in China. The reservoir of rural workers should help dampen wage pressures, giving Vietnam time to build labour-intensive industries, a necessity for a nation of nearly 100m people.
Many other countries also boast young workforces. But few have had as effective policies as Vietnam. Since the early 1990s the government has been very open to international trade and investment. This has given foreign companies the confidence to build factories. Foreign investors are responsible for a quarter of annual capital spending. Trade accounts for roughly 150% of national output, more than any other country at its level of per-person GDP.
Investors have also taken heart from the stability of Vietnam’s long-term planning. Like China, it has used five-year plans as rough blueprints for development. But also like China, its governance allows scope for innovation: its 63 provinces compete with each other to attract investors. A model of developing industrial parks with foreign money and managers began in Ho Chi Minh City in 1991 and has since been replicated elsewhere.
And Vietnam’s workforce is not just young but skilled. Public spending on education is about 6.3% of GDP, two percentage points more than the average for low- and middle-income countries. Although some governments spend even more, Vietnam’s expenditures have been well focused, aiming to boost enrolment levels and ensure minimum standards. In global rankings, 15-year-olds in Vietnam beat those in America and Britain in maths and science. That pays dividends in its factories. At Saitex, a high-end denim manufacturer, workers must handle complex machinery—from lasers to nanobubble washers—all to produce the worn jeans so popular in the West.
On top of this solid foundation, Vietnam is reaping benefits from trade deals. It is set to be the biggest beneficiary of the Trans-Pacific Partnership (TPP), a 12-country deal that includes America and Japan. With American politics turning hostile to trade, there is a risk that the TPP will fail. But even if that happens, Vietnam will do well. The TPP has already helped to advertise its capabilities. And there are other major agreements: a free-trade pact with the EU is in the works, and one with South Korea went into force in December.
Yet Vietnam also faces a series of challenges, any of which could impede its rise. Speculative excesses in the past helped fuel a property bubble. It burst in 2011, saddling banks with bad debts. Vietnam created a “bad bank” to house the failed loans and has started cleaning up its banks. However, it has been slow to inject new capital into its banks and hesitant about modernising their operations.
In one crucial area it compares poorly with China: getting the most out of the private sector. Private Chinese companies generate about 1.7 yuan of revenue per yuan of assets, more than double the 0.7 ratio for state-owned enterprises (SOEs). In Vietnam private-sector productivity has slumped over the past decade to the 0.7 level, the same as SOEs, says the World Bank. One reason is that large groups in Vietnam sprawl across 6.4 separate industries on average; those in China operate in just 2.3, according to the OECD.
Furthermore, although Vietnam has benefited from foreign investment, only 36% of its firms are integrated into export industries, compared with nearly 60% in Malaysia and Thailand, according to the Asian Development Bank (ADB). In some cases Vietnam has gone too high-end. Much has been made of Samsung’s plans to invest $3 billion in mobile-phone production in Vietnam, but domestic suppliers provide it with little except plastic wrapping. Vu Thanh Tu Anh, director of the Fulbright Economics Teaching Program in Ho Chi Minh City, says the government needs to help build up supply chains—for example, training companies in textile production to support the apparel sector.
There are grounds for cautious optimism. The Ministry of Planning and Investment teamed up with the World Bank to lay out a strategy for change earlier this year. Their joint report, “Vietnam 2035”, details how the country can make SOEs more commercial and reinvigorate the private sector. Weakened public finances—the fiscal deficit is set to be more than 6% of GDP for the fifth straight year in 2016—are putting pressure on the government. To bolster its revenues, it sold shares in more than 200 SOEs last year, the biggest annual tally ever. These were mostly small deals but in July it took a bolder step, scrapping a foreign-ownership limit (previously 49%) on Vinamilk, the country’s main dairy company. Investors are hopeful this will serve as a template for more such reforms.
After years of solid growth, Vietnam has nearly reached a milestone. Now it is classified as a middle-income country, it is about to lose access to preferential financing from development banks. In 2017 the World Bank will start to phase out concessional lending. For Vietnam it is a moment to reflect on how far it has come and also on the trickier path ahead. It has a chance to be Asia’s next great success story. It will take courage to get there.
Ya no basta con reducir la desigualdad y mejorar la productividad. Por si a América Latina le faltase, en Naciones Unidas ahora quieren que, además, cuide del planeta. “El gran impulso ambiental”, como lo llama su Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es un plan que pretende fomentar las inversiones verdes del sector privado, mejorar la eficiencia energética de las empresas y sustituir progresivamente a los hidrocarburos por renovables. En palabras de Alicia Bárcena, que desde Santiago de Chile dirige la CEPAL, “la región ya no puede seguir aceptando inversiones altamente contaminantes”.
De visita en Madrid por una conferencia sobre las perspectivas económicas de América Latina, Bárcena (Ciudad de México, 1952) habló del big push Ambiental, como también se conoce a este modelo de crecimiento ecológicamente sostenible. En su versión espanglish, el nombre remite más directamente a su principal inspiración, la teoría del big push del economista Paul Rosenstein-Rodan, que en 1943 habló por primera vez de la necesidad de proyectos de inversión simultáneos y en múltiples industrias —en oposición a una serie de pequeñas inversiones puntuales— para sacar de su atasco a las economías emergentes. La metáfora del avión es una de las más usadas para resumirlo: lograr que un país en desarrollo entre en una senda sostenible de crecimiento es como despegar un aeroplano, no se puede sin haber alcanzado antes un mínimo de velocidad (nivel de inversiones).
Pero el desafío que enfrenta la CEPAL con su big push es todavía mayor. Entre Río Grande y Tierra del Fuego son muchos y muy variados los modelos de avión a despegar, con Chile como uno de los alumnos modelo según Bárcena: “Chile ha sido entre los primeros a comprometerse en descarbonizar su economía porque el problema del cambio climático les queda muy cerca, sus glaciares en la Antártida se están derritiendo… Se han dado cuenta de que lo que viene es algo muy grande”.
En otros países, como Ecuador o México, la ecuación no es tan clara porque sus ingresos de dólares dependen de la exportación de hidrocarburos. ¿Cuál es el enfoque para ellos? Bárcena no cree en una retirada automática del petróleo, pero sí en un modelo de carbono neutral, en el que esos países siembran bosques o restringen otras emisiones de CO2. También, en comenzar ya con el tránsito hacia una economía con menor dependencia de los combustibles fósiles: “Ecuador, por ejemplo, sabe que le queda petróleo para 17 años y tiene que ir buscando alternativas”.
Según José Luis Samaniego, responsable de desarrollo sostenible en la CEPAL, agotar los yacimientos sería el menor de los problemas. Antes de eso, advierte, la creciente concienciación por el cambio climático podría convertir en un fiasco muchos proyectos de hidrocarburos. “Argentina tiene los Andes para generar pequeñas hidroeléctricas, tiene sol en Jujuy y en Salta, y tiene altísimos vientos en la Patagonia, pero lo que exporta es [el yacimiento de] Vaca Muerta porque ese es el modelo que conoce su Ministerio de Energía y porque creen que podrán explotarlo durante toda la vida útil del yacimiento, pero a lo mejor no pueden”.
En su opinión, si las renovables no se han disparado aún en la región es por la falta de inversión en redes. “El sistema energético actual está diseñado para un mundo con grandes generadores integrados en la cadena de distribución y localizados cerca de los centros de consumo”. El coste marginal de producción de energía renovable puede ser más bajo, dice, pero para explotarla hay que invertir antes en distribución. A las reglas de licitación que sirven para favorecer a las renovables, explica, habría que sumarle un paquete coherente de reglamentación, impuestos y subvenciones para que lleguen esas inversiones.
Asesorar a los Gobiernos para que adopten un paquete integral de medidas para descarbonizarse es otra de las patas del gran impulso ambiental. Así como favorecer la coordinación entre países para que los nuevos negocios verdes generen empleo dentro de la región. Como dice Samaniego a modo de ejemplo, “la fabricación de autobuses eléctricos está muy concentrada en Asia, pero la apuesta estratégica en América Latina es mejorar el transporte masivo y que las ciudades transiten hacia un sistema de circulación eléctrico masivo, como ya está ocurriendo en Santiago de Chile y en Río de Janeiro”. “¿Por qué no coordinar la demanda de todos esos países?”, se pregunta. Si se lograra y toda la región demandara unos 500 autobuses eléctricos al año, “sería una señal para la planta automotriz de Brasil, México y Argentina. Podrían venir inversiones para montar fábricas de baterías, generar empleo y aliviar la restricción externa”.
Beneficios
Aunque con el respaldo de la ONU, la CEPAL es solo un organismo de consulta sin poder ejecutivo. Para que sigan sus consejos, Bárcena parece estar centrándose en los beneficios económicos del plan. Como el que las empresas latinoamericanas obtendrán del análisis detallado que su equipo prepara sobre las ineficiencias de la región. Una vez detectadas y eliminadas, dice Bárcena, las empresas reducirán su impacto medioambiental y ahorrarán costes usando menos recursos y aprovechando residuos susceptibles de ser reciclados.
Mejorar el transporte público, emplear menos recursos, reciclar, descarbonizar y generar inversiones que además serán en tecnología avanzada. El gran impulso ambiental parece tenerlo todo para lograr el crecimiento, la productividad y la igualdad que tanto necesita América Latina. Pero el camino no es fácil, y no solo porque los ministerios de Energía sigan pensando en hidrocarburos. Consciente de la resistencia que opondrán las empresas que han hecho negocios hasta hoy, Samaniego habla de una política de transición que castigue al carbono y subsidie a la vez la transición hacia las renovables: “Un pequeño palo de un lado y una pequeña zanahoria del otro”.
The change in the energy matrix led by China is not limited to the generation of electricity through clean energy. The market for electric cars, buses, and motorcycles is booming. Since 2016 China is the country with the highest domestic sales of electric vehicles, and by 2019 it is the largest exporter of electric cars, motorcycles, and buses in the world. In Latin America, the clean transport boom is also present. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Paraguay, and Uruguay have a nascent market.
The world market is recent, domestic sales of electric cars began in 2005 in France and Germany, and in 2010 there were just over 9,000 electric cars in the world. The first electric car sold in China was in 2009. Only six years later, it became the country with the most electric cars in circulation, more than one million; two and a half million if we consider hybrids. The second country with the most cars on the road in the United States with 360,000 and 1 million if you consider hybrids. With a strong domestic market, China's export of electric cars started in 2017 with 109 million dollars. It is worth mentioning that in value, the United States, Germany, and South Korea are the largest exporters of electric cars. Still, in quantity, it is China, given that Chinese electric vehicles are cheaper. In terms of trade, China is not only a leader in cars. The Asian country exported in 2019: 239,653 cars, 1,520 buses and 13,346,466 motorcycles, all-electric. In comparison, the second place of each product: the USA exported 198,770 cars, 869 buses, and Belgium, 937,963 motorcycles.
In Latin America, the electric car market is emerging. To reduce the carbon footprint, the governments of Latin American countries implemented measures to stimulate the consumption of electric cars. Thus, the states with tariff exemptions since 2017 are Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Paraguay and Uruguay. In Latin America, the electric car market is emerging. To reduce the carbon footprint, the governments of Latin American countries implemented measures to stimulate the consumption of electric cars. Thus, the states with tariff exemptions since 2017 to 2018. In Peru, are there is an exemption from excise duty for new electric and gasoline cars. Igualmente, en Similarly, in Mexico, there is an exemption from excise tax if the vehicle costs less than 263,690.54 mexican pesos. For the time being, there are no exemptions or discounts for imports into Chile.
Likewise, the infrastructure of countries that grant tariff exemptions has increased since 2017. Some public electric chargers are already in place: 4 in Argentina, 200 in Brazil, 55 in Chile, 40 in Colombia, 50 in Costa Rica, 15 in Ecuador, 900 in Mexico, 10 in Paraguay, and 47 in Uruguay. On the other hand, there are 3 Latin American electric cars: a Bolivian manufactured by Quantum, a Brazilian made by Santa Catarina in collaboration with Mobilis, y the Argentinean manufactured by Sero Electric. Also, in Mexico, it was mentioned in 2018 that the JAC company plans to build a factory for electric vehicles in Hidalgo and while continue selling light electric cars to Bimbo.
On the side of electric buses, governments are making efforts to electrify mass transport. This type of vehicle, in useful life of 12 years, has a lower cost of energy and maintenance in approximately 12.5% than a diesel one. China, as the leading exporter of electric buses, finds a market in Latin America due to the new electric mobility policy. Chinese electric buses are already circulating in the cities of Santiago, Medellín, Cali, Lima, Guayaquil and Mexico City y son marca BYD, Yutong y Sunwin. Chile imported 265 Chinese electric buses in 2019, making it the world's largest purchaser of the vehicle in the Asian economy. Most of them are the BYD brand and will serve to modernize the mass transportation fleet. At the moment, there are only tariff exemptions in Chile and Argentina. On the other hand, in Costa Rica, it is planned that in 2020 the electric fleet will be expanded in 12 routes in the centre of San José. There are also tests in Havana, Buenos Aires, Sao Paulo and Montevideo.
Electric motorcycles are a mobility alternative that, unlike conventional ones, do not generate noise. A bike with a range of 240 km in China does not exceed 10,000 dollars. At the same time, an American one of the same characteristics costs more than 20,000 dollars. For this reason, most of the imports in the region are of Chinese origin. Brazil is the leading importer of electric motorcycles in the area since, in 2019, it imported 193,106, followed by Chile with 178,606, Mexico with 94,718, Uruguay with 78,869 and Colombia with 68,702. On the other hand, the Salvadoran company éGOAL Electric began to import from China to sell electric motorcycles in El Salvador, Costa Rica, and Honduras.
Finally, a process of change of the automotive plant in Latin America develops, primarily led by China and although small is accelerating. The replacement of horsecars by gasoline cars occurred between 1908 and the end of World War I. Within a decade; horsecars were obsolete. This time around, the difference is that these products have the opposition of the U.S. government. The resistance is because they are vehicle competition and because they run on electricity and not gasoline, which is the country's main export. Finally, because they are of Chinese origin, a country seen as its main rival for world leadership. Official pressure against their use can be expected, if the Huawei case is an example of the recent US trade policy.
MEXICO CITY, Oct 2 2020 (IPS) - The way forward for energy transition and its link to an economic recovery after the depression caused by the covid-19 pandemic is focusing attention in Latin America and Europe, according to the 2nd Madrid Energy Conference (MEC), which concluded this Friday 2.
The intercontinental forum was held since Monday, September 28, in this case virtually due to the pandemic, organized by the non-governmental Institute of the Americas (IA), which is headquartered in the coastal town of La Jolla, in western United States.
Jorge Rivera, Panama’s Secretary of Energy and one of the sector’s leaders in Latin America who participated in the Conference, stressed that the transition is not an automatic process, but depends on a political decision and on the sector’s corporations.
“We have a great opportunity. We have an energy transition agenda for the next 10 years, aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), which includes a series of national strategies, decarbonization, digitalization, and energy democratization. We have a lot to do in transportation, industry, in the uses of energy,” he said.
Rivera insisted that “these measures have the potential to become a tool for post-covid economic recovery.
The Conference, which lasted five days and whose first edition took place in 2019 in the Spanish capital, brought together virtually ministers from five American nations, more than 20 companies´ presidents and more than 400 delegates from international organizations and experts from both continents.
The agenda addressed issues such as the climate crisis in the context of the pandemic, the situation of renewable energy on both sides of the Atlantic Ocean, the financing of post-covid recovery, the energy transition towards lower carbon models, energy storage in batteries and power grids, as well as different aspects of mobility.
Topics such as transport, gas, the outlook for oil corporations or the digitalization of the sector were also tackled.
An important part of the debates was linked to the climate crisis, such as carbon capture and storage and greenhouse gas emissions generated by human activities responsible for global warming, as well as methane and the prospects of hydrogen, seen as an alternative to fossil fuels, on both continents.
For Alfonso Blanco, OLADE – Latin American Energy Organization’s executive secretary, the region has made significant efforts to accelerate the transition, but the impact of Covid-19 has generated an uncertain outlook.
“Sustainability will depend on regional measures, but the region does not have a defined regional action. If we do not analyze the (financial) risk and develop a financing model for renewables, we will see problems of further incorporation of renewables. We have to think of specific strategies, according to the role of each sector,” he said.
In recent years, Latin America has advanced in the development of wind and solar sources as clean alternatives, but it faces the challenge of reducing the burning of fossil fuels in industry and transportation and improving energy efficiency.
This transition has come to a halt in nations such as Mexico, which prioritize support for hydrocarbons, as pointed out by Joost Samsom, partner and co-founder of the consulting firm Voltiq – Renewable Energy Finance, and Claudio Rodríguez, partner of the law firm Thompson & Knight LLP.
Stuart Broadley, executive director of the non-governmental Energy Industries Council (EIC) – based in London and which brings together energy companies – explained that phase I of the energy transition, currently underway, consists of the adoption of technologies such as wind and solar, and during which most countries have not invested much for different reasons.
The forthcoming future
Phase II, which the world has not yet entered, involves energy variations such as hydrogen and carbon capture and storage (CCS).
Broadley said that companies dedicated to promoting renewable sources are not going to invest in hydrocarbons and do not like oil companies jumping into their market, so they are not going to help each other. In view of this, regulations imply or should imply forcing them to work together and, for this, the government’s role is critical.
For Fernando Cubillos, head of Energy at IDB Invest, the private investment arm of the Inter-American Development Bank, renewable energies have shown resilience during the pandemic, competitiveness and attractiveness.
“The possibilities of reviving the economy may give a chance to introduce more renewable energy, which can help the recovery, and there is an opportunity to deploy more renewables. We see good conditions for renewables today. What is missing in some countries is the regulatory framework,” he said during the discussions.
In nations such as Brazil, distributed (decentralized) and small-scale solar generation has become important on a commercial scale and has registered growth, which was possible thanks to the regulatory framework.
“We have seen that state-of-the-art technology is wind and solar, due to low costs, and it is very difficult to expand hydropower generation. We have seen potential for battery storage, but it’s not attractive yet”, Thiago Barral, executive president of Brazil’s state-owned Energy Research Agency, analyzed during the MEC.
Although the energy transition is in its first phase, Latin America is beginning to consider emerging technologies, such as CCS and hydrogen, whether from gas or renewables.
In the first case, CCS, the intergovernmental International Energy Agency (IEA), which brings together major industrial countries and is based in Paris, said that by 2020, governments and industry have committed around some $4 billion to such initiatives worldwide.
In the world, there are at least 15 projects in operation and seven under construction, but during the MEC experts estimated that at least 500 are needed globally.
The use of hydrogen is an unknown variant in the Latin American region. At the beginning of this century, Brazil was a pioneer in exploring this path, but abandoned it to develop sugar cane ethanol, renewable sources and hydro energy.
Chris Sladen, founder and director of the UK-based consulting firm Reconnoitre Ltd, said CCS “has been a dream for hydrocarbons. But it’s not a simple concept, it involves several joint projects” and the big question is how to take them to a commercial scale.
That technology, he proposed, should occur close to where carbon is generated, such as power plants, petrochemicals or cement factories.
Some 50 countries, most of them in the developed North, have instituted policies for the use of hydrogen. In Latin America, Chile has the potential to produce this resource at low prices and that can be a mitigation measure for a cleaner electrical matrix, according to its Undersecretary of Energy, Francisco López.
Almost a year ago, the United Nations set the Sustainable Development Goals, an ambitious blueprint for governments and financiers to use their political power and resources to end poverty, hunger, and disease.
But the success (or failure) of this effort won’t depend on just the usual big players. Far more important than governments and international donors are the individuals and civic organizations that will help design, carry out, and monitor the development projects on which the whole scheme depends.
Without vibrant civil societies, the Sustainable Development Goals are dead in the water.
Only the individuals and communities meant to be the beneficiaries of development know best what their needs are and how they can be met. And it is the civil society groups and activists who can make sure that development resources reach their intended destinations and achieve their objectives. It’s the women’s cooperative in Senegal that will show how to design an effective irrigation system. It’s the community group in Bangladesh that will ensure that the schools promised in the government’s education budget are actually built.
But the whole project of sustainable, participatory development is in danger. Around the world, groups and activists who work to improve development proposals, or speak out about problems with infrastructure or energy projects, increasingly find themselves threatened, intimidated, and even violently attacked by governments, investors, private security forces, and others who want to avoid scrutiny.
In the last month, we have mourned the killings of two women activists who stood up against hydropower development projects they saw as violating the rights of their communities. Lesbia Yaneth Urquia was an indigenous rights leader and member of the Council of Indigenous People of Honduras who had campaigned against the Aurora I Dam in Honduras. In Brazil, Nilce de Souza Magalhães, a leader of the Movement of People Affected by Dams, fought against the forced displacement of her community to make way for another dam. Her body was found in the dam’s reservoir.
Even as killings of land rights and environmental activists reach all-time highs, governments around the world are enacting laws that make it harder and harder for civil society groups to operate or to voice their concerns. According to research by CIVICUS, 2015 saw serious violations of freedoms of expression, assembly, and association in 109 countries: The Indian government cancelled the licenses of over 4,000 civic organizations under new legislation restricting receipt of foreign funds. A new law in Spain limited the right to gather or protest near legislative buildings. Civil society organizations in Cambodia were required to register with the government. For a time, Bangladesh banned protesting in Dhaka, its capital city, entirely.
As I have noted repeatedly in my work as U.N. special rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, civil society is an essential actor in sustainable development. When people’s rights to assemble and associate are restricted — whether by an environment of fear or intimidation, or by laws that cut off funding of independent groups — we stand no chance of designing development programs that actually meet the needs of poor communities. In this environment of rapidly closing space for public participation, it is critical for development banks and their member countries to defend that role.
The World Bank and other development finance institutions’ own research points to the importance of public participation for development projects to be effective. Yet too often these institutions fail to ensure basic access to information and participation by the very communities impacted by these projects. The World Bank’s independent accountability mechanism recently identified weak or non-existent consultation, participation, and disclosure of information as common themes in cases involving displacement of communities. In a survey of 800 people affected by development projects across eight countries, 88 percent stated that they were not consulted during the planning phase for the project. Where government-led consultations did take place, 67 percent reported that a climate of fear prevents them from fully participating.
Last week, over 150 civil society organizations from around the world delivered a statement to the most prominent international financial institutions, calling on them to support an environment for public participation in which people can take part in crafting their own development agendas and in holding their governments, donors, businesses, and other actors accountable. The statement highlights seven areas for action, including identifying and addressing potential human rights risks and ensuring that people who raise concerns about development projects are protected from reprisal.
The banks have various tools at their disposal to help drive this agenda forward, including dialogue with governments or the private sector, technical assistance and capacity building, and of course, the most powerful form of leverage: money. When funds are provided to governments or private companies to implement development projects, banks should always ensure that human rights are respected, particularly the rights central to civic space: the freedoms of assembly, association, and expression.
When governments or private developers try to restrict participation in development projects or attack human rights activists, development banks must react strongly. They need to investigate the issue, publicly condemn the actors involved, use diplomacy, and take other necessary measures to ensure that the banks’ existing and future funding is not contributing to human rights abuses.
In some cases, it may be necessary to cut off funding until improvements are made.
The Dutch development bank, FMO, and its Finnish counterpart, Finnfund, recently suspended financing for the Agua Zarca dam in Honduras after the company building the dam was linked to the murder of indigenous activist Berta Cáceres, who was a vocal opponent of the dam. Social movements in Honduras are calling for a definitive withdrawal by the banks.
Many development banks have taken important steps in recent years to improve participation and accountability. The adoption by the World Bank’s International Finance Corporation of a requirement to obtain the free, prior, and informed consent of indigenous peoples when development projects take place on their lands is one example. The establishment of independent complaint mechanisms at all of the larger multilateral banks is another. But these policies and tools are only effective in an environment in which communities can seek information, participate in decision-making, or raise complaints without fear for their safety.
Sustainable development requires development banks to actively work to promote an enabling environment for community participation in their activities. Without this, the Sustainable Development Goals will remain mere aspirations.
El informe de estadísticas tributarias en America Latina y el Caribe (ALC) 1990-2013 señala en su cuarta edición que la relación media de ingresos fiscales sobre PIB correspondientes a los 20 países de America Latina y el Caribe, fue de 21.3% en 2013, 0,1 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2012. En tanto el promedio de ingresos fiscales sobre el PIB se incrementó en el periodo comprendido entre 2009 y 2012 de 19.5 % al 21.2%. El informe pone en manifiesto el considerable incremento experimentado por los ingresos fiscales en la región durante el periodo 1990-2013, que elevó la presión fiscal promedio en siete puntos porcentuales de 14.4% al 21. 3 % actual. Si bien este aumento de la recaudación tributaria ha dotado a los gobiernos de una mayor capacidad para incrementar el gasto en programas sociales e infraestructuras físicas, el promedio de ingresos fiscales sobre PIB se sitúa todavía 13 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE, que es el 34.1%, según el informe. Entre los países de ALC se registran grandes diferencias. En 2013 los promedios de ingresos fiscales sobre PIB de los 20 países de ALC incluidos en el informe, oscilaron entre el 35.7% de Brasil, que se sitúa por encima de la media de la OCDE, el 31. 2% de Argentina, el 14% de la República Dominicana y el 13% de Guatemala. Entre los países de la OCDE los porcentajes de ingresos fiscales sobre PIB quedaron comprendidos entre el 48.6% de Dinamarca y el 19.7% de México.
Cientos de conflictos sociambientales se mueven en el país: amneaza de despojo de recursos naturales; desplazamiento de comunidades indígenas, ejidos y espacios urbanos; contaminación ambiental y resguardo de recintos sagrados, han puesto en resistencia a organizaciones civiles, pueblos y defensores de derechos humanos en "defensa de la madre Tierra".
Unas 184 hectáreas de bosque en la comunidad San Francisco Magú, municipio de Nicolás Romero, Estado de México, podrían ser devastadas. Esta zona verde ha sido afectada por la tala de árboles que conforman la metrópoli. Ahí, también se asienta la comunidad otomí encargada de preservar el área, ancestralmente.
El motivo es la construcción de un proyecto inmobiliario que pretende edificar 11 mil viviendas para unas 50 mil personas. Se trata del desarrollo “Bosques del paraíso, de la empresa Merket.
Como en otros proyectos que afectan comunidades indígenas y el medio ambiente, los habitantes de la zona supieron de él cuando se comenzó con la tala de árboles. Allí viven unas 15 mil personas que conservan los ojos de agua, el mismo bosque y especies vegetales. Es también el espacio de donde recogen las variantes de hongos que crecen de manera silvestre y utilizan para alimentarse.
Berenice Sánchez, representante de las autoridades autónomas de San Francisco Magú, relata a Contralínea: “desde el momento en que nos dimos cuenta de que se estaba talando el bosque, a mediados de noviembre de 2012, convocamos a asamblea general en el pueblo de San Francisco Magú. La asamblea es la máxima autoridad, no el ayuntamiento ni el gobierno estatal, tampoco; es el pueblo que tenía que definir lo que sucedía con este bosque. Se determinó exigir la cancelación y revocación total de todos y cada uno de los permisos que hayan extendido cada una de las dependencias”.
El proyecto inmobiliario que se pretende construir tiene un impacto ambiental y cultural, dice la joven indígena, porque vulnera los usos y costumbres de la comunidad otomí. “El hecho de que tanta gente de fuera vaya a llegar de un solo golpe a nuestra comunidad terminaría aniquilando nuestra forma de vida; además, deja en total indefensión a las futuras generaciones. Somos una zona que históricamente ha estado marginada por el municipio, nosotros contamos con nuestro propio sistema de agua potable, un sistema autónomo; de llevarse a cabo el proyecto inmobiliario, deja en total aniquilamiento la zona de recarga de los mantos acuíferos”.
El caso de San Francisco Magú ha sido observado por diversas organizaciones que se pronuncian por la defensa del medio ambiente, como la Red de Afectados Ambientales, y el problema es del conocimiento del relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, para que las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente suspendieran el proyecto inmobiliario.
Los conflictos y los mártires
En México existen más de 300 conflictos socioambientales, dice en entrevista el investigados Víctor Toledo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien sostiene que “existen grandes problemas ecológicos y la mayor parte de estos suponen conflictos de tipo socioambiental… Las causas de éstos, por lo regular, son las actividades industriales llevadas a cabo por empresas o corporaciones tanto nacionales como extranjeras, frente a las cuales la ciudadanía organizada o las comunidades rurales y urbanas se oponen y resisten. Ante ello, los organismos estatales, por lo general, se ponen del lado de las corporaciones o se mantienen neutrales”.
El investigador calcula que estos conflictos se han incrementado en los últimos años a unos 300, de los cuales ha dado cuenta en su obra Ecocidio en México. La batalla final es por la vida. También identifica que hasta el momento se afecta a 180 municipios en todo el país. De la tipificación, los conflictos impactan de la siguiente forma: biotecnológico, 9; energético, 35; hidráulico, 33; minero, 71; turístico, 12, y urbano, 17.
Para el académico de la UNAM, “los conflictos socioambientales no sólo generan tensión social, sino víctimas: seres humanos privados de sus medios de subsistencia, sus hogares, tradiciones y hasta su vida. Aquellos que defienden in situ a la naturaleza se enfrentan ineludiblemente a las fuerzas desbocadas del capital, grupos de talamontes locales o regionales, impulsores de megaproyectos, gigantescas empresas y consorcios”. Expone que el Estado actúa, casi siempre, de lado del empresariado bajo los "escudos" justificativos del progreso, la modernización y el desarrollo.
Amenaza a los conca´ac
Los conca’ac son otro de los grupos indígenas que se han puesto en resistencia ante la planeación de meproyectos en su territorio. Las amenazas: una desaladora, turbinas generadoras de electricidad y la minera La Peineta, que pretende explotar el oro de la zona.
Gabriela Molina, una de las voceras de la comunidad, dice que en ningún momento se les consultó sobre las concesiones mineras que hay en la zona y que hasta el momento son siete; “casi la mitad del territorio conca’ac está concesionada, una de ellas en fase de exploración, justamente en un lugar que se llama La Peineta y la minera tomó el nombre del lugar”.
El grupo actuó cuando se dio cuenta de que había maquinaria en el territorio, restituido bajo un decreto presidencia, “Justamente, La Peineta queda en medio del territorio, nuestra guardia tradicional se percató que la empresa ya había entrado y nos avisó. La explotación en este territorio ponen en riesgo la reproducción del borrego cimarrón y los ojos de agua que tenemos”.
Las denuncias llegaron a instancias gubernamentales y no hubo respuesta, fueron los mismos habitantes de la región quienes lograron detener los trabajos de esta empresa; pero saben que esa situación puede ser temporal.
“Los conca’ac siempre hemos sido excluidos como grupo étnico dentro del estado de Sonora; no llega ningún tipo de apoyo y hasta cierto punto lo consideramos bien, porque estamos defendiendo nuestra autonomía, es nuestra forma de resistencia; vivimos de la pesca; sin embargo, quieren despojarnos de todo, ahora con estos proyectos”.
El Panorama Minero del Estado de Sonora, del Servicio Geológico Mexicano, revela que el potencial geológico-minero del estado es “muy amplio y favorable, teniendo posibilidades de localizar nuevos yacimientos minerales de interés económico, ya que aún existe una gran cantidad de zonas geológicamente prospectivas, que justifican realizar trabajos de mayor detalle.
“En los últimos años se tuvo un incremento en las actividades de exploración en el estado, motivado principalmente por el alza en el precio de las cotizaciones internacionales del oro y el cobre, lo que ocasionó una reactivación en cuanto a exploración se refiere por parte de empresas extranjeras, además de las empresas tradicionales que tienen como soporte la explotación de alguna(s) mina(s)”, se lee en el documento.
Minería, lo más conflictivo
María Fernanda Paz Salinas, investigadora del Centro de Regional de Investigaciones Multidisciplinaria (CRIM) de la UNAM, dice en entrevista que los conflictos socioambientales son la respuesta social ante este avasallamiento del capital, con anuencia y apoyo del Estado. “Lo que vemos a lo largo y ancho del país, desde Baja California hasta la península de Yucatán, tiene diversas expresiones y formas de manifestarse; pero tienen en común las respuestas ante megaproyectos que impactan sobre la vida, las actividades y el bienestar de las personas”, dice.
La académica, integrante del Programa de Estudios Socioambientales del CRIM, expone que la conflictividad socioambiental no es nueva, pero que se ha ido intensificando con los años. “Podemos encontrar conflictos que tienen que ver con la gestión ambiental, con la afectación de áreas naturales protegidas, en los bosques, comunidades y ejidos. Esto está muy vinculado al proceso de expansión del capital y una privatización de espacios públicos”.
La minería es una de las actividades que mayores conflictos ha generado en el país, y en el que los investigadores ponen especial énfasis. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina tiene documentados 37 conflictos, que coloca al país como el de mayor conflictividad, por encima de países mineros como Perú y Chile.
La conflictividad que se incrementa en el país y que ha cobrado ya la vida de más de una decena de activistas y ha amenazado a varios más, está vinculando la defensoría de los territorios.
Se trata de la “Campaña en defensa de la madre tierra y el territorio”, que acompañan 215 comunidades y pueblos de 17 estados del país, acompañados de 43 académicos, músicos, actores, actrices y religiosos.
Los conflictos que enfrentan las comunidades suscritas a la Campaña son 97 y se tipifican en proyectos de generación de energía, 34 por ciento; minería, 32 por ciento; privatización del agua, 15 por ciento; infraestructura transporte, 12 por ciento; urbanización, 11 por ciento; extracción de agua, 7 por ciento; desarrollos turísticos, 7 por ciento; contaminación ambiental, 6 por ciento; explotación forestal, 4 por ciento; no regularización de tierras, 4 por ciento; gestión del agua, 4 por ciento, y de soya transgénica, 1 por ciento.
Entre los conflictos se encuentran algunos ya conocidos, como el de San Salvador Atenco, frente al proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; el Río Papagayo, en Guerrero, por la extracción de grava, y con la posible reactivación de órdenes de aprehensión contra voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota.
También en Tecámac y Coyotepec, Estado de México, con las amenazas a integrantes del Sistema Autónomo de Agua Potable. Los barrios de Santo Domingo y los pueblos La Candelaria y Los Reyes, en Ciudad de México, que defienden el venero afectado por una empresa inmobiliaria.
Lo ocurrido en Xochicuautla, Estado de México, con acciones de despojo y demolición de casas e infraestructura para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca. En Amilcingo, Morelos, con el hostigamiento judicial a Eleazar Zamora y Samir Flores, defensores del territorio.
En el Río San Pedro con el intento de imposición del proyecto hidroeléctrico “Las Cruces”, por medio de una supuesta consulta al Pueblo Náyeri y en la comunidad Maya de Chablekal, Yucatán, donde se desalojó a una familia y se detuvo 4 personas.
Carlos Fazio, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, retoma el término acuñado por el politólogo Achille Mbembe de necorpolítica, “que exhibe la lógica de la política capitalista de nuestros días como ‘administración y trabajo de muerte’… Según poblaciones enteras, cuerpos y enemigos son ubicados especialmente en neocolonias, cuya administración se da bajo una lógica de guerra que legitima la expropiación del territorio y la distribución y explotación de sus habitantes, en un mundo que se acaba con el límite de la muerte.
KUALA LUMPUR, Malaysia, Jan 29 2019 (IPS) - Owing to our varied circumstances and experiences, there are contradictory tendencies to either exaggerate or underestimate the power and importance of artificial intelligence (AI) in contemporary society.
Nor should we uncritically legitimize everything AI can be used for, even if it has been hailed as the main frontier of the Davos-proclaimed Fourth Industrial Revolution. AI, more than other elements of Industry 4.0, is transforming humanity’s understanding of ourselves in novel ways the world has neither experienced nor conceived.
AI unfettered
The AI market is already huge but still growing fast. The expertise needed is said to be growing ‘exponentially’. In fact, many enterprises seem to be struggling to meet this fast growing demand for expertise with the needed capabilities.
AI’s role is already very significant, but it is still transforming many painstakingly slow processes in diverse fields, typically displacing manual as well as skilled labour. For example, precision agriculture uses equipment to supply water and plant nutrients as well as to measure plant growth, eliminate pests, including weeds, and cater to the needs of individual plants.
Driverless cars are at very advanced stages of testing in many jurisdictions while AI is greatly improving supply chains and logistics. AI-based equipment is being used to track, police and solve crime, while its military applications, including killing enemy targets, are already infamous, not least because of the collateral damage caused.
AI applications in health care, elderly care and precision medicine and surgery are among some of the better-known applications. AI machines have the capacity to do many things more efficiently than humans and even perform tasks too dangerous or difficult for human beings.
The mantra we are being urged to accept is to accept all AI without qualification or to risk being left further behind. But there is no reason to define the challenge in such all or nothing terms.
Much AI development and applications are driven by business considerations, and business in turn shapes politics and the law, influencing science and technology, and how AI and its uses are seen and understood.
Business rules
Big business and its representatives have long managed, shaped and manipulated public knowledge, opinion and sentiment, not only about AI and its applications, but also industry’s accountability and responsibilities. AI depends heavily on information, especially big data, in order to mimic and improve upon human thought processes and behaviour.
The issue of breach of privacy has received considerable attention as questions of individual freedom, privacy and property rights have allegedly been violated. Frequent apologies by tech companies for earlier breaches and even sale of personal data have become so routine as to cast doubt on their sincerity.
AI’s continued progress may displace many more workers very quickly as suggested by some scenarios, while others suggest that AI’s advent will enable us to devote more time to care work and creative endeavours. With so much conjecture, it is difficult to plan, e.g., revise educational curricula.
Known and unknown unknowns
For businesses involved with AI, established or start-up, financial bottom lines are crucial although deep pockets and medium-term strategies may give start-ups longer leases.
But to survive, beating the competition remains imperative, which often means being the biggest, the best and the most innovative in order to survive challenges from disruptive new technologies marginalizing and displacing incumbents.
AI’s role in advancing medical technology has also enhanced its reputation for doing good, eclipsing the plight of victims of AI. Meanwhile, there has been growing acceptance of the individualistic ideology that we are all responsible for the decisions we make, whether explicit or implicit.
One fallacy often invoked is that we just do not know enough about AI to rush to judgement about our concerns. But clearly, the businesses involved and the governments that purchase, use and shape demand have the relevant experience and knowledge to make better-informed tentative assessments.
Policymakers generally lag behind in regulating AI, especially in developing countries. Regulating what is little known or understood remains especially challenging. AI is not only to help us do things better, faster and more efficiently. We must recognize the multiple functions of AI to begin to understand its complexity. Legislation and industry regulations must keep up with changes.
We must deal with it
AI is here to stay or at least the businesses, investors, politicians and technologists have decided so. AI offers potentially great means to enhance human capacities, but what and how businesses, governments and people deploy it is another matter.
What are the responsibilities of businesses creating, selling and using AI? Will the rise and spread of AI lead to new modes of mass surveillance, control and manipulation, even digital dictatorship or authoritarianism?
The seemingly limitless potential of AI is undoubtedly attractive, even seductive. Those directly involved have identified much of the immediate and even medium-term potential. Futurologists are more likely to envision, reflect and speculate on the longer-term potential.
But much of the public, even those unfamiliar with AI, imagine its potential after encountering some applications in their own experience. As it continues to evolve in human society, pundits increasingly debate the many dimensions of the ecosystems of AI.
A few will disagree over how best to encourage and ensure the optimum development and use of AI for the greater good in the face of the imperatives of profits and power.
Others worry about how AI is already being made use of and the potential for further abuse, but it is not clear what impact this will have on government interventions and social collective action.
Expertos se congregaron hoy en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Chile para advertir sobre la "finitud" de los recursos naturales no renovables y realizar un llamado a unificar "las buenas prácticas" en la región, en el marco de una "minería respetuosa".
"El cómo vamos a utilizar estos recursos en la sociedad requiere también de un ámbito institucionalizado de discusión. ¿Qué vamos a hacer con esas divisas? ¿A qué ritmo queremos explotar estos recursos? Esto debería ser parte de la discusión", dijo el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos de la CEPAL, Joseluis Samaniego, al inaugurar la cita.
El seminario-taller: "Papel de las Defensorías del Pueblo en la promoción de una minería respetuosa con los derechos humanos y el medio ambiente", reúne hasta mañana miércoles a representantes de las Defensorías del Pueblo de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, junto a especialistas de la sociedad civil, la academia y el sector privado.
El objetivo es reflexionar acerca de cómo las Defensorías pueden fomentar la responsabilidad y el respeto con los derechos humanos y el ecosistema en la labor minera, así como impulsar el diálogo entre los actores involucrados.
"Las exportaciones de recursos naturales no renovables representan alrededor o más de la mitad de las exportaciones totales en los países andinos. No es una fuente menor de ingresos para nuestras economías. No se puede soslayar la relevancia que también tiene la minería", afirmó la directora de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, Jeannette Sánchez.
El estilo de desarrollo de América Latina, basado en las actividades extractivas, ha generado una creciente presión ambiental sobre los recursos naturales, lo que "es histórico" en la región, dijo Sánchez.
Esta situación conlleva "mayor conflictividad socio ambiental debido al uso competitivo del recurso natural o los impactos sociales y ambientales que genera este tipo de explotación, que para nadie son desconocidos", agregó.
Samaniego, por su parte, recalcó que "la gobernanza de los impactos ambientales y sociales" derivados de la extracción minera "debe ser considerada durante todo el ciclo de la actividad, desde el inicio hasta el cierre de faenas".
Añadió que "el rol de las Defensorías y la aplicación de los acuerdos nos permite entender uno de los aspectos del ciclo entero de la minería en nuestras sociedades", ya que "los flujos y el stock de la actividad minera muestran en algún momento su finitud".
En esta primera sesión se abordó también la idea de intercambiar buenas prácticas entre los países de la región, con miras a generar alianzas productivas y de valor en el futuro, para evitar la "puesta en tensión y el cumplimiento sinérgico de las metas fijadas en la Agenda 2030".
El encuentro se realiza en la sede del organismo de las Naciones Unidas en la capital chilena, bajo la organización de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, la Federación Iberoamericana del Ombudsman y la Agencia de Cooperación Alemana.
La transición energética en América Latina tiene el problema estructural que se arrastra en la región desde siempre: la falta de capital. Para resolver esto, el financiamiento externo ha sido el principal motor del cambio en la matriz energética. ¿De dónde viene el financiamiento? ¿y qué significa?
Del 2000 al 2020, el 26% del financiamiento mundial para proyectos energéticos fue encaminado a Latinoamérica. En el periodo, entraron $84 mil millones de dólares (MMD) en deuda, compra de acciones y subsidios. De estos, 44% se destinaron a proyectos de energías renovables.
La tendencia general es un aumento del financiamiento de los proyectos renovables. Los principales financiadores son el Banco de Exportación e Importación de China, el Banco de Desarrollo de China, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Agencia para el Desarrollo Internacional de EUA, en ese orden.
Los principales destinos para energía no renovable son Brasil y Venezuela para el periodo, en su mayoría proyectos de extracción de petróleo financiados por los bancos de desarrollo chinos. Por parte de los proyectos renovables, son: Ecuador, Chile, Argentina y México.
En Ecuador, el principal financiador es China con $4 MMD. El grueso del monto son los préstamos a la administración de Rafael Correa para la construcción de hidroeléctricas en el país. Con tecnología china, Ecuador logró que el 76% de la generación eléctrica del país fuera por parte de hidroenergía para 2018. El siguiente gran financiador es el BID que le prestó a Ecuador $120 millones de dólares (MDD) para la construcción de parques solares en 2016.
En Chile, contrario al comportamiento de Sudamérica, el principal financiador es EUA con un total aproximado de mil millones de dólares en el periodo del 2000 al 2020. Sin embargo, esto es porque en 2013 y 2014 se realizaron fuertes inversiones por parte de empresas estadounidenses a parques solares. Desde entonces no hubo mas actividad. Destacan los préstamos de la empresa estadounidense SunEdison Inc, dedicada a la energía solar, a las chilenas Amanecer Solar y San Andrés por 326 MDD para la construcción de parques solares en el desierto de Atacama. El segundo gran financiador es China con un monto similar de 943 MDD para parques solares en 2012. Esto posiciona a Chile como un territorio de disputa entre estas dos potencias.
En la Argentina, China es el principal financiador con un total de $3 MMD en el periodo estudiado. El proyecto más conocido financiado por la economía asiática es el parque solar Cauchari en Jujuy con diseño y tecnología china. El gobierno de Jujuy emitió bonos verdes por $339 MDD que fueron comprado por el Banco de Exportación e Importación de China. El segundo gran financiador es el BID y el tercero el Departamento de Energía de EUA.
En México los principales financiadores son Francia, Alemania y EUA, que rondan los 600 MDD en el periodo estudiado. La Agencia Francesa para el Desarrollo prestó, en 2019, 60 MDD para la construcción de dos parques eólicos y cuatro solares a cargo de la empresa francesa Engie a lo largo del país, y, en 2020, 110 MDD a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el desarrollo e investigación de energía geotérmica. En el 2021 se reportó que Électricité de France financiará a la CFE con 200 millones de euros a 25 años para rehabilitación de 14 hidroeléctricas. Por su parte, el Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania financió programas de promoción y de cooperación científica para las renovables desde 2016 hasta 2018. La Agencia para el Desarrollo Internacional y el Departamento de Energía de EUA financiaron activamente proyectos energéticos de todo tipo del 2000 al 2015 en México. Desde entonces, el único registro es un préstamo de Sempra Energy para la construcción de cuatro parques solares en el 2020.
Destaca que la Cuenca del Caribe está principalmente financiada por EUA y Sudamérica por China. Aunque EUA financia más las renovables que la energía sucia, en cuestión de montos no se compara con la economía asiática. En el periodo del 2000 al 2020 China ha financiado proyectos de energía renovable por más de $9.5 MMD y EUA apenas $3.4 MMD. Una entrada posible para el gigante asiático a la región caribeña puede ser Cuba, con la que hay inversiones y préstamos para energía, infraestructura y compra de autos eléctricos.
La presencia china en la región responde al megaproyecto del La Nueva Ruta de la Seda. Las inversiones del EUA y, con Mauricio Claver-Carone a la cabeza, el BID fungen como trabas a la expansión del gigante asiático en la Cuenca del Caribe, en particular, y la América Latina, en general. Incluso, la administración Biden propuso el proyecto global Build Back Better World como contrapeso para detener la expansión de China en Latinoamérica.
El financiamiento externo a las renovables es vital para la transición energética latinoamericana. Sin el capital exterior es difícil que ésta sea constate y ordenada. El financiamiento seguirá en aumento por parte del G7. Sin embargo, parece que China no piensa dejar que le quiten la delantera, por lo que Occidente debe aumentar los tamaños de inversión para no perder la carrera geoeconómica. No hay que olvidar que América Latina es un territorio de disputa y el control de las renovables es clave.
The energy transition in Latin America has the structural problem dragging on in the region forever: the lack of capital. External financing has been the main driver of change in the energy matrix. Where does the financing come from, and what does it mean?
From 2000 to 2020, 26% of global financing for energy projects went to Latin America. In the period, $84 billion came in through debt, equity purchases and subsidies. Of this, 44% went to renewable energy projects. The general trend is an increase in financing for renewable projects. The main financiers are the Export-Import Bank of China, the China Development Bank, the Inter-American Development Bank (IDB), the Development Bank of Latin America (CAF) and the US Agency for International Development, in that order.
The main destinations for non-renewable energy are Brazil and Venezuela, mainly oil extraction projects financed by Chinese development banks. For renewable projects, they are Ecuador, Chile, Argentina and Mexico. The leading financier for Ecuador is China, with $4 billion. The bulk of the amount loans to Rafael Correa's administration to construct hydroelectric plants in the country. With Chinese technology, Ecuador achieved 76% of the country's electricity generation from hydropower by 2018. The next largest financier is the IDB, which lent Ecuador $120 million to construct solar parks in 2016.
Contrary to the behaviour in South America, Chile's leading financier in the US, with a total of approximately USD 1 billion for the 2000 - 2020 period. However, in 2013 and 2014, there were substantial investments by US companies in solar parks. Since then, there has been no further activity. The most noteworthy are the US solar energy company SunEdison Inc. loans to the Chilean companies Amanecer Solar and San Andrés for 326 MDD for the construction of solar parks in the Atacama Desert. The second-largest financier is China, with a similar amount of USD 943 million for solar parks in 2012. It places Chile as a territory of the dispute between these two powers.
In Argentina, China is the leading financier with $3 billion in the period studied. The best-known project financed by the Asian economy is the Cauchari solar park in Jujuy with Chinese design and technology. The government of Jujuy issued green bonds for $339 million that the Export-Import Bank of China bought. The second-largest financier is the IDB and the third-largest in the US Department of Energy.
In Mexico, the main financiers are France, Germany and the US, which have around 600 MDD in the period studied. The French Development Agency lent, in 2019, 60 MDD for the construction of two wind farms and four solar farms by the French company Engie throughout the country, and, in 2020, 110 MDD to the Federal Electricity Commission (CFE) for the development and research of geothermal energy. In 2021, Électricité de France reported 200 million euros with the CEF over 25 years to rehabilitate 14 hydroelectric plants; this is 14 million euros per hydroelectric dam. The State Development Bank of the Federal Republic of Germany financed promotion and scientific cooperation programmes for renewables from 2016 to 2018. The Agency for International Development and the US Department of Energy-funded energy projects of all types actively from 2000 to 2015 in Mexico. Since then, the only record is a loan from Sempra Energy for the construction of four solar farms in 2020.
It is noteworthy that South America and we mainly finance the Caribbean Basin by China. Although the US finances renewables more than dirty energy, in terms of amounts, it does not compare with the Asian economy. From 2000 to 2020, China has financed renewable energy projects for more than $9.5 billion and the US just $3.4 billion. A possible entry point for the Asian giant into the Caribbean region could be Cuba. There are investments and loans for energy, infrastructure and the purchase of electric cars.
China's presence in the region responds to the New Silk Road megaproject. US investments and, with Mauricio Claver-Carone at the helm, the IDB act as obstacles to the Asian giant's expansion in the Caribbean Basin, in particular, and Latin America in general. The Biden administration even proposed the global Build Back Better World project as a counterweight to stop China's expansion in Latin America.
External financing for renewables is vital for Latin America's energy transition. Without foreign capital, it is difficult for the change to be steady and orderly. Financing will continue to increase from the G7. However, it seems that China does not intend to let them take the lead, so the West must increase the size of investment in order not to lose the geo-economic race. Latin America is a disputed territory for the major powers, and control of renewables is vital.
In the first days of September 2023, just over a dozen countries have experienced severe rainfall, causing human and material losses. At least one country on each continent was affected by flooding. It is common for this type of natural disaster to hit these places. However, it is unusual for it to happen at the same time. Climate change is the main culprit for the damage already done and the rise in prices due to reduced harvests and business closures.
Storm Daniel was a "medicane", a tropical-type cyclone in the Mediterranean. It was the deadliest and most costly in history. On 5 September, the storm hit Greece with force and flooded the Thessaly Valley, one of the few plains in the country, turning it into a lake over three days. The heavy rains deposited more than a metre of sediment on once-fertile land. The region produces about 15 per cent of Greece's annual agricultural output. It includes wheat, cotton, cereals, tobacco, cheeses, wines and local liquors. It also excels in producing fresh fruits, nuts, lamb and goat meat, and olives. With the disaster, agricultural production is affected this year, and the dense layer of mud has left the soil infertile.
The storm subsequently reached Bulgaria and Turkey. In the case of Bulgaria, its Black Sea coast was affected by flash floods, halting the flow of tourists and disrupting its electricity and water supply. Meanwhile, torrential rains caused damage in the north-western part of Turkey, in the province of Kırklareli, which is involved in dairy products, vegetable oil facilities, meat processing and flour production facilities, and wine production.
The storm subsequently hit the northern coast of Libya, in particular the city of Derna. Torrential rains caused flooding and destruction, making it the worst natural disaster in Libya's modern history. The infrastructure of two dams, previously affected by years of war and NATO intervention, collapsed and resulted in the disappearance of approximately 25% of the city of Derna. Recovery of essential services such as electricity, water and sanitation is still to be determined, increasing the risk of disease outbreaks.
In Asia, two strong typhoons, Saola and Haikui, hit the region, causing considerable damage in Taiwan, Hong Kong and several areas in southern China, including Shenzhen. Haikui triggered flooding and landslides in Chinese provinces such as Fujian and Guangxi. Fujian is known for its manufacturing, while Guangxi is known for its agricultural production (rice, corn and potatoes) and mineral reserves, which are crucial to the Chinese economy.
On the other side of the world, on the American continent, the United States and Brazil have also been hit by heavy flooding in various parts of their territories. The North American country experienced thunderstorms and flash floods in several states, such as Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Maryland, Nevada and New Jersey, which damaged neighbourhoods and roads. These regions have a strong presence in dairy, fruit, vegetable and timber production.
A cyclone in Brazil left more than 2,300 people homeless and 3,900 displaced in 67 municipalities. Hail and heavy rains caused damage in Rio Grande do Sul. The state had already been hit by another cyclone in July, causing the loss of 15,000 tonnes of lettuce and 3.8 thousand tonnes of cauliflower. Rio Grande do Sul is the country's largest producer of rice, tobacco and wheat and the third largest producer of soybeans.
The natural phenomena that swept the world during the first days of September are not the result of climate change but enhanced by the climatic circumstances resulting from global warming. According to Jung-Eun Chu, an atmospheric and climate scientist at the City University of Hong Kong, the atmosphere can hold more moisture when the temperature rises and the ocean surface warms. For every degree Celsius increase in temperature, the atmosphere can retain 7 per cent more humidity.
Abnormally warm oceans and seas caused storms and cyclones to slow down and hold more water, leading to catastrophic consequences. Human-induced climate change puts the world's food security at risk. Crop failures around the globe are putting pressure on already high international prices and keeping global inflation high.
En este informe, el Foro Económico Mundial presenta los resultados del Índice de Transición Energética (ETI por sus siglas en inglés) 2020, que resume las percepciones de los países sobre el rendimiento del sistema de energía y la preparación para el cambio de matriz energética. Se encuentra que el año 2020 marca el comienzo de la "década de entrega" en la transición de la energía.
La brecha entre las puntuaciones medias del ETI de los países se está reduciendo gradualmente, lo que refleja el creciente consenso mundial sobre las prioridades y la velocidad de la transición energética. Sin embargo, la transición energética no lleva el mismo ritmo en todos los países. Igualmente, el ritmo y el impulso de la transición de la energía se verá potencialmente impedido por la pandemia COVID-19.
During the past year, there is a general inflation increase worldwide. The reasons for this are pretty heterogeneous. Beyond reducing the explanation to supply and demand, it is necessary to bear in mind the structural characteristics of each particular market, and the effects of fiscal, monetary and regulatory policies (more).
Among the infinite number of commodities available on the international financial market, gas is one of these. Due to their relevance and minimal qualitative differentiation, it is traded wholesale on international markets both in spot (current rates) and futures. It exposes them to market volatility, making them highly sensitive to market expectations and interest rate variations.
This international trading is the first part of value formation. It involves extraction companies whose supply depends mainly on the expected rate level because specific extraction methods, such as shale gas require a higher amount benchmark to be profitable. Therefore, there are no supply constraints as long as the worth remains high. Gas availability should not be a difficulty under normal market conditions.
Government-owned companies produce the gas consumed domestically, whose value is subject to their production costs rather than the fee set on financial markets. In Mexico, gas imports are close to 80% and in Chile 78%; Peru, although a net exporter of natural gas, is a net importer of liquefied petroleum gas (LPG).
First, by depending on gas imports, it is subject to international outlays, which have been affected by the excess liquidity in the market due to the unconventional monetary policy used by the Federal Reserve since March 2020. In addition, imports are in US dollars, so the consumer amount is directly affected by the exchange rate.
The final amount paid by the consumer is not the international worth. Transportation, storage and distribution costs that accumulate from the extraction wells to the final consumer are relevant. In general, the state usually owns pipelines and infrastructure needed for gas transportation of regulated monopolies because of the magnitude and installation costs involved.
Private companies import, store, distribute and sell the final fuels, and in Peru, they represent 65% of the final value. Brazil, Colombia and Mexico experience a similar situation, with a few companies concentrating on storage and distribution. The lack of competition in the sector has an essential effect on the outlay to consumers, as demand is stable regardless of the cost. Competition authorities in Mexico and Chile have already initiated investigations into this issue.
In Latin America, domestic consumption is a small part of total demand. For example, in Mexico, household use of gas barely exceeds 1%, while around 60% goes to electricity generation and 21% to industry. In Peru, 55% is for electricity generation, 18% for industry and 1.5% for residential consumption. In general, these consumption patterns are pretty similar in the region's countries, with the only exception of Argentina and Chile, which have higher domestic consumption, especially during the winter.
The economic contraction and slow output recovery indicate that the demand for gas as an energy source to power industry and electricity generation has not put pressure on the market.
Although internal oligopolistic structures in the region lead to higher rates and are subject to regulation by competition authorities, most of the increase in gas values is due to excess liquidity in the market, which has led to a general rise in the worth of raw materials. Moreover, as gas is an input for industry and power generation, increasing its international outlays may lead to higher production costs that are passed on to other products and lead to higher inflation.
Standards related to environmental protection address much of the public, civil and criminal law domain. At present, the issue of sustainability has been integrated (Brundtland, 1987), to refer to all the options to diminish the consequences of our consumption and production pattern on the environment, taking care of social and economic interests. In order to achieve the objectives of Environmental Policy agreed in Agenda 2030, we act based on the key principles of prevention, precaution, correction at source, the polluter pays, integration and subsidiarity.
The Kyoto Protocol, signed in 1997, represented the world's first binding international treaty to contain climate change and reduce greenhouse gas (GHG) emissions. Governments agreed to a reduction of GHG emissions of at least 5% on average of GHG emissions from 1990 levels to be achieved between 2008 and 2012. The Kyoto Protocol came into force until 2005 and its targets were not met.
Subsequently, the Paris Climate Agreement was signed in 20015 with two core commitments. It was decided, on the one hand, to keep global warming below 2°C and GHG emission reduction measures were not restricted to industrialized countries. On the other hand, the Sustainable Development Goals (SDA), adopted by the UN General Assembly in autumn 2015, were recognized as universal. From then on, the ODS became the central reference framework for the so-called Agenda 2030, which should guide international environmental and development policy.
Since the 1990s, Germany's environmental policy has been exemplary in the pursuit of GHG emission reduction targets. Since 1994, the German Constitution has established environmental protection as a state objective for the benefit of future generations. The German Environmental Information Act provides freedom of access to environmental information free of charge, with the aim of providing citizens with a higher level of environmental knowledge and awareness. In addition, legislation was adopted on environmental impact assessment (EIA) in relation to European requirements.
With the Paris Agreement in 2015, Germany also committed itself to achieving certain climate targets, for which mechanisms such as the reduction of fertilizers in agriculture, new standards for the building sector and the expansion of renewable energies were proposed. By 2030 Germany wants to reduce its greenhouse gas emissions by 55 per cent compared to 1990 (Kyoto) and by 2050 from 80 to 95 per cent (Paris). This means that the annual reduction should be 1.37% over the 40-year period. According to the following graph, the annual reduction of Greenhouse Gas (GHG) emissions was 1.14% on average. This shows us that Germany can meet its long-term goal if the trend continues.
Germany combines its economic dynamics with environmental protection as a strategy for a sustainable economy. German environmental technology is in demand worldwide. Its government, together with the automobile manufacturers, is pursuing the ambitious goal of transforming Germany into the leading market for electromobility globally and thus winning over China. By 2018, 177,070 electric and hybrid cars will be on the move within Germany. In 2019, 86,475 electric cars were exported mainly to the US, China and the UK. During 2020, 40 billion Euros were planned to be invested in research and development, with the project to bring more than 100 models of electric cars to market by 2030. The government supports their sale in the country with bonuses, exemptions and subsidies. At the same time, investments in energy research have increased, particularly in battery technology for electric cars.
However, the changes have not been automatic. In 2019, for example, Germany imported coal (mainly from Russia and the USA), crude oil (mainly from Russia and the Netherlands), refined oil (mainly from the Netherlands and Belgium) and natural gas (from Russia via pipelines) for over 100 billion euros in 2019. Despite Germany being considered an example of a government on the road to ecologically sustainable development, it still has a high level of fossil energy consumption.
The issue of climate change is a global problem. In developing countries, as is the case in Latin America, many of the decisions regarding natural resources have been influenced by groups with economic interests without social or environmental responsibility. Germany offers the opportunity to learn from their shared experiences and interests in the fields of energy and climate. But in addition, there is a need to achieve real governance over natural resources based on effective interaction between government agencies, universities, civil society and the private sector. If measures are also implemented in accordance with the geological, hydrological and climatic characteristics of each region, the political-environmental update and energy transition in Latin America could continue its path with successful steps.
En este informe se presenta que, a partir de enero de 2010, la energía eólica y solar eran metas del sistema energético mundial. Dichas representaban sólo el 4% de la capacidad de generación mundial y mucho menos del total de la electricidad producida.
Para finales de la década de 2010-2019 se espera que las dos tecnologías de energía renovable más importantes sean la eólica y la solar con un aproximado de 18% de la capacidad de generación mundial, tras la inversión de unos 2,4 billones de dólares en nuevos proyectos en los últimos 10 años.
El reporte da como explicación a las tasas de interés en mínimos históricos en las principales economías durante la década y la mayor proporción de los costes de vida útil de las energías limpias.
There has been a revival of nationalism in western democracies. The outcome of the Brexit referendum and the election of Donald Trump as president of the US are two major manifestations of this tendency. In Europe this trend began in the 1990s, and it has been associated with increasing support for radical right parties (Mudde 2007).
In recent paper, we show that globalisation is a key determinant of this phenomenon (Colantone and Stanig 2017). We focus on the competitive shock created by the surge in imports from China between 1988 and 2007. This shock has had a heterogeneous impact across European regions that depends on the historical composition of employment in the region. Using data on legislative elections in 15 western European countries, we find that stronger regional exposure to the import shock determines an increase in support for nationalist parties, a general shift to the right in the electorate, and an increase in support for radical right parties. The policy proposals of these parties tend to bundle support for domestic free market policies with a strong protectionist stance, a combination that has come to be referred to as ‘economic nationalism’. As parties offering this policy mix become increasingly successful, we might see the end – and possibly even a reversal – of globalisation.
We built a region-specific indicator for the exposure to Chinese imports following the methodology introduced by Autor et al. (2013). This combined information on yearly national imports from China, by industry, with data on the historical composition of employment in each region. The exposure of regions to the growth in Chinese imports depends on their ex ante industry specialisation. Intuitively, larger import shocks would happen in regions which have a larger share of their workers in the manufacturing sector. Given the same share of manufacturing workers, the variation in exposure to Chinese imports between regions would depend on differences in the specialisation of each region’s manufacturing industry.
The shock would be stronger in regions where relatively more workers were initially employed in those industries in which growth in imports from China was strongest (for example, textiles or electronic goods), and in years when the surge in Chinese imports in those industries was largest.
We performed the analysis at the NUTS-2 level of regional disaggregation. In total, our sample included 198 regions across 15 countries.1 Depending on the country, we sourced employment data either from Eurostat or from national sources. Trade data come from Eurostat Comext or from CEPII-BACI. The industry level of disaggregation is the NACE Rev. 1.1 subsection level. Figure 1 displays the variation in the import shock across regions, based on average regional figures; darker shades indicate stronger exposure.
Figure 1 Map of the Chinese import shock across regions
We assembled election data at the district level for 76 general elections between 1988 and 2007. Data comes from the Constituency-Level Election Archive (CLEA, Kollman et al. 2016), the Global Election Database (GED, Brancati 2016), and national sources. For each district, in each election, we had information on vote shares at the party level.
We linked election results with ideology scores for each party so that we could assess the ideological leaning of a district in an election. To do this we used data from the Comparative Manifesto Project (CMP), which attributes policy positions by using content analysis of party election manifestos. Following the established methodology used by Laver and Budge (1992) and Lowe et al. (2011), we computed two scores for each party in each election: a ‘nationalism’ score, and a ‘right-wing positioning’ score. We then combined these ideology scores with party vote shares to compute several district-level summaries for each election.
We computed, for both nationalism and right positioning:
Finally, we also computed one district-level summary to address directly the connection between globalisation and radical right success. This was the vote share of radical right parties. We identified these parties using earlier research.2 Figure 2 shows the growth in the vote share for these parties over the sample; each point in the figure is a 3-year moving average.
Figure 2 Vote share for radical right parties
To investigate the impact of globalisation on voting, we regressed the district-level summaries on the region-specific Chinese import shock, computed for the two years prior to each election. To account for the potential endogeneity of the import shock, we instrumented Chinese imports to Europe using Chinese imports to the US, as in Autor et al. (2013), Colantone et al. (2015), and Bloom et al. (2016), among others. This strategy aims to capture the variation in Chinese imports that is due to changes in supply conditions in China, rather than the changes that are due to endogenous domestic factors in Europe. We always included election fixed effects to control for factors that affect all districts of a country at a given point in time – for instance, national economic performance. Independently on the specific summary indicator we employed, we found that a stronger import shock led to:
Our research predicts that a region at the 75th percentile of the import shock would display support for radical right parties by 0.7 percentage points more than a region at the 25th percentile, ceteris paribus. Considering that the average vote share for radical right parties is 5%, with a standard deviation of 7%, this result is not negligible.
Our results contribute to an emerging body of research on the electoral consequences of globalisation. For the US, others have already investigated the effects of trade exposure on polarisation, turnout, and the anti-incumbent vote (Autor et al. 2016, Che et al. 2016, Margalit, 2011, Jensen et al. 2015). In France, Malgouyres (2014) investigated the effect on radical right support, and Dippel et al. (2016) did the same for Germany. In our previous work, we have also adopted a similar identification strategy to show a positive effect of the Chinese import shock on support for the ‘Leave’ option in the Brexit referendum (Colantone and Stanig, 2016a and 2016b).
We found additional evidence by using individual-level data from the European Social Survey. Accounting for basic demographic characteristics and election fixed effects, a stronger import shock in the region of residence pushed voters towards more nationalist and conservative policy positions, and increased the probability of support for radical right parties, in line with our district-level evidence. We also investigated, through interaction terms, how the effects of import competition varied across different categories of voters, based on their employment status and occupation. These effects were largely stable across the groups, even when considering service workers and public sector workers, whose jobs were not directly affected by manufacturing imports from China. Our evidence suggests that the impact of import competition was not confined to groups, such as the unemployed or manufacturing workers, which might have been more directly affected by Chinese imports. On the contrary, as globalisation threatens the success and survival of entire industrial districts, the affected communities seem to have voted in a homogeneous way, regardless of each voter’s personal situation.
Globalisation has caused a surge in support for nationalist and radical right political platforms. This might endanger the survival of the open world of the past 30 years. President Trump’s withdrawal from the Trans-Pacific Partnership seems to be a move in that direction. Yet, a return to protectionism is not likely to solve the problems of those who have lost ground due to globalisation without appropriate compensation of its ‘losers’, and is bound to harm growth especially in emerging economies. The world rather needs a more inclusive model of globalisation.
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[1]The countries in our sample were: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom. NUTS-2 regions have population between 800,000 and 3 million. For Germany, the required data is available only at the more aggregated NUTS-1 level. Hence 16 out of 198 regions in our sample correspond to NUTS-1 regions.
[2] The list includes: SMP Finnish Rural Party, PS True Finns, VB Flemish Bloc, LPF List Pim Fortuyn, PVV Party of Freedom, VB Flemish Interest, FN National Front, LN Northern League, LAOS Popular Orthodox Rally, FPO Austrian Freedom Party, Freedom Movement, NA/AN National Action for People and Fatherland, SD/DS Swiss Democrats, SVP/UDC Swiss People Party, Swiss Motorists Party, FPS Freedom Party of Switzerland, UKIP United Kingdom Independence Party.
Source: http://voxeu.org/article/globalisation-and-economic-nationalism
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Este reporte evalúa más de 340 criterios de cuatro variables principales: desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia empresarial e infraestructura, según el reporte. “El consistente compromiso para generar un ambiente favorable para los negocios fue central para que Hong Kong y Suiza elevaran su posición. Éste último enfatizo su compromiso con la calidad, lo que le permite reaccionar rápidamente para mantener su economía hacia arriba”.
En el mismo se menciona que “Estados Unidos aún cuenta con el mejor desempeño económico en el mundo, pero hay muchos otros factores que se toman en cuenta para evaluar la competitividad; lo que demuestra que el crecimiento económico no basta para garantizar una futura competitividad”.
Según el reporte, Hong Kong se posiciona entre los líderes como centro financiero y bancario, prioriza la innovación a través de una baja y simple tributación y no impone restricciones a los flujos de capital para que entren a su territorio, además ofrece una puerta de entrada para la inversión extranjera directa para China Continental, la más nueva superpotencia económica del mundo y permite a las empresas de allí acceder a los mercados globales de capitales.
De los países de América Latina, Chile se ubicó en la posición 36, México perdió seis lugares, al ubicarse en el sitio 45 desde el 39 que llegó en 2015, destacó Argentina que llegó al sitio 55 y fue el único de la región que mejoró su posición respecto al año anterior. Los menos competitivos de la región fueron Brasil que retrocedió una posición para quedar en el lugar 57 y Venezuela en el lugar 61.
After being postponed for two years due to the COVID-19 pandemic, the World Economic Forum in Davos finally took place. The central agenda of world leaders and business leaders revolved around four points, climate change, rising inflation, Russia's special military operation and how it aggravated the energy and food crisis.
Constantly during the forum meetings, the problem of fertiliser shortages and food insecurity was attributed solely to the Russian military operation in Ukraine. The truth is that the price of wheat doubled between March 2020 and February 2022. China announced a local harvest in February 2022, which impacted prices. Finally, with the Russian military operation, the rise was aggravated by another 50%.
After the Davos meeting, it is clear that world leaders will continue to provide arms supplies to Ukraine and impose sanctions on Russia. The answers to how to prevent growing the number of 276 million people already suffering from severe and acute food insecurity are unclear.
Agricultural producers worldwide are looking for options that will allow them to continue their activities at the lowest possible cost. In Zimbabwe and parts of the US, for example, there has been a return to the use of manure. Others reduce the amount of plant food they generally use or have switched to crops that require less potash, urea or phosphate.
Some of the other measures implemented are that, in the face of rising fertiliser prices, droughts, heat waves, and floods, some countries have decided to restrict their grain and plant food exports to prioritise their people.
India, which produces 13.7% of the world's wheat, and is also a significant consumer, has decided to limit its exports. The country has long faced problems of food insecurity, which it has tried to counter with imports and increased production. The aftermath of the conflict assured that around 10 million tonnes of wheat would be exported by 2022. The heatwave that recently soared to 50°C has reduced field and crop yields, prompting the Directorate General of Foreign Trade to impose an export ban.
China, one of the world's leading exporters of phosphate and urea, also limited the number of fertiliser exports it makes. Rising energy prices have made plant food production more expensive, and heavy flooding has led to the closure of some major factories.
One of the areas most affected by the lack of fertilisers, Latin America, has begun to look for options for self-sufficiency. Bolivia, which produces between 1,600 and 1,700 tonnes of fertiliser per day, has said that it hopes to build two plants specifically for local fertiliser production and export in the next few years. The first plant aims at supplying Peru, Ecuador, Chile and Argentina, while the second would exclusively provide Brazil.
Russia's special military operation has been one factor aggravating the food and fertiliser crisis, but it has not been the cause. Food prices had already started to rise in 2020, before the conflict. The climate factor plays a significant role in the price increases, with continuous droughts and floods reducing and damaging crop yields. Western sanctions on Russia’s exports hit prices more than was estimated initially.
Our collective failure to reverse inequality is at the heart of a global malaise
Each year, at its meeting in Davos, the World Economic Forum produces a report on global risks, highlighting the biggest challenges the world is facing and the connections between them. Inequality entered the list of global risks in 2012, and in 2017 rising income and wealth disparity ranked as the most important trend likely to determine development across the world over the next decade.1 Oxfam also issues reports on inequality at Davos—in 2014 shocking the world with its estimate that the 85 richest people in the world owned as much wealth as the poorest 3.5 billion; this year reporting that just eight men own the same wealth as the poorest half of the world.23
During the 20th century inequality in most rich countries fell almost continuously from the 1930s to the 1970s and then increased dramatically from the 1980s with the dominance of neoliberal economics.4 This widening inequality has been dominated by top incomes growing faster than others. Meanwhile, inequality between countries has fallen, and some countries, most notably in Latin America, have managed to reduce income disparities.
Inequality matters because, as a robust and growing body of evidence shows, the populations of societies with bigger income differences tend to have poorer physical and mental health, more illicit drug use, and more obesity.5 More unequal societies are marked by more violence, weaker community life, and less trust. Inequality also damages children’s wellbeing, reducing educational attainment and social mobility.
The differences in population health between more and less equal societies are often large. Among developed countries, mental illness and infant mortality rates are two or three times as high in more unequal countries; teenage birth rates and homicide rates can be 10 times higher. These differences are so large because inequality affects the majority of the population not just a poor minority, and the scale of income differences within a society immerses us all more deeply in issues of status insecurity and competition. A growing literature also highlights the effect of inequality on status anxiety, depression, narcissism, self enhancement, and addictions.6
Inequality is implicated in other global risks that concern the World Economic Forum, from fiscal crises to profound social instability, increasing polarisation of societies, increasing national sentiment, and even climate change and environmental degradation.1 This is because of the ways in which inequality drives consumerism and overconsumption. Economists have also identified the negative effect of inequality on economic stability and growth, as well as on reducing poverty.
You might think that evidence of harm, alongside the growing concerns of world leaders, academics, business, civil society, and government would be enough to turn this problem around. But from our perspective as social epidemiologists working on inequalities, the record on tackling health inequalities does not inspire optimism. Decades of research has led to a consensus among public health academics and professionals that we need to tackle the structural determinants of health if we want to reduce health inequalities; yet this has not happened and health inequalities have not diminished. In many cities in the UK and US, for example, we continue to see life expectancy gaps of five to 10 years, and occasionally 15 to 20 years, between the richest and poorest areas.
The long term failure, even of ostensibly progressive governments, to tackle these glaring injustices is perhaps one of the reasons why public opinion has swung so strongly away from the established political parties.7 And the public’s sense of being left behind will only be exacerbated by the negative health effects of austerity, which are starting to emerge in our health statistics.8
The economist Tony Atkinson, who died last month, devoted his life to the study of inequality. Two years ago he published his recommendations on how to reduce inequality.9 They ranged from a code of practice for pay above the minimum to a top tax rate of 65% and a child basic income. We could do him no greater honour than supporting his proposals. However, just as the downward trend in inequality during the middle decades of the 20th century was driven partly by the countervailing voice of what used to be called the Labour movement, effective political action today will also depend on the development of powerful grassroots movements.
During the last generation, economic growth ceased to improve health, happiness, and the quality of life in rich countries. Now, more than ever, we need an inspiring vision of a future capable of creating more equal societies that increase sustainable wellbeing for all of us and for the planet.
Las proyecciones del crecimiento global han disminuido desde el año pasado y el crecimiento podría verse menguado por debajo de su potencial, sin embargo, América Latina y el Caribe pueden crecer significativamente mediante la adopción de las reformas estructurales adecuadas. En este informe sostiene que si los países de la región llevan a cabo reformas ajustadas a su situación y a sus instituciones, los efectos positivos se reforzarían mutuamente y la región en su conjunto podría beneficiarse de un considerable aumento en su tasa de crecimiento.
De la misma forma, en este informe se considera probable que la región crezca a una tasa anual de sólo 3,9 por ciento durante los próximos cinco años, casi un punto porcentual por debajo de la tasa de 4,8 por ciento registrada antes de la gran recesión que comenzó en 2008. Se prevé que un menor crecimiento del comercio mundial y un descenso de los precios de los productos básicos disminuyan el consumo y las inversiones en América Latina y el Caribe. Cabe destacar, que según el autor, las dos áreas clave de reformas que tienen un considerable potencial para impactar positivamente la productividad y el crecimiento son la reforma del mercado de trabajo y las inversiones en infraestructura.
América Latina y el Caribe están pasando por un gran momento histórico en el contexto internacional, en el cual se presentan difíciles retos pero también una gama de oportunidades que la región debe de aprovechar para diseñar estrategias de desarrollo a largo plazo. Para conseguir capitalizar estas ventajas, derivadas de un buen manejo de la macroeconomía y resistencia a los efectos de la crisis, el Estado puede y debe jugar un papel fundamental a través de su accionar, con el diseño, elaboración y ejecución de programas que reduzcan la desigualdad y mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos.
El siguiente documento, es un esfuerzo por parte del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con el fin de analizar el papel esencial que le cabe al Estado en el crecimiento económico y el desarrollo de los países de la región. El principal mensaje de este trabajo es que, para poder avanzar hacia sociedades más equitativas e incluyentes, no basta solo con las políticas sociales de los últimos años. El Estado tiene además que fortalecer la calidad y efectividad de las políticas monetaria y fiscal, así como promover activamente la educación, la inversión en infraestructura e innovación y el desarrollo productivo.
Con toda la incertidumbre económica mundial, sólo pocos países han podido combatir la adversidad y han conseguido ver algo de luz en medio de toda la penumbra mundial. Tal es el caso de América Latina, que ha presentado tasas de crecimiento favorables y sostenidas, lo cual lanza inmejorables perspectivas para la zona, sin embargo, como Nicolás Eyzaguirre advierte aun no es momento de sentirse cómodos, puesto que aun sigue habiendo ciertos riesgos.
Este crecimiento económico sostenido se debe en parte es gracias de China, y en general de la zona asiática, puesto que el buen crecimiento de estos países ha respaldado la demanda de los principales productos básicos que exporta América Latina. Por otro lado, otro factor muy importante ha sido que que las grandes economías han tomado algunas medidas de política importantes para respaldar el crecimiento y la estabilidad mundiales, como lo son tasas de interés a niveles ultrabajos y un decidido apuntalamiento de la demanda y el empleo.
En contra, el gran lastre para la zona son las incertidumbres mundiales. Entre las distintas medidas que toma Europa para resolver la crisis, la más o menos estable política fiscal estadounidense y las tensiones geopolíticas a nivel mundial; la fragilidad de los mercados financieros sigue siendo latente, sobre todo considerando que América Latina depende de los precios de las materias primas y la alta liquidez internacional.
Pero aunque este no es momento para preocuparse demasiado ni para poner en marcha políticas de estímulo prematuras, tampoco es momento para un optimismo excesivo ni para la autocomplacencia.
El año pasado el gobierno chino reveló esta iniciativa, en agosto de 2015 un estudio publicado por China International Trade Institute, identificó 65 países que podrían participar en esta iniciativa. Esta lista incluye países de Asía Oriental, Central Sur y Sudeste, Medio Oriente, Norte de África y Europa (Oriental). Todos estos países podrían crear un área de cooperación económica que uniera al Pacífico Occidental con el Mar Báltico.
Esta iniciativa proporciona la plataforma para que todos los participantes contribuyan en la conectividad global. El presidente de China, Xi Jinping, ha reiterado en diversas ocasiones que la iniciativa es abierta, diversificada y es un proyecto para ganar-ganar que da enormes oportunidades para el desarrollo de China y los países.
La iniciativa tiene un plan de acción que está dirigido en promover ordenada y libremente los flujos de factores económicos, la localización eficiente de recursos y profundizar la integración de mercados, encaminando a los países dentro de esta iniciativa para logar una política económica de coordinación y llevar a cabo una cooperación regional más profunda y con mayores estándares.
El plan de acción también incluye varias regiones y provincias de China, esta iniciativa realizara “cinco enlaces” entre la política, la infraestructura, el comercio, las finanzas y las personas.
También, The Fung Business Intelligence Centre recolectó una lista de países interesados en participar en esta iniciativa y también de unirse al Asian Infraestructure Investment Bank (AIIB), el total fue de 48 países interesados.
El AIIB fue propuesto por China en 2013, pero el 31 de diciembre de 2015, 57 países firmaron los artículos del acuerdo que da las bases legales para el funcionamiento del banco, teniendo su cede en Beijing e iniciando operaciones el 16 de Enero de 2016.
“Cuba ha cambiado considerablemente en estos últimos diez años de reformas económicas, aunque no lo suficiente, concluye. El nivel de ingreso en las familias, los servicios turísticos, la producción de alimentos, los servicios los de restaurantes y el transporte dependen menos del Estado y mucho más de la iniciativa privada. El mercado inmobiliario, las ventas de diversos bienes y servicios de consumo, y el suministro de insumos para el sector privado se han expandido, tanto en mercados formales como informales. La inversión extranjera se destaca como un factor fundamental en el desarrollo de Cuba. El país ha logrado importantes avances en la renegociación de sus deudas externas.
No obstante, muchos otros cambios anunciados fueron derrotados por la resistencia interna, implementados a medias o implementados de maneras que replicaban los errores del pasado. El sector empresarial estatal burocrático e ineficiente, atado por bajos salarios y un estricto plan central, impide el progreso económico. Las ventajas de Cuba en educación y capital humano continúan siendo subexplotadas. Tampoco el ambiente internacional ha brindado mucha ayuda. El embargo comercial de EEUU sigue en vigencia, la administración Trump ha vuelto a la antigua y fallida retórica de las políticas pasadas de EEUU, y Cuba continúa dependiendo de una economía venezolana que todavía no parece haber tocado fondo.
Como consecuencia, el crecimiento del PBI y la productividad han sido decepcionantes, la reforma agrícola ha producido pocos resultados positivos y Cuba se está ahogando una vez más en una crisis financiera. Las reformas implementadas hasta la fecha no crearon empleos de calidad suficiente y, en total, medio millón de puestos formales fueron eliminados del mercado laboral.
La segunda mitad de 2017 resultó especialmente desafiante debido a los impactos del huracán Irma y las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el gobierno de los EEUU. A estas dificultades se debe agregar la decisión del gobierno cubano de congelar (temporalmente) la emisión de licencias al sector privado.”
Argentina relies heavily on hydrocarbons to meet its energy demand (87.5% of its energy matrix is fossil fuels). Despite significant oil reserves, its domestic production cannot meet its demand, so it depends on energy imports. It has extensive reserves of both conventional and renewable resources, giving it great potential to become a key player in the global energy transition.
Lithium (Li3 ) is an abundant resource in its territory, with the capacity to store large amounts of electrical energy. Countries in the Global North and China classified it as strategic due to its importance in the low-carbon technology industry. The richness of this mineral has made the country the object of competition between major powers seeking to control reserves and the production of lithium-ion batteries (BiL) used in electromobility and the decarbonisation of light transport. This article aims to characterise the main challenges and opportunities that lithium represents for Argentina's energy policy in the context of energy transition.
It is the third largest economy in Latin America after Brazil and Mexico, with 46 million inhabitants and a territorial extension of 2.79 million km2 (the eighth largest in the world). Its size gives it a critical capacity to set trends and positively impact efforts to counteract global warming. Its relevance for changing the global energy matrix lies in its extensive reserves of natural resources, including lithium. The challenge lies in breaking the so-called natural resource curse (posited by Sachs and Warner in 1995) and adding value to this commodity.
According to data from the International Energy Agency (IEA), there is a prevalence of fossil fuels in the matrix of 87.5%, compared to 12.5% for renewables. In electricity generation, there is a 50% share of natural gas. Renewable energies have been consolidated as an alternative for electrification, as they account for 35% of production. Hydroelectric power contributes 16%, while 5.5% comes from three nuclear power plants: Atucha I, Atucha II, and Embalse. These data indicate that electrification still depends on fossil fuels but with signs of diversification. Regarding consumption by sector, 31.9% is demanded by transport, 26.4% by households and 21.6% by industry, with the remaining 20% by commerce and agriculture.
Argentina is a net importer of fuels. Its leading supplier of refined oil is the United States, which, in 2022, supplied 38% of imports. Saudi Arabia and the United Arab Emirates, which recently joined the BRICS partnership, provide 12% of its oil, respectively. Natural gas also comes from the U.S. for 44 per cent and from its northern neighbour, Bolivia, for 38 per cent. Against this backdrop, energy policy has been geared towards hydrocarbon exploration and extraction projects to increase sovereignty and reduce import dependence. Vaca Muerta sedimentary formation, located in the Neuquén, Mendoza and La Pampa provinces, comprises the second-largest shale gas deposit in the world. This unconventional gas resource is extracted using the hydraulic fracturing or fracking technique, characterized by intensive water use and high environmental costs. In this sense, promoting energy sovereignty based on highly polluting techniques runs counter to the necessary energy transition and reduces the use of fossil fuels.
There is enormous potential in renewable energies, especially in electricity storage and electromobility, thanks to a mineral known as "white gold". Argentina has 20 million tonnes of lithium in its subsoil, the second most prosperous country in the world. Geographically, it shares a favoured position within the Lithium Triangle with Chile and Bolivia. According to ECLAC data, 57% of the world's reserves are in these three countries. The country has vast mineral resources located in the salt flats northwest of its territory, which produced, between 2022 and 2023, 16.550 million tonnes of lithium. In 2023, lithium carbonate exports amounted to 807.1 million dollars; the leading destination was China (44.59%). Lithium production is concentrated in three provinces: Jujuy, Salta and Catamarca. There is a U.S. company in Jujuy and Catamarca and two other companies, each in Catamarca and Salta. The others are Argentinean, Chinese, Australian, Canadian and European second companies. Of 44 projects, six are US-owned, six are Chinese-owned, six are Australian-owned, eight are Canadian-owned, thirteen are Argentinean-owned, and the remainder are European-owned.
Lithium extraction projects in Argentina | |||
---|---|---|---|
Province | Name of the project | Company | Country/Capital |
Jujuy | 1. Cauchari | Lake Resources NL | Australia |
2. Cauchari Jv | Arcadium Lithium plc. | USA | |
3. Cauchari-olaroz | Ganfeng Lithium Co. Ltd. | China | |
4. Olaroz | Arcadium Lithium plc. | USA | |
Catamarca | 5. Antofalla North | Argentina Lithium & Energy Corp | Canada |
6. Candelas | Galan Lithium Limited | Australia | |
7. Fenix | Arcadium Lithium plc. | USA | |
8. Dead Man West | Galan Lithium Limited | Australia | |
9. Incahuasi | Argentina Lithium & Energy Corp | Canada | |
10. Kachi | Lake Resources NL | Australia | |
11. Karachi Hidden Salt Lake | Lithium South | Canada | |
12. Green Lagoon | Zangge Mining | China | |
13. Lithium Gold I, II, III | Franklin Mining Arg S.A. | USA | |
14. Salt of Life | Arcadium Lithium plc. | USA | |
15. Antofalla Salt Flat | Albemarle Argentina S.R.L. | Argentina | |
16. St George's | Province of Catamarca | Argentina | |
17. Sincere | Antofalla Minerals S.A. | Argentina | |
18. Three Gorges | Zijin Mining Group Ltd. | China | |
19. Virgen Del Valle Lithium | Minera Santa Rita S.R.L. | Argentina | |
Salta | 20. Alba X | Maverick Capital | USA |
21. Alkaline | AAL Argentina S.A. | Argentina | |
22. Arizaro | Lithium Chile Inc. | Canada | |
23. Arizaro North | Brine Lithium Resources S.A. | Argentina | |
24. Arizaro South | Lithium S Corp S.A. | Argentina | |
25. Crabs | Lithium S Corp S.A. | Argentina | |
26. Centenary | Lithium Power | Australia | |
27. Centenary-mice | Eramet | France | |
28. Maidens | Hanaq Group | China | |
29. Dead Man North | Lithium South | Canada | |
30. Incahuasi | AAL Argentina S.A. | Argentina | |
31. Incahuasi Moncho | Ganfeng Lithium Argentina S.A. | China | |
32. Mariana | Ganfeng Lithium Co. Ltd. | China | |
33. Sisifo Mine - Patilla Mine | Pluspetrol Resources | Argentina | |
34. Large Grassland | Lithium Americas | Canada | |
35. Pozuelos | Galan Lithium Limited | Australia | |
36. Corner | Argosy Minerals | Australia | |
37. Rio Grande | Pluspetrol Resources | Argentina | |
38. Salt of the Puna | Lithium Americas | Canada | |
39. Salt of the Angels | Revotech Asia Limited | United Kingdom | |
40. Salar de Arizaro | Pluspetrol Resources | Argentina | |
41. Salar del Rincón | Rio Tinto Group | United Kingdom | |
42. Tolillar Salt Flat | Alpha Lithium Corporation | Canada | |
43. Salary | Eramine Sudamerica S.A | France | |
44. Vega de Arizaro | Corriente Argentina S.A. | Argentina | |
Source: OBELA with data from the Ministry of Economy of Argentina. |
Chinese mining companies have reached agreements with Argentine state-owned companies to industrialize lithium. Climbing up the value chain is central to the country's economy, as much of the battery manufacturing process and other lithium products are still carried out in China. There are concerns about the environmental impact of the pumping of large quantities of salt water affecting local ecosystems and groundwater reserves. In addition, there are tensions regarding the rights of indigenous communities, whose lands often host these projects (see box), leading to disputes over consultation and prior consent, as well as equitable distribution of economic benefits. The main challenge is the investment of capital-intensive production processes in an environment marked by macroeconomic instability. Low-carbon technology supply chains require significant long-term investments.
The road to full commercialisation of lithium and its incorporation into the energy transition faces difficulties on both the supply and demand sides that affect countries heterogeneously. The most significant obstacle on the supply side is the geographic concentration of the mineral in certain regions, which reduces the number of producers to less than a dozen. This is compounded by China's almost absolute dominance in the refining and processing of lithium for battery production, as well as the high production costs associated with the technology required to manufacture electric vehicles. Barriers persist to the mass adoption of electric vehicles, such as high prices, lack of charging infrastructure and fossil fuel costs, which limit consumer acceptance.
The situation becomes even more complex when considering the geopolitical and economic context. The transition to an economy based on renewable energy and clean technologies poses challenges for both fossil fuel-producing countries and those dependent on the export of raw materials. The potential of lithium carbonate and sulphate to revolutionise the global energy landscape is undeniable. The mineral is strategic for the transition to a more sustainable matrix, especially with regard to the electrification of light and mass passenger transport. The challenge for Argentina's energy policy will be to transform lithium and move up the value chain by processing and manufacturing components of the low-carbon technology industry.
Edwin J. Higinio S.[1], OBELA[2]
La crisis hídrica en México se ha intensificado en los últimos años, exacerbada por factores como el cambio climático, la urbanización y su uso ineficiente. El país se enfrenta a un dilema debido a que gran parte del H2O disponible se destina al sector agroalimentario exportador. Además, existe una creciente demanda de alimentos para la economía nacional lo que, sumado, hace que la agricultura sea una importante consumidora del líquido elemento. A medida que las exportaciones de cultivos y ganado han crecido de manera constante, también la presión sobre los recursos hídricos locales, lo que ha llevado a muchas regiones a experimentar una presión alarmante en la disponibilidad de este elemento. El artículo examina la interrelación entre el consumo del elemento acuoso, la huella hídrica de los productos agroalimentarios y las exportaciones, para poner de relieve la necesidad urgente de implementar políticas productivas sostenibles en un contexto de cambio climático y crisis.
La Crisis Hídrica
La crisis hídrica se define como la insuficiencia de agua potable para satisfacer las necesidades de una población determinada. Sus principales características son el uso excesivo de reservas subterráneas, contaminación desmesurada del elemento. La mencionada crisis en México se ha intensificado debido a varios factores interrelacionados. Luego de la peor sequía en setenta años, en 2011, el fenómeno se ha acentuado más desde el 2019 y el 2023 es el peor registrado hasta ahora. Todo es producto del cambio climático y se agrava por la creciente producción agroalimentaria exportadora y el aumento de la urbanización.
Según el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2023, el uso del líquido ha aumentado un 1% anualmente en las últimas cuatro décadas y se proyecta que continuará en esta tendencia hasta 2050. El incremento en el consumo incide en la flora y fauna de los biomas acuáticos, poniendo en riesgo la supervivencia de diversas especies. La desaparición de vegetación reduce la capacidad de los ecosistemas para absorber dióxido de carbono, lo que favorece el cambio climático y, consecuentemente, el calentamiento global. Las recurrentes sequías incrementan la evaporación y reducen las precipitaciones, de este modo se genera un círculo vicioso.
El concepto de estrés hídrico es fundamental en el contexto de cambio climático, sequías y crisis de escasez global. Es la condición en la que la demanda del elemento supera la cantidad disponible, o es mayor que la capacidad que tienen los recursos para reabastecerse de manera natural en una región. Se considera que esta condición existe cuando se utiliza más del 40% del líquido aprovechable. El indicador compara el volumen total de agua retirada y consumida en un año con el total disponible en los ríos, lagos y acuíferos en un espacio geográfico.
En el continente americano algunas regiones de Estados Unidos y Chile, así como gran parte del territorio mexicano se encuentran con un nivel de estrés hídrico extremadamente alto (más de 80%). En México, regiones clave para la producción agroalimentaria como el Bajío y el norte (zonas áridas), sufren de sequías recurrentes que han reducido significativamente la disponibilidad de líquido elemento tanto para el consumo humano como para la agricultura y algunas industrias.
La práctica de cultivar en un clima árido (que reduce la incidencia de plagas) con la implementación de una irrigación eficiente ha permitido la producción de alimentos para exportación, a pesar de las condiciones naturales menos favorables. En el Perú el desierto de las regiones de Arequipa, Ica, la Libertad y Lambayeque se han convertido en centros importantes para la agricultura intensiva, por ejemplo de arándanos, espárragos, limones y uvas, gracias a los megaproyectos de irrigación que aprovechan los ríos que nacen en los Andes.
En México, la situación es especialmente preocupante en estados del centro-norte, como Zacatecas y Nuevo León. Durante la primera mitad del 2024, 52 de 58 municipios del primero experimentaron sequías de moderadas a extremas. De otro lado, el estado es clave para producción de cerveza que se exporta. La planta más grande de grupo Modelo se encuentra en el municipio de Calera, con una producción de 24 millones (17% del total anual producido) de hectolitros de cerveza al año. El subdirector de Admisión del Agua en la Dirección Local de Conagua afirma que la planta utiliza actualmente un volumen de 6.4 millones de metros cúbicos del recurso natural en medio del desierto, donde se encuentra. El acuífero de Calera, de donde se abastece la fábrica, es el segundo más explotado a nivel nacional de acuerdo con Conagua. El primero es el Río Lerma, ubicado en el estado de Guanajuato, ubicado en la región Poniente.
Al mismo tiempo, en Nuevo León (localizado al Norte) también las embotelladoras y cerveceras extraen grandes cantidades de los acuíferos subterráneos. Conagua reportó que siete de los ocho municipios del área metropolitana de Monterrey se clasifican como anormalmente secos, agravado por el calentamiento global, la agricultura exportadora, el Nearshoring y la falta de una política de gestión. Allí se observa una clara preferencia por satisfacer las necesidades de la agricultura y la industria de exportación. Lo anterior se traduce en cortes de suministro de agua a la población.
En 2022, Conagua declaró la sobreexplotación del acuífero de Ziracuaretiro en Michoacán, clave para el cultivo de aguacate (palta en Sudamérica), debido a la extracción masiva de agua para las plantaciones. Además, en municipios como Uruapan y Tacámbaro, la falta del recurso ha provocado cortes prolongados en el suministro, mientras que los productores de aguacate hacen un uso intensivo del mismo.
Panorama de las Exportaciones.
México ocupa el duodécimo lugar en la producción mundial de alimentos, lo que subraya la importancia de este sector para la economía nacional y mundial. Asimismo, el país se posiciona en el vigésimo puesto global en cuanto al número de personas empleadas en los sectores agropecuario y pesquero con una Población Económica Activa (PEA) de 6.5 millones. En 2023 las exportaciones agroalimentarias representaron el 54% de las totales del país.
Cuadro 1. Principales productos Agroalimentarios exportados. México 2022 (Millones de USD) |
|
Año |
Valor |
Cerveza |
$ 6,083 |
Tequila |
$ 4,085 |
Frutos Rojos |
$ 3,789 |
Aguacate |
$ 3,368 |
Carne de bovino |
$ 2,238 |
Jitomate |
$ 2,143 |
Galletas dulces |
$ 1,182 |
Confitería |
$ 1,138 |
Pimiento |
$ 1,124 |
Azúcar |
$ 1,012 |
Fuente: OBELA, con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural |
El Cuadro 1 muestra las principales agroexportaciones del país en 2022. El gran volumen de su expedición implica un uso intensivo del elemento acuoso añadido al proceso de fabricación y cultivo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México informó que entre enero del 2010 y fines del 2023, las exportaciones agroalimentarias crecieron de un total de 9,732 toneladas a 26,428 toneladas y mantienen una tendencia alcista. Productos como uvas, café, jitomates (tomates rojos) y otras hortalizas registran incrementos notables en su valor de exportación.
Fuente: OBELA con datos de FAO |
El Consumo de Agua en la Producción Agroalimentaria
En México, aproximadamente el 76% del recurso disponible se destina a la agricultura. Para entender mejor la situación se usará el concepto la huella hídrica (HH), que se define como el volumen total de agua (litros) utilizado desde la producción hasta el consumo final de un producto, e incluye la necesaria para disipar sus contaminantes (fertilizantes e insecticidas). El parámetro se compone de tres tipos de aua, azul (superficial y subterránea), verde (lluvia almacenada en el suelo), es decir limpia, y gris (contaminada durante los procesos). El indicador se clasifica en tres niveles; alto - más de 2500 litros por kilo; mediano - de 700 a 2500 litros por kilo: y pequeño - menos de 700 litros por kilo.
Al analizar HH de los productos exportados es posible cuantificar la cantidad del recurso requerida para cultivar y procesarlos, se puede evidenciar cómo la demanda de estos bienes intensifica la presión sobre la naturaleza, lo que afecta al consumo doméstico del mismo.
Cuadro2. Huella Hídrica y su composición de los principales productos exportados. México 2022 |
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Producto |
Litros de Agua por Kilo |
Agua azul |
Agua verde |
Agua Azul |
HH |
Carne de bovino |
15,459 |
4% |
94% |
3% |
alta |
Aguacate |
1,164 |
10% |
72% |
7% |
Media |
Pimiento |
370 |
11% |
63% |
26% |
Baja |
Frutos Rojos |
335 |
31% |
58% |
11% |
Baja |
Cerveza |
304 |
5% |
8% |
9% |
Baja |
Jitomate |
135 |
29% |
50% |
20% |
Baja |
Fuente: OBELA, con datos de FAO |
El Cuadro 2 presenta la HH de diversos productos agroalimentarios en México. Se destaca la carne de bovino, que supera los 15,000 litros por kilo, con una HH alta, lo que refleja su alta demanda de agua, y el aguacate, con una HH media de 1,164 litros por kilo. Los productos con baja HH son el pimiento, los frutos rojos, la cerveza y el jitomate.
Además, los litros del líquido vital asociado con su elaboración, de productos como la cerveza, el aguacate y el jitomate (tomate rojo) contienen una gran cantidad de agua en su forma final. Lo previo significa que, se realiza una exportación directa del recurso. Así, la exportación de estos no solo implica su extracción durante la producción, sino también la transferencia contenida en el producto final hacia mercados internacionales.
Conclusión
El modelo agroexportador, de México y otros países desérticos de América Latina, aunque contribuye al crecimiento económico, y al empleo, también intensifica la crisis al priorizar cultivos intensivos en agua para el mercado internacional.
La actual presidenta de México aseguró en su toma de protesta que, durante su administración, se implementarán reformas para garantizar el uso adecuado del agua. Entre los cambios propuestos destacan la tecnificación del riego en zonas específicas, un programa para asegurar el acceso al agua en el Valle de México e Hidalgo, y el saneamiento de los tres ríos más contaminados (Lerma, Tula y Atoyac). También afirmó que se comenzará a ordenar las concesiones y la transmisión de derechos de agua.
Si bien estas políticas son necesarias, carecen de una crítica al modelo agroexportador, el cual resulta incompatible con los desafíos que plantea el cambio climático. Aunque las propuestas son bienintencionadas, resultan insuficientes sin un cuestionamiento de fondo. Hace falta una política hídrica integral que no solo contemple la regeneración de ecosistemas esenciales para mantener el flujo fluvial y la infiltración de agua, sino también una revisión del modelo de producción, que es en gran medida responsable del agotamiento de los recursos. Sin una reforma estructural, el modelo agroexportador continuará con su contribución al agotamiento de los recursos, al calentamiento global y a un mayor riesgo tanto a la seguridad hídrica como alimentaria del país.
Posted August 14, 2023 at 3:16 pm by
The Inflation Reduction Act (IRA) was signed into law a year ago this week. It is widely seen as the crown jewel of the “industrial policy” agenda of the Biden administration. While no piece of legislation is perfect, the full potential of the IRA to deliver a radically better future is often underrated. In this post, we highlight many of the IRA’s huge steps forward and also talk about the unfinished agenda for securing faster, fairer, and greener growth in the U.S. economy.
Put simply, the IRA puts the U.S. on a path where meeting its global climate change commitments is within reach—commitments which would provide a genuine chance at securing a livable planet for future generations if they are kept. At the beginning of August 2022, there was no such path to secure this livable future, but there is now—and that is a mammoth victory.
The IRA was essentially a climate change bill that included extraordinarily important health and tax changes as ride-alongs. If the bill had only included these health and tax policy changes, it would have been eminently worthy of applause. The fact that these changes were essentially side-shows to the IRA’s climate impacts is one clue about how transformative it might turn out to be.
Starting with these opening acts of tax and health policy, the IRA’s key components were:
Health policy: The key health policy changes in the IRA included a substantial increase in the generosity of tax credits to subsidize the purchase of health insurance through the marketplace “exchanges” in the Affordable Care Act (ACA), along with provisions to allow firmer bargaining over the pricing of pharmaceuticals purchased by Medicare. Both of these are big steps forward in U.S. health policy.
The expanded premium tax credits radically increase the affordability of exchange premiums for a wide range of U.S. households. These expanded tax credits expire in 2025—the same time as many provisions of the Trump administration’s Tax Cuts and Jobs Act (TCJA). This sets up a highly salient contrast for what will be more important to Congress in that year—preserving tax cuts mainly aimed at the richest households, or continuing to ensure healthcare affordability for those families who cannot find decent coverage through their employers.
The drug pricing changes both increase affordability to families and are forecast to reduce federal government payments for drugs under Medicare by nearly $240 billion over the next decade. Putting some discipline on the upward march of drug prices in the U.S. has been a key progressive priority for decades. There is still room to limit drug price increases even more, but this is an excellent step forward.
Tax policy: The key tax provisions in the IRA include a minimum tax on corporate income, an excise tax on stock buybacks, and a substantial increase in resources for Internal Revenue Service (IRS) enforcement. Each of these are significant and progressive changes in tax policy. The corporate minimum tax is projected to raise more than $220 billion over the next decade from corporations who have used loopholes to avoid paying their proper share of taxes in the past.
The stock buyback excise tax raises less money, but breaks important new ground in taxing stock returns rather than accounting profits of corporations. Given the rampant abuse of loopholes and financial engineering that allows firms to report deceptively low accounting profits, shifting to a regime of taxing stock returns instead could be transformative.
The expansion of IRS resources could well be the most valuable IRA tax provisions (even given the partial cutback in these resources included in the debt ceiling deal at the beginning of 2023). The nonpayment of taxes legally owed is estimated to be $600 billion annually. The bulk of these unpaid taxes is owed by the richest 5% and even 1% of households. If the full value of the “tax gap” could be collected with better enforcement, this by itself would essentially stabilize the nation’s long-run debt ratio with no other changes needed. While it is unlikely that enforcement alone could collect this much revenue, this clearly shows that enormous sums are available if IRS enforcement can be made more effective. Starving the IRS of enforcement resources and mandates has been a Republican priority for decades, and it constitutes an enormous gift to corporations and rich households who don’t want to pay taxes.
Climate and clean energy provisions: The climate and clean energy provisions of the IRA are its most-known features, and the ones that make it qualify as an “industrial policy” measure. This “industrial policy” label often makes some assume that it is aimed at boosting overall U.S. manufacturing. But unlike industrial policy debates of decades past, the IRA is clear-eyed about its goals—reducing greenhouse gas (GHG) emissions from usage of fossil fuels and transitioning to cleaner sources of energy—and has specific policies well-tailored to meet these goals. Given this narrower (yet still vital) target, it should not be judged by whether it succeeds in boosting manufacturing writ large.
The dominant strategy the IRA employs to lead the clean energy transition is subsidies—paying U.S. businesses, households, and even sub-national governments when they make investments that will lead to reduced GHG emissions. The fiscal support it provides for these investments admirably matches the scale of the decarbonization challenge in front of us. The decision to use subsidies to encourage clean energy investments reflects some hard learning from previous efforts to pass transformative climate bills. These previous efforts—like the American Clean Energy and Security (ACES) Act of 2009—relied on measures to increase the price of carbon emissions rather than subsidies to reduce the cost of clean energy adoption.
In short, unlike past bills, the IRA approach emphasizes carrots rather than sticks. In a perfect world described by introductory economics textbooks, there are reasons to think that a broad-based increase in the price of carbon-emitting activities would be the better way to go. But in the real world where the most important constraint is what could actually be passed into law, creating a coalition of producers who have been incentivized to go all-in on large clean energy investments worked to get IRA passed.
This coalition, and the reduced cost of clean energy investments stemming from the investment wave of the next decade, should make future efforts to also raise the price of GHG emissions (through either legislative measures or through direct regulation) a more manageable lift. Further, most of the IRA’s clean energy tax credits are open-ended—so long as investments are made, they will receive the subsidies. This means that arbitrary legislative numerical limits will not constrain the IRA’s contribution to clean energy investments in the coming decade. Even better, these new investments will not rely entirely on private-sector profit-making calculations because of the important “direct pay” provisions in the act.
These direct pay provisions allow parties to receive the subsidies even if they do not have tax liability themselves. This means that non-profit entities and state and local governments (including school districts) that decide to undertake clean energy or efficiency investments will receive incentives. This gives concerned citizens who want to lobby their state and local governments to undertake smart investments a huge potential tool—one that is already being used to great effect.
A number of the subsidies in IRA hinge on the domestic content of investments. For example, the consumer tax credits for the purchase of new electric vehicles (EVs) are only eligible for vehicles assembled in North America and get larger if components of the battery supply chain are also domestically produced. These domestic content requirements have become a source of controversy, but there are plenty of reasons to think they are a net plus. For one, again, the best feature of any prospective climate bill in 2022 was political viability. To the extent that the domestic content requirements boosted political support for the IRA, they are incredibly valuable. For another, the U.S. auto sector has been hamstrung for years (or decades) by a number of policy errors. For example, exchange rates have been misaligned for decades—reducing competitiveness for U.S. producers—while many of our most important trading partners in the auto sector have failed to keep their economies pinned anywhere near full employment, a failure that has reduced demand for U.S. exports. Subsidizing auto production in the U.S. without any comprehensive fix to these larger problems would have resulted in too many of these subsidies leaking abroad relative to the efficient optimum. A comprehensive fix to these larger problems contained within the IRA was obviously far outside the scope of the bill, but imposing domestic content requirements to stem some of the leakage abroad specifically from EVs was not.
Very early data seem to argue that companies are indeed ramping up investment in response to the subsidies. Over the past year, investment in manufacturing structures (i.e., building new factories or expanding existing ones) has risen by a staggering 54%. Crucially, this boost to investment will provide support to the exact economic activities that otherwise may have been depressed by recent Federal Reserve interest rate hikes. If the U.S. economy navigates through 2023 without a recession (which is happily looking more likely all the time), it may well have the trio of industrial policy bills—and particularly the IRA—to thank for this.
Of course, the IRA is far from perfect, and it does not solve all problems in the U.S. economy. For one, it’s an industrial policy bill, and many of the key challenges the U.S. economy faces are not well-suited to industrial policy solutions. And even some opportunities it had to ameliorate some of these more fundamental problems in the U.S. economy were lost along the way.
For example, recent decades have seen ferocious employer opposition to unionization and collective bargaining, and public policy has not maintained a level playing field that protects workers’ organizing rights against this opposition. This means that whenever any kind of economic churn moves jobs out of legacy unionized sectors in the U.S. and into new sectors, the new jobs are far less likely to be unionized. In the case of autos, the churn induced by a large transition out of producing internal combustion engine vehicles and into EVs means that the new EV jobs will—absent some policy support—be less likely to be unionized. Automobile companies are clearly planning for this, and a disproportionate share of new EV investments look to be flowing to so-called “right-to-work” (RTW) states in the South where new organizing is incredibly difficult (though perhaps not impossible, as the recent recognition victory for the United Steelworkers at the Blue Bird electric school bus plant in Georgia highlights).
Early versions of the EV tax credits would have made the credits significantly larger for vehicles made with unionized labor, providing an incentive for auto companies to be more open to allowing workers to bargain collectively. But this union bonus was stripped out of the bill before final passage after heavy lobbying from nonunion auto companies and parts manufacturers (whose production is often located in Southern RTW states), with Senate Republicans and Joe Manchin (D-WV) lining up to oppose it. Currently, there is no policy lever in the IRA that would support strong labor standards in the production of EVs. The IRA does have strong labor standards for lots of investment flows it subsidizes, particularly in the construction of new plants. For example, many of the energy efficiency and renewable energy tax credits get larger if the projects meet prevailing wage and apprenticeship requirements. These strong labor standards for some green investments make the lack of these standards in the production of EVs a noticeable gap.
The IRA’s weaknesses should be addressed going forward by federal, state, and local policymakers. And the huge economic challenges that cannot be addressed optimally by the tools of industrial policy remain. But the IRA provides a path for a livable future for future generations that just was not apparent over a year ago. We need further action to ensure the path is taken, but it’s infinitely better to have it than not.
An ongoing La Niña event in the tropical Pacific Ocean is at near record intensity for this time of year and could extend its streak into a rare third fall and winter season, according to forecasters at the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
Why it matters: La Niña, which is characterized by cooler than average sea surface temperatures in the equatorial Pacific Ocean, has repercussions for the Atlantic hurricane season.
Such events tend to weaken upper-level winds over the Atlantic Ocean, creating more favorable conditions for tropical storms and hurricanes to form and strengthen.
For this reason, most forecasting groups in the public and private sectors are predicting an above-average hurricane season.
The big picture: The current La Niña began back in the late summer and early fall of 2020, and it has reached an intensity that ranks it "among the strongest springtime La Niñas in the historical record dating back to 1950," according to NOAA's Michelle L'Heureux, who specializes in El Niño and La Niña.
The latest forecasts call for La Niña to potentially wane this summer and then rebound in the fall and early winter. This would be known as a "triple-dip La Niña," since it would be the third straight La Niña fall/winter season.
"Most models hint at a La Niña rebound during the fall/winter," L'Heureux said.
Of note: With each week that La Niña remains, the less likely it becomes that 2022 will set a new global temperature record. The cooler ocean waters in the Pacific tend to keep somewhat of a lid on global average temperatures.
However, the world's oceans overall are continuing to take up extra heat from an atmosphere altered by human-caused greenhouse gas emissions, ensuring that more heat will be released into the atmosphere as soon as this La Niña ends.
Typically, El Niño events, which feature warmer than average sea surface temperatures in the equatorial Pacific, provide an extra boost to global average temperatures and lead to record warmest years.
May was the ninth-warmest such month on record globally, NOAA found. It would likely have been even warmer without La Niña's influence.
The agency predicts 2022 is "almost certain" to wind up among the top 10 warmest years. However, it's currently running in sixth place.
Yes, but: La Niña has still other consequences and is likely exacerbating the drought in the Southwest.
A triple-dip La Niña outlook is a warning sign that the drought may be extended yet again.
En América Latina, varios países ya tienen el ojo puesto en el desarrollo de una industria de hidrógeno verde, y entre la necesidad de una transición energética y la descarbonización de las economías, han empezado a trazar sus hojas de ruta; algunos van más aventajados que otros, pero lo cierto es que la mayoría están en el inicio de la carrera.
De acuerdo con el informe el informe Green Hydrogen Global Market Report 2021: Covid-19 Growth And Change, se estima que en 2025 el mercado de este combustible limpio el alcance los 2,940 millones de dólares en 2025.
México, Chile, Argentina, Perú, Colombia y Costa Rica aspiran a ser líderes del mercado mundial del hidrógeno verde, no solo para su producción, ya que también buscar ser exportadores a Europa y Asia, y algunos de estos países hasta plantean alianzas entre ellos.
De acuerdo con lo expuesto por seis asociaciones de hidrógeno en América Latina en un webinar organizado por Eneryou, ya tienen estrategias puestas en marcha. ¿En qué punto se encuentra cada uno? Esto dicen:
México
México está dando sus primero pasos en el mercado de hidrógeno verde; estimaciones de la la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) indican que existe un capacidad de instalar hasta 22 teravatios de electrólisis, lo que significa una producción de 1,400 millones de toneladas de este combustible limpio.
Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, apunta que el país tiene todas las condiciones para detonar este mercado, principalmente en estados del noreste, donde hay gran parte de la actividad industrial.
De acuerdo con lo dicho por Hurtado, México ya tendrá este año una hoja de ruta para el hidrógeno verde, así como la primera producción. Se ha proyectado al país como un hub de este combustible y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene ya su primera apuesta en este negocio con un proyecto piloto, al igual que la iniciativa privada.
“En Baja California ya hay proyectos que están en marcha para producir hidrógeno verde, con esto pues se puede exportarlo a otras partes del mundo, creo que el panorama es prometedor. Dicen algunas también agencias internacionales que México podría tener costos de producción muy atractivos y competitivos”, comentó Hurtado.
Chile
La gerenta general de Asociación Chilena de Hidrógeno, María Paz de la Cruz, dice que el país va a pasos agigantados: en 2020 había 20 empresas interesadas en este mercado y el año pasado se triplicó esa cantidad.
“Chile está decidido hacer un actor importante en este en este mercado de hidrógeno verde”, aseguró. Para acelerar la transición energética se está estimulando la demanda de este combustible, financiando proyectos, implementación de políticas públicas y regulación, desarrollo de capital humano y alianzas nacionales e internacionales”, detalló Paz de la Cruz.
El país, agregó, tiene un alto potencial en renovables para producir hidrógeno verde y que sus costos sean de los más competitivos, pues pueden llegar a 1.5 dólares por kilogramo.
“Tenemos números ambiciosos, pero realizables”, aseveró y apuntó que la meta para 2025 es de 5,000 gigavatios de capacidad de electrólisis y en 2030 lograr el hidrogeno verde más barato del mundo.
Chile está mirando el uso de seis aplicaciones: refinerías, producción de amoniaco, camiones mineros, camiones pesados y buses de larga autonomía y la inyección en redes de gas natural.
El año pasado se adjudicaron 50 millones de dólares para financiar proyectos para electrólisis y producir hidrógeno verde hacia 2025; Chile también se dice capaz para poder ser un exportador.
Argentina
El país sudamericano, de igual manera, no solo le apuesta a la producción de hidrógeno para consumo interno sino también para exportación, especialmente por el gran recurso eólico en toda la Patagonia, donde el factor de carga supera el 50% en buena parte del territorio.
Juan Carlos Bolcich, fundador de la Asociación Argentina del Hidrógeno, señala que el país puede tener una posición importante en alianza con Chile para la exportación de hidrógeno verde a Japón, Corea o Europa.
En diciembre del año pasado, la gobernadora Arabela Carreras y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, firmaron un convenio que crear la Zona Franca de Sierra Grande, lo cual es parte del paquete de acciones que buscan potenciar la región, facilitando el desarrollo del plan de hidrógeno verde.
Este proyecto en dicha región, representa una inversión por 8,400 millones de dólares y estima la creación de 15,000 empleos directos y 40,000 indirectos.
A finales de 2021, un proyecto de Ley de energías renovables e hidrógeno verde ingresó al Parlamento argentino, el cual busca empujar el diseño de un plan nacional que fije metas concretas a cumplir para fines de esta década.
Perú
El presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno, Daniel Camac, también apunta que las energías renovables para producir hidrógeno verde son bastas, y de igual manera no solo se está pensando en el consumo local, se quieren unir a la exportación a otros países.
“Lo primero que hemos querido hacer es es posicionar en la agenda nacional, tanto en el sector público como del sector privado, que creo que lo hemos logrado obviamente con todas estas reuniones y capacitaciones que hemos desarrollado a lo largo de 2021”, apuntó.
En Perú han hecho una primera aproximación del precio de producción nivelado del hidrógeno verde al 2030, 2040 y 2050, y observan precios que podrían estar entre los 2.5 dólares por kilogramo y reducirse hasta cerca de un dólar a lo largo del tiempo, esto incluyendo inclusive la parte de la cadena de suministro relacionado con el transporte y la distribución.
Este año se está trabajando en promover incentivos para impulsar el mercado de hidrógeno verde y también un hoja de ruta que van a plantear próximamente a las autoridades.
Colombia
En Colombia ya se tiene una hoja de ruta para el hidrógeno verde que se basa en alcanzar la neutralidad del carbono.
“El país tiene grandes producciones en temas de oil & gas y necesitamos hacer una transición”, refiere María del Pilar Granados, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Hidrógeno.
La meta para 2030 es tener una capacidad instalada de electrólisis 3 gigavatios para producir hidrógeno verde con un costo de 1.7 dólares por kilogramo, el objetivo de inversiones de entre 2,500 y 5,500 millones de dólares. Con esto, se espera evitar la emisión anual de 0.7 millones de toneladas de CO2.
Granados ve que el desarrollo del mercado de hidrógeno verde va a ser gradual, de hecho de aquí a 203o se plantea una combinación de hidrógeno azul y verde, esto por las reservas de gas que se tienen.
Pero después de eso, se estima que sea solo hidrógeno verde. “Nuestra visión es ser líderes en este implementación de tecnologías sostenibles del hidrógeno en en sectores de energía, transporte e industria, estamos fundados desde mayo del año pasado y acogemos empresas, entidades sin ánimo de lucro y academia interesados”.
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Costa Rica
“En el tema del desarrollo de esta tecnología hidrógeno verde, Costa Rica es un país que se encuentra ubicado en América central tiene un área de 51,100 kilómetros, es un país muy pequeño comparado con otros a nivel mundial, pero tenemos un espíritu emprendedor bastante grande, la innovación y el desarrollo tecnológico es una de las áreas que más nos caracterizan,(…) creemos que podemos incursionar en estos temas de hidrógeno y celdas de combustible también”, confía Javier Bonilla, vicepresidente y fundador de de la Asociación Costarricense de Hidrógeno.
Costa Rica ya se tiene mapeados una serie de actores importantes, empresas, organizaciones e instituciones gubernamentales que es están dispuestos a participar con en toda la cadena de producción del hidrógeno verde.
Se ve que se pueda usar como insumo industrial, en la movilidad, en aditivos para combustibles convencionales ,también almacenamiento energético, montacargas y combustibles sintéticos, esto se proyecta al 2050.
“Estamos trabajando para hacer la homologación de normas, ya tenemos alrededor de 10 normas homologadas para incursionar con seguridad y calidad en el tema de hidrógeno”, dice Bonilla
También se tiene muy avanza una ley en qué tiene que ver con la promoción e implementación del hidrógeno y 2 decretos firmados para aprovechar los recursos excedentes del Sistema Nacional de Electricidad para el desarrollo de la economía de hidrógeno verde.
“Y tenemos un incentivo que es la exoneración de bienes de todo lo que se necesita en la cadena de producción del hidrógeno para las empresas que quieran venir a invertir a Costa Rica”, adelanta.
El verano de 2024 en el hemisferio norte marcó récords históricos de temperatura en numerosas regiones del mundo, lo que lo ha convertido en el más cálido registrado hasta la fecha. Diversas agencias y fuentes han documentado este fenómeno como una consecuencia del cambio climático generado de las actividades humanas. En este artículo se analizarán las implicaciones de las altas temperaturas en la exacerbación de fenómenos meteorológicos y sus consecuencias en América Latina.
En el mes de agosto de 2024 se llegó a un récord de temperatura promedio de 16.82°C, dicha marca supera por .71°C la media de 1991 a 2020. De acuerdo con el Servicio de Cambio Climático Copernicus, dicho mes fue 1.51°C más cálido que los niveles de temperatura existentes en la era preindustrial y forma parte de la cadena de 14 meses consecutivos en los que la temperatura global superó en 1.5°C los niveles preindustriales.
Si bien el hecho de que se supere de manera temporal el umbral de 1.5 grados de calentamiento no significa un peligro inmediato, sí es necesario destacar que estas superaciones a corto plazo son una advertencia clave de que esos promedios más elevados podrían ocurrir con mayor frecuencia y ser cada vez mayores en la próxima década si no se logran reducciones significativas en las emisiones.
El período de 12 meses desde septiembre de 2023 hasta agosto de 2024 es el más cálido registrado, con una temperatura 0.76 °C por encima de la media de 1991-2020 y 1.64 °C por encima de los niveles preindustriales. En lo que va del año 24, las temperaturas son las más altas para ese período, y se necesitaría una caída drástica de 0.30 °C en los próximos meses para que 2024 no supere a 2023 como el año más cálido registrado, algo que nunca ha ocurrido antes.
Las altas temperaturas vienen acompañadas de prolongados estados de sequía. Durante el 2023, de acuerdo con el informe Estado del clima en América Latina y el Caribe, de la Organización Meteorológica Mundial, indica que casi todo México, el centro de Chile, las regiones occidental y oriental de la Amazonía, los Andes centrales y del sur, así como gran parte de Centroamérica, la zona central de Venezuela y las Guyanas, fueron afectados por fuertes sequías. Otros países, como Cuba, República Dominicana y Haití, experimentaron escasez de agua en menor grado, pero en general, la mayoría de las naciones han sufrido los efectos de la falta de agua.
De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, la frecuencia y la duración de los periodos de sequía han incrementado en un 29 % desde el año 2000. Si esta tendencia no se modifica, podría impactar a más de tres cuartas partes de la población mundial para el año 2050.
De acuerdo con cifras de Ocote, en América Latina, más de 379 millones de hectáreas, una extensión que supera en más de tres veces el tamaño de Colombia, se encuentran degradadas. Esto significa que son tierras que ya no pueden sustentar cultivos ni sus ecosistemas naturales. Además, el 36% del territorio latinoamericano está compuesto por ecosistemas áridos, caracterizados por una menor biodiversidad y condiciones más difíciles para la vida humana.
Entre 2013 y 2023, la región amazónica perdió cerca de un millón de hectáreas de agua dulce, según un estudio de Mapbiomas Agua y Red Amazónica de Información Socioambiental (RAISG). Esta disminución, atribuida en gran parte al cambio climático y a actividades humanas como la deforestación y el uso del suelo, afecta tanto a los ecosistemas como a las comunidades locales que dependen de recursos acuáticos. Colombia fue el país más afectado, seguido de Bolivia y Perú. Los glaciares andinos también se han reducido drásticamente, lo que empeora la situación hídrica en la región.
Una intensa sequía en la Amazonía y el Pantanal brasileños ha hecho que el río Paraguay alcance sus niveles más bajos en más de 100 años en Asunción. Esto ha afectado significativamente el transporte en esta vital ruta fluvial. De acuerdo con el Departamento de Meteorología e Hidrología de Paraguay, a mediados de septiembre de 2024 el nivel del agua del río cayó 102 centímetros por debajo del punto de referencia del medidor, lo que representa un desafío para el comercio en un país sin acceso directo al mar. La última ocasión en que el río alcanzó niveles tan bajos fue en 2021, cuando descendió hasta su punto más bajo registrado hasta entonces, con una marca de 0.75 metros por debajo del "índice cero".
La consecuencia de esto es la dificultad del transporte por río, que se presenta como una situación análoga a la ocurrida en el Canal de Panamá. Paraguay es el país sin salida al mar con la tercera mayor flota fluvial del mundo. El río homónimo es la ruta responsable de mover casi el 80% del comercio exterior paraguayo al servir de conexión con sus países vecinos y con el Océano Atlántico. El hastío ha obligado a reducir la mercancía llevada por los navíos.
En el tramo sur del río, con dirección a la Argentina, los convoyes van con el 70% de su carga habitual. Rumbo al norte, donde las corrientes vienen de Brasil y Bolivia, las embarcaciones llevan menos del 50% de la carga. De acuerdo con Raúl Valdez, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay (CAFYM), el transporte de minerales provenientes del Mato Grosso del Sur en Brasil está prácticamente interrumpido. Se estima que la cantidad de mercancías transportadas por el Río Paraguay caiga 29 puntos porcentuales respecto al 2023. Esta situación homologa la vivida por el Canal de Panamá durante el año 23, lo que provocó subidas en los precios por la dificultad del transporte, por lo que se puede esperar consecuencias similares.
El río Paraná, que alimenta a varias hidroeléctricas, también enfrenta problemas por la falta de lluvias. Específicamente la represa de Itaipú, situada entre la frontera de Paraguay y Brasil (que genera energía para ambos países), ha presentado una reducción del 18.4% en su generación durante el primer semestre del 2024 debido a la crisis hídrica. Una problemática similar se vivió en China durante el año 22 cuando la baja del río Yangtsé derivó en cortes del suministro eléctrico en varias ciudades del suroeste chino
Brasil, por su parte, experimenta su peor sequía desde que se comenzaron a realizar mediciones nacionales hace más de 70 años. Esta situación afecta al 59% del territorio, lo que equivale a una extensión aproximada de la mitad de los Estados Unidos. Los principales ríos de la cuenca amazónica alcanzan niveles extremadamente bajos, mientras que incendios descontrolados han arrasado áreas protegidas.
Se han reportado miles de incendios en Sudamérica en lo que va del 2024, y muchos de ellos aún están activos, desde la selva amazónica en Brasil hasta los bosques secos de Bolivia. Esta situación ha provocado que la región alcance un récord en cuanto al número de incendios registrados en un año, con un total de 346,112.
Los incendios forestales vividos en el territorio brasileño son los más intensos en los últimos quince años. Según el Programa de Quemas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, durante la segunda semana de septiembre de 2024 el país concentró casi el 76% de las áreas afectadas por el fuego en toda la región Sudamericana. El cambio climático ha potenciado los incendios provenientes de la actividad agrícola, al duplicar el número de focos de fuego con respecto a los contabilizados en el 2023 durante el mismo periodo de principios de septiembre.
Por su parte, las autoridades de Bolivia han declarado emergencia nacional debido a las llamas que han consumido 3.8 millones de hectáreas desde julio de 2024. De lo quemado, 40% pertenece a bosques y el 60% restante a pastizales. Hasta el momento, los incendios han provocado serios daños en seis de los 11 corredores ecológicos reconocidos como sitios Ramsar, que son áreas fundamentales para la conservación de la biodiversidad a nivel global, de acuerdo con la Fundación Tierra.
En Perú, los incendios iniciados igualmente en julio de 2024 ya han arrasado con diez mil hectáreas de bosque y patrimonios arqueológicos. Se han perdido cerca de mil 495 hectáreas de cultivos, mil 264 se han dañado y se destruyeron dos mil 257 de cobertura natural. Tan solo entre el 14 y 15 de septiembre se registraron 91 incendios forestales a nivel nacional de acuerdo con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) peruano. En Paraguay, el Instituto Forestal Nacional (INFONA) reporta que entre el 1 y el 12 de septiembre de 2024, más de 318,000 hectáreas han sido afectadas en todo el territorio nacional.
Los desastres ya mencionados han provocado una severa situación atmosférica no solo para las zonas en las que se encuentran los focos de fuego sino también para una gran extensión de territorio dentro de América del Sur. En varias ciudades se reportaron humaredas intensas y una densa capa de humo que afectó visibilidad y la calidad del aire.
Datos de IQAir, empresa suiza de tecnología del aire, estimó que durante los primeros días de septiembre de 2024 la ciudad brasileña de Sao Paulo respiró el segundo aire más contaminado del mundo debido al humo provocado de los incendios forestales. Días después, varias provincias de Argentina se vieron cubiertas de humo provenientes del oriente y norte amazónico de Bolivia. En Uruguay se recomendó a las personas con enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, alergias u otras condiciones de riesgo que reduzcan su exposición al humo de los incendios en los países vecinos.
La pérdida de biodiversidad, de cultivos y comerciales podrá contabilizarse en un futuro próximo, sin embargo, como se puede ver, el panorama no parece ser muy alentador. Las altas temperaturas registradas en lo que va del año 24 son muestra del cambio climático generado por la actividad humana, mismas que, junto con las laxas o nulas políticas de protección ambiental, han generado el entorno perfecto para que los incendios forestales avancen. La necesidad de acción climática es urgente, no solo para la región sino para todo el planeta.
El suministro y calidad de agua dependen del sano equilibrio del medio ambiente, el cual es perjudicado en gran parte por la acción de empresas extractivas que además desfavorece la salud pública y amenaza con aumentar junto con la transición energética al demandar mayor cantidad de minerales para sus sistemas. A continuación, desarrollamos el tema de la contaminación del agua por actividad minera y añadimos ejemplos de esta actividad, que carecen de una gestión y compensación de daños adecuadas.
América Latina ha basado gran parte de su economía en la explotación de recursos naturales, entre ellos sus grandes depósitos minerales que atraen la inversión extranjera con interés industrial. La mayoría de las mineras en Latinoamérica son manejadas por empresas privadas extranjeras, principalmente canadienses, británicas y chinas. México es el principal productor de plata, Chile de cobre, Bolivia de litio, Brasil ocupa el tercer lugar como productor de hierro y Perú está entre los primeros productores de plata, cobre y oro. Estos países concentran el 85% de las exportaciones minerales de la región.
La minería genera grandes ingresos por exportaciones, empleo indirecto y tiene una elasticidad muy alta con el crecimiento del producto. Sin embargo, casi no contribuye fiscalmente, no hay una aportación directa de parte de las minerías al Estado y las ganancias económicas terminan meramente en las empresas mientras que los costos sociales y ambientales se sufren de manera universal, la relación costo-beneficio es inequitativa.
El sector minero afronta un panorama cada vez más grave de escasez hídrica y demanda social e institucional con compromiso social y ambiental. Se trata de una actividad que inevitablemente afecta el medio ambiente y contamina el agua, suelo y aire. Se genera una gran descarga de material tóxico (Drenaje Ácido de la Minería), partículas finas y gases contaminantes, se degrada el suelo y se arriesga la supervivencia de la biota que mantiene el equilibrio de los ecosistemas. Los riesgos sociales más destacados se relacionan con la salud y capital humano.
El agua se utiliza en los procesos de exploración, explotación, concentración y lixiviación mineros (Brantes y Olivares, 2008). Suma a su pérdida la evaporación, infiltración y aumento de consumo al disminuir la calidad de los yacimientos conforme son explotados. Algunos químicos de la minería que llegan a contaminar el agua y afectar la vida son:
El cianuro y ácido sulfúrico. Acidifican el agua y provoca debilidad, hemorragias y la muerte a organismos intoxicados.
Arsénico. A través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar cáncer, lesiones cutáneas y neurotoxicidad.
Plomo y mercurio. La vida acuática puede absorberlos, causándoles anemia, hipertensión, disfunción renal y trastornos neurológicos. Estos mismos efectos ocurren en los humanos que ingieren alimentos contaminados.
En México, la Mina de San Xavier es explotada por la empresa canadiense Newgold, que además cuenta con capital estadounidense y actúa mediante la apropiación y despojo territorial pese a la resistencia social desde 1995. Con la minería a cielo abierto, de ella se extrae principalmente oro y plata posterior al proceso de lixiviación por cianuro de sodio porque reduce los costos de mano de obra. Se remueven grandes superficies con explosivos altamente contaminantes y se utiliza un millón de metros cúbicos anuales de agua para depurar la roca. Una vez utilizada el agua, no puede disponerse para consumo humano ni riego, lo que conduce a sobreexplotar los mantos acuíferos de la región y a la falta de abastecimiento para el consumo local (Reygadas, 2008).
En Perú, la minería aluvial del oro en Madre de Dios perjudica gravemente la salud de la población y los mineros que trabajan en condiciones de riesgo elevado por la exposición directa al mercurio gaseoso y vertido a las fuentes de agua que son utilizadas por los poblados de toda la cuenca del río Madre de Dios. También se ha reportado la destrucción masiva del delicado suelo amazónico y la migración desordenada por enfermedades y violencia social.
La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales menciona que la industria minera en México invierte entre 0.5 y 1.5% del valor anual de sus ventas para compensar daños ambientales, mientras que en Europa se destina entre 3 y 5% y en EUA y Canadá se ha prohibido la utilización del cianuro en la minería. Creemos que valorar económicamente el medio ambiente y sus recursos con base en los beneficios y costos que se derivan de la protección del mismo es una tarea demasiado compleja e imposible de cubrir por parte de las empresas extractivas, por eso abusan de la inexistencia de esta valoración y muestran incluso una absurda hipocresía al referirse como países proambientales al cuidar el medio ambiente en su nación mientras degradan incontroladamente la tierra de los países en vías de desarrollo.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, considera que la cooperación Sur-Sur es clave para poder salir de la crisis provocada por la pandemia y para afrontar el calentamiento global.
“En estos momentos en que el mundo trata de intensificar las actividades de respuesta y recuperación frente a la COVID-19, y de lidiar con la amenaza que supone el cambio climático para nuestra propia existencia, la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular son más esenciales que nunca”, dijo en un mensaje.
La pandemia de COVID-19 es un problema de urgencia inmediata, “el más complejo al que nos enfrentamos en la actualidad, y mina los logros sociales, económicos y ambientales que tanto ha costado conseguir”, subrayó Guterres.
En estos tiempos difíciles, el Secretario General considera que “la solidaridad en la que se basa la cooperación Sur‑Sur ha demostrado una vez más ser vital para los países en desarrollo”.
El mundo necesita, insistió, “una cooperación internacional más estrecha para hacer frente a la crisis sanitaria mundial, reducir la pobreza y la desigualdad, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y evitar la catástrofe climática”.
Para ello, el líder de la ONU aboga por “crear sociedades inclusivas y resilientes, empoderar a las mujeres y a la juventud, aprovechar las iniciativas digitales, más verdes y más azules, y ampliar la financiación sostenible”.
Los países del Sur han contribuido a más de la mitad del crecimiento mundial en los últimos años. El comercio entre estas naciones es más alto que nunca, representando más de una cuarta parte de todo el comercio mundial.
“La cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular ofrecen soluciones concretas a estos retos que tenemos en común”, sostuvo prometiendo que las Naciones Unidas seguirán apoyando estos esfuerzos.
Ayuda a los países en desarrollo
En un evento virtual de alto nivel celebrado esta semana para celebrar el día de la Cooperación Sur-Sur, el Presidente de la Asamblea General, Volkan Bozkir, dijo que el mundo necesita "hacer más para ayudar a estos países en desarrollo a recuperarse de la pandemia del COVID-19 y la cooperación Sur-Sur desempeña un papel importante en este sentido".
"Tengo una larga lista de datos y cifras sobre el impacto en los países en desarrollo, en cualquier aspecto, desde los ingresos hasta la desigualdad, desde el empoderamiento de género hasta el acceso a los servicios sociales. Basta con decir que estas cifras no son buenas. Años de avances en materia de desarrollo se han esfumado o están en peligro", añadió.
Bozkir explicó que en sus viajes, sobre todo en Asia Central y en el Caribe, vio que la cooperación Sur-Sur y triangular son fundamentales para abordar los retos, sobre todo los que cruzan fronteras y regiones. Para él, los equipos nacionales y regionales de la ONU están bien situados para promover y apoyar estos esfuerzos.
Menos bosques, más desigualdad y delincuencia y un patrimonio cultural en riesgo. El nuevo coronavirus ha fortalecido los históricos enemigos de la Amazonía y ha entreabierto la puerta de un futuro sombrío en la región. Pese a todo, algunas de las organizaciones de defensa del medio ambiente que trabajan en este ámbito mantienen el optimismo en este gran bosque tropical: “Seremos más solidarios”.
El coronavirus ha interrumpido el trabajo de miles de moradores en la Amazonía, pero no ha conseguido frenar la destrucción de este paraíso medioambiental que se extiende sobre 7,4 millones de kilómetros cuadrados, repartidos en gran parte por Brasil, pero también en zonas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.
”Los invasores de tierra ilegal no hacen cuarentena”, alerta a Efe Nurit Bensusan, coordinadora de Biodiversidad de la ONG Instituto Socioambiental (ISA).
En plena crisis del coronavirus la motosierra sigue avanzando y la deforestación en la selva amazónica escaló un 64 % tan solo en abril de 2020, comparado con el mismo mes del año anterior. Los pronósticos son pesimistas ante la crisis económica que seguirá a la pandemia.
”En muchos casos, la ilegalidad en la Amazonía, como la minería ilegal o la deforestación, es una consecuencia de la falta de opciones. Las alternativas van a disminuir (tras la pandemia) y muchos se van a ver empujados a la ilegalidad”, asegura Bensusan.
Un presente catastrófico
Para la ecóloga, el presente ya se perfila “catastrófico” en la selva amazónica y el mañana, advierte, puede ser aún peor.
”Habrá un escenario con menos bosques, más desigualdad, con más delincuencia, más actividades ilegales y menos oportunidades para el ‘pueblo de la selva’”, presagia.
En esa línea alzó su voz el alcalde de Manaos, Arthur Virgilio Neto, quien ha lanzado un SOS a los países más desarrollados para salvar el principal “patrimonio” de Brasil, pues cree que la deforestación puede agravarse con la profunda recesión que llegará tras el coronavirus.
A su juicio, si los habitantes de Amazonas adolecen y pierden su renta “no tendrán otra alternativa” que explotar los recursos naturales del bosque, como defiende el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Pero el verdadero problema no reside en los habitantes de la Amazonía y en la falta de oportunidades que el futuro les puede deparar, sino en el “avance del capital sobre la naturaleza”, opina el profesor de la Universidad Federal de Pará y presidente de la Sociedad Brasileña de Etnobiología y Etnoecología, Flavio Bezerra Barros.
El capital, advierte, “va a justificarse en el desempleo y en el derretimiento de la economía para avanzar en la explotación de los recursos naturales” y ello con el aval del presidente Bolsonaro, a quienes los ecologistas acusan de estimular la destrucción de la selva amazónica, incluso en la pandemia.
El propio ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, sugirió durante un consejo de ministros celebrado en abril modificar las leyes ambientales y agrícolas aprovechando la crisis del coronavirus, según consta en un polémico vídeo publicado el pasado viernes por orden del Tribunal Supremo.
”Para el ministro de Medio Ambiente, más de 20.000 muertos son una oportunidad”, denunciaron diversas organizaciones, entre ellas Greenpeace y WWF.
Vulnerabilidad de los ‘guardianes del bosque’
Desde que se registró el primer caso en Brasil, a finales de febrero, el virus avanza a paso lento en la Amazonía, donde sus habitantes son ajenos al bullicio de información generado en torno la nueva y aún desconocida enfermedad.
La Covid-19 ya se ha adentrado en las aldeas indígenas y en algunas comunidades tradicionales de la región amazónica, como las que habitan la Ilha do Combu, un conjunto de 16 islas situadas en la bahía do Guajará, en el estado de Pará (norte).
Sus más de 30.000 habitantes viven en su mayoría de la pesca, la restauración y el cultivo de açaí, chocolate y castaña, paralizado ahora ante la fuerte caída de la demanda y la interrupción de la llegada de los turistas.
Son los llamados povos da floresta (pueblos del bosque), históricos guardianes de la naturaleza que ejercen de “resistencia” ante los invasores ilegales de tierra (grileiros), madereros y mineros que amenazan la región.
La presencia de estos grupos ha aumentado en los últimos años y se intensificó el año pasado, cuando la deforestación en la Amazonía aumentó un 85%, su mayor nivel desde 2016. La destrucción de la selva sigue imparable y ni tan siquiera el coronavirus ha sido capaz de frenarla.
”La preservación se puede ver comprometida. Antes de la pandemia contábamos con el acompañamiento de los órganos competentes y ahora está todo parado. Se están cometiendo crímenes contra la naturaleza”, asevera a Efe Challes Telles, un agricultor de cacao y artesano de la isla do Combu.
Pese a la disminución de la fiscalización, los propios habitantes de la comunidad de Combu cuidan y “vigilan” la espesa selva que rodea las islas, un remanso de paz situado a 50 kilómetros de la agitada capital Belém.
Pero el coronavirus, alertan los expertos, puede debilitar la lucha de los centinelas del bosque.
Aunque nunca llegó un test a la comunidad, el propio Telles sospecha que pudo haber contraído el coronavirus en uno de sus viajes a Belém, pues durante 15 días tuvo síntomas compatibles a la enfermedad.
”La Covid-19 se ha adentrado en comunidades y tierras indígenas. Hoy, quien muere con más frecuencia, son esas poblaciones socialmente vulnerables y que no tienen acceso a un sistema de salud adecuado”, asevera el profesor Bezerra.
En esa misma línea se expresó Sebastiao Salgado, el célebre fotógrafo brasileño que retrató los problemas de la región. Salgado ha lanzado un manifiesto para pedir a la comunidad internacional que reaccione ante el riesgo de “exterminio” de estos pueblos por culpa de la enfermedad.
Temor a una ‘tragedia cultural’
Por ello, el coronavirus puede poner también en jaque un vasto patrimonio cultural que se extiende a lo largo y ancho de la Amazonía, un territorio con una extensión continental comparable a Australia.
”Es posible que vivamos una tragedia en términos de patrimonio cultural de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas que ayudan a proteger la Amazonía”, explica el profesor.
Los ancianos y chamanes de las tribus indígenas ejercen como cancerberos de una cultura ancestral transmitida oralmente de generación en generación.
Ellos son la memoria de los antepasados y guardan consigo las tradiciones, los rituales, las recetas de remedios a base de plantas naturales, el idioma y los consejos sobre cómo enfrentar los peligros del bosque.
”Si los ancianos mueren, mueren con ellos una parte de la sabiduría”, sostiene.
Un rayo de esperanza
Pese a los malos augurios, el optimismo prevalece entre muchos de los habitantes de la Ilha do Combu, donde la vida de sus habitantes sigue el ritmo siempre pausado de la Amazonía.
Allí, entre ríos y árboles milenarios, el presente sigue imponiéndose al mañana, un horizonte aún lejano cuando las muertes y casos de coronavirus crecen día a día en todo el país y con especial fuerza en Pará, un estado dos veces la superficie de España.
La pandemia ha frenado el empleo y ha trastocado los sueños de muchos de sus humildes moradores. Pero aún así, muchos ven un rayo de esperanza ante un futuro todavía incierto.
”Tenemos la esperanza que todo mejore y de que las cosas vuelvan a la normalidad para tener de nuevo trabajo y dignidad y poder sustentar a nuestros hijos. Tengo la expectativa de que todo saldrá bien después de esto”, admite Telles.
Así lo cree también Raimundo Pimentel Da Roca, un jubilado de 75 años que hasta la llegada del coronavirus seguía recolectando açaí para llevar dinero a casa.
”Había personas que creían que eran dueñas del mundo y eso (la pandemia) ha llegado para afectarnos a todos por igual: pobres, negros, blancos”, asevera este trabajador de trazos indígenas y piel curtida por el sol.
”Esto ha sido muy malo para nosotros, pero -auspicia- las personas van a ser más conscientes”.
Tradicionalmente, los saltos tecnológicos del capitalismo son energéticos y están asociados al transporte en general y la industria automotriz en especial. Actualmente, se observa una tendencia y pugna entre los vehículos autónomos, híbridos y eléctricos (EVs) contra los tradicionales vehículos de combustión fósil. Se dice que hay un profeso de sustitución de autos gasolineros en vehículos eléctricos, liderados por China, Japón Alemania y EEUU. Sin embargo, el caso estadounidense merece una mirada aparte. Dados los últimos acontecimientos, y la renuncia de la Agencia Protectora del Ambiente (EPA) a la política de aire limpio por el peso de los intereses de la industria petrolera1, se podría afirmar que esta economía ha decidido abandonar la carrera tecnológica y atrincherarse en la industria automotriz tradicional, los combustibles fósiles y la matriz energética petrolera.
La industria automotriz de vehículos eléctricos se ha colocado en una posición sólida y creciente en los últimos años. Según el Global EV Outlook 2017 de la International Energy Agency (IEA), se ha transitado de un inventario internacional total de 1,370 EVs en 2005 a poco más de 2 millones en 2016. En este aumento destacan los saltos gigantes que ha dado China en su conversión a automóviles EVs, pasando de un total de 15,340 a 336,000 unidades registradas entre 2013 y 2016 (véase gráfico 1).
Los principales esquemas sobre los que se ha priorizado la carrera automotriz eléctrica en los últimos dos años han sido los vehículos autónomos, vehículos con batería, combustible eléctricos, y la conectividad y digitalización de los automóviles. Por el momento, las principales empresas que compiten en la producción de EVs autónomos son BMW, seguida por Tesla y Volkswagen (VW), quien anunció será líder en carros eléctricos para el 2025. No obstante, automotrices como Volvo, quien anunció que para 2019 todos sus autos serán eléctricos y Honda, que persigue igualmente una conversión importante, han entrado a la disputa.
La tendencia hacia la conversión eléctrica del transporte y los EVs se ha visto incentivada por la reducción en el precio de sus insumos, especialmente las baterías de litio. El costo de éstas registró una disminución del 62.5% entre 2010 y 2016. De acuerdo al documento Vehicle Outlook 2017 de Bloomberg, se estima que el costo de estas baterías podría disminuir hasta cinco veces para inicios de la próxima década -en plazo de tres años. Un incentivo adicional han sido las subvenciones otorgadas a la compra y venta de este tipo de autos en muchos países, como Noruega, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y España.
Del lado de la producción, China ha dispuesto adoptar la producción en masa de EVs mediante incentivos fiscales, con una reducción del 10% a las compras de estos vehículos. El objetivo es introducir cerca de siete millones de EVs para el año 2025 (lo cual multiplica por siete los pronósticos de VW y Tesla). Contra esta tendencia global de transición tecnológica automotriz se encuentra, antagónicamente, enfrentado EEUU. Se ha salido del Acuerdo de París y abandonado los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; ha implementado aranceles para la importación de paneles solares del 30%; y ha promovido medidas que fortalecen a la industria tradicional de autos y de combustibles fósiles.
La transición de la industria automotriz hacia los EVs todavía enfrente el problema elemental del mercado mundial: el precio. La productividad y el costo de producción de los EVs se encuentra muy por encima de los autos de combustión fósil, lo cual desincentiva la compra de autos EVs, incluso apoyados sobre programas de subvenciones gubernamentales. Actualmente, la relación de precios entre un EV y uno de combustión fósil es todavía del doble; y dentro de la rama de EVs los precios oscilan entre 20,000 y 123,000 dólares.
Dadas las condiciones, las medidas proteccionistas a importantes insumos de automotrices (acero y carbón) y la posible salida del TLCAN, la apuesta automotriz estadounidense parece dirigirse al control del consumo interno de automóviles, en lugar de al aumento de competitividad en el mercado mundial. El resultado será un parque automotriz interno contaminante, costos y con el precio de sus combustibles a la alza. EEUU perdería su competitividad y participación en una de las ramas industriales emblemáticas del capitalismo industrial: la automotriz.
Para América Latina, especialmente para México y Brasil, 7mo y 9no en la producción de automóviles en 2017, la dicotomía de la industria automotriz obligará a tomar decisiones sobre el rumbo que las manufacturas de partes y ensambladoras tomarán. La pérdida de productividad de la industria automotriz estadounidense afectará sobre todo a México, si éste no modifica su estructura productiva centrada en el ensamble exportador de General Motors, Fiat-Chrysler, Ford. Brasil tiene, en cambio, más vínculo con Europa y China que con EEUU, lo cual podría facilitar su transición tecnológica y comercial. En este marco, el TLCAN servirá para producir más autos sucios para el mercado americano mientras los autos limpios se fabricaran en otros centros. México podría tener una política de producción automotriz que reglamente esto antes que se quede con una industria automotriz muy restringida, obsoleta y sucia, dirigida a los consumidores estadounidenses que serán los únicos compradores de dichos vehículos de combustión interna, en el mediano plazo.
En 2014, la riqueza total del país ascendió a 76,7 billones de pesos. El 37% de ella estaba en manos de los hogares; el gobierno administraba el 23%, las empresas privadas el 19%, las empresas públicas el 9%, el resto del mundo poseía el 7% y las instituciones financieras el 5%. En promedio cada hogar tendría, si hubiera una distribución equitativa, 900.000 pesos en activos físicos (casas, terrenos, automóviles y diversos bienes del hogar), y financieros (dinero e inversiones financieras), monto que sería más que suficiente para que las personas tuvieran una vida holgada: cerca de 400.000 pesos por adulto, en promedio.
Lamentablemente la repartición es muy desigual. Dos terceras partes de la riqueza están en manos del 10% más rico del país y el 1% de los muy ricos acaparan más de un tercio. Por ello, el coeficiente de Gini de la riqueza es de 0,791 . La distribución es todavía más desigual en los activos financieros: el 80% es propiedad del 10% más rico. En 2015 había en el país tan sólo 211.000 contratos de mexicanos celebrados en casas de bolsa, con una inversión total por 16 billones de pesos, el 22% de la riqueza nacional. El 11% de los contratos tienen un monto de inversión mayor a 500 millones de pesos y suman el 79,5% del total de la inversión.
Es decir, hay 23.000 personas (si asumimos un contrato por persona), que tienen el 80% de la inversión de la Bolsa Mexicana de Valores. Por ello México está presente en la lista de la revista Forbes, así como en los reportes que han elaborado las instituciones financieras encargadas de gestionar los fondos patrimoniales, quienes ven en el país un mercado al cual atender. En los últimos once años, entre 2003 y 2014, la riqueza del país aumentó a una tasa promedio anual de 7,9%, en términos reales, por lo que México duplicó el monto de su riqueza entre 2004 y 2014. En cambio, el producto interno bruto tuvo un magro crecimiento de 2,6% promedio anual en el mismo período. Esta disparidad entre el ritmo de aumento del producto y el de la riqueza provoca una mayor desigualdad. Aquellos que disponen de activos financieros han visto incrementar su ingreso y patrimonio a un ritmo mayor que los trabajadores, cuyo ingreso y riqueza depende tan sólo de las percepciones producto de su empleo.
En los últimos años la tasa media de rendimiento del capital ha sido del 15% promedio anual (con un rango que va de 12% al 22%), mientras que el salario mínimo ha tenido un aumento promedio anual del 4% y las remuneraciones medias por persona ocupada de 3,8% promedio anual. Pese al bajo crecimiento de la economía, que preocupa a la mayoría de los economistas del país, la riqueza ha aumentado, principalmente la financiera. En 2014 los extranjeros tenían el 7% de la riqueza nacional, es decir, 5,4 billones de pesos (687,5 mil millones de dólares PPA). Por ello, en México el producto interno bruto fue 2% mayor al 1 Cifras ajustadas de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares 2002 (véase el capítulo III.3 para la metodología de ajuste).
La distribución y desigualdad de los activos financieros… 8 ingreso nacional (ha llegado a representar en algunos años más del 3%). Cada año hay una transferencia neta de recursos hacia el exterior de 500.000 millones de pesos (62.000 millones de dólares PPA). Además, la economía nacional tiene un pasivo de 5 billones de pesos —deuda del gobierno pero principalmente de las empresas—, que se financia con 5,5 billones de pesos del exterior. Todo ello hace de México un país muy dependiente de los vaivenes del exterior.
El panorama económico global es muy diferente al de hace un año. Se explica por una mejora rendimiento de la actividad en los países desarrollados, pero también en los mercados emergentes. América Latina no se escapa de esta aceleración compartida a escala mundial aunque, como advierten desde el Fondo Monetario Internacional, la recuperación en la región sigue siendo incompleta.
El FMI eleva una décima la proyección de crecimiento global para 2017 y 2018, que se queda en un 3,6% y un 3,7%, respectivamente, frente al 3,2% en 2016. La revisión al alza refleja el firme incremento de la demanda en China, Rusia y Brasil. Las condiciones financieras también son generalmente favorables para las economías emergentes y en desarrollo, que se expandirán un 4,6% este año y un 5% a medio plazo.
América Latina crecerá a un ritmo del 1,2% en el ejercicio en curso, tras una contracción del 0,9% en 2016. Representa una mejora de dos décimas respecto a lo que se anticipó hace solo tres meses. De ahí repuntará al 1,9% en 2018, que en este caso se mantiene respecto a los proyectado en julio. Estas tasas, sin embargo, muestran la dificultad que tiene la región para rendir cerca de su potencial.
Brasil, la mayor economía del subcontinente, sufrió dificultades macroeconómicas severas en 2015 y 2016. La recesión el año pasado fue profunda, con una contracción del 3,6%. De ahí pasa a crecer al 0,7% y lo duplicará al 1,5% el año próximo. La aceleración se atribuye a un robusto rendimiento de las exportaciones, gracias a la depreciación del real, y a que se suaviza la contracción de la demanda interna.
La caída en el valor de su divisa se explica a una política monetaria laxa para estimular el crecimiento. Pero los economistas del Fondo apuntan también que hay preocupación sobre las reformas en curso y señalan en este sentido la debilidad de las inversiones. Confían, en todo caso, que ayuda una recuperación gradual de la confianza conforme se apliquen las medidas para sostener las cuentas públicas.
Negociación comercial
México, por su parte, sigue manteniendo el impulso pese a la negatividad que rodea a la revisión del acuerdo de librecambio con Estados Unidos y Canadá. La cuarta ronda de negociaciones se celebra esta semana en Washington. La proyección en su caso se revisa al alza dos décimas respecto julio, al 2,1%, pese a esto, supone cierta moderación con respecto a 2016 (creció el 2,3%). Para 2018 se recorta una décima la previsión y se sitúa en el 1,9%.
El FMI mira al vecino del norte para explicar el nuevo cálculo. Proyecta que la economía estadounidense avanzará a un ritmo del 2,2% este año y un 2,3% el próximo. A diferencia del real brasileño, el peso mexicano siguió la tendencia opuesta. Se apreció un 10% gracias a una política monetaria más restrictiva, a que la fricción política con EE UU se moderó y a una mayor confianza de los inversores.
En cuanto a Argentina, la proyección es de un rebote sólido del crecimiento al 2,5% tras una contracción del 2,2% el año pasado gracias a que el alza de los salarios impulsa el consumo. También repunta la inversión, apoyadas por las obras públicas, y su sector exportador se beneficia de un incremento de la demanda externa. La previsión del FMI es que la economía argentina rinda cerca de un 2,5% en 2018.
Tensiones políticas
La estimación para Chile es de un crecimiento del 1,4% este año, por la debilidad del sector minero, aunque se recuperará al 2,5% en 2018 gracias a un repunte de la confianza y al recorte de tipos. Colombia, por su parte, crecerá un 1,7% aunque duplicará ese ritmo en un año por el gasto en infraestructuras, la reforma fiscal y el efecto de los acuerdos de paz. Perú crecerá un 2,7% y un 3,8% respectivamente.
El FMI vuelve a citar las dificultades para los países exportadores de energía y de materias primas, que pese a estabilizarse están teniendo más complicado adaptarse a la nueva realidad de bajos precios. También hace referencia a las tensiones políticas y en concreto cita cómo la “intensificación de la crisis política y humanitaria” que afecta a Venezuela, hundida en una profunda recesión del 12%.
Maurice Obstfeld, economista jefe del FMI, espera que esta bocanada una década después de desencadenarse la Gran Recesión sirva como “oportunidad” para adoptar políticas más ambiciosas que apoyen el crecimiento y hagan la economía más resistente a choques futuros. El organismo reitera la necesidad de avanzar en las reformas estructurales elevar la competitividad y la inversión en capital humano.
La empresa pública boliviana Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) es la encargada de llevar a cabo el proceso de industrialización del litio en Bolivia —en sustitución de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos—, y fue creada con el objetivo de aprovechar los recursos en el salar de Uyuni, que contiene aproximadamente 9 millones de toneladas métricas de litio.
La empresa YLB, con una participación mayoritariamente estatal en su propiedad, desarrollará estos recursos con el objetivo de la comercialización y producción de litio a gran escala. Con esto, la empresa YLB mantiene el control de los recursos y la gestión de los mismos para la creación de una capacidad industrial monoexportadora, a través de un desarrollo de la cadena de valor de litio dentro de territorio boliviano.
El litio es el metal más ligero del mundo y se utiliza desde la producción de baterías contenidas en teléfonos inteligentes hasta automóviles eléctricos. La tendencia de su creciente demanda depende de la dinámica en los mercados emergentes, principalmente en China, que planea convertirse en un gigante de la producción y consumo de automóviles eléctricos.
El precio del litio se ha más que duplicado de $10,000 dólares por tonelada en 2015 hasta $25,000 dólares en la actualidad. Lo que ha beneficiado a exportadores como Chile y Argentina que comparten geográficamente junto con Bolivia las reservas de litio más grandes del mundo. El volumen de exportación en Bolivia ha sido menor, considerando la materia prima exportada por empresas extranjeras en Chile y Argentina que exportan en materia prima el litio.
Es por esta razón la estrategia diseñada por el Estado boliviano que asegura las fuentes de litio para su explotación y comercialización con mayor valor agregado e industrializar el litio. La estrategia del estado boliviano consiste en desarrollar una cadena de producción completa del litio para su explotación con desarrollo tecnológico para su empresa estatal.
El plan de industrialización del litio se ha concretado a través de la empresa estatal boliviana con participación mixta con la empresa alemana ACI Systems GmbH. La inversión alemana inicial será de 1.3 mil millones de dólares en el proyecto con la firma de un contrato reciente. Con esto, Bolivia cierra el ciclo de la producción y comercialización de litio y asegura un paso más en el plan del gobierno de Evo Morales para darle a su país el estatus de alcanzar un desarrollo tecnológico basado en la materia prima.
Esta estrategia del gobierno boliviano no es nueva, pues la construcción y asociación con empresas extranjeras para la explotación del litio tiene un registro de colaboración con empresas en la cadena de explotación del litio, en diversas fases de su procesamiento. El ejemplo más reciente en este último proceso de elección para realizar el diseño de una planta de litio carbonado, donde la empresa elegida ACI Systems GmbH.
Las otras empresas son: la alemana K-UTEC Ag Salt Technologies, que ganó el contrato en agosto del año pasado para el diseño de una planta de litio carbonado y no es la única empresa desarrollando la planta productiva y procesamiento de litio; una empresa china que ha construido una planta de fabricación de baterías por la compañía Linyi Dake Trade; otra empresa china CAMC Engineering Co. LTD. que construye una planta de sales de potasio en Potosí.
La asociación de empresas extranjeras con Bolivia en este proceso es con un mayor énfasis en la transferencia de tecnología y experiencia en la creación de infraestructura en el salar de Uyuni que por sus características geográficas hace complicada el procesamiento y comercialización de cloruro de litio, sulfato de litio, hidróxido de litio, carbonato de litio, cloruro de potasio, nitrato de potasio, sulfato de potasio, sales derivadas e intermedias y otros productos.
El proceso de industrialización de litio se ha marcado por fases consideradas como una hoja de ruta por la empresa YLB son: Fase I Investigación y Pilotaje, Planta Piloto de Cloruro de Potasio, Planta Piloto de Carbonato de Litio (ambas en producción). Fase II Producción industrial de sales, Planta Industrial de Sales de Potasio (en pruebas de funcionamiento) Planta industrial de Carbonato de Litio (en proceso de contratación). Fase III Planta piloto de materiales catódicos (en operación), Planta piloto de baterías de ión Litio (en operación) Plantas industriales de cátodos y baterías en el marco de una asociación mixta en proceso de negociación.
La asociación con la empresa alemana ACI Systems dada en este contexto da un paso importante en el proceso de completar la estrategia de industrialización del litio en Bolivia, además de ser la primera planta de su tipo en América del Sur.“Se tiene previsto, además de la construcción de una fábrica de baterías de litio y una de hidróxido de magnesio” como anunció la empresa YLB en abril de este año. El proceso de industrialización generará entre otras consideraciones a futuro, un pilar de la economía nacional boliviana y el control parcial del mercado de litio a nivel internacional.
El financiamiento climático de siete de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) más grandes del mundo representó US$61,6 mil millones en 2019, de los cuales US$41,5 mil millones (67 por ciento) correspondieron a economías de ingresos bajos y medios, según el Informe Conjunto sobre Financiación Climática de los Bancos Multilaterales de Desarrollo. El estudio, por primera vez, proporciona datos sobre los compromisos de financiación climática de los BMD más allá de los dirigidos exclusivamente a las economías en desarrollo y emergentes, pero con el foco en los países de bajos y medianos ingresos.
Este año, el informe combina datos del Banco Africano de Desarrollo (BAFD), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), el Grupo del Banco Mundial y, por primera vez, el Banco Islámico de Desarrollo, que se unió al grupo de trabajo en octubre de 2017. En 2019, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura también se unió a los grupos de trabajo de los BMD, y sus datos se presentan por separado dentro del informe actual.
El informe de 2019 muestra que US$ 46,6 mil millones, o el 76 por ciento del financiamiento total para el año, se dedicó a inversiones en mitigación del cambio climático que tienen como objetivo reducir las dañinas emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento global. De este monto, el 59 por ciento se destinó a economías de ingresos bajos y medianos.
Los restantes US$15 mil millones, o el 24 por ciento, se invirtieron en esfuerzos de adaptación para ayudar a los países a desarrollar resistencia a los crecientes impactos del cambio climático, incluido el empeoramiento de las sequías y los fenómenos meteorológicos más extremos, desde inundaciones extremas hasta el aumento del nivel del mar. El 93 por ciento de esta financiación se dirigió a economías de ingresos bajos y medianos.
Adicionalmente, fondos climáticos canalizados a través de los BMD, como los Fondos de Inversión Climática (CIF), el Fondo Fiduciario de la Facilidad para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Fondo Global de Eficiencia Energética y Energía Renovable (GEEREF), los fondos de la Unión Europea para la Acción Climática, y el Fondo Verde del Clima (GCF) juegan un papel importante en el impulso del financiamiento climático de los BMD. En 2019, los BMD reportaron otros US$ 102,7 mil millones en cofinanciación climática neta (inversiones del sector público y privado) lo que eleva el total de la actividad climática financiada en el año a US$ 164,3 mil millones.
El informe muestra que los BMD están en camino de cumplir con sus mayores niveles de financiación climática. En Nueva York en 2019, la declaración de alto nivel de los BMD destacó que se esperaba que su financiación climática anual global sea equivalente al menos a US$ 65 mil millones, con US$ 50 mil millones para países de bajos y medianos ingresos para 2025, y que el financiamiento para adaptación climática de los MDB se duplicara a US$ 18 mil millones para 2025.
El informe mejorado de este año responde a los compromisos asumidos en la cumbre del año pasado de presentar los datos de financiamiento climático global de los BMD de manera transparente, consistente y completa. Los BMD han informado sobre financiación climática desde 2011, basándose en una metodología desarrollada conjuntamente para el seguimiento de la financiación climática. La provisión de financiamiento climático por parte de los BMD contribuye a fomentar flujos financieros globales consistentes con vías de desarrollo que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y son resistentes al cambio climático.
La edición de 2019 del Informe Conjunto sobre Financiación Climática de los Bancos Multilaterales de Desarrollo se publica en la coyuntura actual de la pandemia de COVID-19, que ha causado una importante interrupción social y económica, y reducido temporalmente las emisiones globales de carbono a los niveles de 2006. Los países ahora enfrentan las amenazas paralelas del COVID-19 y el cambio climático, así como una oportunidad única para "reconstruir mejor" al planificar inversiones más sostenibles en lugar del enfoque intensivo en carbono.
El compromiso global es necesario para desplegar recursos financieros, como paquetes de estímulo y recuperación para ayudar a construir economías inclusivas, bajas en carbono y resistentes al clima.
Sobre el Grupo BID
El Grupo BID es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. El Grupo ayuda a mejorar vidas al brindar soluciones financieras y conocimiento sobre el desarrollo a clientes tanto del sector público como del privado. El Grupo está compuesto por el BID, que ha trabajado con gobiernos durante 60 años; BID Invest, que colabora con el sector privado; y BID Lab, que experimenta formas innovadoras de impulsar un crecimiento más inclusivo.
Si los países ricos en cobre, aluminio, cobalto, litio y tierras raras consiguen industrializar esos recursos y darles valor agregado, serán quienes más ganarán en la transición energética que ya está en marcha.
En un mundo descarbonizado, las actividades de alto consumo de energía tendrán que volver a estar cerca de lugares específicos, como grandes cuencas hidrográficas, desiertos o zonas volcánicas.
El objetivo chino es controlar la cadenas de suministro desde la extracción hasta las baterías mismas, una estrategia similar a la de Henry Ford en los primeros años del siglo pasado, cuando invirtió en plantaciones de caucho en Brasil.
Pocas especies han enfrentado un odio tan cruento por parte de los humanos como los grandes depredadores del planeta. Considerados por muchas personas como plagas, catalogados reiteradamente como peligrosos, se les ha atacado con armas de fuego y lanzas, se les ha envenenado y “multado” y se les ha exterminado a largo y ancho de sus hábitats. Aún en aquellas regiones donde se han protegido vastas extensiones de hábitat, con frecuencia los grandes depredadores son los únicos elementos que hacen falta en el sistema.
Sin embargo, las investigaciones realizadas durante las últimas décadas están demostrando la importancia vital que tienen los grandes depredadores en los ecosistemas. Desde hace tiempo los biólogos saben que los depredadores controlan las poblaciones de los animales que les sirven de presas, pero estudios recientes revelan que su aporte es mucho mayor. Desde el control de depredadores más pequeños hasta la protección contra la erosión de bancos ribereños y la generación de zonas de concentración de nutrientes, parece ser que los grandes depredadores son indispensables para el funcionamiento de un ecosistema.
No es fácil ser un gran depredador
Los grandes depredadores (también conocidos como superpredadores) se encuentran en la cima de la cadena alimenticia de los ecosistemas. Los lobos en Alaska, los tigres en Siberia, los leones en Kenia y los tiburones blancos en el Pacífico, son todos ejemplos de superpredadores. Algunos de ellos fueron introducidos por los humanos, como los dingos en Australia, mientras que otros han irrumpido después de que los humanos extirparan a los grandes depredadores nativos, como el caso de los coyotes en Estados Unidos, tras la desaparición de los lobos y los pumas. De cualquier modo, la extensión y las poblaciones de los grandes depredadores han sido modificadas drásticamente a medida que los humanos han ido tomando el control del planeta.
Las evidencias genéticas muestran que, antes de la llegada de los europeos, en la porción continental de Estados Unidos existían cerca de 200 mil lobos; hoy quedan menos de 5 mil. A pesar de un esfuerzo de varios años que ha costado millones de dólares, actualmente los lobos están presentes en sólo el 5% de su área de distribución histórica en ese país. Los glotones, aunque principalmente carroñeros, también son grandes cazadores por derecho propio, e incluso se les ha observado intimidando a lobos y pumas. Pero en EE.UU. les ha ido peor que a los lobos. A pesar de que se estima que solo quedan 500 glotones en la porción continental de aquel país, el gobierno de Bush les negó cualquier clase de cobertura bajo el Acta de Especies En Peligro (Endangered Species Act), con el argumento de que los glotones aún son muy abundantes en Canadá, por lo que, en esencia, este depredador no era digno de protección.
Los tigres, que son los felinos más grandes del mundo, están amenazados a lo largo y ancho de su área de distribución. Estos animales están al borde de la extinción no obstante ser uno de los animales más reconocidos y apreciados del mundo. La especie se clasifica en Peligro de Extinción según la Lista Roja de la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), en tanto que dos de las seis subespecies que sobreviven se consideran en Peligro Crítico. Pocos organismos han recibido tanto financiamiento y atención para su conservación como los tigres y a pesar de ello estos grandes gatos se alejan cada vez más de una posible recuperación. Estudios recientes reportan disminuciones en las poblaciones de tigres de India y Rusia, consideradas como los enclaves más importantes para la conservación de la especie.
Los superpredadores, como los leones africanos, generan millones de dólares gracias al turismo y aún así enfrentan una multitud de problemas. La pérdida de hábitat, el envenenamiento y la matanza con lanzas y armas de fuego han arrasado con las poblaciones de la especie. Reportes recientes sostienen que en veinte años podrían desaparecer incluso de sus mejores hábitats, como los pastizales de Kenia, si no se toman medidas al respecto.
Es erróneo suponer que éstas especies son, de alguna forma, inmunes a la extinción: tres subespecies de tigre (las de Java, Bali y el Caspio), dos subespecies de lobo (ambas de Japón), una subespecie de león (barbario) y el tilacino, alguna vez el máximo depredador de Australia, todas desaparecieron durante el siglo veinte. La década pasada fue testigo de la pérdida del baiji, un delfín de río que era el superpredador de las aguas del Río Yangtze en China.
Otros grandes depredadores se tambalean hacia la extinción: el tigre indochino, los leopardos de Amur, Arabia y Java y el guepardo asiático podrían desaparecer durante el presente siglo. En algunas partes del mundo, las poblaciones de los grandes mamíferos carnívoros se han desplomado de forma impresionante hasta en un 95-99 por ciento.
Los superpredadores no sólo se están desvaneciendo de la tierra. En los océanos, muchas poblaciones de tiburones han sido diezmadas. La sobreexplotación pesquera, ya sea para la captura de todo el animal o por la búsqueda de su aleta (los pescadores cortan la aleta del tiburón para después arrojar el cuerpo del animal de regreso al agua, donde perece rápidamente) está cobrando su cuota en algunas especies de escualos. Un estudio de 2006 encontró que se sacrifican hasta 73 millones de tiburones al año, únicamente para la comercialización de su aleta para satisfacer la demanda de una delicadeza asiática: la sopa de aleta de tiburón. La primera evaluación global de tiburones y mantarrayas encontró que casi una de cada tres especies está bajo amenaza de extinción, una proporción mayor que la de los anfibios, de los cuales se dice se encuentran en medio de una crisis de extinción. Las poblaciones de algunas especies de tiburones han disminuido hasta en un 90 por ciento en unas cuantas décadas.
En una época en la que los superpredadores están desapareciendo del mundo entero, tres artículos científicos recientes revelan una nueva faceta de los grandes depredadores. Estos trabajos demuestran que, debajo de su imagen peligrosa y feroz, en realidad los grandes carnívoros protegen muchos aspectos de los ecosistemas que habitan y nos alertan sobre el grave detrimento ecológico que significaría su desaparición.
‘El enemigo de mis enemigos es mi amigo’
Durante mucho tiempo se ha reconocido que los grandes depredadores afectan y controlan las poblaciones de sus presas (por ejemplo, los lobos sobre los wapitíes, los leones sobre las cebras, los tigres sobre los ciervos), pero estudios recientes han demostrado que los superpredadores también inciden sobre las especies de carnívoros que se encuentran justo por debajo de ellos en la cadena alimenticia, conocidos con el término de “mesodepredadores”. Los coyotes de Norteamérica, las hienas de África, los ocelotes y jaguarundis de Sudamérica y las comadrejas de Europa, son ejemplos de mesodepredadores.
Un artículo reciente publicado en la revista Ecology Letters titulado “Interacciones entre depredadores, la liberación de mesodepredadores y la conservación de la biodiversidad” reseña 94 estudios relacionados con los súper y los meso predadores, revelando cuán grande es el impacto de aquéllos sobre las especies que encuentran por debajo de ellos.
El artículo define a los mesodepredadores como “cazadores generalistas y versátiles, con la capacidad para alcanzar altas densidades poblacionales y para causar grandes impactos sobre una amplia gama de especies de presas”. Sin embargo, en ocasiones la situación se torna mucho más complicada. Por ejemplo, en ciertas regiones de Norteamérica donde se ha exterminado a pumas y lobos, los coyotes ascienden a la cima de la cadena alimenticia, lo que los convierte en superpredadores, aunque los coyotes difícilmente tienen los mismos hábitos de caza o poseen las mismas habilidades de los grandes cazadores del continente.
El autor principal del artículo, Euan Ritchie, delineo para mongabay.com dos formas en la que los grandes depredadores inciden sobre los mesodepredadores: una se centra en el temor y la otra en la aversión. “Primero que nada, los superpredadores sienten aversión por los mesodepredadores (piénsese en perros y gatos), quizá porque los perciben como competencia y por lo tanto tratan activamente de localizarlos y exterminarlos, reduciendo así su abundancia general”.
De acuerdo al artículo, la aversión ocasiona que un gran depredador mate a un depredador más pequeño “para obtener alimento y para eliminar a un competidor ecológico”. Algunos superpredadores matarán a un mesodepredador y abandonarán el cuerpo sin comerlo.
Además, existen pocas cosas que los mesodepredadores teman más en el mundo que encontrarse de frente con un superpredador: algunos estudios han demostrado que el temor por sí sólo puede causar grandes cambios conductuales en los mesodepredadores.
“El temor puede causar que los mesodepredadores reduzcan o modifiquen sus periodos de actividad y/o los hábitats que utilizan” explica Ritchie. “Esto puede disminuir la capacidad de los mesodepredadores para encontrar alimento, reduciendo su reproducción y supervivencia, lo cual puede afectar seriamente a sus poblaciones”.
Al revisar los estudios de campo, el reporte encontró que una reducción de los grandes depredadores permite un incremento desproporcionado de los mesodepredadores, que en ocasiones aumentan hasta el cuádruple. En otras palabras, si una población de lobos tiene una reducción de cien animales, puede presentarse, bajo ciertas condiciones, una explosión de cuatrocientos animales en la población de coyotes. Este fenómeno ecológico, conocido por los científicos como ‘liberación del mesodepredador’, a su vez afecta a muchas otras especies.
“Cuando los grandes depredadores (por ejemplo, los dingos) son removidos de un ambiente, los mesodepredadores (por ejemplo los gatos y los zorros) pueden incrementar rápidamente su abundancia, ya que tienden a ser especies más generalistas y oportunistas, con una mayor tasa reproductiva, lo cual empuja a las especies presa hacia la extinción”, explica Ritchie y añade que “esto es particularmente cierto cuando las especies presa tienen bajas tasas reproductivas, como ocurre con muchos de los mamíferos originarios de Australia”.
Por ejemplo, una población de walabí rojo desapareció de Australia después de que se envenenó a los dingos nativos. Una vez que se acabaron los dingos, la zorra (una especie exótica en Australia) invadió la zona y los walabíes, que habían sobrevivido hombro con hombro con los dingos, fueron velozmente cazados hasta el exterminio. Esta especie de walabíes se encuentra catalogada como vulnerable según la Lista Roja de la IUCN.
En casos como este, los superpredadores de hecho ayudan a la supervivencia de ciertas especies de presas. Al mantener un control constante sobre los mesodepredadores, los grandes depredadores se convierten en protectores de las presas, especialmente de las más pequeñas. Realmente no sería excesivo nombrar a los superpredadores como ‘los guardianes de las pequeñas especies de presas’.
“En pocas palabras”, apunta Ritchie, “el enemigo de mis enemigos es mi amigo”. Y agrega que “aunque los grandes depredadores consumen las mismas especies de presas que los mesodepredadores, sus impactos son menores debido a la mayor extensión de sus territorios y a su menor abundancia poblacional”.
Aunque existe una tendencia general según la cual los superpredadores mantienen bajo control a los mesodepredadores y, por lo tanto, ayudan a varias especies presa, el estudio de la relación entre los depredadores puede ser increíblemente complejo. De acuerdo al artículo, algunos de los factores causales que deben ser considerados incluyen la disponibilidad de recursos, los tipos de hábitat y la interrelación de varios grupos de depredadores.
Para ilustrarlo, Ritchie vuelve a señalar a Australia: “tenemos el ejemplo clásico de la relación entre los dingos, las zorras y los gatos. Los dingos matan zorras y gatos. Las zorras también matan gatos. El problema surge cuando, bajo ciertas circunstancias, los dingos, al matar a las zorras, indirectamente ayudan a los gatos. Sin embargo, hasta la fecha ningún estudio ha sido capaz de esclarecer la complejidad de esta relación. No cabe duda que la misma situación es aplicable en otros grupos de depredadores, como los lobos y los coyotes con los gatos, las zorras, los mapaches, los zorrillos, etc. Recién iniciamos la exploración de la real complejidad de estas relaciones”.
No obstante la complejidad, Ritchie y sus colegas han encontrado una cantidad considerable de evidencia acerca del papel que los grandes predadores juegan en la regulación del sistema ecológico.
Los depredadores también protegen a las plantas
Los grandes depredadores impactan a las poblaciones de presas, a los mesodepredadores que se encuentran debajo de ellos e, indirectamente, a las presas de los mesopredadores, pero ¿qué sucede con las plantas?
A primera vista parecería ridículo que un superpredador pudiera afectar drásticamente la vida vegetal de un ecosistema. Sin embargo, un estudio reciente publicado en la revista Biological Conservation realizado en cinco Parques Nacionales de Estados Unidos (Olympic, Yosemite, Yellowstone, Zion y Wind Cave) mostró el grado en el que muchas plantas, y por lo tanto, los ecosistemas sanos, dependen de los grandes depredadores. Entonces éstos no únicamente serían ‘los guardianes de las presas pequeñas’, sino también tendría que reconocérseles como ‘los guardianes de la flora autóctona’.
Durante la corta historia estadounidense, los grandes depredadores, como los lobos y los pumas, fueron exterminados de sus hábitats debido a que fueron cazados, atrapados y envenenados, e incluso se establecieron campañas gubernamentales de erradicación de estas ‘plagas’. El estudio demostró que este declive —que en muchos lugares llegó a la extirpación absoluta— de los grandes depredadores tuvo un impacto drástico sobre las plantas.
“La eliminación de los superpredadores de un paisaje permite que los grandes herbívoros como el wapití y los venados forrajeen sin control, debido a la reducción en el riesgo de depredación y de la depredación misma”, explica a mongabay.com el Dr. Robert Beschta, primer autor del artículo. “Al paso del tiempo, el uso intensivo que hacen estos animales de las plantas puede alterar significativamente la composición de las comunidades vegetales, lo cual, a su vez, afecta a otros animales cuyos ciclos de vida dependen de la vegetación”.
Para ejemplificar menciona que “los wapitíes pueden incrementar ostensiblemente su presión de forrajeo sobre los álamos y los sauces en las zonas donde los lobos han sido erradicados. Si los altos niveles de forrajeo se mantienen año con año, se puede originar la extinción local de esas plantas y algunas otras”.
Los científicos conocen este proceso con el nombre de ‘cascada trófica’, la cual, comenta Beschta “se usa para denotar los efectos de los depredadores sobre sus presas y, a su vez, sobre las plantas”.
Beschta y su colaborador William J. Ripple encontraron que veinte años después de que los grandes depredadores fueran desplazados de los cinco parques nacionales, el reclutamiento de árboles (es decir, el número de arboles que sobreviven hasta una altura determinada) se desplomó hasta representar sólo el 10 por ciento de la cantidad requerida para mantener las comunidades arbóreas en su nivel histórico. El efecto fue aún más severo a los cincuenta años: los niveles de reclutamiento cayeron hasta el 1 por ciento. De acuerdo a estos investigadores, dicha tendencia eventualmente podría ocasionar la extinción local de muchas especies de árboles nativos.
Después de descartar otros causas potenciales, tales como el clima, los incendios, la disminución en el impacto de las tribus nativas y el uso de suelo, el estudio concluyó que estos cambios en la supervivencia de los arboles se debieron a la pérdida de los grandes depredadores.
“Ninguno de los otros factores analizados explicó el declive observado a largo plazo en el reclutamiento arbóreo”, describen los investigadores.
La disminución en la sobrevivencia de los árboles y la pérdida de ciertas especies vegetales debido a la pérdida de depredadores puede tener muchos impactos sobre el ecosistema, afectándolo todo, desde la erosión hasta los incendios.
“La rápida erosión de los suelos de las laderas montañosas o de las riberas de los ríos puede presentarse a medida que se altera paulatinamente la diversidad y la biomasa de las comunidades vegetales”, comenta Beschta. Además, “el fuego es un mecanismo importante para la regeneración de los álamos, pero cuando existen altos niveles de herbivoría el fuego acelera la remoción de los árboles grandes al tiempo que los brotes son incapaces de crecer por arriba del nivel de ramoneo de los venados o de los wapitíes”.
La pérdida de los grandes depredadores y el aumento en el nivel de forrajeo de los herbívoros también puede tener un gran impacto sobre los ambientes acuáticos, pudiendo incluso llegar a degradar las comunidades vegetales hasta el punto en el que “éstas ya no son capaces de mantener la estabilidad de los bancos ribereños ante los eventos en los que se presentan grandes caudales de agua” afirma Beschta. “Una vez que las comunidades vegetales ribereñas han sido degradadas, puede presentarse un ensanchamiento o erosión vertical de los cauces”.
Tales impactos pueden elevar las temperaturas durante el verano debido a que se reduce la profundidad de la corriente y aumenta la carga de sedimentos, destruyendo hábitats importantes para la reproducción de los peces.
Un estudio realizado en el Parque Nacional Zion mostró la potencia de las repercusiones ocasionadas por la pérdida de un superpredador: la abundancia de varias especies, incluyendo plantas acuáticas y terrestres, anfibios, lagartijas y mariposas, resultó ser menor en las zonas donde los pumas eran escasos en comparación con las áreas donde los pumas aún rondaban con frecuencia.
Al final, la pérdida de un depredador tope puede estar asociada con la disminución general de los servicios ecosistémicos, dado que “la diversidad de plantas autóctonas, así como la estructura y composición de las comunidades vegetales son necesarias para sustentar la cadena alimenticia, mantener los hábitats, contribuir a la formación de suelo y muchos otros servicios ecosistémicos. La clave para la manutención de estos servicios es una comunidad vegetal sana y vibrante”, aseveró Beschta.
Pero sin los súper depredadores el pastoreo excesivo de los grandes herbívoros “puede alterar profundamente el funcionamiento normal de las comunidades vegetales naturales”, asegura Beschta y agrega que “la herbivoría incontrolada es una ‘poderosa’ fuerza ecológica que puede tener severas consecuencias para los ecosistemas terrestres y acuáticos”.
Los depredadores enriquecen el ecosistema
Uno de los estudios recientes más sorprendente sobre depredadores muestra que éstos no sólo afectan a las especies vegetales, sino que, a través de sus actividades de caza, también crean puntos de concentración de nutrientes que mantienen los ecosistemas ricos y variados.
Investigadores de la Universidad Tecnológica de Michigan usaron registros de depredación de lobos sobre alces a lo largo de 50 años en el Parque Nacional Isla Royale, en el Lago Superior. Encontraron que los cadáveres de alce enriquecen el suelo con compuestos bioquímicos que crean puntos de concentración de fertilidad forestal.
Mediante la cuantificación de estos compuestos en los suelos de los sitios de depredación y en sitios de control, los científicos encontraron que los suelos de los sitios de matanza eran entre 100 y 600 por ciento más ricos en nitrógeno inorgánico, fósforo y potasio que los sitios de control. Además, mostraron en promedio un 38% más ácidos grasos bacterianos y fúngicos y los niveles de nitrógeno en el follaje fueron entre 25 y 47% más elevados que en los sitios de control.
Este estudio reveló una inesperada asociación entre el comportamiento de caza de un gran depredador, el lobo, con los puntos de concentración bioquímica en el paisaje”, aseveró Joseph Bump, profesor asociado de la Escuela de Recursos Forestales y Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Michigan. “Esto es importante porque arroja luz sobre otra de las contribuciones que los superpredadores tienen en los ecosistemas que habitan e ilustra lo que puede protegerse o perderse cuando los depredadores son conservados o exterminados”.
Bump afirma que él y sus colegas se sorprendieron por la claridad con la que aparecieron los resultados de la bioquímica en los sitios de matanza, considerando que los lobos, con la ayuda de los carroñeros, dejan limpios hasta los huesos.
“Nos sorprendió el hecho que observamos fuertes efectos aún y cuando los cadáveres son tan bien aprovechados. Suponemos que los contenidos estomacales son importantes en la creación de los efectos de fertilización porque los lobos y los carroñeros no ingieren el material vegetal en descomposición ni el caldo microbiano que se encuentra en los estómagos de los alces”, relata Bump para mongabay.com.
Si en realidad los contenidos estomacales son la fuente primaria del flujo de nutrientes añadidos al ecosistema, entonces los cazadores humanos probablemente podrían generar un aumento similar en los nutrientes, comenta Bump. Sin embargo, agrega que existe una gran limitante a este respecto.
“[Los cazadores] dispersan los montones de vísceras a lo largo de diferentes lugares y en distintas épocas del año, de forma diferente a como lo hacen los lobos con sus presas”, explica Bump. “Los cúmulos de vísceras de los cazadores se concentran temporalmente durante la temporada de caza y generalmente se encuentran más cerca de los caminos”.
En otras palabras, los lobos juegan un papel importante en la distribución de los puntos de concentración de nutrientes. De acuerdo al artículo: “en contraste [con los cazadores humanos], los depredadores silvestres cazan continuamente a lo largo de zonas más amplias”.
“En algunas zonas del área de estudio se encontraron alces depredados por lobos en una proporción hasta 12 veces mayor en la que ocurrieron los alces que murieron por otras causas”, asegura Bump. “Esto significa que los lobos, al menos parcialmente, determinan el sitio en el que un alce cae al suelo. En algunas áreas donde aparentemente los lobos tienen un mayor éxito de cacería, se encontraron mayores depósitos de cadáveres y los cambios que observamos en el suelo estuvieron espacialmente agrupados”.
Al agrupar los cadáveres, los lobos crean zonas de mayor fertilidad en el suelo. Este agrupamiento no es reproducido por los cazadores humanos, ni por los atropellamientos vehiculares, ni por las muertes por inanición o cualquier otra clase de mortalidad de los alces.
Según el artículo, es poco probable que estos resultados sean aplicables únicamente para lobos y alces. “Es posible que los resultados obtenidos en este ecosistema boscoso se presenten dondequiera que la interrelación entre los grandes carnívoros y los ungulados se encuentre intacta. Por ejemplo, hemos observado efectos biogeoquímicos similares, tanto sobre la superficie como debajo de ella, en sitios de acumulación de cadáveres de wapitíes en el Parque Nacional Yellowstone […] En la tundra ártica, un ambiente de escasos recursos, el impacto que tiene el cadáver de un buey almizclero (Ovibos moschatus) sobre la vegetación circundante sigue siendo dramático después de 10 años, lo cual resalta que los efectos de los cadáveres pueden ser más duraderos en algunos sistemas. Es factible que se presenten dinámicas similares en los sistemas sudamericanos, africanos y asiáticos que mantienen intacta sus relaciones presa-depredador”.
Los autores sostienen que estas investigaciones son cruciales porque demuestran que los superpredadores aportan servicios ecosistémicos desconocidos e inesperados, lo cual, en la jerga científica se describe como “la creación de heterogeneidad ecosistémica a múltiples escalas”.
“Lo que importa” concluye Bump, “es que los lobos no están conectados instintivamente ni con el suelo ni con la fertilidad de un porción de tierra determinada. La identificación y descripción de estas relaciones permite contar una historia más completa de lo que ocurre cuando existen poblaciones saludables de alces y lobos en el paisaje. Si los ecólogos continúan contándonos este tipo de historias entonces sabremos qué es lo que se gana o pierde con la restauración o la desaparición de las poblaciones de lobos, respectivamente”.
¿Qué sigue?
A medida que los investigadores descubren más formas en las que los depredadores contribuyen al funcionamiento de los ambientes, la pregunta que surge es ¿ahora qué sigue?
Una respuesta relativamente reciente estriba en la reintroducción de los superpredadores en los hábitats de donde desaparecieron. Hasta la fecha los grandes depredadores han sido reintroducidos en algunas zonas selectas, siendo el ejemplo más famoso el de los lobos en Norteamérica. Pero el proceso de reintroducción de estas especies es novedoso y los investigadores son muy cautelosos para recomendarlo sin antes conocer la fotografía completa del ecosistema que les permita predecir los efectos potenciales.
“Necesitamos visualizar el ecosistema como un todo y no enfocarnos sobre una sola especie”, recomienda Ritchie, co-autor del artículo sobre el efecto de los superpredadores en los mesodepredadores. “Cuando interferimos con un sistema natural es inevitable que haya vencedores y vencidos. Así que antes de continuar y de cambiar las cosas, necesitamos preguntarnos el por qué estamos haciéndolo, qué esperamos lograr y cuáles serán los resultados probables. Si somos incapaces de responder estas preguntas entonces no deberíamos seguir adelante”.
El Parque Nacional Yellowstone ha demostrado ser un ejemplo particularmente intrigante sobre los efectos que la reintroducción de los grandes depredadores puede generar en los ecosistemas, debido a que el lobo, el mayor depredador de la región, estuvo ausente por casi 90 años.
El estudio de Beschta encontró que después de la desaparición de los lobos en Yellowstone, la población de álamos (Populus) disminuyó rápidamente debido a la intensificación del ramoneo por parte de las manadas de wapitíes. Durante este tiempo, se iniciaron programas de extracción de wapitíes para controlar el sobre-ramoneo en Yellowstone y otros parques, pero ninguno pudo replicar el efecto de un superpredador sobre las poblaciones de ungulados.
Eventualmente, durante 1995 y 1996, inicio un cauteloso programa de reintroducción en el Parque Nacional Yellowstone: treinta y un lobos fueron regresados a la naturaleza. La medida rápidamente fue un éxito, a pesar de estar rodeada de controversia.
“Con la reintroducción de los lobos en Yellowstone, el gremio de los grandes carnívoros está completo nuevamente”, atestigua Beschta. “Luego de unos cuantos años después de la reintroducción, en algunas zonas empezamos a registrar un descenso en la presión de ramoneo y un incremento en la altura de los individuos juveniles de sauces, álamos y chopos. Este resultado es sumamente estimulante porque parece ser que es la primera vez en varias décadas que estos árboles han podido crecer por arriba del nivel de ramoneo de los wapitíes, produciendo semillas para las próximas generaciones. Otras observaciones indican que están aumentando los números de castores y que los depredadores pequeños y los carroñeros podrían estar mejorando sus condiciones. En contraste, la abundancia de wapitíes y coyotes ha estado yendo a la baja”.
Un estudio reveló que la tasa de supervivencia de los berrendos juveniles se ha incrementado en un 400% en Yellowstone, lo cual es un claro ejemplo del impacto que los lobos tienen sobre los mesopredadores, en este caso sobre los coyotes.
“En términos generales, la reintroducción de lobos parece haber desencadenado un proceso de reestructuración del ecosistema de Yellowstone, el cual aún continúa” agrega Beschta. “Esperamos que con el transcurso del tiempo Yellowstone genere una mejor comprensión del grado en el que los grandes depredadores como los lobos han influido sobre otros ecosistemas en los terrenos nacionales del Oeste americano”.
Los lobos de Yellowstone son un buen ejemplo de cómo las reintroducciones de superpredadores pueden llegar a ser un completo éxito ecológico.
No obstante que quedan algunas interrogantes en el aire, Ritchie ve la reintroducción de los grandes depredadores como un medio para restablecer ecosistemas sanos y funcionales.
“En muchos casos, nuestros ambientes tan sido tan gravemente degradados por el impacto humano, que con frecuencia no hay nada que perder y mucho que ganar con la aplicación de experimentos intrépidos”, comenta Ritchie a mongabay.com. “Por ejemplo, el demonio de Tasmania es un depredador nativo de Australia cuyas poblaciones están disminuyendo en la isla de Tasmania debido una enfermedad que les provoca la aparición de tumores faciales. Hasta hace muy poco este animal ocupaba las tierras del interior del continente australiano. A partir de la teoría ecológica y de la evidencia anecdótica sabemos que esta especie es capaz de controlar las poblaciones de zorras y gatos y, por lo tanto, ayudar a otras de nuestras especies más amenazadas. Así que, ¿por qué no reintroducimos demonios a la porción continental? Quizá sean capaces de revertir parte del daño causado por las zorras y los gatos, además del beneficio adicional que representa el establecimiento en el continente de una población de demonios libre de enfermedades, que sirva de garantía para la supervivencia de la especie”.
Por supuesto que existen presiones políticas de ambos lados, tanto de los grupos a favor como de los que están en contra de los depredadores, que complican el problema. Muchas personas, de forma similar a los mesodepredadores, aún sienten temor y aversión ante los grandes depredadores. Uno solo tiene que echar un vistazo al reciente debate sobre la autorización de la caza de lobos en EE.UU. para darse cuenta de cuan apasionados suelen tornarse los argumentos.
Aunque la reintroducción de lobos en Yellowstone ha demostrado ser un éxito ecológico, en el terreno político no le ha ido tan bien. Después de años de presión de los grupos anti-lobos, este año el gobierno de Obama permitió que los estados de Wyoming y Montana iniciaran una vez más la cacería de lobos. Rápidamente fueron devastadas algunas manadas que eran bien conocidas en Yellowstone. Nadie sabe como este reciente experimento en las reintroducciones controladas por el hombre incidirá sobre los lobos sobrevivientes y, a su vez, sobre el gran ecosistema. Aún así, Ritchie sugiere que al extraer a los grandes depredadores, especialmente a los líderes de las manadas, los conflictos entre la gente y los carnívoros solo tenderán a empeorar, en lugar de mejorar.
“Muchos superpredadores (por ejemplo, los lobos) tienen conductas y estructuras sociales complejas, por lo que al eliminar individuos, especialmente los que son dominantes y más experimentados, podemos alterar drásticamente la forma en la que la manada se comporta”, explica Ritchie. “En el caso de los dingos, existe cierta evidencia de que su estructura social se rompe cuando se matan individuos… En algunos casos, los dingos parecen depredar más ganado en las zonas donde son perseguidos que en las áreas donde no son molestados. Esto probablemente ocurre porque sobreviven pocos dingos viejos, los cuales en circunstancias normales entrenan a los perros jóvenes a cazar especies como los canguros. Así que al final lo único que tienes es un montón de adolescentes rudos y maleducados que se abalanzan sobre la presa más fácil, que con bastante frecuencia son los becerros de las vacas”.
Actualmente, Australia está considerando la reintroducción de dingos en algunas zonas para echarles una mano a los sobre-depredados mamíferos nativos. Una investigación reciente también ha sugerido que la reintroducción de lobos en las tierras altas de Escocia, ausentes desde mediados del siglo XVI, podría ayudar al regreso del follaje natural, el cual hoy en día es sobre-ramoneado por los ciervos. Tales esquemas de reintroducción enfrentan muchas dificultades políticas; a final de cuentas no es la ciencia sino la política lo que determina el rumbo a seguir.
Tal como lo afirma Beschta: “la principal conclusión de nuestras investigaciones es que la pérdida de los grandes depredadores ha sido increíblemente importante. Lo que sigue a partir de aquí estriba en el uso que la sociedad le dé a esta ‘nueva’ información”.
Referencias:
Euan G. Ritchie and Christopher N. Johnson. Predator interactions, mesopredator release and biodiversity conservation (Interacciones entre depredadores, liberación de mesodepredadores y conservación de la biodiversidad). Ecology Letters. Volume 12, Issue 9.
Beschta, R.L. and W.J. Ripple. Large predators and trophic cascades in terrestrial ecosystems on the western United States (Los grandes depredadores y las cascadas tróficas en los ecosistemas terrestres del Oeste de Estados Unidos). Biological Conservation.
Bump, J.K., Peterson, R.O., & Vucetich, J.A. 2009. Wolves modulate soil nutrient heterogeneity and foliar nitrogen by configuring the distribution of ungulate carcasses (Los lobos modulan la heterogeneidad de los nutrientes del suelo y el nitrógeno foliar al configurar la distribución de los cadáveres de ungulados). Ecology. Vol 90, Issue 11.
Con la Dra. Carlota Pérez – Entrevista en la revista Caras y Caetas, Montevideo
Es la primera gran pensadora a nivel mundial que avizora un sentido positivo, una nueva “época de bonanza”, en la evolución económica e histórica de la Humanidad, en medio de la oscuridad que predicen economistas, filósofos y artistas desde hace décadas. Su razonamiento permite alentar la posibilidad de un salto al desarrollo en economías primarizadas como la nuestra, en función de la revolución tecnológica en curso. En su análisis confluyen Marx, Keynes, Kondratieff, Schumpeter y los neo-Schumpeterianos como Chris Freeman.
Hace unos meses su videoconferencia fue el acontecimiento académico del año en Uruguay. Desde su residencia de Sussex, a 100 kms de Londres y de su oficina en la London School of Economics, la Profesora Dra. Carlota Pérez respondió sobre las significaciones profundas de la actual instancia histórica, signada por el triunfo de Donald Trump y la emergencia de las formaciones populistas, nacionalistas y antiglobalizadoras.
A la mayoría de la gente se le ha pasado por alto, pero los servicios de inteligencia de Estados Unidos, también han analizado recientemente la evolución de la economía mundial. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI) ha publicado su última evaluación, denominada Tendencias Globales: La paradoja del progreso, que "explora las tendencias y escenarios de los próximos 20 años" .
El DNI llega a la conclusión de que el mundo está "viviendo una paradoja - los logros de la era industrial y de la información están dando forma a un mundo tan peligroso como rico en oportunidades. Las decisiones humanas determinarán si prevalecen las oportunidades o los peligros". El DNI elogia al capitalismo de los últimos decenios por "conectar a las personas, potenciar a los individuos, grupos y estados y sacar a mil millones de personas de la pobreza en el proceso”.
Pero los ojos y los oídos del capital estadounidense está preocupado por el futuro. Temen "choques como la primavera árabe, la crisis financiera mundial de 2008, y el aumento global de las políticas populistas, anti-sistema. Estos choques revelan la fragilidad de los logros alcanzados, y subrayan profundos cambios en el panorama global que auguran un futuro cercano oscuro y difícil". Todos estos desarrollos son malos para el capital global y la supremacía estadounidense, al parecer. Y el DNI reconoce que las cosas no van a mejorar. "Los próximos cinco años serán testigo del aumento de las tensiones dentro y entre países. El crecimiento global será más lento, en la medida que desafíos mundiales cada vez más complejos se confirman".
¿Cual es la respuesta? Pues bien, este comentario del informe de DNI lo expone sin adornos: "Será tentador poner orden en este caos aparente, pero en última instancia sería demasiado costoso a corto plazo y fracasaría a largo. Dominar a unos actores cada vez más poderosos en múltiples dominios requerirá recursos inaceptables en una era de crecimiento lento, límites fiscales, y fuerte deuda. Domésticamente, implicaría el fin de la democracia, produciendo autoritarismo o inestabilidad o ambos. A pesar de que la capacidad material seguirá siendo esencial para mantener el poder geopolítico y del estado, los actores más poderosos del futuro se apoyarán en redes, relaciones e información para competir y cooperar. Esta es la lección de la política de grandes potencias en la década de 1900, incluso si esas potencias tuvieron que aprender y volver a aprender de nuevo".
En otras palabras, si bien sería mejor simplemente aplastar a la oposición y "poner orden" en intereses de Estados Unidos, probablemente no es posible con una economía mundial débil y falta de fondos. Es mejor tratar "recurrir a las redes, las relaciones y la información" (es decir, al espionaje y la manipulación) para obtener la "cooperación".
Pero no va a ser fácil que EE UU mantenga su posición dominante y la del capital, según el informe del DNI, porque la globalización "ha erosionado las clases medias occidentales (léase clases trabajadoras) y alimentado una reacción contra la globalización". Por otra parte, los flujos migratorios "son ahora mayores que en los últimos 70 años, amenazando con vaciar las arcas del estado del bienestar y aumentando la competencia por los puestos de trabajo, reforzando los impulsos anti-élite y xenófobos". Y "el débil crecimiento sumado a las alteraciones tecnológicas de los mercados de trabajo pondrán en peligro la reducción de la pobreza y aumentarán las tensiones internas en los países en los próximos años, lo que a su vez alimentará el nacionalismo que contribuye a hacer crecer las tensiones entre los países".
Como ven, el problema es que la población de Estados Unidos y sus aliados capitalistas es cada vez más vieja y las nuevas potencias tienen poblaciones más jóvenes y más productivas. Sin embargo, el capitalismo no puede satisfacer las necesidades de estas poblaciones en aumento en los llamados 'países en desarrollo'. Mientras tanto, "la automatización y la inteligencia artificial amenazan con cambiar la estructura productiva más rápido que la capacidad de adaptación de las economías, lo que podría desplazar trabajadores y bloquear la vía habitual de desarrollo de los países pobres". A lo que hay que sumar el cambio climático y los desastres ambientales que conlleva. Todo esto va a "hacer más difícil gobernar y cooperar y va a cambiar la naturaleza del poder, transformando de manera fundamental el panorama global".
No es una perspectiva la que se ofrece por debajo de toda la palabrería optimista y fanfarria que oímos a la élite rica en Davos el mes pasado. Por el contrario, el DNI cree que "los desafíos serán significativos, con una disminución de la confianza del público en los líderes e instituciones, una mayor polarización política, y unos ingresos del gobierno limitados por el modesto crecimiento y el aumento del gasto social. Por otra parte, los avances en robótica e inteligencia artificial tenderán a perturbar aún más los mercados de trabajo”. El DNI intenta dar esperanzas al final de esta letanía de peligros para el capitalismo global, pero no es convincente.
He escrito antes sobre las señales cada vez más evidentes de que la era de la globalización y de la expansión del capital a expensas de los trabajadores está agotándose en todas partes. Otro indicador de ello ha sido un informe de Global Financial Integrity (GFI), una fundación de EE UU, y el Centro de Investigación Aplicada en la Escuela Noruega de Economía. El informe encontró que la falsificación de la facturación comercial y de los paraísos fiscales hace pensar que los dadores de este mundo son en realidad tomadores. El GFI ha calculado todos los recursos financieros que se transfieren entre los países ricos y los países pobres cada año: no sólo la ayuda, la inversión extranjera y los flujos comerciales, sino también las transferencias no financieras como la cancelación de la deuda, las transferencias unilaterales como las remesas de los trabajadores, y las fuga de capitales no declaradas (como veremos más adelante). Lo que descubrieron es que el flujo de dinero de los países ricos a los países pobres palidece en comparación con el flujo en la otra dirección.
En 2012, el último año del que tenemos datos, los países en desarrollo recibieron un total de $ 1,3bn, incluyendo todas las ayudas, las inversiones y los ingresos procedentes del extranjero. Pero ese mismo año unos US $ 3,3bn salieron fuera de ellos. En otras palabras, los países en desarrollo enviaron $ 2 billones más al resto del mundo de lo que recibieron. Si nos fijamos en todos los años desde 1980, estas salidas netas suman $ 16,3bn - que es la cantidad de dinero que se ha drenado del sur global durante las últimas décadas.
Los países en desarrollo han transferido más de $ 4.2 billones en concepto de pago de intereses desde 1980 - una transferencia directa de efectivo a los grandes bancos en Nueva York y Londres, en una escala que empequeñece la ayuda que recibieron durante el mismo período. Otra gran partida son las ganancias que los extranjeros obtienen de sus inversiones en los países en desarrollo y luego repatriar a casa. Pero, con mucho, la mayor parte de las salidas tienen que ver con movimientos no registrados - fuga de capitales -, por lo general ilícitos. GFI calcula que los países en desarrollo han perdido un total de $ 13.4 billones a través de la fuga de capitales no registrados desde 1980.
La mayor parte de estos flujos no registrados tienen lugar a través del sistema de comercio internacional. Básicamente, las empresas - nacionales y extranjeras por igual - registran precios falsos en sus facturas comerciales con el fin de sacar dinero de los países en desarrollo directamente con destino a paraísos fiscales y cuentas secretas, una práctica conocida como "falsificación de la facturación comercial". Por lo general, el objetivo es evadir impuestos, pero a veces esta práctica se utiliza para lavar dinero o burlar los controles de capitales. En 2012, los países en desarrollo perdieron $ 700 mil millones a través de la adulteración de los precios comerciales, lo que superó la recepción de ayuda ese año por cinco.
Pero ahora el crecimiento del comercio mundial se ha reducido al mínimo y los flujos de capital también están disminuyendo. Se ha hecho más difícil para las multinacionales y los bancos explotar los países del sur global para compensar la caída de la rentabilidad en el hemisferio norte.
La proporción de crecimiento importado en relación con el crecimiento del PIB real en las principales economías ha caído drásticamente.
El informe del DNI sugiere que el aumento de la rivalidad por el botín del imperialismo en la década de 1900 condujo a una guerra mundial. El DNI reconoce que "a pesar de que la capacidad material seguirá siendo esencial para mantener el poder geopolítico y del estado, los actores más poderosos del futuro se apoyarán en redes, relaciones e información para competir y cooperar". ¿Competir y cooperar? ¿Con Trump en la presidencia?
Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/la-paradoja-global-del-capitalismo
Las recientes alertas por polución del aire en la Ciudad de México se han vivido en el resto de América Latina con una suerte de empatía: pocos rincones urbanos del continente desconocen lo que es respirar aire impuro. Y, sin embargo, la situación dentro del mismo es más variopinta (y quizás incluso menos mala) de lo que muchos piensan. Los datos son claros: la polución es un problema en esta parte del mundo, y los avances para reducirla han sido insuficientes. Pero los ha habido, lo que demuestra que no es objetivo inalcanzable.
Si lo medimos por emisiones de partículas PM2.5 (de un grosor lo suficientemente ínfimo como para mantenerse por largo tiempo en el ambiente), el panorama continental pone a México, Venezuela y Bolivia en niveles de polución sustancialmente peores que los de sus vecinos paraguayos o panameños. En el nivel urbano, algunos puntos destacan para mal: el área metropolitana de Lima, Brasilia o Mexicali, grandes absorbentes de tráfico rodado. Pero es igualmente importante no perder la perspectiva al observar este mapa: no es en América donde están los grandes focos de polución del mundo. Egipto, Arabia Saudí, Nigeria o Mauritania y, en general, la franja del mundo que va desde la costa occidental de África hasta la frontera entre China y Corea contienen núcleos de contaminación ambiental mucho más saturados que el país latinoamericano más saturado. Para interpretar estos datos es imprescindible tener en cuenta que la relación entre grado de desarrollo económico y polución sigue un patrón de montaña: en las primeras etapas del crecimiento éste suele traer más emisiones mientras se prioriza la construcción industrial sobre los criterios medioambientales; llegado el país a un pico de desarrollo (y polución), la curva comienza a descender conforme se implementan tecnologías más limpias. ¿Está Latinoamérica escalando, o ya en descenso?
Por un lado, ninguno de los dieciocho estados latinos más grandes está en el nivel anual medio de exposición a partículas recomendado por la OMS (10 PM2.5). Pero, al mismo tiempo, resulta que cuando observamos la relación entre PIB per cápita y polución en el continente, esta es nítidamente negativa: quizás el descenso ha comenzado, ayudado por el crecimiento económico.
Todo ello no es óbice para que cada punto extra en el nivel de exposición a partículas reste de media cuatro meses de esperanza de vida. De hecho, cuando uno observa los efectos de la polución sobre la salud, más que esta por sí sola, la situación de Latinoamérica se vuelve más compleja.
Sabemos que las partículas en suspensión tienen un efecto particularmente nocivo sobre el aparato cardiorrespiratorio, causando un mayor número de fallecimientos prematuros en las poblaciones que viven con su corazón y sus pulmones en ambientes cargados. Los investigadores Hannah Ritchie y Max Roser (Universidad de Oxford) han recopilado el grado de relación entre la exposición a este tipo de partículas y las muertes que podrían estimarse como tempranas dada la existencia de polución.
No debería sorprender que dicha relación sea positiva. Pero lo interesante es que no lo es por igual en todos los países. Parece que en los más ricos (obviando a aquellos que viven del petróleo, contando con un nivel de emisiones lógicamente mayor) está por debajo. Si tomamos el PIB per cápita como aproximación al acceso a sistemas de salud y otras tecnologías que minimizan el impacto de la polución, parece que hay un punto a partir del cual cada partícula extra importa cada vez menos porque existen más medios para proteger a la población.
Si ponemos a los países latinoamericanos en el marco que va de las dos grandes naciones en desarrollo del mundo (China, India) a uno de los motores económicos de Europa (Francia), obtendremos una imagen más clara: aún en Venezuela o México, los países cuya población está perdiendo más años de vida saludable por la polución en Latinoamérica, la situación es sustancialmente mejor que en los gigantes asiáticos. En el otro extremo, Nicaragua, Paraguay y Honduras están cerca de Francia.
Pero algo distingue a estas tres últimas naciones de, por ejemplo, Panamá o Costa Rica: la tasa de muertes por combustibles en el hogar es mucho más elevada. Junto a Guatemala, Bolivia o El Salvador, el uso de leña y carbón en los hogares de todos ellos es aún lo suficientemente alto como para que su incidencia en la salud sea mucho más elevada que entre sus vecinos. Ese mismo era el factor, de hecho, que ponía a Coyhaique, en los Andes chilenos, como la ciudad con más polución en la lista de la OMS.
Esto también nos da una pista sobre qué grupos poblacionales tienden a sufrir en mayor medida los efectos de la polución: aquellos que disponen de menos recursos para acceder a tecnologías alternativas, o para residir en viviendas y en áreas urbanas con ambientes más limpios.
Afortunadamente, la incidencia de este tipo de combustibles ha disminuido a lo largo y ancho de Latinoamérica sin excepciones en las últimas décadas. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de las muertes atribuibles a partículas PM2.5 en el ambiente o a las emisiones de ozono.
Es aquí donde se ve cómo de desigual es realmente el saldo continental, y donde podemos matizar la impresión inicial de descenso de la montaña de la polución. Las ganancias son tan heterogéneas como las pérdidas, y los costos pagados en vidas son todavía bastante altos.
Los avances técnicos favorecidos por el crecimiento económico son sin duda una enorme fuente de esperanza para lograr que las mejoras sean más parejas. Pero mientras llegan hay un debate necesario en los costes que estamos dispuestos a pagar. Aquí están cifrados, de manera cruda, en vidas que se podrían haber salvado. Es la medida adecuada, pero solo si no nos dejamos llevar por la ingenuidad y asumimos que en el otro lado de la balanza están todas esas vidas que pudieron crecer gracias a los causantes de la polución. Detrás de cada partícula lanzada al ambiente que se puede colar en nuestros pulmones hay una acción humana que se beneficia de ello: un vehículo, una cocina, una empresa en marcha.
Probablemente ha llegado el momento de recalibrar los pesos a través de acciones políticas, como lo han hecho en años recientes México, Chile, Colombia o Argentina. Los cuatro estados han implantado alguna forma de precio o impuesto sobre las emisiones en años recientes. Pero cualquier mecanismo que sirva para reequilibrar la balanza, que ponga precio a las consecuencias negativas del desarrollo, debe ser lo suficientemente preciso como para que sea asumido por quien más se beneficia de la situación actual y dispone de una mayor capacidad de pago. Si no, se podría dar la paradoja de que terminen por asumir el nuevo coste con sus bolsillos quienes ya estaban pagando el antiguo con su calidad de vida.
El presente texto ofrece una reflexión sobre los resultados de la aplicación de la política económica en Cuba entre el 2011 y la actualidad. Completa un estudio sobre lo logrado y lo que no se ha resuelto, con la estrategia económica prevista en los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en el 2011.
En la implementación de esa estrategia, los factores externos incidieron -con mucha más fuerza que lo previsto- en el desempeño económico del país, a lo que se sumaron las dificultades internas y los errores en la implementación de la política trazada. Es claro que no se trata de descargar la culpa las dificultades a factores externos, ajenos al control interno; pero tampoco es posible obviar cómo -a pesar de los esfuerzos realizados-, la coyuntura internacional que el país ha debido enfrentar, desde el propio año 2016, no ha permitido avanzar con ritmos de crecimiento suficientes para alcanzar los objetivos previstos en 2016 y 2017.
En el 2016 se informó que se cumplió el 21% de los lineamientos previstos, quedando un 77% de ellos en proceso y un 2% en los que no se pudo iniciar el avance. En rigor, no había otras alternativas para alcanzar un crecimiento económico sostenible a corto plazo, que resultaran mejores en comparación con las propuestas previstas. Cabe recordar que se fijó en el 2011 que la economía debía crecer un 4,4% promedio anual hasta el 2016, tasa solamente alcanzada o superada bajo condiciones excepcionales.
En el ámbito de la política industrial y las implicaciones en la Organización Mundial del Comercio, este documento marca las tendencias en las economías de alto ingreso en el período posterior a 1945. Se identifican tres fases distintas, la primera abarca el periodo de reconstrucción de la posguerra y se extiende hasta el final de la década de 1970. Aquí, una serie de gobiernos adoptó importantes iniciativas de financiación para apoyar actividades nuevas y dinámicas, con el objetivo de ponerse al día con Estados Unidos en términos de niveles de productividad y facilitar el ajuste de los sectores en declive.
La segunda comienza desde la década de 1980, hasta mediados de los años 2000. Dentro de esta etapa, la versión más intervencionista de política industrial fue abandonada a favor de la privatización, liberalización de mercado y la competencia. El apoyo a las empresas fue mantenido en gran parte sobre una base horizontal, con énfasis en incentivos para investigación y desarrollo, formación, y la apertura de mercados a la competencia extranjera. En los últimos diez años todo ha cambiado, ahora el modelo de las economías con alto ingreso y que se encuentran en la frontera tecnológica, se basa en la premisa de que el crecimiento debe ser impulsado por la innovación ya que proporciona la raíz para la competitividad a largo plazo. La política se sostiene en una mezcla de medidas horizontales relativas al entorno empresarial, la provisión de infraestructura, apoyo para el desarrollo de clusters, la formación y mejora de la intermediación financiera, combinadas con acciones específicas de apoyo a la innovación, incluyendo los fondos estatales para la investigación y el crédito a la inversión innovadora de alto riesgo.
“En una sociedad tan intensamente industrializada,
la gente está condicionada para obtener las cosas más que para hacerlas;
se le entrena para valorar lo que puede comprarse más que lo que ella misma puede crear.
Quiere ser enseñada, transportada, tratada o guiada
en lugar de aprender, moverse, curar y hallar su propio camino.
Se asignan funciones personales a las instituciones impersonales.”
Ivan Illich
Sin negar cuán importantes son los veloces avances tecnológicos -tanto los de las últimas décadas como aquellos por venir- cabe notar que éstos no siempre benefician a toda la Humanidad. Por ejemplo, hay segmentos enormes de la población mundial que no acceden por igual a la informática. Aún hoy, en pleno siglo XXI, cientos de millones de personas no han tenido contacto con Internet (de hecho, a enero de 2018 se estima que 3.572 millones de personas no tienen acceso a la red). Y muchos que, si lo tienen, son verdaderos analfabetos tecnológicos: están presos de una tecnología que no conocen, ni pueden usar a plenitud, al tiempo que devienen cada vez más en adictos sumisos, pasivos y dominados de estas nuevas tecnologías.
Además, tanto avance tecnológico no es indispensable para resolver los graves problemas sociales que afectan a la Humanidad, por ejemplo, el hambre. Producimos alimentos en el planeta que cubrirían las necesidades de 10 u 11 mil millones de personas, más que suficiente para los actuales 7,5 mil millones de humanos; pero diariamente se van a su casa con hambre entre 800 millones y mil millones de personas. De hecho, las soluciones frente a la urgencia de asegurar los mínimos nutricionales para todos los habitantes del planeta, “no son respuestas de más tecnología alimentaria, ni de más productividad”, apunta con claridad el catalán Gustavo Duch. Basta ver que, cada año, alrededor de un tercio de todos los alimentos producidos en el mundo se desperdician. Más allá de distribuir con mayor equidad los alimentos y de producirlos según la demanda alimenticia humana -y no la especulación o el hambre del automóvil-, urge hacer realidad la soberanía alimentaria que implica el control por parte del campesinado de su agricultura y de toda su alimentación, es decir todo manejado desde los pueblos, no desde las corporaciones.
Así, afloran varias preguntas: ¿Es socialmente neutra la tecnología? ¿Puede el incesante progreso tecnológico resolver los enormes problemas sociales existentes? ¿Cuáles son los límites de las tecnologías? Tales dudas no implican un conservadurismo ante el progreso tecnológico, sino una crítica sobre su sentido. Guste o no, la tecnología moderna está cada vez más subsumida a la auto-valorización del capital, volviéndose nociva en muchos aspectos. Es más, el avance tecnológico tiende a acelerarse en aquellas actividades que benefician a la acumulación (un ejemplo cruel es el avance tecnológico militar), mientras que en otras el avance es lento y hasta llega al estancamiento, o peor aún a la marginación: un ejemplo es el encarcelamiento tecnológico del mercado de las patentes (cuya supuesto “incentivo a la innovación” es más que cuestionable), como sucede con muchas medicinas que podrían paliar problemas de salud en el mundo.
Por tanto, la tecnología -el instrumento o la fuerza que permite hacer algo, diferente pero complementaria de la técnica: conocimiento o habilidad de usar la tecnología- no es socialmente neutra. Con frecuencia se desarrollan nuevas tecnologías según las demandas de acumulación capitalista. No olvidemos que toda tecnología tiene inscrita una “forma social”, es decir, una forma de relacionamiento entre unos y otros y de construirnos a nosotros mismos; basta mirar la sociedad que “produce” el automóvil y el tipo de energía que demanda: individualismo y consumo de combustibles fósiles vienen en gran medida de la mano...
¿Cuál forma social está implícita en los avances tecnológicos -presuntamente democratizadores- a los que deberíamos enrolarnos todos?
Por ejemplo, en la cotidianidad muchos “avances” tecnológicos sustituyen a la fuerza de trabajo -sea física o intelectual- volviendo caducos a varios trabajadores, así como excluyendo o desplazando a quienes no pueden acceder a la tecnología; todo esto redefine al trabajo mismo, normalmente contribuyendo a su flexibilización, casi siempre sinónimo de más explotación. Lo humano termina siendo mera herramienta para la máquina, cuando la relación debería ser inversa (aunque siempre dentro de determinados límites pues, como señaló Polanyi, sabemos mucho más de lo que podemos explicar y quizá ese conocimiento es el que nos distingue de las máquinas, idea similar que se recoge en la llamada “paradoja de Moravec”). Desde esa perspectiva, para que exista otra técnica, que incluya a las personas al trabajo en vez de excluirlas, es necesario transformar las condiciones y relaciones sociales de producción. El objetivo es que la técnica potencia a las fuerzas humanas, no que las reemplace.
Más grave aún es ver cómo los avances tecnológicos recientes han devenido en “una herramienta capaz de controlar multitudes con la misma eficacia que el control individualizado. Las tecnologías que se han desarrollado en los últimos años, muy en particular la inteligencia artificial, van en esa dirección… se desarrollan prioritariamente aquellas que son más adecuadas para el control de grandes masas,” explica Raúl Zibechi. Un ejemplo es el monitoreo absoluto chino: el sistema de vigilancia del país más poblado del mundo llegó a la identificación facial -logro de ciencia-ficción- en donde ya han instalado 176 millones de cámaras de vigilancia, y hasta el 2020 esperan haber colocado otras 200 millones.
Nadie puede dudar que vivimos en una época de dominación tecnológica, que como anota el mismo Zibechi: “es parte de la brutal concentración de poder y riqueza en los estados, que son controlados por el 1 por ciento más rico”.
Las redes sociales, que parecían liberalizadoras, incluso democratizadoras (recordar la primavera árabe), son cuestionadas. George Soros, el gran especulador global, en el reciente Foro del 1% más rico, en Davos -leído en Diario El País de España-, afirmó que mientras petroleras y mineras explotan el medioambiente, las redes sociales explotan el ambiente: influyen en cómo la gente piensa y actúa, implicando un riesgo para la democracia (volviéndose hasta un problema de salud pública). Facebook, propietaria de Instagram y Whatsapp, registra a más de 2.130 millones de personas como parte de su comunidad; 332 millones en Twitter. El 67% de adultos norteamericanos declaran informarse vía redes sociales. Estas redes sociales no necesariamente crean la información, pero si la priorizan según las necesidades de los negocios involucrados, es decir de la acumulación de sus capitales.
Esta afirmación obviamente repercute en la economía global, pues las redes sociales y sus desarrollos tecnológicos son monopolizados por pocas grandes transnacionales, que combinan el control de la información con la especulación financiera, en un ejercicio de acumulación global inaudito.
El mundo que anticipó Orwell, gracias a grandes avances tecnológicos, comienza a ser una realidad cotidiana en China, Rusia, EEUU, Australia… En los EEUU se discute sobre la influencia que pudieron tener internautas rusos en las elecciones en las que salió como vencedor Donald Trump: habría alcanzado a 150 mil ciudadanos norteamericanos, una cifra que supera la de 126 millones de votantes, en un resultado donde cien mil votos fueron decisivos. En Alemania también se han denunciado acciones desde grupos de la derecha extrema para beneficiar al partido Alternativa para Alemania (AfD) en las pasadas elecciones del Parlamento Alemán. Incluso en países más pequeños y pobres, como Ecuador en donde durante el gobierno del caudillo del siglo XXI (Rafael Correa) se instauró un sistema de control policial -que rebasó el ámbito criminal- para perseguir a movimientos sociales y a opositores del régimen. Y todo indica que esta potencial amenaza a la democracia recién empieza…
No es menos angustioso el impacto que están produciendo las tecnologías de la comunicación en la niñez y la juventud. El 48% de los jóvenes que pasan más de cinco horas al día conectados al móvil ha sufrido depresión, aislamiento o tendencias suicidas, resultado de “un modelo empresarial basado en engatusar a los niños desde pequeños”, como anotó en los Estados Unidos un senador demócrata. Semejante situación se combina con la violencia exacerbada facilitada por el avance tecnológico, por ejemplo, en el empleo de armas sofisticadas en tiroteos masivos (que mes a mes causan cientos de muertes en EEUU).
Conocer tal realidad implica revitalizar la discusión política, ofuscada por la fe tecnológica. Al endiosar a la tecnología se tiende a abandonar los aspectos sociales cruciales para mejorar la vida humana. Por ejemplo, creer que los problemas ambientales globales se resolverán con mejora tecnológica es un error muy caro; se ha demostrado que las normas y regulaciones (aún insuficientes) han sido más efectivas que los avances tecnológicos y mucho más que las simplonas salidas de mercado (camufladas como “economía verde”). Aplaudidos logros, al contrario, pueden ser perversos: un ejemplo son los automóviles eléctricos que, si bien reducen el consumo de combustibles fósiles por unidad de transporte, demandan más y más minerales de todo tipo (desangrando aún más a continentes altamente explotados como África o América Latina), ocasionando hasta un aumento del número de vehículos demandados: “efecto rebote”.
Un reto clave recae en ver cómo se controlan conocimientos y tecnologías. En realidad, muchas nuevas tecnología provocan renovadas formas de desigualdad y de explotación, así como de enajenación, dominación y de hegemonía: la dominación tecnológica se vuelve “normal”, es aceptada voluntariamente y hasta deviene en deseable para los dominados (por ejemplo, personas desesperadas comprando teléfonos donde voluntariamente registran hasta su información facial). Por lo tanto, se debe impedir que las máquinas dominen a las personas, como recomendaba Iván Illich, cuyo pensamiento, junto al de André Gorz, cobra creciente vigencia cada día que pasa.
Hay que valorar la capacidad de reparar las máquinas para controlarlas. Hay que aumentar la durabilidad de los bienes materiales proscribiendo cualquier obsolescencia programada. Hay que pasar progresivamente de una economía productora de bienes materiales a una de bienes inmateriales no contaminantes. Hay que revalorizar las miles de respuestas pequeñas en todas partes del planeta para asegurar la soberanía alimentaria desde abajo, desde el campesinado y desde los huertos urbanos (donde no solo importa el consumo -que puede exacerbarse con la sobreproducción tecnificada- sino también las condiciones de producción). Hay que liberarnos de la economía del crecimiento permanente y de la acumulación de bienes interminable, dinámicas que son la esencia misma de la sociedad capitalista.
En estas condiciones se construyen respuestas desde abajo, en contra corriente. Así, cual círculos concéntricos provocados por una piedra lanza en un lago, se expanden inclusive en ciudades grandes, muchos ejercicios alentadores en donde los actores sociales intercambian mutuamente conocimiento artesanal; cambian tierras baldías y levantan con autogestión nuevos espacios abiertos para todas y todos; y a través de estas prácticas amplían también sus márgenes de acción, como nos cuenta Christa Müller de la Fundación Anstiftung.
Las tecnologías, sobre todo las que ahorran fuerza de trabajo (física o mental), deberían liberar al ser humano del trabajo orientado a acumular capital, permitiendo instaurar jornadas laborales menos extenuantes, tal como se consigue en varios países industrializados: en Alemania los trabajadores acaban de conseguir que se pueda establecer una semana de 28 horas de trabajo, para amplia el tiempo en familia. Y eso puede lograrse, por ejemplo, también liberando el conocimiento científico e impulsando un diálogo respetuoso con los saberes ancestrales, mientras las estructuras de producción y consumo se transforman para construir sociedades donde la explotación a la Humanidad y a la Naturaleza sea inviable.
Afrontamos complejidades múltiples inexplicables desde la monocausalidad. Y menos aún con simples respuestas escapistas. Precisamos respuestas múltiples, diversas, pequeñas y grandes (si fuera posible). Sin desestimar las acciones gubernamentales y la construcción de alternativas estratégicas de largo plazo, estando el control sobre los cuerpos en la mira del poder -como plantea Zibechi- esos cuerpos son y serán los campos de batalla. La lucha, una vez más, será desde abajo, multiplicando rebeldías, resistencias y desobediencias ciudadanas tanto frente a los grandes como a los pequeños y cotidianos usos tecnológicos que terminan construyendo hegemonía.
Urge identificar y -de ser posible- transformar las herramientas de dominación, como las redes sociales, en instrumentos de comunicación y organización liberadora. Esta acción que, en ningún momento debe restringir la libertad de expresión e información, debe estar guiada por las luchas de aquellos grupos históricamente oprimidos -desde enfoques feministas hasta indígenas, incorporando las visiones ecologistas y socialistas-, así como de propuestas comunitarias de quienes viven -o al menos imaginan- un mundo de libertades plenas, viable en la medida que confluyan la justicia social y la justicia ecológica. En definitiva, necesitamos un ejercicio de contra-hegemonía tecnológica.
El cambio global de la matriz energética tomó fuerza en la década del 2010 gracias a los avances tecnológicos para la generación eléctrica con energías renovables; los acuerdos internacionales a favor del medio ambiente y; el cambio climático. La innovación tecnológica, liderada por China, busca mitigar la emisión de gases de efecto invernadero al sustituir el uso de energías fósiles en las centrales eléctricas por biomasa, hidroenergía y energía nuclear, solar y eólica. Los países de América Latina están en el proceso del cambio de matriz energética mundial y ha tenido diversos avances.
Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 paralizó al mundo y la economía. Latinoamérica no fue la excepción y parece que esto pudo frenar a las energías renovables. ¿Qué pasó con el cambio de la matriz energética latinoamericana?
En la región, varios países tienen políticas públicas para el cuidado del medio ambiente y el fomento de las energías renovables. Resaltan los planes para adoptar un transporte publico renovable, la entrega de licitaciones para proyectos de energías limpias y la reducción de impuestos sobre proyectos energéticos que se presentan en casi todos los países.
Se hace hincapié sobre Argentina y Uruguay que son los países que han tomado más acciones para la transición energética. El primero tiene una matriz energética basada en carbón y energías fósiles, pero con inversiones activas en parques solares y autos eléctricos. El segundo, tiene una de las matrices más limpias de la región por su gran utilización de hidroeléctricas y parques eólicos. Por otro lado, sobresale que Brasil, Bolivia, Colombia y México tengan tantos incentivos fiscales para el cambio de matriz energética cuando gran parte de sus ingresos fiscales y exportaciones dependen del petróleo y el gas natural.
Con un marco de acción por parte de los gobiernos latinoamericanos, el panorama de las energías renovables para 2022 es alentador. En el transporte parece que sí se mantuvo el impulso, pero en la generación eléctrica es un poco más complicado en algunos países.
La estrategia para la electromovilidad es una prioridad en América Latina, según Naciones Unidas. Se argumenta que el transporte eléctrico público masivo será una industria clave para la recuperación de la crisis, especialmente para México y Brasil que ensamblan vehículos de manera importante. A principios del 2021, en Latinoamérica hay 1 230 autobuses eléctricos en circulación. Chile es el país con más vehículos en movimiento: 452. Le sigue Brasil con 250 y México con 238. En su mayoría éstos son importados de China, lo que podría cambiar en el futuro, dado que hay tres fábricas de la empresa china BYD para el ensamblaje de autobuses eléctricos y la fabricación de baterías de litio en Brasil, Argentina y Colombia. Se comenzaron a ensamblar en Sao Paulo los primeros autobuses eléctricos en marzo 2021 y ya están en circulación. Igualmente, hay una empresa brasileña, Marcopolo, que, en conjunto con BYD, instalaron una fábrica de autobuses eléctricos en Colombia.
Se han instalado parques solares y eólicos y renovado centrales hidroeléctricas para la generación eléctrica. Las fuentes de energía para la electricidad son importantes para ver los avances de la transición energética. La electricidad es la fuente energética mas demandada por las sociedades modernas.
El país con la generación eléctrica más limpia de la región es Uruguay. Desde 2012 se empezó a reducir el uso de energías fósiles para la electricidad y se sustituyó por energía eólica. Actualmente, el 40% de la energía eléctrica es generada por ésta. Del lado contrario, están México, Bolivia y Argentina que utilizan gas natural, carbón y petróleo. En México se utilizan los combustibles fósiles como principal fuente energética, no obstante, comienzan a promoverse los parques solares y eólicos. La energía solar se triplicó en tres años por la instalación de parques solares de inversión europea con tecnología china. En Argentina hay un mayor uso de la energía nuclear, eólica y solar, pero no se sustituye al carbón y sí a la hidroenergía. Se debe replantear la estrategia si no se quiere perder los avances de las renovables dentro del país.
En Colombia es preocupante que el uso de las centrales hidroeléctricas es el mayor, pero con tendencia descendente, con un uso creciente del carbón. En cambio, en el Perú hay más hidroeléctricas por las grandes inversiones chinas a partir de 2016. Debe señalarse que el nuevo gobierno del Presidente Castillo declaró que explotará más gas natural.
La transición energética en América Latina está en marcha. Los incentivos de los gobiernos y la continuidad de las inversiones y los prestamos chinos serán clave para el desarrollo de ésta. En general, parece que el proceso no ha parado a pesar de la pandemia. Sin embargo, habrá que seguir los casos de Colombia, Perú, Argentina y México, en los que se ha visto más difícil el proceso. Se buscará que esta transición amortigüe la caída de la crisis, pero sin planes de reactivación bien estructurados no será posible.
In 1953 the Western Allied powers implemented a radical debt-relief plan that would, in due course, eliminate half of West Germany’s external debt and create a series of favourable debt repayment conditions. The London Debt Agreement (LDA) correlated with West Germany experiencing the highest rate of economic growth recorded in Europe in the 1950s and 1960s. In this paper we examine the economic consequences of this historical episode.
We use new data compiled from the monthly reports of the Deutsche Bundesbank from 1948 to the 1960s. These reports not only provide detailed statistics of the German finances, but also a narrative on the evolution of the German economy on a monthly basis. These sources also contain special issues on the LDA, highlighting contemporaries’ interest in the state of German public finances and public opinion on the debt negotiation.
We find evidence that debt relief in the LDA spurred economic growth in three main ways: creating fiscal space for public investment; lowering costs of borrowing; and stabilising inflation. Using difference-in-differences regression models comparing pre- and post-LDA years, we find that the LDA was associated with a substantial rise in real per capita social expenditure, in health, education, housing, and economic development, this rise being significantly over and above changes in other types of spending that include military expenditure. We further observe that benchmark yields on long-term debt, an indication of default risk, dropped substantially in West Germany when LDA negotiations began in 1951 and then stabilised at historically low rates after the LDA was ratified.
The LDA coincided with new foreign borrowing and investment, which in turn helped promote economic growth. Finally, the German currency, the deutschmark, introduced in 1948, had been highly volatile until 1953, after which time we find it largely stabilised.
La crisis económica, el desplome de precios del petróleo y el cambio de matriz energética plantean un peligro para la industria petrolera. La baja rentabilidad presiona a las grandes petroleras para cambiar de giro en la producción de energía, y el costo ambiental del sector es gigantesco. Según Climate Action 100+, 40 empresas de petróleo emitieron 8.8 gigatoneladas de CO2 para 2018. Esto es 2.44 y 3.1 veces más que lo emitido por 23 empresas mineras y 32 de generación eléctrica. De acuerdo con International Energy Agency, la inversión en exploración, perforación y extracción de las grandes petroleras occidentales, a excepción de ExxonMobil y British Petroleum, disminuyó de 2018 a 2019 en 0.3%.
Las grandes petroleras globales voltean a ver la energía limpia como alternativa de negocio. La petrolera con más ingresos en el mundo, Sinopec Group (China), ha impulsado la energía geotérmica como una alternativa desde 2015 . La empresa planteó que para 2020 habría 500 gigavatios (GW) de capacidad instalada. China National Petroleum Corporation también está interesada en otro tipo de energías como la geotérmica y el etanol. De este último, tiene la capacidad de producir 500 mil toneladas anuales.
Mientras tanto, la anglo-neerlandesa Royal Dutch Shell, la petrolera más grande de Europa y la segunda en el mundo, mencionó que en el periodo de 2016 a 2020 se invertirían entre 4 y 6 mil millones de dólares en energía eólica, solar, biocombustibles y desarrollo tecnológico de cargadores de automóviles eléctricos y automóviles de hidrógeno. Sin embargo, para finales de 2019 únicamente llevaban 3 mil millones de dólares.
British Petroleum (BP), por su parte, está presente en energía eólica, solar, biomasa y biocombustibles. La prioridad está en la producción de biocombustibles al unirse a la agroindustrial Bunge International Limited en 2019. Se planteó que habrá 11 plantas de producción de etanol y azúcar y se generará electricidad a partir de biomasa de la caña de azúcar en Brasil. Otras inversiones de BP están dedicadas a la producción de cargadores y baterías para automóviles eléctricos: StoreDot (Israel) y FreeWire (Estados Unidos) por 20 y 5 millones de dólares respectivamente. Para 2018, BP compró la inglesa ChargerMaster por 170 millones de dólares que está en el mismo giro de las dos anteriores. -
La francesa Total desde 2015 se puso como meta a invertir 500 millones de dólares anuales en energías renovables. Se ha concentrado en las energías eólicas y solares, de las cuales resalta el parque solar en Atacama, Chile con una capacidad de 68 MW. También han invertido en biocombustibles y bioplásticos. La inversión reportada por la empresa dedicada a energías fuera del petróleo es por un poco más de 7 mil millones de dólares para 2019.
La estadounidense ExxonMobil no tiene la misma tendencia que las demás petroleras. Todo lo contrario, la empresa fue juzgada en 2015 por no presentar la información completa del daño ambiental provocado por sus actividades, lo que ocasionó una pérdida de 1.6 mil millones de dólares a los inversionistas. En diciembre del 2019, con testimonios de Rex Tillerson, ex director general de ExxonMobil y ex Secretario de Estado de EEUU, la corte de Nueva York falló a favor de la petrolera.
En Latinoamérica la situación es contrastante a EEUU. Por una parte, la empresa brasileña Petrobras, en diciembre de 2018, publicó un plan de 417 millones de dólares de inversión en el periodo 2019 – 2023 dedicado a la investigación y desarrollo de energías renovables. Así se explica la incursión en producción de paneles solares flexibles y transparentes en conjunto con el Centro Suizo de Tecnología y Microtecnología en febrero del 2019. Sin embargo, con el nuevo CEO, Castello Blanco, sólo 3% (147 millones de dólares) de las inversiones totales de 2019 (más de 3 mil millones de dólares) han ido dirigidas a dicho rubro. Lo demás está dirigido a actividades de producción de petróleo. Castello Blanco ha mostrado su negativa ante las energías limpias al expresar que "No somos una organización benéfica, no vamos a tirar dinero. Tenemos que dirigir operaciones rentables. Si no generamos efectivo, no podremos hacer nada para enfrentarnos al cambio climático".
En cambio, la colombiana Ecopetrol ya incursionó en la energía limpia con el parque solar de Castilla en Meta, Colombia, con una generación de 21 MW, inaugurada en octubre de 2019. Se mencionó a finales de 2019 que invertiría 200 millones de dólares en energía limpia en 2020. Se ha centrado en energía solar con dos parques solares, que espera entren en operaciones en 2022. Dichos estarán cercanos a un campo petrolero para la generación eléctrica de la planta.
Petroperú recién abrió la puerta a las energías limpias en 2020. El presidente de la petrolera mencionó que “(…) en Petroperú vamos a explorar cómo podemos migrar a otras energías y convertirnos en una empresa que explore esas oportunidades”. Otras empresas latinoamericanas, como YPF (Argentina), PEMEX (México), Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (Bolivia), no se han pronunciado al respecto.
Las empresas petroleras se ven en la necesidad de buscar nuevas formas de rentabilidad y de mantener el medio ambiente. Con esto, muchas de éstas se propusieron invertir en energías renovables. No obstante, la evidencia que los esfuerzos de la industria petrolera por entrar a las energías verdes no son suficientes. Si se compara el total de la inversión con lo invertido en energías limpias es un mínimo; por ejemplo, el porcentaje de BP y Petrobras no es mayor al 20%. Esta la tendencia es constante desde que empezaron estos esfuerzos y aún es muy superior la inversión en energías fósiles respecto a las limpias.
The change in the energy matrix represents a profound transformation in energy production and consumption, a change that is not just necessary but urgent. This transition, which was agreed upon on 4 November 2016 with the Paris Agreement, is a significant milestone in international cooperation and is based on renewable sources such as solar, wind, hydroelectric, geothermal, and biomass. The need to reduce CO2 emissions and mitigate the effects of climate change is pressing, and this article will review the progress made in changing the region's energy supply and the development of the conflict between the two powers on the issue.
On the big stage, the world's two biggest polluters are China and the United States. However, their policies appear to be radically different, and the US policy seems to be itinerant, with Republicans betting more heavily on fossils than Democrats. Still, both focused on maintaining an essentially fossil-based automotive apparatus. Thus, in 2016, the Democratic Obama administration signed up for the Paris Agreement, and shortly after that, the Trump administration withdrew it. Biden has brought it back and given a couple of import substitution laws to boost domestic manufacturing of renewable equipment, in the face of evidence that China produces 95% of the world's solar panels and most of the world's electric transport vehicles. Meanwhile, the COP conferences are in the hands of fossil energy producers, and the G7 has done little in the right direction except for Germany, Spain and the Nordic countries.
The United States generates 42% of electricity based on fossil fuels, natural gas, coal and oil. In the total energy matrix, 81.6% is fossil-based, and its use is mainly for transport. It is very similar to Mexico, with 40% of total energy going to transport.
In Argentina in 2019, the Government of Alberto Fernández issued public policies to promote renewable energy projects and supply sufficient energy at an affordable cost. Its power is generated by fossil fuels (87.5%) and the target set was to reach 20% of the electricity supply with renewable sources by 2025 as established by Law 27.191. In 2021, of the total energy used, 12.5% came from renewable energy. Natural gas accounts for 65% of Argentina's electricity generation, hydro (18%), followed by nuclear plants (8%), turbines (7%) and solar (1%). Renewable energy (including nuclear) accounts for 34% of the electricity generated in the country. Milei's presidency has questioned the progress of the transition, is a climate change denier and has cut several environmental funds. Meanwhile, lithium extraction projects generally have capital from China, the US, and the G7.
In Brazil, access to electricity is virtually universal, and renewable energies cover approximately 45% of the country's demand, according to the National Energy Efficiency Plan, which defines goals and measures to reduce energy consumption. The official Plan was drawn up by Law 21.305 on Energy Efficiency, published in 2021, and is updated every five years. At COP26 (2021), the country announced a long-term goal of achieving net zero emissions by 2050 and a plan for a 50% reduction in carbon emissions and zero illegal logging by 2030.
For its part, Chile published 2022 an update to its Long-Term Energy Policy (PELP), which emphasises a commitment to zero net emissions and establishes a decarbonisation pathway that encompasses all sectors of the national economy. Its legislation encourages investment in generation across the electricity sector. Coal consumption fell to 15 GW and is third behind hydro and renewables (solar and wind). The weight of oil fell to 2GW, leaving power generation with a non-fossil majority. According to IEA data, 62% of Chile's energy will be renewable by 2023.
Colombia launched the National Energy Plan 2020-2050 in 2016, to kick-start its energy diversification and ensure reliable supply by promoting wind, solar and geothermal across the country. It has the Energy Transition Law (2023) that expanded policy actions and fiscal benefits to improve the efficiency of low-carbon technologies, including geothermal, carbon capture and storage (CCS) and hydrogen. Colombia's national oil company, Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos), supports the transition. Electricity generation is mostly renewable, but the energy matrix is still 64% fossil-based, and its use is mostly transport.
Mexico was the first major emerging oil-producing economy to adopt climate legislation in 2012. Subsequently, at the end of 2015, the Energy Transition Law (LTE) was published, seeking to introduce renewable energy. The energy matrix is 88.6% fossil-based, the rest renewable, while electricity generation is 74.2% fossil-based, and the difference is renewable. The largest use is transport, as in the US.
Finally, the Peruvian Government created the Energy Fund for Social Inclusion (FISE) in 2012 to bring clean energy to the most vulnerable segments of the population and help reduce energy poverty in the country. Peru does not belong to the IEA, so there is no homogeneous data to previous ones. In Peru, energy is primarily renewable (hydroelectric) and there is no transport transformation policy.
As can be seen in Graph 1, on average, countries in the region use 40% oil to generate energy, followed by bioenergy 22%, natural gas 21%, and renewables 17%, and the latter two have been increasing. The problem is that there is oil from the US to Bolivia to a greater or lesser extent, and it is fiscally costly to make the transition. In the United States, an additional problem is the weight of oil interests. In sum, renewable energy represents a smaller percentage than fossil fuels with no change in sight, except in Chile, Costa Rica, and Uruguay, countries without oil. In 2020, Costa Rica generated 99.8% of its energy from renewable sources, according to data from the Costa Rican Electricity Institute (ICE); by 2023, it was 95%, where 67% came from hydroelectric plants, which have been affected by climate change. On the other hand, in Uruguay in 2022, according to data provided by the Ministry of Industry, Energy and Mining (MIEM) through the National Energy Directorate (DNE), in the National Energy Balance (BEN), the participation of renewable energy sources reached 56% of the total supply matrix and 91% in the electricity generation matrix.
There are some novel variants on the transport consumption side, which is the most significant in the region. There is the hybrid use of fossil fuels with ethanol in transport. Brazil, which invented it in 1975, is a world leader in biofuels with second-generation ethanol and the manufacture of hybrid cars that provide a large domestic market. In Peru, mass passenger transport and private passenger transport (taxis) are gas-gasoline hybrids due to the low price of gas. Chinese companies have started supplying the Peruvian market with vehicles with gas tanks installed for hybridisation. The availability of gas from the Camisea field has made this energy source cheaper. It is likely to spread to countries where gas is available, in the same way that ethanol has become widespread in countries where sugar cane is available, such as the United States. In October 2024, Colombia announced the most significant gas field discovery in 45 years. The Government expects to double its gas reserves, allowing it to cover its hydroelectric supply that decreased in 2024 due to droughts.
Hybrids with electricity confront the issue of the region's predominant reduction of hydropower, especially in Brazil, Peru and Colombia due to climate change. The drought makes it necessary to consider expanding renewable energy supply in these countries in the short term.
Table 1: Renewable sources of energy generation 2022 |
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Type of energy |
Mexico |
Argentina |
Brazil |
Chile |
Colombia |
Peru |
Hydro |
43% |
55% |
72% |
41% |
96% |
90% |
Wind |
25% |
32% |
14% |
18% |
0.10% |
6% |
Solar |
25% |
7% |
5% |
31% |
1% |
2% |
Bioenergy |
2% |
6% |
9% |
9% |
3% |
2% |
Geothermal |
5% |
1% |
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Source: OBELA with IRENA data. |
Finally, the matrix change is slow, with some countries becoming more advanced because they do not have oil, such as Chile. The lack of charging infrastructure for 100% electric vehicles points to the fact that the future of mass and private passenger transport will be hybrid vehicles of three mostly Chinese types.
Amid the conflict between the US and China on the energy issue, the US lags behind its North American neighbours. The commitment to fossil fuels, of which Mexico, Canada and the US are prodigal, is supported by other OPEC oil-producing countries facing the presence of Chinese capital in renewable energies, which is a source of conflict and disinformation campaigns. There is progress in changing the matrix, but more marked in South America than in North America, and more in countries without oil than in those with it. China's presence in energy investments will likely accelerate these changes wherever they are allowed.
Tariffs in 2024 on Chinese-made electric vehicles from 100% in Canada and the US and the elimination of Mexico's tariff exemption and solar panels from 25% to 50% in the US ensure that there will be no major change. The two North American neighbours will have to navigate the pitfalls of making their own policies outside those of the region's largest country.
The summer of 2024 in the northern hemisphere shattered all-time temperature records in numerous regions, marking it as the hottest on record. This unprecedented event, extensively documented by various agencies and sources, is a clear consequence of climate change driven by human activities. In this article, we will delve into the implications of these extreme temperatures in exacerbating meteorological phenomena and their far-reaching consequences in Latin America.
August 2024 saw an average temperature record of 16.82°C, 0.71°C warmer than the average from 1991 to 2020. According to the Copernicus Climate Change Service that month was 1.51°C warmer than pre-industrial temperature levels and is part of a string of 14 consecutive months in which the global temperature exceeded pre-industrial levels by 1.5°C.
While temporary exceedances of the 1.5-degree warming threshold may not immediately signal danger, it's crucial to recognize these short-term spikes as a critical warning. If significant emission reductions are not implemented, these higher averages could become more frequent and prominent over the next decade, posing a serious threat.
The 12-month period from September 2023 to August 2024 is the warmest on record, with a temperature of 0.76 °C above the 1991-2020 average and 1.64 °C above pre-industrial levels. So far in year 24, temperatures are the highest for that period, and it would take a dramatic drop of 0.30 °C in the coming months for 2024 not to overtake 2023 as the warmest year on record, something that has never happened before.
Prolonged dry spells, a direct result of high temperatures, have led to a severe drought. According to the World Meteorological Organization's State of the Climate in Latin America and The Caribbean report, almost all of Mexico, central Chile, the western and eastern Amazon, the central and southern Andes, as well as much of Central America, central Venezuela and the Guianas, were affected. This is a cause for serious concern as most nations have been affected by water shortages.
According to the United Nations Convention to Combat Desertification, the frequency and duration of drought periods have surged by 29 % since 2000. If this alarming trend persists, it could potentially impact over three-quarters of the world's population by 2050. This underscores the urgent need for immediate and effective climate action to avert such a crisis.
According to figures from Ocote, more than 379 million hectares in Latin America, an area more than three times the size of Colombia, are degraded, so these lands can no longer support crops or their natural ecosystems. In addition, 36% of Latin American territory comprises arid ecosystems, characterised by lower biodiversity and more challenging conditions for human life.
Between 2013 and 2023, the Amazon region will lose nearly one million hectares of freshwater, according to a study by Mapbiomas Agua and Red Amazónica de Información Socioambiental (RAISG). This decline, largely attributed to climate change and human activities such as deforestation and land use, affects ecosystems and local communities that depend on water resources. Colombia was the most affected country, followed by Bolivia and Peru. Andean glaciers have also shrunk drastically, worsening the water situation in the region.
An intense drought in the Brazilian Amazon and Pantanal has caused the Paraguay River to reach its lowest levels in more than 100 years at Asunción. This severe drought has significantly affected transport on this vital river route, posing a challenge to trade in a country with no direct access to the sea. The last time the river reached such low levels was in 2021 when it dropped to its lowest point on record at 0.75 metres below the "zero index".
The consequence is the difficulty of river transport, which presents itself as a situation analogous to the Panama Canal. Paraguay is a landlocked country with the third largest river fleet in the world. The river of the same name is the route responsible for moving almost 80 per cent of Paraguay's foreign trade, connecting it to neighbouring countries and the Atlantic Ocean. The choking has forced a reduction in the amount of goods carried by ships.
On the southern stretch of the river, heading towards Argentina, convoys carry 70 per cent of their usual cargo. Heading north, where the currents come from Brazil and Bolivia, the vessels carry less than 50 per cent of the cargo. According to Raul Valdez, president of the Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay (CAFYM), the transport of minerals from Mato Grosso del Sur in Brazil is practically interrupted. The goods transported on the Paraguay River will fall by 29 percentage points compared to 2023. This situation is similar to that experienced by the Panama Canal during the year 2023, which caused price increases due to the difficulty of transport, so that it might have similar consequences.
The Paraná River, which feeds several hydroelectric plants, also faces problems due to the lack of rainfall. Specifically, the Itaipú dam, located between the border of Paraguay and Brazil (which generates energy for both countries), has presented a reduction of 18.4%in its generation during the first half of 2024 due to the water crisis. China experienced a similar problem in 2022 when the lowering of the YangtzeRiver led to power outages in several cities in southwest China.
Brazil, meanwhile, is experiencing its worst drought since national measurements began more than 70 years ago. The situation affects 59 per cent of the country's territory or roughly half the size of the United States. Major rivers in the Amazon basin have deficient levels, while wildfires have ravaged protected areas.
South America has reported thousands of fires in 2024, and many are still active, from Brazil's Amazon rainforest to Bolivia's dry forests. This situation has caused the region to reach a record number of fires in one year, with a total of 346,112.
The forest fires experienced in Brazil are the most intense in the last fifteen years. According to the Brazilian National Space Research Institute's Burn Programme, during the second week of September 2024, Brazil accounted for almost 76% of the areas affected by fire in the entire South American region. Climate change has boosted fires from agricultural activity, doubling the number of fire outbreaks compared to those recorded in 2023 during the same period in early September.
For their part, Bolivian authorities have declared a national emergency due to the flames that have consumed 3.8 million hectares since July 2024. Of the burned area, 40 per cent is forest, and the remaining 60 per cent is grassland. So far, the fires have caused severe damage to six of the 11 ecological corridors recognised as Ramsar sites, which are critical areas for the conservation of biodiversity globally, according to Tierra Foundation.
In Peru, the fires that started in July 2024 have devastated ten thousand hectares of forest and archaeological heritage. Some 1,495 hectares of crops were lost, 1,264 were damaged, and 2,257 hectares of natural cover were destroyed. Between 14 and 15 September alone, 91 forest fires were recorded nationwide, according to the Peruvian National Forestry and Wildlife Service (SERFOR). In Paraguay, the National Forestry Institute (INFONA) reports that between 1 and 12 September 2024, more than 318,000 hectares have been affected throughout the national territory.
The disasters mentioned have caused a severe atmospheric situation not only for the areas affected by the fires but also for a significant extension of territory within South America. Heavy smoke and a dense smoke layer were reported in several cities, affecting visibility and air quality.
Data from IQAir, a Swiss air technology company, estimated that during the first days of September 2024, the Brazilian city of Sao Paulo breathed the second most polluted air in the world due to smoke from forest fires. Days later, smoke covered several provinces in Argentina with smoke from eastern and northern Amazonian Bolivia . In Uruguay, the health authorities advised people with chronic respiratory or cardiovascular diseases, allergies, or other risky conditions to reduce their exposure to smoke from the fires in neighbouring countries.
The loss of biodiversity, crops and commercial crops can be accounted for shortly, but as can be seen, the outlook could be more encouraging. The high temperatures recorded so far this year are a sign of climate change generated by human activity, which, together with lax or non-existent environmental protection policies, have created the perfect environment for forest fires to advance. The need for climate action is urgent, not only for the region but for the entire planet.
The global change in the energy matrix gained momentum in the 2010s thanks to technological advances in electricity generation with renewable energies; international agreements favour the environment and climate change. Technological innovation, led by China, seeks to mitigate greenhouse gas emissions by replacing fossil fuels in power plants with biomass, hydropower and nuclear, solar and wind energy. Latin American countries are in the process of changing the global energy matrix and have made several advances.
However, the COVID-19 pandemic paralysed the world and the economy. Latin America was no exception, and it seems that this may have put the brakes on renewable energies. What happened to the change in the Latin American energy matrix?
In the region, several countries have public policies for the care of the environment and promoting renewable energies. Almost all countries highlight plans to adopt renewable public transport, issuing tenders for clean energy projects, and reduce taxes on energy projects.
Argentina and Uruguay are the countries that have taken the most action for the energy transition. The former has an energy matrix based on coal and fossil fuels but active investments in solar parks and electric cars. Uruguay has one of the cleanest energy matrixes in the region due to its extensive use of hydroelectric and wind farms. On the other hand, it is remarkable that Brazil, Bolivia, Colombia and Mexico have so many fiscal incentives to change their energy matrix when a large part of their budgetary revenues and exports depend on oil and natural gas.
With a framework for action by Latin American governments, the outlook for renewables by 2022 is encouraging. In transport, momentum seems maintained, but it is a bit more complicated in some countries in electricity generation.
The strategy for electromobility is a priority in Latin America, according to the United Nations. Some argue that electric mass public transport is a crucial industry for recovery from the crisis, especially for Mexico and Brazil, which assemble vehicles significantly. At the beginning of 2021, there are 1,230 electric buses in circulation in Latin America, and Chile has the most vehicles on the move: 452. Brazil follows it with 250 and Mexico with 238. Most of these come from China, which could change in the future. There are three factories of the Chinese company BYD for the assembly of electric buses and lithium batteries in Brazil, Argentina and Colombia. The first electric buses started to be assembled in Sao Paulo in March 2021 and are already in circulation. There is also a Brazilian company, Marcopolo, which, together with BYD, has set up an electric bus factory in Colombia.
Electric generation requires new solar and wind farms and the renovation of old hydroelectric power plants. Electric energy sources are essential to see the progress of energy transition. Electricity is the most demanded energy source by modern societies.
The country with the cleanest electricity generation in the region is Uruguay. Since 2012, it has started to reduce fossil fuels for electricity and replaced them with wind energy. Currently, 40% of electricity is generated by wind power. On the other hand, Mexico, Bolivia and Argentina use natural gas, coal and oil. In Mexico, fossil fuels remain the primary energy source, while solar and wind farms are growing. Solar energy tripled in three years due to the installation of European-invested solar parks with Chinese technology. There is growing nuclear, wind, and solar power in Argentina, but coal remains essential. The Argentine Government must rethink the strategy if the progress of renewables in the country is not to be lost.
In Colombia, hydroelectric power plants are the highest in the region, but on a downward trend, with a contra factual increasing use of coal. In contrast, there are increasingly more hydropower plants in Peru due to significant Chinese investments since 2016. Nevertheless, the new government of President Castillo declared that it would exploit more natural gas.
The energy transition in Latin America is underway. Government incentives and continued Chinese investments and loans will be critical to its development. Overall, it seems that the process has not stopped despite the pandemic. However, it will be necessary to follow the cases of Colombia, Peru, Argentina and Mexico, which have seen a significant increase in their energy consumption.
The energy transition in Latin America is underway. Government incentives and continued Chinese investments and loans will be critical to its development. Overall, it seems that the process has not stopped despite the pandemic. However, the cases of Colombia, Peru, Argentina and Mexico, where the process has been more challenging, will need to be monitored. Governments will seek the energy transition to cushion the fallout from the crisis, but this will not be possible without well-structured recovery plans.
Presentamos aquí un primer aporte en una serie de artículos que publicaremos sobre bienes comunes, extractivismo capitalista y dependencia en el Sur Global, con especial foco en América Latina.
Pocos días atrás se hizo pública la discusión en torno a Bolivia y el golpe de estado contra Evo Morales. Corrieron ríos de tinta sobre el vínculo entre con el litio, el metal necesario para la revolución de las baterías de ión litio (BIL) recargables, teléfonos inteligentes, reservorios de energía fijos, herramientas de trabajo, bicicletas eléctricas, equipos médicos y vehículos eléctricos (EV) entre otros. Se habló y se denunció entonces que existen intereses ocultos y se señalaron actores. El detonante vino a través de Twitter: el propio Elon Musk, Jefe Ejecutivo de Tesla, se auto-vinculó con aquella tradición histórica del imperialismo del siglo XX y XXI, la del golpismo y el injerencismo en América Latina.“Derrocaremos a quienes queramos derrocar” sostuvo en tono arrogante. A los pocos días el tweet fue borrado aclarando que Tesla obtiene el derivado de litio de los yacimientos de Australia.
La base de ese debate consiste en sostener que el litio es un metal estratégico, que significa grandes ingresos para los países que cuenten con el recurso, un gran negocio para las mineras o buenas rentas para el estado soberano, en tanto regalías o intervención en procesos productivos creadores de valor e incorporación de tecnología. Al respecto, Bolivia venía transitando una política estratégica desde 2008, la que se ve truncada con el golpe y la dictadura de Añez. Se venía avanzando en investigación y desarrollo de plantas de producción de carbonato de litio a manos del estado, con desarrollo y fabricación de materiales catódicos y BIL que ya se estaban usando en la red de consumo local (comunidades campesinas) y se proyectaba la exportación para la industria automotriz, comenzando por Europa. Bolivia además cuenta con los yacimientos más grandes del mundo. Es así que capitales, empresas y países centrales interesados en ese metal habrían estado vinculados de alguna forma en el derrocamiento de Morales para tomar control del litio o como forma de evitar el despegue soberano de una nueva potencia, lo que a su vez redundaría en los países de la región y permitiría un rebalanceo de China que pasaría a controlar aún más el litio a escala mundial. Sería también un momento de la guerra comercial entre EEUU y China.
Este metal, convertido en carbonato o hidróxido de litio es esencial para las BIL. Por el momento es irremplazable y es materia prima abundante y de fácil acceso. Se lo puede encontrar en muchos países. Seguramente se desarrollarán baterías donde el lítio no será tan importante. Pero de una u otra manera el litio está en el corazón de la reconversión energética global -un enorme negocio que no parará de crecer-catalizado a través de la industria automotriz. ¿Cómo es ese sistema, ese lugar donde gana su importancia el litio? ¿Qué hay de la reconversión energética, los vehículos, la conservación de las energías renovables y las nuevas baterías? ¿Quiénes son los actores de ese proceso?¿Cuál es el rol de los países de América Latina, especialmente Argentina, Bolivia y Chile, en cuyos depósitos de sales se encuentra más del 80% del litio de todo el mundo? El tweet de Musk nos ofrece un punto de partida, un evento que alinea la mirada y echa luz sobre la situación del subcontiente, donde a la hora de hablar de extractivismo todavía emerge la persistencia de relaciones de dependencia respecto de las metrópolis, esta vez, en el marco de la crisis del capitalismo global, particularmente en medio de la crisis ambiental y de bienes comunes. Intentaremos aquí dejar planteados algunos elementos para avanzar en el debate que ya está lanzado.
La geopolítica del lito
En esta oportunidad comenzaremos por recuperar y aportar elementos para lo que algunos autores sugieren debe abordarse como “geopolitica del litio” (Fornillo, 2017). El litio es un metal clave para reemplazar el motor de combustión interna por la propulsión eléctrica. Es materia prima central para los acumuladores de energía que alimentan dispositivos eléctricos cotidianos, que están en todos lados, que todos usamos todo el tiempo. Es una nueva tecnología que abre las posibilidades para que la energía renovable, que está en franco avance, pueda ser acumulada. Más de la mitad del litio que se produce en el mundo es destinado a las baterías, 23% es usado en vidrios y cerámicas, 6% es empleado en lubricantes. También puede usarse en la industria aéreo-espacial, del aluminio, sistemas de aire acondicionado, farmacéutica.
Los papers académicos que hablan sobre el litio en EEUU, Europa, China y otros países de Asia crecen exponencialmente desde 2010. El Nobel de Química 2019 fue para los creadores de las BIL. El consumo global de carbonato de litio de 2019, del cual podrá salir luego de un proceso el hidróxido de litio, se estima en 307.000 toneladas. Se espera que la demanda para 2025 sea de 800.000 toneladas. (1)
EV: vehículos eléctricos
Los EV y las energías renovables emergen como fuerza de vanguardia en la reconversión energética picando en punta para reemplazar los motores de combustión. En 2019 fueron vendidos 2.1 millones de EV (apenas el 2,6% de ventas globales de autos) pero se espera un crecimiento sostenido e inexorable. La Agencia Internacional de Energía indica que en 2020 la flota de EV será de 5 millones y predice, en un escenario de máxima, que para 2030 las ventas llegarán a 43 millones de vehículos por año alcanzando un total de 250 millones.(2) Para 2040 cerca del 60% de todos los vehículos nuevos vendidos y un tercio de todos los autos en las calles serán eléctricos de acuerdo a un reporte de BloombergNEF. (3) Morgan Stanley proyectó que para 2050 existirán mil millones de EV en las calles de todo el mundo. (4)
Los principales fabricantes de EV actuales son Tesla (EEUU), Byd y Baid (ambos de China). Tesla, que lideró las ventas en 2019 (367.561 vehículos vendidos), se ha transformado en la empresa de automotores más valiosa del mundo, superando el valor de mercado de GM y Ford combinadas. Pero todas las automotrices están o van hacia los EV.
El tono de la reconversión energética y tecnológica parece quedar establecido por la experiencia de Tesla. Pasó de tener una sola gran fábrica en California a operar tres de las más importantes fábricas del mundo, al sumar las plantas de última generación de Nevada y Shanghai. En breve sumará dos nuevas mega instalaciones, una en Texas (Gigafactory5) donde producirán el camión con acoplado (Tesla Semi) y otra en Berlín (Gigafactory4) que inicia activades en 2021, con una inversión de $4.4 mil millones y capacidad para producir 10.000 vehículos por semana. La Gigafactory3 de Shanghai comenzó a construirse en diciembre de 2018 y un año después ya había producido 150.000 autos. Gigafactory1 (Nevada) produce baterías y trenes de potencia para sus automóviles. Su instalación costó $4.5 mil millones. El primer cuarto del 2020 Tesla produjo 103.000 vehículos eléctricos, quedando a la cabeza de las ventas en pandemia. Sus previsiones para el resto del año son muy buenas.
Las baterías de ión litio
Las BIL son el elemento más impaortante y más caro de los Evs. Pueden almacenar energía eléctrica y recargarse. A la vez, van ganando mayor eficiencia y se comenzarán a usar en hogares. Veamos algunos de los principales productores.
LG Chem (Corea del Sur) fabrica baterías para Tesla, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi y Volvo, y controla un cuarto del mercado global. Cuenta con cinco megafábricas en tres continentes. Otro gigante de las baterías es CATL (Contemporary Amperex Technology, de China) con un enorme centro de producción que está montando en ese país, y también produce para Tesla. La compañia ha informado que planea invertir $2 mil millones en investigación y produccion de baterías en Europa durante los próximos años, alcanzando la escala de producción de Gigafactory1 de Tesla en Nevada, donde se pueden fabricar baterías para 200.000 Evs al año. Finalmente para destacar, Panasonic (Japón), que trabaja en articulación con Tesla, con quien tiene un joint venture en la fábrica de Nevada, y controla aproximadamente un 20% del mercado. El 60% de las baterías que produce Panasonic van a Tesla. La demanda de BIL se multiplicaría por 10 hacia el año 2030. (5) Byd (China) también es uno de los principales productores del mundo.
Estrategia
La Comisión Europea recientemente aprobó un fondo de $3.5 mil millones para ser invertido en la cadena de suministro de baterías para EV. Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia y Suecia participan del programa en el marco de la Alianza para las Baterías Europeas, iniciativa que integra más de 400 actores desde sectores mineros, industriales hasta recicladores.
EEUU mostró su posición en diciembre de 2017 con la orden ejectuva de Trump como “Estrategia Federal para el aseguramento de fuentes confiables de minerales críticos”. El objetivo es romper la dependencia de recursos minerales con otros países, lo cual podría generar desde su mirada, vulnerabilidades económicas y militares ante acciones adversas de otros gobiernos, desastres naturales y otros eventos disruptivos que puedan romper la cadena de suministro. (6)
China controla el 60% del mercado de las baterías y la extracción de litio. Es desde 2017 el mayor productor de EV. En 2010 el gobierno consideró a los vehículos de energías alternativas como una industria emergente estratégica. Un lustro después estipuló que el desarrollo de baterías sería una de las prioridades del 13º Plan Quinquenal 2016/2020, y del programa “Hecho en China 2025”.
El interés de litio entonces crece, en tanto las BIL seguirán ganando espacio. Dispositivos electrónicos inalámbricos saturan la realidad, vehículos de todo tipo podrán ser eléctricos. Hay que tener presente también la robótica y el desarrollo de la explotación capitalista del espacio. Recientemente fuimos testigos del envío (y regreso exitoso) de la cápsula Crew Dragon transportada hasta el espacio exterior por el cohete Falcon9, diseñado y fabricado por SpaceX, propiedad del empresario de Silicon Valley, Elon Musk. Es la primera vez que una empresa privada lleva seres humanos al espacio. Una vez en la Estación Espacial Internacional, la tripulación se encargó de instalar nuevas BIL, con caminata espacial mediante. Como parte del programa Commercial Crew la NASA establece contratos con empresas estadounidenses para el transporte de personas y mercancías hasta la Estación. Se suma a la competencia Blue Origin, la empresa de aeronáutica de Jeff Bezos. En noviembre 2016 Obama firmó la “ley del espacio” para promover la exploración privada espacial. El 6 de abril 2020 Donald Trump firmó una orden ejecutiva referente a la explotación comercial de los recursos naturales de la Luna y otros cuerpos celestes. Imaginamos robots mineros en el espacio, los que necesitarán alguna fuente de energía reservada. Es decir, baterías. Las fronteras ya son desconocidas.
Disponibilidad
Las cadenas de suministro de las baterías y los EVs en general parecen estár consolidándose. Cada elemento que compone el sistema viene en desarrollo y se esperan innovaciones a todo momento. Mega fábricas de última generación se levantan en todos los continentes, enfocados en distintos mercados, integrándose a distintos niveles, compitiendo, realizando investigación, produciendo todo lo que puedan producir. En septiembre Tesla lanzará en una nueva operación mediática: el “Día de las baterías”. Se espera que Musk anuncie que en su nueva fábrica de Berlín se producirán baterías con una tecnología completamente novedosa. Seguramente las baterías se irán diversificando y mejorará su rendimiento. Incluso se aceleran y fortalecen los procesos de reciclado.
Consolidar la cadena de suministros también es tener garantizado el acceso a los metales y minerales, esto es, asegurar la disponibilidad y lograr el abaratamiento del costo de la materia prima. En el caso del cobalto Tesla por ejemplo ya tiene firmado un contrato con Glencore, que le proveerá de 6.000 toneladas extraido en RDC por año. A diferencia del cobalto (2/3 de su existencia mundial se encuentra en RDC, el litio tiene amplia existencia en el mercado, y no tiene obstáculos políticos para la extracción.
Según el reciente Informe de US Geological Survey (USGS) publicado en enero 2020 los depósitos de litio en orden descendente son: Bolivia, 21 millones de toneladas, Argentina, 17 millones; Chile, 9 millones, Australia, 6.3 millones; Alemania, 2.5 millones; Canadá y México, 1.7 millones cada uno; Checa, 1.3 millones; Mali, Rusia, Serbia, 1 millón cada uno; Zimbawe, 540.000 tn; Brasil, 400.000 tn; España 300.000 tn; Portugal 250.000 tn; Perú, 130.000 tn; Austria, Finlandia, Kasajistán, 50.000 tn cada uno; Namibia, 9.000 tn. (7) Asimismo, se continúan descubriendo yacimientos en países clave en la cadena de suministro, de proximiadad a las plantas de producción (China, Europa, EEUU) y se desarrollan nuevas técnicas que hacen viables yacimientos que antes no lo eran. Tesla espera desarrollar la explotación en el llamado Valle del Litio, a pocas millas al norte de su Gigafactory1.
El litio se extrae de dos formas: de la roca dura (Australia) o mediante la evaporación de salmueras en grandes llanuras o salares (Argentina, Chile, Bolivia). Durante 2019, Australia extrajo 42.000 tn; Chile 18.000 tn, China 7.500 y Argentina 6.400. Los principales productores son las mineras Albemarle Corp (EEUU), Jiangxi Ganfeng Lithium (China), SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) y Tianqi Lithium Corp (China) las que de conjunto controlan el 50% del mercado. También tienen mucho desarrollo en América Latina Orocobre (Australia) y Livent Corp (EEUU).
Se espera que la demanda mundial de carbonato de litio pase de 300.000 toneladas en 2019 a 1.1 millón en 2025 según los análisis de Fastmarkets. S&P Global Market Intelligence pronostica que la demanda de carbonato de litio crecerá a 536.000 toneladas al año. (8)
Algunos analistas sostienen que por el momento existe una sobreoferta, que hay litio estoqueado. Pero creen algunos también que se producirá un cuello de botella a la hora que se aceleren las exigencias y consumos, dado que el proceso de obtención del carbonato de litio a partir de las salmueras es lento. El banco de inversion Citi indicó en un reciente reporte que el precio del litio está alcanzando un límite inferior, luego de una caída de 67% desde $20.000 la tonelada (2018) a $6500 la tonelada aproximadamente. Se espera que su precio suba hasta los $9.000 la tonelada para 2030. (9)
Proveedores de materias primas
En un reciente informe del Banco Mundial (“Minerales para la acción climática: el uso intensivo de los minerales en la transición hacia la energía limpia”, mayo 2020) se indica que si el mundo quiere reducir el calentamiento global, se necesitarán más de 3 mil millones de toneladas de minerales y metales para 2050 (+ 500%) para la implementación de la energía eólica, solar y geotérmica, y para fabricar los métodos de almacenamiento, si se quiere acceder a la chance de reducir 2 grados Cº para el año 2100. (10) Justamente la Cordillera de los Andes es uno de los reservorios más importantes del mundo para muchos de esos elementos. El litio no es la excepción.
La obtención de carbonato e hidróxido de litio se desarrolla en función de las necesidades y requisitos de las productoras de baterías y las productoras de EV, junto con los intereses que los rodean. Las compañias de energías alternativas, por ejemplo solar y eólica, seguramente son parte de eso. Todos estos actores han ganado posiciones dominantes en el sistema. Determinan la asignacion de roles y ocupan el lugar de toma de decisiones. Desde su perspectiva, sea por los análisis de costos, el miedo a la inestabilidad política o la falta de sumisión de distintos gobiernos, los países que tienen litio junto a las compañias mineras deberían remitirse a la extracción del metal y a la producción de carbonato de litio, o en la mejor situación, a la producción de hidróxido de litio.
Argentina y Chile cuentan con una regulación minera que favorece el extractivismo y la instalación de proyectos que agregan poco valor. En ambos casos se concesiona la explotación de los salares a privados. Los exploradores y explotadores pagan pequeñas regalías a las provincias en que se encuentra el depósito y una tasa a los dueños de los terrenos. En el caso de Argentina, la industria del litio todavía es una actividad poco rentable en comparación con otras dentro del ramo, aún considerando que la demanda crecerá exponencialmente, tal como lo indica Fornillo. Allí las exportación de carbonato (y cloruro) de litio son relativamente pequeñas en relación a las exportaciones totales del país (0,3%) y aún dentro del sector minero (5.4%). Ambos países sin embargo insinúan que buscan transitar el camino de la industrialización. Argentina por ejemplo sigue sosteniendo la idea de avanzar hacia la fabricación de baterías, integrar en ese proceso a los fabricantes de autopartes y reemplazar la flota de autobuses a combustión en EV. Pero son solamente borradores. Mientras tanto, los principales jugadores desde EEUU, Europa y Asia no detienen su movimiento frenético en las esferas superiores de la cadena de suministro.
Bolivia
Bolivia adoptó en 2010 el plan Estrategia Nacional de Industrialización de los Recursos Evaporíticos. La primera etapa era producir carbonato de litio en plantas piloto. La segunda etapa consistía en el diseño y construcción de plantas industriales para esos productos, bajo control del Estado boliviano. Y la tercera etapa era la producción de materiales catódicos y BILs, con participación de empresas extranjeras que aportarían tecnología. El montaje de la planta piloto de carbonato de litio se inició en 2012 y se inauguró en 2013, logrando obtener en 2015 carbonato de litio en grado batería con una pureza del 99,6%. En agosto de 2016 el gobierno concretó dos contratos de venta de carbonato de litio para su exportación con destino a China y acuerdos preferenciales con India. La cantidad de producción en toneladas sin embargo se mantuvo muy baja (5 tn de carbonato de litio por mes) pero se proyectaba establecer la estructura necesaria para producir 30.000 tn anuales de carbonato de litio. En 2017 se creó la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) que se puso al frente del proceso. En abril de 2018 se adjudicó a una empresa alemana, ACI Systems, la construcción, montaje y puesta en marcha de cuatro plantas para fabricar hidróxido de litio, materiales catódicos, baterías e hidróxido de magnesio. Poco después vino el golpe y este proceso quedó truncado.
Paradójicamente la industria del litio en Bolivia está rezagada. Los recursos del salar de Uyuni son inmensos pero contienen altísimos niveles de magnesio, y separar el magnesio del litio es un proceso químico/energético intensivo que agrega costos. La lluvia y la nieve en la zona hacen que el proceso de evaporación sea más lento. En 2018, según información de YLP (11) las ventas al mercado externo llegaron a 110 toneladas de carbonato de litio y en 2019 no se comercializó ni una tonelada. Chile y Argentina parecen tener reservas de mucha mejor calidad, con mejores condiciones climáticas, lo que les da ventaja competitiva. El desarrollo y la calidad de la infraestructura boliviana también hace que allí las operaciones sean más costosas. Los sectores mineros que formaron parte del golpe y del gobierno de Añez ya dejaron saber que no tienen intenciones de reactivar acuerdos como el que se firmó con la empresa alemana para producir baterías. En cambio, reconocieron que están dispuestos a avanzar con los contratos firmados para seguir siendo proveedores de carbonato de litio.
Dependencia
Esta reconversión energética es una reconversión capitalista. Es un intento de salvación ante la evidencia de la crisis de producción y consumo basado en los combustibles fósiles. Ciertamente es un proceso que tiene una tecnología de vanguardia que lucha para la supervivencia de los ecosistemas, por un sistema de energía sustentable, contra el calentamiento global y que genera puestos de trabajo, y de alguna manera, una nueva relacion con la naturaleza. Pero a la vez es una nueva fase en la historia de dependencia y saqueo en Nuestra América.
El neoliberalismo en la region trajo consigo una forma de apropiación y refuncionalización de los territorios, y persistió en el tiempo. Hoy eso puede verse en la vigente Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIIRSA) y el Plan Puebla Panamá. De conjunto representan un proyecto de escala continental liderada y promocionada por y para las compañías privadas, diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento y Fonplata en el año 2000, apoyado por los distintos gobiernos hasta el presente. Consiste en la construcción de autopistas, red de fibras ópticas, oleoductos, gasoductos, infoductos, mineraloductos; vías férreas, puertos, túneles, puentes, desde México hasta Tierra del Fuego. Un entramado que busca abaratar la transferencia de los llamados “recursos estratégicos” desde las economías regionales de América Latina hacia los principales centros de producción y consumo en el mundo.
Si observamos el paisaje actual de la geopolítica del litio podremos ver que la ventaja real consiste en el valor financiero y estratégico basado en el conocimiento científico y económico que promueve las industrias de alta tecnología química y ensamblado, además de las distintas etapas de la industria de EVs, así como el control de la red de generación y suministro de la energía para esas baterías.
El carbonato de litio no abre indefectiblemente el camino a la riqueza. La actual situación, los proyectos disponibles y en agenda, el rol de Chile, Argentina y ahora Bolivia parece indicar que se está asumiendo desde esos países la postura de proveedores de materias primas para el desarrollo y supervivencia del sistema capitalista. Esto es lo que puso en palabras el BM en su informe ya citado: “los países con grandes reservorios de recursos serán contribuyentes principales para un futuro de energías limpias, al producir una parte significante de esos minerales estratégicos y proveer al mercado mundial”.
Nuestra América logró romper esa lógica de dependencia en algunos momentos de su historia. Hay sobrados ejemplos. El proceso de integración nuestroamericano del siglo XXI, aquel movimiento continental que tuvo a Hugo Chávez en el liderazgo, es la más reciente y luminosa experiencia. El ALBA-TCP (Alternativa Bolivariana para las Américas – Tratado de Comercio de los Pueblos) propuesto por Chávez y Fidel Castro allá por el año 2001, es un mecanismo de integracion de los pueblos, la economía y las relaciones de comercio entre países lanzada como alternativa a la lógica del mercado, alimentando la cooperación y los valores socialistas, comunitarios y de las culturas locales.
Hoy eso continúa siendo un horizonte posible. Bolivia no pudo sola en su audáz maniobra de irrupción en la geopolítica del litio. Los países de la región no estuvieron a la altura. Por eso es que la integración multidimensional liderada por el interés común, la decisión soberana y la solidaridad parece ser la forma posible para liberar las enormes fuerzas populares que existen en la región, de aquellos pueblos que resistieron siglos de imperialismo, y que incluso le inflingieron dura derrotas, para romper definitivamente los lazos de dependencia y llevar a esos pueblos a una nueva etapa de futuro posible.
-BID. 2019. Litio en la Argentina. Oportunidades y desafíos para el desarrollo de la cadena de valor. Andrés López, Martín Obaya, Paulo Pascuini, Adrián Ramos. Disponible en: https://publications.iadb.org/es/litio-en-la-argentina-oportunidades-y-d...
-Ceceña, Ana Esther; Aguilar, Paula Aguilar; Motto, Carlos. 2007. Territorialidad de la dominación Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) https://casamdp.files.wordpress.com/2013/08/cecec3b1a-iirsa.pdf
-Fornillo, Bruno. 2017. América Latina y su «oro blanco». ¿Qué hacer con el litio? https://www.nuso.org/articulo/america-latina-y-su-oro-blanco/
-Kazimierski, Martín. Transición energética, principios y retos: la necesidad de almacenar energía y el potencial de la batería ion-litio. En Litio en Sudamérica. Geopolítica, energía y territorios / Bruno Fornillo [et al.] El Colectivo; CLACSO; IEALC - Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, 2019. Disponible en: http://www.exactas.unlp.edu.ar/uploads/docs/libro_litio_en_sudamerica.pdf
La vigésimo sexta Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP26) se llevó a cabo del 31 de octubre al 12 de noviembre del 2021 en Glasgow, Escocia. Con representantes de 200 países, la Conferencia buscaba establecer acuerdos que definieran los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, y así hacerle frente al deterioro climático. Con propuestas poco tajantes y casi nulos planes de acción, la COP26 parece haber fracasado en su objetivo de alcanzar acuerdos que realmente contribuyan a la disminución del calentamiento global.
Según el Informe sobre Cambio Climático, publicado en agosto del 2021 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), es necesario mantener el límite de aumento de temperatura a 1.5° C para evitar la pérdida irreversible de biodiversidad. Para que esto sea posible, las emisiones de carbono deben reducirse a la mitad para el año 2030 y llegar a cero a mediados de este siglo de lo contrario, se rebasaría el umbral en solo una década.
Si bien durante la COP26 por fin se definieron a los combustibles fósiles como la principal causa del deterioro ambiental, no se logró concretar la eliminación del carbón a largo plazo, dado que India e Irán expresaron su desacuerdo al respecto. Por esta razón, el Pacto Climático tuvo que cambiar su lenguaje para hablar entonces de una “disminución gradual” del uso del carbón y otros combustibles fósiles en lugar de una supresión.
Debe destacarse que esas objeciones no son nuevas. Días antes de la COP26, la BBC filtró documentos en los que Arabia Saudita, Australia, Brasil y otros países más pedían a la ONU que se abandone la idea de dejar los combustibles fósiles abruptamente, bajo el argumento que ello no era estrictamente necesario para mantener el techo de los 1.5° C. Esto no es sorpresa puesto que Arabia Saudita es uno de los mayores exportadores de petróleo, Australia lo es de carbón, e India es un gran consumidor de carbón.
Por otra parte, en el 2009, en la Conferencia en Copenhague, el G7 acordó transferir 100 millones de US dólares (55 mil US dólares por país promedio) anuales a los países en desarrollo para mitigar los efectos de la crisis climática y convertirse así en sociedades con emisiones bajas de carbono. Sin embargo, no solo no se entregó esa cantidad de dinero antes de la fecha límite pactada (que fue en el 2020) sino que ahora los países en desarrollo argumentan que no es suficiente para hacer frente a los retos que conlleva la lucha contra el cambio climático.
Ani Dasgupta, presidenta del Instituto de Recursos Mundiales, comentó que era inexcusable que los países ricos no pudieran entregar el financiamiento acordado y que sí hayan destinado miles de millones de dólares a subvenciones a los combustibles fósiles. El Pacto Climático de Glasgow acordó la duplicación de los fondos para los países en desarrollo para el 2025 pero, vistos los resultados del acuerdo en Copenhague, se deja en tela de juicio el que estos países verdaderamente cumplan sus compromisos de financiamiento.
Glasgow tampoco pudo concretar la creación de un fondo para la reparación de daños por el cambio climático sobre los países más vulnerables. Estados Unidos, Australia y la Unión Europea bloquearon las discusiones al respecto porque son parte del grupo de países que más han contribuido a la crisis climática. El acuerdo reconoce la posición desfavorable de algunos países y propicia ayuda técnica en caso de desastres, pero no menciona ningún fondo en concreto, en lugar de ello, solo llama al diálogo.
Una aparente buena noticia dentro de este marco decepcionante es que, después de cinco años, finalmente se acordó un reglamento para el mercado de bonos de derechos de emisiones de carbono. Conocido como el artículo 6 del Acuerdo de París, este instrumento pretende ayudar a los países a contabilizar sus emisiones de carbono y a compensar por ellas. De modo que quienes contaminen más deberán pagar a los países con cubiertas forestales para que planten más árboles.
La Conferencia permitió el establecimiento de un marco para le venta internacional de estos instrumentos. Países como Brasil presionaron la creación del reglamento pues podrían aprovechar los derechos a través de la selva amazónica y de proyectos de energías renovables. No obstante, podría convertirse en un mecanismo para que los países ricos continúen con sus emisiones usuales ya que pueden permitirse el pago de las compensaciones.
La COP26 dejó mucho que desear. Como podemos ver en el gráfico, solo cuatro países constituyen poco más de la mitad de las emisiones de CO2 y el resto del mundo asume las consecuencias. La poca cooperación de los países que más contaminan y las promesas sin planes de acción mantienen a la deriva la cuestión climática global. Los países que más contribuyen a la crisis climática, a través de la deslocalización de la producción y la exportación de petróleo, son precisamente los que se niegan a comprometerse a bajar sus emisiones y a pagar por daños; lo que deja a los países afectados por el cambio climático en una posición aún más vulnerable y sin la posibilidad de mitigar sus efectos.
En los primeros días de septiembre de 2023, poco más de una decena de países han experimentado lluvias severas que provocaron pérdidas humanas y materiales. Al menos un país de cada continente se vio afectado por las inundaciones. No es raro que estos lugares sean golpeados por este tipo de desastre natural, sin embargo, es inusual que suceda al mismo tiempo. El cambio climático es el principal culpable no solo de los daños ya hechos, sino también de la subida en los precios por venir a causa de las cosechas mermadas y cierre de negocios.
La tormenta Daniel fue un “medican”, un ciclón de tipo tropical en el Mediterráneo. Ha sido el más mortífero y costoso de la historia. El 5 de septiembre la tormenta llegó a Grecia con fuerza e inundó el valle de Tesalia, una de las pocas planicies en el país, lo que le convirtió en un lago en el transcurso de tres días. Las lluvias intensas depositaron más de un metro de sedimentos sobre tierras que en el pasado eran fértiles. La región produce alrededor del 15% de la producción agrícola anual griega. Esta incluye trigo, algodón, diversos cereales, tabaco, quesos, vinos y licores locales. Además, destaca en la producción de frutas frescas, nueces, carne de cordero y cabra, así como aceitunas. Con el desastre, la producción agrícola no solo se ve afectada este año, sino que la densa capa de lodo ha dejado los suelos sin fertilidad.
Posteriormente la tormenta llegó a Bulgaria y Turquía. En el caso búlgaro, su costa en el Mar Negro se vio afectada por las inundaciones repentinas al detener su flujo turístico e interrumpir su suministro eléctrico y de agua. Por su parte, las lluvias torrenciales provocaron daños en la zona noroeste de Turquía, en la provincia de Kırklareli, dedicada a los productos lácteos, instalaciones de aceite vegetal, instalaciones de procesamiento de carne y producción de harina, así como la producción vitivinícola.
La tormenta, posteriormente, golpeó la costa norte de Libia, en particular la ciudad de Derna. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y destrucción, lo que lo llevó a ser considerada el peor desastre natural en la historia moderna de Libia. La infraestructura de dos presas, previamente afectada por años de guerra e intervención de la OTAN, se colapsó y resultó en la desaparición de aproximadamente el 25% de la ciudad de Derna. La recuperación de servicios esenciales como electricidad, agua y saneamiento es incierta, lo que aumenta el riesgo de brotes de enfermedades.
En Asia, dos fuertes tifones, Saola y Haikui, impactaron la región, causando daños considerables en Taiwán, Hong Kong y diversas áreas del sur de China, incluida Shenzhen. Haikui desencadenó inundaciones y deslizamientos de tierra en provincias chinas como Fujian y Guangxi. Fujian es conocida por su manufactura, mientras que Guangxi se destaca por su producción agrícola (arroz, maíz y papa) y reservas minerales, siendo clave en la economía china.
Del otro lado del mundo, en el continente americano, Estados Unidos y Brasil también han sido golpeados por fuertes inundaciones en diversos puntos de sus territorios. El país norteamericano tuvo tormentas eléctricas y subidas de agua repentinas en varios estados como: Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Maryland, Nevada y New Jersey que dañaron vecindarios y caminos. Estas regiones cuentan con fuerte presencia en la producción de lácteos, frutas, vegetales y maderas.
Un ciclón en Brasil dejó a más de 2,300 personas sin hogar y 3,900 desplazadas en 67 municipios. El granizo y lluvias intensas causaron daños en Rio Grande do Sul. Dicho estado ya había sido afectado por otro ciclón en el mes de julio, lo que causó la pérdida de 15 mil toneladas de cultivo de lechuga y 3.8 mil de coliflor. Rio Grande do Sul es el mayor productor de arroz del país, al igual que lo es del tabaco y del trigo, además de ser el tercer mayor productor de soya.
Los fenómenos naturales que azotaron el mundo durante los primeros días de septiembre no son resultado del cambio climático como tal, pero éstos son potenciados por las circunstancias climatológicas derivadas del calentamiento global. De acuerdo con Jung-Eun Chu, científica atmosférica y climático de la Universidad de la ciudad de Hong Kong, cuando la temperatura aumenta y la superficie oceánica se calienta, la atmósfera puede retener más humedad. Por cada grado Celsius de aumento de temperatura, la atmósfera puede contener un 7% más de humedad.
Las temperaturas anómalas al alza en los océanos y mares provocaron que las tormentas y ciclones se volvieran más lentas y retuvieran una mayor cantidad de agua, lo que conllevó a consecuencias catastróficas. El cambio climático producto de la actividad humana pone en riesgo la seguridad alimentaria del planeta. Las pérdidas en las cosechas en distintos puntos del globo terrestre presionan los ya elevados precios internacionales y mantienen la inflación generalizada en el mundo.
Los salarios promedio del sector manufacturero de China se han disparado y ahora superan los de países como Brasil y México y están acercándose rápidamente a los de Grecia y Portugal, después de una década de crecimiento vertiginoso durante la cual los paquetes salariales chinos se han triplicado.
Generalmente en la fuerza laboral de China, los ingresos por hora superan a los de todos países grandes de Latinoamérica excepto Chile, y son cercanos al 70% del nivel de los países más débiles de la eurozona, según datos de Euromonitor International, un grupo de investigación.
Las cifras reflejan el progreso logrado por China en la mejora del estándar de vida de sus 1400 millones de habitantes, y algunos analistas aseguran que el incremento de la productividad podría llevar los sueldos industriales incluso más allá de los que tradicionalmente se consideran países de medianos ingresos. Pero el rápido aumento de los salarios promedio de China también podría contribuir a la pérdida de empleos ante otros países dispuestos a ofrecer pagas inferiores.
Los datos también ponen de manifiesto los problemas que enfrentan los países de América Latina, donde los salarios se han estancado y, a veces, bajaron en términos reales, y en Grecia, donde el promedio de salario por hora se redujo a más de la mitad desde 2009, según Euromonitor.
La hora trabajada en el sector manufacturero de China se triplicó entre 2005 y 2016 a u$s 3,60, según Euromonitor, mientras que durante el mismo período los salarios industriales bajaron de u$s 2,90 la hora a u$s 2,70 en Brasil, de u$s 2,20 a u$s 2,10 en México, y de u$s 4,30 a u$s 3,60 en Sudáfrica.
Los salarios en China también superaron los de Argentina, Colombia y Tailandia durante el mismo tiempo, pues el país se integró más a la economía mundial después de su ingreso en 2001 a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Euromonitor compiló sus datos a partir de información proporcionada por la Organización Internacional del Trabajo, por organismos nacionales de estadística y por Eurostat, y posteriormente los convirtió a términos de dólar y los ajustó según la inflación. Pero los datos no toman en cuenta los diferentes costos de la vida. El aumento de las remuneraciones en el sector manufacturero chino contrasta con la disminución de los sueldos en otros países, como Argentina y Brasil. Incluso en India, que ha experimentado un rápido crecimiento económico, los salarios industriales han permanecido sin cambios desde 2007 a sólo u$s 0,70 por hora.
Los sueldos del sector manufacturero en Portugal disminuyeron de u$s 6,30 por hora a u$s 4,50 el año pasado, poniendo los niveles salariales por debajo de los registrados en algunas partes de Europa del este, y dejándolos sólo 25% superiores a los de China.
Los trabajadores de la industria manufacturera en China se encuentran entre los mejores pagos en un país donde la distribución salarial es cada vez más desigual. Pero los niveles de ingresos están aumentando en toda la economía en general, y la remuneración promedio chino para todos los sectores aumentó de u$s 1,50 en 2005 a u$s 3,30 el año pasado. Ese nivel es superior al de los salarios medios de Brasil, México, Colombia, Tailandia y Filipinas.
Oru Mohiuddin, analista estrategia de Euromonitor, observó que los niveles de productividad de los trabajadores chinos han mejorado incluso más rápido que sus sueldos. "Los fabricantes aún se benefician en China", dijo.
Es probable que el tamaño del mercado interno de China ayude a los trabajadores del sector manufacturo del país, a pesar del aumento de los costos de mano de obra. "En una serie de sectores China representará el 20% del mercado en 2020, similar a América del Norte y Europa occidental", dijo Mohiuddin.
Agregó que puesto que esa proporción del mercado es muy superior al 4,8% de India y 3,3% de Brasil, "tiene sentido que los fabricantes tengan plantas en China".
Pero Charles Robertson, economista en jefe global de Renaissance Capital, señaló que el envejecimiento de la población china, y la esperada reducción del número de personas en edad laboral, podría generar mayores presiones salariales en los próximos años.
MARIA DA GLÓRIA, 59 anos, deixou feijão e carne já prontos na geladeira e foi buscar o neto de 11 anos na escola. Na volta, era só esquentar e almoçar. Quando chegaram em casa, pouco depois de meio-dia, não encontraram mais a comida, nem a geladeira, nem os pratos, nem a maioria dos móveis e utensílios da residência.
Quase toda a mobília da casa onde Maria da Glória morava com o marido e o neto, na comunidade tradicional Cajueiro, zona rural de São Luís, Maranhão, havia sido colocada em um caminhão de mudança por dezenas de homens pagos pela empresa Terminal de Uso Privado Porto São Luís, a TUP – antiga WPR São Luís Gestão de Portos e Terminais S/A, comandada pelo mesmo presidente do grupo WTorre. A empresa alega ser dona do terreno, onde pretende construir um porto privado com a transnacional chinesa de infraestrutura China Communications Construction Company, a CCCC, sócia majoritária do empreendimento.
Acompanhada pelo neto e vigiada por homens do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Maranhão, a então moradora do Cajueiro chorou silenciosamente ao assistir a uma retroescavadeira demolir sua casa em menos de cinco minutos. Foi uma das 22 casas destruídas no dia.
Naquele 12 de agosto de 2019, o Batalhão de Choque foi ao Cajueiro cumprir uma ação de reintegração de posse autorizada pelo juiz Marcelo Oka a pedido da TUP Porto São Luís. Os moradores registraram a violência: spray de pimenta foi usado pelos policiais contra as famílias do local, incluindo crianças, idosos e uma mulher grávida.
Em protesto contra as remoções, cerca de 40 moradores da comunidade acamparam pacificamente em frente ao Palácio dos Leões, sede do governo estadual. A nova manifestação também foi violentamente reprimida com gás lacrimogêneo e balas de borracha. O secretário de Segurança Pública do Estado, Jefferson Portela, estava junto aos policiais acompanhando pessoalmente a operação.
Pressionado nas redes sociais, o governador Flávio Dino, do PCdoB, justificou: “sobre reintegrações de posse: a polícia militar não pode simplesmente se recusar a cumprir ordem judicial. Houve várias tentativas de mediação, infelizmente frustradas. Não cabe ao governador cassar ou suspender decisão de outro Poder. Já expliquei isso em outros momentos”.
Com este argumento jurídico, o ex-juiz federal Flávio Dino procurava isentar seu governo de qualquer responsabilidade. O que não coube no tuíte foi dizer que, graças a uma série de decisões tomadas por ele durante quase cinco anos de gestão, construiu-se o cenário que levou à violência contra moradores do Cajueiro.
Entrevistas e documentos públicos que tive acesso mostram que esses ataques não são um episódio isolado. Eles fazem parte do horizonte político e econômico do governo estadual. Por um lado, a atual gestão responde às demandas do capital internacional – especialmente o chinês – interessado na exploração e escoamento de soja e minério. Por outro, à construção de uma eventual candidatura de Flávio Dino à Presidência em 2022.
Há padrões de atuação de secretarias específicas, narrativas oficiais que se repetem, irregularidades que viabilizam empreendimentos e, sobretudo, a ameaça constante e violenta aos direitos dos povos tradicionais, como o do Cajueiro, e aos seus territórios centenários.
20 dias para sair de casa
Ana Maria Pires Silva, 40 anos, mora na comunidade Jambuca, no município de Bacabeira, a 39 quilômetros de São Luís, desde que nasceu. Outras duas comunidades – Batista e 49 – fazem parte da região, conhecida como Campo de Perizes, onde vivem 43 famílias. É do campo que os moradores retiram seu sustento por meio da agricultura familiar, da pesca, da cata de caranguejo e da criação de pequenos animais, como porcos e galinhas.
No dia 13 de março de 2016, Ana Maria, que é presidente da Associação de Moradores do Campo de Perizes, recebeu com surpresa a visita de um oficial de justiça. Acompanhado por três policiais militares, ele entregou a ordem para que ela, o pai e avô saíssem das suas respectivas casas em 20 dias. Outras 19 famílias teriam de fazer o mesmo.
“Quando você vê 20 dias, você pensa: pra onde eu vou? O que vou fazer? Eu disse: ‘nós não vamos sair daqui, vamos lutar’”, conta Ana Maria. “Meu avô ficou desesperado, revoltadíssimo, dizendo que o suor dele derramado estava indo pro lixo. Ele tinha 92 anos”. O avô entrou em depressão, segundo ela, e disse que só sairia dali morto. Ele faleceu no mesmo ano.
A desapropriação havia sido assinada por Flávio Dino em novembro de 2015. Foi uma surpresa: uma das primeiras ações do comunista quando assumiu, no começo daquele ano, havia sido revogar a desapropriação assinada pelo governo de Arnaldo Melo, que tomou posse após a renúncia de Roseana Sarney. Com o tempo, no entanto, sua gestão se aproximou de investidores chineses – e abriu caminho para eles.
De acordo com os três decretos de desapropriação assinados pelo político do PCdoB naquele ano, nos mais de 1.500 hectares de terras, seria construído o Distrito Industrial Bacabeira II. A finalidade, segundo o decreto, era a “implantação de indústrias de base, bem como atividades complementares ou associadas”. Os moradores das comunidades de Campo de Perizes não foram consultados, nem sabiam da instalação de qualquer empreendimento na área.
A informação oficial só veio, segundo Valdeci Alves Costa, vice-presidente na associação de moradores, depois que ele e Ana Maria buscaram ajuda da Defensoria Pública, da Comissão Pastoral da Terra e da Comissão de Direitos Humanos da OAB. A população, ribeirinha, é considerada uma comunidade tradicional.
Em abril de 2016, a Defensoria entrou com uma Ação Civil Pública contra o estado para que as remoções fossem suspensas até que o governo apresentasse um plano de reassentamento para as comunidades. Segundo o defensor público Alberto Tavares, que acompanhou o caso, a implantação do distrito industrial não contava com esse plano, nem com estudos técnicos para o licenciamento ambiental.
Na época, lembra Tavares, o presidente da Emaptentou abrandar a situação. “Em reunião, ele disse que esteve numa comitiva do governo do estado visitando, salvo engano, Taiwan. Ele elogiava muito, dizia que lá havia uma cidade inteligente, e que se iria replicar isso aqui no Maranhão, de modo que não fossem causados os efeitos de um processo de industrialização e urbanização acelerado, desordenado.”
Uma reportagem de 13 de outubro de 2016 do jornal Valor Econômico afirma que a empresa chinesa CBSteel avançava nas tratativas com o governo do Maranhão para instalar uma planta siderúrgica em Bacabeira com investimento de até US$ 8 bilhões.
Na noite de 6 de abril de 2017, Dino acompanhou em São Paulo a solenidade de assinatura do acordo de investimento entre CCCC e WPR – hoje TUP –, responsáveis pela construção do porto privado. “Fico feliz que o Maranhão tenha sido escolhido para sediar tão importante investimento e louvo a capacidade empreendedora da WPR”, declarou.
Entre junho e setembro de 2017, duas comitivas do governo do estado, lideradas pela vice-governadoria e pela Secretaria de Indústria, Comércio e Energia, a Seinc, estiveram na China para negociar com a CBSteel. Em dezembro, Dino ratificou os contratos. Entre os documentos está um memorando de entendimento “relativo à construção da Cidade Inteligente no município de Bacabeira”, firmado entre Maranhão, Bacabeira, CBSteel e a empresa chinesa CCCC South America Regional Company.
O projeto de parque industrial está parado. A remoção das famílias das comunidades Jambuca e Batista foi suspensa em 2016 pelo governo estadual após a ação da defensoria. “As famílias continuam lá. Não tanto por bondade do estado, mas talvez por desinteresse do empreendedor chinês”, diz o defensor Alberto Tavares.
É quase impossível saber o status dos projetos. Há mais de um ano tento obter informações sobre a CBSteel em Bacabeira junto ao governo do estado, via assessoria de imprensa, ouvidoria e por meio da lei de acesso à informação, sem resposta. A Secretaria de Comunicação Social e Assuntos Políticos, a Secap, se limitou a dizer, em uma nota enviada em dezembro, que “o governo do Maranhão e a CBSteel têm um pré-acordo firmado de interesse na implantação de siderúrgica na região, que cumpre os parâmetros da legislação brasileira”.
Decreto ilegal
Cajueiro não teve a mesma sorte. Apesar dos ministérios Públicos Federal e Estadual e da Defensoria Pública do Maranhão afirmarem que as licenças emitidas pelo governo são irregulares, o processo avançou. Os moradores haviam conseguido em 1998 com o próprio estado um título de propriedade das terras – mas o documento foi ignorado pela atual gestão, que classificou os moradores como “posseiros”.
Além disso, os títulos de propriedade apresentados pela empresa interessada na área são alvo de investigação por suspeita de grilagem. A WPR – hoje TUP – tentou impedir a realização da perícia nos documentos, alegando que o Judiciário gastaria tempo com um processo “inútil”. O pedido da companhia foi negado pelo Tribunal de Justiça. A investigação criminal está sob sigilo.
Em nota, a Secretaria do Meio Ambiente apenas disse que as duas licenças ambientais expedidas não têm poderes para substituir o título de propriedade das terras, “uma vez que o solicitante da autorização não necessariamente é o proprietário do terreno”, e que seu corpo técnico analisa a demanda de acordo com as documentações apresentadas pelo requerente. Em outras palavras, a pasta se exime de qualquer responsabilidade por viabilizar a instalação de um empreendimento que agrava conflitos fundiários e viola direitos de comunidades tradicionais.
Em 2018 e em 2019, Flávio Dino e seu secretário de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo, assinaram os dois decretos de desapropriação que garantiram à gigante chinesa a construção do porto na região. A Constituição do Estado do Maranhão diz que só o governador tem competência para publicar leis e expedir decretos – mas o de 2019 teve a canetada única de Simplício. A manobra é ilegal.
Indenização de R$ 600
Em Bacabeira, os moradores que seriam expulsos de suas casas receberiam valores irrisórios. O documento da Procuradoria Geral do Estado ao qual tive acesso mostra que a indenização mais baixa, de R$ 600, foi oferecida a duas mulheres, uma com 26 anos à época, mãe de quatro filhos com idades entre 3 e 11 anos, e outra com 41 anos e mãe de cinco filhos entre 6 e 20 anos. A indenização mais alta para os considerados posseiros foi de R$ 40.570.
Para os considerados proprietários, a soma foi bem mais generosa. O menor valor para uma indenização foi R$ 744 mil. O maior deixou os moradores impressionados: R$ 8,525 milhões destinados ao empresário brasileiro de ascendência chinesa Liu Chien Kuo e sua esposa, Liu Cheng Lily. Outros três indivíduos – empresários e agropecuaristas – e duas empresas estão na lista das indenizações vultosas, somando mais R$ 7 milhões.
Os moradores afirmam que os empresários que aparecem como donos de terras na comunidade nunca pisaram por lá. “A gente está aqui há mais de 45 anos e não conhece nenhum dos fazendeiros que o estado indenizou com milhões. O interesse deles [do estado] maior era indenizar os especuladores imobiliários”, me disse Valdeci.
Liu Chien Kuo e Liu Cheng Lily vivem em São Paulo, segundo documentos cartoriais. Também fica em São Paulo a empresa China Civil – Comércio Internacional LTDA, da qual Liu é procurador da sócia gerente, a transnacional estatal chinesa de construção civil, China Civil Engineering Construction Corporation, a CCECC, sediada em Pequim.
A participação societária da empresa chinesa na brasileira não é ilegal, mas indica os arranjos econômicos que mais interessam ao capital chinês e que podem afetar comunidades inteiras, de maneira irreversível, a milhares de quilômetros de distância dos centros financeiros onde se decide o destino dos investimentos.
Enviei e-mail à CCECC, mas não obtive retorno. Também tentei contato telefônico com a brasileira China Civil por meio do número fornecido numa lista da própria empresa. Nenhuma ligação foi atendida.
No meio do caminho tinham comunidades quilombolas
O governo de Flávio Dino tem conquistado bons resultados. Na contramão da crise, o Maranhão teve um crescimento do PIB de 5,3% em 2017 e, em 2018, de 2,8% – acima da média nacional. Na última eleição, que consolidou a extrema-direita no Brasil, o comunista Dino foi reeleito no primeiro turno com 59% dos votos válidos – mais ou menos o mesmo índice de aprovação de seu governo no ano anterior ao da eleição.
As comunidades tradicionais que ajudaram a reeleger, no entanto, o acusam de omissão ao liberar grandes obras sem o devido processo de consulta. É o caso da base de Alcântara, da duplicação da BR-135 e da construção de uma linha de transmissão de energia.
“O que você tem é uma ampliação gigantesca de projetos e empreendimentos sendo efetivados, e todos eles são relacionados com a forte expansão capitalista para essa região, e uma configuração do Maranhão como área de produção de riqueza, mas principalmente como área de passagem”, descreve o professor Horácio Antunes de Sant’Ana Júnior, coordenador do Grupo de Estudos Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão.
O Arco Norte, plano estratégico do governo federal que conta com o apoio de governos estaduais, municipais e do setor privado, é um dos grandes estímulos para a construção de um Maranhão como território de passagem. O plano tem como objetivo baratear e aumentar o escoamento de commodities do centro-norte do Brasil e outras regiões para o mercado internacional – especialmente para a China – a partir de uma infraestrutura de portos, ferrovias, rodovias e estações já existentes ou a serem construídos em estados do norte e nordeste do país: Rondônia, Amazonas, Amapá, Pará e Maranhão.
O porto privado chinês faz parte desse contexto. A área, segundo o professor Sant’Ana Júnior, é estratégica: o litoral maranhense está próximo da Europa, dos Estados Unidos e do Canal do Panamá. Assim, o Maranhão vai deixando de ser um estado historicamente marcado pelo isolamento econômico, segundo Junior, e passa a ser um dos centros da expansão capitalista.
O custo chinês no Maranhão
A China, hoje, tem papel central nessa nova configuração econômica. A CCCC, sócia majoritária do porto privado que pretende construir no Cajueiro, é peça fundamental nesse processo, avaliando investir mais de R$ 100 bilhões no Brasil – ao mesmo tempo em que compra empresas brasileiras de energia, engenharia e infraestrutura.
Pelo menos desde fins dos anos 1990, o gigante asiático deixou de ser fonte de mão-de-obra barata e empobrecida. Agora, o país comanda o processo de globalização. “Os bancos chineses e suas empresas de construção e serviços percorrem o planeta para colocar seu dinheiro, suas mercadorias (cada vez mais sofisticadas do ponto de vista tecnológico) e sua expertise em serviços de alta qualificação, como os de engenharia civil”, escreveu a pesquisadora Diana Aguiar, da FASE, em seu estudo “A geopolítica de infraestrutura da China na América do Sul”.
A China é a maior consumidora global de minério de ferro e compra mais da metade da soja produzida do mundo. Grande parte dessa soja serve para dar de comer aos porcos que alimentam os chineses – metade do 1,3 bilhão de porcos do mundo está no país. Após a peste suína africana eliminar cerca de 40% desses animais no país a partir de 2018, a China aumentou seu consumo de carne bovina importada do Brasil. O efeito desse aumento pode ser sentido desde 2019 na alta dos preços da carne por aqui.
Para levar adiante as metas de redução da poluição do ar, o país aumentou o consumo do minério de alto teor de ferro – de maior qualidade e menos poluente – extraído pela Vale. Para escoar um volume maior de minério, é necessário um fluxo maior de transporte, feito por trens com cerca de 4km de extensão –, que circulam de nove a 12 vezes por dia. Rasgadas há mais de 30 anos pelos trilhos da Estrada de Ferro de Carajás, comunidades tradicionais no Maranhão observam a riqueza passar e a violência permanecer em seus corpos e territórios.
Povos indígenas e quilombolas sofrem cada vez mais com barulho, poluição, rachaduras em casas, assoreamentos de igarapés, contaminação de rios e atropelamentos na Estrada de Ferro Carajás, que corta 23 municípios do estado para levar o minério de ferro extraído pela Vale. A China é a principal cliente da empresa, segundo dados de 2018.
Para aportar tamanho volume de capital, é preciso espaço físico. E, na capital maranhense, a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, a Fiema, está empenhada em criá-lo. Na atual revisão do Plano Diretor da Cidade, discutida na Câmara dos Vereadores, uma das principais – e polêmicas – propostas capitaneadas pela Fiema é a redução de 41% da zona rural de São Luís e sua transformação em zona urbana.
A Fiema é parceira do governo do estado na ação “Missão Empresarial Maranhense à China 2019”, que procura fomentar as relações comerciais entre o Maranhão e o país asiático. A Fiema não respondeu ao meu pedido de comentário.
Se a ampliação dos empreendimentos chineses – ou das infraestruturas de escoamento que os favorecem – não é boa para as comunidades tradicionais do Maranhão, ela é positiva para uma eventual candidatura de Flávio Dino à presidência em 2022. O aporte do capital chinês no estado – e com ele as promessas de emprego, investimento e de desenvolvimento – traz solidez ao governo e, por extensão, ao projeto político a ser apresentado pelo comunista em 2022. Os resultados econômicos e eleitorais são inquestionáveis. Os impactos nas comunidades tradicionais também.
Perguntei à Secap qual a responsabilidade do governo do Maranhão sobre as desapropriações na comunidade Cajueiro, em São Luís, e nas comunidades Jambuca e Batista, em Bacabeira. Perguntei também qual a perspectiva do governador em relação a uma eventual candidatura à presidência em 2022. Nenhuma dessas questões foi respondida pelo governo Flávio Dino.
Dando continuidad a los documentos de trabajo "La hora de la desigualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir", "Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo" y "Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible", la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recién público otra contribución al mundo de las ideas titulada "Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI". Enriquecida por la diversidad de enfoques teóricos críticos (desde evolucionistas, institucionalistas, regulacionistas y marxistas hasta radicales y postkeynesianos), aunque centrada en el (neo)estructuralismo, la investigación subordina su agenda teórica y de trabajo al desarrollo y crecimiento económico inclusivo, mejoramiento de la inserción comercial externa de los países, incremento de empleo productivo, disminución de la heterogeneidad estructural, mejora en la distribución del ingreso y, no menos importante, la estabilidad financiera sustentada en el sector real con ayuda estatal.
La investigación se divide en cinco apartados de tres capítulos cada uno, cuya temática general es:
1. Corrientes de pensamiento y contexto regional a inicios del siglo XXI: se esclarece el proceso de generación de pensamiento dentro de la región a partir de la nueva situación vivida desde inicios del siglo donde predomina la turbulencia económica y la internacionalización del capital.
2. Macroeconomía para el desarrollo: se abunda en políticas macrofuncionales para desarrollo y crecimiento económico con equidad, en la relación de la política económica contracíclica con el desenvolvimiento de largo plazo y en la caracterización de la región América Latina desde un modelo de crecimiento de corte robinsoniano.
3. Cambio estructural y desarrollo productivo: se analiza el vínculo entre la tecnología, el cambio estructural y el crecimiento económico, la plataforma económica que apremia el incremento del producto vía exportación de recursos naturales y, por último, la relación entre las medidas de política económica y el estado de bienestar.
4. El papel del Estado: se estudia el rol del Estado en el crecimiento, el empleo y la equidad, la transformación de la figura estatal en la región y el vínculo entre Estado, pensamiento heterodoxo y participación feminista,
5. Análisis de casos de las grandes economías de la región: se examina a México, Brasil y Argentina desde una óptica neo(estructuralista) para obtener enseñanzas importantes al resto de las economías latinoamericanas.
En tanto el rasgo distintivo de la escuela (neo)estructural es basar el desenvolvimiento económico no en distorsiones esporádicas de la política económica sino en características de naturaleza endógena, estructural e histórica (tales como rezago tecnológico, restricción externa, desigualdad, heterogeneidad estructural, inestabilidad real, relaciones de dependencia centro-periferia, apertura comercial, movilidad internacional de capitales, privatización, desregulación, etc.) aquí pueden encontrarse soluciones de y para naciones subdesarrolladas.
Empresarios y políticos de derecha señalan, con insistencia, que la economía no crece porque las reformas de la Presidenta Bachelet han afectado el ambiente de los negocios. Las “expectativas” son malas, aseguran los economistas del establishment, siempre coincidentes con el empresariado. De pasada, aprovechan de publicitar a Piñera diciendo que su presidencia recuperará el crecimiento perdido.
La ideologización impide pensar, porque existen indicaciones manifiestas de que el crecimiento económico se ha desacelerado por la disminución de la productividad. En realidad, fueron los muy buenos precios del cobre los que favorecieron la expansión económica en el gobierno de Pinera e hicieron olvidar la preocupación por la productividad.
Pero la insuficiente productividad es un fenómeno estructural que se arrastra hace ya largos años. Es consecuencia de una matriz productiva estrecha, escasamente diversificada, basada en recursos naturales. Sucede que las actividades económicas extractivas limitan las oportunidades para innovar y, como bien señala el economista Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard, la economía chilena, fundada en el precio del cobre, sin refinar, cierra las puertas al desarrollo.
Por su parte, el economista Ha-Joon Chang de la Universidad Cambridge destaca que el desarrollo se potencia solo cuando aumentan las habilidades productivas de las personas, cuando mejora su capacidad de organizarse en emprendimientos innovadores y logran transformar el sistema productivo. Es decir, el progreso técnico y los trabajadores educados son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de los países.
Los argumentos de Hausmann y Chang caen en el vacío en nuestro país. Porque, más allá de la retórica, siempre se ha eludido implementar cambios sustantivos para modificar la matriz productiva de recursos naturales. En la lógica neoliberal, que caracteriza al establishment, debe ser exclusivamente el mercado el orientador de los operadores económicos. Sin embargo, para mejorar la productividad se precisa ir más allá de los recursos naturales. Y, para ello, es requisito terminar con la pasividad del Estado y convertirlo en un agente activo de la transformación productiva.
En primer lugar, no se puede continuar con la concesión generosa de los recursos naturales. Se precisa de royalties efectivos. Quizás se imponga la razón ahora que la OCDE sugiere que nuestro país debiera aumentar los impuestos a las actividades extractivas. Al mismo tiempo, el Estado debiera desplegar una política económica activa, entregando incentivos claros a aquellos agentes económicos dispuestos a invertir en actividades industriales, para que así el empresariado oriente sus esfuerzos hacia procesos de transformación.
En segundo lugar, se requiere un decidido impulso a la inversión en ciencia y tecnología, que la duplique en un periodo de cuatro años. Actualmente esa inversión es apenas 0,38% del PIB, bastante menos del 2,4%, que es la media de los países de la OCDE. Hay que anotar que no se han utilizado en su plenitud los recursos provenientes del impuesto específico a la minería, establecido en el 2005.
En tercer lugar, hay que perseverar, y no retroceder, en la educación gratuita para todos los jóvenes, con elevación sustantiva de su calidad. Esto les permitirá manejar nuevas tecnologías y mejorar procesos productivos. El rechazo empresarial a la reforma educacional, y la defensa estrecha del lucro en colegios y universidades privadas, le hace un flaco favor al desarrollo de nuestra economía.
En suma, no son las reformas de la Presidenta Bachelet ni tampoco los vaivenes de la economía internacional las que dificultan el crecimiento económico y afectan el desarrollo a largo plazo de nuestro país. El problema radica en la baja productividad de la economía y ésta no mejorará si se persevera en una matriz productiva centrada en la explotación forestal, las riquezas minerales y los recursos marinos.
Las actividades extractivas no favorecen la innovación, no ayudan a generar encadenamientos hacia el conjunto de la economía y generan un empleo precario. Además, este modelo productivo, como en otros países, ha concentrado el poder económico en una reducida elite, cuyas rentas extraordinarias les han permitido capturar a la clase política. Aquí radica la base material de las desigualdades y la dificultad para convertirnos en país desarrollado.
En esta era de la información, los errores matemáticos pueden llevar al desastre. La Mars Orbiter de la NASA se estrelló porque los ingenieros olvidaron hacer la conversión a unidades del sistema métrico; el plan de la ballena de Londres de JPMorgan Chase salió mal en parte porque quienes hicieron los modelos dividieron por una suma en lugar de por una media. De modo que, ¿fue un error de codificación de Excel lo que destruyó las economías del mundo occidental? Esta es la historia hasta la fecha: a principios de 2010, dos economistas de Harvard, Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, divulgaron un artículo, Growth in a time of debt (Crecimiento en una época de endeudamiento), que pretendía identificar un umbral crítico, un punto de inflexión, para la deuda pública. Una vez que la deuda supera el 90% del producto interior bruto, afirmaban, el crecimiento económico cae en picado.
Reinhart y Rogoff tenían credibilidad gracias a un libro anterior admirado por todo el mundo sobre la historia de las crisis financieras, y el momento escogido era perfecto. El artículo se publicó justo después de que Grecia entrase en crisis y apelaba directamente al deseo de muchos funcionarios de virar del estímulo a la austeridad. En consecuencia, el artículo se hizo famoso inmediatamente; seguramente era, y es, el análisis económico más influyente de los últimos años. El hecho es que Reinhart y Rogoff alcanzaron rápidamente un estatus casi sagrado entre los autoproclamados guardianes de la responsabilidad fiscal; la afirmación sobre el punto de inflexión se trató no como una hipótesis controvertida, sino como un hecho incuestionable. Por ejemplo, un editorial de The Washington Post de principios de este año advertía contra una posible bajada de la guardia en el frente del déficit porque estamos “peligrosamente cerca de la marca del 90% que los economistas consideran una amenaza para el crecimiento económico sostenible”. Fíjense en la expresión: “los economistas”, no “algunos economistas”, y no digamos ya “algunos economistas, a los que contradicen enérgicamente otros con credenciales igual de buenas”, que es la realidad.
Porque lo cierto es que el texto de Reinhart y Rogoff se enfrentó a críticas considerables desde el principio y la controversia aumentó con el tiempo. Nada más publicarse el artículo, muchos economistas señalaron que una correlación negativa entre la deuda y el comportamiento económico no significaba necesariamente que la deuda elevada fuese la causa de un crecimiento lento. Podría ocurrir perfectamente lo contrario, y que el mal comportamiento económico condujese a una deuda elevada. De hecho, este es evidentemente el caso de Japón, que se endeudó enormemente después de que su crecimiento se hundiese a principio de los noventa.
Con el tiempo, surgió otro problema: otros investigadores, usando datos de deuda y crecimiento aparentemente comparables, no fueron capaces de replicar los resultados de Reinhart y Rogoff. Lo habitual era que encontrasen cierta correlación entre la deuda elevada y el crecimiento lento (pero nada que se pareciese a un punto de inflexión en el 90% ni, de hecho, en ningún nivel concreto de deuda).
Finalmente, Reinhart y Rogoff permitieron que unos investigadores de la Universidad de Massachusetts analizasen la hoja de cálculo original; y el misterio de los resultados irreproducibles se resolvió. En primer lugar, habían omitido algunos datos; en segundo lugar, emplearon unos procedimientos estadísticos poco habituales y muy cuestionables; y finalmente, sí, cometieron un error de codificación de Excel. Si corregimos estos errores y rarezas, obtenemos lo que otros investigadores han descubierto: cierta correlación entre la deuda elevada y el crecimiento lento, sin nada que indique cuál de ellos causa qué, pero sin rastro alguno de ese umbral del 90%.
En respuesta a esto, Reinhart y Rogoff han admitido el error de codificación, han defendido sus demás decisiones y han afirmado que nunca aseguraron que la deuda provoque necesariamente un crecimiento más lento. Esto es un tanto insincero porque repetidamente dieron a entender esa idea aunque evitasen formularla expresamente. Pero, en cualquier caso, lo que realmente importa no es lo que quisieron decir, sino el modo en que se ha interpretado su trabajo: los entusiastas de la austeridad anunciaron a bombo y platillo que ese supuesto punto de inflexión del 90% era un hecho probado y un motivo para recortar drásticamente el gasto público incluso con un paro elevadísimo.
Por eso debemos situar el fiasco de Reinhart y Rogoff en el contexto más amplio de la obsesión por la austeridad: el evidentemente intenso deseo de los legisladores, políticos y expertos de todo el mundo occidental de dar la espalda a los parados y, en cambio, usar la crisis económica como excusa para reducir drásticamente los programas sociales.
Lo que pone de manifiesto el asunto de Reinhart y Rogoff es la medida en que se nos ha vendido la austeridad con pretextos falsos. Durante tres años, el giro hacia la austeridad se nos ha presentado no como una opción sino como una necesidad. Las investigaciones económicas, insisten los defensores de la austeridad, han demostrado que suceden cosas terribles una vez que la deuda supera el 90% del PIB. Pero las investigaciones económicas no han demostrado tal cosa; un par de economistas hicieron esa afirmación, mientras que muchos otros no estuvieron de acuerdo. Los responsables políticos abandonaron a los parados y tomaron el camino de la austeridad porque quisieron, no porque tuviesen que hacerlo.
¿Servirá de algo que se haya hecho caer a Reinhart y Rogoff de su pedestal? Me gustaría pensar que sí. Pero preveo que los sospechosos habituales simplemente encontrarán algún otro análisis económico cuestionable que canonizar, y la depresión no terminará nunca.
Se anexa el artículo de Thomas Herndon, en cuestiónLas corrientes de inversión extranjera directa (IED) hacia América Latina tuvieron un moderado crecimiento durante la primera mitad de este año en comparación con igual período de 2012, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los 13 países de la región que presentan datos recibieron 102.951 millones de dólares, monto 6% superior a lo registrado durante el primer semestre del año anterior.
El principal receptor fue Brasil, que entre enero y agosto de 2013 absorbió 39.014 millones de dólares, suma 10% inferior a la recibida durante los mismos meses del año pasado. Esta caída se concentró en los sectores de siderurgia, alimentos y bebidas y servicios financieros, que justamente en 2012 registraron importantes adquisiciones empresariales.
Gracias a la compra de la empresa cervecera Modelo por parte de la firma belga Anheuser-Busch InBev, México sobrepasó durante el primer semestre toda la inversión extranjera directa recibida en 2012. Aún sin esa operación, valorada en 13.249 millones de dólares, la IED en México se habría elevado 15% respecto al mismo período del año anterior.
Los flujos de inversión extranjera directa también mostraron incrementos en Venezuela (44%), Perú (27%), El Salvador (27%), Panamá (19%), Costa Rica (15%), Uruguay (8%) y Colombia (5%).
En los primeros siete meses de este año, las entradas a Chile disminuyeron 26% en comparación con el mismo período de 2012, aunque esta caída obedece a operaciones extraordinarias registradas en abril. Las corrientes también cayeron en Guatemala, Argentina y República Dominicana, donde una gran adquisición aumentó considerablemente las cifras de 2012 (Anheuser-Busch InBev compró la Cervecería Nacional Dominicana en 1.237 millones de dólares).
Los datos presentados hoy en comunicado de prensa corresponden a la actualización que cada año realiza la CEPAL de las principales cifras del informe La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, cuya última edición fue lanzada en mayo. En este sentido, el organismo confirma la tendencia proyectada ese mes de un moderado incremento de la IED en la región durante 2013.
Con respecto a las salidas de inversión directa, se observó un descenso durante el primer semestre del año. Los 10 países de la región que presentan datos sumaron 5.284 millones de dólares de inversión en el exterior durante los primeros seis meses del año, contra los 24.446 millones de dólares contabilizados en igual período de 2012.
México, que había marcado flujos récord hacia el exterior el año pasado, los redujo 71% en la primera mitad de 2013, mientras que Brasil mostró un descenso de 77% porque se acentuó la tendencia de las empresas brasileñas de endeudarse con sus filiales en el extranjero. En Chile la inversión hacia el exterior también registró una caída que, al igual que en el caso de las entradas de IED, se concentró en el mes de abril.
Los flujos de IED hacia el exterior, que alcanzaron cifras históricas en los tres años anteriores, siguen siendo muy volátiles, dice la CEPAL. No obstante, la expansión de las empresas transnacionales latinoamericanas (translatinas) continúa al alza y se espera que los montos de la segunda mitad del año superen a los del primer semestre, principalmente porque se contabilizarán algunas grandes adquisiciones transfronterizas ya cerradas (la empresa chilena Corpbanca compró Helm Bank Colombia, la también chilena Entel adquirió Nextel Perú y la firma colombiana Nutresa compró la empresa de alimentos de Chile Tresmontes Lucchetti).
Las inversiones de México en el exterior también se ampliarían de confirmarse la adquisición del resto de la firma holandesa KPN por América Móvil, actualmente valorada en más de 9.000 millones de dólares. Las inversiones desde Brasil, en tanto, podrían mostrar nuevamente un saldo positivo si continúa la tendencia de los meses de julio y agosto, en los que las translatinas brasileñas dejaron de endeudarse con sus filiales en el exterior.
Los datos preliminares para 2013 indican que después de tres años de alzas continuadas y cifras históricas, América Latina continúa atrayendo inversión extranjera directa en montos crecientes. Los gobiernos deben aprovechar esta coyuntura para canalizar estas inversiones hacia sectores que contribuyan a cambiar la matriz productiva de la región, insiste la CEPAL.
El estudio PISA 2012 ha examinado a más de 510.000 alumnos de 65 países y economías sobre las áreas de matemáticas, lectura y ciencias. El principal ámbito de atención del presente estudio son las matemáticas. La competencia matemática es un sólido factor de predicción de resultados positivos para los jóvenes adultos. Influye en su capacidad para participar en la educación postsecundaria y en sus expectativas de ingresos futuros. El estudio pone de manifiesto varias características de los mejores sistemas educativos.
Los países con los mejores resultados —sobre todo los países asiáticos— hacen especial hincapié en la selección y formación de los profesores, les animan a trabajar en equipo y dan prioridad a las inversiones en la calidad del profesorado, en lugar de centrarse en el tamaño de las clases. Asimismo, establecen unos objetivos claros y aportan a los profesores autonomía en sus clases para que consigan dichos objetivos.
De entre los países que disponen de datos sobre evolución de tendencias en matemáticas hasta el año 2012, un total de 25 han mejorado en matemáticas, otros 25 no reflejan cambios y 14 han registrado peores resultados. Brasil, Alemania, Israel, Italia, México, Polonia, Portugal, Túnez y Turquía han mostrado una mejora sostenida durante este periodo. Shanghái-China y Singapur han mejorado aún más sus resultados, tras haber registrado un sólido rendimiento en 2009. Este es el primero de los seis volúmenes que se presentan los resultados de la encuesta PISA 2012.
Las relaciones entre Sudamérica y los países asíaticos como parte de una diversificación y vinculación del comercio internacional, son muy importantes. Sin embargo, las inequidades propias al tamaño de las economías no quedan fuera. Un claro ejemplo de ello es la relación entre Ecuador y China, siendo es este primero, el que acumula una deuda externa que se sitúa n alrededor de 7.200 millones de dólares, cifra equivalente a más del 10% del PIB anual. Así las dificultades históricas que este país ha tenido al intentar superar el modelo colonial que supedita a la economía al pago de deudas externas, quedan nuevamente expuestas. En el caso de su relación con China, los principales motores que han propiciado esta desmesurada deuda, han sido las ventas anticipadas de petróleo crudo, los créditos de libre disponibilidad y los préstamos para proyectos de generación hidroeléctrica. Sin lugar a dudas, que los países sudamericanos busquen multiplicar sus relaciones económicas, sociales y políticas con todos los países del mundo, es un paso adelante, pero el reproducir las mismas relaciones coloniales, es sin duda un paso atrás.
El informe enumera aspectos urgentes que se deben resolver para no entorpecer y aprovechar y potenciar el crecimiento económico por el que pasa el Perú en los últimos años. En síntesis, el documento analiza:
Mientras que el dólar y el euro se encuentran en medio de una creciente inestabilidad, el Yuan Reminbi, respaldado por la cada vez más fuerte economía China, parece abrirse más camino hacia su internacionalización y convertirse en la moneda de reserva. Con respaldo firme de las economías asiáticas como Malasia, Singapur, Mongolia y principalmente Japón, el mercado de bonos de yuanes ha crecido aceleradamente desde su debut en 2007. Aunado a la crisis de la deuda soberana por la que atraviesan Estados Unidos y Europa, expertos no tardan en aseverar que este proceso podría darse de entre los 2 y los 20 años posteriores. Tan sólo al dólar le llevo de 20 a 30 años superar a la libra esterlina, sin embargo, la rapidez de los mercados hoy en día es mayor.
Quizá una de las adversidades más notables a las que se enfrenta el Yuan es a la rigidez con la que el gobierno chino ha cuidado su convertibilidad, pero más allá de ser una medida rigurosa, es la cautela con la que el gobierno pretende llevarla a una plena convertibilidad en el futuro: se demostró claramente la sensibilidad de las monedas asiáticas con la crisis monetaria asiática de 1997 que implicaba la liberación de los controles de capitales. Así mediante esta paulatina convertibilidad (liberización), así como con la promoción del mercado de bonos en yuanes, se busca que la moneda china sea un atractivo vehículo de inversión y de respaldo en los próximos años.
Ningún país se encuentra completamente aislado del mundo, y desde luego los sucesos que acontecen a nivel mundial tienen ingerencia importante dentro de sus economías locales. En el caso de Argentina, se pone la atención a ciertos aspectos con tal de erigir una estrategia adecuada en materia de desarrollo económico. Así con esta consigna, Aldo Ferrer nos habla de los problemas graves que conlleva un apalancamiento incesante del gasto con incrementos de deuda y su repercusión en el consumo y la inversión, los grandes riesgos de gozar de un superávit del balance comercial sustentado principalmente en la exportación de commodities; así como el peso fundamental que deben de tener las políticas bien elaboradas y emprendidas por el Estado.
atimes.com 3/06/10
Ecuador Busca acuerdo con Tenedores de Bonos (Ingles)
www.emergingmarkets.org (26/03/10)la Ministra de Finanzas del Gobierno Ecuatoriano Elsa Viteri se siente optimista sobre las últimas negociaciones de los Bonos Global 2012 y Global 2030 los cuales sufrieron de una moratoria por parte de las Autoridades Ecuatorianas por considerarlas Ilegitimas.
Modelo Económico Amplía desigualdades: Cepal y UNAM
La Jornada 26/03/10)
Paraguay: Respaldo internacional a la nueva viceministra de energía Mercedes CaneseArgenpress.info 25/02/10
En la siguiente serie de links se presentan reportajes sobre la economía de los principales países de América Latina elaborados por el Financial Times, uno de los periódicos internacionales de mayor prestigio en el mundo. En dichos reportahes podemos destacar la visión que se tiene sobre la zona, como futuro nicho de crecimiento y comercio.
América Latina: Un reporte especial de FT: http://view.email.ft.com/?j=feca10757160007d&m=fe961570716407757c&ls=fdfc15707665017e731d7072&l=fef31379706700&s=fe3f16707d66047d771670&jb=ff961578&ju=fe8012797d61027a73&r=0
América Latina y el Caribe: http://www.ft.com/cms/8fa2c9cc-2f77-11da-8b51-00000e2511c8.html?ftcamp=traffic/email/content/reportalert//memmkt
Educación en Negocios: http://www.ft.com/intl/business-education?ftcamp=traffic/email/content/reportalert//memmkt
A fondo: http://www.ft.com/uk/indepth?ftcamp=traffic/email/content/reportalert//memmkt
Columnas de opinión: http://www.ft.com/uk/comment?ftcamp=traffic/email/content/reportalert//memmkt
Reportaje - Las nuevas rutas comerciales: América Latina http://www.ft.com/cms/8cc20cea-6ef5-11e0-a13b-00144feabdc0.html?ftcamp=traffic/email/content/reportalert//memmkt
El nuevo Brasil: http://www.ft.com/cms/1ab2a3bc-7d38-11df-8845-00144feabdc0.html?ftcamp=traffic/email/content/reportalert//memmkt
Inversión en Colombia: http://www.ft.com/cms/c8caefc4-405a-11df-8d23-00144feabdc0.html?ftcamp=traffic/email/content/reportalert//memmkt
Infraestructura y financiamiento en México:http://www.ft.com/cms/aba85df8-3ba2-11df-a4c0-00144feabdc0.html?ftcamp=traffic/email/content/reportalert//memmkt
China podría superar a Estados Unidos y convertirse en la mayor economía bancaria en 2035, según informes publicados el viernes en una investigación elaborada por la firma de servicios profesionales, PricewaterhouseCoopers. Se espera que India supere a Japón para ubicarse en tercer luegar en cuanto al grosor de su sector bancario nacional para el año 2035, según las previsiones mencionadas en el informe. PWC dijo que el cambio del poder financiero se vio acelerado por la crisis financiera, de la cual los bancos en los mercados emergentes escaparon relativamente ilesos. El ascenso de China para convertirse en la economía líder de la banca estaría llegando 20 años antes de lo que se había pronosticado antes de la crisis financiera, según el informe.
Market Pulse. June 3, 2011, 8:51 a.m. EDT
La Dirección de Estadística Económica del Banco Central del Ecuador, presenta de manera trimestral un análisis de los indicadores de síntesis de pobreza y desigualdad relacionados con el mercado laboral. En el actual informe constan los resultados obtenidos diciembre de 2011. La metodología se basa en las líneas "oficiales de pobreza y de extrema pobreza por consumo", calculadas a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) -Quinta ronda, a junio de 2006 y actualizadas en función de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La Comisión Interinstitucional acordó utilizar 8 dominios de estudio para la encuesta trimestral nacional-urbana: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato, Resto Sierra Urbana, Resto Costa Urbana, Amazonía Urbana. Para la encuesta nacional urbana-rural se utilizan 11 dominios: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato, resto sierra urbana, resto costa urbana, Amazonía urbana, Sierra rural, Costa rural y Amazonía rural.
En el siguiente artículo se habla sobre la deuda de Argentina. De cómo se han desconocido algunos préstamos derivados de la dictadura y de cómo a acordado con el Club de París pagar la cifra de 8470 millones de dólares, quedando sólo pendiente, el plazo en que se pagará esta cantidad. Con esto Argentina propone una refinanciación que permita que el Estado no dependa de los mercados internacionales de crédito para su cancelación, estando dispuesta a pagar aproximadamente 1500 millones de dólares anuales; y buscando poder mejorar infraestructura y condiciones propicias para la inversión.
La reciente cumbre energética entre EEUU, Centroamérica y el Caribe celebrada en Washington, demostró el interés del gobierno de Obama por querer ordenar el sector energético de la región y ejercer un mayor control sobre los recursos naturales con que cuentan los países miembros, especialmente Honduras, Guatemala y el Salvador. Se busca además eliminar la dependencia del petróleo venezolano en el marco de PETROCARIBE, cuando se habla de una reducción de los envíos del crudo a los países miembros por la crisis económica y política que enfrenta el gobierno del presidente Maduro.
Ello es así ya que, por un lado, este sector luce fragmentado y desarticulado; no existe integración, compatibilización y coordinación de políticas, programas, proyectos e incentivos para un desarrollo conjunto con una visión de largo plazo. El sistema de interconexión eléctrica para la región centroamericana (SIEPAC) se usa como bombero para apagar demandas de urgencia sin una planificación de largo plazo ni estructuras institucionales integradas. Asimismo, todavía es fuerte la dependencia de energías térmicas frente a las crecientes oportunidades que existen para ejecutar proyectos de generación de energía renovable en la región. En Guatemala se estima que la energía renovable generada es menor del 45%, El Salvador de 43% y Honduras 51%.
En complemento a ello, las agencias y organismos de cooperación internacional cuentan con suficiente recursos para apoyar la ejecución de estos proyectos, y hay interés de empresas privadas gringas para invertir capital en los mismos: pero hay una falta de capacidad técnica para absorber estos recursos y darle un uso eficiente. Entre 2014 y 2015, la región centroamericana tuvo acceso oficial a cerca de 3,000 millones de dólares de fuentes privadas y cooperantes para ejecutar proyectos energéticos menos contaminantes, pero las demandas potenciales duplican ese monto.
El problema es que en la Cumbre Energética se habló muy poco de las causas que explican los bajos niveles de inversión efectiva en el desarrollo de proyectos energéticos a pesar del ajuste de los marcos jurídico-institucionales sufridos por los países para incentivar su desarrollo y la disponibilidad de recursos externos facilitados por los OFIs. La primera es la proliferación de un enfoque extractivista del desarrollo que privilegia la obtención de beneficios económicos y financieros en un cortísimo plazo sin considerar la opinión y participación de la población, organizaciones de sociedad civil de base e incluso de gobiernos locales. En los países de la región, especialmente Honduras y Guatemala, la ejecución de proyectos de energía renovable se liga a prácticas institucionales corruptas que induce a la protesta pública de la población afectada.
Lo segundo con el cubrimiento de los costos de las externalidades negativas de los proyectos con impactos no deseados en las economías locales y condiciones materiales de vida de los pobladores.
Sobre lo primero, organizaciones de sociedad civil y grupos ambientalistas han venido denunciado que los proyectos energéticos renovables se ejecutan sin consulta y participación previa, esto es sin el consentimiento y aprobación de los pobladores de las zonas donde construirán represas; los casos donde se ha realizado esta consulta, la mayorías de las reuniones celebradas han sido manipuladas por los alcaldes, gobierno central y ejecutores privados, por lo cual no hay el consenso requerido para ejecutar la obra.
Esta mala práctica está afectando la construcción de los proyectos e impacta negativamente en su ejecución y sostenibilidad futura. Hay tomas de calles y ríos de grupos indígenas por la construcción de represas, pero también por los efectos que tienen en las mermas del caudal del agua de los ríos aquellos proyectos en ejecución y aprobados por decreto e impuestos a la fuerza. Un ejemplo es la construcción de la represa Agua Zarca en Honduras, que costó la vida de la líder Ambientalista Bertha Cáceres que ha implicado, entre otras cosas, el retiro de los inversionistas extranjeros y aumento de la presión de los pueblos indígenas y organizaciones sociales para que desista de los proyectos y haga justicia.
Sobre lo segundo, los gobiernos de la región deben exigir a las empresas una protección efectiva sobre los daños y perjuicios que puede causar la ejecución de proyectos energéticos mal formulados y sin mecanismos claros de regulación y sanción por parte de los gobiernos centroamericanos. Las acciones a tomar incluyen: a) el cubrimiento de los costos de las externalidades negativas generadas con la ejecución del proyectos, elaborándose un plan de trabajo de dichas acciones y los proyectos adicionales compensatorios a ejecutarse; b) el respeto a la legislación en cuanto a que el agua para consumo humano tiene prioridad por sobre los demás usos, ello ya que las quejas de los pobladores son que con el proyecto hidroeléctrico encuentran más difícil tener acceso a una fuente de agua segura; c) una política de incentivos económicos neutra, o sea que no favorezca a empresarios de estos proyectos pagándoles más caro el precio de la energía generada en comparación a otras fuentes aduciendo la fuerte inversión realizada.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, abogó por una liberalización del mercado energético de la región, que permita a los países comprar energía donde se produce más barata, igual propuso fortalecer los marcos regulatorios. Ello se da cuando se está a las puertas de la vigencia de la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala, que es avalada por EEUU y será utilizada como un instrumento de presión para que se sume el Salvador en esta primera fase. La liberalización demandada implica que a lo interno del país, se eliminen también los subsidios a las empresas que distorsionan el mercado e impactan negativamente en el bolsillo de los consumidores al garantizársele un precio mayor por kilovatio de energía generado incluso superior al de las plantas térmicas, lo que vuelve a Honduras un país más caro y menos competitivo por los altos costos pagados por la energía.
Los presidentes de Honduras, Guatemala y Salvador, miembros y beneficiarios del Plan del Triángulo Norte de la Región, o el Patio Trasero de EEUU junto a México, expusieron también acerca de los avances habidos con dicho plan, después que corriera el rumor en Washington que la administración Obama suspendería dichos fondos por los pocos resultados obtenidos en el combate de la violencia, corrupción e impunidad. Incluso, en el caso del El Salvador se pensó que ello era posible por el aumento de la violencia en las calles, y en Honduras por la falta de castigo a los corruptos y responsables de la muerte de Bertha Cáceres (ya se dio la captura “supuestamente” de cuatro personas involucradas en el asesinato).
El presidente Obama se muestra complacido por los avances en los alineamientos de los fondos, por lo que los gobiernos exigen el desembolso de un 25% de los 750 millones de dólares aprobados por el Congreso pero disponibles hasta 2017.
No obstante estos avances, la región centroamericana presenta dos crecientes focos de inestabilidad económica y social. La primera es la llamada crisis ambiental estructural por la pérdida de los bosques que amenaza por convertir a países como Honduras en desiertos, sumado a problemas de sequía agrícola y dependencia alimentaria por el cambio climático. La segunda es la crisis de empleo, donde el grupo de jóvenes que no estudia ni trabaja (Niní) se multiplica, y las universidades ya no son una opción por los altos costos y las pocas oportunidades de trabajo y pago de salarios que se ofrecen por el mercado una vez obtenido el título. En Honduras hay más de 1 millón de Nini, sin que existan políticas claras de inserción progresiva en el mercado de trabajo.
La administración Obama ha destinado cinco millones de dólares para fortalecer la interconexión regional eléctrica y abaratar el costo de la energía, y también existen recursos en el marco del Plan de la Alianza del Triángulo Norte para combatir la violencia, fortalecer a las fuerzas de seguridad pública y operadores de justicia para reducir los niveles de corrupción e impunidad alarmantes. Todavía, para el caso de Honduras, no se aprueba otro compacto de la Cuenta del Milenio que permita generar fuentes de trabajo en forma rápida y mejore el acceso a los alimentos básicos por la población en situación de pobreza. Los beneficios mayores de los proyectos energéticos se focalizan en un grupo reducido de empresas nacionales y de capital extranjero, donde se involucran diputados y funcionarios de gobierno, pero los mayores efectos e impactos negativos (pérdida creciente de acceso a fuentes de agua segura para consumo humano y desplazamiento de territorios y hábitat naturales) los sufre mayormente la población de bajos recursos.
Hay que poner la mirada en estos problemas que presagian otra crisis de magnitudes insospechables para la región y su gente. No hay que seguir con la destrucción de las principales fuentes de valor: el trabajo humano y la naturaleza, propio de un modelo neoliberal autoritario.
The economic crisis, the collapse of oil prices, and the energy matrix change pose a danger to the oil industry. Low profitability puts pressure on the big oil companies to change their energy production, while the environmental cost of the sector is gigantic. According to Climate Action 100+ , 40 oil companies emitted 8.8 gigatons of CO2 by 2018. It is more than 2.44 and 3.1 times than 23 mining companies or 32 electricity generation companies. According to the International Energy Agency, investment in exploration, drilling, and extraction by major Western oil companies, except for ExxonMobil and British Petroleum, decreased slightly from 2018 to 2019 by 0.3%.
Some global oil companies appear to be turning to clean energy as a business alternative. The biggest oil company globally, Sinopec Group (China), for example, has been promoting geothermal energy as an alternative since 2015. The company proposed that by 2020 there would be 500 gigawatts (GW) of installed capacity. China National Petroleum Corporation is also interested in other types of energy, such as geothermal and ethanol. Of the latter, it can produce 500 thousand tons annually.
The Anglo-Dutch Royal Dutch Shell, the largest oil company in Europe and second globally, planned to invest between 4 and 6 billion dollars in the 2016-2020 period in the wind, solar, and biofuels energies as well as into the development of electric car chargers and hydrogen cars. However, by the end of 2019, they had only invested 3 billion dollars.
For its part, British Petroleum (BP) is present in the wind, solar, biomass, and biofuel energies. Their priority is the production of biofuels by joining the agro-industrial Bunge International Limited in 2019. According to plans, there should be 11 new ethanol and sugar production plants in Brazil for electricity generation. BP also has investments in chargers and batteries for electric cars. StoreDot (Israel) and FreeWire (United States) received 20 and 5 million dollars, respectively. In 2018, BP bought the English ChargerMaster for 170 million dollars, in the same business line as the two previous ones.
France's Total set itself to invest $500 million a year in renewable energy since 2015. It has concentrated on wind and solar power, the most important of which is the solar park in the Atacama Desert, Chile, with 68 MW capacity. They have also invested in biofuels and bioplastics. The investment reported by the company dedicated to non-petroleum energy is a little over 7 billion dollars for 2019.
The American ExxonMobil does not have the same trend as the other oil companies. On the contrary, the company did not present complete information on the environmental damage caused by its activities in 2015, leading investors to lose 1.6 billion dollars. In December 2019, with testimony from Rex Tillerson, former CEO of ExxonMobil and former US Secretary of State, the New York court ruled in favor of the oil company.
The situation in Latin America contrasts with the United States. The Brazilian company Petrobras, in December 2018, published a $417 million investment plan for the period 2019 - 2023 dedicated to research and development of renewable energies. It explains the incursion into the production of flexible and transparent solar panels in conjunction with the Swiss Center for Technology and Microtechnology in February 2019. However, under the new CEO, Castello Blanco, only 3% (147 million dollars) of the 2019 total investments (over 3 billion dollars) have been directed to this area. The rest went to oil production activities. Castello Blanco refuses to invest in clean energy by saying that "we are not a charity, we are not going to throw money away. We have to run profitable operations. If we don't generate cash, we won't do anything about climate change."
Contrarily, Colombia's Ecopetrol has already made a foray into clean energy with the Castilla solar park in Meta, Colombia, and a generation capacity of 21 MW, inaugurated in October 2019. In late 2019, they announced a 200 million dollar investment in clean energy in 2020. It has focused on solar energy with two solar parks, expected to become operational in 2022. These will be near an oil field and will serve for the plant's power generation.
Petroperu has just opened the door to clean energy in 2020. The oil company president said: "(...) in Petroperú we are going to explore how to migrate to other energies and become a company that explores those opportunities". Other Latin American companies, such as YPF (Argentina), PEMEX (Mexico), Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (Bolivia), have not yet taken a position on this issue.
Oil companies need to look for new ways to be profitable and to maintain the environment. With this in mind, many of the firms proposed investments in renewable energies. However, evidence shows that the efforts of the oil industry to enter green energies are not enough. If one compares clean energy investments against total investments, it is very stark. For example, the percentage for BP and Petrobras is no more than 20%. The trend remains constant since these efforts began, and fossil fuel investments are still much higher
La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) llegó a América Latina y el Caribe en un momento difícil desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Para hacer frente a la crisis sanitaria, cuya duración ha sido mayor de lo que se había previsto, y a sus graves efectos económicos y sociales, se necesitarán pactos políticos y sociales que se construyan con la participación de una amplia variedad de actores, que permitan universalizar la protección social y la salud, y, sobre todo, que reorienten el desarrollo sobre la base de la igualdad y las políticas fiscales, industriales y ambientales para la sostenibilidad. Los pactos deberán tener por objeto sentar las bases para construir un Estado de bienestar que, entre otros objetivos, asegure el acceso universal a la salud, una fiscalidad redistributiva, un incremento de la productividad, una mejor prestación de bienes y servicios públicos, un manejo sostenible de los recursos naturales, y un aumento y una diversificación de la inversión pública y privada.
En esta edición del Panorama Social de América Latina se refleja el impacto social de una crisis sin precedentes. Los efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) se han extendido a todos los ámbitos de la vida humana, alterando la manera en que nos relacionamos, paralizando las economías y generando cambios profundos en las sociedades. La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles. Por ello, es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región.
A lo largo de este documento, se analizan las tendencias sociales que precedieron la pandemia y se busca dimensionar sus repercusiones socioeconómicas en 2020, especialmente en lo relativo a la pobreza y la desigualdad, así como al trabajo remunerado y no remunerado. Se examinan, asimismo, las tendencias del gasto público social en los países de la región, las medidas de protección social adoptadas por los gobiernos de América Latina y el Caribe en respuesta a los efectos de la pandemia y el malestar social que existía en la región antes de la crisis. Frente a los desiguales efectos de la pandemia sobre las mujeres y los hombres, se hace un llamado a invertir en la economía del cuidado como sector estratégico de una reactivación con igualdad.
La pandemia de enfermedad por coronavirus (Covid-19) afectará los avances asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En lo que refiere a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, sus efectos aún no han sido medidos de forma completa, pero es muy probable que genere consecuencias inmediatas y duraderas sobre la calidad de vida de la población, lo que pone en serio riesgo la consecución de las metas del ODS 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” y el ODS 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”.
Lo anterior resulta aún más preocupante por cuanto ya desde antes de la pandemia gran parte de los progresos de la región en materia de alimentación y nutrición habían retrocedido. En 2019, el número de personas que vivían con hambre en América Latina y el Caribe se situó en 47 millones. Esto implica que aproximadamente el 7,4% de los habitantes de la región sufría hambre, pero de forma quizás más importante, significa también un incremento de más de 13 millones de personas en el total de población subalimentada solo en los últimos cinco años.
La planificación a largo plazo requiere un cambio de paradigma del modelo de desarrollo, una priorización de la territorialización y el fortalecimiento del multilateralismo con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, coincidieron hoy ministros y altos jefes de planificación de los países de América Latina y el Caribe reunidos en la XVI Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación, que se celebra en Montevideo, Uruguay.
La reunión fue inaugurada por Álvaro García, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay; Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Mireia Villar, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en ese país.
A la Conferencia asisten altas autoridades de 24 países de la región, siete de ellos del Caribe.
Durante su intervención, Álvaro García recordó que la planificación se relaciona en todos los ámbitos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y subrayó la importancia de otorgarle una mirada a largo plazo. En ese sentido, destacó los alcances de la Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050, presentada el martes 27 en Montevideo, que establece la bases para que ese país se encamine hacia un desarrollo sostenible.
Asimismo, valoró el apoyo que la CEPAL entrega a los países de la región. “La CEPAL es un gran faro que nos va iluminando, marcando con evidencia, con trabajo profesional, con información necesaria e imprescindible para elaborar mejores políticas públicas”, declaró.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, por su parte, destacó la relevancia de la planificación para dialogar, proyectar, repensar y plantear la imagen del país y de la región que queremos.
Destacó que la Agenda 2030, el Acuerdo de París, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y el Acuerdo de Escazú, entre otros instrumentos internacionales, proveen los marcos necesarios para que todos los actores del desarrollo dialoguen y pacten sobre las políticas de Estado que se requieren para que la región alcance un desarrollo con igualdad y sostenibilidad.
Alicia Bárcena subrayó la urgencia de un multilateralismo que fortalezca la democracia como respuesta compatible con la Agenda 2030 y que fortalezca la confianza en la cooperación internacional y la acción colectiva para la provisión de bienes públicos globales y regionales.
Mireia Villar, en tanto, destacó el trabajo que viene realizando Uruguay, país que a la fecha ha presentado tres revisiones nacionales voluntarias al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que se celebra anualmente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. “Es de una ayuda enorme para saber dónde está el Uruguay”, afirmó.
Posteriormente, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL realizó una conferencia inaugural en la que presentó un diagnóstico regional a nivel económico, social y ambiental y abordó el estado de la planificación para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
Durante su intervención, la máxima representante del organismo regional de las Naciones Unidas recordó que la crisis de 2008 marcó un punto de inflexión en el modelo económico generando una hiperglobalización que ha derivado en una financiarización con altos riesgos; cambios en la riqueza global y crecientes desigualdades en países de ingreso medio y sociedades que no están invirtiendo en el futuro.
“Pensamos que la crisis del 2008 había pasado y que iba a mejorar la situación mundial, pero llevamos 11 años y persisten problemas de fondo. Esto ha derivado en la crisis del multilateralismo, de la migración y de la democracia”, afirmó Alicia Bárcena.
Subrayó que el mundo vive hoy un sesgo recesivo del crecimiento y del comercio, y advirtió que las desigualdades ya no son entre el centro y la periferia, sino que dentro de los mismos países.
“El crecimiento es mediocre en general en la región. 21 de los 33 países de América Latina y el Caribe han desacelerado su economía y tenemos el mayor endeudamiento de la historia, que no está resultando en mayor inversión productiva”, precisó.
Añadió que los ingresos tributarios de los países de la región se van al pago de la deuda y sus intereses, principalmente en el Caribe, donde 60% de su PIB se destina al pago del servicio de sus compromisos externos. “¡Eso es insostenible! Por eso la CEPAL ha venido planteando el alivio de la deuda para el Caribe”, señaló.
Alicia Bárcena celebró los esfuerzos de la región en la lucha contra la pobreza, pero insistió en que la desigualdad persiste: América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo, donde el decil más rico concentra el 30% de los recursos, mientras que el quintil más pobre solo el 6%.
En esa línea, subrayó la importancia de priorizar la territorialización de la planificación, “porque el territorio sí importa”, dijo.
“La pobreza es 20 puntos porcentuales mayor en zonas rurales y afecta en mayor medida a niños, niñas y adolescentes. En el caso de los pueblos indígenas la pobreza es 23 puntos porcentuales mayor”, alertó.
Finalmente, llamó a implementar una mirada de la planificación para el desarrollo a largo plazo, para lo cual se requiere un cambio de paradigma.
“Debemos transitar de un estilo de desarrollo con crisis ambientales, con desigualdades, hacia un nuevo modelo, que incluya un gran impulso ambiental”, concluyó.
La Conferencia de Ministros, que culmina el jueves 29 de agosto, dará paso a la XVII Reunión del Consejo Regional de Planificación, el órgano subsidiario intergubernamental que orienta las actividades del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), de la CEPAL, y que se celebrará los días 29 y 30 de agosto en Montevideo.
En el marco de la reunión, la CEPAL presentará el documento de posición “Planificación para el desarrollo territorial sostenible en América Latina y el Caribe”.
El día de hoy, Máxima Acuña, indigena peruana, recibió el premio Goldman por su lucha en contra de la mina Yanacocha de Newmont, la cual se encuentra ubicada en la provincia de Cajamarca, donde habita Máxima. Esta mujer es acusada de invadir terrenos propios de la mina, especialmente un lago. Yanacocha es la mina de oro más grande en América Latina y la segunda del mundo con una extensión de 535 mil metros cuadrados.
Las protestas de la comunidad de Cajamarca en contra de la mina giran en torno a la contaminacion del agua y del suelo. cuyos efectos ya se han dejado ver la salud de los habitantes. Sin embargo, la respuesta de la empresa es totalmente violenta pues mediante amenazas ha buscado acallar a las personas. En el caso de Máxima Acuña ha sido hostigada, golpeada, han invadido su hogar e incluso destrozado parte del mismo.
El conflicto entre Newmont y Máxima Acuña llegó a una demnada judicial que duró cerca de tres años, finalmente en diciembre del 2014 se logró el juicio en favor de Acuña, y se estableció que la minera no tiene derecho alguno sobre dichas tierras.
Es importante resaltar que el proceso no culmina ahí, durante su discurso, Máxima señala su apoyo a los compañeros de Celendín y Bombamarca, comunidades que atraviesan la misma problemática por las acciones de la empresa estadounidense con sede en Colorado. Asimismo resulta irónico que la entrega del premio haya sido una ciudad del mismo país.
Fuentes de consulta
http://nodirtygold.earthworksaction.org/voices/yanacocha#.VxZwxPpmrU0
The fact that our planet is called "Earth" is a bit misleading as 70% of the surface of the globe is oceanic. About 50-80% of all life forms on Earth exist in the deep ocean. Every year, about a quarter of the carbon dioxide (CO2) emissions caused by human actions are absorbed by the ocean. This cycle may be disrupted as a result of climate change, endangering marine life and human food security.
Earlier notes discussed the climatic consequences on cereal harvests due to rising temperatures around the world. El Niño would exacerbate these effects, but not only on land, but also in the water. On 27 July, UN Secretary-General António Guterres announced that the era of rising global temperatures is over. Immediately, however, he warned that we are entering an era of "global boiling".
According to NASA estimates, July 2023 recorded a temperature increase of 0.24 degrees Celsius compared to any previously recorded July. It was also 1.18 degrees warmer than the average July between 1951 and 1980. The agency notes that the five warmest Julys since 1880 have occurred in the last five years.
At the end of July 2023, the global average daily sea surface temperature reached 20.96 °C, surpassing the previous record of 20.95 °C set in 2016, according to climate analyses by the Copernicus service. During the period from 2015 to 2019, episodes of high ocean temperatures led to the disappearance of around 50 types of organisms, including corals and molluscs.
Unusual warming has been observed in the North Atlantic. In areas near the UK coast the water temperature has been more than 5°C above normal levels. Temperatures in the upper part of the Mediterranean Sea have reached an all-time high of 28.7 degrees Celsius, and in certain parts of the eastern sea, they have even exceeded 30°C.
The oceans play a crucial role in climate regulation. They act as a heat sink, generate about half of our planet's oxygen and influence weather patterns. When ocean waters become warmer, their capacity to absorb carbon dioxide decreases, which means that more of the gas responsible for global warming remains in the atmosphere. In addition, ocean warming can accelerate the melting of glaciers that flow into the sea, contributing to a more pronounced rise in sea level.
Rising temperatures have long-lasting effects on marine fauna, as mobile species will move in search of cooler habitats, potentially triggering imbalances in entire ecosystems. On the other hand, species that stay in one place are more susceptible to heat stress, as they lack the ability to migrate in search of more suitable conditions.
The latest report issued by the Intergovernmental Panel on Climate Change indicates that, in Australia, fisheries yields could fall by 3-10% if average global temperatures rise by 0.9-2.0 degrees Celsius above pre-industrialisation levels. If global warming continues unchecked and average temperatures rise by 2.4°C to 5.2°C, yields could fall by as much as 30%.
In Alaska, the combination of a heat wave at sea and an abundant growth of crabs seems to have been the cause behind the large number of deaths of this species, as the crabs experienced an increase in their metabolic activity due to the warmer waters and, as a result, ran out of sufficient food. It is very likely that rising temperatures in the oceans and rivers will also lead to a significant reduction in the chum salmon population.
For tunas, the change in water temperature threatens their development. A small increase in the Pacific bluefin tuna population is projected for the future. In contrast, five species, including Atlantic and southern bluefin tuna, swordfish, bigeye tuna and albacore, are estimated to experience declines in both total numbers and size, each at different rates. In some countries, fishermen abandon their work for this reason, for example, Sudan, where they catch a quarter of what is usual.
Ocean warming must not be ignored. The effects will not only be severe on the various marine species but also on humans. The oceans will absorb less CO2, large amounts of flora and fauna will be lost, and the lack of fish will put pressure on seafood prices as is already the case for agricultural products due to droughts and other extreme weather events.
La propuesta que se expone en el presente documento por parte de la CEPAL, es hacer visible la interdependencia existente entre la justicia y la igualdad de género en todo el ciclo de las políticas públicas. En este tenor, la CEPAL ha sostenido que hay un vínculo entre igualdad y justicia social, y que la igualdad torna la dignidad y el bienestar de las personas en un valor irreductible, articula la vida democrática con la justicia social y vincula el acceso a los derechos con una ciudadanía efectiva, siendo este un gran desafío pendiente aún en la región de América Latina y el Caribe, donde las brechas de equidad son, y han sido, las mayores del mundo.
A pesar de los avances que se han tenido en la igualdad de género las estructuras de poder no se han modificado de manera sustancial; subsistiendo distinciones de género profundamente arraigadas en las sociedades de la región, que se reflejan también en las diferencias de clase, de etnia y generacionales, entre otras. Bajo esta dimensión, en el documento se expresa que la justicia de género debe tanto abordar la dimensión económica de las desigualdades, como enfrentar las normas y patrones culturales que asignan a las mujeres un estatus inferior en la interacción social. Obligando a ir más allá de la mera distribución de bienes y recursos, considerando además el reconocimiento de la diversidad de los sujetos y situaciones de discriminación y su representación a través de la participación paritaria en las decisiones sociales y políticas.
Enfocando esta búsqueda de la justicia de género hacia fundamentos como los de: la defensa de una política social de igualdad y una política cultural de la diferencia, en el entendido de que la mayoría de las injusticias se combinan injusticias de redistribución y de reconocimiento. Siendo una política justa para la igualdad de género, la que pudiera entrelazar de manera mutuamente positiva objetivos redistributivos con objetivos de reconocimiento y objetivos de representación puestos en el espacio público por los distintos actores.
Por lo que se refiere al conjunto de políticas analizadas, estas son expuestas ya que, en el contexto de procesos históricos específicos y por medio de los recursos disponibles, han producido resultados que tienden a la justicia distributiva, de reconocimiento y representación, fortaleciendo los logros de las mujeres en tres aéreas: autonomía física, económica y política.
De acuerdo con la CEPAL, las políticas del Brasil y del Uruguay, son políticas orientadas a enfrentar la violencia dirigida a las mujeres por ser mujeres; políticas que tienden a la justicia de género, en la medida en que promueven el logro de la autonomía física de las mujeres pero sobre todo porque ponen en cuestión el orden sobre el que se basa la violencia contra las mujeres al combatir una práctica basada en la desigualdad y la discriminación de género. En este tenor, una política más vinculada con la autonomía física de las mujeres, es la política de interrupción voluntaria del embarazo de Colombia, política que de acuerdo con el documento, considera el respeto a derechos fundamentales como lo es el derecho a la vida, la salud, la igualdad y la autonomía reproductiva de las mujeres.
En lo referente a las políticas que responden a la situación de desigualdad en la esfera política, expresada en la dificultad de las mujeres para participar en igualdad de condiciones con los hombres y acceder a puestos de elección popular y de tomas de decisiones, son las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia y de paridad política de Costa Rica; mismas que se enmarcan en la necesidad de revertir desigualdades consuetudinarias y diferencias de puntos de partida entre hombres y mujeres, estableciendo condiciones para avanzar en una mayor autonomía de las mujeres en la toma de decisiones.
En tanto, sobre la reforma previsional de Chile, ésta representa un avance tanto en lo redistributivo como en el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas con iguales derechos que los hombres, así como el trabajo remunerado y no remunerado realizado por ellas. En el caso de México, la política analizada en el presente documento, aborda el rol distributivo del Estado como garante de la igualdad, asegurando que un porcentaje del presupuesto federal será destinado a políticas, programas y actividades para las mujeres.
Finalmente, se expresa que estas políticas orientadas a la resolución de distintos tipos de problemas, tienen en común que abordan la desigualdad de género y avanzan en entregar mayor autonomía a las mujeres, fundándose en la convicción de que la igualdad implica formas de convivencia en que es prioritario la reasignación de recursos y servicios para reducir las brechas existentes en cuanto a la plena titularidad de derechos.
Los negociadores de la agenda post-2015 se reunieron del 19 al 21 de enero para comenzar a debatir la forma final de un programa de desarrollo para los próximos 15 años, que se acordará en la Cumbre de la ONU del 25 al 27 de septiembre en Nueva York.Los delegados acordaron que la agenda debe aplicarse a todos los países, no sólo los que aún se consideran "en desarrollo". Esto reconoce que ningún país del mundo es desarrollado de forma sostenible. Sin embargo, ya están surgiendo diferencias políticas sobre lo que significa “universal” y la noción de solidaridad mundial
La tercera Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo se celebrará del 13 al 16 de julio en Addis Abeba, Etiopía. Del 28 al 30 de enero, los negociadores discutieron un primer “documento de elementos” como la base para el acuerdo, en donde destacaron una serie de temas que merecen especial consideración: la fiscalidad global y local, las modalidades de consumo y producción, el papel del sector privado y el espacio político.
El documento sobre elementos de FpD3 hasta ahora ha sido relativamente general y orientado al consenso, anticipando las muchas negociaciones que tendrán lugar, además parece poco ambicioso en su sección de cuestiones sistémicas, señalando apenas que las reglas y las normas internacionales no siempre están en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Y nunca lo estarán mientras los poderosos puedan jugar con el sistema, y el flujo de recursos siga inequívocamente sesgado hacia aquellos que ya tienen mucho más que lo que merecen.
El pensamiento dominante nos conduce a aceptar como imposible una economía sin crecimiento. La única vía para lograr el desarrollo pasaría por el crecimiento económico. Esto demanda cada vez mayores volúmenes de recursos naturales que sostengan la creciente demanda mundial. Al mismo tiempo ese esfuerzo aseguraría los ingresos para que el Sur global supere su «subdesarrollo».
En este texto, Alberto Acosta aborda las principales limitaciones (patologías) de los extractivismos. Propone algunos elementos que sirven para pensar en alternativas alrededor de dos tendencias que comienzan a cobrar creciente fuerza en el debate internacional: decrecimiento y post-extractivismo, y revisa, simultáneamente, nuevos horizontes civilizatorios, como el “Buen Vivir”.
Durante el último año se ha producido un aumento generalizado de la inflación en todo el mundo. Las razones son bastante heterogéneas. Más allá de reducir la explicación a la oferta y la demanda, es necesario tener en cuenta las características estructurales de cada mercado en particular, y los efectos de las políticas fiscales, monetarias y regulatorias (ver más).
Entre la infinidad de productos disponibles en el mercado financiero internacional, el gas es uno de ellos. Debido a su relevancia y mínima diferenciación cualitativa, se negocia al por mayor en los mercados internacionales tanto al contado (tarifas corrientes) como a futuro. Esto lo expone a la volatilidad del mercado, haciéndolo muy sensible a las expectativas del mercado y a las variaciones de los tipos de interés.
Esta negociación internacional es la primera parte de la formación de valor. Implica a las empresas de extracción cuya oferta depende principalmente del nivel de los tipos esperados, ya que determinados métodos de extracción, como el gas de esquisto, requieren una mayor cantidad de referencia para ser rentables. Por lo tanto, no hay limitaciones de suministro mientras el precio siga siendo alto. La disponibilidad de gas no debería ser una dificultad en condiciones normales de mercado.
Las empresas públicas producen el gas que se consume en los países de la región, cuyo valor está sujeto a sus costes de producción y no a la tarifa fijada en los mercados financieros. Pero en México, las importaciones de gas se acercan al 80% y en Chile al 78%; Perú, aunque es exportador neto de gas natural, es importador neto de gas licuado de petróleo (GLP).
Al depender de las importaciones de gas, está sujeto a los referentes internacionales, que se han visto afectados por el exceso de liquidez en el mercado debido a la política monetaria no convencional utilizada por la Reserva Federal desde marzo de 2020. Además, las importaciones se realizan en dólares estadounidenses, por lo que el costo del consumidor se ve directamente afectado por el tipo de cambio.
El importe final que paga el consumidor no es el valor internacional. Los costes de transporte, almacenamiento y distribución que se acumulan desde los pozos de extracción hasta el consumidor final son relevantes. En general, el Estado suele ser el propietario de los gasoductos y las infraestructuras necesarias para el transporte de gas de los monopolios regulados, por la magnitud y los costes de instalación que conllevan.
Las empresas privadas importan, almacenan, distribuyen y venden los combustibles finales, y en Perú representan el 65% del valor final. Brasil, Colombia y México viven una situación similar, con unas pocas empresas que se concentran en el almacenamiento y la distribución. La falta de competencia en el sector tiene un efecto esencial en el gasto de los consumidores, ya que la demanda es estable independientemente del coste. Las autoridades de la competencia de México y Chile ya han iniciado investigaciones al respecto.
En América Latina, el consumo doméstico es una pequeña parte de la demanda total. Por ejemplo, en México, el uso doméstico del gas apenas supera el 1%, mientras que alrededor del 60% se destina a la generación de electricidad y el 21% a la industria. En Perú, el 55% se destina a la generación de electricidad, el 18% a la industria y el 1,5% al consumo doméstico. En general, estos patrones de consumo son bastante similares en los países de la región, con la única excepción de Argentina y Chile, que tienen un mayor consumo doméstico, especialmente durante el invierno.
La contracción económica y la lenta recuperación de la producción indican que la demanda de gas como fuente de energía para alimentar la industria y la generación de electricidad no ha ejercido presión sobre el mercado.
Aunque las estructuras oligopólicas internas de la región provocan unas tarifas más elevadas y están sujetas a la regulación de las autoridades de la competencia, la mayor parte del aumento del valor del gas se debe al exceso de liquidez en el mercado, que ha provocado una subida generalizada del valor de la materia prima. Además, como el gas es un insumo para la industria y la generación de energía, el aumento de sus tarifas internacionales puede provocar un aumento de los costes de producción que se traslada a otros productos y provoca una mayor inflación.
La producción de café en México registró su menor nivel en más de cuatro décadas, esto se debe a un brote más agresivo de la roya y la falta de políticas de apoyo al sector. En el ciclo cafetalero de 2014-2015 se produjeron en 3.3 millones de sacos, la menor cosecha en 45 años, se prevé que para el ciclo 2015-2016 se produzcan 3.4 millones de sacos.
El nuevo brote de hongo de la roya ha sido más agresivo que el brote registrado en 2012, este nuevo brote afecto a toda la zona cafetalera, incluyendo las localidades donde se producen los granos de más calidad. A pesar de que existen apoyos para el cultivo del café, como el programa Procafé, no existe una declaratoria de emergencia, ya que en algunas regiones el café es el único ingreso.
Se ha registrado un desabasto del café tipo arábiga desde 2015, se han importado 400 mil sacos de este tipo de grano, en este año la cifra puede incrementarse hasta un millón de sacos. Las exportaciones del grano al finalizar 2015 se redujeron en 7.6 por ciento menos que el año pasado, este es su tercer año consecutivo a la baja. En el mercado nacional se ha registrado un alza de los precios del café, de acuerdo con la Profeco, el precio al consumidor del café tostado y molido Legal y el Inter Americano se ha incrementado en 5.5 y 4.6 por ciento anual.
En una nota anterior, se trató de forma general la producción de baterías de hidrógeno. Ahora, mencionamos por qué el hidrogeno se considera una opción de fuente de energía renovable y la ruta que sigue en el cambio de matriz energética para sustituir al gas a nivel industrial y aprovecharse en celdas de combustible para vehículos de transporte y generar otros combustibles.
La producción de hidrógeno con fines energéticos se clasifica en 5 colores, 4 por procedencia y uno por tratamiento. Existe el hidrógeno gris, a partir del gas natural; el café, proveniente del gas sintético del lignito; el negro, derivado del gas sintético del carbón y petróleo; el verde, producto de la electrólisis del agua mediante otras fuentes renovables; y el azul, resultante del gas natural, como el gris, pero con un proceso extra para capturar el dióxido de carbono generado.
Transformar moléculas poco estables, como el hidrógeno molecular (H2) y el oxígeno molecular (O2), a una estable como la molécula del agua (H2O), libera una gran cantidad de energía. Actualmente se trabaja en convertir esta energía de reacción química en energía eléctrica. La Agencia Internacional de Energía (AIE) calcula que obtener hidrógeno verde, ahorraría hasta 830 millones de toneladas anuales de CO2.
El hidrógeno puede quemarse y generar vapor de agua, calor y trabajo mecánico o bien, generar vapor de agua, calor y energía eléctrica si se emplean celdas de combustible. Los motores de hidrógeno se componen principalmente de tres partes: el tanque que contiene el hidrógeno, una pila de combustible y un motor eléctrico. (ver gráfico)
La fabricación de celdas cada vez más eficientes genera la competencia tecnológica. La desventaja de la electrólisis es perder del 10 al 30% de la energía de entrada en el proceso de generación de energía, por lo que su aplicación es viable si la energía primaria se obtiene a muy bajo costo. Lo que vuelve al hidrógeno atractivo de aprovechar es que pueda ser almacenado. Se sabe que un kilogramo de hidrógeno puede generar la energía equivalente de la combustión de un galón de gasolina (2.9 Kg).
Según Wood Mackenzie, más del 90% del hidrógeno que se produce actualmente emite contaminantes al medio ambiente. La forma de producción de hidrógeno negro está muy ligada a los costos de los combustibles fósiles, sobre todo del gas natural. El costo de producción del hidrógeno verde a su vez está enlazado a los precios de electricidad. Se espera que, a largo plazo, hacia el 2040, los costos de producción de hidrógeno verde se igualen a los del negro de acuerdo con la competitividad entre los precios de la industria fotovoltaica y los precios del gas natural e hidrocarburos.
El consumo mundial de energía crece junto con la población, el uso de transporte y el cambio tecnológico. Utilizar el hidrógeno como un portador energético fundamental requerirá un incremento enorme del volumen de producción y una nueva y compleja infraestructura para su suministro a los usuarios. Los países que tengan infraestructura energética eólica, solar e hidroeléctrica tendrán ventaja competitiva respecto a la producción de hidrógeno verde.
La Unión Europea presentó en julio del 2020 su plan para alcanzar en 2050 la sustitución de energías no renovables por hidrógeno verde y azul que contribuyan a "limpiar" el continente. Su plan tendrá una inversión inicial para esta década equivalente a US$50,000 millones. Los analistas estiman que para 2050, la industria eléctrica tendrá un valor de US$1.2 billones.
El hidrógeno como combustible alternativo es una realidad. Las empresas japonesas Honda, Toyota y Mazda y la coreana Hyundai cuentan con modelos de automóviles con baterías de hidrógeno. Actualmente, uno de estos vehículos tiene una autonomía entre 430 y 600 km. Sin embargo, las estaciones de recarga aún son pocas. Únicamente Europa, China, Japón y Corea del Sur tienen planes de construir infraestructura masiva. Dos empresas occidentales desarrollan baterías de hidrógeno, la alemana BMW y la estadounidense General Motors. Han descartado esta posibilidad tras varios intentos Volkswagen, que se ha centrado en litio. China se especializa en la implementación de baterías de hidrógeno en vehículos pesados y autobuses y busca tener medio millón de vehículos en movimiento para 2035 en su territorio. Por su parte, la empresa noruega Havyard busca implementar esta tecnología en buques y la empresa noruega Corvus Energy elabora pilas eléctricas basadas en litio para naves.
La ruta en este caso conduce hacia la producción de pilas de combustible y métodos de producción de hidrógeno cada vez más eficientes y que dentro de una lógica socioambiental ambos sean viables, que en primera instancia conducirá a implementarse en transporte de carga y servicios y a largo plazo a ser accesible para todos los usuarios. El hidrógeno verde es la mejor opción de combustible que tenemos hacia una recuperación ambiental y en la región de América Latina y el Caribe se han implementado diversos proyectos para producir energía sustentable con intención de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lograr un mayor acercamiento hacia la autonomía energética y en conjunto, resolver conflictos sociocultares, como se discute en la Estrategia Energética Sustentable 2030 de los países del SICA.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible expresa un consenso sobre la necesidad de avanzar hacia sociedades más inclusivas, solidarias y cohesionadas, haciendo un llamado a asegurar “que nadie se quede atrás” en la senda del desarrollo.
Los países de América Latina y el Caribe han suscrito la Agenda 2030 y se han comprometido con ella, y están emprendiendo acciones para avanzar en el desarrollo social inclusivo y la promoción de la igualdad, la dignidad y los derechos de todas las personas.
En este libro se analiza la experiencia regional respecto de una serie de programas sociales que son claves para transformar los derechos en realidad y promover la inclusión social y laboral de la población que vive en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Rare earths are a strategic advantage for China; as many of these minerals' reserves are in the Asian country. However, rare earth production is highly polluting, so China has undertaken to limit its exploitation.
In 1992 then Chinese leader Deng Xiaoping recognised that if "the Middle East has oil, China has rare earths." Ever since, the Asian nation has considered them an essential asset, from which it can derive a significant advantage.
Rare earths are a group of 17 elements with a wide range of uses. Highlighting their importance for the production of batteries and magnets, they are indispensable, among other things, for the construction of 9 out of 10 engines for hybrid and electric vehicles, as well as intelligent devices, LED screens, and a large number of components related to high technology.
In the context of the trade war, soon after the threats against Huawei by the US government, President Xi Jinping visited an electric motor factory on 21 May, 2019, that uses rare earths. It was a way of reminding him of his monopoly and advantage in that crucial asset for many indu stries. China currently charges a 25% tariff on the export of rare earths to the US.
World reserves of rare lands are mainly in China, with just over a third of the total. It holds almost two-thirds of world production by 2019, according to figures from the US Geological Survey (USGS). The Asian country maintains this leadership since 1995, and between 2009 and 2011, it became practically the sole rare earth producer in the world.
China is the leading exporter, driven by its massive production. It has imposed export quotas on the volume of rare earth since 2010 to take advantage of the world's dependence on this mineral. The allocations in 2010 limited the volume of rare earths that Toyota demanded in Japan, for example. Hence, they began, followed by Volkswagen, to develop technologies that could replace these minerals as input. Global dependence on China is still significant. The US imported 70% of the rare earths it used in 2018 from the Asian Giant. The difference was domestic supplies. The largest importer in the world is Japan, with almost a fifth of world imports.
There are production quotas, in addition to export quotas. These respond to the pollution inherent in mining these materials. From 2011 onwards, China's provision and exports have decreased concerning the world total; while a large part of the reserves remain in the Asian nation, more and more countries are mining them. The growing supply in Australia and the USA stands out, contributing 22% of global output in 2019.
Rare earth production is a double-edged sword for the environment. On the one hand, it is an essential input that supports cleaner energy sources, such as engines' supply for electric vehicles. On the other hand, the pollution represented by mining them has been devastating for some regions in China.
Of particular note is the world's largest rare earth mine located in Baotou, Inner Mongolia in northern China. Contamination from the mine has created a sizeable black lake of radioactive waste that has weakened the region.
China has stopped exporting rare earths, and has started importing them to the point of becoming the second-largest importer of these minerals in 2018, getting rid of the pollution that this mining activity spills. Its imports come from Malaysia, Myanmar, and the US. With falling production quotas, it means the abandonment of polluting rare earth mining within China; however, much of the refining and supply chain of mining activity remains in China.
The Asian nation still has a monopoly advantage over the rare earth supply without producing and polluting itself internally. The world is seeking to shed both its dependence on China and its dependence on rare earth pollutants. However, in a very incipient way, for example, Apple's recently announced iPhone 12 boasts of using recycled rare earth. Dependence on rare earths in the world from many industries will continue without any significant change on the horizon. Like the Middle East or Norway with oil, China is trying to de-link the polluting activity towards a cleaner economy.
El presente documento tiene como objetivo el estudio de los diferentes conceptos que constituyen la remuneración, sueldo o salario mínimo de los trabajadores asalariados del sector privado en los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Para esto, además de analizar el salario referencial de cada país, se analiza la magnitud de los costos adicionales a la remuneración básica y el pago de impuestos sobre la renta imponible. Asimismo, y en base al análisis de estos aspectos, se busca obtener una aproximación al ingreso disponible recibido por el trabajador asalariado promedio del sector privado en estos países.
El salario, sueldo o remuneración que se establece como pago para un trabajador incluye también montos destinados a diversos aspectos, tales como contribuciones a los sistemas de salud y pensión, capacitaciones, impuestos, entre otros. Adicionalmente, dependiendo del país en cuestión, estos pagos deberán ser asumidos por el empleador o el trabajador, o ser asumidos de forma conjunta. Más aún, el salario referencial utilizado para el cálculo de estos pagos también puede variar en cada país, o incluso, puede haber países donde el salario referencial varía según el régimen laboral o según determinadas características del trabajador (por ejemplo, los diferentes regímenes laborales en Perú, o el tiempo de servicio en Bolivia).
Los anuncios desde París se agolpaban el martes. La aseguradora AXA y el banco ING sacarán su dinero de las empresas más carboneras; el Banco Mundial dejará de financiar las extracciones de gas y petróleo a partir de 2019; un gigantesco grupo de fondos de inversión —entre los que figuran el HSBC y el mayor fondo de pensiones de trabajadores públicos de EE UU— realizará un marcaje a las 100 multinacionales que más gases de efecto invernadero emiten en el mundo para que combatan el cambio climático...
En la cita organizada por el presidente Emmanuel Macronpara conmemorar los dos años del Acuerdo de París se sucedieron las propuestas desde el sector financiero que ponen a los combustibles fósiles —principales emisores de gases de efecto invernadero— en el punto de mira. Fue un carrusel de declaraciones similar al que se ha repetido en las últimas cumbres del clima que organiza la ONU. Pero, al margen del impacto concreto que tienen estas declaraciones de intenciones de billonarios fondos y bancos, lanzan un mensaje a toda la economía.
"Son señales que van a tener un efecto muy potente", resume Xavier Labandeira, director de Economics for Energy. Señales que "desincentivan a determinados sectores" —como el de los combustibles fósiles— e "incentivan otros" —por ejemplo, el de las renovables—. "Tienen un efecto indirecto", apunta Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, sobre los anuncios del martes. "Los fondos se van a pensar muy bien qué financian", añade. "Y los actores económicos van tomando nota".
"Ya hay empresas que han tenido dificultades para financiar determinados proyectos", explica Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte y experto en energía. "No es algo muy generalizado", pero es un "movimiento incipiente" que "hace cinco o seis años no se daba", destaca este experto.
La agencia de calificación Moody’s advertía esta semana del "riesgo" que corren las plantas de carbón más viejas, ineficientes y costosas de ser sustituidas por las renovables y la generación térmica más eficiente, que son más baratas y que emiten menos o ningún CO2, el principal gas de efecto invernadero. Y el riesgo es mayor, advertía, en EE UU y la UE.
Beneficio verde
Un ejemplo ilustrativo es el de las dos plantas de carbón que Iberdrola tiene en España y que quiere cerrar pese al rechazo del Ministerio de Energía. Fuentes del sector aseguran que la compañía realizó consultas informales con algunos fondos de inversión chinos para intentar venderlas. Y rechazaron la operación.
En muchos casos, no es una cuestión de conciencia medioambiental. "Hay fondos que buscan directamente las inversiones verdes", explica Labandeira. Pero la mayoría persigue "proteger sus inversiones en el futuro", añade. Y pactos como el Acuerdo de París, las políticas europeas contra el cambio climático o anuncios como los realizados en la cita de Macron lanzan el mensaje de que los activos vinculados a las energías fósiles corren el riesgo de "perder valor", detalla Labandeira.
Ese "riesgo" de sustitución al que se refería Moody’s estaba muy focalizado en EE UU y la UE. Pero, ¿qué ocurre en los países en desarrollo cuya batalla es que su población simplemente tenga acceso a la electricidad? Ahí entra en juego el anuncio del Banco Mundial, cuya principal función es ayudar a esos Estados más pobres. El Banco Mundial, que ya decidió en 2010 dejar de lado la financiación de las térmicas de carbón, ahora da un paso más al anunciar que a partir de 2019 no respaldará las extracciones de petróleo y gas. Se alinea así con los estudios científicos que advierten de que, para que el calentamiento global no alcance niveles inmanejables, una parte de las reservas de hidrocarburos no deben sacarse de las entrañas de la tierra.
Aunque la institución añade una excepción un tanto ambigua —sí financiará los proyectos en países que tengan necesidades específicas de acceso a la energía—, Ribera cree que el anuncio "es muy importante". "El Banco Mundial tenía una cartera de proyectos muy carbonizada", señala en referencia a las energías fósiles. "Estas entidades multilaterales no son los grandes inversores", añade Amores, pero sí "son una señal de referencia" para otros.
China is the world's second-largest economy, with plans to take first place for the next decade and thus put an end to U.S. hegemony. However, the consequences of climate change seem to threaten the rapid Chinese growth, which had already been slowing down since 2019, with the longest drought in 60 years. A third of the Asian giant's territory suffers from high temperatures and lack of rainfall, affecting China's economic dynamism.
China's National Meteorological Service reported that temperatures between June and August 2022 had been the highest on record. On average, the national temperature was 1.5°C higher than usual for the year. In addition, rainfall decreased by 23%, affecting crops in northern and southwestern China.
Some areas in central and northern China have written off a good part of the summer harvest due to the heat wave, but authorities are seeking to trigger rains in the central and southwest to save the autumn harvest. Autumn grain production (especially soybeans, rice and wheat) is crucial as it accounts for about 75% of annual output.
The Yangtze River basin - the longest river in China and the third longest in the world - has been particularly hard hit. High temperatures and lack of rainfall caused river levels to drop, forcing companies to look for trucks and trains to transport their products between ports and the country's interior, as transoceanic ships could not navigate the Yangtze.
The extreme heat has increased the demand for air conditioning in offices and homes, putting pressure on the power grid. The drought has also depleted river water levels, reducing the electricity produced at the various hydropower plants fed by China's southwestern waterways.
World ranking |
Hydroelectric Power |
Location |
Installed capacity |
1° |
Three Gorges hydropower plant |
Hubei, China. Yangtsé river. |
22.5 GW |
3° |
Xiluodo Hydropower Station |
Sichuan, China. Jinsha river. |
13.86 GW |
9° |
Xiangjiaba Hydroelectric Power Plant |
Sichuan, China. Jinsha river. |
6.4 GW |
10° |
Longtan hydroelectric power plant |
Guangxi, China. Río Hongshui. |
6.3 GW |
Source: Statista. |
The Yangtze and its tributaries feed four of China's world's ten most potent hydropower plants. The drought on this critical river mainly affects Sichuan province, which is 80% dependent on hydropower for its total energy production. Due to the shortage, this province has had to resort to power cuts. Between August 25 and 30, there were blackouts in several regional residential areas and rationing of air conditioners, escalators and lighting in shopping malls and offices to save energy. Even in Shanghai, 2,000 km away, the night lighting of various monuments and buildings was restricted for the same purpose.
Under the order to "leave power to the people," the local government began rationing power for Sichuan's industry. The province's industrial sectors produce machinery, electronics, metallurgical products, chemicals, construction materials, food products and high-quality silk, making the region one of the most economically dynamic.
Due to the cutbacks, several companies lowered their production or even closed their plants while the mandatory rationing passed. During the power cuts, Volkswagen decided to close its factory in Chengdu, the capital of Sichuan. Foxconn, an Apple supplier, also closed its plant in the region. Jinko Solar, one of the world's largest solar panel manufacturers, lowered its production to a minimum, and Toyota gradually began operating in Sichuan with internal power generation.
China's Ministry of Water Resources reported that the drought affected 830,000 people in six different provinces had their water supply affected. More than 300,000 had problems accessing drinking water. The drought in China brought more than just a lack of water. The low agricultural production forced the Asian giant to import more grains. It led to a global rise in grain prices, which had a counter-cyclical impact on Brazil's economy, whose harvests begin at the end of August. In May 2022, Brasil signed an agreement with China to sell them grains. In addition, the difficulty of transportation between the ports and the territory's interior creates the need for new routes.
The lack of electricity generation caused a decrease and a pause in production in one of the most important industrial regions of the country, with its effects. This factor, together with China's zero-covid policy confinements, puts even more pressure on and threatens the dynamism of the supply chain in China and worldwide. The solution to low hydropower production is increased coal consumption, which in the long term, aggravates the environmental problem. Climate change may lead China into a much-dreaded economic downturn. It portends stagnation for the world by 2023 and sustained energy and food price inflation despite higher interest rates. The OECD projects 1/2% GDP growth for the U.S. and 1/4% for the E.U and China's slowdown in the 3% range.
The year 2023 was notable for setting several historic records. Greenhouse gas levels, global temperatures, sea level rise, and Antarctic sea ice melt have all reached unprecedented levels. It was the warmest year since global records began in 1850, with a temperature 1.18°C above the 20th-century average. Drastic changes in weather patterns, enhanced by global warming, have caused significant impacts on the environment, society, and the economy worldwide.
2023 recorded a global average temperature of 14.98°C, which is 0.17°C higher than the previous highest annual value in 2016. It is 0.60°C above the average of the last century and 1.48°C above the pre-industrial level of 1850-1900. Each month from June to December 2023 was warmer than any corresponding month in previous years, with July and August as the two months with the highest records.
As we can see in the picture, high-temperature anomalies have increased significantly since the early 1980s. Since 2020, these anomalies have moved closer and closer to 1°C, exceeding the gap in 2023. For the first time on record, every day in year 23, they exceeded one °C above the pre-industrial level for that time of year. Nearly 50% of days were warmer than 1.5°C, and two days in November were above two °C for the first time.
Ocean temperatures also experienced a significant increase. 2023 was the first year global average ocean surface temperatures exceeded one °C compared to pre-industrial levels. As discussed in previous notes, rising ocean surface temperatures lead to lower CO2 uptake and loss of marine wildlife, which decreases fisheries and related employment and puts pressure on seafood prices.
During 2023, global extreme weather events such as floods, wildfires, droughts, and heat waves severely affected health, ecosystems, nature and infrastructure. Climate change exacerbated the potency of these. Floods associated with extreme rainfall from the Mediterranean Cyclone Daniel, Hurricane Otis in Mexico, Tropical Cyclone Freddy in Africa and Cyclone Mocha in the Bay of Bengal had devastating consequences, destroying cities and crops and causing human loss and displacement.
Forest fires in Canada broke records with 18.5 million hectares burned, six times the 10-year average. In Chile, fires consumed almost half a million hectares in the centre and south of the country, just over 6,000 of which were crops. Hawaii suffered the deadliest fire of the year, with at least 99 deaths. Five years of drought and flooding caused human displacement in the Horn of Africa. The drought reduced the soil's capacity to absorb water, increasing the risk of flooding during the rainy season in April and May.
In the case of Central and South America, prolonged drought caused crop losses and water shortages. In Argentina, soybean and wheat production fell by 54% and 48%, respectively. In August, agricultural activity declined by 27.1%, while exports of primary products fell by 35.7%. In Uruguay, drought affected the whole country due to salinity in Montevideo's drinking water system resulting from recycled seawater. The Ministry of Livestock, Agriculture and Fisheries (MGAP) reported historic losses of US$1,809 million in agriculture.
In Brazil, 16% of the territory faces desertification, affecting 31 million people. The drought in the Amazon, which began in mid-2023, increased the number of fires and led to agricultural losses and water and food shortages. Rivers reached record lows, and the heat killed thousands of fish, including 150 pink dolphins. Experts argue that the drought may extend until June 2024.
The Global Carbon Project estimates that global carbon dioxide emissions will exceed 40 billion tonnes in 2023, with about 37 billion tonnes coming from fossil fuels. Overall, emissions increased by 1.1% compared to 2022 levels. If current CO2 emissions persist, the existing carbon budget available for a 50% chance to limit warming to 1.5 °C will only last seven years. As long as emissions continue unabated, the weather events we saw in 2023 will become the new normal. These events exacerbate food security problems, increased weather migrants and impacts on vulnerable groups.
RIO DE JANEIRO – “The Amazon is ours,” Brazilian President José Sarney defiantly declared before the United Nations General Assembly in 1989. The slogan’s obvious nationalist force made it a favorite of right-wing politicians, including members of Congress linked to construction companies with stakes in the rainforest’s development. Thirty years later, President Jair Bolsonaro is now leading their ranks – and threatening the wellbeing not only of the Amazon, but also of Brazil and the entire planet.
Bolsonaro argues that Brazil’s claim to the Amazon is in the country’s best interests. The foreign actors who criticize Brazil’s exploitation of the rainforest – from European governments to Pope Francis – are promoting biodiversity only so that they can exploit it in the future. With characteristic misogyny, he recently declared that “Brazil is like a virgin that every foreign pervert wants.”
But Bolsonaro does not want to keep the Amazon chaste; he merely wants to be among those exploiting it. His promotion of the rainforest’s development and attacks on environmental regulation have led, for example, to the expansion of agribusiness, particularly cattle ranching, and illegal logging. According to data from Brazil’s National Institute for Space Research, deforestation of Brazil’s portion of the Amazon increased in June by 88% year on year.
Given Bolsonaro’s efforts to open up indigenous people’s lands to commercial agriculture and mining, deforestation is likely to accelerate further. During the period from 2000 to 2014, deforestation within indigenous territories progressed by 2%, compared to 19% for the rest of the Brazilian Amazon.
The implications are dire. The Amazon is the world’s largest rainforest and home to one of the planet’s highest concentrations of biodiversity. Moreover, because the Amazon River is the world’s largest single source of freshwater runoff, the rainforest’s hydrological cycle has a major influence on Earth’s climate, as well as serving as a massive carbon sink, absorbing more carbon dioxide than it releases.
Given the Amazon’s importance to the planet’s health, any effective international regime for climate action will have to account for public policies affecting it. It should be no surprise, then, that the international community is resisting Bolsonaro’s shortsighted approach to the Amazon, including through the recently concluded trade agreement between the European Union and the Mercosur bloc of Latin American countries.
Brazil, a Mercosur member, has a clear interest in the trade agreement’s successful implementation. The association’s agreement with the EU promises to galvanize economic sectors on both sides of the Atlantic by creating an integrated market of 780 million consumers. Brazil’s beef industry, for example, is set to benefit considerably.
The problem for Bolsonaro is that the deal imposes high environmental and labor standards on Mercosur exporters. As part of their drive for sustainable development – and under pressure from civil society – EU leaders have made access to their market conditional on enforcement of multilateral rules and commitments, including the International Labor Organization’s fundamental conventions and the 2015 Paris climate agreement.
To be sure, environmental groups have criticized the Mercosur deal, arguing that it does not go far enough to ensure that standards are met. But EU leaders emphasize the inclusion of oversight and dispute-settlement mechanisms.
The trade agreement will continue to be scrutinized in the coming years, and not only with regard to the environment. Some have voiced concerns, for example, that it upholds the old division of labor between developing countries, whose economies depend on volatile commodities exports, and developed countries, which export higher value-added manufactured goods.
Bolsonaro’s resistance to environmental standards makes monitoring and enforcement of the agreement’s terms all the more important. In fact, EU leaders should attempt to establish the EU-Mercosur deal as a transnational mechanism to hold countries accountable for flouting their environmental commitments and even for embracing anti-democratic practices that could affect their trading partners.
Declaring that “the Amazon is ours” might have been politically expedient in 1989, and Bolsonaro’s nationalist rhetoric has gotten him far. But, in today’s globalized world, no economy can thrive by itself. Countries can and must hold one another accountable for policies – such as those that destroy the environment on which we all depend – with consequences that extend far beyond national borders.
En su tesis doctoral realizada en la Universidad de Oslo, Vegard Bye lleva a cabo un análsis de las principales reformas llevadas a cabo en el proceso de Raúl Castro como presidente de cuba después de diez años en dicho puesto.
El texto señala que la opinión general de la mayoría de los observadores ha sido que Raúl Castro llevó a cabo más reformas fundamentales en Cuba después de reemplazar al hermano mayor Fidel.
La pregunta central es en qué consistieron estas reformas en términos de cambio económico y político, y en qué dirección han colocado a Cuba en la fase final de su era castrista.
In OBELA we have mentioned that the US does not have the technological capacity for an accelerated change of its energy matrtheix in general, nor in the automotive field in particular. 1 For its part, China is shifting its energy matrix into clean energy generation of electricity, such as solar, wind, hydroelectric, cellulose and even nuclear sources. The energy transition is a process of structural change of energy supplies. Currently, it focuses on generating green energy. With global attempts to make economies greener, i.e. not emitting CO2, it seems that China leads in three fields: nuclear, solar and hydroelectric.
Electricity generation in the Asian country is still given mainly by coal. The important thing is the speed of growth in the use of sources for electricity generation. The use of coal grew at 9% p.a. between 1995 to 2004, then came a regulatory change mandating to generate less coal energy and the speed of growth was reduced to 6% between 2006 and 2013. From 2014 onwards, the average growth rate is 0%. Nuclear energy has an average growth trend of 15% p.a. since 1995 relatively steady. Solar energy has average annual rates of 42% p.a. from 1995 to 2004, and from 2006 onwards itu has increased to an average of 55% p.a.. Hydroelectricity has growth rates of 8% p.a. between 1995 and 2004, up to 11% between 2006 and 2016, last date available.
There were 38 nuclear power plants in operation in China in 2017 while 19 more are under construction2. At the same time, it produces its own nuclear reactors and has become the seventh largest exporter of these in the world, after sold mainly to Pakistan. However, China's Latin American trade in nuclear reactors is nil. They generally compete with Russia, Sweeden, the US, Germany, and France and South Corea.
China is also betting on the creation of solar parks, i.e. large plots of land with solar panels for photo voltaic electricity generation. The concept of the ‘solar park’ was first developed in India and China. It has installed solar parks the size of Macao, i.e. 28.2 km².3 To achieve this, it has become the world's largest importer of silicon from the Koreas and Kazakhstan. In addition, since 2008, it is the leading exporter of solar panels with exports four times greater than the U.S., thus leading the global supply of solar panels. This explains the start of the trade war with tariffs on solar panels. A small solar panel of Chinese origin of 295 watts is approximately 42 U.S. dollars cheaper than an American one. India is following its footsteps very quickly.
In Latin America there is one huge solar park in the province of Jujuy in Argentina that contains 1.2 million Chinese solar panels that the Jujuy State government financed with green bonds. The Export-Import Bank of China bought 85% of these issued for the megaproject. It is the largest solar park in Latin America and covers a territory of 800 hectares and produces 2500 kilowatts per square meter and has a total cost of $390 million. The energy will be used for nearby industrial plants, provincial homes and the exploitation of lithium mines that are on the border between Argentina and Bolivia.4 In contrast, in Chihuahua, Mexico the IDB financed a very small $17.2 million solar park with Spanish technology that produces only 80 megawatts in total.
Another green energy source that China promotes is hydropower. As for Latin America, investment in Brazil's hydroelectric sector has been seen through direct foreign investment. Prior to 2015, Chinese foreign direct investment (FDI) in Latin America in the energy sector was centred in the production of oil and natural gas. Henceforth, FDI shifted to clean energy, specifically to the hydropower sector. The purchase of firms in hydropower generation and distribution. State Grid Corporation, a Chinese electricity distributor, bought 55% of CPFL in Brazil; and Three Gorges acquired the properties of DUKE Energy in Brazil, a U.S. hydroelectric company.5 In Peru, Yangtze Power International bought 86.3% of Sempra Energy, the U.S. company that operated through Luz del Sur. 6
In general, China is in the process of changing its energy matrix. There is almost no presence of oil for the new thermoelectric plants, unlike Mexico or the Caribbean Basin. The expansion of trade in solar panels; and investments in the hydroelectric and electricity distribution sectors, give the signal that it is interested in Latin America as a space to dispute energy trade with the U.S. and displace gasoline and oil. This added to the electric car trade completes the picture. Since 2015, China has ventured into the mass transit electric bus market in the cities of Santiago, Medellín, Cali, Guayaquil; and is testing in San José, Sao Paulo, Buenos Aires and Montevideo.7
1 http://www.obela.org/en-analisis/the-heart-of-trade-warfare-the%20technological-race-and-transition
2 https://www.iaea.org/newscenter/news/how-china-has-become-the-worlds-fastest-expanding-nuclear-power-producer
3 https://www.scmp.com/news/china/society/article/2073747/powerful-images-worlds-largest-solar-energy-farms-are-china
4 https://latamlist.com/2019/03/23/china-is-building-latin-americas-largest-solar-plant-in-argentina/
5 https://news.duke-energy.com/releases/duke-energy-to-sell-its-brazilian-business-to-china-three-gorges-corporation-for-1-2-billion-enterprise-value
6 https://lexlatin.com/noticias/yangtze-power-compra-la-mayor-distribuidora-de-energia-de-peru
7 https://dialogochino.net/21995-latin-american-cities-finally-embrace-chinese-electric-buses/
The energy outlook is complicated by the fall in demand during confinement, especially for fossil fuels; however, the importance of oil remains crucial. China is the central player for both the global oil industry following its economic recovery and the major player in terms of clean energy sources. What are the prospects for energy in general and fossil energy in particular?
Oil and natural gas have, in common, both significant importance for the tax revenues and foreign exchange earnings of their exporting countries, as well as a severe drop in their prices during the crisis brought about by the pandemic.
The pandemic crisis is dragging the low-profit oil industry into a possible series of bankruptcies. The IEA (International Energy Agency) estimated in July 2020 that total energy demand would decrease by 6% and oil demand by almost 8% in 2020.
Despite a moderate recovery in oil prices since June 2020, the oil market depends on a recovery in transport and petrol use worldwide. The picture is more uncertain given that since before the pandemic, oil demand grew by less than 1 per cent in 2019. Besides, the net profits of Saudi Aramco, the world's largest oil company, fell by 21 per cent in 2019, and in the second quarter of 2020, they fell by 73 per cent, compared to the same period a year earlier. Some experts, such as BP's CEO, do not rule out that oil demand may have already peaked.
In this context, the orientation of investments towards cleaner projects by some oil companies is moving, as they promote, little by little, the elimination of dirty energy sources; Saudi Aramco, BP, and Shell themselves stand out.
Within this context, the exit of Exxon Mobil, the most important oil company in the US, from the list of 30 companies in the Dow Jones Industrial Index (DJIA) stands out. In the statement of this decision Dow Jones mentioned that Exxon Mobil's exit occurred to reflect the US economy better. Raytheon (defence and aerospace) and Pfizer (pharmaceuticals) also left the index. Chevron is the last remaining company left of the seven sisters, as they were known before. Even though the outlook for clean energy is generally positive, investment in renewable energy may decline significantly by 2020, with the important exception of China. The IEA forecasts a 17% decrease in the deployment of solar photovoltaic energy and an 8% decrease in wind energy deployment this year. China is recovering fast, and wind and solar energy expect to grow 36% and 20% respectively in 2020.
Several economies, such as Colombia, Venezuela, Ecuador, and Bolivia, depend heavily on oil and gas exports. In contrast, Mexico and Brazil depend on tax revenues from Pemex and Petrobras's oil companies, respectively. The latter, faced with this situation, lose a large part of their fiscal income; and the former lose by currency, by volume due to the lack of demand and low prices, and depending on a constant need for imports by net importers.
The world energy scene depends mainly on China and its internal economic resilience, as a central axis for both fossil fuel demand and clean energy investment. China's oil demand expects to recover from its inner growth, which is particularly useful for Brazil, Saudi Arabia, Norway and Angola, so oil exports appear to be on the rise.
Paradoxically, China is the world's largest net importer of crude oil, despite efforts to limit its dependence and lower its consumption of fossil energy. Oil is also an essential input for countless industrial uses, in addition to power.
China is both the hub of the energy transition and the prominent investor in clean energy. China's recovery shows the fragility of oil, as it is the main demander of crude oil. Contradictorily, the dragging of China's economic growth means the world oil industry's main hope for recovery to some extent.
The panorama shows a dispute between dirty and clean energies in a situation of both energy change and crisis in energy demand. Both still coexist in this dispute and will be affected. Fossil energies, however, are being impacted more significantly. The situation caused by the pandemic could be an impulse to the transition towards cleaner energies under the leadership of China.
The Paris agreement, signed in 2015, is the most ambitious agreement developed among nations to combat climate change. It aims to keep the global temperature level below 2°C above pre-industrial levels and to set targets to limit this increase to 1.5°C.
This article points out that the actions taken by governments are insufficient to slow down progressive climate change. Latin America will be one of the geographical areas most affected economically and socially by this fact. The Latin American climate agenda does not adhere to international standards that seek to mitigate this situation, however.
The nationally determined contributions, i.e. the mitigation goals that countries set themselves, are insufficient to achieve the objectives. According to the 2020 World Meteorological Organisation's Statement on the State of the World Climate, there is an acceleration in climate change indicators. For example, sea-level rise, melting of the poles, and extreme weather events such as hurricanes or prolonged droughts, seriously threaten the socio-economic development of the world's population.
According to the journal Environmental Research Letters, global GDP could shrink by up to 37% by the year 2100 due to climate change. During the first half of 2021, these weather events have cost global insurers more than 40 billion dollars, and the number of people affected by natural disasters expects to double by 2030.
The WMO-generated atlas analysing human and economic losses from climate change says that between 1970 and 2019, 74% of economic damage and 45% of deaths were caused by extreme weather events, mainly droughts and storms. Notably, 91% of deaths from these events occurred in developing countries.
According to the United Nations, Latin America will be highly affected by elements related to climate change such as heatwaves, persistent forest fires, crop losses, among others. The third-warmest year in Central America and the Caribbean, and the second warmest for South America was 2020.
In this line, the executive secretary of ECLAC expressed during a conference that international rating agencies consider climate vulnerability as a criterion for downgrading the rating, which is problematic because this "would increase the cost of public debt and interest payments for developing countries". It will also have an impact on the cost of private international credit and domestic interest rates.
It begs the question: How committed are Latin American countries to GHG reduction, and how ambitious are their goals and policies to reduce the region's vulnerability to climate change? The answer is clear but not encouraging. In the region, post-COVID-19, recovery measures and economic stimuli are not in line with the 2030 Agenda or the Paris agreement goals. Between 2016 and 2019, the average budget allocated to environmental protection by national governments was 0.4%. In 2020, this budget fell to only 0.2%.
Latin American countries have not yet committed to a fundamental energy transformation. Natural gas and oil account for 65% of energy production in the region; these are inputs used to produce gasoline and other fuels. Argentina, Bolivia and Mexico are the countries that use the most fossil fuels as a source of electricity. In Mexico, the energy reform implemented by the government seeks to encourage investment in hydrocarbons.
Finally, risk warning and monitoring systems, especially in Central and South America, are inefficient, as are economic assistance plans. In recent years, Cuba, Haiti and Mexico have been the worst affected by tropical storms, yet Mexico chose to eradicate the Natural Disaster Fund.
The cost of adopting mitigation measures is much lower than what countries, especially in Latin America, will face if they do not soon establish more ambitious policies aimed at meeting the targets set by the Paris agreement. Environmental catastrophes will increase yearly, and the region, which has already been hit hard by COVID-19, does not have the elements to cope. Latin America is currently not seeking to mitigate the climate change effects.
The European Union has presented itself as the primary driver of action against climate change. In addition to joining various global initiatives such as the Paris Agreement, European countries have created plans to tackle climate problems and improve the quality of life of their citizens. However, Europe has its tail on the chopping block, and that weakness lies in an ore.
The so-called European Green Deal sets out a series of climate, energy, transport and fiscal proposals that aim to reduce net greenhouse gas emissions by 55% by 2030. Given that almost 75% of European emissions come from energy production and consumption, the Green Deal plans to decarbonise the European Union.
Getting rid of coal is not an easy task. As we can see in the graph, while coal consumption for energy production has declined during the second decade of the 21st century, it is still a critical fossil fuel for the region, accounting for just over 12% of total energy production.
Eastern European countries are the most dependent on coal. According to Eurostat data, Poland and Estonia are at a crossroads because these two countries are 70% or more dependent on minerals for energy production. The Czech Republic and Bulgaria will also have trouble moving away from coal as their energy production depends on it by 45% and 39%, respectively.
The European Commission created a timetable to inform when each country in the region would move away from coal. Slovakia, France, Greece, Hungary, Ireland and Italy plan to abandon coal within the next three years. Germany, Spain, Denmark, Finland, the Netherlands, Romania, Croatia, the Czech Republic and Slovenia will do so between 2030 and 2034. On the other hand, Belgium, Cyprus, Latvia, Estonia, Estonia, Austria, Sweden, Malta, Lithuania, Luxembourg and Portugal have already left. However, Bulgaria will do so until 2039, and Poland remains undecided.
No doubt, the pandemic posed a challenge to the energy supply, but the real problem came when the Russian-Ukrainian conflict broke out in early 2022. When the EU imposed economic sanctions on Russia, it turned off the gas tap that supplied much of the continent, leading Europe to see the limits of its green policy.
To cope, Europeans prepared themselves to reduce their gas consumption to avoid plunging into an energy crisis, but this decision forced them to return to the consumption of the controversial mineral. Calling it a bitter but necessary step, Germany has switched to coal-fired power plants and cut gas deliveries from Gazprom, the Russian gas company. It may mean goodbye to the 2030 decarbonisation target, as Germany considered using gas as a stepping stone between decarbonisation and renewables.
In addition, the Netherlands, Austria, the UK, France and Italy also announced that they would have to use more coal to replace Russian gas. Workers in Austria reactivated the Mellach coal plant; in France, the Government halted the closure of the last Saint Avold plants; and in the UK, the Netherlands and Italy, official restrictions on coal-fired power generation were lifted.
Even when the reactivation of coal-fired power plants in Europe may be temporary, the impact on the environment will be enormous, halt the energy transition, and erase the few environmental advances the European Union has achieved. Oil is one of the most polluting fossil fuels (if not the most polluting), and its consumption will only bring us closer to the temperature rise limit of the Paris Agreement.
Already fragile environmental protection is further undermined by war, making it clear that climate change is not a priority in decision-making. While emerging countries suffer more frequently from the consequences of environmental degradation, rich countries fight without regard for the impact on the planet and life on it. This is the time to accelerate the energy transition and not go back to more polluting times.
Over the past decade, climate change has gone from being a distant concern to a reality that affects everyone in multiple ways. As extreme weather events become more frequent and intense, one aspect of particular concern stands out: the impact on workers' health. For instance, farmers working in the sun are experiencing higher rates of heatstroke and dehydration, while first responders facing increasingly powerful wildfires are at risk of respiratory issues due to the smoke. These are just a few examples of how the effects of climate change manifest themselves acutely in work environments. This text will review these and other health impacts in more detail.
The average land surface temperature in 2023 was the warmest on record. Between 2011 and 2020, the average land surface temperature was 1.1 °C warmer than the average temperature at the end of the 19th century. It has caused widespread and rapid changes in the atmosphere, land, oceans and polar regions. Global warming has resulted in climatic extremes on all continents, as evidenced by the increased frequency and severity of heat waves, intense precipitation, forest fires, droughts and tropical cyclones.
Natural disasters magnified by the climate crisis have profound effects on human health and, thus, on health systems. The impacts encompass direct and indirect consequences of these disasters, some of which may manifest themselves months or years later. Immediate impacts include deaths, physical injuries, malnutrition, as well as respiratory and cardiovascular diseases. In addition, exposure to infectious diseases such as cholera, dysentery and typhoid results from consuming contaminated food or water. On the other hand, stress, trauma and homelessness caused by natural events can contribute to the development of mental health disorders such as anxiety, depression and post-traumatic stress disorder.
Six climatic events have an influence on health, such as people's physical environment, as well as social and economic well-being. These events include floods, droughts, heat waves, tropical storms, forest fires, and sea level rises. At present, these phenomena have a particularly damaging effect on air and water purity, as well as on food availability. Long-term effects could include stunted child growth due to malnutrition, as well as respiratory or cardiovascular diseases triggered by poor air quality due to forest fires or prolonged heat waves.
Workers, especially those who work outdoors, are often the first to face the impacts of climate change, often for more extended periods and with greater intensity than the rest of the population. This vulnerability, which affects approximately 1.2 billion workers and results in more than 860,000 deaths annually, underscores the urgent need for updated occupational health and safety policies.
Sectors with a high employment rate are also among the most susceptible to the effects of climate change. Today, around 1.2 billion jobs depend directly on the effective management and sustainability of a healthy environment, especially in agriculture, fisheries and forestry sectors. As ecosystems are affected and essential resources become scarcer, many jobs in these and other sectors are at risk, underscoring the need for immediate action.
Maintaining a body temperature around 37°C is crucial for the proper functioning of the human body. If the temperature exceeds 38°C, physical and cognitive functions deteriorate. When it exceeds 40.6°C, the risk of organ damage, loss of consciousness and, in extreme cases, death increases considerably. A worker may face heat stress at work, which refers to the excess heat load. Several factors may act alone or in combination. These factors include environmental conditions, such as air temperature and humidity, and heat sources in industrial environments, such as heat emitters and machinery. The duration and intensity of physical exertion are also contributing factors, as are occupational health and safety requirements.
According to the International Labour Organisation, around 23 million occupational injuries and 18,970 deaths occur each year due to exposure to high temperatures at work. In addition, by 2020, an estimated 26.2 million people were suffering from chronic kidney disease attributable to this same exposure to heat during their working hours. Workers of all ages are susceptible to the harmful effects of excessive heat, even the youngest workers. However, older adults are particularly affected due to lower tolerance to high temperatures and poorer aerobic capacity.
The impact of extreme heat varies by sector, but those most at risk are outdoor employees in physically demanding jobs and those working indoors in poorly ventilated, temperature-unregulated locations. These jobs include agriculture, environmental goods and services (natural resource management), construction, manufacturing, rubbish collection, emergency repair work, transportation, tourism and sports, and a large part of the informal sector, such as street vending.
Different adverse health impacts are associated with heat stress in the workplace. Acute effects range from mild to severe and include heat stroke, exhaustion, cramps, rashes, rhabdomyolysis (breakdown of muscle tissues releasing a harmful protein into the blood) and even death. Long-term impacts of exposure to high temperatures include cardiovascular disease, acute kidney injury and chronic kidney disease, all of which are associated with hot work environments. Extreme heat can also increase the risk of workplace accidents and injuries due to problems such as sweaty hands, fogged safety glasses, dizziness and decreased brain function. It may also aggravate these risks by causing disorientation, impaired judgement, loss of concentration, reduced alertness and fatigue. Female workers may face increased risks due to their occupational roles, such as those in subsistence farming, and their vulnerability during different life stages. These risks are particularly pronounced during pregnancy, where complications can include hypertension, miscarriages, and stillbirths. The physical demands of their jobs, combined with the added stress and health challenges of pregnancy, make these women especially susceptible to these serious health issues.
The significant economic costs associated with workplace accidents and illnesses represent a loss of resources on both national and global levels. Employers will face potential reductions in labor productivity and workforce availability. Additionally, financial losses due to increased production costs, accidents and injuries, and absenteeism must be considered. Even if global warming is limited to 1.5°C above pre-industrial levels by the end of the century, cumulative financial losses from heat-related illnesses alone are expected to reach $2.4 trillion by 2030.
Climate change poses a significant threat to ecosystems and, consequently, to the 1.2 billion jobs that rely on them, including those in agriculture, forestry, and fishing. Entire regions may become unproductive, and many work environments could become too hot to safely work in. Additionally, natural disasters will damage essential workplace infrastructure and result in loss of life. This will likely lead to increased climate-induced migration, a rise in informal employment, and higher unemployment rates. For instance, if the global temperature rises by 2 degrees Celsius by the end of the century, the number of asylum applications to the European Union (EU) is expected to double.
As we can see from the table, the effects caused by climate events require specific determinants to affect the natural environment, health and the economy. In addition to the direct impacts on human health already mentioned (both physical and mental), climate events also have severe economic repercussions. For instance, crop damage and food insecurity lead to higher prices for primary commodities, contributing to inflation and widespread financial instability. This chain of impacts culminates in increased poverty and vulnerability of affected populations, exacerbating existing social and economic inequalities. These economic consequences further underscore the need for comprehensive policy changes to address the health impacts of climate change on workers.
A comprehensive global, multisectoral response is necessary to address the impacts of climate change through both mitigation and adaptation strategies. Multilateral climate agreements, are key mitigation strategies for combating climate change. These agreements should be complemented by national and workplace-level mitigation policies. Climate adaptation efforts are preventive measures aimed at protecting workers, economies, and communities from the impacts of climate change. Since it is unlikely that climate mitigation measures will yield immediate effects, it is crucial to have effective and targeted adaptation policies in place to ensure safe and healthy working environments.
With rising temperatures and extreme weather events, climate change significantly affects the health of workers forced to work in the high temperatures that are now the new normal. Every year, billions of workers face increased risks due to climate change, and these numbers will likely continue to rise unless measures are taken. The real urgency, however, is to lower greenhouse gas emissions to halt the rapid advance of climate deterioration. Adapting and mitigating these effects becomes crucial to preserving the health and lives of millions of workers worldwide, emphasizing the shared responsibility we all have in this global issue.
Las tierras raras son una ventaja estratégica para China. Gran parte de las reservas de estos minerales se encuentran en el país asiático. Sin embargo, la minería de tierras raras es altamente contaminante, por lo que China ha emprendido límites a su producción.
En 1992 el entonces líder chino Deng Xiaoping reconoció que, si “Medio Oriente tiene petróleo, China tiene tierras raras”, desde entonces, la nación asiática ha considerado estos recursos como un activo importante, del que pueden sacar una ventaja importante.
Las tierras raras son un grupo de 17 elementos con una gran gama de usos, destaca su importancia para la fabricación de baterías e imanes, son indispensables, entre otras cosas, para la construcción de 9 de cada 10 de los motores para vehículos híbridos y eléctricos, así como dispositivos inteligentes, pantallas led, y para un gran número de componentes relacionados con alta tecnología.
En el marco de la guerra comercial, pocos días después de las amenazas de Huawei por parte del gobierno estadounidense, el presidente Xi Jinping visitó una fábrica de motores eléctricos el 21 de mayo de 2019 que utilizan tierras raras, como una forma de recordar de su monopolio y ventaja en un activo crucial para un buen número de industrias. Actualmente China impone un arancel de 25% a la exportación de tierras raras hacia EE. UU.
Las reservas mundiales de tierras raras se encuentran principalmente en China con poco más de un tercio de las reservas mundiales, también es el principal productor, con casi dos tercios de la oferta mundial en 2019, según cifras del servicio geológico estadounidense (USGS). El país asiático mantiene este liderazgo en la minería de tierras raras desde 1995, entre 2009 y 2011 fue prácticamente el único productor de tierras raras en el mundo.
China también se convirtió en el principal exportador, impulsado por su gran oferta. Impuso cuotas al volumen de exportación de tierras raras desde 2010 de manera que aprovecha la dependencia del mundo a este mineral. Las cuotas en 2010 limitaron la cantidad de tierras raras que Toyota demandó en Japón, por lo que comenzaron, seguidos poco después por Volkswagen, a desarrollar tecnologías que pudieran sustituir a las tierras raras como insumos. La dependencia mundial respecto a China es importante aún. EE.UU. en particular importó, en 2018, 70% de tierras raras que utilizó del país asiático y el restante fue provisión interna. El mayor importador en el mundo es Japón con casi una quinta parte de las importaciones mundiales.
Existen cuotas a la producción, adicionalmente a las cuotas de exportación, estas restricciones productivas responden tanto a la contaminación inherente a la minería de estos materiales, como a la incipiente diversificación productiva. A partir de 2011, la provisión y exportaciones de China han disminuido respecto al total mundial; buena parte de las reservas siguen en la nación asiática, aunque cada vez más países tienen presencia en tierras raras. Destaca la creciente obtención en Australia y EE. UU. que en conjunto contribuyen con el 22% del total global en 2019.
La minería de tierras raras es un arma de doble filo para el medio ambiente, por un lado, significa un insumo importante que apoya fuentes de energía más limpia, como la fabricación de motores para vehículos eléctricos; y por el otro lado, la contaminación que representa ha sido devastadora para algunas regiones en Asia.
Destaca la principal veta de tierras raras del mundo localizada en Baotou, Mongolia Interior en el Norte del país. La contaminación ha generado un gran lago negro de desechos radiactivos que ha menguado a la región.
China ha dejado de exportarlas, y ha comenzado a importarlas al punto de ser el segundo mayor importador en 2018, de manera que se deslinda de la contaminación que derrama esta actividad minera. Sus importaciones provienen de Malasia, Myanmar y EE.UU. Junto con las cuotas a la baja puede significar el abandono de la provisión contaminante de tierras raras dentro del país; sin embargo, gran parte de la refinación y la cadena de suministro permanece aún en el país asiático.
El gigante oriental mantiene todavía el monopolio sobre el suministro de tierras raras, sin la necesidad de producir y contaminarse al interior. El mundo busca deshacerse tanto de la dependencia hacia el socio oriental, como a las tierras raras mismas, aunque de manera muy incipiente. Por ejemplo, el recientemente anunciado iPhone 12 de Apple presume utilizar tierras raras recicladas. Claramente, la dependencia a estos productos en el mundo y en gran parte de las industrias continuará sin un cambio significativo en el horizonte. Al igual que Medio Oriente o Noruega con el petróleo, China intenta desligarse de producción contaminante, con una economía más limpia.
Andrés Velasco sorprende con su propuesta que “Chile va a necesitar una política explícita de crecimiento económico, gobierne quien gobierne. Con las políticas actuales, con el enfoque actual, con el clima político actual, el crecimiento no va a regresar. Y no basta con cualquier política de crecimiento económico. Necesitamos una política explícita de desarrollo productivo, cuyo foco sea diversificar la economía, y en especial diversificar las exportaciones” (EMOL, 24-08-2020).
El exministro de Hacienda se desmarca así del neoliberalismo y deja aislado a Sebastián Edwards, quien prefiere al Chile productor y exportador de recursos naturales.
La vida está cambiando. La lucha de la ciudadanía ha corrido la “medida de lo posible” a favor de lo que necesita nuestro pueblo. Aunque no se crea, el mismo alcalde Lavín, pinochetista de la primera hora, dice ahora estar con un proyecto socialdemócrata. ¿Porque no podría cambiar Andrés Velasco?
A mediados de los años noventa, Carlos Ominami, ex Ministro de Economía de Aylwin, apuntó en dirección parecida a la de Velasco: propuso avanzar hacia una segunda fase exportadora. También, el exministro de Hacienda de Lagos, Nicolás Eyzaguirre, recomendó agregar valor a la producción de recursos naturales, lo que denominó en su momento estrategia de clusters. No paso nada. Hasta ahora, la estructura productiva ha permanecido intocada, para beneficio del rentismo depredador.
Sin embargo, esas tres destacadas autoridades, con responsabilidades prioritarias en el quehacer económico de nuestro país, callaron cuando debieron hablar. En efecto, siendo ministros mantuvieron silencio sobre las limitaciones de nuestra estructura productiva. Hablaron sobre la necesidad de su transformación cuando dejaron de ser autoridades.
En realidad, para cualquier analista, distante del neoliberalismo y sin compromisos con el dinero empresarial resulta bastante obvio que la frágil matriz productiva chilena ha debilitado el crecimiento y la productividad. Las cifras de crecimiento son apabullantes: 7,4% entre 1990-1997, 4,4% en el periodo 1999-2007 y 2,2% en 2014-2018.
Pero, mucho más importante es que la producción-exportación de recursos naturales no genera suficiente empleo, paga bajos salarios, multiplica la informalidad, no difunde el dinamismo económico a lo largo y ancho del país, inhibe el potencial de las Pymes, no exige ampliar la educación y concentra el ingreso en el 1% más rico.
La heterogénea estructura productiva chilena es entonces la base material de las desigualdades sociales y territoriales existentes en el país. Y, por cierto, ha generado impactos traumáticos en el medio ambiente.
Velasco, tiene razón cuando señala que “…la diversificación productiva, y en especial la diversificación exportadora, no ocurre automáticamente. Hay que hacerla ocurrir y eso requiere una política explicita activa de parte del Gobierno”.
Los responsables del ámbito económico en los gobiernos de la Concertación, aún con las limitaciones constitucionales existentes, tenían autoridad y cierto margen de acción para terminar con la concesión generosa de los recursos naturales. No está claro si su inmovilismo respondió al inmenso poder del empresariado rentista o al convencimiento que el mercado resolvería espontáneamente el mejor camino para la economía chilena.
El resultado práctico, a final de cuentas, ha sido la entrega de concesiones en las minas de cobre y litio, sin royalties y con escasas cargas impositivas, junto a inexplicables subsidios a las plantaciones forestales y a la vergonzante legislación pesquera, con coimas para parlamentarios y funcionarios de gobiernos.
Si existía una mínima convicción que la matriz productiva debía ser transformada, los gobiernos de la Concertación podrían haber desplegado una política económica algo más activa, con incentivos a los agentes económicos dispuestos a invertir en actividades de transformación y con royalties efectivos al empresariado, nacional y extranjero, para la explotación de recursos naturales.
En segundo lugar, desde los ministerios económicos, sobre todo el que administra los recursos, pudo haber aumentado sustancialmente la inversión en ciencia y tecnología, la que actualmente es apenas 0.38% del PIB, bastante menos del 2.4%, la media de los países de la OCDE. Es la manera para que la inteligencia y la tecnología moderna se despliegue en todos los sectores productivos y territorios del país.
En tercer lugar, un proyecto de transformación productiva está obligado a exigir un mejoramiento radical de la calidad de la educación formal y de los trabajadores. Ello resultará en mayor productividad, más calidad en el empleo y mejores salarios. Sin una buena educación para todos, y no sólo para la elite, es imposible transformar la matriz productiva e impulsar el crecimiento. El lamentable CAE y la segmentación educacional marcharon en dirección contraria a la conformación de una economía moderna.
Optar por otro camino productivo, que sea el fundamento material para terminar con las desigualdades y promover el desarrollo económico exige innovar, procesar, diversificar. Obliga, al mismo tiempo, a los gobiernos a desplegar una “política activa explícita”, para promover el crecimiento, como dice Velasco.
Es valorable que Velasco, aunque tardíamente, se ponga del lado de la transformación de la economía. Coincidimos que para potenciar el desarrollo (él prefiere hablar de crecimiento) es preciso un nuevo proyecto productivo, con política activa (yo prefiero usar estrategia deliberada) que trascienda la matriz de recursos naturales. Cambia, todo cambia. Y también Velasco.
La reciente carta firmada por más de un centenar de premios Nobel atacando desaforadamente a Greenpeace por la oposición de la organización ecologista al empleo de alimentos genéticamente modificados, y específicamente al arroz dorado (arroz enriquecido con vitamina A) ha vuelto a desatar el apasionado debate de los transgénicos. Es este un duelo vivido por ambos campos (en pro y el contra), con una virulencia mesiánica sofocante. Los firmantes del escrito llegan a acusar a Greenpeace poco menos que de genocidio, haciendo al grupo ecologista cómplice de la muerte por desnutrición y de la ceguera por carencia de vitamina A de millones de niños asiáticos.
Creo, por las razones que abajo explico, que Greenpeace se equivoca en sus argumentos oponiéndose a los transgénicos, y que a menudo ha hecho gala de un fundamentalismo en este tema muy poco constructivo: pero el tono incriminatorio de la carta de los Nobel busca un descrédito de Greenpeace totalmente abusivo e injusto. Aunque la ONG ecologista haya demostrado una actitud a veces poco racional en su radical oposición a los transgénicos, ha sido y sigue siendo una de las organizaciones globales más serias, nobles y altruistas y a ella debe nuestro mundo muchas de las principales victorias de la justicia ambiental universal. El tono de la carta hace incluso dudar de las reales intenciones de los autores intelectuales de la iniciativa epistolar.
"La humanidad lleva milenios alterando el material genético de plantas y animales a través de sistemas tradicionales de selección"
Pero, antes de seguir perdiéndonos en argumentos, comencemos por acotar el ámbito de la discusión. Un organismo genéticamente modificado es todo aquel cuyo material genético ha sido alterado artificialmente con técnicas de ingeniería genética. La humanidad lleva milenios alterando el material genético de plantas y animales a través de sistemas tradicionales de selección. Una nectarina es un melocotón mutado y seleccionado; un chihuahua o un gran danés son variedades generadas por selección artificial del perro originario, domesticado en el neolítico; las naranjas que nos comemos fuera de estación son variedades generadas a través de alteraciones genéticas logradas mediante injertos. La historia misma de la agricultura y la ganadería es indisociable de la alteración del material genético de las plantas y de los animales. Los transgénicos son pues tan poco naturales como la mayor parte de los otros alimentos que nos comemos, si llamamos ‘naturalidad’ al hecho de que un alimento mantenga o no su material genético original inalterado.
Los transgénicos actualmente comercializados son plantas modificadas genéticamente para, o bien mejorar su productividad, haciéndolas más resistentes a virus, a bacterias o a las sequías, o bien para aumentar sus propiedades nutritivas incorporando a su estructura genética micronutrientes, como en el caso del arroz dorado, enriquecido con vitamina A.
Los transgénicos forman ya de hecho parte sustancial de la cadena alimentaria de los españoles y de todos los europeos, sin que la mayoría seamos conscientes. Si bien es cierto que la comercialización de plantas para consumo humano de origen transgénico es muy reducida en Europa y en la práctica está prohibida en casi todos los países del continente (aunque no en nuestro país), la inmensa mayoría del pienso animal con el que se alimentan las vacas y cerdos que nos comemos procede de soja y maíz genéticamente modificados, originario de Estados Unidos y otros países donde la producción de transgénicos es generalizada. Tres cuartas partes de toda la soja del mundo son ya de origen transgénico. El debate sobre los transgénicos también suele obviar el hecho de que muchas de nuestras prendas de vestir tienen también un vínculo con la modificación genética de plantas: La mitad del algodón que se cosecha hoy por hoy es transgénico, sin que a nadie parezca preocuparle demasiado el asunto.
La oposición a los alimentos transgénicos se funda en argumentos muy diversos: medico-sanitarios, ecológicos y también socioeconómicos. Por una parte, se afirma que pueden provocar alergias y otros efectos negativos en la salud de los consumidores y que tal riesgo sería razón suficiente para su prohibición. Este es, sin duda alguna, el argumento más endeble. No hay ni un solo caso reportado en la literatura médica internacional de daño sobre la salud provocado por el consumo de un alimento en razón de su modificación genética.
Los argumentos de orden medioambiental, que son aquellos sobre los que principalmente se funda la radical oposición de Greenpeace, merecen en cambio una consideración más seria. Por una parte, existe un riesgo real de la propagación no deseada de los organismos modificados mediante ingeniería genética, invadiendo zonas no previstas y afectando pues a agricultores contrarios a su uso. De hecho, este tipo de situación ya se ha producido en algunas ocasiones.
Por otra parte, el empleo de los transgénicos conlleva a una creciente homogeneización en los cultivos, y con ello a una eventual desaparición por desuso de las variedades tradicionales. Conviene señalar, no obstante, que estas críticas pueden en realidad aplicarse exactamente igual a las variedades seleccionadas artificialmente pero no modificadas genéticamente. Hoy por hoy, de hecho, la diversidad de variedades de trigo, arroz o de casi cualquier producto agrario cultivado en el mundo es infinitamente menor a la del pasado, debido a que ciertas variedades mejoradas se han expandido a escala planetaria en tanto que las variantes locales tienden a desaparecer. La creación de bancos globales de semillas para conservar la riqueza genética asegura que, pese a esta preponderancia de un pequeño número de variedades sobre el resto, las versiones locales no lleguen a perderse del todo, conservándose así, al menos a nivel de inventario, la agro-diversidad del Planeta.
Por otro lado, la oposición a los transgénicos por parte de los ecologistas obvia, a veces tramposamente, un evidente impacto positivo de su uso: los transgénicos ayudan a reducir masivamente el uso de herbicidas y pesticidas por parte de los agricultores, ya que las plantas modificadas genéticamente son por sí mismas resistentes a bacterias y virus, sin necesidad de la venenosa medicina de los ‘químicos’. Así pues, es más que discutible que el impacto ecológico de los transgénicos, balanceados pros y contras, sea en realidad negativo.
El tercer tipo de argumentos en contra de los transgénicos es, a mi juicio, el único verdaderamente válido: el de orden socioeconómico. Por definición, este tipo de cultivos no germinan, es decir, no producen semillas que puedan reproducirse. Ello coloca a los agricultores en una situación de completa dependencia con respecto a los suministradores de las semillas transgénicas, lo cual, por una parte, incrementa sus costes de producción (puesto que ya no pueden separar parte de las semillas de la cosecha anterior para usarlas en la siembra de la temporada siguiente) y por otra deja a los campesinos a largo plazo por completo a merced de los productores de transgénicos a la hora de decidir qué, cuándo y cómo pueden cultivar. Dado que la inmensa mayoría de los transgénicos en el mercado son comercializados por enormes grupos empresariales agroindustriales, operando habitualmente en régimen oligopólico, la expansión de los transgénicos, en definitiva, supone un zarpado brutal a la autonomía económica del pequeño campesinado a favor de dichos grupos de poder.
Si los transgénicos fueran considerados bienes de dominio público, producidos por o bajo la supervisión de instancias oficiales y distribuidos sin ánimo de lucro, entonces ese riesgo de dependencia quedaría de facto diluido. Así pues, el problema no son los transgénicos en sí mismos, sino la monopolización de su comercialización por parte de los oligopolios. Contra ella deberían dirigirse las críticas, y no contra el uso de los transgénicos en sí mismo.
Valga decir, no obstante, que muchas de las aclamadas virtudes de la modificación genética de los alimentos, pueden conseguirse a un coste mucho menor por otras vías. Por ejemplo, gran parte de las plagas agrícolas pueden combatirse mediante sistemas integrados ecológicos, mucho más baratos y accesibles para los pequeños agricultores que el uso de semillas inmunizadas genéticamente o tradicional el empleo de herbicidas industriales. Tampoco es preciso enriquecer genéticamente el arroz con vitamina A como única opción para garantizar una ingesta suficiente de la misma. La vitamina A se puede consumir como suplemento, o bien puede incorporase en el procesamiento del arroz en pasta y otros derivados. Si eso no se hace es, pura y simplemente, porque comercialmente es más rentable hacer a los campesinos dependientes de determinadas variedades de semillas.
En definitiva, reducir el debate del hambre a una discusión tecnológica (transgénicos si, transgénicos no) es de una miopía cuanto menos infeliz y, en el peor de los casos, maliciosa. Se calcula que el mundo produce a fecha de hoy suficientes alimentos para dar de comer a 12,000 millones de personas, es decir, a vez y media la población actual, incluidos los casi 800 millones de seres humanos en situación de desnutrición crónica; todo ello sin necesidad de incrementar los niveles de producción actuales. Los problemas del hambre en el mundo no se deben a un déficit de producción a nivel global, sino a la inequidad en la distribución. La mayor parte de la gente crónicamente desnutrida no es que pase hambre porque falte la comida en su entorno, sino porque no puede pagarla. Mientras, en las sociedades ricas, una tercera parte de todos los alimentos que se cultivan terminan en la basura; otra sustancial porción se destina a producir biocombustible y un importante porcentaje acaba en la panza de esos ya más de 2,000 millones de personas con severos problemas de sobrepeso.
Las causas del hambre son, como ya demostró el también premio nobel Amartya Sen hace casi treinta años, fundamentalmente políticas, no tecnológicas. Por tanto, las medidas requeridas para afrontarlas deberán ser también políticas, esto es, transformativas de los modelos socio-productivos y de las relaciones de poder en la cadena alimentaria.
Si los venerables Nobel tenían tantas ganas de despacharse a gusto con ataques a los causantes del hambre en el mundo, más útil habría resultado que hubieran dirigido sus críticas a los gobiernos que fomentan o sustentan guerras; a la economía industrial basada en los hidrocarburos, que altera los ciclos del clima y provoca sequías brutales; a los gobiernos de los países ricos que mantienen barreras artificiales frente a las importaciones de alimentos de los países del Sur; a las grandes corporaciones de la distribución alimentaria que imponen precios de miseria a los campesinos; a los corruptos dictadores africanos que roban los recursos de los países sobre los que gobiernan; a las iglesias opuestas a toda forma de control de natalidad…
Es triste que tantas mentes privilegiadas (muchas de ellas, por cierto, vinculadas profesionalmente a las empresas biotecnológicas que desarrollan los transgénicos) hayan hecho este monumental esfuerzo de juntar sus firmas y dar enorme difusión a un escrito sobre el hambre en el mundo para tan solo dirigir toda su munición argumental contra una organización ecologista, en lugar de apuntar a las raíces del problema. Pero es que, al fin y al cabo, y por acabar con una metáfora alimentaria, o más bien caníbal, a nadie le gusta morder la mano que le da de comer.
RÍO DE JANEIRO, 1 jun 2018 (IPS) - Aunque América Latina produce apenas cinco por ciento del plástico del mundo, importa miles de millones de toneladas anuales para el uso de todo tipo de productos, que en parte terminan en sus mares como basura.
De esa manera, contribuye a esa especie de tsunamis artificiales que amenazan la biodiversidad de los océanos, donde a nivel planetario cada año se vierten 13 millones de toneladas de residuos, mayormente plásticos desechables, según ONU Medio Ambiente, una cantidad que puede rodear cuatro veces la tierra.
El impacto es tal que también afecta a la salud humana, al entrar esos resistentes desechos en la cadena alimenticia, y ha llevado a las Naciones Unidas a establecer como tema para el Día Mundial del Ambiente de este año, el 5 de junio, el de “Un planeta sin contaminación por plásticos”.
Favorecido con una costa de 3.000 kilómetros sobre el océano Pacífico, con uno de los mares más ricos en nutrientes del mundo, Perú fue uno de los primeros países latinoamericanos en unirse a la campaña Mares Limpios, lanzada hace un año por ONU Medio Ambiente.
La campaña se propone eliminar en 2022 las principales fuentes de basura marina, que pueden permanecer en los ecosistemas 500 años. Hay cinco “islas” de basura identificadas en los océanos Pacífico, Atlántico e Indico, una de ellas entre Chile y Perú.
“Hemos sido testigos directos de los graves impactos que están generado los diferentes tipos de desechos, incluyendo el plástico en nuestro mar”, dijo Ursula Carrascal, coordinadora de proyectos del Instituto para la Protección del Medio Ambiente Vida, en Perú, uno de esos dos países.
Desde hace 20 años, esa organización encabeza en la nación andina una campaña de limpieza de playas y costas, involucrando a todos los sectores de la sociedad.
Según Carrascal, el problema se agrava cuando el país sufre estragos adicionales generados por los desastres naturales, como el fenómeno de la Niña que en 2017 produjo inundaciones y el desplazamiento de toneladas de basura acumuladas en las riberas de los ríos.
“La playa Márquez ubicada en Callao literalmente fuera cubierta por basura en tres kilómetros. Actualmente muchas playas desaparecieron, las embarcaciones pesqueras y los pescadores artesanales son afectados en la pesca por averías en sus redes o motores debido al plástico”, recordó a IPS desde Lima.
El país, según el Ministerio de Ambiente, genera 6,8 millones de toneladas de desechos sólidos. Solo en Lima y la colindante ciudad portuaria de Callao se estima que son tres millones de toneladas al año, 53 por ciento de desechos orgánicos y en segundo lugar de plástico, con 11 por ciento del total, un porcentaje en sintonía con el promedio mundial.
De hecho, la mitad de las 6.000 toneladas de basura acuática recogida por Vida desde 1998, con apoyo de 200.000 voluntarios, son plásticos.
“Existe una fuerte preocupación por el riesgo en el campo de la seguridad alimentaria debido al consumo de plástico por parte de peces”, subrayó Carrascal.
El gubernamental Instituto del Mar del Perú estudia desde hace años el impacto del microplástico (menor de dos centímetros) en las playas peruanas y en el tracto digestivo de los peces. Un informe realizado en 2017 encontró 473 fragmentos de plástico cada metro cuadrado de una playa de Callao.
La británica Fundación Ellen Mac Arthur , dedicada a impulsar la economía circular –basada en la reducción tanto de nuevos materiales como de desechos vírgenes, para crear una espiral de reciclaje-, alerta que para 2050 en los océanos habrá más plástico que peces y recuerda que toda la fauna marina ingiere esa basura.
Uno de los resultados, calcularon científicos de Universidad Ghent, de Bélgica, es que al comer pescados y frutos de mar se ingiere anualmente hasta 11.000 trozos diminutos de plástico, un derivado químico proveniente en su casi totalidad del petróleo.
En Brasil, con más de 9.000 kilómetros de costa, esta vez hacía el Atlántico, es AquaRío, un acuario marino de Río de Janeiro que promueve la educación ambiental y la investigación científica para la conservación de la biodiversidad, la institución con que se lanzó la campaña de Mares Limpios.
El plástico descartado de forma incorrecta en playas, ríos y vertidos sanitarios termina en el mar y provoca la muerte de millares de animales marinos cada año. Sorbetes, puntas de cigarrillos, tapitas, bolsas plásticas, descartados de forma incorrecta, representan para la fauna marina el mayor porcentaje de materiales ambientalmente peligrosos”, alertó a IPS su director, Marcelo Szpilman.
“Restos de redes, líneas de pesca, cuerdas y bolsas plásticas abandonados en el mar permanecen en ese ambiente por muchos años por su baja biodegrabilidad terminan victimizando un sinnúmero de animales que se enroscan y mueren por asfixia o inanición”, agregó el biólogo marino.
Para concientizar a los niños sobre esta matanza silenciosa marina, el acuario utiliza durante sus vistas la imagen lúdica de sirenas que mueren por la ingestión de plásticos.
Una metáfora que se extiende en la realidad oceánica a peces, aves, focas, tortugas, delfines que confunden esos residuos que quedan flotando en el mar con pulpos, calamares, aguas vivas y otras especies con las que se alimentan.
“Ya se han encontrado delfines con el estómago lleno de basura de las ciudades. Las colillas de cigarrillos, el ítem más recolectado en todas las campañas de limpieza de playa, ha ocasionado la muerte de animales que los tragan confundiéndolos con ovas de pescado”, explicó Szpilman.
Además, destacó, “una bolsa de plástico a la deriva en el mar es fácilmente confundida con un aguaviva, alimento de varias especies de tortugas marinas que pueden morir por asfixia”.
A juicio de los especialistas, en Brasil y otros países latinoamericanos el problema se combate con iniciativas aisladas, como la prohibición de bolsas plásticas en los supermercados, cuando se requiere un cambio de modelo en la producción y el consumo del plástico.
Pero algunas cosas comienzan a hacerse.
En Perú, por ejemplo, Vida ha coordinado acciones con la industria del manejo de residuos para promover el modelo de economía circular a través de cadenas de reciclaje con los desechos recolectados en las limpiezas de costas en todo el país.
Un trabajo realizado no solo con la gran industria sino con pequeñas y medianas empresas y la Federación Nacional de Recicladores de Perú.
“Se requieren mayores esfuerzos e invertir en tecnología del reciclaje para resolver el problema del plástico. En Perú, mucho de los desechos plásticos recolectados, aunque pueden ser 100 por ciento reciclados, no se reciclan porque no hay plantas de reciclaje, por desconocimiento o ausencia de tecnología adecuada”, explicó Carrascal.
A su juicio, “se están dando grande avances en la segregación de los desechos en las fuentes primarias, pero este ciclo se acaba cuando termina el desecho nuevamente en un botadero”.
Ese modelo de gestión peruano sobre basura en el ecosistema marino se ha utilizado como referencia en otros países del llamado Pacífico Sudeste, que incluye a Chile, Ecuador, Colombia y Panamá.
Tropical forests can develop resistance to a warmer climate, but 71 per cent will come under threat in the next decade if global average temperatures reach two degrees Celsius above pre-industrial levels, a new study warns.
Forest-dependent communities and the global climate will be affected if tropical forests are further degraded, experts say.
Led by scientists at the University of Leeds and published in Science, the study involved 226 researchers from around the world. The cohort analysed carbon stock data in 590 permanent forest plots in South America, Africa, Asia and Australia, with most in the Amazon region.
The Amazon rainforest acts as a huge carbon sink, absorbing and storing carbon dioxide (CO2) and helping to cool global temperatures. Even under high temperatures, trees remove CO2 — a greenhouse gas that contributes to global warming — from the atmosphere.
However, the ability to store high levels of carbon drops dramatically if the forest is exposed to average temperatures above 32.2 degrees Celsius, the researchers found.
Sustainable development in tropical regions will be directly impacted if the biodiversity of tropical forests is altered by rising temperatures and they lose their ability to absorb carbon, says Luiz Aragão, head of the remote sensing division at Brazil’s National Institute for Space Research and a co-author of the study.
“Understanding how climate change impacts carbon absorption in tropical forests can help us identify the most vulnerable areas where biomass loss can interfere with local economies and human development,” he says.
Plínio Barbosa de Camargo, a researcher at the Centre of Nuclear Energy in Agriculture at University of São Paulo and a study co-author, has been monitoring permanent plots in Santarém, in Brazil’s Amazon, for 20 years. His team monitors the growth of about 20,000 trees and measures the forest’s biomass and carbon balance.
“The region we monitor still has the capacity to absorb carbon and recover after prolonged periods of drought,” he says.
“This gives room for different societies to continue investing in the development of products and services from biodiversity.”
But, the resilience potential of forests can only be achieved with proper climate change mitigation and solutions for the conservation and restoration of native vegetation, the researchers say.
“The results suggest that intact forests can withstand heating to some extent,” but for this to happen it is vital that forests remain intact, agronomist and study co-author Simone Aparecida Vieira, from the Centre for Environmental Studies and Research at São Paulo’s University of Campinas (Unicamp), tells SciDev.Net.
This requires reducing deforestation rates and the frequent fires associated with forest clearing, as well as mining, illegal logging and intensive low-productivity livestock farming.
Yet, it is unclear whether cooler forests in Asia and Africa will respond to global heating in the same way as those in South America or whether they can adapt in time, says Lara Kueppers, associate professor at the University of California, Berkeley’s energy and resources group, who did not take part in the study.
“I don’t have confidence that forests are going to be able to adjust on the time scale they will need to,” she says in a related Science commentary.
But, the research offers a good starting point to deepen knowledge about forests’ abilities to adapt to climate change, says biologist Ricardo Ribeiro Rodrigues from the Luiz de Queiroz School of Agriculture at the University of São Paulo, who was not involved in the study.
“The findings presented in the survey are encouraging because they show that forests do indeed have a certain resilience to warming. And this has been shown based on robust mathematical modelling,” he says.
However, Rodrigues warns that more research is necessary to understand how rising temperatures impact different plant species.
“The study deals with forests as a whole, but we know that each species reacts differently to global warming,” he says.
“It is important, therefore, that we identify which species are most resistant so that more effective reforestation actions can be put into practice.”
EU gas – ¿Diversidad de suministro o diversidad de rutas?
Europa necesita diversificar las fuentes de energía, no construir más gasoductos desde Rusia
Los responsables políticos europeos han hecho demasiado hincapié en la construcción de infraestructuras de gas en lugar de diversificar las fuentes de energía, según un informe del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero.
“En lugar de diversificar las fuentes de energía de la UE para reemplazar el gas, Europa ha dedicado mucho tiempo a diversificar las rutas de suministro de gas, en particular los gasoductos desde Rusia”, dijo Ana Maria Jaller-Markarewicz, IEEFA Energy Analyst Europe y coautora del informe. .
La UE inició esfuerzos para diversificar seriamente su suministro en 2004, cuando adoptó sus primeras reglas de suministro de gas que se ampliaron en 2010 y se revisaron nuevamente en 2017. Un país debe poder satisfacer la demanda máxima de gas incluso si su mayor pieza de gas individual la infraestructura de importación se desconecta. La regla N-1 (pronunciada "N menos 1") tenía por objeto evitar las consecuencias de las disputas por gasoductos que ocurrieron cuando Rusia cortó el suministro de gas a través de Ucrania, lo que provocó una escasez de suministro en gran parte de Europa Occidental.
“En la práctica, la regla N-1 fue una bendición para la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Gas (ENTSO-G), cuyos miembros fueron recompensados financieramente por construir infraestructura de gas, ya sea que realmente la necesitaran o no”, dijo Clark Williams. -Derry, analista de finanzas energéticas de IEEFA y coautor del informe.
El énfasis en construir redundancia en la infraestructura de gas socavó una prioridad más fundamental: la necesidad de alejarse completamente del gas y optar por fuentes de energía más seguras y sostenibles, como las energías renovables, que son más resistentes a las perturbaciones políticas y del mercado.
El gas ruso ofreció el reemplazo más barato y abundante para la caída de la producción de la UE, preparando el escenario para el creciente dominio de Rusia en los mercados de gas europeos.
Desde de 2010, Rusia es el mayor proveedor de gas importado de la UE, representando el 34 % de todas las importaciones de gas de la UE y el 22 % del suministro total de gas de la UE. En 2019, el último año completo antes de las interrupciones de la pandemia, Rusia suministró alrededor del 45 % de las importaciones totales de gas de la UE y el 35 % del total de gas de la UE. La UE se volvió aún más dependiente del gas ruso después del Brexit, y Rusia suministró aproximadamente el 48% de las importaciones totales de gas de la UE en 2020, contando tanto las importaciones de gasoductos como las de GNL.
“Mirando hacia el futuro, la UE necesita redefinir la seguridad energética no como diversidad de infraestructura de gas, sino como una verdadera diversidad de fuentes de energía que son inmunes a la influencia política y pueden disminuir el riesgo de futuras crisis energéticas”, afirma el informe.
KUALA LUMPUR, Aug 3 2017 (IPS) - The United Nations recently released the 70th anniversary issue of its flagship publication, the World Economic and Social Survey (WESS). First published in January 1948 as the World Economic Report, it is the oldest continuous publication analyzing international economic and social challenges. The 2017 issue reviews 70 years of WESS policy recommendations, many of which remain relevant today to address global challenges and to achieve the 2030 Agenda or Sustainable Development Goals.
Created in 1945 to ensure world peace, the United Nations charter recognized that economic and social progress for all is fundamental for ensuring sustainable peace. The UN has thus been monitoring socio-economic developments globally since the 1940s. Its analyses have long highlighted the interdependence of the global economy, and advocated international policy coherence and coordination for sustainable, inclusive and balanced socio-economic progress.
The picture which emerges is that the UN has been ahead of the curve on many issues, especially on closing gaps in human well-being between and within countries. From early on, it has urged developed countries to support socio-economic progress in developing countries, not only in their own interest as trading partners, but also to maintain conditions for greater economic stability and more equitable global development. It has also long called for predictable transfers of finance and technology to developing countries, and for opening up developed country markets to developing countries’ exports.
The UN has also pioneered innovative multilateral institution building to fill lacunae. In the 1960s, WESS provided the analytical rationale for establishing the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) to support developing countries seeking to equitably benefit from international trade and investment, and to industrialize.
The 2017 review of issues WESS has underscored the importance of its analyses. The 1951-52 issue identified three major challenges: “maintenance of economic stability, those concerned with persistent disequilibrium in international payments, and those arising from the relatively slow advance of the under-developed countries”. Needless to say, these challenges remain relevant today.
The 1956 issue warned against monetarism and monetary policy solutions, arguing that “a single economic policy seems no more likely to overcome all sources of imbalance … than is a single medicine likely to cure all diseases”. Along these lines, the 1959 issue acknowledged the “evils of large-scale inflation”, but argued that “economic stagnation or large-scale unemployment is not an acceptable cost to pay for price stability or equilibrium in the balance of payments”.
The 1965 issue warned that tying aid would reduce aid effectiveness, external debt burdens were rising rapidly, and capital would flow from developing to developed countries.
The 1971 issue warned of the “unsettling effects of massive movements of short-term capital” and argued for an “international code of conduct and mechanism for surveillance” to curb their disruptive effects. It also warned that IMF governance arrangements dangerously limited developing country voice, and called for Special Drawing Rights to be used to provide development finance.
In the 1970s and 1980s, WESS repeatedly warned that putting the burden of adjustment on deficit countries alone would not only stifle their growth, but also exert deflationary pressure on the world economy. The UN urged provision of additional finance by surplus countries and international financial institutions on less stringent terms and conditions to support robust recoveries and prevent widespread welfare losses.
The 1982 issue warned against the reluctance to undertake expansionary policies at a time of a global crisis for fear of undermining investor confidence: “without more vigorous expansionary policies, recovery will lack strength, levels of demand will not be sufficient to bring present productive capacity into full use, and the incentive to undertake new investment will remain weak”.
WESS’s rich legacy reminds us of the continuing relevance of multilateral institutions, especially in facing major challenges. The global economy needs strong institutions and coordinated international actions, with adequate voice and participation by developing countries. This is particularly true for ensuring international monetary stability and trade dynamism, which remain crucial for global development.
It also underscores that international solidarity is necessary for reinvigorating and rebuilding the global economy as well as inclusive and equitable development. Sustainable development is necessarily multidimensional and often context-specific; requiring strengthened state capacities and capabilities, strategic development planning and appropriate adaptation to local conditions.
Cada cuatro años, el Consejo de Inteligencia Nacional (NIC) de EEUU lleva a cabo un ejercicio de sumo interés sobre las tendencias mundiales. Este es el sexto informe de este tipo, y lo ha publicado en vísperas de la llegada, este viernes, de Donald Trump a la Casa Blanca, cuya política, aunque hoy por hoy sea aún una incógnita, influirá en el mundo. Pero el NIC intenta mirar más lejos, a cinco y a 20 años vista. Con una primera conclusión que no gustará al nuevo presidente del país más poderoso de la Tierra (pero que Obama sí tenía asumida): ya no es tan poderoso, e incluso Occidente puede si no romperse, sí ensimismarse, lo que llevará a países como China y Rusia a desafiar a la superpotencia y al orden mundial que ha impulsado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría.
El estudio sobre las “tendencias globales” se titula esta vez “Paradoja del progreso”. Tal paradoja consiste en que los avances de la era industrial y de la información, las mismas tendencias que están en la base de este informe, están llevando a un mundo a la vez más peligroso y más lleno de oportunidades que nunca antes. El progreso de las últimas décadas ha sido único en términos de conectividad entre personas y de salida de la pobreza de miles de millones de personas. Pero también llevó a la crisis económica de 2008, la Gran Recesión, a las frustradas primaveras árabes y al auge global de populismos.
Como tendencias globales a 20 años vista aprecia las siete siguientes, todas ellas con consecuencias: (1) los países ricos (China incluida) envejecen, los pobres no; (2) la global economía va hacia un menor crecimiento, lo que amenaza la reducción de la pobreza en los países en desarrollo; (3) la tecnología acelera el progreso, pero provoca discontinuidades; (4) las ideas y las identidades están generando una ola de exclusión; (5) gobernar es más difícil; (6) la naturaleza del conflicto está cambiando con la divergencia de intereses entre las grandes potencias, la expansión de la amenaza terrorista y otra serie de cuestiones; y (7) el cambio climático y las cuestiones sanitarias requerirán mayor atención. “Estas tendencias”, concluye el informe, “convergerán a un ritmo sin precedentes que hará más difícil gobernar y cooperar, y cambiará la naturaleza del poder, alterando de forma fundamental el panorama global”.
Sin embargo, los Estados seguirán siendo relevantes, siempre que consigan reforzar su resiliencia a través de la gobernanza, la economía, el sistema social, las infraestructuras, la seguridad, y la geografía y el medio ambiente, aunque se verán retados por actores no estatales. Pero los actores más poderosos del futuro serán los Estados y grupos “que puedan aprovechar las capacidades materiales, las relaciones y la información de un modo más rápido, integrado y adaptable que en generaciones pasadas”. Es decir, el dominio de la tecnología y su aplicación, como ya se está viendo.
A más corto plazo, a cinco años vista, estas tendencias globales llevaran una mayor volatilidad, a un aumento de la tensión entre todas las regiones y tipos de gobiernos, tanto entre como dentro de los países, poniendo en solfa el orden internacional. Su efecto neto será un “mayor desorden global y un considerable cuestionamiento de las reglas, las instituciones y la distribución del poder en el sistema internacional”. Y en este panorama, de poco servirá la “Europa trabada” (hobbled Europe) que prevé.
Es un ejercicio distinto en su planteamiento y conclusiones al del Foro Económico Mundial (WEF) y su Informe de Riesgos Globales para este año que marca entre los cinco primeros, por este orden: (1) las armas de destrucción masiva (el único geopolítico); (2) las condiciones meteorológicas extremas; (3) las crisis por el agua; (4) los desastres naturales de envergadura; y (5) los fallos en la mitigación y adaptación al cambio climático. Plantea varios retos a los que responder en los próximos tiempos, entre ellos los de: (1) reformar el capitalismo de mercado y luchar contra la desigualdad que ve como uno de los grandes peligros; (2) abordar la importancia de la identidad y la comunidad; (3) gestionar el cambio tecnológico y la Cuarta Revolución Industrial; y (4) proteger y fortalecer nuestros sistemas de cooperación global, además de reforzar las democracias que están en crisis. Es decir, que la meteorología puede pesar más que el terrorismo.
Más allá, de cara a 2035, el NIC ve tres grandes relatos o escenarios: que el mundo se divida en islas, en órbitas o se organice en comunidades. Por “islas”, entiende una reestructuración de la economía global, que lleve a largos períodos de crecimiento económico bajo o nulo, y el final de la presunción de que la globalización continuará, una globalización, que, apunta el informe, ha vaciado las clases medias occidentales, con una menor capacidad de los gobiernos de responder a las demandas de sus sociedades y un mayor proteccionismo.
Con la idea de “órbitas” se refiere a una competencia entre grandes potencias en busca de sus propias esferas de influencia, a la vez que intentan mantener su estabilidad interna, lo que se refiere esencialmente a China y a Rusia, pero también a un crecimiento general de los nacionalismos. De ahí, se puede avanzar hacia la paz, o, por el contrario, a graves confrontaciones. Que se imponga este escenario implicará que dominen los intereses nacionales sobre el derecho internacional (que, por cierto, no ha avanzado en los últimos lustros).
La opción de las “comunidades” refleja la pérdida de poder de los Estados a favor de gobiernos locales y actores privados o no estatales, que, sobre todo a través de la TIC, tecnologías de información y comunicación, pongan en cuestión lo que tradicionalmente se entiende por gobernar.
Como en todos estos ejercicios, las opciones se pueden mezclar. Ante ellas, “las sociedades más resilientes también serán aquellas que desaten todo el potencial de las personas, incluidas las mujeres y las minorías, para crear y cooperar”. ¿Habrá leído Trump este informe ya de por sí largo en una versión clasificada, aunque desconfíe de los servicios de inteligencia? Él y su equipo tendrán que afrontar, y evitar crear, muchos peligros, amenazas y riesgos. Pero también podrían ayudar a desactivarlos o, al menos, no azuzarlos. Sea como sea, no todo, pero mucho, está por ver. De hecho, como insiste el NIC, que se vaya hacia un mundo mejor o peor dependerá de nuestras propias decisiones como Humanidad.
El concepto "milagro económico" fue utilizado por primera vez por la revista inglesaThe Times para referirse a la espectacular recuperación económica que vivió Alemania occidental en la década del 50. Desde entonces, se viene utilizando el concepto para referirse a procesos de acelerado crecimiento económico, como el japonés de 1960-80 y el chileno de 1970-90. Un crecimiento que pareciera no tener otra explicación que un hecho sobrenatural. Sin embargo no es dios quien lo produce. En la modernidad ya nadie acude a un fundamento teológico para explicar la dinámica económica.
Hoy en día en Perú se habla de milagro económico. Un inédito crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), que data del 2002. Parece un milagro pero en realidad tiene su origen en la exportación de minerales, favorecido por el alza de los precios internacionales.
El objetivo de este trabajo es revisar la historia reciente del Perú, más precisamente desde 1990 hasta nuestros días para encontrar las causas del "milagro peruano". Para ello nos adentramos en el debate sobre la Historia Conceptual (HC) como herramienta indispensable para el estudio de la historia.
Cada vez que los historiadores nos hemos encontrado en un impasse cognitivo, hemos progresado en la comprensión cuando, en lugar de acumular más conocimientos, hemos hecho modificaciones en el plano epistemológico. En otras palabras, los historiadores tenemos que abandonar definitivamente la alergia colectiva a la teoría que nos caracteriza, pues siempre trabajamos, conscientes o no, a partir de premisas filosóficas. Cuando los conocimientos eruditos (por comodidad discursiva separo artificialmente éstos de los útiles conceptuales empleados para conseguirlos) ya no caben dentro de las categorías interpretativas que manejamos,es hora de reexaminar las premisas en las que se apoyan dichas categorías (Ingerflom, 2006:131).
El trabajo está dividido en cuatro secciones. En la primera, presentamos a la HC, qué es, qué estudia y para qué sirve son algunas de las preguntas que allí se responden. Luego encaramos el estudio del concepto "milagro", su génesis, lógica y aporías, desde la tradición Cristiana con Santo Tomás de Aquino hasta la modernidad. Podemos adelantar que: "Todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados" (Schmitt, 2009: 37). La modernidad no es plenamente autónoma de la tradición del pasado sino que comienza en donde esta se quedó. Más precisamente, los conceptos de la modernidad derivan de un proceso de traducción y elaboración de lo teológico-cristianosagrado, aunque la legitimidad contemporánea ya no puede asentarse en la trascendencia.
Las categorías "espacio de experiencia" y "horizonte de expectativa" serán el hilo conductor de nuestra argumentación. En las secciones tres y cuatro abordamos la historia peruana reciente. Las elecciones de 1990 en donde se midieron en balotaje Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Esa experiencia que podría definirse como "milagrosa" terminará por configurar una economía definida por el mismo Estado peruano a través de un informe del Banco Central de Reserva de enero del 2008, como un "nuevo milagro económico".
Adelantando argumentos, la idea de milagro peruano no se plantea como una ruptura ni continuidad sino más bien como una experiencia que proviene de una estructura duradera. El milagro económico es una aporía ya que presenta una ahistoricidad, un punto cero en donde la economía es próspera y floreciente. Desentrañar las causas del milagro económico es una forma de resolver esa aporía, pero sólo parcialmente, seguirán apareciendo casos de países milagrosos según como soplen los vientos.
En el cuarto y ultimo post de la serie Ecology after capitalism, Eduardo Gudynas escribe sobre las propuestas del Buen Vivir desde America del Sur. Estas no sólo rechazan el crecimiento como fin en sí mismo, sino que se desentienden de la idea de desarrollo en cualquiera de sus expresiones.
Ante la actual crisis ambiental y social son recurrentes los llamados a las alternativas de inspiración socialista. Entre ellas se encuentra el marxismo ecológico de John Bellamy Foster, que analizando el “metabolic rift” propone una economía de estado estacionario. A su vez, Giorgos Kallis, alerta que el socialismo no necesariamente implica una economía de estado estacionario, de donde un “auténtic” socialismo debería orientarse al decrescimiento.
Observando esos debates desde el sur, en mi caso desde América del Sur, inmediatamente surge la relevancia de algunas comparaciones. Es que los recientes ensayos sudamericanos desde la izquierda brindan muchas lecciones sobre elementos centrales a esa polémica. Aquí se examinan solamente algunos de ellos, relacionados con las formas de valoración y las concepciones del desarrollo.
Las interpretaciones sobre una teoría del valor que parten desde Marx, y su relevancia para las ecologías políticas, están lejos de un consenso, a pesar de los señalamientos de Foster, y también de Burkett. Esto es claro en América del Sur a la luz de los debates sobre ambiente y desarrollo. La mayor parte de los marxismos consideran que únicamente los humanos son sujetos de valor, y sólo ellos asignan valoraciones. El trabajo humano sobre la naturaleza genera valor, asi que el medio ambiente corresponde a un largo conjunto de objectos y procesos sin valor intrinseco.
Esa posición está a su vez asociada a distintos tipos de dualismos entre los humanos y el ambiente. En unos casos eso es muy claro, ya que la “naturaleza” es externa a la sociedad, como Castree indica. En otros casos, aunque se defiende la producción social de la “naturaleza”, como hacen David Harvey o Neil Smith, la dualidad de todos modos persiste entre los humanos y no-humanos, más allá de que se los articule por el capital.
Siguiendo distintos recorridos, estas posturas terminan en alguna versión de asignación de valores dependientes de intereses humanos, enfocadas en los valores de uso y de cambio. El capitalismo lleva eso a extremos en su mercantilización de la “naturaleza” y en la hipertrofia de una economía financiarizada, pero la sombra del utilitarismo también alcanzan a los socialismos que se centran en el valor de uso.
En cambio, en América del Sur existen otras posiciones que han cobrado mucha importancia. Son muy destacas las defensas de una pluralidad de valoraciones sobre lo que el saber occidental definiría como “ambiente”, y que incluye valores estéticos, culturales, religiosos, históricos, ecológicos, etc. Si bien éstos son otorgados por los humanos no están necesariamente ligados a una utilidad, beneficio o necesidad de las personas. Paralelamente, algunos reconocen valores propios en lo no-humano; valores intrínsecos que son independientes de la presencia de humanos para otorgarlos. Este abanico de valoraciones rompe con cualquier pretensión de buscar una comensurabilidad sustantiva, sea por medio de los valores de cambio como por los de uso.
Paralelamente, lo que usualmente se entiende como “sociedad” o “naturaleza” desde los análisis enmarcados en la modernidad, tienen otros significados para algunos actores sudamericanos. En unos casos, el mundo social está ecologizado, y en otros casos, la “naturaleza” es social; las superposiciones son amplias y complejas. Hay posturas donde lo que se entiende por comunidad incluye a los humanos pero también a otros seres no humanos que pueden ser animales, plantas, montañas o incluso espíritus. A su vez, entiendo la modernidad como un proceso global, cogenerado simultáneamente tanto en Europa y el “norte” como en el “sur”, siguiendo por ejemplo a Wallerstein y a la perspectiva de la colonialidade.
En el caso sudamericano, esas ideas sobre la “naturaleza” siempre tienen un acento local o regional, con claras referencias a la tierra, con sus paisajes, plantes y animales, como demonstran los aportes de Montenegro. Esa vinculación con una ecología viva es rara en los ecosocialismos ya que sus debates terminan en altos niveles de abstracción y en escalas planetarias, con una clara predilección por temas como el cambio climático, donde varios artículos de Foster son un ejemplo.
Todas estas no son expresiones folklóricas ni rarezas antropológicas, sino que son defendidas por distintos actores sociales que cuestionan al desarrollo capitalista y con importante poder de movilización. Esas posiciones alcanzaron su mayor efecto político a mediados de los años 2000, asegurando el reconocimiento de los derechos de la “naturaleza” en la Constitución de Ecuador, aprobada en 2008, y en intentos similares en Bolivia.
En esas dinámicas políticas se cuestionaba duramente la exageración de los valores de cambio y el utilitarismo del capitalismo, y el crecimiento perpetuo como meta, y en ello hay distintos puntos de encuentro con críticas como las de Foster, James O’Connor, Elmar Altvater o David Harvey para citar algunos. Pero también hay diferencias sustanciales, ya que se parte de una diversidad de valoraciones humanas y de aceptar valores propios en la Naturaleza, y en una incomensurabilidad entre los distintos valores pero también en las concepciones sobre “sociedad” o “comunidad”, o “ambiente y “naturaleza”, por ejemplo.
Esos nuevos abordajes sobre temas ambientales estuvieron presentes en los importantes cambios políticos conocidos como el “giro a la izquierda” desde el inicio de los 2000s. Como resultado de distintas luchas políticas y apoyos ciudadanos se instalaron gobiernos que rechazaban los reduccionismos de mercado y criticaban duramente los capitalismos neoliberales, los casos de Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay, y en algunos además había un fuerte componente ambientales, Bolivia y Ecuador, como se indicó arriba.
Más allá de su diversidad, esos gobiernos se auto-identificaban como “socialistas del siglo XXI”, “nacional populares”, “socialismo comunitario”, “protosocialistas”, etc. Se podría asumir que esas variedades de socialismos intentarían otros tipos de desarrollo, con una desconexión de la meta del crecimiento y aminorando sus impactos ambientales o los conflictos con comunidades, especialmente campesinos o indígenas. O que al menos, las invocaciones al socialismo permitirían ensayar los primeros pasos hacia la primera revolución ecodemocrática liderada por el estado como propone Foster.
Sin embargo, eso no ocurrió. Con el paso del tiempo, esos gobiernos abandonaron los programas de izquierda original y se convirtieron en lo que hoy se conoce como “progresismo”. Esta postura, entre otros elementos, defiende unas ideas sobre el desarrollo basadas en el crecimiento económico, y esa meta estaría por encima de los impactos sociales, territoriales y ambientales. Se busca asegurar el aumento tanto del consumo, como los indicadores económicos agregados, tales como el Producto Interno Bruto (PIB). Por ejemplo, en el “nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo” de Bolivia, se afirma que el Estado debe promover el crecimiento económico y que esto sirve para una transición a un modo de producción socialista.
Esto hace que para el caso del progresismo sudamericano la advertencia de Kallis es acertada, ya que los entendimientos tradicionales de esos nuevos socialismos no aseguran una economía de estado estacionario, ni que necesariamente se reduzca la transformación de la “naturaleza”.
Es más, los progresismos buscaron activamente el crecimiento económico, y lo alimentaron por medio de una expansiva apropiación de los extractivismos, explotaciones mineras y petroleras, y monocultivos, y por ello se multiplicaron los impactos. Se aprovecharon condiciones externas, como los altos precios y demanda de las mercancias, e internas, como la estabilidad macroeconómica, ampliación del consumo, etc., aunque con ello se fortaleció un papel subordinado del continente como proveedor de recursos naturales a la globalización.
A los efectos del presente comentario, es importante notar al menos tres características en esta situación reciente. La primera es que en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, ese “desarollismo extractivista” era explicado bajo distintas versiones de economías heterodoxas que rechazaban algunos componentes de la economía neoclásica y usaban argumentos propios del socialismo en general y del marxismo en particular. Pero todos ellos defendían el crecimiento económico, la atracción de inversiones y el aumento de exportaciones. La búsqueda de crecimiento implicó enfocarse en los valores de cambio y de uso, y por lo tanto se violaron los derechos de la “naturaleza”. El desarrollo es crecer y el ambiente es concebido como una canasta de recursos para alimentar el crecimiento.
La segunda es que en todos los gobiernos progresistas, esos extractivismos fueron justificados como indispensables para poder obtener los dineros para los programas de reducción de la pobreza. Ese sería un objetivo con las mayorías, y por ello se deberían tolerar los impactos ambientales y sociales, ya que usualmente afectaban solamente a comunidades locales, o sea, las minorías. Se generaron extraños debates con llamados a la justicia social, varias veces bajo un discurso socialista, pero que a la vez rechazaban los contenidos de las justicias ambiental y ecológica. Por ejemplo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, para justificar la apertura de la explotación petrolera en la región de Yasuní sostuvo que los derechos de la “naturaleza” de su propia constitución eran “derechos supuestos”. Por otro lado, aunque el espacio no permite discutir el asunto en detalle, ahora se cuentan con estudios independientes que muestran que no necesariamente se cumplían esos pretendidos “trade-offs” entre los extractivismos y la reducción de la pobreza.
El tercer punto es reconocer que esos desarrollos heterodoxos sudamericanos, incluyendo los socialismos del siglo XXI, son distintos a estrategias de inspiración neoliberal, pero terminan defendiendo al desarrollo de todos modos. Tanto las administraciones como muchos intelectuales sostienen que el problema no es el desarrollo sino el capitalismo, y por lo tanto se podría instalar un desarrollo “mejor”, más benévolo, de tipo socialista. Pero en esas tareas terminaron fortaleciendo los componentes centrales de la idea de “desarrollo” y entre ellos los del crecimiento o el utilitarismo.
Todo esto muestra que en los casos concretos sudamericanos estamos ante una autolimitación de buscar alternativas pero dentro del desarrollo, o sea al interior de una concepción propia de la modernidad. El marxismo ecológico de Foster con su llamado a un desarollo equitativo y sostenible es un ejemplo, ya que critica al capitalismo pero busca construir otro tipo de desarrollo, también dentro de la modernidad.
Se puede discutir si los gobiernos progresistas sudamericanos eran realmente fieles a un socialismo, de manera similar a cómo se han discutido los socialismos reales. También reconozco que Foster en sus textos deja muy en claro su rechazo a la obsesión con el crecimiento y apunta a una economía de estado estacionario. Pero eso no afecta el señalamiento de muy amplios sectores que en América del Sur, se basan en distintas versiones del socialismo y marxismo, defienden el crecimiento, el desarrollo y con ello unas formas de valoración muy acotadas.
Frente a la obsesión con el desarrollo y el crecimiento, hay un conjunto de críticas de activistas sociales y políticos sudamericanos en defensa de la “naturaleza” y de la justicia social que demandan una ruptura con el concepto de desarrollo en todas sus expresiones. Entre ellas, en el caso sudamericano se destacan las propuestas del Buen Vivir.
En sus formulaciones originales, lanzadas desde Bolivia y Ecuador, el Buen Vivir no sólo rechaza el crecimiento como fin en sí mismo, sino que se desentiende de la idea de desarrollo en cualquiera de sus expresiones. No busca sumarse a la linealidad de una historia occidental, acepta la pluralidad de valoraciones y reconoce los valores intrínsecos en la “naturaleza”. Por lo tanto las perspectivas sobre los valores son muy distintas a las de la modernidad, y con ello la dualidad entre sociedad y ambiente se disuelve en distintas relacionalidades. Es además una postura intercultural que resulta de una articulación entre algunos componentes propios de saberes indígenas con ideas críticas a la modernidad. Es una categoría que también alcanzó status constitucional en Bolivia y Ecuador, y hoy es apoyada por diversos movimientos sociales.
Estaba claro que la perspectiva del Buen Vivir obligaba a las administraciones progresistas a iniciar transiciones de salida de los desarrollos contemporáneos, reduciendo, por ejemplo, los extractivismos. Sin embargo, esos gobiernos optaron por profundizar sus estrategias desarrollistas basadas en la masiva apropiación de recursos naturales, como se explicó arriba. Aunque no han sido administraciones conservadoras o neoliberales, su adhesión a ese núcleo básico terminó en intentos de organizar de otra manera la búsqueda del crecimiento y la distribución dela plus-valia, generando todo tipo de contradicciones y conflictos en el campo de las justicias sociales, ambientales y ecológicas.
La obsesión con el crecimiento y un desarrollismo con altos impactos sociales y ambientales generó todo tipo de críticas desde el Buen Vivir. Ante ellas, los gobiernos progresistas, junto a militantes políticos y varios académicos del sur y del norte, lanzaron una ofensiva teórica para redefinir el Buen Vivir como una variedad de socialismo, y por lo tanto que fuera funcional al desarrollo y al crecimiento. En otras palabras, desde algunos de los socialismos del siglo XXI, la adhesión al crecimiento y el desarrollo era tan poderosa que se volvieron inaceptables las valoraciones múltiples del ambiente y los derechos de la “naturaleza”.
Esto desembocó en que, por ejemplo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa se preguntara dónde en el Manifiesto Comunista o en el socialismo se rechaza a la minería, para de esa manera defender su extractivismo frente a los ambientalistas. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera repetidamente defiende los extractivismos minero y petrolero en tierras indígenas y campesinas y en áreas de alta biodiversidad, siempre invocando a Marx y Lenin. La más reciente ha sido su defensa de la inversión extranjera y los extractivismos invocando a las ideas de hermandad universal de Marx y de tecnología de Lenin. Surgen así posiciones como las del biosocialismo del Buen Vivir (Ecuador) o del “desarrollo integral” para el Buen Vivir (Bolivia), como escriben Ramírez y LeQuang.
Es así que los progresismos gobernantes, así como sus bases de apoyo, optaron por alinearse con un desarollismo pro-crescimiento. Esa postura fue apoyada por muchos intelectuales, los que generaron argumentos teóricos para explicar esa posición. Sólo unos pocos actores políticos están revisando esas posiciones. Por ejemplo, ante los impactos de la minería en Argentina, el Partido de los Trabajadores Socialistas, de inspiración trotskista, comenzó a abandonar la vieja postura que entendía que la única solución era el control obrero sobre el extractivismo, para reconocer que eso no resuelve los problemas de los impactos sociales y ambientales, donde la alternativa está en salir del extractivismo.
Se podría argumentar que todos esos problemas están restringidos a las prácticas políticas, y que no reflejan las propuestas teóricas del ecosocialismo. Si se toman como ejemplo los aportes de James O’Connor o Michael Lowy, posiblemente los autores más influyentes en América Latina, es muy claro que entienden que el ecosocialismo es sobre todo una subordinación del valor de cambio al valor de uso, y una reorganización de la producción en función de las necesidades humanas y la protección de la “naturaleza”.
No existe por lo tanto una teoría del valor que rompa con el utilitarismo o el antropocentrismo. Sin duda critican los excesos desarrollistas, pero su cuestionamiento es sobre todo contra el capitalismo, y desde allí se abren las puertas a visualizar otros desarrollos alternativos, ejemplificando otra debilidad teórica, ya que “desarrollo” y “capitalismo” no son exactamente lo mismo. Mi punto es que son justamente esas debilidades las que permiten la deriva hacia las prácticas políticas del desarrollismo.
Este tipo de debates tiene una intensidad enorme en varios países, involucrando a muchos protagonistas, y que pueden generar presiones tan potentes que deben ser contestados por los propios presidentes o vicepresidentes. La defensa del Buen Vivir sin duda está en el espíritu de la izquierda, ya que son reclamos desde la justicia social, ambiental y ecológica. Es más, muchas de sus componentes son similares a los cuestionamientos de Foster ante el desarrollo capitalista. A pesar de eso, los actores gubernamentales progresistas lo califican como una izquierda infantil, en clara alusión a Lenin, o una izquierda en dieta, en palabras del vicepresidente de Bolivia. Sin embargo, esos mismos cuestionamientos ambientales en los países bajo gobiernos conservadores, como Colombia o Perú, son denunciados como “izquierda radical” o “comunismo”.
Es que el Buen Vivir, en su sentido original, es una nueva expresión que se nutrió desde la izquierda occidental pero apunta a romper el cerco de la modernidad. Es por ello una alternativa post-capitalista y post-socialista.
Este breve y esquemático repaso a algunos procesos sudamericanos muestran que los intentos de generar un socialismo del siglo XXI, que en su inicio incluso tuvo fuertes componentes ambientales, no han logrado romper con la adhesión al crecimiento, al desarrollo, y las valoraciones utilitaristas. Los debates sobre qué son y cómo se asignan valores atraviesan todas esas cuestiones.
Las posiciones de los progresismos, incluyendo los teóricos del socialismo del siglo XXI, consideran que puede generarse una variedad de desarrollo no capitalista y más justa. Se acercan, en ese sentido a las propuestas de Foster de un desarrollo que sea “equitativo”, “humano” and “sostenible”. Pero tanto en la teoría como en la práctica, esa adhesión al desarrollo los hace caer nuevamente en un desarrollismo alineado al crecimiento, y por ello anti-ambiental. En la práctica concreta es imposible que un desarrollo de cualquier tipo sea a la vez equitativo y sostenible, humano and ecologico, todo al mismo tiempo. El Buen Vivir critica precisamente esa perspectiva, y por ello hay más coincidencias con cuestionamientos similares desde el decrescimiento.
Esos acercamientos en parte se deben a que el decrescimiento es un conjunto de propuestas más difuso. De todos modos, desde una lectura sudamericana enfocada en las cuestiones discutidas en este texto, se debe reconocer que el decrescimiento también sufre por carecer una teoría del valor, y no toma como asuntos centrales cuestiones tales como el dualismo sociedad-naturaleza o la interculturalidad. En eso se aparta sustancialmente del Buen Vivir en su sentido original.
Tres distintos abordajes del decrecimiento ilustran estos problemas. Por ejemplo, con un fuerte énfasis académico, la reciente revisión de Demaria y otros, entiende que el decrescimiento es un “movimiento social” que integra diversos cuestionamientos al mito del crecimiento, pero no rescatan ninguna discusión sobre valores ni sobre una ética alternativa, a pesar que esa revisión está publicada en la revista academica Environmental Values. Entre las fuentes del decrescimiento está por ejemplo la justicia, pero no se analiza cuáles son los cambios en las valoraciones para promover una alternativa en ese sentido.
Desde otra mirada, con una relación más directa con organizaciones ciudadanas de base, el cientista político español Carlos Taibo defiende una “reducción económica”, pero cuando se refiere a los valores, lo que en realidad defiende es un cambio moral, invocando la sobriedad, sencillez, etc. Cita por ejemplo al Buen Vivir, pero tampoco hay un análisis sobre los valores, y se mantiene apenas en una consideración sobre los bienes comunes.
Finalmente, en el muy conocido Sergei Latouche es muy claro que el decrecimiento es sobre todo una crítica radical al crecimiento ilimitado, pero de una manera similar a las otras corrientes no hay una teoría del valor. En sus alternativas de las ocho R, tales como reusar, redistribuir, etc., la revaloración se acerca a considerar las valoraciones. Latouche reconoce la pluralidad de cosmovisiones sobre la sociedad y la naturaleza, e incluso menciona a los derechos de la “naturaleza”, pero enseguida rechaza lo que califica como una sacralización animista. Es que acento sigue puesto sobre todo en promover otra moral, basada por ejemplo en verdad, altruismo, justicia, etc..
En el decrecimiento prevalece una discusión sobre morales alternativas, mientras que la perspectiva del Buen Vivir es muy distinta ya que uno de sus puntos de partida es una concepción del valor que no anula pero sí desplaza la centralidad de los humanos. Esas otras prácticas y sensibilidades de valoración generan otros mandatos morales, otras políticas públicas, otros entendimientos sobre la justicia, etc. Por ello, el Buen Vivir no está en contra del decrescimiento, sino que éste sería una consecuencia, y que es sobre todo aplicable a algunos sectores sociales.
La experiencia sudamericana muestra que las alternativas de salida a las crisis actuales no son posibles por la derecha política, sino que deben transitar hacia la izquierda, dados los compromisos con la justicia. Pero no basta hacerlo en el sentido tradicional, ya que las alternativas al desarrollo no pueden centrarse solamente en desmontar la primacía del valor de cambio para fortalecer el valor de uso, como postula buena parte del ecosocialismo. Esto genera limitaciones de todo tipo, y muchas de ellas son las que permiten la permanencia del crecimiento.
La incorporación de las justicias social y ambiental requiere cambiar las perspectivas de valoración, romper con el mito de un desarrollo posible, y a la vez modificar nuestros entendimientos sobre la sociedad y la “naturaleza”. Justamente por todo esto, una izquierda del siglo XXI debe también quebrar el cerco de la modernidad occidental.
* Eduardo Gudynas es secretario ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo, Uruguay, actividad que combina con la docencia en numerosas universidades latinoamericanas, europeas y estadounidenses. Es autor de más de diez libros y numerosos artículos académicos y capítulos en libros.
El presente Boletín FAL se inscribe dentro del tema de las reflexiones sobre tecnologías disruptivas en el transporte que la CEPAL suele realizar en estas entregas. Esta edición analiza las ventajas y desafíos que representa la introducción de los vehículos autónomos en la logística de carga, y la oportunidad que esto representa para reducir las emisiones contaminantes asociadas al transporte.
El documento pone también de manifiesto, los desafíos particulares para América Latina donde aún persisten importantes brechas de infraestructura vial y digital, además de un parque automotor de vehículos de carga con más de 15 años, lo que complejiza los desafíos regulatorios y de inversión en nuevas tecnologías.}
El cambio de matriz energética liderado por China no se limita a la generación de electricidad por medio de energías limpias. El mercado de automóviles, autobuses y motocicletas eléctricas está en auge. Desde 2016 China es el país con mayores ventas internas de automóviles eléctricos y para 2019 es el mayor exportador de autos, motocicletas y autobuses eléctricos del mundo. En América Latina el auge de los transportes limpios también existe. En Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Paraguay y Uruguay hay un mercado incipiente.
El mercado mundial es reciente, la venta interna de automóviles eléctricos empezó en 2005 en Francia y Alemania, y 2010 hubo apenas más de 9000 automóviles eléctricos en el mundo. El primer automóvil eléctrico vendido en China fue en 2009 y tan solo 6 años después se convirtió en el país con más autos eléctricos en circulación, más de un millón; dos millones y medio si se contemplan híbridos. El segundo país con mayores autos en circulación es EEUU con 360 mil y 1 millón si se contemplan híbridos. Con un mercado interno fuerte, la exportación china de automóviles eléctricos empezó en 2017 con 109 millones de dólares. Cabe mencionar que en valor EEUU, Alemania y Corea del Sur son los mayores exportadores de autos eléctricos, pero en cantidad es China, dado que los vehículos eléctricos chinos son más baratos. En cuanto al comercio, China no sólo es líder en automóviles. El país asiático exportó en 2019: 239,653 automóviles, 1,520 autobuses y 13,346,466 motocicletas, todos eléctricos. En comparación, el segundo lugar de cada producto: EEUU exportó 198,770 automóviles, 869 autobuses y Bélgica, 937,963 motocicletas.
En América Latina el mercado de automóviles eléctricos está naciendo. Para reducir la huella de carbono, los gobiernos de los países latinoamericanos implementaron medidas para estimular el consumo de autos eléctricos. Así, los países con exención de aranceles desde 2017 son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay. Tras esto las importaciones de estos países, en promedio, aumentaron 304% de 2017 a 2018. En Perú hay exención del impuesto especial al consumo para autos eléctricos y a gasolina nuevos. Igualmente, en México hay exención de impuesto al consumo si el automóvil cuesta menos de 263,690.54 pesos mexicanos. Por el momento no hay exenciones o descuentos a la importación en Chile.
Igualmente, la infraestructura de los países que otorgan exención de aranceles aumentó desde 2017. Se colocaron cargadores públicos: 4 en Argentina, 200 en Brasil, 55 en Chile, 40 en Colombia, 50 en Costa Rica, 15 en Ecuador, 900 en México, 10 en Paraguay y 47 en Uruguay. Por otro lado, existen 3 automóviles eléctricos latinoamericanos: un boliviano fabricado por Quantum, un brasileño fabricado por Santa Catarina en colaboración con Mobilis y el argentino fabricado por Sero Electric. También, en México se mencionó en 2018 que se construiría una fábrica de automóviles eléctricos chinos y la empresa JAC tiene planes de introducir autos eléctricos en su planta en Hidalgo y seguir vendiendo ligeros eléctricos a Bimbo.
Por el lado de los autobuses eléctricos, los gobiernos hacen esfuerzos para la electrificación del transporte masivo. Este tipo de vehículos, en una vida útil de 12 años, tienen un menor costo de energía y mantenimiento en aproximadamente 12.5% que uno a diésel. China al ser el principal exportador de autobuses eléctricos encuentra mercado en América Latina debido a la nueva política de movilidad eléctrica. Los autobuses eléctricos chinos ya están circulando en las ciudades de Santiago, Medellín, Cali, Lima, Guayaquil y la Ciudad de México y son marca BYD, Yutong y Sunwin. Chile en 2019 importó 265 autobuses eléctricos chinos convirtiéndolo en el principal comprador mundial de la economía asiática de este vehículo. En su mayoría son marca BYD y servirán para modernizar la flota de transporte masivo. Por el momento sólo existen exenciones arancelarias en Chile y Argentina. Por su parte, en Costa Rica se planeó que en 2020 se expandiera la flota eléctrica en 12 rutas en el centro de San José. Igualmente hay pruebas en La Habana, Buenos Aires, Sao Paulo y Montevideo.
Las motocicletas eléctricas son una alternativa de movilidad que a diferencia de las convencionales no generan ruido. Una motocicleta con autonomía de 240 km china no supera los 10,000 dólares, mientras que, una estadounidense de las mismas características cuesta más de 20,000 dólares. Por esto, en la región las importaciones, en su mayoría, son de origen chino. Brasil es el principal importador de motocicletas eléctricas de la región, ya que en 2019 importó 193,106, le siguen Chile con 178,606, México con 94,718, Uruguay con 78,869 y Colombia con 68,702. Por otro lado, la empresa salvadoreña éGOAL Electric comenzó a importar de China para vender motocicletas eléctricas en El Salvador, Costa Rica y Honduras.
Finalmente hay un proceso incipiente de cambio de la planta automotriz en América latina esencialmente liderada por China y aunque pequeña va acelerándose. La sustitución de los coches a caballo por automóviles a gasolina ocurrió entre 1908 y el final de la primera guerra mundial. En una década los coches a caballo eran vistos como obsoletos. La diferencia esta vez es que estos productos tienen la resistencia del Gobierno de Estados Unidos tanto por ser competencia vehicular como por funcionar con electricidad y no gasolina, producto que dicho país que es su principal exportación. Finalmente, por ser de origen chino, país visto como su principal rival por el liderazgo mundial. Se puede esperar una presión oficial contra su uso, si el caso Huawei es un ejemplo de la reciente política comercial de los Estados Unidos.
Este informe fue preparado bajo el liderazgo de Lucas Chancel y también coordinado por Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman. Es producto de una acumulación incesante de datos que hace posible brindar mejores respuestas a casi todas las preguntas que queremos hacer sobre lo que está sucediendo con la desigualdad en todo el mundo. La respuesta no es bonita. En todas las grandes regiones del mundo, con la excepción de Europa, la participación del 50% inferior en los ingresos totales es inferior al 15% (menos de diez en América Latina, África subsahariana y la región MENAS), mientras que la participación del el 10% más rico está por encima del 40% y en muchas de las regiones, más cerca del 60%. Pero lo que quizás sea aún más llamativo es lo que está sucediendo con la riqueza. La participación del 50% inferior del mundo en la riqueza global total es del 2% según sus estimaciones, mientras que la participación del 10% superior es del 76%. Dado que la riqueza es una fuente importante de ganancias económicas futuras y, cada vez más, de poder e influencia, esto presagia nuevos aumentos de la desigualdad.
De hecho, en el corazón de esta explosión está la concentración extrema del poder económico en manos de una minoría muy pequeña de superricos. La riqueza del 10 % superior a nivel mundial, que constituye la clase media en los países ricos y los meramente ricos en los países pobres, en realidad está creciendo más lentamente que el promedio mundial, pero el 1 % superior está creciendo mucho más rápido: entre 1995 y 2021, la parte superior El 1% capturó el 38% del incremento global de la riqueza, mientras que el 50% inferior capturó un aterrador 2%. La parte de la riqueza que posee el 0,1 % más rico del mundo aumentó del 7 % al 11 % durante ese período y la riqueza multimillonaria mundial se disparó. Con el boom del mercado de valores, el panorama no parece mejorar.
The supply and quality of water depend on the healthy balance of the environment, primarily damaged by extractive companies' actions that harm public health and threaten to increase along with the energy transition by demanding more significant quantities of minerals for their systems. In the following, we develop water pollution by mining activity and add examples of this activity, which lack adequate management and compensation for damages.
Latin America has based much of its economy on exploiting natural resources, including large mineral deposits that attract foreign investment with industrial interest. Most mining companies in Latin America are run by foreign private companies, mainly Canadian, British and Chinese. Mexico is the leading producer of silver, Chile of copper, Bolivia of lithium, Brazil is the third-largest producer of iron ore, and Peru is among the top producers of silver, copper, and gold. These countries account for 85% of the region's mineral exports.
Mining generates significant export revenues, indirect employment and has a very high elasticity with output growth. However, it contributes almost nothing fiscally, there is no direct contribution from mining to the state, and the economic gains end up purely with the companies. Social and environmental costs are universal, and the cost-benefit ratio is individual for the firm.
The mining sector faces an increasingly severe water scarcity scenario and social and institutional demand with social and environmental commitment. It is an activity that inevitably affects the environment and pollutes water, soil, and air. It generates a large discharge of toxic material (Acid Mine Drainage), fine particles, and polluting gases, degrades the soil, and risks the survival of the biota that maintain the balance of ecosystems. The most prominent social risks relate to health and human capital.
Mining exploration, exploitation, concentration, and leaching processes require water (Brantes and Olivares, 2008). It is lost through evaporation, infiltration, and increased consumption, given the quality of the deposits decreases in those processes. Some mining chemicals that pollute water and affect life are:
1. Cyanide and sulphuric acid. These chemicals acidify the water and cause weakness, hemorrhaging, and death to intoxicated organisms.
2. Arsenic. The consumption of contaminated food and water can cause cancer, skin lesions, and neurotoxicity.
3. Lead and mercury. These can be absorbed by aquatic life, causing anemia, hypertension, kidney dysfunction, and neurological disorders. These same effects occur in humans who ingest contaminated food.
In Mexico, Newgold Co., a Canadian firm, operates the San Xavier mine, partially owned by US capital. It acts through land appropriation and dispossession despite social resistance since 1995. Open-pit mining, mainly gold and silver, is extracted after a sodium cyanide leaching process because it reduces labour costs. Large land areas are removed with highly polluting explosives and one million cubic metres of water annually to purify the rock. That water is neither for human consumption nor irrigation, leading to the overexploitation of the region's aquifers and a reduced supply for local consumption (Reygadas, 2008).
In Peru, alluvial gold mining in Madre de Dios severely damages the health of the population. There are two reasons: Miners who work in high-risk conditions due to direct exposure to gaseous mercury and the discharge into primary water sources used by villages throughout the Madre de Dios river basin. Massive destruction of the delicate Amazonian soil and disorderly migration due to disease and social violence is reported.
The National Assembly of Environmentally Affected People mentions that the mining industry in Mexico invests between 0.5 and 1.5% of its sales' annual value in compensating for environmental damage. In comparison, Europe spends between 3 and 5%, and the USA and Canada banned cyanide in mining. We believe that the economic valuation of the environment and its resources based on the benefits and costs derived from its protection is too complex and impossible for extractive companies to cover. These firms abuse the non-existence of this valuation and even show absurd hypocrisy when referring to themselves as pro-environmental by taking care of the land at home. At the same time, they uncontrollably degrade the ground of developing countries.
In the face of the climate crisis, the importance of water care has become a recurring theme. Water saving campaigns tend to focus on people's everyday activities such as taking quick showers, not washing cars with hoses or using water-saving toilets. While these recommendations are sound, the campaigns rarely talk about large industries that indiscriminately use vast amounts of water.
The term "water footprint" was coined by Arjen Hoekstra, a Dutch University of Twente professor. It serves to estimate how much water goes to produce goods and services. According to Water Footprint Network, a person in Latin America has a water footprint of 4,150 litres per day. The United States has 7,800 litres per day. The European Union has 5,300 litres per day and 3,300 litres in China.
Only 0.5% of water is within human reach. As a result, two-thirds of the people on our planet live in areas where access to it is a problem. Water scarcity affects every continent, leaving 1.1 billion people without access. By 2025, half of the world's population will live in water-scarce areas, expectedly.
Although the meat industry is often considered the most water-intensive primary sector, the truth is that agriculture is the most water-intensive industry. According to the World Bank, 70% of global freshwater withdrawals go to agriculture, so the impact is high. Specifically, the cultivation of cotton, wheat, maize, rice and sugar cane has a critical effect on water.
The fashion industry is the second most water-intensive industry on the planet. It uses about 79 billion cubic metres annually, mainly due to the high water demand for cotton, the primary material of our clothing. It takes about 20,000 litres to produce one T-shirt and one pair of jeans to provide a person with enough to drink for almost two decades.
Meat production uses a lot of water, almost a third of the water footprint of total agricultural production. Beef is the most water-intensive food, followed by lamb, pork, goat, poultry, eggs and cheese—cattle, pigs, sheep and aquaculture rate as having a critical impact on the vital liquid.
The beverage sector produces juices, soft drinks, beers, and other beverages. Along with the water required to make the liquid itself, additives are an even more intensive aspect (the industry needs agricultural products such as barley, sugar, coffee and fruits). The Beverage Industry Environmental Roundtable (BIER) mentioned that 19 companies reported a total water use of 746 billion litres in 2017.
In Mexico, companies such as Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé and Bimbo consume 133 billion litres of water in their food and beverage production processes per year. A report published by the Coca-Cola Company in 2021 states that the company consumed 195 276 million litres globally during that year. Approximately 20% of this total came from regions with high or extremely high water scarcity, equivalent to just over 39 million litres.
Similarly, the energy industry (fossil and nuclear) consumes large amounts of water. Global energy production consumes approximately 52 billion cubic metres each year. Water serves the cooling processes mainly by fossil fuel and nuclear power plants that need it. Gas extraction and oil refining are considered specifically water-critical activities.
Another water-intensive industry is construction, as producing one tonne of cement requires more than 5,100 litres, while one tonne of steel requires almost 235,000 litres. Likewise, the automotive industry consumes large amounts of this vital liquid. The production of a single car requires nearly 148,000 litres, equivalent to the consumption of an adult person (3 litres per day) for 135 years.
The importance of water care is a recurring theme and water saving campaigns tend to focus on people's everyday activities. However, industries account for approximately 92% of total consumption. More water goes into things than into human consumption. It shows the responsibility for water care rests mainly on the shoulders of the large corporations that run the industries mentioned above and others, not just on individuals' daily decisions. The offshoring of production means that these industries are engaged in plundering developing countries' water. The rich consume, and the poor go without clean water or any water at all.
The world’s leading climate scientists have warned there is only a dozen years for global warming to be kept to a maximum of 1.5C, beyond which even half a degree will significantly worsen the risks of drought, floods, extreme heat and poverty for hundreds of millions of people.
The authors of the landmark report by the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) released on Monday say urgent and unprecedented changes are needed to reach the target, which they say is affordable and feasible although it lies at the most ambitious end of the Paris agreement pledge to keep temperatures between 1.5C and 2C.
The half-degree difference could also prevent corals from being completely eradicated and ease pressure on the Arctic, according to the 1.5C study, which was launched after approval at a final plenary of all 195 countries in Incheon in South Korea that saw delegates hugging one another, with some in tears.
“It’s a line in the sand and what it says to our species is that this is the moment and we must act now,” said Debra Roberts, a co-chair of the working group on impacts. “This is the largest clarion bell from the science community and I hope it mobilises people and dents the mood of complacency.”
Policymakers commissioned the report at the Paris climate talks in 2016, but since then the gap between science and politics has widened. Donald Trump has promised to withdraw the US – the world’s biggest source of historical emissions – from the accord. The first round of Brazil’s presidential election on Sunday put Jair Bolsonaro into a strong position to carry out his threat to do the same and also open the Amazon rainforest to agribusiness.
The world is currently 1°C warmer than preindustrial levels. Following devastating hurricanes in the US, record droughts in Cape Town and forest fires in the Arctic, the IPCC makes clear that climate change is already happening, upgraded its risk warning from previous reports, and warned that every fraction of additional warming would worsen the impact.
Scientists who reviewed the 6,000 works referenced in the report, said the change caused by just half a degree came as a revelation. “We can see there is a difference and it’s substantial,” Roberts said.
At 1.5°C the proportion of the global population exposed to water stress could be 50% lower than at 2°C, it notes. Food scarcity would be less of a problem and hundreds of millions fewer people, particularly in poor countries, would be at risk of climate-related poverty.
At 2°C extremely hot days, such as those experienced in the northern hemisphere this summer, would become more severe and common, increasing heat-related deaths and causing more forest fires.
But the greatest difference would be to nature. Insects, which are vital for pollination of crops, and plants are almost twice as likely to lose half their habitat at 2°C compared with 1.5°C. Corals would be 99% lost at the higher of the two temperatures, but more than 10% have a chance of surviving if the lower target is reached.
Sea-level rise would affect 10 million more people by 2100 if the half-degree extra warming brought a forecast 10cm additional pressure on coastlines. The number affected would increase substantially in the following centuries due to locked-in ice melt.
Oceans are already suffering from elevated acidity and lower levels of oxygen as a result of climate change. One model shows marine fisheries would lose 3m tonnes at 2°C, twice the decline at 1.5°C.
Sea ice-free summers in the Arctic, which is warming two to three times fast than the world average, would come once every 100 years at 1.5°C, but every 10 years with half a degree more of global warming.
Time and carbon budgets are running out. By mid-century, a shift to the lower goal would require a supercharged roll-back of emissions sources that have built up over the past 250 years.
The IPCC maps out four pathways to achieve 1.5°C, with different combinations of land use and technological change. Reforestation is essential to all of them as are shifts to electric transport systems and greater adoption of carbon capture technology.
Carbon pollution would have to be cut by 45% by 2030 – compared with a 20% cut under the 2°C pathway – and come down to zero by 2050, compared with 2075 for 2°C. This would require carbon prices that are three to four times higher than for a 2C target. But the costs of doing nothing would be far higher.
“We have presented governments with pretty hard choices. We have pointed out the enormous benefits of keeping to 1.5°C, and also the unprecedented shift in energy systems and transport that would be needed to achieve that,” said Jim Skea, a co-chair of the working group on mitigation. “We show it can be done within laws of physics and chemistry. Then the final tick box is political will. We cannot answer that. Only our audience can – and that is the governments that receive it.”
He said the main finding of his group was the need for urgency. Although unexpectedly good progress has been made in the adoption of renewable energy, deforestation for agriculture was turning a natural carbon sink into a source of emissions. Carbon capture and storage projects, which are essential for reducing emissions in the concrete and waste disposal industries, have also ground to a halt.
Reversing these trends is essential if the world has any chance of reaching 1.5°C without relying on the untried technology of solar radiation modification and other forms of geo-engineering, which could have negative consequences.
In the run-up to the final week of negotiations, there were fears the text of the report would be watered down by the US, Saudi Arabia and other oil-rich countries that are reluctant to consider more ambitious cuts. The authors said nothing of substance was cut from a text.
Bob Ward, of the Grantham Research Institute on Climate Change, said the final document was “incredibly conservative” because it did not mention the likely rise in climate-driven refugees or the danger of tipping points that could push the world on to an irreversible path of extreme warming.
The report will be presented to governments at the UN climate conference in Poland at the end of this year. But analysts say there is much work to be done, with even pro-Paris deal nations involved in fossil fuel extraction that runs against the spirit of their commitments. Britain is pushing ahead with gas fracking, Norway with oil exploration in the Arctic, and the German government wants to tear down Hambach forest to dig for coal.
At the current level of commitments, the world is on course for a disastrous 3°C of warming. The report authors are refuseing to accept defeat, believing the increasingly visible damage caused by climate change will shift opinion their way.
“I hope this can change the world,” said Jiang Kejun of China’s semi-governmental Energy Research Institute, who is one of the authors. “Two years ago, even I didn’t believe 1.5°C was possible but when I look at the options I have confidence it can be done. I want to use this report to do something big in China.”
The timing was good, he said, because the Chinese government was drawing up a long-term plan for 2050 and there was more awareness among the population about the problem of rising temperatures. “People in Beijing have never experienced so many hot days as this summer. It’s made them talk more about climate change.”
Regardless of the US and Brazil, he said, China, Europe and major cities could push ahead. “We can set an example and show what can be done. This is more about technology than politics.”
James Hansen, the former Nasa scientist who helped raised the alarm about climate change, said both 1.5°C and 2°C would take humanity into uncharted and dangerous territory because they were both well above the Holocene-era range in which human civilisation developed. But he said there was a huge difference between the two: “1.5°C gives young people and the next generation a fighting chance of getting back to the Holocene or close to it. That is probably necessary if we want to keep shorelines where they are and preserve our coastal cities.”
Johan Rockström, a co-author of the recent Hothouse Earth report, said scientists never previously discussed 1.5°C, which was initially seen as a political concession to small island states. But he said opinion had shifted in the past few years along with growing evidence of climate instability and the approach of tipping points that might push the world off a course that could be controlled by emissions reductions.
“Climate change is occurring earlier and more rapidly than expected. Even at the current level of 1°C warming, it is painful,” he told the Guardian. “This report is really important. It has a scientific robustness that shows 1.5°C is not just a political concession. There is a growing recognition that 2°C is dangerous.”
The twenty-sixth United Nations Climate Change Conference (COP26) took place from 31 October to 12 November 2021 in Glasgow, Scotland. With representatives from 200 countries, the Conference sought to establish agreements that would define commitments to reduce greenhouse gas emissions and thus tackle climate deterioration. With weak proposals and almost no action plans, COP26 seems to have failed to reach agreements that would reduce global warming.
According to the Climate Change Report, published in August 2021 by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), it is necessary to keep the temperature increase limit to 1.5°C to avoid irreversible loss of biodiversity. For this to be possible, carbon emissions must be halved by 2030 and reach zero by the middle of this century. Otherwise, the global warming threshold would be exceeded in just a decade.
Although fossil fuels are the leading cause of environmental degradation, at COP26, India and Iran expressed their disagreement on the long term phase-out of coal. For this reason, the Climate Pact had to change its language to speak of a "phase-down" of coal and other fossil fuels instead of a phase-out.
These objections are not new. Days before COP26, the BBC leaked documents in which Saudi Arabia, Australia, Brazil and several other countries called on the UN to abandon the idea of abruptly phasing out fossil fuels, arguing that this was not strictly necessary to maintain the 1.5°C ceilings. Given that Saudi Arabia is a significant oil exporter, Australia is a major coal exporter, and India is a considerable coal consumer, it is not surprising.
On the other hand, in 2009, at the Copenhagen Conference, the G7 agreed to transfer 100 million US dollars (for 172 countries means US$55,000 per country on average) per year to developing countries to mitigate the effects of the climate crisis and become low-carbon societies. However, the G7 never delivered the money. Still, developing countries now argue that it is not enough to combat climate change challenges.
Ani Dasgupta, president of the World Resources Institute, commented that it was inexcusable that rich countries could not deliver the agreed finance and that they had poured billions of dollars into fossil fuel subsidies. The Glasgow Climate Pact agreed to double funding for developing countries by 2025, but, given the outcome of the Copenhagen agreement, it is questionable whether these countries will deliver on their funding commitments.
Glasgow also failed to deliver on creating a fund to repair climate change damage to the most vulnerable countries. The United States, Australia and the European Union blocked discussions on this because they are part of the group of countries contributing the most to the climate crisis. The agreement acknowledges the unfavourable position of some countries and provides for technical assistance in case of disasters but does not mention any specific funds, instead only calling for dialogue.
One piece of seemingly good news within this disappointing framework is that, after five years, there is an agreement on the regulation for the carbon allowance market. Known as Article 6 of the Paris Agreement, this instrument aims to help countries account for and compensate for their carbon emissions. So those who pollute more will have to pay countries with forest cover to plant more trees.
The Conference enabled the establishment of a framework for the international sale of these instruments. Countries such as Brazil pushed for creating the regulation as they could take advantage of the rights through the Amazon rainforest and renewable energy projects. However, it could become a mechanism for rich countries to continue with their usual emissions as they can afford to pay for offsets.
COP26 was a waste. As we can see in the graph, only four contries are responsible for almost half of the global CO2 emissions while the rest of the world faces the consequences. The lack of cooperation from the most polluting countries and promises without action keep the global climate issue adrift. Countries that contribute most to the climate crisis through the offshoring of oil production and exports are precisely those that refuse to lower their emissions and pay for damages. It leaves the countries affected by climate change in an even more vulnerable position and without the possibility of mitigating its effects.
Low-cost manufacturing played a huge role in making China the second largest economy in the world by 2010, compared to the ninth largest in 1980. Now China is rapidly moving into medium to high-tech manufacturing as its labor costs have risen.
“A decade ago, China wasn’t even on the map. Now they have the fastest computer in the world, even beating U.S. national labs,” says Michelle Drew Rodriguez, co-author of Deloitte’s 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index.
China’s transition is opening space for other countries to move into low-cost manufacturing, where China until recently dominated. Deloitte predicts that the economies of Malaysia, India, Thailand, Indonesia, and Vietnam, the “Mighty Five” or MITI-V, will inherit China’s crown for such products. The consensus among industry and regional experts interviewed for this article is that India in particular will be the next top hub for low-cost manufacturing.
Manufacturing is central to a country’s economic development. According to a McKinsey report on the future of manufacturing, it “contributes disproportionately to exports, innovation, and productivity growth.”
China, the United States, and Germany are currently among the most 15 globally competitive manufacturing countries in the world. But in the next five years, according to a survey of industry CEOs carried out by Deloitte, the MITI-V of Malaysia, India, Thailand, Indonesia, and Vietnam are set to enter the top 15 most competitive manufacturing countries. They are the “new China,” the top economies for low-cost manufacturing (i.e., labor intensive commodity type products like apparel, toys, textiles and basic consumer electronics).
China Gets a Pay Raise
Manufacturing goods in China is now only 4 percent cheaper than in the United States, in large part because yearly average manufacturing wages in China have increased by 80 percent since 2010. It is in response to this that China, backed by billions of dollars in investment from its government, has vigorously moved into higher value manufacturing.
Dr. Jing Bing Zhang, research director of IDC Worldwide Robotics, agrees with Drew Rodriguez on China’s prowess in advanced manufacturing. “China is very competitive in this area. They are able to produce very complex products. They are able to skill up handsomely and maintain good quality. Smartphones, semi-conductors, robots, advanced manufacturing equipment… they’re even moving into airplanes,” says Zhang. As Chinese manufacturing becomes more high value, and workers’ wages are rising, low-cost manufacturing is moving out.
“This has been happening for a number of years – it’s nothing new. Especially shoe-making [and] apparel are already moving out to Vietnam, Indonesia, and even Bangladesh. China is really focusing on upgrading industry into medium to high tech,” Zhang says.
The “MITI-V” – Which Is the Mightiest?
Manufacturing experts see a varieity of areas as important for low-cost manufacturing competitiveness: young populations, low labor costs, a supportive policy environment, good quality infrastructure, availability of engineers, a minimum level of education for all workers, economic growth and a large internal consumer market.
The different economies all have their distinct advantages and disadvantages but China’s equally giant neighbor to the west stands out from the crowd. “My opinion is that India has the potential to be the next hub for low-cost manufacturing,” says Zhang. He sees India as being the next center for electronics assembly. He points to Chinese consumer appliances giant Huawei, which in September announced that it would manufacture three million smartphones a year in India, and Foxconn, the Apple supplier, which is opening a $10 billion iPhone manufacturing plant in India.
In particular, India’s strengths are its mixture of high- and low-skilled labor and the potential to sell to its huge market of 1.2 billion consumers. Although much of the population is poor, their incomes are rising. “India has a large base of university graduates. This is very important. You still require manufacturing engineers; you also need design engineers. You need supervisors. And India has a large base of well-educated graduates. They compare very nicely to other countries in the MITI-V,” says Zhang.
India’s policy environment is also becoming much more supportive of manufacturing. The Indian government launched the “Make in India” campaign in 2014, which aims to increase the level of manufacturing in the country. The government has achieved some success – India overtook China in 2015 as the country receiving the most foreign direct investment globally and companies have reported improving administrative efficiency at the federal level.
Despite all these positives, India has many challenges. In order to have a flourishing manufacturing base, workers need to be able to at least read and write to operate machinery. India scores low on general skills attainment, ranking 105th in the world according to the UN’s Human Capital Index 2016, lower than any other MITI-V nation. India’s infrastructure is woeful, in particular transport and energy supply, where it ranks lower than most other emerging economies. Government inefficiency is also a major stumbling block – delays in land acquisition and environmental clearances have stalled more than 270 projects across the country.
Nevertheless, India’s huge market, low costs, and positive noises from the government make it unavoidable for any manufacturer looking to produce bulk commodity products. According to Drew Rodriguez, there are major signals, such as “graduation rates, government and regulatory nods,” that may cement India’s position as the next low-cost manufacturing hub.
A senior engineer at BSH Hausgeräte GmbH, the largest home appliances manufacturer in Europe and a major investor across Asia, who works closely with low-cost Chinese manufacturers, also agrees: “India is the future. Infrastructure is not so good but they have so many people,” he says. However, he has also seen Chinese companies moving into Vietnam due to its very stable political environment. Indeed, Malaysia, Indonesia, Thailand, and Vietnam all have their own benefits and some similarities with India.
“The fundamental risks of the global south are not there,” says Dr. Carlo Bonura, region head of Southeast Asia at political risk consultancy Oxford Analytica, referring to the Southeast Asian nations of the MITI-V. There are few risks of expropriation of assets or labor risks, for example. According to Bonura, “This is a region where all the major regimes, regardless if they’re democracies or autocratic, they recognize [the] importance of sequestering political instability from economic stability.” This contrasts with India, which before current Prime Minister Narendra Modi was well known among international investors for being unwelcoming to foreign businesses.
Both Bonura and Zhang see Thailand and Malaysia as more focused on high- and medium-tech manufacturing rather than being the next centers of low-cost manufacturing. Thailand has strong automotive, electronics, food, and chemicals industries, while Malaysia has strong chemicals, machinery, and rubber processing industries. This is borne out in the relative prosperity of the MITI-V countries as Malaysia and Thailand are by far the richest of the group.
That leaves Indonesia and Vietnam. “I hear from a lot of companies that they are moving to Vietnam…wages are half that of China,” says the senior engineer at BSH Hausgeräte GmbH, who also thinks that Vietnam’s very stable political environment is advantageous. Vietnam also has better infrastructure than Indonesia and the advantage of being close to China.
“The problem for Indonesia is the state’s capacity to implement industrial strategy; the state is highly decentralized and there are huge infrastructure issues. You don’t have these challenges in Vietnam; Vietnam is also a smaller country,” says Bonura. Yet Vietnam’s population of 95 million is smaller than Indonesia’s population of over 255 million and therefore represents a smaller potential consumer market — and neither country compares to India’s huge population.
The Rise of the Robots
It seems clear therefore that India is the manufacturing industry’s pick as the mightiest of the MITI-V for low-cost manufacturing. Indeed, Deloite’s report already has India as the 11th most competitive manufacturing country globally, thereby piercing the top 15 earlier than any of the other MITI-V countries.
Yet for all the talk of the MITI-V countries taking over China as workshops of the world, a nagging fear will stalk policymakers in India and other MITI-V countries. With robots becoming ever more sophisticated, analysts are predicting manufacturing will employ far less people in the future. Martin Ford’s bestselling 2016 book The Rise of the Robots: Technology and the Threat of Mass Unemployment paints a bleak picture of whole swathes of professional sector jobs, let alone low-cost manufacturing, being automated. Commentators and policymakers in India in particular seem downbeat on India conjuring up a jobs boom like China experienced during its rapid growth.
Should they be so worried? Zhang and Drew Rodriguez do not think so. “The MITI-V are still going to be very competitive for the next decade plus,” says Drew Rodriguez. Zhang is not pessimistic either: “I am the opposite. There are different schools of thought… From my research, I don’t see it. Maybe we will be less dependent on human labor. But there is no way this will eliminate the need for people in the next 15-20 years. We are entering high speed growth for robotics but in 2014 global density for robotics was still very low at 66 per 10,000 employees, 36 in China, 57 in Thailand, and close to none in India.”
Other roadblocks lie in wait for the MITI-V, such as the threat of protectionism, which is all the more real after U.S. President Donald Trump’s call for tariffs on Chinese imports and threats to companies moving jobs away from the United States. But this does not seem to be dampening the prospects of the MITI-V just yet. “Every month, every year, the world is a more connected place,” says Drew Rodriguez.
All of the MITI-V have their own distinct advantages but India’s huge internal market and low labor costs give it the edge. However, this is not to say that other MITI-V countries will not also become “new China” hubs for low-cost manufacturing. This will be the case regardless of the threat from robots or protectionism. “I haven’t seen anything in the recent shift that would lead me to change my impression of the competitiveness of the MITI-V,” adds Drew Rodriguez.
Matthias Lomas is a consultant focused on Asia and the Middle East.
Después de haberse postergado dos años por la pandemia de COVID-19, finalmente el Foro Económico Mundial que tiene lugar en Davos se celebró. La agenda central de líderes mundiales y empresarios giró en torno a cuatro puntos, cambio climático, la creciente inflación, la operación especial militar de Rusia y como ésta agravó la crisis energética y alimentaria.
Constantemente durante las reuniones del foro, se atribuyó el problema de la escasez de fertilizantes e inseguridad alimentaria únicamente a la operación militar de rusa en Ucrania, lo cierto es que entre marzo de 2020 y febrero de 2022 el precio del trigo dobló. China anunció una cosecha restringida en febrero del 2022 lo que tuvo impacto en los precios. Finalmente, con la operación militar rusa se agravó la subida en otro 50%.
Finalizada la reunión en Davos, queda claro que los líderes mundiales seguirán aportando suministros de armas a Ucrania e imponiendo sanciones a Rusia. Las respuestas respecto a que se va a hacer para evitar que la cifra de 276 millones de personas que ya sufren de inseguridad alimentaria grave y aguda se mantenga en aumento no es clara.
Los productores agrícolas en todo el mundo están buscando opciones que les permitan seguir con sus actividades al menor costo posible. En Zimbabue y algunas partes de EE. UU. por ejemplo se ha regresado al empleo de estiércol, otros reducen la cantidad de fertilizantes que generalmente usan o han cambiado a cultivos que requieran menos potasa, urea o fosfato.
Algunas otras de las medidas que se han implementado, es que, ante la subida de los precios de los fertilizantes, las sequias, las olas de calor, y las inundaciones algunos países han decidido restringir sus exportaciones de granos y fertilizantes, para dar prioridad a su población.
India, que produce el 13.7% de trigo en el mundo, y también es de los principales consumidores, ha decidido limitar sus exportaciones. Desde antiguo, el país ha enfrentado problemas de inseguridad alimentaria que ha tratado de contrarrestar con importaciones y producción creciente. A raíz del conflicto aseguró que se exportarían alrededor de 10 millones de toneladas de trigo en 2022. La ola de calor que recientemente se elevó hasta los 50°c ha disminuido el rendimiento de los campos y las cosechas, lo que llevó a la Dirección General de Comercio Exterior a imponer el veto de exportaciones.
China, que es uno de los principales exportadores de fosfato y urea en el mundo, también limitó la cantidad de exportaciones que hacen de fertilizantes. El alza de los precios de los energéticos encareció la producción de fertilizantes y aunado a ello, fuertes inundaciones han provocado el cierre de algunas importantes fábricas.
América Latina una de las zonas más afectadas por la falta de fertilizantes, ha comenzado a buscar opciones de autoabastecimiento. Bolivia que produce entre 1600 y 1700 toneladas de fertilizantes por día, ha dicho que en los próximos años espera construir dos plantas específicamente para la producción y exportación local de fertilizantes. La primera fábrica estaría destinada a abastecer a Perú, Ecuador, Chile y Argentina, mientras que la segunda se encargaría de abastecer exclusivamente a Brasil.
La operación militar especial de Rusia, ha sido uno de muchos factores que han agravado la crisis alimentaria y de fertilizantes, pero no ha sido la causante. Los precios de los alimentos ya habían comenzado a subir en 2020, antes del conflicto. El factor climático juega un papel sumamente importante en el aumento de los precios, las continuas sequias e inundaciones reducen y dañan el rendimiento de los cultivos.
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Durante los años 40, la ciencia económica reconoció que las economías nacionales se diferenciaban a partir de factores tales como el nivel de ingresos y de bienestar de sus poblaciones o el de la igualdad económica entre sus habitantes. A éstos se agregaron otros objetos de estudio, entendidos como consecuencias de la condición de subdesarrollo de algunos países, como el fenómeno de la pobreza, que a veces eran abordados desde la sociología o la antropología de la mano de la economía (Lewis, 1964). Tal condición de subdesarrollo de las sociedades y las economías se explicó —a su vez— como resultado de circunstancias particulares de aquéllas, como el conjunto de relaciones mantenidas por cada país con la economía mundial, el tipo de bienes que producía mayormente cada uno de ellos (manufacturas o bienes primarios), las relaciones de producción entre los distintos grupos de población y los factores (relaciones plenamente monetarias o no, por ejemplo), el origen nacional o extranjero de los factores en la producción, principalmente el capital y la tecnología, entre muchos otros. Es decir, la teoría del desarrollo y múltiples estudios empíricos buscaban las causas profundas del subdesarrollo y de sus consecuencias.
El acuerdo tácito entre la sociedad, los estudiosos y los encargados de la política económica en los países caracterizados como “subdesarrollados” era que el camino para asegurar el bienestar de la población en general era alcanzar el desarrollo económico. Desde este punto de vista no es posible resolver el problema de la pobreza mientras el producto por habitante es reducido. De otro modo, es preciso implantar actividades de mayor productividad en las economías, hacia las que debería emigrar la fuerza de trabajo dedicada a ocupaciones de subsistencia, que puede caracterizarse como excedentaria. En efecto, hacia los años 40 muchas economías subdesarrolladas podían caracterizarse como rurales, que empleaban tecnologías “tradicionales”, con salarios no determinados por la productividad (en caso de que hubiera relaciones capitalistas en el mercado de trabajo y existiera el salario). Industrializar a estos países haría posible incrementar la productividad, los ingresos y el bienestar de la población. El desarrollo consiste justamente en cambiar profundamente la estructura de la economía, a partir del crecimiento del sector manufacturero y de los servicios asociados a aquél (servicios tecnificados), ambos con mayor productividad y con relaciones capitalistas entre los factores. Diversos países emprendieron el camino de la industrialización y del desarrollo, con resultados dispares, desde la cuenca del Mediterráneo a América, el este de Asia y África.
No obstante, en los años 70 toma cuerpo una crítica basada en las teorías libertarias —y en alguna medida en la teoría neoclásica— contra esta concepción del desarrollo económico (Aroche y Ugarteche, 2018). Los autores relacionados con este punto de vista exaltan los síntomas del subdesarrollo, principalmente la pobreza o la débil institucionalidad de los países como evidencia del fracaso de la aplicación de políticas calificadas como “erradas” y basadas en la supuesta “prevalencia del Estado sobre los individuos” (exempli gratia, Bauer, 1972, Krueger, 1974). De allí que estos autores concluyen que la mejor política de desarrollo es aquella ausente. De acuerdo con este punto de vista, los desequilibrios en la economía, e incluso los ciclos de negocios, se deben a las políticas que impiden la marcha natural del sistema económico, además de que tales estrategias muchas veces se identifican con los intereses particulares de las burocracias. Entonces, el desarrollo económico se beneficia de un Estado “esbelto”.
Friedrich von Hayek (1944), pilar de las teorías libertarias, proclama que la sociedad es una suma de individuos, cada uno independiente que busca su propio bienestar; de otro modo, la sociedad no existe, como diría Margaret Thatcher, Premier de la Gran Bretaña (Rodríguez, 2011). No obstante, reconoce el mismo von Hayek (1944), existen individuos no aptos para tomar las mejores decisiones económicas, aquellas que les permitan optimizar su bienestar, por lo que el Estado debe tomar medidas que aseguren su supervivencia. En realidad, la existencia de las políticas sociales se debe a las consideraciones éticas de los aptos.
De acuerdo con esta perspectiva, la pobreza es entonces un problema económico independiente de la condición de subdesarrollo de los países, puesto que el objeto de estudio se define desde las condiciones de vida de un grupo de individuos, no desde las circunstancias nacionales o colectivas. La caracterización de desarrollo o subdesarrollo es innecesaria para el análisis. El Banco Mundial lleva estas ideas como bandera a partir de los años 70 por lo menos (Mendoza, 2011; Romero, 2016). Como ejemplo de ello, a partir de una recomendación de este organismo, en 1973 el Estado mexicano instituye el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER), con la finalidad expresa de compensar a la población rural afectada por el lento crecimiento del sector agropecuario (y la incapacidad del sector industrial para absorber a la población rural excedentaria), explicado por las políticas de desarrollo practicadas a partir de los años 40, que pusieron en desventaja a este sector (Valencia y Aguirre, 1988).
Una característica singular de la investigación sobre la pobreza es su énfasis sobre la definición y las formas de identificar a su objeto de estudio: la población afectada. A partir de la literatura sobre el tema no es fácil, sin embargo, comprender las causas del fenómeno de la pobreza (Mendoza, 2011, Valencia, 2003), ya que el problema se aborda desde el estudio de los individuos que no son parte de un grupo, de una clase social o de un sistema socioeconómico. Es decir, de acuerdo con la literatura, el individuo caracterizado como “pobre” muestra ciertos rasgos particulares que lo condenan a la pobreza. El modelo de equilibrio general aproxima al individuo por medio del modelo de consumidor, quien elige libremente su canasta de consumo (Debreu, 1973). Allí puede incluirse su lugar de residencia, el idioma que habla, los recursos de los que se apropia, entre otros, además de los bienes que en efecto consume. Es decir, puede decirse que el pobre elige una canasta de consumo “errada”. Entonces, los programas sociales dirigidos a solucionar los problemas de los pobres procuran cambiar su patrón de elección: estimulan e incentivan las conductas “correctas” y desincentivan aquellas que los condenan a la pobreza (Araujo y Suárez, 2013); por ejemplo, las familias deben procurar la educación de las niñas o bien, los subsidios se dirigen a las amas de casa, modificando la relación entre los géneros. Más allá de los méritos de estos programas, es necesario entender las motivaciones para adoptarlos de manera generalizada.
Sería quizás interesante asociar al fenómeno de la pobreza con algunos otros a fin de entender mejor. De este modo, es probable que la mayor parte de la población definida como “pobre” en los países antes llamados “subdesarrollados” se dedique a actividades de baja productividad, como las agropecuarias o los servicios de escasa tecnificación, ya sea rurales o urbanos. En esas condiciones, es difícil imaginar el camino desde propiciar el cambio de las elecciones individuales hasta llegar a una situación donde la población goce de mejores condiciones de vida, porque se precisa un mayor nivel de producto para hacer posible un nivel de ingreso mayor para los afectados por la pobreza, sin desmedro a la importancia de distribuir más equitativamente la riqueza y los flujos de ingreso. Paul Rosenstein-Rodan (1943) consideró la necesidad de crear fuentes de empleo altamente remunerado allí donde estaba la población afectada por la falta de oportunidades, de modo que sería más fácil a los individuos elegir canastas de consumo distintas (incluidas las variables relativas a su ocupación) y acceder a mayores ingresos. En síntesis, si bien debe reconocerse que las estrategias de desarrollo industrializador no necesariamente corrigen los problemas sociales y económicos que aquejan a los países, quizá sea tiempo de revisar algunos planteamientos de la vieja teoría del desarrollo y reconsiderar que las sociedades existen y son distintas a la aglutinación de individuos disímiles. Entonces, debemos reconstruir la manera de abordar a las sociedades subdesarrolladas y reordenar la falta de desarrollo y sus consecuencias indeseadas como la pobreza.
Referencias
Araujo Caridad María y Suárez Buitrón Paula (2013), Programa de desarrollo humano Oportunidades. Evolución Desafíos. Banco Interamericano de Desarrollo # IDBN. TN-601.
Aroche Reyes Fidel y Ugarteche Galarza Oscar (2018), “The Death of Development Theory: From von Hayek to the Washington Consensus” Journal of Post Keynesian Economics Vol. 41 No. 4, pp. 509-525.
Bauer Peter Thomas (1972), Dissent on Development. Cambridge, EEUU: Harvard University Press.
Debreu Gerard (1973), Teoría del valor. Barcelona: Antoni Bosch.
Krueger Anne (1990), “Government Failures and Development” Journal of Economic Perspectives Vol. 4 pp. 9-23.
Lewis Oscar (1964), Los hijos de Sánchez. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica.
Mendoza Enríquez Hipólito, “El concepto de pobreza y su evolución en la política social del gobierno mexicano” Estudios Sociales Vol.19 No.37.
Rodríguez Braun Carlos, Thatcher, Europa y la sociedad.
Romero Sotelo María Eugenia (2016), Los orígenes del neoliberalismo en México. México DF: Fondo de Cultura Económica.
Rosenstein-Rodan Paul (1943), “Problems of Industrialization of Eastern and South- Eastern Europe” The Economic Journal, Vol. 53, No. 210/211, pp. 202-211.
Valencia Lomelí Enrique y Aguirre Reveles Rodolfo (1998), “Discursos, acciones y controversias de la política gubernamental frente a la pobreza”, en Gallardo, Rigoberto y Joaquín Osorio (Coordinadores) Los Rostros de la Pobreza. Guadalajara, México: ITESO.
Valencia Lomelí Enrique (2003), Políticas sociales y estrategias de combate a la pobreza en México. Hacia una agenda de investigación. Notas para la discusión en Estudios Sociológicos, Vol. 21, No. 61, pp. 105-133.
Von Hayek Friedrich (1944), The Road to Serfdom, University of Chicago Press.
Throughout the 20th century, the global economy was fueled by burning coal to run factories and power plants, and burning oil to move planes, trains and automobiles. The more coal and oil countries burned — and the more planet-warming carbon dioxide they emitted — the higher the economic growth.
And so it seemed logical that any policy to reduce emissions would also push countries into economic decline.
Now there are signs that G.D.P. growth and carbon emissions need not rise in tandem, and that the era of decoupling could be starting. Last year, for the first time in the 40 years since both metrics have been recorded, a study by the International Energy Agency found that in 2014, as global G.D.P. grew, global carbon emissions leveled off. Economists got excited, but they also acknowledged that it could have been an anomalous blip.
But a study released by the International Energy Agency last month found that the trend continued in 2015. In another study published on Tuesday, Nathaniel Aden, a research fellow at the World Resources Institute, a Washington think tank, found that since the start of the 21st century, 21 countries, including the United States, have already fully decoupled their economic growth from carbon emissions. In those countries, while G.D.P. went up over the past 15 years, carbon pollution went down.
“It’s really exciting, and it suggests that countries can sever the historic link between economic growth and greenhouse gas emissions,” Mr. Aden said.
Of course, even if 21 countries have achieved decoupling, more than 170 countries have not. They continue to follow the traditional economic path of growth directly tied to carbon pollution. Among those are some of the world’s biggest polluters: China, India, Brazil and Indonesia.
And decoupling by just 21 countries is not enough to save the planet as we know it. Over the 15 years that Mr. Aden studied, the decoupled countries lowered emissions about 1 billion tons — but overall global emissions grew about 10 billion tons.
The question is whether what happened in the 21 countries can be a model for the rest of the world. Almost all of them are European, but not all are advanced Group of 20 economies. Bulgaria, Romania and Uzbekistan are among them.
The Paris Agreement, the landmark climate change accord reached in December, commits nearly every country to actions to tackle climate change — and to continuously increase the intensity of those actions in the coming decades. But absent major breakthroughs in decoupling, governments are likely to be hesitant to take aggressive steps to curb emissions if they mean economic loss.
In the United States, the decoupling of emissions and economic growth was driven chiefly by the boom in domestic natural gas, which when burned produces about half the carbon pollution of coal. The glut of cheap natural gas drove electric utilities away from coal, while still lighting and powering ever more homes and factories. The decoupling was also driven by improvements in energy-efficiency technology.
The decoupling trend held even in the United States industrial sector. Between 2000 and 2014, Mr. Aden found that energy-related carbon dioxide emissions dropped 16 percent in the American industrial sector, while economic activity increased 9 percent.
But decoupling can hurt. Even as the industrial sector grew over all in those years, a push by American factories to use more energy-efficient technology contributed to a 21 percent loss of industrial jobs, Mr. Aden says.
In smaller economies, decoupling hurts less. Sweden experienced economic growth of 31 percent as its emissions fell 8 percent, continuing a longstanding trend driven by its tax on carbon emissions, instituted in 1991. Today, Sweden gets nearly half of its electricity from nuclear power, which produces no emissions, and 35 percent from renewable sources, particularly hydroelectric.
But in large, industrial economies that are trying to decouple, the change raises thorny questions. For example, will the pollution just move elsewhere? In Britain, emissions fell 20 percent between 2000 and 2014, while G.D.P. grew 27 percent. That was largely the result of a push to de-industrialize in the country that gave birth to the Industrial Revolution. As Britain’s financial and service sectors grew and its coal mines, mills and steel factories closed, some of those industries went to China, which became the world’s largest polluter.
According to Mr. Aden’s study, China’s G.D.P. has increased 270 percent since 2000 and its carbon emissions 178 percent. But there are very tentative signs that even China may be decoupling.
In a paper published last month by the journal Climate Policy, two British researchers made the case that China’s emissions may have peaked in 2014 and have now begun a modest decline. It’s hard to know for sure because China’s self-reported emissions data can be faulty. But if it is true, and China’s economy continues on even a modest growth path, it could have profound implications for the future of climate change. “The question with China is if they really have turned the corner and if it can stick,” Mr. Aden said.
Decoupling presents another problem. “The countries that have achieved decoupling have de-industrialized — and that has increased income inequality,” Bill Cassidy, a United States senator from Louisiana, said in an interview. “One of the things that has not been analyzed is the job prospects for those families. There’s going to be unintended consequences of their livelihoods being curtailed.”
Meanwhile, some left-wing economists still say that the dream of decoupling is just that — and that the only way to truly lower emissions will be to bite the bullet and accept a hit to the economy.
“I’m not saying it’s impossible to decouple, but we have to be skeptical,” said Giorgos Kallis, an editor of the book “Degrowth” and an economist at the University of Barcelona. “I don’t believe that an economy powered by solar and renewables can sustain the same level of economic growth. If we are serious about reducing emissions, we cannot do the wishful thinking that the economy will double every 35 years. We have to ask, can we manage without growth?”
But Mr. Aden remains optimistic, saying, “We may be on the verge of a transition where this relationship is finally unhinging.”
According to the Census Bureau, the percentage of Americans living in poverty is higher today than it was in the late 1960s. Last year I argued in these pages that these “official” poverty statistics are extremely misleading. When the United States first explicitly defined an official poverty line in 1969, it was supposed to be adjusted every year to ensure that it represented a constant standard of living. However, two problems arose and were never fixed.
First, the Consumer Price Index, which was supposed to be used to adjust the poverty line for inflation, turned out to have flaws that made it rise faster than the cost of living. Second, the official measure uses pretax money income to measure families’ economic resources; but anti-poverty measures enacted since then, such as the expansion of food stamps and then the Earned Income Tax Credit (EITC), made low-income families’ total economic resources increase faster than their pretax money income. As a result of these problems, roughly half the families now counted as officially poor have a higher standard of living than families with incomes at the poverty line had in 1969.
In $2.00 a Day: Living on Almost Nothing in America, Kathryn Edin and Luke Shaefer argue that what they call “extreme” poverty roughly doubled between 1996 and 2012. If they are right—and I think they are—the reader might wonder how I can still claim that poor families’ living standards have risen. The answer is that inequality has risen even among the poor. Half of today’s officially poor families are doing better than those we counted as poor in the 1960s, but as I learned from reading $2.00 a Day (and have spent many hours verifying), the poorest of the poor are also worse off today than they were in 1969. $2.00 a Day is a vivid account of how such families live. It also makes a strong case for blaming their misery on deliberate political choices at both the federal and state levels.
Kathryn Edin is a professor at Johns Hopkins University who has spent much of the past twenty-five years talking with low-income Americans about their lives. In 2010, when the national unemployment rate was over 9 percent, she began meeting parents who said they had no regular income whatever from work, from welfare, or from any other source. Their economic plight sounded worse than anything she had previously encountered, and she began pondering how to figure out what had happened, and why.
In 2011 Edin met Luke Shaefer, a young professor at the University of Michigan who had worked extensively with the Census Bureau’s Survey of Income and Program Participation (SIPP). This survey was the best available source of data on poor families, and Edin persuaded Shaefer to investigate what it showed about households with little or no income. To do that, they had to decide what criteria to use.
A single mother with two children was officially poor in 2011 if she reported an annual income below $18,123. If she reported less than half that amount, the Census classified her and her children as living in “deep” poverty. However, the Census had never had a term for families as poor as those Edin and Shaefer wanted to count, so they chose their own term: “extreme” poverty.
They also chose a third-world definition of who belonged in their new category. The World Bank counted third-world families as poor if they lived on less than $1.90 a day per family member. Edin and Shaefer rounded that up to $2.00. This cutoff was between 9 and 13 percent of the official poverty threshold for most American families. For a single mother of two, for example, Edin and Shaefer’s “extreme” poverty threshold was $6 a day while the “official” 2011 threshold came to just under $50 a day. Neither measure included noncash benefits or EITC refunds.
When Shaefer analyzed the SIPP data, he found that 4.3 percent of American households with children reported living on less than $2 a day per person for at least one month during 2011. When he looked back at the SIPP data for 1996, only 1.7 percent of parents had reported a month like that (see the first row of Table 1).
Edin and Shaefer were shocked by how much the SIPP estimate had risen, so they checked to see if other evidence pointed in the same direction. Their best comparison was with data collected by the Food Stamp Program. Families applying for food stamps must report their income to qualify for assistance, and they must then keep reporting it every year to remain eligible. The number of parents telling the Food Stamp Program that they had had a month without income matched the SIPP estimates closely in 1996 and 2005. From 2005 to 2012, however, the number of parents reporting a month without income rose faster in the Food Stamp Program than in SIPP. No one seems to know why the two trends diverged, but the divergence may mean that the 2011 SIPP estimates in Table 1 are too low.
For reasons that will become clear momentarily, I now need to mention that Congress renamed the Food Stamp Program in 2008, calling it the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). The name change reflected the fact that the program now gives recipients an electronic card instead of stamps to pay for their groceries. Outside Washington, D.C., however, most people still talk about food stamps, not SNAP. I will do the same, except when I discuss the SNAP card itself.
The most obvious explanation for the increase in extreme poverty between 1996 and 2011 is that jobs were harder to find in 2011, but that is only half the story. Until 1996 single mothers with no income were eligible for Aid to Families with Dependent Children (AFDC). Edin and Shaefer argue that extreme poverty rose after 1996 because Congress replaced AFDC with an even less generous welfare program called Temporary Assistance for Needy Families (TANF). Because TANF benefits are much harder to get than AFDC benefits were, parents who cannot find a job are more likely to find themselves penniless.7
Prior to 1996 each state had its own AFDC program, with the federal government paying about half the cost in rich states and far more than half in poor states. States could set their AFDC benefits as high or low as they wanted, but in each state the eligibility rules had to meet a variety of federal requirements, one of which was that all legally eligible applicants were entitled to benefits. A state could not turn away eligible applicants because the legislature wanted to use the money for some other purpose or because a caseworker thought an applicant had loose morals.
All states still get federal money to cover part of TANF’s cost, but they now have more leeway in deciding how to spend such money. They can divert federal TANF funds to programs like financial aid for college students and pre-kindergarten programs, for example. Such programs are worthwhile, but they do nothing to help poor single mothers pay their electric bill or their rent. States also have almost complete freedom to decide what applicants must do to qualify for benefits and retain them. States can also shorten the federal time limit on TANF eligibility.
If states cut the cost of TANF by reducing the number of recipients, they can use the savings for other purposes. That gives state officials a strong incentive to discourage TANF applications. Potential applicants may have to spend weeks applying for jobs before they can apply for TANF. Or they may have to produce documents that they cannot find or do not know how to get. Understaffed welfare offices can create long lines that discourage applications. Many TANF applicants also report having been turned down with no explanation at all.
The opening chapter of $2.00 a Day describes a Chicago mother whom the authors call Modonna Harris. Harris graduated from high school and then took out loans to attend a private university. However, she got no financial help from her divorced parents, and when she hit her student loan ceiling at the end of her second year, she dropped out. Misadventures in love followed, and after her marriage broke up she had a child to support. The best job she could find was as a cashier, but after eight years her employer fired her because her cash drawer was $10 short. The store eventually found the missing $10, but it did not rehire Harris.
Harris looked for new jobs, without success. After her unemployment benefits ran out, a friend noticed that Harris had no food in her apartment for herself or her child and persuaded her to apply for TANF. The welfare office opened at 8:30 AM, so Harris showed up at 8:00. At least on that particular day, however, there were only enough appointment slots for applicants who had joined the line in the rain outside the welfare office before 7:30. After waiting most of the day, Harris left without having been given a chance to apply, convinced that TANF would never help her.
It is tempting to say that Harris was too easily discouraged. However, it is also tempting to say that in Illinois, as in most other states, TANF’s primary goal is not to protect children whose parents cannot find work by ensuring that their family has shelter, heat, light, food, and shoes, but to cut program costs by reducing the number of recipients. (California, which now accounts for a third of all TANF recipients, is a partial exception to this rule.)
State efforts to cut the TANF rolls have been quite effective. The overall unemployment rate, which is a fairly good proxy for how hard it is to find work, was almost twice as high in 2009 as in 1996. Yet the number of families getting TANF in 2009 was less than half the number getting AFDC in 1996. Edin and Shaefer write about meeting poor parents who said they didn’t know anyone who got TANF. Some parents thought welfare had been abolished, or that it was no longer accepting new applicants. This grim story deserves more attention than it has gotten, and Edin and Shaefer deserve a lot of credit for emphasizing it.
They also report a shift in social norms that may have made TANF shrink. When Edin interviewed single mothers in the early 1990s, they often told her that a good mother should stay home with her children. In 2012, even mothers who could not find work said they wanted a job rather than a welfare check, because a working mother set a better example for her children than a welfare mother did. This shift in attitude presumably encourages single mothers to keep looking for work, but it does not create more jobs for them. As a result, reducing access to TANF leaves more single mothers with neither a paycheck nor a welfare check. As Edin and Shaefer document in some of their saddest stories, such mothers often find jobs when times are good, but many of those jobs vanish when the economy slows. When single mothers can’t find work, they sell their plasma to hospitals and scavenge for cans and bottles in trash barrels. Sometimes they also sell sex or drugs. As a result, their income is usually meager and erratic.
One basic goal of welfare reform in the 1990s was to “make work pay,” and the Clinton administration created a new system that did just that. Instead of giving parents more help when they could not find work, the new system gives parents more help when they find and keep a steady low-wage job. When Modonna Harris worked as a cashier, Edin and Shaefer estimate that her take-home pay was about $1,325 a month. The government topped that up with another $160 a month in food stamps.
The Clinton administration also persuaded Congress to increase the Earned Income Tax Credit between 1993 and 1996, so when Harris was working she got a check from the US Treasury for about $3,800 a few weeks after filing her federal tax return. That check provided her with an additional $317 a month. Overall, the government supplemented Harris’s paycheck with benefits worth $477 a month. Once she lost her job, she stopped accumulating EITC benefits. Her food stamp benefits rose from $160 to $367 a month, but she was still getting $110 a month less than she had from food stamps and the EITC when she had a monthly paycheck.
Edin and Shaefer’s descriptions of families in extreme poverty are both convincing and deeply troubling. However, two potential objections to their analysis deserve discussion. First, the estimates of extreme poverty in $2.00 a Day almost never include the value of food stamps, rent subsidies, or EITC refunds for work during the previous calendar year. Those omissions mean that Edin and Shaefer underestimate the resources available to most families in extreme poverty.
In papers published elsewhere Shaefer and Edin show how their estimates of extreme poverty change when they treat the value of EITC refunds, food stamps, and rent subsidies like income. The second row of Table 1 shows that including these resources reduces the estimated prevalence of extreme poverty among households with children from 1.7 to 1.1 percent in 1996 and from 4.3 to 1.6 percent in 2011. Because the reduction is so much larger in 2011 than it was in 1996, the increase in extreme poverty between 1996 and 2011 falls from 2.6 to 0.5 percentage points. In other words, the growth of EITC refunds and noncash benefits offsets about four fifths of the decline in extremely poor families’ pretax money income between 1996 and 2011.
Edin and Shaefer argue that we should not view a SNAP card that buys $500 worth of groceries every month as equivalent to $500 in cash, because the SNAP card can only buy food, whereas cash can buy whatever a family thinks it needs most. That is true. But if a family of three were given $500 in cash and used it to pay the rent, they would have to depend on local soup kitchens and food pantries to eat. Such institutions do not exist everywhere, and they are not open every day even in the places where they do exist.
I think Edin and Shaefer’s objection to treating food stamps like cash derives from a more fundamental problem, which is that a single mother with two children needs more than $500 a month to survive. If Edin and Shaefer were to treat a single mother’s $500 worth of food stamps like money, food stamps alone would represent about $16 a day in income. Because they have set the extreme poverty threshold for a three-person family at only $6 a day, treating food stamps like cash would mean that, according to the standard they have set, no family that got food stamps could be in extreme poverty, even if they had no money at all for rent, heat, clothing, or other necessities.
That problem cannot be solved by replacing $500 worth of food stamps with $500 in cash. Unless a single mother with two children has a federal rent subsidy that limits her payments to 30 percent of her income, she will need both $500 in food stamps to eat and another $500 (or more) for shelter and other expenses. A more transparent approach would, I think, be to adopt a broader measure of economic resources that included the EITC, food stamps, and the rental value of subsidized or owner-occupied housing, and then to set the threshold for extreme poverty at something like half the official poverty line.
Another concern about Edin and Shaefer’s estimates of extreme poverty in $2.00 a Day is that they include families whose income fell below $2 a day per person for even one month. If a single mother loses her job, has no relatives, no close friends, no romantic partner, and no assets she can sell or borrow against, one month without income can be catastrophic now that TANF is so hard to get. However, a single mother who has just lost her job often has some of those assets, as $2.00 a Day shows. When that is the case, her first month without income does not always mean that her family will go hungry, much less that they will all be put out on the street for not paying the rent. The longer she goes without income, however, the more likely she is to exhaust her relatives’ sympathy, her boyfriend’s willingness to bring over pizza for dinner, or the cash she had left from her EITC refund for her work during the previous year. There is no “one-size-fits-all” rule for deciding how long a family can survive without income, but for some, at least, one month need not be disastrous.
The fourth line in Table 1 shows that when Shaefer counted only those who had spent three or more months living on resources worth less than $2 a day, the prevalence of extreme poverty among households with children fell from 1.7 to 0.5 percent in 1996 and from 4.3 to 1.0 percent in 2011. This more stringent definition of extreme poverty among households with children clearly leads to a sharp reduction in its estimated prevalence. But it does not change the upward trend. The prevalence rises from 0.5 percent in 1996 to 1.0 percent in 2011, and the actual number rises from 189,000 to 373,000 households with children.
The best way to visualize how the economic lives of low-income families have changed since the 1960s is to track the flow of economic resources to households at different percentiles of the distribution. Figure 1 focuses on the bottom half of the resource distribution, showing changes at the second, fifth, tenth, and fiftieth percentiles. Each group’s resources are shown as a percentage of its resources in 1967. The labels for the lines identifying each of these four percentile are shown in boldface. I omit the top half of the resource distribution, because the rising share of income going to the top 1 percent is already so well known. I also omit the bottom 1 percent, because of doubts about the accuracy of the estimates.
Between 1967 and 1999 the resources flowing to the second and fifth percentiles grew by an average of two thirds, whereas the resources of the tenth and fiftieth percentiles grew by about half. As a result, inequality between the bottom and the middle of the resource distribution narrowed. This narrowing was driven primarily by the growth of food stamps and the EITC.
After 1999 this egalitarian trend reversed. The second, fifth, tenth, and fiftieth percentiles all suffered some reduction in their economic resources after 1999, whereas Figure 1 shows that the percentage decline was much larger at the second percentile than at the fifth, tenth, or fiftieth percentile. The fifth, tenth, and fiftieth percentiles also received about 50 percent more resources in 2012 than in 1967, but the second percentile received only 23 percent more, wiping out two thirds of its gains between 1967 and 1999.
Figure 1 supports my claim that Americans at the fifth and tenth percentiles are much better off today than they were in 1967. Those at the tenth percentile are counted as poor only because the poverty measure is flawed. However, the estimates in Figure 1 for the second percentile also support Edin and Shaefer’s claim that the poorest of the poor were a lot worse off in 2012 than in either 1996 or 1999. Had the federal government not handed their fate back to the states in 1996, these families might still be as well off as they were in 1999. That is not the kind of speculation that can be either verified or refuted; but it is worth serious consideration nonetheless.
La OCDE, compuesta mayoritariamente por países del Norte Global y algunos latinoamericanos, se propuso liderar una reforma fiscal global en el año 2013. Diez años después, la influencia corporativa y la falta de equidad en la toma de decisiones entre países han dejado un resultado pobre. Debido a esta insatisfacción, en el año 2023, un grupo de países africanos liderados por Nigeria, propusieron negociar una convención sobre tributación internacional en la ONU con el respaldo de buena parte del G77.[1] La resolución, aprobada con 125 votos a favor, 48 en contra y 9 abstenciones, busca cambiar el enfoque tributario internacional y enfrenta directamente las tensiones norte-sur. Se espera que las negociaciones en la ONU conduzcan a un nuevo liderazgo institucional, potencialmente una victoria para los países del Sur Global.
Durante décadas, la OCDE -un grupo de 38 países- ha dominado las discusiones sobre la política fiscal internacional. Desde 2013, la estructura formal para la formulación de políticas fiscales globales en la OCDE amplió la forma de su toma de decisiones a un amplio grupo de 137 países a través del denominado “Marco inclusivo”. La documentación oficial enfatizaba entonces que todos los países participarían ahí en “pie de igualdad”. Este marco permitió el desarrollo del conocido “enfoque de los dos pilares” que empujaba una reforma fiscal global y que hemos analizado en notas anteriores. Una década después de su lanzamiento, la ambiciosa propuesta inicial ha quedado profundamente descafeinada, no solo debido a la capacidad del poder corporativo de intervenir en la toma de decisiones, si no por la falta de voluntad de este “marco inclusivo” para incorporar realmente los intereses del conjunto de países del sur.
Decepcionados por este proceso, varios países africanos liderados por Nigeria lanzaron en 2023 una iniciativa para trasladar el tema de acuerdos fiscales internacionales a las Naciones Unidas. La propuesta obtuvo rápidamente el apoyo sustantivo de la coalición de países en desarrollo del G77. El pasado 22 de noviembre de 2023 se votó la resolución definitiva para poner en marcha esta resolución en la ONU, con 125 votos a favor, 48 en contra y 9 abstenciones.
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y todos los países miembros de la UE votaron en contra de la resolución. La mayoría de los países latinoamericanos votaron a favor, incluidos Chile y Colombia, ambos miembros de la OCDE. Destacaron por otro lado las abstenciones de México, Costa Rica, El Salvador y Perú.
En términos de intereses norte-sur uno de los principales desacuerdos con el modelo de la OCDE denunciado por los países africanos, es el que se da entre países exportadores e importadores de capital. Durante mucho tiempo los tratados fiscales internacionales buscaban restringir los derechos tributarios sobre las ganancias de los países receptores, con el objetivo de atraer inversión exterior. Por lo tanto los países donde empresas extranjeras generaban ganancias no podían aplicar impuestos sobre los beneficios, reservados solo para los países de origen. Este parecía un acuerdo razonable entre los países de la OCDE, que por lo general son tanto de origen como de acogida de empresas multinacionales, pero no para el resto.
El auge del comercio digital ha vuelto aún más insostenible este modelo, que reduce cada vez más los derechos fiscales de los países de ingresos bajos y medianos. Los países anfitriones de multinacionales terminan por recibir una parte mucho más pequeña de los impuestos respecto a las ganancias que estas generan en su territorio. Un esquema que incentiva a estas empresas a minimizar su carga fiscal al aprovechar las diferencias en las cargas impositiva y reglas entre países. Pero además, daña tanto los ingresos fiscales como a la economía en general de los países receptores, al desalentar a las empresas extranjeras de crear empleos locales y ofreciéndoles ventajas fiscales sobre los competidores locales.
La propuesta que discute ahora el nuevo comité de la ONU quiere permitir que los países receptores graven los servicios de empresas, especialmente las digitales, incluso si la empresa no tiene una presencia física considerable en el país. Esto se lograría mediante la introducción de una retención en la fuente sobre los pagos por servicios transfronterizos. La idea es que la tributación efectiva y justa de las empresas multinacionales debe basarse en tratarlas de acuerdo con la realidad económica de que operan como entidades unitarias. Por lo tanto, el derecho a gravar los beneficios globales debe asignarse por factores que reflejen sus actividades económicas reales en cada país. Otro punto relevante de la resolución aprobada, es la necesidad de que la cooperación fiscal no se base sólo en directrices voluntarias -línea que parecía seguir la OCDE-, sino en acuerdos multilaterales jurídicamente vinculantes, que puedan ir más allá de los acuerdos bilaterales entre países.
El objetivo de las negociaciones actuales sobre las propuestas en las Naciones Unidas es generar un nuevo marco institucional que pueda incluir de manera subordinada los acuerdos ya alcanzados en la OCDE, pero con la capacidad de evitar los bloqueos con los que se había encontrado. Esto serían sin duda una enorme victoria para los países del Sur Global.
[1] Aunque hubo 77 miembros fundadores de la organización con sede en Ginebra en 1964, desde entonces se ha expandido a 135 países miembros.
En la 101 Conferencia Internacional del trabajo en 2012, los 184 miembros adoptaron unánimemente la Recomendación No. 202: el Umbral de Protección Social (Social Protection Floors, SPFs). Esto provee una guía a los miembros para establecer y mantener la SPFs como el elemento central de sus sistemas nacionales de seguridad social, garantizando el acceso al cuidado de la salud esencial y a un ingreso durante el ciclo de vida de los individuos.
En apoyo del principio de control regulatorio, se desarrolló el Índice de Umbral de Seguridad Social (Social Protection Floor Index, SPFI), este índice evalúa el grado de implementación de los SPFs nacionales, detectando las brechas en la protección de la salud y las dimensiones del ingreso e indica la magnitud de los recursos financieros que se necesitan para cerrar estas brechas en relación a la capacidad económica de los países.
El SPFI compara la implementación de los SPFs entre los países, el SPFI fue calculado para el año 2012 para 127 países, incluidos los países de América Latina. Los resultados del índice se muestran bajo tres criterios: el criterio de ingreso mínimo de $1.90 dólares al día en 2011 PPP (Poder de paridad de compra), el criterio de ingreso mínimo de $3.10 dólares al día PPP y por el criterio de ingreso mínimo relativo y umbral de ingreso.
Según este índice, en el criterio de ingreso mínimo de $1.90 dólares al día en 2011, para asegurar la seguridad social en América Latina los países deben destinar los siguientes porcentajes en términos de su PIB:
1) Menos del 0.1% de su PIB: Costa Rica y Uruguay
2) Entre 0.1% a 1% de su PIB: Brasil, Panamá, Colombia, El Salvador, Paraguay, Guyana, Chile, Nicaragua, Bolivia, Jamaica, Perú.
3) Entre 1.1% y 2% de su PIB: México, Belice, Ecuador, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Surinam, y Honduras.
4) El 2.5% al 3% de su PIB: Guatemala y Venezuela.
5) El 16.1% de su PIB: Haití.
Basándose en el criterio de ingreso mínimo de $3.10 dólares al día, para asegurar la seguridad social en América Latina los países deben destinar los siguientes porcentajes en términos de su PIB:
1) Menos del 0.1% de su PIB: Uruguay
2) Entre 0.1% a 1% de su PIB: Costa Rica, Brasil, Panamá, Colombia, El Salvador, Paraguay y Chile.
3) Entre 1.1% y 2% de su PIB: Jamaica, México, Perú, Trinidad y Tobago, Guyana, República Dominicana, Bolivia y Ecuador.
4) Del 2% a 5.5% de su PIB: Belice, Nicaragua, Surinam Venezuela, Guatemala y Honduras.
5) El 33.5% de su PIB: Haití.
Por último, con el criterio de ingreso mínimo relativo y umbral de ingreso, para asegurar la seguridad social en América Latina los países deben destinar los siguientes porcentajes en términos de su PIB:
1) Del 2% a 4% de su PIB: El Salvador, México, Uruguay, Trinidad y Tobago, Guyana, Chile, Panamá, Brasil, Colombia y Perú.
2) Del 4.1% a 8% de su PIB: Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Surinam, Jamaica, Belice, Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Honduras.
3) El 16.1% de su PIB: Haití.